AGLI Recortes de Prensa   Viernes 5  Marzo  2021

El virus del totalitarismo ‘feminazi’
OKDIARIO 5 Marzo 2021

Con buen sentido, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado que prohibirá las manifestaciones convocadas para los días 7 y 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, al considerar que el centenar de concentraciones convocadas podrían reunir a más 60.000 personas, un riesgo inasumible para la Comunidad de Madrid que, pese al descenso en la incidencia de casos, sigue en riesgo extremo. Desde la Comisión 8M, más cercana a Podemos, la reacción no se ha hecho esperar: «El derecho a manifestación es un derecho democrático. Salimos durante los meses más duros de confinamiento a cuidar de nuestras vecinas, salimos a trabajar, salimos a consumir… Pero quieren prohibirnos salir a protestar. El movimiento feminista estará el 8 de marzo. El 8M estaremos presentes. Porque nuestras vidas siguen y el feminismo también».

La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, mientras afirma que ella no acudirá para cumplir con las indicaciones sanitarias, anima a echarse a la calle. Según ella, «se está intentando «señalar» y «criminalizar» al feminismo. Lo que está haciendo Irene Montero es mover claramente sus hilos para que las manifestaciones y concentraciones se sucedan. De hecho, la Comisión 8M llama a manifestarse en cuatro puntos del centro de Madrid (Sol, Cibeles, Embajadores y plaza de Carlos V), en otros seis barrios de la capital (Puente de Vallecas, Latina, Moratalaz, Hortaleza, Arganzuela y Lavapiés) y en otros 19 municipios de la Comunidad (Parla, Getafe, Móstoles, Alcorcón, Majadahonda, Rivas Vaciamadrid, Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Collado Villalba, Navalagamella, Valdemorillo, El Escorial, Cercedilla, Galapagar y Colmenarejo). El que faltaba, el Sindicato de Estudiantes, también de extrema izquierda, agitaba las convocatorias en las redes sociales: «El delegado de Gobierno en Madrid prohíbe las movilizaciones del 8 de marzo como sucedía en la dictadura. Totalitarismo NO, basta ya de represión contra el movimiento feminista. El 8M nos vemos en las calles».

Parece evidente que Podemos atiza las manifestaciones en un claro desafío a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Es lo de siempre: el sectarismo que les mueve es tan grande que no les detiene ni el riesgo que para la salud representa el 8M. No hay peor virus que el totalitarismo ‘feminazi’.

El incesante deterioro del mercado laboral español
José María Rotellar Libertad Digital 5 Marzo 2021

Los afiliados en tasa interanual caen en 400.117 personas, el peor dato de un mes de febrero desde 2013.

El mercado laboral prosigue con su deterioro. Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social publicados el pasado martes así lo certifican: crece el paro y el empleo, en forma de afiliados, crece ligeramente en el mes pero es el peor febrero desde tiempos de la crisis. Además, se destruyen muchos puestos de trabajo en términos interanuales. Los datos que podemos ver a continuación son concluyentes:

El paro sube en 44.436 personas, que supone un incremento mensual (respecto al mes anterior) de un 1,12%. De esa forma, la cifra de parados registrados supera los cuatro millones contabilizados, con 4.008.789 desempleados. Es el peor dato mensual de un mes de febrero desde 2013, en lo peor de la anterior crisis.

Paro en los meses de febrero.
En términos interanuales (respecto al mismo mes del año anterior), que corrigen en gran medida la estacionalidad, se ha incrementado en 762.742 personas (empeora en más de 50.000 parados interanuales el dato interanual de enero), un 23,50%. Es el mayor incremento de toda la serie publicada desde 2010.

Bajan los contratos:
Descienden un 23,98% interanual en el mes (382.479 contratos menos).
Los contratos indefinidos caen un 25,68% interanual en el mes.

La afiliación a la Seguridad Social sube en febrero en términos mensuales en 20.632 personas. Ahora bien, si se desestacionaliza el dato, cae en 30.211 afiliados. Pese a esta subida mensual, es el peor dato mensual de un mes de febrero desde 2013.

Y el dato en términos interanuales se remonta, en negativo, también a los peores momentos de la anterior crisis. De esa manera, los afiliados en tasa interanual caen en 400.117 personas, que es el peor dato interanual de un mes de febrero desde 2013.

Estas cifras, ya terribles de por sí, serían más negativas si no fuese, como antes se ha señalado, por el efecto de los ERTE, cuyo número ha aumentado de manera muy importante en febrero, hasta las 909.661 personas

Todo ello indica que el deterioro continúa, se agrava y puede profundizarse más de seguir con tan duras restricciones económicas, que están empujando al abismo a la economía.

La niñera, la Fiscalía y la podredumbre política
EDITORIAL  Estrella Digital  5 Marzo 2021

La malversación de caudales públicos no es un asunto menor, y puede venir determinada no sólo por lo que establece, con puntos y comas, el Código Penal; en no pocas ocasiones es algo que se ve, y que encaja en el tipo delictivo que se resume, en términos coloquiales, en que usar el dinero que es de todos para fines espurios y de enriquecimiento personal constituye, sin paliativos, un atraco a mano armada incuestionablemente inaceptable. En ningún tiempo ni lugar ni circunstancia.

En cualquier democracia seria, y exigente con quienes ostentan en sus estructuras de poder alguna responsabilidad, el caso de la niñera de Podemos pasaría, con mucho, de quedar relegado a la categoría de episodio pintoresco y chocante, reflejo de una clase política decadente, en cierto modo en proceso de putrefacción, y que se prodiga casi a diario en las más insospechadas muestras de patetismo, algunas de ellas claramente ofensivas para el ciudadano medio que hace su vida esperando no ser molestado ni agredido, simplemente.

Así, tiene todo el sentido del mundo que la Fiscalía se haya puesto manos a la obra (otra cosa será el final de la película) para determinar por qué Iglesias y Montero, como papás, habrían confiado el cuidado de su menor, desde que nació en agosto de 2019, a la ex diputada del partido, María Teresa Arévalo Caraballo; y para esclarecer por qué, pese al carácter absolutamente privado del encargo, la niñera Arévalo lo compatibilizó en algún momento con un sueldo del grupo parlamentario de la organización, incluso con un salario de Igualdad, tras ser nombrada por la pareja del vicepresidente jefa de gabinete adjunta de su cartera.

Esta penúltima investigación que afecta al núcleo de la formación morada pone de relieve dos aspectos. Primero, que los comportamientos (veremos hasta qué punto ilegales) que se encuadran y derivan del ‘caso Neurona’ pudieron no ser, ni mucho menos, aislados. Segundo, y más significativo y concluyente, que, más allá de la resolución del expediente de esta famosa canguro, quienes anunciaban hace cuatro días la conquista de una regeneración de la vida pública plena, no sólo de fondo sino estética, simplemente han venido a sobrecargar el lodazal de una política que hace que los españoles, de largo, sigamos siendo los europeos que peor ponderamos a nuestros dirigentes. ¡Y con qué razón!

¿Qué fue el FRAP?
Fruto de la escisión maoísta del Partido Comunista de España, este grupo realizó su primer asesinato el 1 de mayo de 1973
José Luis Orella larazon 5 Marzo 2021

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), fue fruto del Partido Comunista de España (marxista-leninista) PCE (m-l) en 1964, una escisión maoísta del PCE oficial. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), se convirtió en su brazo armado he intentó sumar diversas organizaciones, que resultaron ser grupos pantalla del propio PCE (m-l).

El fundador
El grupo terrorista será dirigido por Julio Álvarez del Vayo, socialista de la línea revolucionaria de Largo Caballero durante la Guerra Civil. En ella había sido Comisario General de Guerra, máximo responsable del nombramiento principalmente de comunistas como comisarios políticos, que fueron los que depuraron a anarquistas y miembros del POUM en la retaguardia republicana, a su vez fue responsable del asalto a varias embajadas en Madrid, violando su inmunidad para detener a los refugiados en ellas. Julio Álvarez del Vayo se exiliará en los EEUU y México, de donde será expulsado del PSOE por su radicalismo procomunista. Instalado en Francia, aglutinará a diversos grupos revolucionarios, entre los cuales destacará la Federación Universitaria Democrática de Estudiantes (FUDE), muy orientada hacia los movimientos tercermundistas del vietcong y el guevarismo, en la que militaron estudiantes de la alta burguesía que posteriormente alcanzarán puestos de renombre en el primer gobierno socialista de Felipe González. En el 2009 conseguirán que Julio Álvarez del Vayo, fallecido en Ginebra en 1975, fuese reintegrado de forma póstuma a las filas del PSOE en el 2009.

La fundación del FRAP
El 24 de noviembre de 1973 fue la presentación oficial en París del FRAP, con Julio Álvarez del Vayo como principal responsable, aunque ya estaba operativo desde el 23 de enero de 1971. Miembros del PCE (m-l), elementos de la FUDE y de la Oposición Sindical Obrera (OSO) organismo fundado por el PCE para hacer “entrismo” en las Comisiones Obreras surgidas de forma espontánea en España, fueron los que proporcionaron los equipos humanos al FRAP.

La actividad del FRAP
El 1 de mayo de 1973 año el FRAP realizó su primer asesinato, al apuñalar a traición a Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de 21 años, subinspector de la Brigada Político-Social. El 14 de julio de 1975 asesinaron a Lucio Rodríguez Martín, agente de la Policía Armada, y el 16 de agosto del mismo año, le tocó el turno a Antonio Pose Rodríguez, Teniente de la Guardia Civil. El 14 de septiembre fue Juan Ruíz Muñoz, Policía Armada, quién fue asesinado en Barcelona, mientras compraba churros y patatas fritas a su hija de pocos años, y poco después, el 29 del mismo mes, otro Policía Armada, Diego del Río Martín, será asesinado a tiros.

En algunos sitios se añade al subinspector de 23 años, Francisco Jesús Anguas Barragán, asesinado el 23 de septiembre de 1973. Sin embargo, fue asesinado en acto terrorista por el MIL, por cuyo crimen fue condenado a muerte y ejecutado el 2 de marzo de 1974, Salvador Puig Antich.

En las redadas de la policía serán detenidos 37 sospechosos, quedando desarticulada la organización terrorista. En su corta actividad habían asesinado a 5 personas. El 27 de septiembre de 1975, la última vez que se aplicó la pena de muerte en España, serán fusilados por delitos de sangre, tres sicarios del FRAP y dos de ETA: José Luis Sánchez-Bravo Solla, José Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz, del FRAP, y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui de ETA. La respuesta internacional fue unánime a favor de la amnistía y de los terroristas, por parte de los gobiernos democráticos, doce de los cuales retiraron a sus embajadores, e incluso el Papa Pablo VI se pronunció a favor de la clemencia por los asesinos. El resto de los condenados serán amnistiados en 1977. El FRAP se centró en atracos y el asesinato de miembros de las Fuerzas de Orden Público, tras los cual lanzaban panfletos llamando a la rebelión popular. Su modelo de democracia estaba ligada con el comunismo chino de Moa Zedong y el albanés de Enver Hoxha. Su diferencia con el PCE provenía por su línea eurocomunista considerada aburguesada y moderada.


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Crisis política y covid: un cóctel letal para la empresa catalana
Cataluña ha perdido más de 4.000 empresas en cuatro años y prevé que otro 25% o 30% de las que quedan cierre
La Generalitat espera el cierre de entre el 25% y el 30% de los negocios en los próximos meses
Roberto L. Vargas larazon 5 Marzo 2021

¿Cuál es la situación de las empresas catalanas ahora mismo?

En este momento, el tejido empresarial catalán se enfrenta a una delicada situación. Según reconoció a finales del pasado año el consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, sus previsiones son que entre un 25% y un 30% de las compañías que hay ahora mismo en Cataluña echen en cierre.
¿Cuál es la foto fija de ese temido declive empresarial?

Según los datos de Informa DB hechos públicos el pasado miércoles, Cataluña es la comunidad en la que más concursos de acreedores se presentaron el pasado mes de febrero, 151, lo que representa el 27% del total nacional. La cifra es superior a la de Madrid (110) y Valencia (82).
¿Es enteramente achacable esta destrucción a la crisis económica provocada por el coronavirus?

No. Desde hace mucho tiempo, los empresarios vienen advirtiendo de que la inestabilidad política que reina en Cataluña desde que los partidos secesionistas lanzaron su órdago al Estado para separase del resto del país perjudica, y mucho, a la actividad económica. El dinero es miedoso y quiere seguridad. Y Cataluña, ahora mismo, no se la ofrece. Como aseguran fuentes empresariales, todo lo que no sea normalidad y tranquilidad espanta a los consumidores de las tiendas y acaba por afectar a todo el tejido productivo, con cierres y fugas de empresas.
¿Cuántas compañías han abandonado Cataluña?

En los últimos cuatro años, Cataluña ha perdido 7.007 empresas, según datos del Registro Mercantil. Por contra, apenas se han creado 2.509, lo que deja un balance de 4.498 compañías fugadas. Algunas grandes corporaciones como CaixaBank se han limitado a trasladar su sede social fuera de Cataluña, pero otras se han llevado sus centros productivos, con lo que la comunidad no sólo ha perdido la producción directa de esa compañía sino toda la actividad indirecta que había a su alrededor. No obstante, el mero traslado de una sede empresarial supone un duro golpe para Cataluña. Los traslados de grandes compañías empañaron mucho la imagen de la comunidad autónoma, lo que ha terminado por afectar a la inversión.
¿Cómo se está comportando esta inversión en Cataluña?

Mal. Entre enero y septiembre del pasado ejercicio, la inversión extranjera en Cataluña se redujo un 28%, hasta sumar 1.685 millones de euros, según datos del Ministerio de Industria. En contraposición a estos datos, la inversión en la Comunidad de Madrid se incrementó un 18% en el mismo periodo, hasta sumar 11.779 millones de euros. A la caída de las inversiones se suman, además, los incrementos en las desinversiones en empresas catalanas. Según los datos de un estudio elaborado por el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor, las desinversiones empresariales se han disparado un 262,21% en el último año en Cataluña por la caída de los niveles industriales provocada por la pandemia y por la propia presión política del independentismo. En términos globales, las empresas redujeron su capital social en esta comunidad en 908,96 millones de euros. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esta caída fue muy inferior, de 507,24 millones de euros.
¿Ha perdido Cataluña proyectos relevantes en los últimos años por la crispación política?

Sí. Quizá el caso más conocido y relevante sea el de Tesla. El fabricante de automóviles eléctricos estuvo durante mucho tiempo buscando un emplazamiento para su fábrica en Europa. Entre los candidatos sonó con fuerza Cataluña dada su larga experiencia en el sector -hay fábricas de SEAT y Nissan y una potente industria auxiliar que las complementan- y las facilidades que ofreció la Generalitat al fabricante americano. La candidatura catalana, de hecho, llegó a la recta final del proceso de selección. Pero finalmente, Tesla se decantó por Berlín. Oficialmente, Cataluña no quedó descartada por su situación política. Pero la realidad es que cuando Tesla adjudicó la fábrica, a finales de 2019, la sociedad catalana vivía uno de los momentos más tensos por culpa del desafío al Estado de las fuerzas secesionista.

Caudillismo y propaganda
Editorial ABC 5 Marzo 2021

Cómo no será el desagrado general con la política propagandística del Gobierno que en el intento de Pedro Sánchez por perpetuar la falsa imagen de ser el presidente que enterró simbólicamente a ETA, destruyendo su armamento, ningún otro presidente de la democracia quiso acompañarle en este gesto de soberbia y egocentrismo. Sánchez presidió ayer en un cuartel de la Guardia Civil de Madrid el acto físico de destrucción, por aplastamiento, de casi 1.400 armas intervenidas principalmente a ETA a lo largo de su historia. Sin embargo, representantes de colectivos de víctimas del terrorismo como Covite o Dignidad y Justicia no asistieron, y la AVT lamentó la insuperable contradicción moral de Sánchez porque no deja de ser el líder de un partido que se apoya en Bildu para aprobar normas en el Congreso, que corteja a un terrorista como Arnaldo Otegui, y que está fulminando la política de dispersión de presos etarras.

No se trataba de un acto institucional más. Fue un acto cuidadosamente diseñado por La Moncloa con la intención de limpiar la conciencia del PSOE por dos motivos. Primero, por su política de seguidismo con el mundo batasuno tras el acercamiento masivo de etarras a prisiones del País Vasco; y segundo, por la cesión de las competencias penitenciarias al lendakari Urkullu. Blanquear a ETA de una forma tan despreciativa con las víctimas, a las que Sánchez sigue sin recibir, y a la vez pretender pasar a nuestra historia política como el presidente que al fin destruyó las armas de ETA, demuestra hasta qué punto la ambivalencia ética inspira a este Gobierno. O para ser exactos, a una parte de este Gobierno, porque la otra, la de Podemos, ni siquiera acudió al acto porque en el fondo Pablo Iglesias comparte objetivos y prioridades con Bildu.

Con Sánchez y Fernando Grande-Marlaska España se ha convertido en un país permisivo y complaciente con los homenajes a esos mismos terroristas que empuñaron las armas destruidas ayer. Y salvo hipocresía insuperable, no es posible defender una cosa y su contraria. Cada viernes, el Gobierno acerca a prisiones del País Vasco a grupos de terroristas, muchos de ellos condenados a penas centenarias por delitos de sangre. Por eso, pasar por ser el adalid de la lucha contra el terrorismo no encaja precisamente en el perfil de Sánchez. Y ahora, ceder al Gobierno vasco la libre capacidad para decidir qué etarras quedan en tercer grado, independientemente de la pena que lleven cumplida -igual que hace la Generalitat catalana con los condenados por sedición-, o qué permisos se conceden de modo arbitrario a los terroristas, no deja de abrir la puerta a una derogación de las penas a etarras.

Al PNV le vendrá bien para contar con argumentos en su constante pugna política con Bildu. Pero a la memoria de las víctimas, y a la de todos los españoles que por desgracia conocen la historia de ETA, no deja de suponerles un mazazo emocional. No deja de ser otra cesión a un chantaje nacionalista que choca frontalmente con la dignidad democrática. Y sin embargo Sánchez no renuncia a cualquier acto de propaganda, por grotesco que sea. Esas armas estaban intervenidas y almacenadas desde 2016, y eran ya inútiles como pruebas para cualquier proceso judicial. Podían y debían ser destruidas. Pero no a mayor gloria del caudillismo de Sánchez y de su afán por simular que es lo que no es: no es nadie para adueñarse de un patrimonio moral, el dolor, que es de todos.

La oposición y víctimas ETA tachan de pantomima el acto de destrucción de armas
https://rebelionenlagranja.com María Ariza  5 Marzo 2021

La oposición política y las principales asociaciones de víctimas del terrorismo han calificado de «teatro», «show» o «pantomima» el acto de destrucción de armas de ETA presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y han criticado que coincida con el traspaso de las competencias de prisiones y la política de acercamiento de presos al País Vasco.

Así, el presidente del PP, Pablo Casado, ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que subraya “al Gobierno le sobran los actos de propaganda, los pactos con Bildu y los acercamientos de presos etarras” y recuerda que “la sociedad española derrotó a ETA con la Ley, los Cuerpos de Seguridad y la cooperación internacional”.

También la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto Jiménez Becerril, asesinado por la banda terrorista en 1998, se ha servido de Twitter para subrayar que “hoy escenifica la derrota de ETA, mañana viernes acercará a más presos de ETA y pasado pactará la competencia de prisiones con PNV y Bildu para acelerar la salida de los asesinos de ETA”.

Para el presidente de Vox, Santiago Abascal, la ceremonia no es más que un “insultante paripé” de Sánchez para destruir las armas “que sus ahora socios usaron para cometer sus crímenes, 300 de ellos sin resolver”. “Está por ver si también destruirá los cócteles molotov cuya mecha prenden hoy sus socios de gobierno”, dice el mensaje publicado por Abascal, quien concluye que “¡Es un escándalo!”.

Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha querido “denunciar con dolor el indigno show mediático” organizado por Sánchez y con el que “no es que pisotee armas, sino que pisotea la memoria de las víctimas”. Para Espinosa de los Monteros, el presidente del Gobierno “aquí quien ha entregado armas es el Gobierno”, que ha entregado las competencias de prisiones al País Vasco, favorece el acercamiento de presos y “permite a diario injurias a la Policía y la Guardia Civil”.

También para el diputado de Vox y expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, José Alcaraz, asistir a la destrucción de las armas demuestra “falta de dignidad” y supone “blanquear un Gobierno socialcomunista que ha negociado con los asesinos de nuestra familias para concederles impunidad , representación política e injusticia a los casi 400 asesinatos sin ser juzgados sus autores”.
Todos coinciden en que es un «numerito de blanqueamiento»

Otro que ha volcado sus críticas en Twitter ha sido el dirigente de Ciudadanos Toni Cantó: “Vaya numerito más absurdo se ha montado Pedro Sánchez tratando de blanquear su pacto con Bildu y el acercamiento de etarras”, ha comentado.

En su opinión, “una apisonadora, todas las armas viejas que se guardaban por ahí y a seguir. Una puñetera vergüenza”, ha afirmado.

Parecida opinión ha expresado el representante de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso, Sergio Sayas, quien ha pedido a Sánchez “menos teatro” y ha apuntado que “la mejor manera de derrotar a ETA es dejar de pactar con quienes aplauden y jalean y contar el relato desde la verdad”.

La «premisa» del golpe de Estado separatista
Sergio Fidalgo okdiario 5 Marzo 2021

Cuando uno escucha a Pere Aragonès, con un discurso más plano que el encefalograma de Pilar Rahola, lo lógico es preguntarse cómo es posible que el desafío separatista haya llegado tan lejos. Porque, aunque Aragonès no sea un líder de verdad, y si llega a ser el futuro presidente de la Generalitat lo será porque sus jefes están en prisión o huidos, es el ideólogo del “España nos roba”. Vamos, que estaba en el puente de mando del ‘procés’ que lleva una década poniendo en jaque a un Estado poderoso y moderno como el español.

¿Cómo es posible que un hatajo de pirados, oportunistas o incompetentes como Junqueras, Puigdemont, Forcadell, Comín, Romeva, Rull, Forn, Sánchez, por citar solo algunos, haya podido desafiar a uno de los países más importantes de la Unión Europea, a una maquinaria estatal con siglos de experiencia? Muchos hemos tenido la intuición de que no ha sido solo porque Jordi Pujol, de manera hábil y constante, comenzara en 1980 a ir, poco a poco, copando los principales focos de poder de Cataluña, para ponerlos al servicio de un proyecto rupturista. “Madrid”, entendiendo con este concepto el poder político, económico y cultural que emana de la capital de España, también ha sido un factor decisivo en el engorde del separatismo catalán. ¿Por qué las grandes instituciones del Estado no lo vieron venir? ¿Solo por interés cortoplacista?

Una de las explicaciones más brillantes la ofrece David Jiménez Torres en ‘2017, la crisis que cambió España’. En doscientas páginas nos explica cómo llegamos al golpe de Estado del 1-O. Nos argumenta, de manera razonada y muy clara, cuál es la clave de la inacción de los sucesivos inquilinos de La Moncloa, sobre todo de Mariano Rajoy. Por supuesto, el apoyo parlamentario de Pujol a los sucesivos gobiernos de UCD, PSOE y PP ha tenido mucho que ver, pero la clave está en un elemento de la cultura política española de los últimos cuarenta años, que denomina “la premisa”.

Torres define la “premisa” como «la creencia que el Estado de las autonomías va a ser suficiente para integrar a los nacionalismos subestatales, sobre todo al catalán y al vasco, en una España democrática. Y que este proceso se iba a dar de manera automática, con el mero paso del tiempo, dado que la historia se estaba moviendo de tal manera que los nacionalismos se iban a extinguir por sí solos en estructuras mayores, como la Unión Europea o el Estado de las Autonomías». Con el añadido que «incluso si ese proceso tenía momentos tensos, en el que los nacionalistas catalanes o vascos decían una palabra más alta que otra, nunca intentarían romper la baraja, nunca intentarían declarar la independencia por las bravas».

Es el “los nacionalistas catalanes no se atreverán, solo quieren dinero”. O “Convergencia o cómo se llamen ahora no proclamará la República, la burguesía catalana siempre ha sido pactista”. Cada vez que Artur Mas y Carles Puigdemont daban un nuevo paso hacia la secesión, un alud de opinadores y políticos aseguraban en los grandes medios de comunicación nacionales que nunca llegarían hasta el final. Pero lo hicieron. Y no solo eso: sus líderes tras ser encarcelados, y estar cumpliendo sus penas de prisión como si fueran un chiste, prometen que lo volverán a intentar. Y lo harán, sobre todo porque Oriol Junqueras se legitima como líder político por su paso por la cárcel. Cuando uno se define como un “preso político”, es que está luchando contra un Estado totalitario. Y cuando se cree, o se convence a tus partidarios, que esto es así, solo cabe la rebelión constante hasta conseguir la secesión.

Y Pedro Sánchez, en vez de tomar nota del “lo volveremos a hacer”, sigue instalado en la “premisa” y se empeña en montar “mesas de diálogo”, como si se pudiera volver al mundo de ayer en el que los partidos de izquierdas podían montar tripartitos en Cataluña, o pactar con los nacionalistas en el Congreso, sin que te fueran a montar un golpe de Estado. Claro, los golpistas que presumen que no van a cejar en su empeño lo que buscan es “dialogar”. Por eso no ceden ni un palmo en sus reivindicaciones y ERC y JxCAT están negociando con la CUP, que están deseando integrarse en la monarquía parlamentaria española.

Les recomiendo la lectura de este brillante ensayo, porque entenderán muchos de los errores que hemos cometido todos: en Madrid y en Barcelona. Desde el gobierno y desde la Resistencia al separatismo. Ahora solo queda intentar, como sugiere Jiménez Torres, el llevar la contraria a los movimientos que atentan contra nuestra democracia, aunque solo sea “para ver qué ocurre si les disputamos los marcos”.

La dejadez de la Generalitat tiene un límite
Editorial larazon 5 Marzo 2021

Salvando algunos casos ejemplares, el empresariado catalán asistió paralizado al acoso del independentismo, incrédulo ante el desmantelamiento del pacto civil –Estatut y Constitución– que aseguró los mejores años de convivencia y prosperidad y, finalmente, resignado ante la decadencia política, social y económica en la que podría entrar Cataluña si sus dirigentes políticos instalados en la Generalitat perseveran en su intención de romper con el conjunto de España y, por extensión, con la Unión Europea. La respuesta que las asociaciones empresariales catalanas dieron ayer ante los actos de violencia que han tenido lugar en las calles de Barcelona con la irresponsable compresión de los partidos que gobiernan en la Generalitat está a la altura de la gravedad de los hechos, la ruptura de la convivencia y del deterioro que la economía catalana está sufriendo. Las primeras palabras del manifiesto, «¡Basta, ya!», leído por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, es claro y expresa un sentimiento colectivo de frustración, de hartazgo: «Los ciudadanos catalanes, y también los empresarios, estamos agotados». Justamente tras celebrarse las elecciones del 14-F y ante la necesidad de constituirse cuanto antes un nuevo gobierno en Cataluña que desbloquee la situación y la saque de la quimera independentista, cuando la pandemia del coronavirus ha castigado la economía, cuando es necesario cohesionar un país para afrontar la recuperación, la Generalitat se dedica a jalear a los violentos –en nombre de la libertad de expresión y de la imperfecta democracia española– y a maltratar al tejido comercial que en estos momentos sufre, además, el cierre de sus establecimientos y una crisis agonizante. El daño no es sólo a la imagen de Cataluña ante futuros inversores, que es evidente, sino a cualquier posibilidad de diálogo que frene la inestabilidad política surgida de un gobierno independentista cuyo objetivo principal es el choque frontal con el Estado.

Cuando los empresarios tienen que hacer un llamamiento al gobierno de la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona y al resto de autoridades de Cataluña para que «ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos, con el fin de recuperar la convivencia y la paz en nuestras calles» es que ya asistimos a una degeneración política cuyas consecuencias dañarán irremediablemente a su tejido productivo. No son hechos aislados, sino datos objetivos que los empresarios conocen muy bien: la marcha de miles de empresas de Cataluña, la falta de confianza de los inversores, el incremento del paro por encima de la media española y la inacción de la Generalitat ante el cierre de empresas –Nissan y, hace unos día, Bosch– sin alternativa productiva. Hay demasiado en juego como para dejarlo todo en manos de unos dirigentes políticos irresponsables.

! Dejadez ¡
Nota del Editor 5 Marzo 2021

Ahora resuta que la Generalidad solo es culpable de una cierta dejadez en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Y no es culpable de la ejecuciòn de todo tipo de desmanes ilegales. La sin razón ya está cerca de demostrar la cuadratura del círculo.

 

 

 

 


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