AGLI Recortes de Prensa   Jueves 4 Marzo  2021

¡No se equivoquen! La cómplice del desastre general es Calviño
Miguel Ángel Belloso okdiario 4 Marzo 2021

¡Oh la lá! La banca española está que trina con Nadia Calviño. Algunos medios dicen que estalla contra la ministra. ¿Pero qué se pensaban la banca española y otros? ¿Que una de las decenas de directores generales de la Unión Europea aceptaría el encargo de ser vicepresidenta del Gobierno de España si no tuviera la voluntad y la determinación de apuntalar la estrategia delirante de Sánchez? Es decir, ¿si no fuera una sectaria acomodaticia y una socialista en toda regla, o sea una persona contraria el modo liberal de entender la economía y aún la vida? ¿Pero con quién cree que flirtea el llamado Ibex 35?

La banca está tremendamente enojada con la señora Calviño porque una de sus últimas ocurrencias para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia es promover una quita de la deuda en la que han incurrido los beneficiarios de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial, perdonando hasta el 70% de los mismos y exigiendo a los bancos que corran con la condonación de la deuda restante. Pero esta fórmula magistral socialista tiene enormes y múltiples inconvenientes.

El primero de ellos es que es discriminatoria. Con motivo de la crisis, muchos empresarios, en lugar de acudir al crédito, han seguido sosteniendo la viabilidad financiera de sus compañías con cargo a su patrimonio. O han preferido capitalizar sus negocios acudiendo a socios nuevos que han confiado en ellos aportando su correspondiente capital porque los consideraban viables y solo perentoriamente en dificultades. Otros, en lugar de acudir al ICO lo han hecho a sus entidades financieras de referencia, que, conociendo su trayectoria, su viabilidad y en definitiva su futuro los han socorrido con el dinero oportuno.

Por eso es muy natural que esta clase de compañías que no ha tenido que solicitar la asistencia de último recurso del ICO, y que ha asumido los costes correspondientes, se sienta engañada si sus competidores se van a beneficiar de unas condiciones de las que ellas no van a poder disfrutar. Adicionalmente, la ocurrencia de la señora Calviño penaliza gravemente a la banca, que como tantas veces he dicho aquí es el corazón del sistema, pues su labor de intermediación financiera es esencial para que el organismo económico funcione.

Exigir a la banca condonar hasta un 30% de los créditos concedidos la obligará a considerar al cliente implicado como moroso permanente -a veces sin justificación real-, la forzará a que provisione el desfalco correspondiente a la deuda coactivamente perdonada, le impedirá ingresar el rédito debido por la financiación otorgada, y sobre todo -y esto será letal- obstaculizará al máximo la concesión de crédito nuevo, que es la función primordial de la banca, sin la que no funciona país alguno, menos aún en situación crítica como la actual.

Si además consideramos que el sector financiero se encuentra en una situación muy comprometida por los tipos de interés negativos -que lastran su camino hacia la rentabilidad-, y por las exigencias de recursos propios y de estándares de solvencia y de liquidez a que obligan los organismos internacionales, no es difícil concluir que la ocurrencia de la señora Calviño es una bomba de relojería, un preludio similar al de un infarto de miocardio para el conjunto del sistema crediticio.

Ningún otro país de la Unión Europea ha decidido emprender un camino tan pedregoso. Alemania, que siempre constituye una referencia, pero otros países igual, ha optado por combatir el descalabro económico ocasionado por los cierres empresariales a que les ha abocado la pandemia por la solución compensatoria de las ayudas directas. En Alemania se calcula la facturación de la hostelería y de los comercios impelidos a cerrar por decisión política y se les compensa con hasta un 75% de los ingresos mientras dure el confinamiento.

España ha renunciado a esta vía por la sencilla razón de que carece de recursos y, lo que es peor, de imaginación y de ese sentido amigable por la actividad empresarial que es mucho más común en otros territorios e imprescindible para la prosperidad general. Aquí esto no se ha podido hacer por varias razones. La primera es la falta de voluntad política y de sustancia ideológica pro- mercado. Pero hablando en términos prácticos, no se ha hecho porque no hay dinero y porque el que había se ha malversado y despilfarrado en destinos menos eficaces.

El déficit público de España en 2019 apenas sobrepasaba el 3% del PIB. En 2020, se habrá acercado al 12%. El capital, los recursos monetarios de que disponía España para afrontar la crisis más grave desde la guerra civil se han destinado a sostener las rentas de las clases menos acosadas por la pandemia, y desde este punto de vista las más favorecidas: los funcionarios y los pensionistas. Al mismo tiempo, también se ha aprobado un infausto ingreso mínimo vital que tendrá consecuencias nefastas no tanto para el presupuesto público como para el juego de incentivos, pues en lugar de inclinar a la gente a buscar un empleo la conducirá inexorablemente a vivir el mayor tiempo posible de la beneficencia pública.

El caso es que como España, que ya partía de una situación presupuestaria frágil, ha dirigido sus magros recursos a políticas ineficientes y dudosamente rentables, ha sido incapaz de ayudar directamente a las empresas, que son las que proporcionan empleo y que por tanto son la fuente de la prosperidad socialmente más incontrovertible. La mayoría de nuestros socios comunitarios lo ha hecho. España ha fallado una vez más. Para ser más exacto, la España dirigida por el socialismo ha fallado de nuevo.

Aunque según Sánchez este es el Gobierno que no va a permitir que nadie quede atrás, lo cierto es que está postergando y dejando en la estacada a todo Dios. No sólo es el Gobierno al mando de un país en el que el PIB ha caído más que en cualquier otro socio de la UE, sino que, según han confirmado todas las estadísticas internacionales de referencia -entre ellas el Banco Central Europeo-, es el país que menos ha gastado en hacer frente a la crisis. Un 1,3% del PIB frente al 4% de media de la zona euro. Y según el ‘think tank’ Bruegel, el que menos ha apoyado directamente a las compañías privadas -un 3% del PIB frente al 14% de Alemania, el 9% del Reino Unido o el 6% de Francia e Italia.

La pasada semana, Sánchez compareció en el Congreso para informar de un paquete de ayudas de 11.000 millones para empresas, pymes y autónomos. Preguntada reiteradamente el mismo día, y luego varias jornadas después, la vicepresidenta Nadia Calviño no ha sabido decir de dónde vendrán ni a qué se dedicarán esos recursos. Ella naturalmente tiene otros planes para seguir sirviendo al ‘sanchismo’, para obstaculizar la economía de mercado y así apuntalar el modo socialista de concebir la vida y de afrontar los problemas que vayan surgiendo. En este momento preciso se trata de esquilmar al apestado sector bancario con un plan de condonación de deuda -una suerte de expropiación- que situará al sector financiero en inferioridad de condiciones con el del resto de nuestros vecinos, que puede amenazar el ‘rating’ de nuestras entidades bancarias, y que es una inyección venenosa de desaliento para las empresas más fogosas, rentables y corajudas del país.

España necesita imperiosamente atraer inversión pero estas decisiones ideológicas y poco prácticas de la señora Calviño representan lo más parecido a una patada en el culo para cualquiera que observe el mercado internacional y pueda elegir destino, descartando de inmediato un país como el nuestro gobernado por comunistas con lacayas a su servicio, sólo para adecentar livianamente la casa, pero en el fondo generando inseguridad jurídica y separándose de los estándares de otros estados con mucha mayor fortaleza económica como América, Francia y la Alemania citadas. Si estas ocurrencias de la tonta útil del Gobierno salen adelante, habrá un impacto muy severo en la cultura de pago en España, que ya viene minando el socialismo militante a cuenta de la ocupación criminal de la vivienda, del precio de los alquileres como moneda de cambio y del todo puede ser gratis, que es el santo y seña del socialismo.

El post-casadismo
Rafael Bardají. https://gaceta.es 4 Marzo 2021

La política —y más la española— es siempre un espectáculo de sorpresas. Por ejemplo, hace algo más de dos años, la continuidad rajoyista encarnada en Soraya Sainz de Santamaría perdió el Congreso del PP y Pablo Casado se convirtió en la nueva cabeza de los populares. Su discurso no dejaba dudas: venía a recuperar las esencias de su partido, perdidas en los años de triste gestión de Mariano Rajoy. Se sobreentendía que dichas esencias eran las ideas básicas de la etapa de José María Aznar, el único antecesor de Rajoy al frente del PP (dejando aparte al Fraga de AP). Pues bien, en estos dos años hemos asistido a cómo el propio Casado, flamante dirigente del supuesto “nuevo” PP, reculaba y se reconvertía en el exponente del viejo PP de siempre. Porque no ha sabido, porque no ha podido o, como el mismo se excusa ahora, porque las circunstancias no le han sido favorables, aunque ¿cuándo lo son?

En estos días hemos vuelvo a ver lo peor del PP. Y no me refiero a una anunciada hecatombe en Cataluña. No. Henos visto, por ejemplo, cómo ha corrido a tender puentes con el PNV, a quien ha regalado un puesto de consejero en RTVE no se sabe muy bien en calidad de qué. ¿Como pago porque el PNV rompiera la baraja en su día y dejara caer a Rajoy, posicionándose con Sánchez e Iglesias durante la moción de censura? Pero hay cuestiones de fondo mucho más graves, como la negociación con el PSOE sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial. Bajo el falso paraguas de que “no venga Podemos” —cosa de la que como muy bien apunta Echenique ya han claudicado en Televisión—, Casado busca un pacto para que Sánchez le permita seguir representando ser el líder de la oposición. Necesita vitalmente que le llamen líder de la oposición y jugar a ser la oposición institucional. O sea, quiere ostentar el rango de ministro de la oposición porque así cree que podrá detener la sangría de votantes que abandonan al PP desde que él llegó. No parece importarle ni a él ni a su equipo que la realidad apunte en otra dirección. Ahí están las catalanas y sus excusas frente a los independentistas.

Me da que a la idea inicial que Casado tenía, a saber, que este Gobierno o bien estallaba por sus rifirrafes internos o bien lo movían desde Europa, por lo que bastaba esperar que cayese cual fruta madura, ha sido reemplazada por la convicción de que Sánchez va, como Felipe, para largo, pero que para sostenerse en el poder necesita fagocitar a Podemos y apoyarse en el PP. Y como el PP va de capa caída, con el temor a más fugas hacia la derecha del centro que dice representar, cualquier acuerdo institucional le supondría un balón de oxígeno en sus ansias de revivir el bipartidismo. Por muy bienintencionada que sea esta forma de entender el panorama político español, no deja de ser una ingenuidad. Aunque sólo sea por la estupidez de creer que Sánchez se va a prestar a salvarle los trastos a Casado. Bien lo ha dicho el alcalde-portavoz Almeida: “A Sánchez no le compraría un coche de segunda mano”.

El casadismo ha consistido, básicamente, en una política circular, de giros continuos, con o sin sentido, hasta llegar al punto de partida, Esto es, un giro de 360 grados. Y esa es la paradoja: el casadismo se convierte él solo en post-casadismo, fusión sincrética de blanco y negro, de A y B, de antes y después. Eso sí, enfureciendo a muchos y satisfaciendo a pocos. Podría parecer paradójico que los rumores de golpe palaciego por parte de algunos barones contra Génova, emerjan cuando hemos llegado a que Pablo Casado es post-Casado y pre-Casado. ¿a qué espacio querrían llevar al PP los Núñez Feijoó o los Moreno Bonilla, reconocidos rajoyistas?

Hemos pasado de un Casado que ofrecía formar gobierno con Vox a un Casado que patea a la primera oportunidad a ese partido. Hace bien Abascal es mirar impasible la escena, porque es producto de la desesperación de quien, como Aznar en su confesión ante Évole afirma, carece de proyecto. A su izquierda sigue Ciudadanos y a su derecha, Vox. El futuro de Ciudadanos puede que esté en cuestión, pero Génova se equivoca si apuesta por la desaparición de Vox. Su problema es que imitarle tampoco le funciona, porque las imitaciones, imitaciones son.

Bin Laden dijo una vez que cuando alguien ve a un caballo perdedor y a un caballo ganador, siempre apuesta por el ganador. Si yo estuviera ahora en Génova me preguntaría muy seriamente si el PP es el caballo ganador o el perdedor. Si es este último, el por qué. Excusándose en que las circunstancias son muy complicadas y adversas (ni por asomo tan complicadas y adversas como las de Vox, que sigue creciendo en apoyos) el único papel que podrá desempeñar el nuevo-viejo líder popular es el de enterrador del PP. Que sea al menos una ceremonia honrosa.

Totalitarismo y mala gestión
El Gobierno balear acumula una morosidad de 7,5 millones de euros en alquileres, y parte de esa deuda corresponde a inquilinos que se niegan a pagar. A la vez que expropia, gestiona mal
Editorial ABC 4 Marzo 2021

El Gobierno socialista de Francina Armengol ha sucumbido al populismo de Podemos sobre vivienda con un golpe de mano contra los llamados ‘grandes tenedores’ de inmuebles. Armengol ha expropiado 56 viviendas para dedicarlas al alquiler social con unos alquileres inferiores a los de mercado en torno a un 40 por ciento. Se trata, como recordaba ayer ABC, de un gesto efectista, de fácil digestión social y muy maleable para la propaganda de la izquierda, pero que encubre el evidente fracaso del Ejecutivo balear en su política de vivienda. Los datos son los que lo son, y ese gobierno es el principal propietario de inmuebles en las islas. Antes de que comenzara la pandemia, sus viviendas públicas en alquiler acumulaban una morosidad de 7,5 millones de euros. Una buena parte de esta deuda corresponde a inquilinos que abandonan las viviendas, no pagan las rentas y, además, no están localizables. Y no se trata de arrendatarios sin ingresos suficientes, sino de morosos a conciencia que deciden no pagar y dejan un agujero de tres millones de euros que la administración autonómica se declara ya incapaz de recuperar.

Antes que un problema de falta de vivienda a disposición de las familias sin recursos, en Baleares hay un problema más grave de incompetencia del Gobierno autonómico en la gestión de la vivienda pública. Nada más fácil que buscar un chivo expiatorio en los grandes propietarios privados de inmuebles y señalarlos como los culpables de que las familias necesitadas no tengan acceso a una vivienda digna. Este es el mensaje que se quiere lanzar como carnaza para calmar a Podemos en su cruzada populista contra la propiedad privada, y como cortina de humo a su gestión deficiente de una política pública tan esencial como la de vivienda. Además, como con la expropiación no es suficiente, el Gobierno balear alardea de los sesenta y tres expedientes sancionadores abiertos a grandes propietarios por no informar sobre viviendas vacías o no colaborar con las inspecciones del ejecutivo balear. Más allá de que todos han de cumplir la ley, resulta sospechoso que el Gobierno balear muestre tanto celo en perseguir a los grandes propietarios de viviendas para exhibirlos ante la opinión pública, y después renuncie a proteger el dinero público que se pierde por los impagos de alquileres sociales.

Si falta vivienda social no es porque las empresas inmobiliarias o fondos de inversión tengan inmuebles vacíos, sino porque la administración autonómica no es capaz de desarrollar una política pública de suelo y promoción urbanística eficaz. Por el contrario, estas sobreactuaciones de excitación chavista no resuelven el problema y además espantan a la necesaria inversión privada. El intervencionismo público que estigmatiza al sector privado no funciona para resolver las necesidades de la sociedad. Ni en educación, ni en sanidad, ni en vivienda. La combinación de titularidad pública y obra privada es la fórmula más razonable para generar el parque de vivienda social que hace falta, dotando a esta actividad de rentabilidad económica justa para el inversor y de seguridad jurídica al margen de los pruritos populistas de la izquierda. El Gobierno balear ha hecho un brindis al sol. Ha buscado más el ruido que las nueces, el aplauso fácil que la solución eficaz. Y la consecuencia es colocar a Baleares en la senda de la demagogia totalitaria.

La izquierda se propone sindicalizar la universidad
Editorial ABC 4 Marzo 2021

Con la excusa de poner orden en el galimatías de grados universitarios de tres años, cursos de postgrado y másteres, el ministro de Universidades se ha propuesto aprobar por decreto -otra vez por decreto- una profunda reforma que acabe definitivamente con las carreras de tres años. El populismo empuja al Gobierno a argumentar que lo hace para abaratar el acceso a la universidad, y aunque no falta razón en que es necesario un reordenamiento de la oferta de carreras, la letra pequeña de todo el proyecto legislativo es preocupante.

El plan de reformas se dirige casi en exclusiva contra las universidades privadas para castigarlas con el IVA y limitar su oferta de másteres y, por tanto, su volumen de negocio. Es ese clasismo inverso tan propio de la izquierda, que además complementa con una suerte de sindicalización forzosa para los alumnos: se les concederán créditos para aprobar los cursos siempre y cuando aumenten su «participación universitaria». Vuelven los viejos complejos de asamblearismo caduco, los privilegios al movimiento estudiantil frente al poder de los rectores, y la sindicación y la ideologización como ganchos frente a la excelencia, el esfuerzo y el mérito. El tufo chavista es innegable.

Dónde va el Partido Popular Europeo
EDITORIAL. https://gaceta.es 4 Marzo 2021

La decisión del Partido Popular Europeo (PPE) de modificar sus estatutos con el fin de poder expulsar a los europarlamentarios del partido Fidesz del primer ministro húngaro Viktor Orbán, es una mala noticia… para el Partido Popular Europeo.

Conocemos a la perfección las ideas del húngaro Orbán que defiende una Europa de las naciones en la que los vetos ideológicos a gobiernos legítimos de estados soberanos no tengan cabida. Una Europa que necesita el urgente desarme retórico del buenismo y en la que la defensa de las fronteras exteriores, de la civilización occidental, de la familia y de las raíces judeocristianas sea una obligación compartida por todos los miembros.

Nada de malo hay en ello. Todo lo contrario. Sobre todo cuando sabemos que la de Orbán era la posición que mantuvo durante décadas el Partido Popular Europeo. Que ese grupo haya decidido alejarse de las ideas liberalconservadoras que fundaron la idea de la unidad de Europa y arrojarse en manos del consenso socialburócrata que gobierna Bruselas, es responsabilidad del PPE, no del partido Fidesz.

Reformar unos estatutos para expulsar de su formación a los conservadores y abrigarse bajo la manta dudosa del reformismo seudoliberal (burocracia y liberalismo deberían ser enemigos irreconciliables) no es una decisión acertada, como se ha visto en alguna que otra latitud sureña europea. A la Historia nos remitimos para conocer en qué terminan las aventuras excluyentes que se confunden de adversario, que comprimen las bases electorales en vez de expandirlas y que deja en manos de unos pocos las decisiones que afectan a todos.

Esperamos, por supuesto, que el PPE se justifique en la cantinela del populismo de los extremos y bla, bla, bla… Ese desdén del Partido Popular hacia una formación democrática y respetuosa con la Europa de las naciones y con el mandato unánime de los húngaros como es Fidesz, hasta ayer socio y aliado, es una de las condiciones esenciales del populismo, como también lo es la indiferencia hacia los procesos democráticos que exigen que los socios debatan en libertad.

Desde La Gaceta de la Iberosfera sólo podemos alabar la decisión de Viktor Orbán y de Fidesz de abandonar el PPE antes de su expulsión programada. No esperábamos menos de unos húngaros que bastante totalitarismo comunista, excluyente y sectario han soportado en su historia reciente.

Esa que parece que ignora el Partido Popular Europeo, empeñado en exigir sumisión a las ideas y proyectos de un politburó de burócratas.

Marion Maréchal sella su compromiso con la Iberosfera y se adhiere a la ‘Carta de Madrid’
UNA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN DISENSO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD
Agustín Benito https://gaceta.es 4 Marzo 2021

Más de un centenar de personalidades del mundo de la política, la cultura y la sociedad civil han firmado ya la ‘Carta de Madrid’ en defensa de la democracia y del Estado de Derecho frente a la amenaza comunista en la Iberosfera.

La última en respaldar esta iniciativa, auspiciada por Santiago Abascal, líder de VOX y presidente de la Fundación Disenso, el pasado mes de octubre, ha sido Marion Maréchal, que con 22 años se convirtió en la diputada más joven en la historia moderna de Francia y abandonó la política institucional para fundar en 2018 el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), una institución académica alternativa a las corrientes intelectuales e ideológicas que imperan hoy en Europa.

El ISSEP, que opera hoy en Lyon y Madrid, tiene como objetivo formar nuevos liderazgos en los diferentes ámbitos de la sociedad para hacer frente a los desafíos, amenazas y oportunidades en Occidente. Incluye en sus programas cursos donde referentes políticos y profesionales imparten muy diversas materias: desde filosofía e historia hasta geopolítica, derecho, economía y comunicación.

La ‘Carta de Madrid’: un documento para unir a defensores de la libertad
La ‘Carta de Madrid’, que aspira a unir frente al totalitarismo izquierdista a defensores de la libertad a ambos lados del Atlántico, denuncia que “el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de las naciones, así ́como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas”. Y señala que “el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales (…) que deben ser protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos”.

El proyecto subraya que una parte de la Iberosfera está secuestrada por regímenes totalitarios que cuentan con la protección de iniciativas como el Grupo de Puebla, al que pertenecen el presidente argentino, Alberto Fernández, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la actual ministra española Irene Montero, y los expresidentes corruptos de Bolivia y Ecuador Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, y su matriz criminal, el Foro de Sao Paulo, nacido en 1990 por decisión del tirano Fidel Castro y del expresidente de Brasil, Lula da Silva, y que incorporó a organizaciones dedicadas al narcotráfico y al terrorismo como las FARC. Ambas entidades, añade, se infiltran en los centros de poder para imponer una agenda ideológica que subyuga las libertades y desestabiliza las democracias y el Estado de Derecho.

Asimismo, recoge que la Iberosfera, una comunidad de naciones libres y soberanas con más de 700 millones de personas que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico, “tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley“.

Entre los firmantes del documento se encuentran Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano de Caracas; Eduardo Bolsonaro, diputado federal por el Estado de Sao Paulo (Brasil); Giorgia Meloni, presidenta de Fratelli d’Italia; Zoé Valdés, escritora y disidente cubana; y Eduardo Verástegui, actor mexicano. En las últimas fechas también ha incorporado a John Pence, asesor de campaña del expresidente Donald Trump y sobrino del exvicepresidente estadounidense Mike Pence, y al presidente de la American Conservative Union, Matt Schlapp.

Mélenchon firmó la ‘Declaración de La Paz’ de la izquierda bolivariana
Se da la circunstancia de que Jean-Luc Mélenchon, líder de la formación de extrema izquierda Francia Insumisa, firmó la ‘Declaración de La Paz’, la respuesta izquierdista a la ‘Carta de Madrid’ de la Fundación Disenso.

El texto fue suscrito por el vicepresidente comunista español, Pablo Iglesias, el cual se arrogó su impulso; la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destituida por corrupta; el griego Alexis Tsipras; el terrorista colombiano del M-19 Gustavo Petro; el fugado de la justicia Rafael Correa; y el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, principal blanqueador de las narcodictaduras bolivarianas, entre otros.

El documento situaba al “golpismo de la ultraderecha” como “la principal amenaza de la democracia y la paz social”, pese a que todos los firmantes son aliados del régimen castrista en Cuba, y de las dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua, tiranías denunciadas por crímenes de lesa humanidad: torturas, desapariciones forzosas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Odian la libertad, odian España
EDITORIAL Libertad Digital 4 Marzo 2021

No sabemos si los separatistas vascos, catalanes y gallegos han negociado esta proposición contra "la imposición del castellano" mediante traductores

Una cosa es que el valenciano, el euskera, el catalán o el gallego sean, como el castellano, lenguas españolas, y otra muy distinta que estas lenguas regionales sean, como el castellano, lengua materna o, cuanto menos, lenguas habladas por la totalidad de los españoles. Esta condición de lengua común de todos los españoles sólo la tiene el castellano y esa es la razón por la que algo que originariamente era un extranjerismo, como el de referirse al castellano como “español”, esté desde hace siglos plenamente justificado, Especialmente cuando se usa en contraposición con lenguas extranjeras. Esa es la razón también por la que el articulo 3 de la Constitución dice que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” al tiempo que señala que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas”.

Teniendo presente esta obviedad nos podemos hacer una idea de hasta qué punto es ridícula y orwelliana la proposición no de ley de las formaciones separatistas, respaldada por Podemos, que persigue acabar con lo que consideran “la imposición legal del castellano”; todo con el objetivo de extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer nuevas, como el asturiano, en referencia al dialecto bable.

Ya resulta patético que Podemos y las formaciones separatistas, todas ellas enemigas de la libertad de elección de lengua en el ámbito educativo, hablen de “imposición del castellano” cuando son ellas las que secundan la obligación de estudiar o de rotular, bajo pena de fuertes multas, en lenguas regionales en aquellas comunidades autónomas en las que el español no es la única lengua oficial. Con todo, más ridículo todavía es su pretensión de que los españoles tuviesen obligatoriamente que usar traductores en el Congreso, en los tribunales de Justicia o en la televisión, todo para no tener que usar la lengua común en la que todos ellos se entienden, el español.

A este respecto, no sabemos si los representantes de Bildu, PDeCAT, BNG, Más Pais y Podemos han negociado esa proposición no de ley en la lengua que todos ellos conocen o, por el contario, han dado ejemplo y han excluido “la imposición del castellano” mediante traductores de catalán, gallego o euskera. Lo que sí sabemos es que su ridícula proposición, liderada por los proetarras de Bildu, destila odio a la libertad, a la Nación y a todo lo que una a los españoles. Lo que sabemos es que su esperpéntica y orwelliana pretensión trata de encubrir una trágica realidad como es la de las coactivas barreras que impiden a los españoles trabajar o estudiar en España, no la “imposición del castellano” sino, por el contrario, con la imposición racista y excluyente de lenguas regionales que, a diferencia del castellano, no son ni han sido nunca lengua común de todos los españoles.

Quiénes son los auténticos fascistas
Amando de Miguel Libertad Digital 4 Marzo 2021

Es notoria la irresponsable alegría, con la que se predica, hoy, que determinados conjuntos de personas, relacionadas con el poder político, son “fascistas”. Mejor aún, el jolgorio, un tanto pueril, cristaliza, sobre todo, en la autocalificación de “antifascistas” (“antifas”, según la jerga al uso), que utilizan, para sí mismos, los izquierdistas radicales.

Es sabido que, en el análisis de la realidad política, las primeras impresiones, próximas al sentido común, no siempre se ajustan a la realidad. Es más, en el caso español actual, se puede producir la sorprendente paradoja de que los “antifas” sean, si bien se mira, los verdaderos fascistas. Es algo así como la realización del absurdo, que retrató, magistralmente, Chesterton en El hombre que fue Jueves.

En sentido propio, el fascismo original (Mussolini y luego, extremado, Hitler) fue un movimiento histórico, que empezó con la crisis de los años 20 del siglo pasado. Luego, se diluyó con el resultado de la II Guerra Mundial, aunque quedaron algunos restos autoritarios en muchos países. Fuera de su localización histórica, quedan, hoy, muchos trazos de la mentalidad fascista en ciertos movimientos actuales de tipo progresista extremo. Es el caso, por ejemplo, del conglomerado de Unidas Podemos en la democracia española actual. La prueba es su querencia por ciertos regímenes, que pasan como exponentes del espíritu totalitario. Se podrían citar los casos de Cuba, Venezuela o Irán. Su estilo indumentario (estudiado desaliño) se halla en consonancia con la estética del fascismo clásico.

El núcleo de la doctrina fascista se contiene en la consigna de Mussolini: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado”. Aunque, en la práctica, habría sido más preciso decir “todo dentro del Partido, nada fuera del Partido”. Se trata de un desiderátum casi imposible. Sin embargo, lo que cuenta es la intención, que, por eso, hay que apellidarla como totalitaria.

La clave para calibrar el “índice de fascismo”, en un individuo, más aún, en una formación política, es su disposición a utilizar la violencia, si llega el caso, para acceder, más fácilmente, al poder. Visto por ese lado, es claro que los auténticos fascistas, en España, han sido los mal llamados “etarras”. Ahora, se acogen al movimiento Bildu, que, en vascuence, significa algo así como “convento”.

La cuestión es que la sociedad española es, hoy, poco proclive a la violencia, y menos, la de naturaleza política. Sin embargo, recientemente, hemos visto un estallido de la violencia callejera (que recuerda la de los “etarras” en sus días de apogeo) con el pretexto de defender la “libertad de expresión”. Es un derecho inexistente en los Estados totalitarios, que en el mundo son. Es evidente la contradicción de tales tácticas, auspiciadas por el independentismo catalán más radical y, en la sombra, por Unidas Podemos. Es claro que ahí reside el núcleo del verdadero fascismo, que, hoy, campa en España. Naturalmente, esos grupos de nuevos terroristas callejeros a sí mismos se consideran “antifascistas”.

Las elecciones regionales, que se han celebrado, últimamente, en España, han sido bastante pacíficas. Los pequeños conatos de violencia han procedido de los simpatizantes de Unidas Podemos, esto es, los sedicentes “antifascistas”. El objeto, casi único, de tales ataques han sido los candidatos de Vox, a los que los agresores tildan de “fascistas”. Donosa paradoja. La conclusión no es, ya, que “la realidad no es lo que parece”, sino que, en esta ocasión, es “lo contrario de lo que parece”.

Del punto medio al género tonto
Xavier Pericay. vozpopuli 4 Marzo 2021

El nacionalismo catalán, como todo nacionalismo que se precie, ha tenido siempre en gran estima su lengua. O sea, la que ellos designan como propia y que no es sino aquella en la que se expresa comúnmente bastante menos de la mitad de la población residente en Cataluña. Aunque eso tanto les da a los devotos. Esta lengua y no la otra es la auténtica, la genuina, la que los identifica y singulariza, y a la que, por supuesto, veneran. Hubo un tiempo en que ese culto cuasi totémico por la palabra compartía protagonismo simbólico con el que se rendía a la escritura. Pero de ese tiempo debe de quedar ya muy poco, a juzgar por la incuria con que tantos se despachan hoy en día a la hora de escribir, sean nacionalistas o no.

El caso es que si la lengua catalana ya era por sí misma un hecho diferencial, la escritura no le andaba a la zaga. Y de todos los signos que quedaron establecidos tras aprobarse la reforma ortográfica llevada a cabo por Pompeu Fabra hace algo más de un siglo, uno en concreto mereció, por su rareza, el máximo cariño de la tribu: el llamado punt volat (punto medio). Ese punto aparece entre dos eles –tal que así, l·l– y el dígrafo resultante debería pronunciarse como una doble ele, si efectivamente se pronunciara. Y es que, excepto en alguna aislada y muy respetable variante dialectal, no existe diferencia ninguna entre el sonido de la ele simple y el de esa ele doble suturada por el punt volat. Lo cual, sobra añadirlo, confiere al dígrafo en cuestión y a su puntito un aura de misterio parecida, en lo que al sonido se refiere, a la que según Julio Camba producían aquellos blancos que la censura dejaba, hace también cosa de un siglo, en las hojas del periódico: el de “las prosas imaginarias, tan superiores siempre a las reales”.

Pero está visto que no hay hecho diferencial que cien años dure. En Francia, que sigue siendo para tantas cosas el salvavidas de cuantos creemos que los valores de la ilustración además de asumirlos hay que defenderlos, la expansión del punt volat ha pillado a las instituciones con la guardia baja. En fin, allí no lo llaman punt volat, claro, sino point médian, pero, aunque su uso difiera, para el caso es lo mismo. Y la constatación de que esa expansión empezó justamente en otoño de 2017 y en un manual escolar de historia, esto es, coincidiendo con el punto álgido del procés y en un ámbito parecido al que le sirvió a este de caldo de cultivo, da que pensar. Sea como sea, el point médian lo que simboliza no es una identidad nacional, como el punt volat para los almogávares catalanes, sino una identidad de género. Del género tonto, me atrevería a decir –un calificativo, por cierto, que conviene tanto a esta identidad como a la primera–.

Pues bien, resulta que dicho libro de texto se redactó en lenguaje inclusivo. Y como todo lo malo se pega, enseguida hubo administraciones y organismos públicos que hicieron lo propio, cosa que certifica, a un tiempo, la existencia del contagio y la gravedad de la situación. Pero a estas alturas del artículo se preguntarán, con razón, qué demonios tiene que ver el punto medio de los franceses con el código inclusivo. Les cuento. Lo del “él/ella”, “todos/todas”, etc., de nuestras latitudes es un juego de niños en comparación con los efectos del virus sobre la langue française. No es que allí no se dé; es que se trata de un estadio superado. Los franceses se encuentran ya en una nueva fase, en el equivalente a lo que sería la utilización por escrito de una forma amalgamada del tipo “esosas” por “esos/esas”, o “tododas” por “todos/todas”. Pero aún hay más. Una tercera fase –y ojalá no nos encontremos nunca en ella–. Figúrense que en un documento oficial se topan de pronto con este encabezamiento: “Estimad·o·a·s elector·e·a·s”. Pues eso ocurre ya en Francia. Acaso estemos ante un código inclusivo, no lo niego. Pero a mí, qué quieren, al código que más me recuerda es al cuneiforme.

Simplemente députés
Así las cosas, no me extraña que 65 diputados –y cuando digo diputados digo también diputadas, claro– de la Asamblea Nacional francesa, pertenecientes al centro y a la derecha republicana, hayan presentado una proposición de ley en cuyo artículo único se insta a prohibir en los documentos administrativos el lenguaje inclusivo, aquel que tiene como propósito –indica el propio texto– “sustituir el uso del masculino, cuando es utilizado en un sentido genérico, por una grafía en la que resalte la existencia de una forma femenina”. Y no me extraña que haya ocurrido, porque se trata de Francia, donde, por ejemplo, los 65 firmantes de la proposición son aún identificados en el documento con un simple y genérico “députés”, sin que por ello dejen de tener los mismos derechos y deberes. Es de esperar, en definitiva, que su iniciativa fructifique y esa proposición acabe convirtiéndose en ley.

El género ataca, sin pararse en mientes. Y con él, por desgracia, la estupidez. De ahí que convenga tomar nota de lo sucedido en Francia en estos últimos años con el lenguaje inclusivo. Estamos, como en el caso del punt volat catalán, ante una instrumentalización perversa del lenguaje. Lo que debería servir ante todo para comunicar, para unir, se usa para separar, para identificar, ya sea la nación, ya sea el género. Por estos lares, que yo sepa, no existen todavía puntos medios en libros o documentos vinculados a la Administración. Pero tenemos desde hace años, por ejemplo, la famosa arroba asexuada (@), a la que seguro que la ministra Irene Montero y sus niñeras no hacen ascos. Razón de más para desear que, llegado el caso, la clase política española libre de contaminaciones identitarias muestre una determinación parecida a la de esos 65 diputados franceses.


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