AGLI Recortes de Prensa   Domingo  7  Marzo  2021

Un año de pandemia: luto, negligencia y crisis dramática
Editorial El mundo 7 Marzo 2021

La insolvencia y la imprevisión del Ejecutivo convierten a España en uno de los países más castigados

Se cumple estos días un año desde el estallido de la pandemia del Covid-19, originada en la ciudad china de Wuhan y causante de la peor emergencia sanitaria del último siglo. La gestión en España puede calificarse de calamitosa. El Gobierno de PSOE y Podemos infravaloró el riesgo del coronavirus, desatendió las advertencias de los organismos multilaterales y permitió la vida social hasta el punto negligente de alentar las marchas del 8-M del pasado año. Fracasó en la tarea de garantizar la provisión de suministros y lo ha vuelto a hacer con la vacunación, sin un plan nacional y con un volumen de dosis adquiridas a todas luces insuficiente. La inédita presión asistencial sufrida por el sistema sanitaria solo se ha podido salvar por la entrega y la profesionalidad del personal médico y de enfermería, en contraste con la incompetencia del ex ministro Illa y del resto de autoridades sanitarias.

España, según datos oficiales que ya sabemos que están por debajo de las cifras de exceso de mortalidad, suma más de 71.000 fallecidos por coronavirus y más de tres millones de contagiados. Es uno de los países europeos con más víctimas y más sanitarios infectados. El Gobierno se mantuvo impávido hasta la declaración del estado de alarma, que restringió la movilidad en todo el territorio nacional e impuso el confinamiento domiciliario. La dureza de este encierro fue consecuencia de la pasividad del Ejecutivo, incapaz de ofrecer datos fiables, con un ministro sobrepasado y con el director del centro de emergencias, Fernando Simón, convertido en vocero gubernamental. La descoordinación y los cambios de criterio se tradujeron luego en una desescalada caótica y en una obscena dejación de responsabilidades al traspasar el peso de la sucesivas olas a las CCAA. Sánchez ha pasado de retener poderes especiales y aplicar severas restricciones a inhibirse después de sacar adelante la alarma hasta mayo sin apenas tener que rendir cuentas en el Parlamento. A ello se unen los cebos ideológicos, como la regulación de la eutanasia, lanzados para desviar la atención. Aún hoy, cuando los fallecidos siguen contándose por centenares, el debate público sigue maniatado por la propaganda de La Moncloa, lo que también pone de relieve la impotencia de la oposición a la hora de subrayar las responsabilidades de un Gobierno dividido y sin crédito internacional.

Desde el punto de vista económico, el confinamiento paralizó el consumo y la actividad productiva, causando un daño severo en el sector servicios. España ya supera los cuatro millones de parados, la deuda pública ha escalado hasta el 117% del PIB y los negocios en concurso de acreedores indican la onda sísmica de un cataclismo al que el Gobierno responde de forma errática. Los efectos dramáticos de la crisis ahondan en la desigualdad y amenazan con generar un estallido social sin precedentes. No basta con el auxilio de créditos o del necesario mecanismo de los ERTE. Urge inyectar ayudas directas a las empresas y diseñar una gestión independiente, técnica y eficaz del fondo europeo, que Sánchez pretende tutelar saltándose los dictámenes del Consejo de Estado. La recuperación depende del ritmo de vacunación y de mantener a raya al virus. Sin embargo, un año después del estrepitoso fiasco de la escalada, el Gobierno continúa mostrándose incapaz de liderar una respuesta eficaz a la emergencia sanitaria y de infundir la certidumbre necesaria para rescatar la economía.

Abajo las armas
Ana Velasco Vidal-Abarca ABC 7 Marzo 2021

Una apisonadora ha aplastado las armas incautadas a ETA a lo largo de los años. Eran armas que custodiaba la Audiencia Nacional y que alguien ha decidido que ya no son necesarias para investigar los 378 asesinatos sin resolver de la banda.

El Gobierno las ha considerado mucho más útiles para la grotesca escenificación de una falsa victoria sobre el terrorismo, de un final definitivo, de un «adiós a las armas» basado en la mentira y en la manipulación. La perversa intención de la representación en la que el presidente del Gobierno afirmó sin atisbo de vergüenza que las armas destruidas han sido «entregadas» por los vencidos, es una ofensa a la inteligencia. «Quién entrega las armas acepta la derrota», dijo.

Pero él sabe perfectamente que nadie ha entregado las armas, han sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que se las han arrebatado a los terroristas con su trabajo diario, su determinación y compromiso, jugándose la vida y perdiéndola en muchas ocasiones. Con la interpretación que se ha pretendido dar desde el Gobierno a semejante acto propagandístico se consiguen varios efectos tremendamente dañinos.

Por una parte, se desprecia la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que se les arrebata el mérito de la desarticulación de los grupos terroristas y de la incautación de sus armas; y por otra, implícitamente, se ensalza a los que deciden «entregar» esas armas como un acto de «rendición» para contribuir a la «paz». El problema es que nada de eso es cierto. Los terroristas de ETA no se han rendido, lo que han hecho ha sido negociar unas contrapartidas indignas a cambio de dejar de matar. Y esas contrapartidas, esas cesiones vergonzantes del Estado de Derecho, son hoy evidentes: la legalización del brazo político de la banda, su legitimación y la salida de los criminales de las cárceles que se culminará con la cesión de la competencia de prisiones al País Vasco.

Y quién sabe si esta destrucción de armas no está sirviendo también para destruir pruebas y lograr así que no se resuelvan los 378 atentados de ETA que no han sido juzgados aún. Otra de la perversidades cometidas en la puesta en escena de la apisonadora fue la equiparación de todos los terrorismos. Aunque las armas eran en su inmensa mayoría de ETA y en menor medida, del Grapo. El presidente mencionó a ETA, GAL, Grapo, Daesh y organizaciones de ultraderecha. Es evidente que el asesinato político, el terrorismo, siempre es injustificable, siempre.

Pero no se puede seguir el juego a los que pretenden hacer creer que todos los terrorismos han sido lo mismo porque no es verdad. No es lo mismo una banda organizada que durante cincuenta años ha cometido 3.000 atentados, asesinado a 864 personas, provocado 7.000 víctimas, amenazado a la sociedad entera y desestabilizado gravemente la democracia, que los grupúsculos que atentaban contra ETA, que no tenían una ideología concreta y que tuvieron una incidencia mucho menor que la de la banda y sus apoyos en el ámbito del separatismo vasco. Nada más lejos de mi intención que justificar o excusar los actos de terrorismo de Estado. Todo lo contrario.

Pero no se puede caer en la trampa —ni mucho menos tenderla—, de minimizar lo que ha supuesto ETA para la sociedad española, ni se pueden ocultar las muchas complicidades que ha tenido y sigue teniendo, ni su capacidad de seguir tratando de destruir la Nación desde las instituciones. El presidente —con toda la intención— se ha prestado a protagonizar un acto «simbólico» para trasladar a la sociedad el mensaje de que los terroristas se han rendido y han entregado las armas en un acto de generosidad y acatamiento del Estado de Derecho. «La derrota de las balas frente a los votos», ha dicho. Suena muy bonito. El único inconveniente es que es mentira.

Ana Velasco Vidal-Abarca es hija de militar asesinado por ETA.

Torrente en Justicia o Las Cloacas de Marzo
Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital 7 Marzo 2021

¿Qué burricie, qué mugrientas costumbres anidan en las cloacas del Ministerio del Interior y su gemelo el de Justicia?

La suelta de Villarejo a instancias de la Fiscal General del Estado –“La Lola” del “Balta”, en la intimidad delictiva de la marisquería Rianxo- ha tenido la virtud de destapar ante la opinión pública que quiere enterarse de algo el desbordamiento de las cloacas, el vertedero o muladar de los ministerios de Justicia e Interior, unidos por las avenidas excrementicias de sus cabecillas: El Balta y La Lola, Villarejo, El Gordo o El JIM, todos protegidos por los ministros de Interior, de Rubalcaba a Fernández Díaz, junto a los altos mandos de la Policía; el último implicado, el DAO Pino.

Rianxo, el belén de la Gran Cloaca policial y judicial
El festín de Rianxo es el Belén de las Cloacas. El motivo del convite era la última, que no la única, medalla pensionada concedida a Villarejo. Y lo más relevante no es que acuda la flor y nata de la corrupción policial sino que los invitados sean el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y su pareja Dolores Delgado, entonces fiscal en ejercicio.

Que se reúnan policías corruptos es normal, casi obligado cuando gestionan tantos asuntos y comparten padrinos políticos. Lo relevante es que lo hicieran con el juez más famoso de la época y con una fiscal de reconocido desprestigio por compartir los desafueros de su pareja. Que la amistad y negocio comunes venían de lejos está claro; que continúan hoy lo prueba que el abogado de los condecorados, ahora imputados, sea Garzón, expulsado por prevaricación de la carrera judicial, pero que actúa, directa o indirectamente, a través de su bufete, como “consigliere” de los rianxeiros.

Se repite a menudo que Irene Montero es ministra de Igualdad por ser la pareja de Pablo Iglesias, no que Dolores Delgado lo fue de Justicia por serlo de Garzón. Y que éste es íntimo del juez De Prada que, en una sentencia sobre la financiación ilegal del PP, añadió la frase contra Rajoy que usó Sánchez como excusa para la moción contra Don Pantuflo. Honor mafioso: mientras estalla la tubería de las baltacloacas que une a Garzón y Delgado con Villarejo, el PSOE blinda la que une a Garzón con De Prada, confirmado como candidato histórico e indiscutible del PSOE al CGPJ. La “Banda de los cuatro” de la Audiencia eran Garzón, De Prada, Andreu y Pedraz, con Delgado de Chiang Ching de los Shangai-boys. Marlaska pudo impedir que Andreu fuera el nº2 de Delgado, pero el nº1 era y es Garzón.

Ofertas de silencio cantor a Villarejo
Nada más llegar al Poder, la facción togada de los rianxeiros ofreció a Villarejo, caído en la guerra de Corinna contra Sanz Roldán y el CNI, el trato que desveló Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital: la ministra de Justicia se comprometía a soltarlo si limitaba su actividad a declaraciones contra la Corona y, eventualmente, el PP, que no se rendía en el reparto del CGPJ. Pero la clave era y es la campaña contra Felipe VI del Gobierno social-comunista, que pasa la factura del rencor de sus socios separatistas por el gran mensaje del 3 de octubre de 2017 contra el Golpe en Cataluña.

Ese año, antes de entrar en la cárcel, Villarejo fue agasajado con una entrevista-masaje de La Sexta por Évole, en la que Garzón, referente moral de la Izquierda, dijo que el que pronto se convertiría en recluso “no era el malo” sino “un buen profesional”. Indudable argumento de autoridad de otro “buen profesional”, en este caso judicial, entre la prevaricación y el cohecho, Gurtel y “Querido Emilio”, hasta que los jueces lo expulsaron. Tampoco Villarejo habla mal del “Balta” y la “Lola” (en dialecto rianxeiro) sino que, acreditando su continuada relación, al ser preguntado por la fiscal General del Estado, sorprendida -más bien, delatada por el CNI a veteranos de Prisa- al salir tras Inda y Cerdán de la garçonnière de su novio, el recién liberado ex-comisario musitó bajito que no hablaba de “temas personales”.

Sin embargo, en una rueda de prensa que parecía la presentación de “Torrente en Las Cloacas” o “Pillarejo en el Ministerio de Justicia”, el recién liberado Pepe (para los amigos), con treinta juicios por delante, se comportó con esa zafiedad delictiva que produce estupor en los españoles mínimamente alfabetizados y aspirantes a una aseada condición ciudadana. ¿Cómo semejante cuadrúpedo ha podido ser durante décadas el bípedo de confianza de tantos gobiernos? ¿Qué burricie, qué mugrientas costumbres anidan en las cloacas del Ministerio del Interior y su gemelo el de Justicia? Entre chulería y amenaza, flatulencia verbal e impotencia real, Villarejo brindó un espectáculo de patanería muy visto, el sainete “Tirar de la manta” que antes protagonizaron tantos delincuentes con padrinos que se ven sin ellos: Ruiz Mateos, Conde, De la Rosa, Colón de Carvajal… Demasiados como para no saber que, una vez en la cárcel, no controlas el proceso, sino que eres controlado por él. Y que los que deberían temerte se hacen temer.

¿Qué temen “La Lola” y “El Balta”?
El alborozo con que los medios podemitas recibieron la filtración perdicera de que Delgado se había reunido con su odiado Eduardo Inda les impidió preguntarse a qué obedecía tan imprudente gesto, el mismo día en que Villarejo salía de la cárcel. Tal vez no vieron el penúltimo revés de la Fiscal General del Estado en el Tribunal Supremo, que ha sido denegar el archivo o aplazamiento del recurso de Vox contra su nombramiento, como pedía la Abogacía General del Estado o sicariato legal gubernamental. Tan sorprendida y alarmada quedó Delgado que, en gesto velocísimo, típico de su “gordo”, o sea, Garzón, se personó a título individual en el asunto. ¿Pero en qué cabeza cabe que un nombramiento público que va más allá de cualquier cautela personal pueda ser objeto de una personación individual? En la trapacera cabeza del “Balta”, perito en trucos y fechorías legaloides.

Otra sorpresa desagradable aguardaba a la pareja en la Audiencia de Madrid, que ha ratificado el rechazo a la vieja pretensión de archivar, es decir, de desactivar la famosa grabación de Rianxo, a la que Garzón quería condenar como publicidad sobre un asunto de índole puramente personal. Nunca pudo ser personal la grabación de tantos delitos por un juez, él, una fiscal, ella, y unos policías, Villarejo, El Gordo, etcétera, entonces en condecorado y fructuoso ejercicio. Ahí se comentan delitos tan atroces como esos burdeles clandestinos de Villarejo, la información vaginal, a la que Delgado vaticina éxito asegurado, y cuyo cometido era recabar datos íntimos para chantajear a jueces y empresarios.

Delgado añade información al chantajista diciendo que ella conoce jueces y fiscales del Supremo que iban “de menores” en Colombia y que Marlaska “es maricón” (luego chantajeable: no había salido del armario). Pero lo fundamental es que ni la fiscal ni el juez denunciaron, como manda la Ley, los delitos que les confían ni los que ellos confían a los chantajistas, prueba de que formaban parte de la misma banda, esa Cloaca Máxima de Garzón y Villarejo que hoy ostenta -en rigor, detenta, porque debería estar entre rejas- nada menos que la Fiscalía General del Estado, clave de la Administración de Justicia junto al Consejo General del Poder Judicial, al que también accederían, PSOE mediante, con De Prada, un Garzón Bis.

El Supremo tiene la palabra
Hay otro asunto delicado que el Supremo puede zanjar declarando ilegal el nombramiento de Delgado como Fiscal: su declaración en El País de que Garzón no es el abogado de los policías mafiosos a los que brinda apoyo legal su bufete. Como excusa es ridícula y dado el carácter chulesco de Garzón no sería extraño que aparecieran datos que probaran lo contrario: que ha actuado como abogado de alguno de sus amigos policías corruptos. La Lola fijó en la inocencia de El Balta su idoneidad para el cargo de Fiscal General del Estado. Si mintió, adiós legitimidad. Mejor echarla legalmente. Y una vez llegados los Idus de marzo del César Baltasar, podría empezar a acometerse la limpieza de las Cloacas.

Nuestra libertad depende de los jueces
Pedro Fernández Barbadillo https://gaceta.es/

Ahora lo llaman relato, que es más fino que propaganda, nombre ya tan gastado. Sea como fuere, me descubro ante el aparato de fabricación de trolas del Imperio Progre.

Cuando empezaron a caer sus presidentes por corrupción, la izquierda inventó el término ‘lawfare’ para asegurar que estaba sufriendo un ataque de los ‘poderes fácticos’. En vez de militares y la CIA, ahora eran los jueces los que destituían y encarcelaban a gobernantes ‘progresistas’, porque éstos se habían atrevido a molestar a los verdaderos dueños de los países mediante medidas que beneficiaban a los pobres y excluidos. Cuando en España se formó el Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, también apareció el término de marras. Los voceros de izquierdas advirtieron de que la mayor resistencia iba a provenir de los jueces, a los que se empezó a descalificar como señalándoles como más fachas que el palo de la bandera.

A los peronistas argentinos y a los socialistas y comunistas españoles les preocupan más los jueces independientes que los principales partidos de la oposición, ya que el PP, Ciudadanos y Cambiemos están desarbolados y hasta deseando que el gobierno respectivo les incluya en su consenso. “La nueva normalidad es pactar” tituló el periódico ABC el verano en una de sus más ridículas portadas.

En España, Sánchez pretende obligar al PP a un nuevo reparto de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que decide los ascensos y nombramiento. Para ello amenaza a Pablo Casado, el líder más penoso del partido de centro desde los años 80, con modificar la ley que lo regula para que los nombramientos de esos vocales los hagan las Cámaras de las Cortes por mayoría absoluta, en vez de por dos tercios, aunque ese plan ya ha sido criticado por la Unión Europea.

En Argentina, el presidente Fernández ha arremetido contra los jueces y policías por no ser suficientemente duros con los delincuentes, cuando (con todas las excepciones que se quiera) esos funcionarios cumplen las leyes ‘buenistas’ aprobadas por los políticos, sobre todo peronistas, en los últimos años. La partitocracia se niega a reconocer las consecuencias de sus actos y se las atribuye al habitual chivo expiatorio.

La amenaza a la que ha recurrido Fernández para que los jueces y fiscales argentinos se comporten y dejen de investigar a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es la creación de un nuevo tribunal que detraiga competencias a la Corte Suprema. ¿Y qué jueces compondrían ese súper-Supremo? Los que nombrase la Casa Rosada, más unos puestos de relleno que daría a la oposición domesticada. Mismo modelo que en España.

Los jueces son la última línea de defensa de nuestras libertades que nos queda a los ciudadanos frente a los Gobiernos del ‘socialismo del siglo XXI’. Por eso, las izquierdas desean marcarlos a fuego como si fueran ganado, para luego servírselos a la mesa.

Enchufismo y arbitrariedad
Editorial ABC 7 Marzo 2021

El Gobierno de Pedro Sánchez, con más de una veintena de ministerios y con el complejo aparato administrativo que esa elefantiasis de poder conlleva, es también, con diferencia, el Ejecutivo que más ha inflado el número de asesores de confianza de toda la democracia. La última actualización de datos a la que está obligado el Gobierno revela que son ya 730 los asesores elegidos discrecionalmente, un número que supera ampliamente los 604 que había cuando Mariano Rajoy abandonó la presidencia, y muy por encima también de los equipos que asesoraban a Rodríguez Zapatero o a José María Aznar. En concreto, 347 de esos 730 están adscritos a la Presidencia del Gobierno, lo que supone el 47,3 por ciento del total, prácticamente la mitad, de modo que Sánchez y su jefe de Gabinete, Iván Redondo, cuentan con el aparato más amplio de ‘asesoría’ -y enchufismo selectivo- jamás visto en ningún equipo de gobierno.

Este esquema propicia casos tan llamativos como que un secretario general de ‘Asuntos económicos y G-20’, un cargo que razonablemente tiene lógica, se sitúe al mismo nivel que el llamado ‘alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil’, de quien no se conocen iniciativas; o de otro alto comisionado, el de ‘España, nación emprendedora’, cuyo titular tampoco parece tener objetivamente mucha actividad. Y si existe, resulta bastante desconocida e ineficaz. Más allá de la rimbombancia propagandística que pretenda atribuir la Presidencia del Gobierno a tan altos cargos, difícilmente pueden ser interpretados de otro modo que como una suerte de ‘lobby’ de poder dentro del propio Gobierno. En realidad son una agencia interna de colocación de afines del PSOE y de Podemos sin más expectativa que la de recibir un sueldo público en organismos en muchos casos prescindibles. Por ejemplo, sería útil conocer la actividad real de la llamada ‘Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de país a largo plazo’, en manos de Redondo y, sobre todo, de la llamada ‘Unidad de Información de Transparencia’, toda vez que se trata del Gobierno menos transparente conocido en cuatro décadas.

El Gobierno no es solo una inmensa estructura que ha terminado por convertir una dirección general de Igualdad en la coartada jurídico-legal para que la pareja de Pablo Iglesias e Irene Montero disponga de niñera permanente a costa de un sueldo público, o para que amigos de juventud de Sánchez accedan a puestos de privilegio en organismos y empresas públicas sin gozar siquiera de la formación necesaria para ello. En realidad, La Moncloa es todo un aparato para hacer creer al ciudadano que hay muchos altos cargos trabajando denodadamente para la reconstrucción política, social y emocional de España. Pero en realidad solo está para maquillar la realidad con el dinero de todos. El único trabajo de algunas de estas oficinas es el marketing político, con departamentos solo dedicados a infravalorar la gravedad de la recesión. El ‘escudo social’ del Gobierno es un fracaso, y buena parte de los organismos son solo la coartada para que La Moncloa gestione al margen del Congreso, del resto de partidos y de las propias autonomías, los 140.000 millones que Europa pueda enviar en el futuro para rescatar nuestra economía. La Moncloa ha creado una estructura endogámica, cerrada y opaca cuya gestión ha recibido ya, aunque sea de modo indirecto, el reproche del Consejo de Estado, porque solo es el andamiaje paralelo que servirá a Sánchez para que nadie pueda fiscalizar la distribución y destino de esos fondos. El enchufismo y la arbitrariedad, como banderas.

Los magnicidios cometidos por la izquierda
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 7 Marzo 2021

En el siglo XX fueron asesinados por el terrorismo de las izquierdas en España cinco presidentes del Gobierno, una cifra no alcanzada ni por la Rusia azotada por los terroristas nihilistas y comunistas.

Cuando se analiza el fracaso de la Restauración, el régimen que se extendió entre 1876 y el pronunciamiento del general Primo de Rivera, en 1923, se enumeran distintas causas: el analfabetismo, el atraso, el caciquismo, la escasa representatividad de los partidos dinásticos, el egoísmo del empresariado, el conservadurismo del Ejército y la Iglesia, la desesperación de las masas pobres, las derrotas en Cuba y Marruecos, la falta de burguesía emprendedora, la mala educación de Alfonso XIII, el librecambismo –y el proteccionismo-, una fiscalidad insuficiente, y hasta la neutralidad en la Gran Guerra.

La mayoría de los historiadores suelen omitir un factor capital, inexistente en otros países europeos: el terrorismo de las izquierdas. En el plazo de un siglo, fueron asesinados cinco presidentes del Gobierno: Juan Prim (1870), Antonio Cánovas del Castillo (1897), José Canalejas (1912), Eduardo Dato (1921) y Luis Carrero Blanco (1973); una cifra no alcanzada ni por la Rusia azotada por los terroristas nihilistas y comunistas, ni en Portugal, donde los republicanos asesinaron al rey y a su heredero (1908). Todos los citados, salvo el primero, cayeron a manos de asesinos de izquierdas.

El 8 de marzo de 2021 se cumplen cien años del magnicidio de Eduardo Dato Iradier (nacido en 1856 en La Coruña), diputado conservador y presidente del Gobierno desde el 5 de mayo de 1920. La noche de ese día, en la Plaza de la Independencia, cuando Dato volvía a su domicilio en la calle de Lagasca, tres pistoleros anarquistas emboscaron su vehículo desde una moto con sidecar y lo tirotearon. Dato murió instantes después. Sorprendió a la opinión pública la desprotección del presidente, autor de las primeras leyes de protección de los obreros.

Con la colaboración del PNV, las izquierdas, que pretenden imponer una verdad oficial sobre la historia de España, se han negado a homenajear a esta víctima del terrorismo… de izquierdas.

Estos magnicidios y otros atentados similares, aunque fracasaran, hacían de España un país inestable y desprestigiado. Se mantenía un ambiente social similar al que llevó a Amadeo de Saboya (que sufrió un intento de regicidio en 1872) a renunciar al trono, cansado de las peleas entre partidos y del afán autodestructivo de los españoles.

Magnicidios sin juicio
Con excepción del asesinato de Prim, perpetrado por camaradas masones, los otros cuatro los realizaron izquierdistas. El de Carrero, lo cometieron etarras, también socialistas, aparte de separatistas vascos. Los demás, los ejecutaron anarquistas, tan dados a la ‘propaganda por el hecho’ y tan enloquecidos que en ocasiones han sido instrumentos de otros. El punto común entre todos los magnicidios es que no se llegó nunca a los autores intelectuales.

El sumario del caso de Prim quedó inconcluso y hasta desapareció del Supremo durante décadas. La reconstrucción posterior ha mostrado que faltan numerosas partes.

Mateo Morral, que intentó asesinar a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia el día de su boda (1906), fue encontrado muerto junto al cadáver de un guarda que, según la versión oficial, le había detenido. El cuerpo de Morral mostraba un disparo en el pecho incompatible con un suicidio. Se juzgó a varios cómplices y supuestos inductores. Tres anarquistas recibieron condenas bajas y Francisco Ferrer Guardia fue absuelto. Los condenados recibieron un indulto al año siguiente. ¿Miedo de los jueces y ministros a ser objeto de atentados?

Manuel Pardiñas Serrano, asesino de José Canalejas (1912), también se suicidó para evitar ser detenido por la inoperante escolta del político liberal. De la misma manera que Morral, sus heridas mortales se consideran irrealizables por un suicida.

Antes de que se cumpliesen dos semanas de las amenazas de muerte contra Antonio Maura pronunciadas el 7 de julio de 1910 en el Congreso por el socialista Pablo Iglesias, Manuel Posas Roca, militante del Partido Radical y habitual en la casa del pueblo, disparó tres veces al ex presidente del Gobierno. El juez le condenó a menos de cuatro años de prisión porque consideró que el terrorista no quería matar al político conservador, sino sólo llamar la atención. ¡Y luego hay funcionarios que se atreven a pedir a los ciudadanos lealtad a este Estado!

En sus juicios, los asesinos de Cánovas y Dato justificaron sus crímenes por la represión que el Gobierno aplicaba contra los anarquistas. Y ahí se detuvo la curiosidad judicial y la académica.

El atentado contra Carrero Blanco, en el que murieron tres personas, también se quedó sin juicio, aunque el sumario concluyó su instrucción en mayo de 1977. La razón es que la amnistía exigida por la izquierda y los nacionalistas fue aprobada por las Cortes en octubre de 1977 y se extendió a los autores materiales. Años más tarde, el juez declaró que había encontrado obstáculos en su investigación que le impidieron pasar de los autores materiales a los intelectuales.

Cuando hay voluntad, no hay misterio
Sin embargo, cuando el Estado quiere, se llega hasta el final. La prueba es la investigación del asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo, en julio de 1936. Las autoridades del Frente Popular pusieron todo tipo de trabas al juez, Ursicino Gómez Carbajo; y cuando se dieron cuenta de su independencia le destituyeron y sustituyeron por un juez especial, Eduardo Iglesias Portal. El 25 de julio, con España en llamas, una banda de milicianos robó el sumario a punta de pistola en el Supremo. Ese verano, murieron el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, jefe del comando terrorista, y el pistolero socialista Luis Cuenca, ambos relacionados con Indalecio Prieto.

A pesar de la desaparición del sumario y de los dos principales implicados, después de la guerra se reconstruyó la investigación de manera tan correcta que la ‘historiografía de choque’ izquierdista sólo puede ensuciar el nombre del muerto con acusaciones de estar implicado en la conspiración que condujo al alzamiento y hasta de haber sido asesinado por otros conspiradores.

Otra de las preguntas que deberíamos hacernos es la de por qué otros atentados terroristas, como el 11-M, no se investigan con parecida diligencia. La respuesta es porque falta voluntad política.

Autores intelectuales
Quienes sufrieron atentados a principios del siglo XX fueron políticos destacados que tenían proyectos para modificar el agonizante sistema de la Restauración y, también, el carácter para aplicarlos, sobre todo Maura y Canalejas. En cambio, a los políticos mediocres como Francisco Silvela, Práxedes Sagasta y Segismundo Moret, las balas anarquistas no les rozaron.

Quizás una explicación a tanto magnicidio haya que buscarlo, junto en el gusto de la izquierda por la violencia, en que las víctimas, con sus reformas, podían perjudicar a los beneficiarios del ‘statu quo’… o a quienes esperaban sustituir al régimen decadente.

Un ejemplo de mezquindad por parte de sectores de las clases altas y sus políticos fue el boicoteo de los planes de los ministros Santiago Alba (liberal) y José Calvo Sotelo (corporativista) para gravar la riqueza obtenida por los industriales durante la neutralidad en la Gran Guerra. Francesc Cambó se jactó de haber tumbado el presupuesto de Alba de 1916, porque introducía un impuesto a los beneficios extraordinarios y, además, quería vengarse de las medidas contra el catalanismo tomadas por el liberal cuando fue ministro de Gobernación. Y a Calvo Sotelo se le llamó “ministro bolchevique”.

En su discurso de condena del atentado contra Maura, Canalejas enunció una de las consecuencias del pistolerismo:
“Llegará un día, si tales fieras se desatan de sus cubiles, en que nuestras esposas y nuestros hijos considerarán tal vez una desgracia aquello que debiera ser nuestra gloria más grande: el estar al frente de los destinos de España”

Y para evitar, en vez de la gloria, el martirio, muchos hombres valiosos de esa época pudieron dar un paso atrás, o dudar cuando gobernaron.

La izquierda española sigue encerrada en sus fantasmas: Dato, no
José María Marco Libertad Digital 7 Marzo 2021

El 8 de marzo de 1921 caía asesinado Eduardo Dato en la Plaza de la Independencia, en Madrid. El coche en el que volvía a su casa, ya bien entrada la tarde, fue tiroteado por tres pistoleros anarquistas que lo esperaban dando vueltas en una motocicleta con sidecar que habían comprado en Barcelona. Con él murió un ayudante que iba en el coche. Dato parece haberse mostrado algo fatalista en estos últimos meses de su vida. No desconocía los riesgos que corría y había sufrido otro atentado poco antes. Aun así, no se aumentó la vigilancia.

El asesinato de Dato está relacionado con la represión ejercida por Martínez Anido en Barcelona, para la detención del terrorismo sindicalista. La acción de Martínez Anido, sin embargo, no era del gusto de Dato y tuvo que aceptarla por presión de la patronal catalana, que no encontró mejor manera de parar el pistolerismo ácrata que exigir mano dura.

Si algo había caracterizado la acción de Eduardo dato era, precisamente, su voluntad de reformar la legislación social en línea con las preocupaciones de su época, y muy particularmente del conservadurismo liberal, ajeno desde hacía mucho tiempo al individualismo prevalente en el liberalismo del siglo XIX y preocupado por la influencia de los revolucionarios, socialistas, anarquistas y, ya a principios de los años veinte, de los comunistas triunfantes en Rusia.

Su obra empezó muchos años antes, a principios de siglo, cuando, adscrito desde joven al Partido Liberal Conservador canovista y siendo ministro de Gobernación y luego de Gracia y Justicia en el gabinete de Francisco Silvela, promulgó la ley de accidentes de trabajo y la de protección laboral de mujeres y niños. Fueron dos leyes clave para el arranque de la legislación social en nuestro país, y lo fueron también para promover el asociacionismo entre los trabajadores. También entonces promovió, con Antonio Maura, su rival años más tarde en el Partido Conservador, la ley de descanso dominical. En 1920, cuando presidió su tercer y último gobierno, Dato creó el Ministerio de Trabajo. Fue la forma en la que aquel gran conservador intentó encauzar la negociación colectiva, lejos del enfrentamiento y confiado en la acción del Estado. Gracia a sus medidas económicas, en esos mismos años de gobierno arrancó un ciclo de crecimiento (más del 7% anual) que continuaría durante la dictadura de Primo de Rivera y sentó las bases de una modernización y una prosperidad que la Segunda República se encargó de echar a perder.

Las preocupaciones sociales de Dato, basadas en una reflexión permanente y un conocimiento profundo del pensamiento social y político de su época, son consecuencia de su conservadurismo. Dato es la encarnación misma de un cierta forma de ser conservador, distinta de la de Antonio Maura y ajena -por completo- a la histeria regeneracionista -es decir nacionalista. Para Dato, las reformas, incluso las más necesarias en apariencia, no podían nunca ir más allá de lo que la sociedad estaba dispuesta a admitir. Fue un hombre del equilibrio y de la negociación, un poco como los “oportunistas” que fundaron la Tercera República Francesa, y el apelativo de “idóneo” con el que le quisieron desacreditar los mauristas cuando sustituyó a su antiguo jefe a la cabeza del Partido Conservador, expresa bien, como el de “oportunista”, su significado: el de un pragmatismo guiado por la atención meticulosa a la realidad social y la voluntad de inscribir su acción en la larga duración, lejos de los espasmos de tono revolucionario y -el término vuelve- regeneracionista.

Por la misma razón, supo mantenerse firme cuando lo consideró necesario. Demostró una extraordinaria habilidad desmantelando la sublevación revolucionaria de 1917, en la que coincidieron los militares descontentos, un PSOE embarcado con la CNT en una insurrección armada que era un auténtico golpe de Estado; unos reformistas que vieron la ocasión de imponer al régimen su voluntad y los nacionalistas catalanes. Pronto estos habían contradicho la confianza que el régimen depositó en ellos, primero con Maura y luego con la Ley de Mancomunidades, que Dato heredó de Canalejas -también asesinado- y promulgó por Real Decreto en 1913. Los protagonistas del drama español del siglo XX (y el del siglo XXI, probablemente), con un nacionalismo centrífugo, y al cabo antiespañol, y un socialismo antidemocrático, llevaron a cabo entonces y primer ensayo general con todo.

A Dato se debe también la decisión de no intervenir en la Primera Guerra Mundial. Así evitó a su país los horrores de aquella hecatombe. Lo hizo de acuerdo con el Rey Alfonso XIII y con plena conciencia de la posición de la opinión pública, que a pesar de la inclinación de España hacia la alianza de Francia, Inglaterra y Rusia, no consideraba aquel conflicto como algo propio. Otra pieza de su legado, fielmente imitado por dirigentes posteriores, tan distintos como Azaña (neutralista obsesivo en su momento) y Franco.

Como es bien sabido, hoy el PSOE se ha negado a que el Congreso de los Diputados recuerde el asesinato de Dato con el pretexto de haber sido VOX el patrocinador del homenaje. “Dato, no”, se podría decir. La izquierda española sigue encerrada en sus fantasmas. Y nosotros con ella.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

¿Se puede ser más idiota que la derecha española?
EDUARDO INDA okdiario 7 Marzo 2021

Tengo una buena relación con José María Aznar desde los tiempos en los que él era el presidente y yo un veinteañero corresponsal político del diario El Mundo en Moncloa. No soy sospechoso de aversión al personaje, al que suelo calificar como el mejor presidente de la democracia porque es de justicia. No todos los mandatos crece el PIB a un promedio del 4%, ni nadie en 45 años ha conseguido crear 4,5 millones de puestos de trabajo en ocho años. Bueno, destruirlos, sí, José Luis Rodríguez Zapatero, pero generarlos, lo que se dice generarlos, ni dios, salvo el señor del bigote de la calle de Ibiza de Madrid.

El cuarto presidente de la democracia ostenta, además, otro récord. Nos situó en la primera división mundial merced a ese pacto con George W. Bush y Tony Blair que va mucho más allá de la criticadísima foto de Las Azores. Aquella entente, que nos devolvía al primer plano mundial desde esos tiempos de Felipe II cuando éramos un imperio en el que nunca se ponía el sol, facilitó la llegada de dinero occidental a espuertas y el nihil obstat de la CIA a que las empresas españolas irrumpieran como Pedro por su casa en el patio trasero de América. ¿Por qué se creen ustedes que Santander es uno de los mayores bancos de Brasil, BBVA el número 1 de México y Teléfonica la gran Telecom de Iberoamérica? ¿Por nuestra cara bonita o por haber respaldado al primo de Zumosol del planeta?

Aznar fue un tan excepcional como acomplejado presidente. Su pleitesía infinita a Jordi Pujol representó el principio del fin del PP en Cataluña y la mayor cesión de competencias de la historia con las consecuencias por todos conocidas. Su pecado capital, sin embargo, lo constituye el acomplejamiento permanente ante los medios izquierdosos en general y ante el Grupo Prisa en particular. Eso no me lo han dicho ni me lo han contado, lo vi y lo viví durante los dos años que permanecí pegado a la chepa presidencial. Y también lo padecí: Moncloa trataba tan bien informativamente hablando al periodista de El País, Luis Rodríguez Aizpeolea, antiguo empleado del filoterrorista Egin, como a un servidor, a la sazón representante de un diario de centroderecha.

Así se escribe la historia. El karma acabó por poner en su sitio a José María Aznar López. Los medios a los que había protegido, empezando por la cadena Ser y el embustero El País, lo masacraron a modo y manera durante las 96 horas que transcurrieron entre los atentados yihadistas del 11 de marzo y la celebración de las elecciones. Al punto que aquellas masacres, que se cobraron la vida de 191 compatriotas, cambiaron —para mal, obviamente— la historia de España para siempre. Rajoy perdió unas elecciones que tenía ganadas el domingo anterior y Aznar se las piró como un apestado habiendo sido con los números en la mano el mejor de los mejores.

Por eso aluciné el domingo pasado cuando le vi concediendo la primera entrevista con motivo del XXV aniversario de la gran victoria del 3 de marzo de 1996 a Jordi Évole, un independentista de extrema izquierda cuya gran afición es despellejar a la derecha con verdades, medias verdades y, las más de las veces, con trolas como la copa de un pino. “Se ha vuelto loco”, mascullé para mis adentros recordando la eterna idiocia de la derecha española. Ni Aznar pudo caer más bajo, ni Évole llegar más alto. El mérito del podemita follonero es tan indiscutible como la ingenuidad, rayana con la imbecilidad, del marido de Ana Botella.

Évole quedó como un champ y Aznar como un membrillo. Cómo serán las cosas que sus ex colaboradores lo quieren matar y sus más próximos creen que ha perdido el oremus. Cómo serán las cosas que su núcleo de fieles se reduce a día de hoy a Javier Zarzalejos, autor de la jaimitada del discurso de Casado en la moción de censura, y a una mente privilegiada, Germán Alcayde, su jefe de gabinete. Realmente se lució cuando el amiguete del narcodictador Maduro le preguntó por el cobro de sobresueldos desvelado por el arriba firmante el 18 de enero de 2013. “Jamás recibí sobresueldos”, espetó a su interlocutor. Cuando este último repreguntó, lio la mundial: “Sólo pongo la mano en el fuego por mí. Los demás que pongan la mano en el fuego donde quieran”. La cara de estupefacción de sus antiguos lugartenientes y el consiguiente envío y reenvío de whatsapp fue frenético pasadas las diez y media de la noche del domingo pasado.

Las carcajadas de su círculo más íntimo en los buenos tiempos se oían en Sebastopol cuando limitó la brutal corrupción en Génova 13 en su época a “alguna acción irregular”. Es para mear y no echar gota teniendo en cuenta que han pasado o están en la trena Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Francisco Correa, Pablo Crespo, El Bigotes, Guillermo Ortega, Arturo González Panero, Ignacio González, Francisco Granados y, desgraciadamente, un largo y mucho me temo que inacabable etcétera.

José María Aznar es el epítome de una derecha que es tan eficaz gestionando este país como idiota perdida orgánicamente y no digamos ya cuando le toca hacer oposición. Son una panda de masoquistas patológicos. ¿Cómo si no, se explica que ese gran presidente que puede ser Pablo Casado cometiera, perdón, perpetrara, el error de principiante que supuso espetarle a Santiago Abascal en la moción de censura una frase que le acompañará hasta la tumba? ¿Cómo carajo se le ocurre soltar a un tipo que lleva escolta desde los 19 años, que tiene entre sus correligionarios a un tal José Antonio Ortega Lara, eso de que “pisotea el tributo de sangre” de los dirigentes del PP asesinados por ETA?

Aquella imbecilidad hizo las delicias de Pedro Sánchez y del vicedelincuente Iglesias. Pero ni el uno ni el otro esperaban, ni por lo más remoto, que a la mañana siguiente el Partido Popular votase lo mismo que ellos, que los golpistas de ERC y que los bilduetarras: “No”. Aunque fuera por razones diametralmente opuestas. Pablo Casado se pasó por el arco del triunfo el consejo de la legión de amigos que le insistimos la virtuosidad de la abstención y, lo que es peor, se ciscó en esa derecha sociológica que es prácticamente la misma numéricamente hablando que dio la mayoría absoluta a Aznar en 2000 y la que encumbró en 2011 al Mariano Rajoy de los 186 escaños.

Lo de las derechas a veces parece una competición de cebollinos. A ver quién hace más el zopenco en menos tiempo. Lo de las huestes de Vox respaldando por omisión el decreto que otorga a Moncloa el manejo exclusivo de los 140.000 millones que vendrán cual Plan Marshall de Europa es para hacérselo mirar. A estas alturas continúo desconociendo si fue porque aún no se enteran de qué va la vaina, tal vez porque ha habido maniobras orquestales en la oscuridad, lo cierto es que sus 52 “síes” permitirán a Pedro Sánchez e Iván Redondo, a su Gabinete en definitiva, decidir a dónde va ese pastizal. Y conociendo el percal, muy especialmente el que les rodea con la delincuencia podemita a la cabeza, las posibilidades de que eso acabe como la Cueva de Alí Baba rozan el infinito. Ojo al dato: el 3% de 140.000 millones son 4.200 millones, más de lo que ha robado Nicolás Maduro durante su tiranía.

Casado no sólo se esnafró en Cataluña por el caso Bárcenas y las trampas de Fiscalía en plena campaña, que también, Casado se rompió la crisma en la tierra de Josep Pla lisa y llanamente porque volvió a pegar un metafórico corte de mangas a la derecha sociológica. Fichar de número 2 en la lista por Barcelona a la ex líder de Ciudadanos Lorena Roldán, podía haber constituido un golpe de efecto sideral si no fuera por un pequeño problema que hubiera detectado con tan solo consultar la hemeroteca de OKDIARIO. La susodicha participó en una Diada independentista con un grupo ataviado de esteladas. Y convertir en la 3 de Alejandro Fernández a Eva Parera, ex baranda de Convergència i Unió, fue un disparate estratosférico. Si le contamos que la celebérrima entrevista en La Razón no la protagonizó ella sino un baranda de ERC o Junts per Catalunya, ustedes se lo creerían a pies juntillas: “La sentencia del 1-O fue un error, no tenemos que tener miedo a la palabra indulto”. Consecuencia: el PP acabó peor que el Titanic frente a las costas de Terranova.

Lo de Inés Arrimadas también es ver y no creer. Tomar un partido que hace no tanto, ni siquiera dos años, se metió en el bolsillo 57 diputados, y prostituirlo ideológicamente para convertirlo en el tonto útil de Pedro Sánchez no tiene perdón de Dios. Con el socio de Iglesias, Otegi y Junqueras no se puede ir ni a heredar el patrimonio de Amancio Ortega o Bill Gates.

Todo ello por no mentar al periodismo de centroderecha o derecha patrio, que va a esos maravillosos y necesarios combates dialécticos que constituyen las tertulias con una bandera blanca permanentemente en la mano. “Sí, Antonio Maestre tiene razón”, “Comparto tu opinión, Juan Carlos [Monedero]”, “Jesús [Cintora], me lo has quitado de la boca”, son algunas de las perlas que los acomplejados plumillas del espectro ideológico de la derecha dedican día sí, día también, a gente que en cualquier país occidental serían lo que deben de ser, lumpen. El ultraizquierdista Maestre, más conocido como Miguel Lacambra, un faker profesional, el presunto delincuente Monedero y ese periodista de cámara de Pablo Iglesias que es Cintora no pueden tener sistemáticamente la razón. Más bien lo contrario: están equivocados siempre o casi siempre. Son el embuste por sistema. El pensamiento único. El cinismo permanente.

Por eso aplaudo a rabiar a dirigentes como Almeida o como Ayuso que no sólo son unos extraordinarios administradores de la res publica sino, además, personas que se visten por los pies. Que no se avergüenzan de pertenecer a esa España liberal y constitucional que nos ha dado los mayores momentos de gloria y prosperidad en 43 años por no decir en toda nuestra historia. Que afirman con orgullo: “Sí, somos españoles”, “sí, ésta es nuestra bandera” y “mis principios y mis valores son mejores que los tuyos”. Que se ciscan en el pensamiento único, que van a ver a Pablo Motos y salen por la puerta grande al más puro estilo José Tomás. Que les preparan la campaña de agit-prop más vil de la historia y no sólo no se arrugan sino que salen fortalecidos de ella. Algo parecido sucede con Santiago Abascal, al que se le podrán discutir algunas cosas pero no su nulo acomplejamiento, su honradez personal y su impecable trayectoria democrática y constitucional.

Ha llegado el momento de transformar esta derecha tontita en una listita. De frenar ese achique de espacios al que le somete desde hace 17 años ese centroizquierda que con Zapatero se largó en masa a la extrema izquierda. A los de enfrente, a los del pensamiento único, a los perdonavidas de la retroprogresía, hay que gritarles la frase proverbial: “Somos más [numéricamente] y mejores [intelectualmente]”. La España del doctor muerte Pedro Sánchez, del terrorista Otegi, del machaca de Maduro y Jamenei y del golpista Junqueras o el cobarde Puigdemont ni puede ni debe dar una sola lección más a la España liberal. Y que los tres líderes de esa mayoría natural tengan siempre presente lo que replicaba Forrest Gump cuando le llamaban tonto: “Yo no soy tonto, tonto es el que hace tonterías”. Pues eso, Pablo, Santi e Inés. Dejad de hacer tanto el tonto y uníos de una puñetera vez para evitar que tengamos Sánchez e Iglesias hasta 2040. Pongo punto y final respondiendo a la pregunta del titular: “De momento, no”.

Eduardo Dato y la izquierda como negación
Francisco José Contreras Libertad Digital 7 Marzo 2021

De Iglesias Pose a Iglesias Turrión, se trata siempre de negar y destruir (“Queremos la muerte de la Iglesia […]; para ello educamos a los hombres, y así les quitamos la conciencia”, proclamaba el mismo año del asesinato de Dato el fundador del PSOE en el congreso del partido en Gijón).

El político conservador Eduardo Dato fue presidente del Gobierno de España –presidente del Consejo de Ministros, se decía entonces- en tres etapas de la monarquía de Alfonso XIII (1913-15, julio a noviembre de 1917, 1920-21). Antes, como ministro de Gobernación, había impulsado la Ley de Accidentes de Trabajo (1900) que estableció el primer sistema de seguros sociales. Como ministro de Justicia promovió la Ley de Descanso Dominical y medidas de alfabetización y reducción de la pobreza. Creó el Instituto de Reformas Sociales, embrión del Ministerio de Trabajo. Era presidente en el momento del estallido de la Primera Guerra Mundial y tuvo el buen sentido de mantener a España apartada del conflicto.

El pago por todo ello fue su asesinato por pistoleros anarquistas el 8 de marzo de 1921. La violencia de ultraizquierda ya se había cobrado las vidas de dos presidentes (Cánovas en 1897, Canalejas en 1912), amén de múltiples ataques terroristas indiscriminados como la bomba del Liceo, el atentado contra el Corpus de Barcelona en 1896 o el del cortejo nupcial de Alfonso XIII en 1906. Mientras en gran parte de Europa el socialismo evolucionaba hacía la vía pacífica-reformista de los Kautsky, Bernstein, etc., la izquierda española seguía instalada en la radicalidad, sin que hubiera demasiadas diferencias entre la vesania anarquista y la actitud del PSOE, que apoyó la Semana Trágica de Barcelona (1909), la huelga general revolucionaria de 1917 y había proclamado en 1910 por boca de Pablo Iglesias (el mismo que amenazaba con “el atentado personal” al presidente Maura) que el programa socialista consistía en “la supresión de la magistratura, de la Iglesia y del Ejército”.

El Grupo Parlamentario de VOX presentó hace dos semanas en la Comisión de Cultura del Congreso una Proposición No de Ley que exhortaba al Gobierno a conmemorar debidamente el centenario del asesinato de Eduardo Dato. La proposición fue rechazada por el rodillo izquierda+nacionalistas que decanta casi todas las votaciones esta legislatura. Pero resultó reveladora la intervención del portavoz socialista Vicent Sarrià: comenzó ponderando la figura de Dato, reconociendo que merecía homenaje… Pero añadió después que el PSOE votaría en contra por venir la propuesta de VOX: “Dato se habría avergonzado de ustedes”.

Qué quieren que les diga: casi nos honra merecer tanto desprecio de alguien como Sarrià (no le pagamos con la misma moneda: habíamos votado hace unas semanas a favor de una PNL del PSOE sobre difusión de la obra de Carmen Laforet, y lo hemos hecho otras veces, atendiendo al contenido de las propuestas y sin mirar de quién vienen).

Pero Sarrià se inscribe, lo sepa o no (más bien no), en una larga tradición de sectarismo. Si la negatividad –el rechazo de lo heredado y lo vigente- es, como decía Scruton, la esencia de la izquierda en general, la española siempre cultivó el resentimiento con especial esmero. De Iglesias Pose a Iglesias Turrión, se trata siempre de negar y destruir (“Queremos la muerte de la Iglesia […]; para ello educamos a los hombres, y así les quitamos la conciencia”, proclamaba el mismo año del asesinato de Dato el fundador del PSOE en el congreso del partido en Gijón).

El sectarismo que impide hoy al PSOE apoyar nuestra propuesta es el mismo que, en 1931, planteó la Segunda República, no como continuación, aunque fuese bajo una nueva forma de Estado, de los aciertos reformistas de Maura o Dato, sino como “vasta empresa de demoliciones” (Azaña dixit) ejecutada por “los gruesos batallones populares encauzados al objetivo que la inteligencia [la de Azaña, claro] les señale”. Azaña estaba obsesionado con que España no había tenido revolución liberal en el siglo XIX, y planteó la República como revolución desde arriba, creyendo que el PSOE bolchevizado de Largo Caballero se iba a dejar dirigir como “batallón”. De ahí que la Constitución de 1931, con su sectarismo anticatólico, pudiese ser tachada andando el tiempo por el presidente Alcalá Zamora como “una Constitución para la guerra civil”. Fue una República sólo para republicanos, que celebró su advenimiento con la quema de conventos del 11 de mayo, expulsó a órdenes religiosas y prohibió a otras la enseñanza, tipificó como delito la “apología del régimen monárquico” (la nueva Ley de Memoria Democrática pretende hacer lo propio con el franquismo) y secuestró periódicos y ordenó destierros sin juicio mediante la Ley de Defensa de la República. Cuando la derecha ganó las elecciones en buena lid en 1933, la izquierda respondió con el intento de golpe de 1934, rompiendo la baraja (“en democracia hablan las urnas, no las balas”, dijo Lincoln) y abocando al país a la Guerra Civil, como reconocería el neutral Salvador de Madariaga.

Del “Maura no” al antifranquismo, de la renovada monarcofobia al “cordón sanitario a VOX”, la izquierda española siempre ha sido primordialmente “anti-“. Ahora están manos a la obra con el régimen de 1978, entendido por Podemos y un PSOE neocaballerista como continuación del franquismo por otros medios. Hay que frenarlos.

Francisco José Contreras es diputado de Vox por Sevilla.


Recortes de Prensa   Página Inicial