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El 8-M que disparó la pandemia
EDITORIAL Libertad Digital 8 Marzo 2021
Se cumple un año de las masivas manifestaciones del feminismo
radical, promovidas por el Gobierno a pesar de que ya contaba con
datos fehacientes que demostraban el riesgo pavoroso de autorizar
tan ingentes concentraciones ciudadanas. El 8-M de 2020, es un
hecho, disparó los contagios en toda España y llevó a la Sanidad,
desprotegida por la inacción de un Ejecutivo repleto de
incompetentes, a una situación límite que desembocó en unas cifras
de contagios y fallecidos muy superiores a la del resto de países
desarrollados.
La primera fila de la principal concentración feminista del año
pasado, celebrada en Madrid, estuvo ocupada por la mujer del
presidente del Gobierno y no pocas ministras, casi todas las cuales
resultaron contagiadas. Se cumplía así el vaticinio lanzado por los
expertos del propio Ejecutivo, cuyos informes de Inteligencia ya
alertaban desde hacía varias semanas del riesgo de permitir eventos
multitudinarios. La propia OMS venía advirtiendo desde finales de
enero de que estábamos ante una terrible pandemia de consecuencias
probablemente devastadoras para la salud y la economía, pero nada de
eso hizo mella en la actitud cerril de los izquierdistas radicales
encaramados al Gobierno, que utilizaron su posición para autorizar y
promover unas convocatorias callejeras que iban a su favor y en
contra de los partidos de la oposición.
Mención aparte merece el genuflexo Fernando Simón, que en una
demostración bochornosa de sumisión ideológica alentó las algaradas
ultrafeministas, a sabiendas del terrible riesgo que iban a suponer
para todos los participantes.
Cien mil compatriotas muertos después, Sánchez da orden de prohibir
las marchas del feminismo izquierdista, lo que supone una confesión
involuntaria de culpabilidad por no haber hecho lo mismo el 8 de
marzo de 2020, cuando ya había muertos en Europa, eventos mundiales
como el Mobile World Congress se habían cancelado y todas las
alertas estaban disparadas al máximo nivel por lo que se nos venía
encima.
El Gobierno socialcomunista, muy a su pesar (solo hay que ver la
rabieta infantil de Irene Montero y sus colegas podemitas), ha
decidido este año no autorizar las movilizaciones
radical-feministas, lo que supone un doble beneficio: Además de
preservar la salud de todos, nos evitaran la vergüenza ajena de
asistir a unas algaradas que, en lugar de reivindicar una igualdad
ya existente, dan cabida a todo tipo de eslóganes liberticidas en
contra de la tradición judeocristiana, los derechos individuales y
el libre mercado, precisamente las instituciones que más han hecho
para alcanzar la igualdad de que disfrutamos todas las personas en
una democracia liberal.
El secreto del Consejo de Estado: así ayudó a Sánchez a esconder su
informe
El Gobierno hizo lo posible para esconder un informe decisivo sobre
los Fondos Europeos, que solo se dio a conocer con el "engaño"
culminado. Ésta es la secuencia documentada que siguió.
Javier Rodríguez España esdiario 8 Marzo 2021
Pedro Sánchez logró aprobar el Real Decreto que le permite gestionar
personalmente los Fondos Europeos sin dar cuenta de informe del
Consejo de Estado que, a lo largo de 97 páginas, denunciaba los
peligros de ese procedimiento. Ni el Gobierno se lo mostró al
Congreso ni el Consejo de Estado lo hizo público hasta que la
aprobación estuvo consumada.
Y no fue un error ni un olvido ni una casualidad. La reconstrucción
documental elaborada por ESdiario evidencia cómo el órgano
consultivo por excelencia del país hizo todo lo posible por auxiliar
a Moncloa en su ceremonia de opacidad: se negó reiteradamente a
informar a este periódico, que cursó formalmente la petición de la
información y, cuando ya se hizo pública, alegó explicaciones
directamente falsas. Ésta es la historia.
Un informe escondido
La publicación del demoledor dictamen del Consejo de Estado relativo
al reparto de los fondos europeos ha puesto en entredicho,
paradójicamente, el carácter independiente del máximo órgano
consultivo del país. Solo la presión, tanto política como mediática,
ha hecho posible que se conociera el contenido de un documento que
ha dejado en evidencia la arbitrariedad con la que se pretende
distribuir el 'maná' europeo y la falta de controles existentes para
ello.
El informe del Consejo de Estado ocultado alerta del descontrol de
los fondos europeos
Pablo Casado levantó la liebre hace un mes en el Congreso al
desvelar que existía un informe del que no se había informado a las
Cortes, algo que Presidencia justificó alegando que no era
preceptivo y que por tanto no era necesario hacerlo público.
Sin embargo, ahora, un mes después de que se desatase la polémica,
el informe apareció publicado el pasado lunes en la web del Consejo
de Estado, abriendo numerosas incógnitas al respecto, no solo por el
contenido, sino por la forma en la que se ha dado a conocer a la
opinión pública. ¿Quién ha decidido darle difusión? ¿Por qué ahora y
no antes? Son solo algunas de las preguntas que surgen al respecto.
ESdiario, que había pedido del Consejo de Estado el pasado 4 de
febrero el acceso a dicho informe, fue contestado de manera
inmediata desde el mismo con un simple y contundente “el asunto por
el que se interesa lo tiene que pedir a PRESIDENCIA, RELAC.CON LAS
CORTES Y MEM. DEMOCRÁTICA” (sic).
Días después, el dictamen fue objeto de conocimiento público, una
vez que la presión política y mediática alcanzaba su punto álgido.
Dado que el Gobierno no había hecho público el mencionado Dictamen,
el 1 de marzo ESdiario volvía a preguntar al Consejo de Estado
cuáles eran las razones de su cambio de postura, solicitando las
pertinentes explicaciones y quién o quiénes habían ordenado esa
publicación en la web del Consejo, y si obedecía a alguna indicación
o instrucción impartida por Moncloa, que no había hecho público tal
informe.
Según las respuestas dadas por la Directora de Comunicación del
Consejo de Estado, Nuria Ribas, "el Consejo de Estado no puede hacer
público ninguno de sus dictámenes hasta que el organismo consultante
no lo haga público primero o nos dé luz verde para hacerlo público
nosotros".
"Es por esta razón que hace un mes, cuando usted nos pidió por
primera vez el dictamen, tuvimos que remitirle al organismo
consultante, en este caso Vicepresidencia Primera del Gobierno. Esta
fue nuestra respuesta a absolutamente todos los medios de
comunicación que nos lo pidieron. Porque debía ser Vicepresidencia
quién lo repartiera en todo caso entre los medios".
La conexión con Moncloa
Para concluir que afirmando que "el Gobierno decidió hacerlo público
y, por tanto, nosotros ya pudimos colgarlo en nuestra web como
hacemos con todos nuestros dictámenes cuando se hacen públicos por
parte del consultante".
Sin embargo, ESdiario ha podido comprobar que ese informe no se ha
hecho púbico por parte del Gobierno, en contra de lo afirmado desde
el Consejo de Estado, y a pesar de que el mismo trascendiera de
manera notoria, poniendo así en entredicho las afirmaciones
recogidas y alentando así las especulaciones sobre esta polémica y
la cada vez mayor sospecha de que Moncloa se ha servido del Consejo
de Estado, presidido por María Teresa Fernández de la Vega,
exvicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para
salir de la polémica generada en este asunto.
Moncloa se llena de "lobistas" y conseguidores atraídos por los
fondos europeos
Este periódico solicitó el pasado 4 de febrero a Presidencia el
acceso al mismo Dictamen. Fue el Subsecretario de la Presidencia,
Antonio Hidalgo López, quien con fecha 2 de marzo contestaba a
ESdiario: "El Consejo ha publicado el dictamen a que se refiere la
solicitud en su propia página web, en la sección de “Actualidad”.
Las contradicciones
Lo sorprendente es que fue este mismo Alto Cargo quien reconocía que
el Gobierno no lo había hecho público todavía, dejando en entredicho
las declaraciones efectuadas desde el propio Consejo de Estado, al
afirmar que "próximamente se publicará en la base de datos de
dictámenes del Consejo de Estado, que se alberga en el Boletín
Oficial del Estado", algo que aún no ha ocurrido.
Una nueva treta del Gobierno de Sánchez para ocultar un informe, que
de haberse conocido antes, habría puesto en peligro la aprobación
del real decreto, que sorprendentemente salió adelante gracias a la
abstención de Vox, arrepentido días después tras conocer el
contenido del dictamen.
El Consejo de Estado, según la secuencia de hechos y documentos
reunida por ESdiario, se dedicó a auxiliar a Moncloa en la difusión
de sus propios informes y, cuando no quedó más remedio que darlos a
conocer, ofreció explicaciones incompletas o directamente falsas.
Con tipos como Rodríguez se entiende que Podemos no condene la
violencia
OKDIARIO 8 Marzo 2021
Otro dirigente de Podemos, en este caso su número 3, Alberto
Rodríguez, que se sentará en el banquillo. El Tribunal Supremo,
según ha podido saber OKDIARIO, lo llevará a juicio por un presunto
delito de lesiones y otro de atentado contra la autoridad por patear
a un policía nacional durante las protestas estudiantiles contra la
ley Wert que se produjeron en Canarias hace siete años. No es el
primer miembro de Podemos que será juzgado por agredir a un miembro
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Isabel Serra fue
condenada a 19 meses de prisión por atacar a un policía durante un
desahucio), pero sí el primer diputado de la formación morada que es
procesado. Lo juzgará el Supremo por su condición de aforado,
privilegio que Podemos tildaba de «medieval», pero que ha llevado al
extremo de que el Congreso tuviera que votar sí a la concesión de su
suplicatorio.
Alberto Rodríguez ya estuvo investigado en otra causa judicial
abierta, que tuvo que ser archivada porque prescribió el delito
debido a su condición de aforado. Esta vez, según ha podido saber
OKDIARIO, la instrucción será breve, puesto que ya se había
realizado y completado la misma en un juzgado canario antes de que
fuera diputado. Ya le ha sido tomada declaración y las pruebas
periciales que constan en el sumario se pueden utilizar de la
anterior instrucción. En lugar de reconocer los hechos y pedir
perdón, lo que hizo Rodríguez es seguir la vieja estrategia de
Podemos: negarlo todo y asegurar que «todo era un montaje policial
contra su partido», una estupidez de tamaño sideral porque cuando se
inició el procedimiento ni siquiera tenía acta de diputado.
Si como parece previsible el número 3 de la formación morada es
condenado tendrá que abandonar su escaño en el Congreso. Ahora se
entiende que Podemos avale y jalee a los terroristas callejeros que
han desatado la violencia en Barcelona y Madrid, arremetiendo
brutalmente contra la Policía. Con los antecedentes de Isabel Serra
y Alberto Rodríguez, todo encaja.
Por qué un trabajador asalariado no debe votar jamás a la izquierda
Pedro de Tena Libertad Digital 8 Marzo 2021
Este será el título de un libro que aún no ha sido escrito. En la
izquierda española es muy popular el dicho de que no hay nada más
tonto que un obrero de derechas. La afirmación se inscribe en una
visión simplista de la historia como historia de la lucha de clases.
En la perspectiva que se oculta, las derechas, en todos los países y
en todas sus formas, sostienen un modo capitalista de organizar la
economía que se juzga hostil a los intereses “objetivos” de los
trabajadores asalariados, intereses “de clase”, no individuales. Lo
que sea una clase ni siquiera fue definido por Marx en ninguno de
sus escritos.
Tales presuntos intereses “objetivos” de clase sólo pueden ser
descifrados y definidos por las direcciones de los partidos
socialcomunistas que disponen de la ciencia indiscutible y
definitiva para interpretar todo lo pasado y todo lo porvenir: el
marxismo, ciencia y método de análisis que, por cierto, floreció en
la segunda mitad del siglo XIX, antes de las grandes teorías
científicas que hoy sustentan la revolución tecnológica vigente.
Consecuentemente, los millones de trabajadores asalariados son
“propiedad” política de la izquierda socialcomunista que se erige en
su representante. Sus muchos votos deben ir a parar siempre a la
izquierda y las derechas no deben penetrar en sus cercados
electorales, memez que hasta ahora se han creído.
Unas primeras notas para este libro futuro que debe escribirse son
las que siguen:
a) La “clase” trabajadora u obrera u asalariada es un concepto
abstracto, no una realidad vital. Lo real es cada trabajador con
nombre, apellidos, biografía, familia, tradiciones, creencias,
valores adquiridos, reflexiones habidas, aspiraciones y proyectos de
vida. Un obrero, del sexo que sea, ni es anónimo ni es parte
indistinguible de una masa, ni es meramente una mano alzada sin DNI,
manipulada por agitadores y temerosa de sus sicarios, en una
multitud amorfa sino un voto necesario para el gobierno de una
sociedad, derecho derivado de su condición de ciudadano y persona
dotada de libertad.
b) Aunque el modo capitalista de organizar la producción y
comercialización de bienes y servicios presenta problemas, vicios y
desajustes, es el único que ha hecho progresar realmente a toda la
especie humana sobre el planeta Tierra. Muy especialmente desde la
primera globalización iniciada por España la pobreza y la
desigualdad se han ido reduciendo hasta nuestros días. Igualmente
redujo la “pobreza política” al defender los “derechos humanos”, la
democracia y las sociedades abiertas.
c) Como Max Weber vio con suma claridad hace un siglo, “los
trabajadores se darían bien pronto cuenta de esto: que la suerte del
obrero en una mina no cambia lo más mínimo porque la mina sea de
propiedad privada o estatal. La vida de un minero en una mina de
carbón del Sarre es exactamente igual que en una mina privada: si
está mal dirigida, esto es, si es poco rentable, también a la gente
le va igual de mal.” O sea una parte importantísima de la sociedad
seguirá compuesta por trabajadores asalariados, de un empresario o
del Estado, y las desigualdades persistirían, como ocurrió en la
URSS, ocurre en China, Cuba o Venezuela.
d) Pero entre las sociedades abiertas que prefieren el capitalismo y
las sociedades cerradas del socialcomunismo hay una diferencia
esencial: los derechos y los mecanismos de defensa ante el poder del
Estado y los poderes económico desaparecen bajo la “dictadura del
proletariado”. Punteemos algunos ejemplos:
En las democracias, hay derechos individuales de voto, de huelga, de
asociación, de expresión y manifestación que serían prohibidos por
los dictadores socialcomunistas.
-En las democracias, hay derecho de propiedad sobre lo que puede
adquirirse con el fruto del trabajo y el ingenio y derecho a heredar
el fruto del trabajo de la familia. Esos derechos se perderían.
En las democracias hay libertades como cambiar de residencia, de
país, de compañía eléctrica, de gas, de Internet, de lecturas, de
emisora de radio , de canal de TV, de supermercado, de coche, de
banco que dejarían de existir en el caso del triunfo del
socialcomunismo por su apropiación total de los medios de producción
y consumo.
En las democracias, si la justicia es realmente independiente, el
trabajador asalariado tiene oportunidad de defensa judicial frente a
los grandes poderes, defensa inexistente en un régimen
socialcomunista.
En las democracias, con esfuerzo, es posible elegir una educación
para los hijos, profesar y practicar una religión familiar,
construir una empresa con ahorros y préstamos, disponer de una red
de salud, pública o privada…
Como aperitivo, creo que vale. El libro que proponemos es necesario.
Seguramente, no hay nada más inteligente que el que los trabajadores
asalariados de cualquier tipo voten a las derechas. De los autónomos
ya ni hablamos. Que las derechas acepten lo contrario da una idea de
su servidumbre intelectual y moral y es lo que permite la hegemonía
de las izquierdas socialcomunistas.
El enredo de la izquierda
Jorge Mestre. okdiario 8 Marzo 2021
Feminismo o autoderminación de género. La izquierda ha caído presa
en sus propias contradicciones de las políticas identitarias. Si
hace bien poco su bandera era la del feminismo hegemónico, ese mismo
que llegó a convertirse en tan peligroso como el propio machismo que
afirmaba combatir, la bandera que enarbola ahora el nuevo marxismo
es la propia de negación del género.
Lo que pretenden es que el sexo no sea un hecho biológico sino una
preferencia personal del individuo, de modo que para ser mujer baste
con afirmarlo, creérselo y no serlo biológicamente. ¿Tantos años
haciendo valer sus derechos como mujeres para que llegue ahora Irene
Montero y diga que, dado que un 97% de nuestro organismo es líquido,
el género es también algo fluido? Pero lo que preconiza la ministra
no es otra cosa que la tendencia imperante del desvarío de la
corrección política.
Buen ejemplo de ello es lo ocurrido con los conocidos juguetes del
“Sr. Potato” y la “Sra. Potato”. Hasbro, el fabricante, ha decidido
retirar el tratamiento “Sr.” o “Sra.” de las cajas de esos juguetes
porque según la compañía “no se quiere limitar la identidad de
género de los niños y sus estructuras familiares”. Lo que se
pretende es que las patatas de plástico no tengan identidad de
género y que sean los propios menores quienes le asignen uno en
función de los elementos identificativos que le añadan.
Imagino que la empresa sabe que esto no va a disparar sus ventas y
que sirve poco más que para captar elogios y cientos de likes en las
redes sociales. Me parece preocupante cuando los fabricantes de
juguetes se sienten obligados a deshacerse de los calificativos de
género porque temen que, si respaldan la norma establecida, están
contribuyendo a mantener una estructura de poder inventada,
sinsentido y chirriante. Que yo sepa nadie le pidió a Hasbro que se
pronunciara sobre la identidad de género. Como tampoco le pidió
nadie a una conocida marcas de galletas que tuitease hace poco “las
personas trans existen” porque al parecer habían sido acusados de
discriminación.
El delirio ‘progre’ ha llegado hasta el Elíseo que habita el
presidente francés, Emmanuel Macron. Él junto al partido hermano del
PP en Francia, Los Republicanos, ha promovido un proyecto de ley
para prohibir el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales.
Allí como aquí aparecen los políticos neomarxistas, que sin saber
nada de lingüística, tratan de agredir salvajemente el idioma
inventándose formas de género inexistentes en el diccionario como
“portavozas” para luego derivar en el lenguaje neutro e imponernos
fórmulas imposibles, innecesarias e inútiles que satisfacen a ellos
y a sus “amig@s”.
La estupidez humana en política, en ocasiones, no conoce barreras
porque lamentablemente quienes administran desde el sectarismo el
dinero público lo hacen en beneficio sólo de sus prejuicios y
percepciones de la realidad. ¿Que será lo siguiente?
La izquierda se ha lanzado a ocupar el ámbito de la ficción
televisiva. La última moda de los ex presidentes demócratas
estadounidenses, sí esos del partido de Biden que niegan la llamada
a Pedro Sánchez a la par que jalean a Black Lives Matter, no es ya
escribir sus memorias biográficas, que en casos como el de Obama
aburren al personal con sus peroratas y pretenden transformar sus
errores en gestas. Barack Obama ha montado una empresa, Higher
Ground Productions, que produce ‘Renegades’, un podcast en el que
junto a Bruce Springsteen vincula su vida con la historia más amplia
de Estados Unidos. Auténtico mesianismo.
Su mujer no se queda corta. Netflix estrenará en breve “Waffles +
Mochi”, un programa infantil con Michelle Obama hablando sobre
alimentación saludable. Por otra parte, Hillary Clinton y su hija
Chelsea han montado otra productora que ha vendido ya un programa a
Apple TV.
No quiero imaginar de lo que podría salir de la factoría Pedro
Sánchez si se pone a copiar a sus colegas estadounidenses, con lo
que a él le gusta copiar en el amplio sentido de la palabra. De
Moncloa Producciones a Pinocho Producciones media un trecho menos
insalvable de lo que uno cree. Lo que cabe preguntarse es si los
españoles tendrían buenas tragaderas para seguir un podcast de las
ensoñaciones del rey monclovita o verlo pasear por Netflix. El
rodaje ya lo ha iniciado.
Twitter: http://www.twitter.com/jorgemestre
¿Sale gratis robarle a los parados andaluces?
Editorial Estrella Digital
De manera injustificadamente asidua se sostiene en España la
expresión de que al que la hace no le pasa nada nunca o al que la
hace le sale gratis siempre. Y no es así. No es norma implacable,
desde luego; porque ello revelaría no la emergencia o consolidación
de una sociedad enferma sino de un Estado de Derecho y una
Administración de Justicia derruidos el uno y la otra, atascados en
el fango y la miseria.
Tres socialistas andaluces tienen reservada plaza en prisión durante
un tiempo por cobrar mordidas a los parados. Se trata de dirigentes
de la Fundación Guadalquivir, condenados finalmente a nueve años de
prisión, pese a que las acusaciones pedían penas que llegaban a
superar los treinta. No habrá juicio porque se ha alcanzado un
acuerdo con la Fiscalía por parte de los culpables: Ángeles Muñoz,
su hijo Cristian Menacho y José Antonio González; los tres atentaron
contra el derecho de los trabajadores e incurrieron en fraude de
subvenciones en las administraciones públicas.
El nivel de golfería y sinvergonzonería es ‘top’ cuando hay personas
que se dedican, delictivamente y sin tregua, a detraer dinero de las
nóminas de decenas de empleados contratados gracias a ayudas de la
Junta de Andalucía, reduciendo así su jornada laboral. Con el Código
Penal en la mano, poca escapatoria tienen a la estancia, durante un
periodo, entre barrotes. Pero habrá que esperar.
La Audiencia Provincial de Córdoba podría aún suspender la pena y el
ingreso en prisión, en base a que los acusados no tienen condenas
anteriores y harán frente al pago de todas las indemnizaciones y
multas que su deplorable conducta acarrea. La ley es la ley, y hay
que respetar su aplicación, pero sería un final decepcionante.
Al más puro estilo mafioso, estos individuos no sólo cobraban las
mordidas detrayendo parte del salario pagado en metálico de forma
directa, sino que forzaban un compromiso de donación por
transferencia posterior al ingreso de la nómina, también coaccionado
éste por amenaza de despido.
Los artífices de comportamientos, en organización y planificación
repetida una y otra vez, más dignos de la camorra napolitana, ni
pueden ni deben irse de rositas. Nunca debería ser así.
Las obscenidades de la política española
Amando de Miguel Libertad Digital 8 Marzo 2021
No es que algunas personas de la camada de “los que mandan” terminen
como delincuentes. Sin llegar a tanto, son muchos los que, con sus
acciones, penetrados del veneno del poder, lastiman el más elemental
sentido del pudor de los contribuyentes. Vean, por ejemplo, la
descarada trifulca, entre socialistas y “peperos”, por la repartija
de los altos nombramientos de jueces y otros altos puestos en
ciertos organismos de control del Gobierno. Durante el tiempo que
dominó el “turnismo” de los dos grandes partidos (conservadores y
socialistas) en el poder, la disputa, mal que bien, no pasó de
algunos escarceos y componendas. Pero, ahora, la repartija se ha
hecho áspera. La razón es simple. Si bien se mira, el “turnismo” de
los dos grandes partidos, que llenó cuatro decenios de Transición
democrática, se ha terminado. Ya, no hay dos partidos dominantes,
sino un variado abanico de ellos. Son varios los que aspiran a
conseguir alguna tajada en el nombramiento de “uno de los suyos”
para los organismos de control (el Poder Judicial, Radiotelevisión
Española, el Defensor del Pueblo). Quedan otras fuerzas políticas,
ausentes de la repartija. Con lo cual las disputas entre los
contendientes se hacen, particularmente, híspidas. Nos acercamos,
más bien, a un régimen oligárquico con una apariencia de pluralismo.
En las democracias más asentadas, todas esas controversias por el
reparto del poder se suavizan por el juego de “frenos y contrapesos”
de unas u otras instancias. Sin embargo, en el caso español actual,
las controversias se enconan por el temor, que inspira a los que
mandan, del reconocimiento de la verdad. Por eso predomina el uso de
la retórica, el recubrimiento de los hechos por la propaganda.
La verdad se asocia con la luz, la claridad. Los antiguos egipcios
recurrían al ideograma del Sol para representar la verdad. En estos
tiempos nuestros de aguda confusión, no quedan iconos para dar idea
de lo verdadero. Se ha llegado a que algunos capitostes se exhiban
en “conferencias prensa” sin admitir preguntas de los periodistas.
Es igual, aunque se les permita preguntar, lo que no cabe es
repreguntar, como vemos en otros países. Qué pocas veces hemos
asistido al encomiable espectáculo de un periodista, que interpela
al político en la tribuna de la conferencia de prensa: “Perdone,
usted; no me ha contestado a la pregunta”. Es muy frecuente que, en
tales situaciones y en entrevistas ante los medios, el político,
simplemente, en lugar de contestar a la pregunta, se salga por los
cerros de Úbeda. (La historia del dicho es que algunas huestes
españolas se perdieron, intencionadamente, por esos cerros, con tal
de no presentarse a la batalla de las Navas de Tolosa).
El desconcierto de la política española es que la misión de los que
mandan se sustancia en la capacidad de conceder ayudas económicas a
los “suyos” con el dinero público. Todo, formalmente, dentro de la
mayor legalidad. No digamos cuando, tras esa fuente regular, se
avizora la catarata de los miles de millones de euros, procedentes
de Bruselas, por mor de la crisis económica y la pandemia. Se
adivinan toda suerte de nepotismos, en el sentido de que la
“familia” es, ahora, el partido.
Sería de desear que concluyera la vergonzosa institución del ingente
volumen de dinero público, asignado a los partidos, en proporción a
los votos recibidos en las urnas. En su día, fue una buena
determinación para que se pusiera en marcha el nuevo régimen
democrático; hoy, parece un abuso. El ideal sería que los partidos
pudieran costear sus gastos con las cuotas y las ayudas de los
socios y simpatizantes. Debería hacerse como un ejercicio fiscal muy
transparente. Ya sé que es una utopía; por soñar, que no quede.
Radiografía del turismo: así se ahoga el motor económico de España
José María Rotellar Libertad Digital 8 Marzo 2021
Los principales destinos turísticos sufren una caída sin precedentes
en la llegada de turistas extranjeros.
Si decíamos en otro articulo que la actividad económica de comercio,
turismo, ocio y hostelería está sufriendo un grave perjuicio
económico, si ponemos la lupa en el turismo el panorama es muy
preocupante, porque representa entre el 6% y el 8% de nuestra
actividad económica, de manera directa, que puede llegar a ser entre
el 12% y el 16% de manera indirecta o crecer hasta más del 20% al
incluir de manera extendida otros servicios.
Pues bien, junto al análisis que incluíamos de llegada de turistas
internacionales en términos interanuales, si ahora le añadimos la
comparación con el comportamiento de 2019 en sus mismos meses y el
gasto diario de los turistas, entonces el quebranto se acrecienta.
Para comenzar, los principales destinos turísticos sufren una caída
sin precedentes en la llegada de turistas extranjeros:
En cuanto al gasto de turistas, también se desploma, al quedarse en
696 millones de euros en diciembre, y ser de 19.740 millones en el
conjunto del año.
De nuevo, se notan las nuevas restricciones del último trimestre, ya
que el descenso interanual del conjunto del año es de un 78,5%, que
se eleva a una caída interanual del 86,1% en el mes de diciembre.
Eso nos lleva a que el gasto medio por turista descienda también,
tanto en el acumulado del año como en diciembre, quedándose, en
ambos casos, por debajo de 1.100 euros.
Como consecuencia, también baja el gasto medio diario por turista
extranjero, hasta quedarse en 109 euros en diciembre y 133 euros en
el conjunto del año.
Como ya decíamos, no se puede repetir un verano como el de 2020 ni
seguir con estas restricciones, porque está ahogando un sector que
es elemento tractor para la economía nacional, y como los turistas
se vayan a otros lugares este verano por no haber sido capaces de
vacunar en España, entonces recuperarlos puede ser una tarea muy
costosa, con alto riesgo de no conseguirlo, elemento que
perjudicaría notablemente a nuestra economía.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Un año de pandemia
Las 100 mentiras del Gobierno en un año de pandemia de coronavirus
Pelayo Barro okdiario 8 Marzo 2021
Este 8 de marzo se cumple un año desde que el Gobierno, horas
después de permitir las manifestaciones feministas del 8M, ‘detectó’
que el riesgo del coronavirus se había agudizado. Esos «datos
preocupantes» que el Ejecutivo de Sánchez dijo conocer justo tras la
jornada de protesta elevaron la alerta a «contención reforzada». En
sólo unos días, la situación había escalado hasta tal punto que se
decretó el estado de alarma y se confinó a 47 millones de españoles.
Lo que vino después, además de los millones de contagios y más de
100.000 fallecidos, fue una sucesión de graves errores de gestión,
mentiras y despropósitos por parte del Gobierno que quedan
reflejadas en estos 100 puntos:
1. El viernes 13 de marzo de 2020 los muertos en España superan el
centenar, pero Sánchez desvela 24 horas antes que va a decretar el
estado de alarma. Un anuncio anticipado e insólito que provoca
multitud de desplazamientos por el país antes del cerrojazo,
contribuyendo a la difusión del virus.
2. El Gobierno había destituido en enero a José Antonio Nieto,
responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Policía Nacional que recomendó desde enero evitar aglomeraciones y
prepararse para una epidemia.
3. Sánchez decreta el 14 de marzo el estado de alarma por 15 días y
confina a 47 millones de españoles. Lo hace en una rueda de prensa
en la que Moncloa ha filtrado previamente las preguntas, un sistema
polémico que durará semanas.
4. Pablo Iglesias se salta la cuarentena tras el positivo de su
pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y asiste de forma
presencial y sin mascarilla al Consejo de Ministros del 14 de marzo.
5. El Ministerio de Sanidad sólo contabiliza las muertes
hospitalarias ratificadas por una prueba PCR, a diferencia del
sistema seguido por algunos comunidades en base a los registros de
las funerarias.
6. El Gobierno prepara un contrato macro de adquisición de material
sanitario procedente de China con un fondo de 1.000 millones. Lo
hace días después de decretar el estado de alarma. Queda acreditado
que desoyó las alertas internacionales lanzadas desde la OMS, que
desde hacía una semana ya consideraba la situación como pandemia. No
hizo aprovisionamiento de material, pese a que el 22 de enero el
ministro Illa había asegurado que España estaba «sobradamente
preparada» para hacer frente a la epidemia.
7. Sanidad, incapaz de encontrar material de seguridad para sus
sanitarios, que han recurrido a pertrecharse con bolsas de basura
ante la falta de trajes, recurre al mercado chino. Lo hace con el
mercado «tensionado» y pagando hasta 20 veces más caras las
mascarillas, por ejemplo.
8. Ante el cariz que adquieren los acontecimientos en las
residencias, Iglesias se pone al frente de la situación el 19-M por
delegación del mando único. Anuncia un ayuda de 300 millones para
atajar urgentemente la enorme letalidad que muestran estos centros,
pero ese dinero no será transferido a las comunidades hasta finales
de abril. Fecha en la que lo peor ya había pasado.
9. Sánchez inaugura el 22 de marzo su Aló Presidente de los fines de
semana, con convocatorias de prensa en las que las preguntas son
filtradas dando voz a medios ‘amigos’ y minimizando las cuestiones
críticas. Ese día asegura que España ha comprado test rápidos
«homologados y fiables». En cambio, la partida será devuelta días
después por su baja sensibilidad. Primera estafa de material
descubierta.
10. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, reconoce que
el Gobierno conocía la gravedad del coronavirus desde enero.
11. El ministro Illa se niega a revelar el nombre del «proveedor
habitual» de Sanidad de los test defectuosos de la firma china
Bioeasy. Semanas después trasciende que fue Interpharma, un
laboratorio de cosmética. Los contratos de compra de material,
afectados por la ley del estado de alarma, dejan de mostrar los
pliegos y los detalles afectando gravemente a la transparencia.
12. El principal sindicato de funcionarios CSIF se querella contra
el Gobierno por homicidio imprudente al desoír los avisos de la OMS.
Los sindicatos médicos, como CESM, reclaman ante los juzgados que se
de material de protección a los sanitarios: España está marcando
récords mundiales de profesionales infectados.
13. Salvador Illa impone que los profesionales sanitarios infectados
vuelvan al trabajo en siete días, aún sin estar curados e incluso
sin hacerles un test PCR. Días después, Sanidad rectifica el
documento y les insta a terminar el aislamiento.
14. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoce en
una entrevista que «las advertencias sobre la gravedad las teníamos,
desde enero, desde que vimos lo que estaba pasando en China».
15. Con 13.798 muertos por coronavirus, Televisión Española estrena
en horario de máxima audiencia Diarios de una cuarentena, que se
publicita como «serie de humor». Los métodos del Gobierno para tapar
el duelo, que posteriormente se unirán a un documento de Sanidad en
el que recomienda que para afrontar muertes es mejor «no buscar
culpables». «No nos sirve para mejorar, produce el efecto
contrario».
16. Pedro Sánchez miente en el Congreso de los Diputados al afirmar
que España «es el país que primero tomó medidas de confinamiento en
todo occidente, el primero. Lo hicimos solamente con 120
fallecidos».
17. Un fake más de Sánchez, cuando dice que «este estudio, el de la
Universidad de Oxford, otorga a España la puntuación más alta de los
países occidentales» en la respuesta frente al coronavirus. Los
datos del estudio le desmienten radicalmente: España reaccionó al
nivel de Afganistán o Botsuana.
18. La OMS alerta el 10 de abril de un «rebrote mortal si se
levantan las medidas de confinamiento demasiado rápido», pero sólo
tres días después se produce la vuelta al trabajo de los
trabajadores no esenciales.
19. Los trabajadores no esenciales vuelven a sus puestos sin pruebas
PCR masivas, ni tomas de temperatura. Millones de españoles vuelven
a sus centros de trabajo con una sola instrucción: llevar mascarilla
en el transporte público. Ni siquiera se exige en entornos cerrados.
En febrero, el director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aseguró que no eran
«necesarias».
20. El Gobierno mantiene la opacidad sobre la cifra de muertos en
las residencias de ancianos. Se niega a aportar cifras y dice que lo
hará «más adelante».
21. Sanitarios de distintas comunidades usan durante días
mascarillas defectuosas de la marca china Garry Galaxy adquiridas
por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad tiene que retirarlas. No
se realiza un estudio en profundidad para conocer los efectos de
este grave error sobre la salud de los sanitarios.
22. Moncloa revela que el Gobierno autorizó 480 manifestaciones el
8-M por toda España (sin incluir los datos de Cataluña), a las que
asistieron 600.979 personas. El virus ya estaba desbocado para
entonces.
23. Se prohíbe tajantemente la celebración de ritos religiosos en
público durante la Semana, pero se permite el rezo de musulmanes en
plena calle en El Vendrell (Tarragona). La Policía, con órdenes de
impedir cualquier tipo de reunión en la vía pública, contempla el
rezo de lejos.
34. El general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la
Guardia Civil, confiesa que rastrean las redes «para minimizar el
clima contrario al Gobierno». El ministro Grande-Marlaska habla de
«lapsus». Sin embargo, semanas después se dará orden expresa de que
finalicen estas tareas tras la polémica suscitada.
25. Los perfiles del Ministerio de Sanidad en Facebook comienzan a
mostrar una actividad inusitada. Miles de ‘me gustas’ a sus mensajes
oficiales posicionan sus publicaciones, pero los usuarios que están
detrás son falsos: cientos de perfiles fake de mujeres tras los que
hay robots. Sanidad se desentiende y dice que no tiene nada que ver.
26. El Tribunal Supremo ordena al Ministerio de Sanidad que provea
de equipos de protección al personal sanitario. Es una demanda
presentada por los propios sanitarios ante el silencio de la
Administración. España tiene el doble de profesionales contagiados
que el resto de países.
27. Los mayores de 80 años son apeados de las UCI. A mediados de
abril, de 17.084 pacientes de esta edad hospitalizadas por
coronavirus, sólo el 1,4% había accedido a una unidad de cuidados
intensivos.
28. Otra mentira de Grande-Marlaska en prensa: «Hemos sido capaces
de dotarnos de los medios materiales y personales necesarios para
enfrentarnos a una crisis de gravedad manifiesta». Sus agentes,
mientras, suben a redes sociales imágenes de las mascarillas caseras
que les entrega la ciudadanía en comisarías -y miembros de la
comunidad china- ante la escasez de medios.
29. El ministro del Interior falta a la verdad: «España, a día de
hoy, es el país que más test realiza sobre posibles contagiados».
Las estadísticas oficiales de la Universidad de Oxford le desmienten
tajantemente.
30. El Gobierno no explica por qué clasificó como grupos de «baja
probabilidad de exposición» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Los agentes le recuerdan al ministro que llevan en las
calles desde el primer día del estado de alarma.
31. Ningún miembro del Gobierno se recorta el sueldo en solidaridad
con los afectados por la crisis económica derivada del coronavirus.
32. TVE se niega a incluir un crespón negro en su logotipo «para no
preocupar más a la población».
33. Sánchez justifica el mayor número de muertos en España respecto
a otros países aludiendo al «envejecimiento de la población
española». Según Eurostat, España no está siquiera entre los 10
países más envejecidos de la UE.
34. Marlaska admite el 23 de abril que sólo se han hecho 5.000
pruebas PCR a los más de 170.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Es decir, apenas un 3%.
35. El Gobierno desoye al ECDC y se niega a computar todas las
muertes con el coronavirus como causa principal o contribuyente.
También a la OMS. Lo hará durante meses, hasta que en noviembre cede
a la presión y cambia el conteo. Se actualizan las series históricas
y afloran miles de muertos, que serán sumados al total con
cuentagotas inflando el número de muertos diarios.
36. Sanidad rebaja el cómputo oficial de contagiados el 24 de abril
y cambia la metodología, excluyendo a los contagiados detectados en
una prueba rápida de anticuerpos. El Gobierno se lanza a una
estrategia matemática para no salir de la primera ola como el peor
país de Europa.
37. El Consejo General de Enfermería de España presenta una querella
criminal contra Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón. Han
dejado desprotegidos a los sanitarios, denuncian.
38. Tras esgrimir la causa de envejecimiento, Sánchez justifica la
elevada mortandad por coronavirus en España con argumentos
peregrinos como ser un país muy turístico. «No digo que sea la única
causa, digo que puede existir una correlación directa», afirma.
39. El Gobierno autoriza a casi 6 millones de niños a salir a la
calle bajo la norma «un progenitor, una hora, un kilómetro» pero sin
especificar cómo se controlaría el tiempo y la distancia. Primeras
aglomeraciones en las vías.
40. El vicepresidente Pablo Iglesias aparece sin mascarilla en unas
imágenes mientras hacía la compra en un supermercado seguido de sus
escoltas. La mascarilla ya era obligatoria en estos centros.
41. La ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue a lo suyo: «La
situación que atravesamos afecta de manera específica a las personas
LGTBI».
42. La ministra Calviño afirma en mayo que «las estimaciones apuntan
a un impacto poco significativo y transitorio» en la economía.
España acabará 2020 siendo la economía que más retrocedió y la que
tiene peores previsiones de crecimiento del primer mundo.
43. La OCDE le hace la ‘pelota’ a España y la sitúa como uno de los
países que más test hace. Sin embargo, los autores del estudio
advierten que esos datos no son correctos: corrige su ranking de
países y relega a España del puesto octavo al 17º.
44. Pedro Sánchez, doctor en Economía por la UCJC, dice que la Unión
Europea pondrá en marcha un fondo de recuperación de «1,5 trillones
de euros», en lugar de billones.
45. El BOE publica compras millonarias de material sanitario por
parte del Gobierno a empresas de «dirección desconocida». Illa habla
de «error administrativo». Otro bulo del Gobierno: la ministra
Maroto dice que «la buena relación con China ha permitido cerrar con
éxito operaciones comerciales con proveedores fiables».
46. El mes de abril concluye con 41.239 trabajadores sanitarios
contagiados, más de un 20% del total de casos confirmados y la tasa
más alta del mundo.
47. Pese a protagonizar el confinamiento más largo del planeta,
Sánchez sostiene que «hemos limitado en un tiempo récord la
transmisión del virus».
48. El País Vasco se convierte en la única comunidad en la que se
permite la movilidad interprovincial en la fase 1 tras apoyar el PNV
la cuarta prórroga del estado de alarma.
49. La ministra para la Transición Ecológica sostiene que la buena
gestión de Portugal se debe a que el virus «venía del este y ellos
están un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes».
En la misma línea, la vicepresidenta Calvo explica así la fuerte
incidencia del coronavirus en España: «Nueva York, Madrid, Teherán y
Pekín están casi en línea recta y son las grandes ciudades donde se
ha dado un problemón del demonio».
50. Consumo desaconseja el reparto genérico de mascarillas FFP2 a la
población, como el realizado por Madrid, por su alta protección. Se
pronuncia así después de mes y medio de desabastecimiento de estas
mascarillas en centros sanitarios.
51. En plena crisis, el Gobierno aprovecha el Consejo de Ministros
del 28 de abril para engordar la Administración con 11 nuevas
subdirecciones generales.
52. El ministro del Interior lanza otro embuste al señalar que
«todos los funcionarios que han tenido síntomas o que han tenido
relación con un positivo a la Covid-19 han sido sometidos a la
prueba». Los agentes le recuerdan que las órdenes eran irse a casa
sin test.
53. Simón no sabe explicar la diferencia de 5.000 muertos entre los
datos de Sanidad y los de los registros civiles que reflejan el
sistema MoMo. Llega a hablar de un «accidente de tráfico enorme».
54. PSOE y Podemos impulsan una Comisión de Reconstrucción en el
Congreso donde imponen su programa y exigen que no sea un foro de
control al Gobierno. Podemos coloca de vicepresidente de la Comisión
de Reconstrucción al dirigente comunista Enrique Santiago, admirador
de Lenin y abogado de los los grupos terroristas colombianos FARC.
55. El socialista Patxi López, sin estudios universitarios
terminados, es elegido para presidir la Comisión de Reconstrucción.
En Italia, tal encargo lo recibe Vittorio Colao, MBA por Harvard y
ex CEO mundial de Vodafone. El PSOE veta que altos cargos del
Ministerio de Sanidad, como la directora de Salud Pública, Pilar
Aparicio, comparezcan en el Congreso.
56. La CNN le da un revolcón a Sánchez acusándolo directamente de
mentir. La Universidad Johns Hopkins no sitúa a España en el quinto
puesto en la realización de test de coronavirus. Es más, esta
universidad ni siquiera elaboró un ranking con tal comparativa.
57. El Gobierno rectifica para sacar adelante la quinta prórroga y
pacta con Ciudadanos que el estado de alarma se extienda 15 días y
no un mes, como había planteado inicialmente. A su vez, el PSOE
pacta con los proetaras de Bildu la derogación íntegra de la reforma
laboral del PP pese a no ser necesaria su abstención. La ministra
Calviño desmiente que el Gobierno vaya a derogar de urgencia toda la
reforma laboral del PP pese a lo pactado por PSOE y Podemos con
Bildu.
58. El retraso del Gobierno en el pago de los ERTE por parte del
Gobierno genera multitud de protestas en la opinión pública. El
teléfono de atención de los ERTE salta un mensaje automático: «Su
solicitud está en trámite». Lo hace un contestador que ni siquiera
pide nombre, apellidos o identificación del ciudadano interesado en
conocer cómo está su ayuda.
59. La Seguridad Social cobrar las cuotas a 400.000 autónomos pese a
que tenían reconocida la ayuda por cese de actividad.
60. Sánchez tarda más de 70 días desde la declaración del estado de
alarma en decretar el luto oficial. El Gobierno politiza el decreto
de luto oficial: «Es proporcionado expresar el convencimiento de que
la valoración de los cuidados en las decisiones públicas es la
apuesta más fecunda por el futuro».
61. Sánchez usa la tribuna del Congreso y jalea ‘Viva el 8-M’ para
presionar a la juez en el marco de la investigación al delegado del
Gobierno en Madrid, el socialista Franco, por permitir la marcha de
120.000 personas. Sánchez instrumentaliza a la Fiscalía y a la
Abogacía del Estado para frenar, boicotear y atacar la instrucción
del 8-M por parte de la juez Rodríguez-Medel.
62. Interior purga al coronel al frente de la investigación del 8M.
Lo hace en domingo, de noche, y de forma fulminante. La directora
general de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, reconoce que
la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos se debió a que
no dio cuenta al Ejecutivo —algo ilegal— de la investigación del
8-M.
63. La vicepresidenta Calvo desliza que la oposición está detrás de
una intentona de golpe de Estado, con la connivencia de miembros de
la Guardia Civil y la Policía. Moncloa lanza su teoría de la
conspiración. Alegan que eso está detrás de la ‘purga’ que están
viviendo en la cúpula de la Guardia Civil. Sánchez insinúa que
Marlaska purgó a De los Cobos para evitar una «policía patriótica».
64. Interior permite un multitudinario cortejo fúnebre a Julio
Anguita en las calles de Córdoba, mientras prohíbe que más de tres
familiares despidan a los muertos por coronavirus.
65. La Policía identifica a una familia en Madrid por portar una
bandera grande de España con el lema «Gobierno dimisión». Lo vuelve
a hacer en días sucesivos. Los casos de identificaciones por caminar
por la calle con la bandera de España se hacen más comunes.
66. Marlaska obliga a la Guardia Civil a blindar el casoplón de
Pablo Iglesias ante las protestas ciudadanas. Insta a los agentes a
imponer multas de 600 euros a los manifestantes e incluso requisa
las paelleras. Hasta medio centenar de agentes, con una unidad
especial del GRS.
67. El CIS del socialista Tezanos realiza barómetros extra sobre la
crisis del coronavirus para adular al Gobierno. Llega a decir que
conforme empeora la situación económica de España, «mejora la
economía de los españoles».
68. El recuento de fallecidos alcanza el esperpento: casi 2.000
muertos por coronavirus ‘desaparece’ de la estadística oficial. Se
dan por ‘resucitados’. Volverían a las estadísticas tiempo después.
69. El Gobierno pacta la abstención de ERC en la sexta y última
prórroga del estado de alarma a cambio del compromiso de retomar en
julio la mesa de negociación con los separatistas catalanes.
70. El Gobierno permite la llegada de alemanes al país, pero prohíbe
el movimiento entre comunidades. Por ejemplo, no se puede viajar de
Almería a Murcia mientras aterrizan alemanes en España.
71. Fernando Simón, sobre la ocultación de los muertos reales: «Nos
quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora». A 19
de junio, Moncloa sólo reconoce a 28.315 muertos de coronavirus con
PCR.
72. El Gobierno, en base a lo que le dice un «comité de expertos»
que luego se demostraría que tan sólo eran los funcionarios de
Sanidad, impide sistemáticamente a Madrid pasar de fase en la
desescalada.
73. El 10 de junio, Sánchez da «por vencido» al coronavirus. Lo hace
en el Congreso, asumiendo que su gestión ha permitido salvar más de
450.000 vidas. Sin embargo, meses después le enmienda un estudio
matemático elaborado en España: se habrían evitado 23.000 muertos si
se hubiese confinado justo una semana antes de lo que Sánchez lo
hizo.
74. El Gobierno encara el final del verano con la sombra de una
segunda ola en ciernes. Sin embargo, los planes de ‘Vuelta al cole’
siguen en pie: a 3 días de que los alumnos regresen a las aulas, el
Ministerio de Educación aún no ha hecho público el protocolo de
seguridad sanitaria.
75. Madrid empieza a notar cómo aumentan los contagios por el efecto
de la vuelta de vacaciones y propone que se le permita realizar
cribados masivos con test de antígenos. Sanidad se lo niega alegando
que no tienen suficiente sensibilidad pese a que son mucho más
rápidos y no congestionan los laboratorios. Finalmente, tras
semanas, acaba imponiéndose el criterio de Madrid. Los test de
antígenos acabaran siendo la herramienta más eficaz para el rastreo.
76. Moncloa y Sanidad se lanzan a una guerra de datos contra Madrid
alentando las hipótesis de que la Comunidad miente en sus datos y
oculta contagios. Madrid defiende que desde mediados de septiembre
sus positivos están en claro descenso. Las estadísticas de Sanidad
suman 11.000 casos inexistentes en 24 horas para disparar la
incidencia, y rectifican días después.
77. El Gobierno decreta el cierre de Madrid en octubre, en contra de
lo que sostenía la propia Comunidad. Lo hace mediante una simple
orden ministerial firmada por el ministro Salvador Illa. Una
decisión ilegal que terminaría tumbando el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
78. Sanidad miente y dice que en Madrid hay «transmisión
comunitaria» del virus, el nivel más alto de contagios. Sin embargo,
lo que dice Illa no se corresponde con lo que Sanidad transmite a la
UE: no hay transmisión comunitaria en Madrid.
79. Para arreglar el desaguisado de la orden ministerial de Illa,
tumbada por la Justicia, Sánchez convoca un Consejo de Ministros
extraordinario y declara un estado de alarma ad hoc para Madrid. Una
decisión que supone tumbar el modelo de restricciones quirúrgicas
que aplicaba Ayuso y que habían mostrado eficacia durante un mes.
80. España supera el millón de contagiados. Mientras el Gobierno se
enfocaba en Madrid y permitía el movimiento en otras regiones, el
país entra en máximo nivel de riesgo. A finales de octubre se
declara un nuevo decreto de estado de alarma. Coincide con la
inauguración del primer hospital de pandemias de España, el Isabel
Zendal de Madrid. El ministro de Sanidad declina la invitación para
asistir al estreno de las instalaciones.
81. Sánchez maniobra para que el estado de alarma le permita no
comparecer más que lo mínimo y necesario ante el Congreso. Lo pacta
con ERC. Ni siquiera el presidente defiende el estado de alarma en
la Cámara Baja: envía a Illa a hacerlo.
82. El vicepresidente Iglesias se niega en noviembre a comparecer en
la comisión del Parlament que analiza la situación en las
residencias. Iglesias vuelve a negar ser el mando único de las
residencias que él mismo había asumido en marzo.
83. Madrid pide a Sanidad, con una antelación de más de un mes y
medio antes de la Navidad, que se le permita realizar test masivos a
través de las farmacias. El objetivo es que las cenas festivas que
se avecinan se realizan con total seguridad. Tras varias cartas, la
misma respuesta: silencio. Sanidad contestaría finalmente que sí,
pero lo haría dos semanas después de Navidad.
84. El Gobierno prepara un decreto de instrucciones para una
«Navidad segura». Se inventa la figura etérea del «allegado» y habla
de fiestas «a distancia». En el Congreso ni siquiera menciona la
palabra Navidad: habla de «las fiestas del afecto».
85. El 26 de diciembre llegan a España las primeras dosis de la
vacuna con la pegatina de Gobierno. Las imágenes las difunde la
propia Moncloa. Es el único país donde el gobierno ha capitalizado
políticamente esta entrega. En el resto de la UE, las dosis llegan
con la bandera del país receptor.
86. Tras meses negándose, el Gobierno admite el refuerzo de
controles en aeropuertos que le solicitaba Díaz Ayuso. Un estudio
científico posterior retrataría a Sánchez: en el mes de octubre,
durante la fase de explosión de la nueva cepa británica, España fue
el país que más vuelos recibió de la zona de Londres.
87. Lo mismo ocurre con la incipiente cepa brasileña. Una docena de
vuelos procedentes de Brasil han estado entrando en España
semanalmente. El Gobierno ya conocía la existencia de esta variante
pero no se evitaron los vuelos.
88. Con la fiebre por las vacunas aparece el fenómeno de los
‘vacunajetas’, cargos públicos y personalidades que aprovechan su
posición para acceder anticipadamente a una dosis. Varios alcaldes
socialistas son ‘cazados’ colándose. A Fernando Simón le preguntan
por ello y su respuesta deja boquiabierta a España: se puede poner a
«quien pase por allí», algo que contraviene el protocolo de Sanidad
y de la UE.
89. El PSOE nombra al ministro Illa candidato para las elecciones
catalanas. Pasará un mes hasta que dimita de su cargo, tiempo en el
que Sanidad procede a diseñar el reparto de las ansiadas dosis de la
vacuna. Sorpresa: Cataluña recibe más proporcionalmente que Madrid.
La oposición le acusa de usar su cargo para hacer campaña.
90. Hacienda se resiste a bajarle el IVA las mascarillas FFP2. Según
la ministra María Jesús Montero, porque «no son obligatorias». El
Gobierno mantiene la bajada únicamente para las quirúrgicas, que
primeramente intentó evitar su rebaja aduciendo que la UE no le
permitía bajar los impuestos. Una carta oficial de Bruselas le
desmiente: dieron permiso a España en mayo para bajar el IVA.
91. Sanidad desoye las peticiones de 38 expertos para que haga
obligatorias las mascarillas FFP2. El ministerio hace oídos sordos y
sigue manteniendo el criterio impuesto por Fernando Simón: son
«mascarillas egoístas». El Gobierno usa mayoritariamente FFP2.
92. Grande-Marlaska da órdenes a las prisiones para que se permitan
de forma inmediata los ‘bis a bis’ en cárceles, incluso en aquellas
regiones con alto nivel de riesgo de contagio donde se ha cerrado la
hostelería.
93. A principios de enero de 2021 se declara la tercera ola. El plan
de ‘Navidades seguras’ que el Gobierno anunció a bombo y platillo no
ha funcionado. Simón lo explicaría así más tarde: «Lo hemos pasado
mejor de lo que debíamos». Millones de familias pasaron las fiestas
separados.
94. Sanidad vuelve al ataque contra la hostelería y aduce que la
gran mayoría de contagios de la tercera ola se están produciendo en
bares, a pesar de que las estadísticas dicen lo contrario. Se azuza
a las comunidades a endurecer las medidas contra el sector.
95. Sánchez presenta en el Congreso su plan para el reparto de los
fondos de la UE, pero oculta el dictamen del Consejo de Estado que
era crítico con su sistema de control.
96. Las nuevas cepas avanzan mientras desde el Reino Unido avisan
que son más letales y contagiosas. Simón responde minimizando su
impacto en España, que será «marginal». Rectificará 8 días después
para anunciar que, efectivamente, matan más y podrían ser
predominantes en marzo. Empiezan a serlo ya en febrero.
97. Iglesias desenmascarado: apuesto por lo público pero compra
2.000 test privados para su equipo ministerial. Alega, a través de
Transparencia, que lo hace por los «retrasos» de la pública.
98. Sánchez salva la tercera ola sin dar explicaciones en el
Congreso. Desde su última comparecencia se han contagiado más de un
millón de españoles más. Ya superan los 3 millones. Y los muertos,
los 100.000.
99. Casi un año después, el Imserso hace público el primer informe
con cifras oficiales de la mortalidad en residencias: 29.408
personas han fallecido en centros de mayores durante la pandemia. Ni
una palabra del ‘mando único’ Iglesias.
100. Vuelve el 8M. La Delegación del Gobierno de Madrid autoriza
marchas de hasta 500, Sanidad dice que «no ha lugar» y finalmente el
Gobierno da marcha atrás. La ministra de Igualdad, Irene Montero,
anima a las feministas a acudir de todas formas.
Cataluña no encuentra la salida
«Que la sensatez y el interés general se impongan en el Principado
parece una quimera»FE
Editorial larazon 8 Marzo 2021
Cataluña enfila otra fecha decisiva tras las elecciones del 14 de
febrero que depararon el triunfo del PSC, una mayoría separatista y
una abrumadora abstención. Esta semana se debe formar el nuevo
Parlament sin que hasta la fecha las negociaciones a varias bandas
hayan alcanzado otro fruto que no sea expulsar a Vox, y con él a sus
decenas de miles de votantes, de la vida institucional en la Cámara.
Los separatistas se han encargado de despertar de su espejismo a un
Salvador Illa, cuyo efecto devaluado en las urnas se desvanece a
medida de que la ducha fría de la realidad le congela las
expectativas y se le tuercen los renglones a los planes de Moncloa.
ERC, Junts y la CUP parecen condenados a entenderse con la eficiente
y sugerente argamasa del poder y los jugosos réditos que reporta,
pero también es cierto que la animadversión que se profesan los dos
primeros y la indigencia política del tercero cristalizan en una
mezcla inestable, casi explosiva.
La alternativa manejada es el
acuerdo a tres entre ERC, PSC y los comunes, que mandaría a la
oposición a los de Puigdemont y los antisistema, y que agigantaría
el victimismo de ambos y probablemente abonaría sus simpatías entre
el espectro secesionista. En las discusiones en marcha, como ha sido
habitual desde que el procés se puso en marcha, las urgencias de los
ciudadanos tienen una incidencia marginal porque lo que prima es la
confrontación con el Estado y repartirse el pastel. Ni siquiera la
pandemia que se ha cobrado la vida de miles de catalanes y ha
empobrecido a decenas de miles parece contar como un elemento de
inquietud o siquiera de estímulo en la voluntad de los grupos
independentistas y de izquierda por dotar al territorio de la
estabilidad y la seguridad que demanda desde hace años.
Esquerra,
Junts y la CUP permanecen inamovibles en los ejes de la estrategia
que ha conducido a Cataluña a la mayor involución política,
económica y social de la historia de la democracia. Que la amnistía
y el derecho de autodeterminación presidan las discusiones para
formar gobierno no es ya humor negro, que también, sino la
constatación de una clase dirigente desafecta hacia una ciudadanía
sufriente. El efecto Illa, orquestado por La Moncloa durante meses,
debía ser algo así como una catarsis, pero fallaron los cálculos y
los catalanes constitucionalistas decidieron quedarse en casa por
falta de incentivos en la oferta. El 14 de febrero estaba llamado a
ser un punto final a una década tóxica, que había relegado hasta
desactivar a la Cataluña real para levantar el negocio supremacista
que atiende a una inacabable red clientelar. Y no hay muchas
opciones de que ese escenario llegue a ser una realidad. El plante
de la Generalitat separatista al acto de Seat de la pasada semana y
la comprensión cuando no el aliento de las siglas independentistas
al vandalismo callejero en las ciudades catalanas han refrendado
hasta qué punto el Principado está condenado a un bucle degradante y
destructivo. Que la sensatez y el sentido común se impusieran parece
una quimera.
Podemos se suma a PNV, Bildu y separatistas para obligar a los
funcionarios a saber euskera y catalán
Defenderán en el próximo Pleno del Congreso una polémica proposición
no de ley contra el castellano
El Gobierno sostiene que conocer estas lenguas "nunca debe ser
requisito para el acceso a la función publica"
Segundo Sanz okdiario 8 Marzo 2021
El Congreso de los Diputados debatirá en su próximo Pleno una
proposición no de ley suscrita por Podemos, Bildu, PNV y los
separatistas catalanes, entre otros, para «poner fin a la imposición
legal exclusiva del castellano en la normativa estatal» y obligar a
los funcionarios a saber euskera o catalán, según su comunidad, para
acceder a la plaza.
La formación de Pablo Iglesias, pese a formar parte del Gobierno de
España junto al PSOE, suscribió esta iniciativa con los
independentistas, nacionalistas y proetarras el pasado mes de
diciembre y la respaldará ahora en el debate plenario de la Cámara
Baja.
En concreto, el texto de esta iniciativa que defenderá desde la
tribuna el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, quiere que el
Congreso inste al Ejecutivo socialcomunista a «garantizar el deber
de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en
territorios con lengua propia, así como impulsar las medidas
adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas
en sus respectivos territorios».
En la misma línea, otro de los puntos de la parte dispositiva llama
a «iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas
del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los
mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano».
«Mérito, sí»
Sin embargo, hace un año, el Gobierno de Pedro Sánchez, del que
Podemos forma parte, ya cerró el paso a la exigencia de los
nacionalistas de obligar a los funcionarios de la Administración
General del Estado en País Vasco y Cataluña a saber euskera o
catalán, respectivamente.
En una sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso el 19
de febrero de 2020, la entonces ministra de Función Pública y
Política Territorial, Carolina Darias, hoy titular de Sanidad,
señaló al grupo del PNV, liderado por Aitor Esteban, que el
conocimiento de las lenguas cooficiales «nunca puede ser un
requisito» para el acceso a un puesto como funcionario del Estado,
«aunque sí un mérito». Junto a ello, Darias se comprometió a
impulsar medidas para «proteger el patrimonio lingüístico» también
en la Administración General del Estado.
La ministra contestó así en el Pleno del Congreso a una pregunta de
la diputada del PNV Josune Gorospe, con la siguiente literalidad:
«Hace una recomendación urgente de fomentar el uso del euskera en la
Administración General del Estado en Euskadi, de ahí la pregunta,
¿qué planes tienen?», lanzó la parlamentaria nacionalista a la
ministra.
Ante ello, Darias manifestó que el Instituto de Administración
Pública (INAP) ofrece formación a los funcionarios del Estado, pero
al mismo tiempo subrayó que el conocimiento de estas lenguas «nunca
debe ser requisito para el acceso a la función pública; un mérito,
sí». Por su parte, Gorospe replicó a la ministra que el dinero que
destina el Estado a esta cuestión son «migajas» para «maquillar la
situación».
Asimismo, el texto de esta proposición no de ley, que suscribió ERC
en un principio, pero del que retiró después la firma, aboga por
«poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la
normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico
y singularmente al etiquetado, y emprender una política decidida
para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el
conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado».
«En paridad»
En otro de sus puntos, el texto pretende que el Congreso emplace al
Gobierno a «garantizar la igualdad lingüística, extendiendo deberes
y derechos de los que hasta ahora solo se ha beneficiado el
castellano, como son la capacitación en lenguas propias del personal
de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su
uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a
nivel internacional en paridad con el castellano».
En la exposición de motivos de la polémica iniciativa sobre el
catalán y el euskera, Podemos, PNV, Bildu y los separatistas
sostiene que «este Estado, que parte de una tradición monolingüe en
la administración central, debe ser consciente de la situación de
discriminación a la que han sido sometidos los hablantes de estas
lenguas y generar políticas activas de recuperación de su dignidad y
autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos
lingüísticos». Los independentistas catalanes hablan aquí de
«discriminación» hacia el catalán, como si la realidad no fuera
justo lo contrario en las aulas de esta comunidad.
Además, inciden en que presentan esta PNL para «garantizar una
sociedad justa, realmente plural y democrática, con derechos y
deberes efectivamente iguales para todos y no solo para aquellos que
utilizan el castellano». Precisamente, Podemos, que estampó su firma
por medio de la diputada Sofía Castañón, portavoz adjunta, mantiene
que en España no existe «normalidad democrática».
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