AGLI Recortes de Prensa   Lunes  8  Marzo  2021

El 8-M que disparó la pandemia
EDITORIAL Libertad Digital 8 Marzo 2021

Se cumple un año de las masivas manifestaciones del feminismo radical, promovidas por el Gobierno a pesar de que ya contaba con datos fehacientes que demostraban el riesgo pavoroso de autorizar tan ingentes concentraciones ciudadanas. El 8-M de 2020, es un hecho, disparó los contagios en toda España y llevó a la Sanidad, desprotegida por la inacción de un Ejecutivo repleto de incompetentes, a una situación límite que desembocó en unas cifras de contagios y fallecidos muy superiores a la del resto de países desarrollados.

La primera fila de la principal concentración feminista del año pasado, celebrada en Madrid, estuvo ocupada por la mujer del presidente del Gobierno y no pocas ministras, casi todas las cuales resultaron contagiadas. Se cumplía así el vaticinio lanzado por los expertos del propio Ejecutivo, cuyos informes de Inteligencia ya alertaban desde hacía varias semanas del riesgo de permitir eventos multitudinarios. La propia OMS venía advirtiendo desde finales de enero de que estábamos ante una terrible pandemia de consecuencias probablemente devastadoras para la salud y la economía, pero nada de eso hizo mella en la actitud cerril de los izquierdistas radicales encaramados al Gobierno, que utilizaron su posición para autorizar y promover unas convocatorias callejeras que iban a su favor y en contra de los partidos de la oposición.

Mención aparte merece el genuflexo Fernando Simón, que en una demostración bochornosa de sumisión ideológica alentó las algaradas ultrafeministas, a sabiendas del terrible riesgo que iban a suponer para todos los participantes.

Cien mil compatriotas muertos después, Sánchez da orden de prohibir las marchas del feminismo izquierdista, lo que supone una confesión involuntaria de culpabilidad por no haber hecho lo mismo el 8 de marzo de 2020, cuando ya había muertos en Europa, eventos mundiales como el Mobile World Congress se habían cancelado y todas las alertas estaban disparadas al máximo nivel por lo que se nos venía encima.

El Gobierno socialcomunista, muy a su pesar (solo hay que ver la rabieta infantil de Irene Montero y sus colegas podemitas), ha decidido este año no autorizar las movilizaciones radical-feministas, lo que supone un doble beneficio: Además de preservar la salud de todos, nos evitaran la vergüenza ajena de asistir a unas algaradas que, en lugar de reivindicar una igualdad ya existente, dan cabida a todo tipo de eslóganes liberticidas en contra de la tradición judeocristiana, los derechos individuales y el libre mercado, precisamente las instituciones que más han hecho para alcanzar la igualdad de que disfrutamos todas las personas en una democracia liberal.

El secreto del Consejo de Estado: así ayudó a Sánchez a esconder su informe
El Gobierno hizo lo posible para esconder un informe decisivo sobre los Fondos Europeos, que solo se dio a conocer con el "engaño" culminado. Ésta es la secuencia documentada que siguió.
Javier Rodríguez España esdiario 8 Marzo 2021

Pedro Sánchez logró aprobar el Real Decreto que le permite gestionar personalmente los Fondos Europeos sin dar cuenta de informe del Consejo de Estado que, a lo largo de 97 páginas, denunciaba los peligros de ese procedimiento. Ni el Gobierno se lo mostró al Congreso ni el Consejo de Estado lo hizo público hasta que la aprobación estuvo consumada.

Y no fue un error ni un olvido ni una casualidad. La reconstrucción documental elaborada por ESdiario evidencia cómo el órgano consultivo por excelencia del país hizo todo lo posible por auxiliar a Moncloa en su ceremonia de opacidad: se negó reiteradamente a informar a este periódico, que cursó formalmente la petición de la información y, cuando ya se hizo pública, alegó explicaciones directamente falsas. Ésta es la historia.

Un informe escondido
La publicación del demoledor dictamen del Consejo de Estado relativo al reparto de los fondos europeos ha puesto en entredicho, paradójicamente, el carácter independiente del máximo órgano consultivo del país. Solo la presión, tanto política como mediática, ha hecho posible que se conociera el contenido de un documento que ha dejado en evidencia la arbitrariedad con la que se pretende distribuir el 'maná' europeo y la falta de controles existentes para ello.

El informe del Consejo de Estado ocultado alerta del descontrol de los fondos europeos

Pablo Casado levantó la liebre hace un mes en el Congreso al desvelar que existía un informe del que no se había informado a las Cortes, algo que Presidencia justificó alegando que no era preceptivo y que por tanto no era necesario hacerlo público.

Sin embargo, ahora, un mes después de que se desatase la polémica, el informe apareció publicado el pasado lunes en la web del Consejo de Estado, abriendo numerosas incógnitas al respecto, no solo por el contenido, sino por la forma en la que se ha dado a conocer a la opinión pública. ¿Quién ha decidido darle difusión? ¿Por qué ahora y no antes? Son solo algunas de las preguntas que surgen al respecto.

ESdiario, que había pedido del Consejo de Estado el pasado 4 de febrero el acceso a dicho informe, fue contestado de manera inmediata desde el mismo con un simple y contundente “el asunto por el que se interesa lo tiene que pedir a PRESIDENCIA, RELAC.CON LAS CORTES Y MEM. DEMOCRÁTICA” (sic).

Días después, el dictamen fue objeto de conocimiento público, una vez que la presión política y mediática alcanzaba su punto álgido. Dado que el Gobierno no había hecho público el mencionado Dictamen, el 1 de marzo ESdiario volvía a preguntar al Consejo de Estado cuáles eran las razones de su cambio de postura, solicitando las pertinentes explicaciones y quién o quiénes habían ordenado esa publicación en la web del Consejo, y si obedecía a alguna indicación o instrucción impartida por Moncloa, que no había hecho público tal informe.

Según las respuestas dadas por la Directora de Comunicación del Consejo de Estado, Nuria Ribas, "el Consejo de Estado no puede hacer público ninguno de sus dictámenes hasta que el organismo consultante no lo haga público primero o nos dé luz verde para hacerlo público nosotros".

"Es por esta razón que hace un mes, cuando usted nos pidió por primera vez el dictamen, tuvimos que remitirle al organismo consultante, en este caso Vicepresidencia Primera del Gobierno. Esta fue nuestra respuesta a absolutamente todos los medios de comunicación que nos lo pidieron. Porque debía ser Vicepresidencia quién lo repartiera en todo caso entre los medios".

La conexión con Moncloa
Para concluir que afirmando que "el Gobierno decidió hacerlo público y, por tanto, nosotros ya pudimos colgarlo en nuestra web como hacemos con todos nuestros dictámenes cuando se hacen públicos por parte del consultante".

Sin embargo, ESdiario ha podido comprobar que ese informe no se ha hecho púbico por parte del Gobierno, en contra de lo afirmado desde el Consejo de Estado, y a pesar de que el mismo trascendiera de manera notoria, poniendo así en entredicho las afirmaciones recogidas y alentando así las especulaciones sobre esta polémica y la cada vez mayor sospecha de que Moncloa se ha servido del Consejo de Estado, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para salir de la polémica generada en este asunto.

Moncloa se llena de "lobistas" y conseguidores atraídos por los fondos europeos

Este periódico solicitó el pasado 4 de febrero a Presidencia el acceso al mismo Dictamen. Fue el Subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo López, quien con fecha 2 de marzo contestaba a ESdiario: "El Consejo ha publicado el dictamen a que se refiere la solicitud en su propia página web, en la sección de “Actualidad”.

Las contradicciones
Lo sorprendente es que fue este mismo Alto Cargo quien reconocía que el Gobierno no lo había hecho público todavía, dejando en entredicho las declaraciones efectuadas desde el propio Consejo de Estado, al afirmar que "próximamente se publicará en la base de datos de dictámenes del Consejo de Estado, que se alberga en el Boletín Oficial del Estado", algo que aún no ha ocurrido.

Una nueva treta del Gobierno de Sánchez para ocultar un informe, que de haberse conocido antes, habría puesto en peligro la aprobación del real decreto, que sorprendentemente salió adelante gracias a la abstención de Vox, arrepentido días después tras conocer el contenido del dictamen.

El Consejo de Estado, según la secuencia de hechos y documentos reunida por ESdiario, se dedicó a auxiliar a Moncloa en la difusión de sus propios informes y, cuando no quedó más remedio que darlos a conocer, ofreció explicaciones incompletas o directamente falsas.

Con tipos como Rodríguez se entiende que Podemos no condene la violencia
OKDIARIO 8 Marzo 2021

Otro dirigente de Podemos, en este caso su número 3, Alberto Rodríguez, que se sentará en el banquillo. El Tribunal Supremo, según ha podido saber OKDIARIO, lo llevará a juicio por un presunto delito de lesiones y otro de atentado contra la autoridad por patear a un policía nacional durante las protestas estudiantiles contra la ley Wert que se produjeron en Canarias hace siete años. No es el primer miembro de Podemos que será juzgado por agredir a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Isabel Serra fue condenada a 19 meses de prisión por atacar a un policía durante un desahucio), pero sí el primer diputado de la formación morada que es procesado. Lo juzgará el Supremo por su condición de aforado, privilegio que Podemos tildaba de «medieval», pero que ha llevado al extremo de que el Congreso tuviera que votar sí a la concesión de su suplicatorio.

Alberto Rodríguez ya estuvo investigado en otra causa judicial abierta, que tuvo que ser archivada porque prescribió el delito debido a su condición de aforado. Esta vez, según ha podido saber OKDIARIO, la instrucción será breve, puesto que ya se había realizado y completado la misma en un juzgado canario antes de que fuera diputado. Ya le ha sido tomada declaración y las pruebas periciales que constan en el sumario se pueden utilizar de la anterior instrucción. En lugar de reconocer los hechos y pedir perdón, lo que hizo Rodríguez es seguir la vieja estrategia de Podemos: negarlo todo y asegurar que «todo era un montaje policial contra su partido», una estupidez de tamaño sideral porque cuando se inició el procedimiento ni siquiera tenía acta de diputado.

Si como parece previsible el número 3 de la formación morada es condenado tendrá que abandonar su escaño en el Congreso. Ahora se entiende que Podemos avale y jalee a los terroristas callejeros que han desatado la violencia en Barcelona y Madrid, arremetiendo brutalmente contra la Policía. Con los antecedentes de Isabel Serra y Alberto Rodríguez, todo encaja.

Por qué un trabajador asalariado no debe votar jamás a la izquierda
Pedro de Tena Libertad Digital 8 Marzo 2021

Este será el título de un libro que aún no ha sido escrito. En la izquierda española es muy popular el dicho de que no hay nada más tonto que un obrero de derechas. La afirmación se inscribe en una visión simplista de la historia como historia de la lucha de clases. En la perspectiva que se oculta, las derechas, en todos los países y en todas sus formas, sostienen un modo capitalista de organizar la economía que se juzga hostil a los intereses “objetivos” de los trabajadores asalariados, intereses “de clase”, no individuales. Lo que sea una clase ni siquiera fue definido por Marx en ninguno de sus escritos.

Tales presuntos intereses “objetivos” de clase sólo pueden ser descifrados y definidos por las direcciones de los partidos socialcomunistas que disponen de la ciencia indiscutible y definitiva para interpretar todo lo pasado y todo lo porvenir: el marxismo, ciencia y método de análisis que, por cierto, floreció en la segunda mitad del siglo XIX, antes de las grandes teorías científicas que hoy sustentan la revolución tecnológica vigente. Consecuentemente, los millones de trabajadores asalariados son “propiedad” política de la izquierda socialcomunista que se erige en su representante. Sus muchos votos deben ir a parar siempre a la izquierda y las derechas no deben penetrar en sus cercados electorales, memez que hasta ahora se han creído.

Unas primeras notas para este libro futuro que debe escribirse son las que siguen:

a) La “clase” trabajadora u obrera u asalariada es un concepto abstracto, no una realidad vital. Lo real es cada trabajador con nombre, apellidos, biografía, familia, tradiciones, creencias, valores adquiridos, reflexiones habidas, aspiraciones y proyectos de vida. Un obrero, del sexo que sea, ni es anónimo ni es parte indistinguible de una masa, ni es meramente una mano alzada sin DNI, manipulada por agitadores y temerosa de sus sicarios, en una multitud amorfa sino un voto necesario para el gobierno de una sociedad, derecho derivado de su condición de ciudadano y persona dotada de libertad.

b) Aunque el modo capitalista de organizar la producción y comercialización de bienes y servicios presenta problemas, vicios y desajustes, es el único que ha hecho progresar realmente a toda la especie humana sobre el planeta Tierra. Muy especialmente desde la primera globalización iniciada por España la pobreza y la desigualdad se han ido reduciendo hasta nuestros días. Igualmente redujo la “pobreza política” al defender los “derechos humanos”, la democracia y las sociedades abiertas.

c) Como Max Weber vio con suma claridad hace un siglo, “los trabajadores se darían bien pronto cuenta de esto: que la suerte del obrero en una mina no cambia lo más mínimo porque la mina sea de propiedad privada o estatal. La vida de un minero en una mina de carbón del Sarre es exactamente igual que en una mina privada: si está mal dirigida, esto es, si es poco rentable, también a la gente le va igual de mal.” O sea una parte importantísima de la sociedad seguirá compuesta por trabajadores asalariados, de un empresario o del Estado, y las desigualdades persistirían, como ocurrió en la URSS, ocurre en China, Cuba o Venezuela.

d) Pero entre las sociedades abiertas que prefieren el capitalismo y las sociedades cerradas del socialcomunismo hay una diferencia esencial: los derechos y los mecanismos de defensa ante el poder del Estado y los poderes económico desaparecen bajo la “dictadura del proletariado”. Punteemos algunos ejemplos:

En las democracias, hay derechos individuales de voto, de huelga, de asociación, de expresión y manifestación que serían prohibidos por los dictadores socialcomunistas.

-En las democracias, hay derecho de propiedad sobre lo que puede adquirirse con el fruto del trabajo y el ingenio y derecho a heredar el fruto del trabajo de la familia. Esos derechos se perderían.

En las democracias hay libertades como cambiar de residencia, de país, de compañía eléctrica, de gas, de Internet, de lecturas, de emisora de radio , de canal de TV, de supermercado, de coche, de banco que dejarían de existir en el caso del triunfo del socialcomunismo por su apropiación total de los medios de producción y consumo.

En las democracias, si la justicia es realmente independiente, el trabajador asalariado tiene oportunidad de defensa judicial frente a los grandes poderes, defensa inexistente en un régimen socialcomunista.

En las democracias, con esfuerzo, es posible elegir una educación para los hijos, profesar y practicar una religión familiar, construir una empresa con ahorros y préstamos, disponer de una red de salud, pública o privada…

Como aperitivo, creo que vale. El libro que proponemos es necesario. Seguramente, no hay nada más inteligente que el que los trabajadores asalariados de cualquier tipo voten a las derechas. De los autónomos ya ni hablamos. Que las derechas acepten lo contrario da una idea de su servidumbre intelectual y moral y es lo que permite la hegemonía de las izquierdas socialcomunistas.

El enredo de la izquierda
Jorge Mestre. okdiario 8 Marzo 2021

Feminismo o autoderminación de género. La izquierda ha caído presa en sus propias contradicciones de las políticas identitarias. Si hace bien poco su bandera era la del feminismo hegemónico, ese mismo que llegó a convertirse en tan peligroso como el propio machismo que afirmaba combatir, la bandera que enarbola ahora el nuevo marxismo es la propia de negación del género.

Lo que pretenden es que el sexo no sea un hecho biológico sino una preferencia personal del individuo, de modo que para ser mujer baste con afirmarlo, creérselo y no serlo biológicamente. ¿Tantos años haciendo valer sus derechos como mujeres para que llegue ahora Irene Montero y diga que, dado que un 97% de nuestro organismo es líquido, el género es también algo fluido? Pero lo que preconiza la ministra no es otra cosa que la tendencia imperante del desvarío de la corrección política.

Buen ejemplo de ello es lo ocurrido con los conocidos juguetes del “Sr. Potato” y la “Sra. Potato”. Hasbro, el fabricante, ha decidido retirar el tratamiento “Sr.” o “Sra.” de las cajas de esos juguetes porque según la compañía “no se quiere limitar la identidad de género de los niños y sus estructuras familiares”. Lo que se pretende es que las patatas de plástico no tengan identidad de género y que sean los propios menores quienes le asignen uno en función de los elementos identificativos que le añadan.

Imagino que la empresa sabe que esto no va a disparar sus ventas y que sirve poco más que para captar elogios y cientos de likes en las redes sociales. Me parece preocupante cuando los fabricantes de juguetes se sienten obligados a deshacerse de los calificativos de género porque temen que, si respaldan la norma establecida, están contribuyendo a mantener una estructura de poder inventada, sinsentido y chirriante. Que yo sepa nadie le pidió a Hasbro que se pronunciara sobre la identidad de género. Como tampoco le pidió nadie a una conocida marcas de galletas que tuitease hace poco “las personas trans existen” porque al parecer habían sido acusados de discriminación.

El delirio ‘progre’ ha llegado hasta el Elíseo que habita el presidente francés, Emmanuel Macron. Él junto al partido hermano del PP en Francia, Los Republicanos, ha promovido un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales. Allí como aquí aparecen los políticos neomarxistas, que sin saber nada de lingüística, tratan de agredir salvajemente el idioma inventándose formas de género inexistentes en el diccionario como “portavozas” para luego derivar en el lenguaje neutro e imponernos fórmulas imposibles, innecesarias e inútiles que satisfacen a ellos y a sus “amig@s”.

La estupidez humana en política, en ocasiones, no conoce barreras porque lamentablemente quienes administran desde el sectarismo el dinero público lo hacen en beneficio sólo de sus prejuicios y percepciones de la realidad. ¿Que será lo siguiente?

La izquierda se ha lanzado a ocupar el ámbito de la ficción televisiva. La última moda de los ex presidentes demócratas estadounidenses, sí esos del partido de Biden que niegan la llamada a Pedro Sánchez a la par que jalean a Black Lives Matter, no es ya escribir sus memorias biográficas, que en casos como el de Obama aburren al personal con sus peroratas y pretenden transformar sus errores en gestas. Barack Obama ha montado una empresa, Higher Ground Productions, que produce ‘Renegades’, un podcast en el que junto a Bruce Springsteen vincula su vida con la historia más amplia de Estados Unidos. Auténtico mesianismo.

Su mujer no se queda corta. Netflix estrenará en breve “Waffles + Mochi”, un programa infantil con Michelle Obama hablando sobre alimentación saludable. Por otra parte, Hillary Clinton y su hija Chelsea han montado otra productora que ha vendido ya un programa a Apple TV.

No quiero imaginar de lo que podría salir de la factoría Pedro Sánchez si se pone a copiar a sus colegas estadounidenses, con lo que a él le gusta copiar en el amplio sentido de la palabra. De Moncloa Producciones a Pinocho Producciones media un trecho menos insalvable de lo que uno cree. Lo que cabe preguntarse es si los españoles tendrían buenas tragaderas para seguir un podcast de las ensoñaciones del rey monclovita o verlo pasear por Netflix. El rodaje ya lo ha iniciado.

Twitter: http://www.twitter.com/jorgemestre

¿Sale gratis robarle a los parados andaluces?
Editorial Estrella Digital

De manera injustificadamente asidua se sostiene en España la expresión de que al que la hace no le pasa nada nunca o al que la hace le sale gratis siempre. Y no es así. No es norma implacable, desde luego; porque ello revelaría no la emergencia o consolidación de una sociedad enferma sino de un Estado de Derecho y una Administración de Justicia derruidos el uno y la otra, atascados en el fango y la miseria.

Tres socialistas andaluces tienen reservada plaza en prisión durante un tiempo por cobrar mordidas a los parados. Se trata de dirigentes de la Fundación Guadalquivir, condenados finalmente a nueve años de prisión, pese a que las acusaciones pedían penas que llegaban a superar los treinta. No habrá juicio porque se ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por parte de los culpables: Ángeles Muñoz, su hijo Cristian Menacho y José Antonio González; los tres atentaron contra el derecho de los trabajadores e incurrieron en fraude de subvenciones en las administraciones públicas.

El nivel de golfería y sinvergonzonería es ‘top’ cuando hay personas que se dedican, delictivamente y sin tregua, a detraer dinero de las nóminas de decenas de empleados contratados gracias a ayudas de la Junta de Andalucía, reduciendo así su jornada laboral. Con el Código Penal en la mano, poca escapatoria tienen a la estancia, durante un periodo, entre barrotes. Pero habrá que esperar.

La Audiencia Provincial de Córdoba podría aún suspender la pena y el ingreso en prisión, en base a que los acusados no tienen condenas anteriores y harán frente al pago de todas las indemnizaciones y multas que su deplorable conducta acarrea. La ley es la ley, y hay que respetar su aplicación, pero sería un final decepcionante.

Al más puro estilo mafioso, estos individuos no sólo cobraban las mordidas detrayendo parte del salario pagado en metálico de forma directa, sino que forzaban un compromiso de donación por transferencia posterior al ingreso de la nómina, también coaccionado éste por amenaza de despido.

Los artífices de comportamientos, en organización y planificación repetida una y otra vez, más dignos de la camorra napolitana, ni pueden ni deben irse de rositas. Nunca debería ser así.

Las obscenidades de la política española
Amando de Miguel Libertad Digital 8 Marzo 2021

No es que algunas personas de la camada de “los que mandan” terminen como delincuentes. Sin llegar a tanto, son muchos los que, con sus acciones, penetrados del veneno del poder, lastiman el más elemental sentido del pudor de los contribuyentes. Vean, por ejemplo, la descarada trifulca, entre socialistas y “peperos”, por la repartija de los altos nombramientos de jueces y otros altos puestos en ciertos organismos de control del Gobierno. Durante el tiempo que dominó el “turnismo” de los dos grandes partidos (conservadores y socialistas) en el poder, la disputa, mal que bien, no pasó de algunos escarceos y componendas. Pero, ahora, la repartija se ha hecho áspera. La razón es simple. Si bien se mira, el “turnismo” de los dos grandes partidos, que llenó cuatro decenios de Transición democrática, se ha terminado. Ya, no hay dos partidos dominantes, sino un variado abanico de ellos. Son varios los que aspiran a conseguir alguna tajada en el nombramiento de “uno de los suyos” para los organismos de control (el Poder Judicial, Radiotelevisión Española, el Defensor del Pueblo). Quedan otras fuerzas políticas, ausentes de la repartija. Con lo cual las disputas entre los contendientes se hacen, particularmente, híspidas. Nos acercamos, más bien, a un régimen oligárquico con una apariencia de pluralismo.

En las democracias más asentadas, todas esas controversias por el reparto del poder se suavizan por el juego de “frenos y contrapesos” de unas u otras instancias. Sin embargo, en el caso español actual, las controversias se enconan por el temor, que inspira a los que mandan, del reconocimiento de la verdad. Por eso predomina el uso de la retórica, el recubrimiento de los hechos por la propaganda.

La verdad se asocia con la luz, la claridad. Los antiguos egipcios recurrían al ideograma del Sol para representar la verdad. En estos tiempos nuestros de aguda confusión, no quedan iconos para dar idea de lo verdadero. Se ha llegado a que algunos capitostes se exhiban en “conferencias prensa” sin admitir preguntas de los periodistas. Es igual, aunque se les permita preguntar, lo que no cabe es repreguntar, como vemos en otros países. Qué pocas veces hemos asistido al encomiable espectáculo de un periodista, que interpela al político en la tribuna de la conferencia de prensa: “Perdone, usted; no me ha contestado a la pregunta”. Es muy frecuente que, en tales situaciones y en entrevistas ante los medios, el político, simplemente, en lugar de contestar a la pregunta, se salga por los cerros de Úbeda. (La historia del dicho es que algunas huestes españolas se perdieron, intencionadamente, por esos cerros, con tal de no presentarse a la batalla de las Navas de Tolosa).

El desconcierto de la política española es que la misión de los que mandan se sustancia en la capacidad de conceder ayudas económicas a los “suyos” con el dinero público. Todo, formalmente, dentro de la mayor legalidad. No digamos cuando, tras esa fuente regular, se avizora la catarata de los miles de millones de euros, procedentes de Bruselas, por mor de la crisis económica y la pandemia. Se adivinan toda suerte de nepotismos, en el sentido de que la “familia” es, ahora, el partido.

Sería de desear que concluyera la vergonzosa institución del ingente volumen de dinero público, asignado a los partidos, en proporción a los votos recibidos en las urnas. En su día, fue una buena determinación para que se pusiera en marcha el nuevo régimen democrático; hoy, parece un abuso. El ideal sería que los partidos pudieran costear sus gastos con las cuotas y las ayudas de los socios y simpatizantes. Debería hacerse como un ejercicio fiscal muy transparente. Ya sé que es una utopía; por soñar, que no quede.

Radiografía del turismo: así se ahoga el motor económico de España
José María Rotellar Libertad Digital 8 Marzo 2021

Los principales destinos turísticos sufren una caída sin precedentes en la llegada de turistas extranjeros.

Si decíamos en otro articulo que la actividad económica de comercio, turismo, ocio y hostelería está sufriendo un grave perjuicio económico, si ponemos la lupa en el turismo el panorama es muy preocupante, porque representa entre el 6% y el 8% de nuestra actividad económica, de manera directa, que puede llegar a ser entre el 12% y el 16% de manera indirecta o crecer hasta más del 20% al incluir de manera extendida otros servicios.

Pues bien, junto al análisis que incluíamos de llegada de turistas internacionales en términos interanuales, si ahora le añadimos la comparación con el comportamiento de 2019 en sus mismos meses y el gasto diario de los turistas, entonces el quebranto se acrecienta.

Para comenzar, los principales destinos turísticos sufren una caída sin precedentes en la llegada de turistas extranjeros:

En cuanto al gasto de turistas, también se desploma, al quedarse en 696 millones de euros en diciembre, y ser de 19.740 millones en el conjunto del año.

De nuevo, se notan las nuevas restricciones del último trimestre, ya que el descenso interanual del conjunto del año es de un 78,5%, que se eleva a una caída interanual del 86,1% en el mes de diciembre.

Eso nos lleva a que el gasto medio por turista descienda también, tanto en el acumulado del año como en diciembre, quedándose, en ambos casos, por debajo de 1.100 euros.

Como consecuencia, también baja el gasto medio diario por turista extranjero, hasta quedarse en 109 euros en diciembre y 133 euros en el conjunto del año.

Como ya decíamos, no se puede repetir un verano como el de 2020 ni seguir con estas restricciones, porque está ahogando un sector que es elemento tractor para la economía nacional, y como los turistas se vayan a otros lugares este verano por no haber sido capaces de vacunar en España, entonces recuperarlos puede ser una tarea muy costosa, con alto riesgo de no conseguirlo, elemento que perjudicaría notablemente a nuestra economía.


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Un año de pandemia
Las 100 mentiras del Gobierno en un año de pandemia de coronavirus
Pelayo Barro okdiario 8 Marzo 2021

Este 8 de marzo se cumple un año desde que el Gobierno, horas después de permitir las manifestaciones feministas del 8M, ‘detectó’ que el riesgo del coronavirus se había agudizado. Esos «datos preocupantes» que el Ejecutivo de Sánchez dijo conocer justo tras la jornada de protesta elevaron la alerta a «contención reforzada». En sólo unos días, la situación había escalado hasta tal punto que se decretó el estado de alarma y se confinó a 47 millones de españoles. Lo que vino después, además de los millones de contagios y más de 100.000 fallecidos, fue una sucesión de graves errores de gestión, mentiras y despropósitos por parte del Gobierno que quedan reflejadas en estos 100 puntos:

1. El viernes 13 de marzo de 2020 los muertos en España superan el centenar, pero Sánchez desvela 24 horas antes que va a decretar el estado de alarma. Un anuncio anticipado e insólito que provoca multitud de desplazamientos por el país antes del cerrojazo, contribuyendo a la difusión del virus.

2. El Gobierno había destituido en enero a José Antonio Nieto, responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional que recomendó desde enero evitar aglomeraciones y prepararse para una epidemia.

3. Sánchez decreta el 14 de marzo el estado de alarma por 15 días y confina a 47 millones de españoles. Lo hace en una rueda de prensa en la que Moncloa ha filtrado previamente las preguntas, un sistema polémico que durará semanas.

4. Pablo Iglesias se salta la cuarentena tras el positivo de su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y asiste de forma presencial y sin mascarilla al Consejo de Ministros del 14 de marzo.

5. El Ministerio de Sanidad sólo contabiliza las muertes hospitalarias ratificadas por una prueba PCR, a diferencia del sistema seguido por algunos comunidades en base a los registros de las funerarias.

6. El Gobierno prepara un contrato macro de adquisición de material sanitario procedente de China con un fondo de 1.000 millones. Lo hace días después de decretar el estado de alarma. Queda acreditado que desoyó las alertas internacionales lanzadas desde la OMS, que desde hacía una semana ya consideraba la situación como pandemia. No hizo aprovisionamiento de material, pese a que el 22 de enero el ministro Illa había asegurado que España estaba «sobradamente preparada» para hacer frente a la epidemia.

7. Sanidad, incapaz de encontrar material de seguridad para sus sanitarios, que han recurrido a pertrecharse con bolsas de basura ante la falta de trajes, recurre al mercado chino. Lo hace con el mercado «tensionado» y pagando hasta 20 veces más caras las mascarillas, por ejemplo.

8. Ante el cariz que adquieren los acontecimientos en las residencias, Iglesias se pone al frente de la situación el 19-M por delegación del mando único. Anuncia un ayuda de 300 millones para atajar urgentemente la enorme letalidad que muestran estos centros, pero ese dinero no será transferido a las comunidades hasta finales de abril. Fecha en la que lo peor ya había pasado.

9. Sánchez inaugura el 22 de marzo su Aló Presidente de los fines de semana, con convocatorias de prensa en las que las preguntas son filtradas dando voz a medios ‘amigos’ y minimizando las cuestiones críticas. Ese día asegura que España ha comprado test rápidos «homologados y fiables». En cambio, la partida será devuelta días después por su baja sensibilidad. Primera estafa de material descubierta.

10. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, reconoce que el Gobierno conocía la gravedad del coronavirus desde enero.

11. El ministro Illa se niega a revelar el nombre del «proveedor habitual» de Sanidad de los test defectuosos de la firma china Bioeasy. Semanas después trasciende que fue Interpharma, un laboratorio de cosmética. Los contratos de compra de material, afectados por la ley del estado de alarma, dejan de mostrar los pliegos y los detalles afectando gravemente a la transparencia.

12. El principal sindicato de funcionarios CSIF se querella contra el Gobierno por homicidio imprudente al desoír los avisos de la OMS. Los sindicatos médicos, como CESM, reclaman ante los juzgados que se de material de protección a los sanitarios: España está marcando récords mundiales de profesionales infectados.

13. Salvador Illa impone que los profesionales sanitarios infectados vuelvan al trabajo en siete días, aún sin estar curados e incluso sin hacerles un test PCR. Días después, Sanidad rectifica el documento y les insta a terminar el aislamiento.

14. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoce en una entrevista que «las advertencias sobre la gravedad las teníamos, desde enero, desde que vimos lo que estaba pasando en China».

15. Con 13.798 muertos por coronavirus, Televisión Española estrena en horario de máxima audiencia Diarios de una cuarentena, que se publicita como «serie de humor». Los métodos del Gobierno para tapar el duelo, que posteriormente se unirán a un documento de Sanidad en el que recomienda que para afrontar muertes es mejor «no buscar culpables». «No nos sirve para mejorar, produce el efecto contrario».

16. Pedro Sánchez miente en el Congreso de los Diputados al afirmar que España «es el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo occidente, el primero. Lo hicimos solamente con 120 fallecidos».

17. Un fake más de Sánchez, cuando dice que «este estudio, el de la Universidad de Oxford, otorga a España la puntuación más alta de los países occidentales» en la respuesta frente al coronavirus. Los datos del estudio le desmienten radicalmente: España reaccionó al nivel de Afganistán o Botsuana.

18. La OMS alerta el 10 de abril de un «rebrote mortal si se levantan las medidas de confinamiento demasiado rápido», pero sólo tres días después se produce la vuelta al trabajo de los trabajadores no esenciales.

19. Los trabajadores no esenciales vuelven a sus puestos sin pruebas PCR masivas, ni tomas de temperatura. Millones de españoles vuelven a sus centros de trabajo con una sola instrucción: llevar mascarilla en el transporte público. Ni siquiera se exige en entornos cerrados. En febrero, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aseguró que no eran «necesarias».

20. El Gobierno mantiene la opacidad sobre la cifra de muertos en las residencias de ancianos. Se niega a aportar cifras y dice que lo hará «más adelante».

21. Sanitarios de distintas comunidades usan durante días mascarillas defectuosas de la marca china Garry Galaxy adquiridas por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad tiene que retirarlas. No se realiza un estudio en profundidad para conocer los efectos de este grave error sobre la salud de los sanitarios.

22. Moncloa revela que el Gobierno autorizó 480 manifestaciones el 8-M por toda España (sin incluir los datos de Cataluña), a las que asistieron 600.979 personas. El virus ya estaba desbocado para entonces.

23. Se prohíbe tajantemente la celebración de ritos religiosos en público durante la Semana, pero se permite el rezo de musulmanes en plena calle en El Vendrell (Tarragona). La Policía, con órdenes de impedir cualquier tipo de reunión en la vía pública, contempla el rezo de lejos.

34. El general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, confiesa que rastrean las redes «para minimizar el clima contrario al Gobierno». El ministro Grande-Marlaska habla de «lapsus». Sin embargo, semanas después se dará orden expresa de que finalicen estas tareas tras la polémica suscitada.

25. Los perfiles del Ministerio de Sanidad en Facebook comienzan a mostrar una actividad inusitada. Miles de ‘me gustas’ a sus mensajes oficiales posicionan sus publicaciones, pero los usuarios que están detrás son falsos: cientos de perfiles fake de mujeres tras los que hay robots. Sanidad se desentiende y dice que no tiene nada que ver.

26. El Tribunal Supremo ordena al Ministerio de Sanidad que provea de equipos de protección al personal sanitario. Es una demanda presentada por los propios sanitarios ante el silencio de la Administración. España tiene el doble de profesionales contagiados que el resto de países.

27. Los mayores de 80 años son apeados de las UCI. A mediados de abril, de 17.084 pacientes de esta edad hospitalizadas por coronavirus, sólo el 1,4% había accedido a una unidad de cuidados intensivos.

28. Otra mentira de Grande-Marlaska en prensa: «Hemos sido capaces de dotarnos de los medios materiales y personales necesarios para enfrentarnos a una crisis de gravedad manifiesta». Sus agentes, mientras, suben a redes sociales imágenes de las mascarillas caseras que les entrega la ciudadanía en comisarías -y miembros de la comunidad china- ante la escasez de medios.

29. El ministro del Interior falta a la verdad: «España, a día de hoy, es el país que más test realiza sobre posibles contagiados». Las estadísticas oficiales de la Universidad de Oxford le desmienten tajantemente.

30. El Gobierno no explica por qué clasificó como grupos de «baja probabilidad de exposición» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes le recuerdan al ministro que llevan en las calles desde el primer día del estado de alarma.

31. Ningún miembro del Gobierno se recorta el sueldo en solidaridad con los afectados por la crisis económica derivada del coronavirus.

32. TVE se niega a incluir un crespón negro en su logotipo «para no preocupar más a la población».

33. Sánchez justifica el mayor número de muertos en España respecto a otros países aludiendo al «envejecimiento de la población española». Según Eurostat, España no está siquiera entre los 10 países más envejecidos de la UE.

34. Marlaska admite el 23 de abril que sólo se han hecho 5.000 pruebas PCR a los más de 170.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, apenas un 3%.

35. El Gobierno desoye al ECDC y se niega a computar todas las muertes con el coronavirus como causa principal o contribuyente. También a la OMS. Lo hará durante meses, hasta que en noviembre cede a la presión y cambia el conteo. Se actualizan las series históricas y afloran miles de muertos, que serán sumados al total con cuentagotas inflando el número de muertos diarios.

36. Sanidad rebaja el cómputo oficial de contagiados el 24 de abril y cambia la metodología, excluyendo a los contagiados detectados en una prueba rápida de anticuerpos. El Gobierno se lanza a una estrategia matemática para no salir de la primera ola como el peor país de Europa.

37. El Consejo General de Enfermería de España presenta una querella criminal contra Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón. Han dejado desprotegidos a los sanitarios, denuncian.

38. Tras esgrimir la causa de envejecimiento, Sánchez justifica la elevada mortandad por coronavirus en España con argumentos peregrinos como ser un país muy turístico. «No digo que sea la única causa, digo que puede existir una correlación directa», afirma.

39. El Gobierno autoriza a casi 6 millones de niños a salir a la calle bajo la norma «un progenitor, una hora, un kilómetro» pero sin especificar cómo se controlaría el tiempo y la distancia. Primeras aglomeraciones en las vías.

40. El vicepresidente Pablo Iglesias aparece sin mascarilla en unas imágenes mientras hacía la compra en un supermercado seguido de sus escoltas. La mascarilla ya era obligatoria en estos centros.

41. La ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue a lo suyo: «La situación que atravesamos afecta de manera específica a las personas LGTBI».

42. La ministra Calviño afirma en mayo que «las estimaciones apuntan a un impacto poco significativo y transitorio» en la economía. España acabará 2020 siendo la economía que más retrocedió y la que tiene peores previsiones de crecimiento del primer mundo.

43. La OCDE le hace la ‘pelota’ a España y la sitúa como uno de los países que más test hace. Sin embargo, los autores del estudio advierten que esos datos no son correctos: corrige su ranking de países y relega a España del puesto octavo al 17º.

44. Pedro Sánchez, doctor en Economía por la UCJC, dice que la Unión Europea pondrá en marcha un fondo de recuperación de «1,5 trillones de euros», en lugar de billones.

45. El BOE publica compras millonarias de material sanitario por parte del Gobierno a empresas de «dirección desconocida». Illa habla de «error administrativo». Otro bulo del Gobierno: la ministra Maroto dice que «la buena relación con China ha permitido cerrar con éxito operaciones comerciales con proveedores fiables».

46. El mes de abril concluye con 41.239 trabajadores sanitarios contagiados, más de un 20% del total de casos confirmados y la tasa más alta del mundo.

47. Pese a protagonizar el confinamiento más largo del planeta, Sánchez sostiene que «hemos limitado en un tiempo récord la transmisión del virus».

48. El País Vasco se convierte en la única comunidad en la que se permite la movilidad interprovincial en la fase 1 tras apoyar el PNV la cuarta prórroga del estado de alarma.

49. La ministra para la Transición Ecológica sostiene que la buena gestión de Portugal se debe a que el virus «venía del este y ellos están un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes». En la misma línea, la vicepresidenta Calvo explica así la fuerte incidencia del coronavirus en España: «Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta y son las grandes ciudades donde se ha dado un problemón del demonio».

50. Consumo desaconseja el reparto genérico de mascarillas FFP2 a la población, como el realizado por Madrid, por su alta protección. Se pronuncia así después de mes y medio de desabastecimiento de estas mascarillas en centros sanitarios.

51. En plena crisis, el Gobierno aprovecha el Consejo de Ministros del 28 de abril para engordar la Administración con 11 nuevas subdirecciones generales.

52. El ministro del Interior lanza otro embuste al señalar que «todos los funcionarios que han tenido síntomas o que han tenido relación con un positivo a la Covid-19 han sido sometidos a la prueba». Los agentes le recuerdan que las órdenes eran irse a casa sin test.

53. Simón no sabe explicar la diferencia de 5.000 muertos entre los datos de Sanidad y los de los registros civiles que reflejan el sistema MoMo. Llega a hablar de un «accidente de tráfico enorme».

54. PSOE y Podemos impulsan una Comisión de Reconstrucción en el Congreso donde imponen su programa y exigen que no sea un foro de control al Gobierno. Podemos coloca de vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción al dirigente comunista Enrique Santiago, admirador de Lenin y abogado de los los grupos terroristas colombianos FARC.

55. El socialista Patxi López, sin estudios universitarios terminados, es elegido para presidir la Comisión de Reconstrucción. En Italia, tal encargo lo recibe Vittorio Colao, MBA por Harvard y ex CEO mundial de Vodafone. El PSOE veta que altos cargos del Ministerio de Sanidad, como la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, comparezcan en el Congreso.

56. La CNN le da un revolcón a Sánchez acusándolo directamente de mentir. La Universidad Johns Hopkins no sitúa a España en el quinto puesto en la realización de test de coronavirus. Es más, esta universidad ni siquiera elaboró un ranking con tal comparativa.

57. El Gobierno rectifica para sacar adelante la quinta prórroga y pacta con Ciudadanos que el estado de alarma se extienda 15 días y no un mes, como había planteado inicialmente. A su vez, el PSOE pacta con los proetaras de Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral del PP pese a no ser necesaria su abstención. La ministra Calviño desmiente que el Gobierno vaya a derogar de urgencia toda la reforma laboral del PP pese a lo pactado por PSOE y Podemos con Bildu.

58. El retraso del Gobierno en el pago de los ERTE por parte del Gobierno genera multitud de protestas en la opinión pública. El teléfono de atención de los ERTE salta un mensaje automático: «Su solicitud está en trámite». Lo hace un contestador que ni siquiera pide nombre, apellidos o identificación del ciudadano interesado en conocer cómo está su ayuda.

59. La Seguridad Social cobrar las cuotas a 400.000 autónomos pese a que tenían reconocida la ayuda por cese de actividad.

60. Sánchez tarda más de 70 días desde la declaración del estado de alarma en decretar el luto oficial. El Gobierno politiza el decreto de luto oficial: «Es proporcionado expresar el convencimiento de que la valoración de los cuidados en las decisiones públicas es la apuesta más fecunda por el futuro».

61. Sánchez usa la tribuna del Congreso y jalea ‘Viva el 8-M’ para presionar a la juez en el marco de la investigación al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Franco, por permitir la marcha de 120.000 personas. Sánchez instrumentaliza a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para frenar, boicotear y atacar la instrucción del 8-M por parte de la juez Rodríguez-Medel.

62. Interior purga al coronel al frente de la investigación del 8M. Lo hace en domingo, de noche, y de forma fulminante. La directora general de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, reconoce que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos se debió a que no dio cuenta al Ejecutivo —algo ilegal— de la investigación del 8-M.

63. La vicepresidenta Calvo desliza que la oposición está detrás de una intentona de golpe de Estado, con la connivencia de miembros de la Guardia Civil y la Policía. Moncloa lanza su teoría de la conspiración. Alegan que eso está detrás de la ‘purga’ que están viviendo en la cúpula de la Guardia Civil. Sánchez insinúa que Marlaska purgó a De los Cobos para evitar una «policía patriótica».

64. Interior permite un multitudinario cortejo fúnebre a Julio Anguita en las calles de Córdoba, mientras prohíbe que más de tres familiares despidan a los muertos por coronavirus.

65. La Policía identifica a una familia en Madrid por portar una bandera grande de España con el lema «Gobierno dimisión». Lo vuelve a hacer en días sucesivos. Los casos de identificaciones por caminar por la calle con la bandera de España se hacen más comunes.

66. Marlaska obliga a la Guardia Civil a blindar el casoplón de Pablo Iglesias ante las protestas ciudadanas. Insta a los agentes a imponer multas de 600 euros a los manifestantes e incluso requisa las paelleras. Hasta medio centenar de agentes, con una unidad especial del GRS.

67. El CIS del socialista Tezanos realiza barómetros extra sobre la crisis del coronavirus para adular al Gobierno. Llega a decir que conforme empeora la situación económica de España, «mejora la economía de los españoles».

68. El recuento de fallecidos alcanza el esperpento: casi 2.000 muertos por coronavirus ‘desaparece’ de la estadística oficial. Se dan por ‘resucitados’. Volverían a las estadísticas tiempo después.

69. El Gobierno pacta la abstención de ERC en la sexta y última prórroga del estado de alarma a cambio del compromiso de retomar en julio la mesa de negociación con los separatistas catalanes.

70. El Gobierno permite la llegada de alemanes al país, pero prohíbe el movimiento entre comunidades. Por ejemplo, no se puede viajar de Almería a Murcia mientras aterrizan alemanes en España.

71. Fernando Simón, sobre la ocultación de los muertos reales: «Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora». A 19 de junio, Moncloa sólo reconoce a 28.315 muertos de coronavirus con PCR.

72. El Gobierno, en base a lo que le dice un «comité de expertos» que luego se demostraría que tan sólo eran los funcionarios de Sanidad, impide sistemáticamente a Madrid pasar de fase en la desescalada.

73. El 10 de junio, Sánchez da «por vencido» al coronavirus. Lo hace en el Congreso, asumiendo que su gestión ha permitido salvar más de 450.000 vidas. Sin embargo, meses después le enmienda un estudio matemático elaborado en España: se habrían evitado 23.000 muertos si se hubiese confinado justo una semana antes de lo que Sánchez lo hizo.

74. El Gobierno encara el final del verano con la sombra de una segunda ola en ciernes. Sin embargo, los planes de ‘Vuelta al cole’ siguen en pie: a 3 días de que los alumnos regresen a las aulas, el Ministerio de Educación aún no ha hecho público el protocolo de seguridad sanitaria.

75. Madrid empieza a notar cómo aumentan los contagios por el efecto de la vuelta de vacaciones y propone que se le permita realizar cribados masivos con test de antígenos. Sanidad se lo niega alegando que no tienen suficiente sensibilidad pese a que son mucho más rápidos y no congestionan los laboratorios. Finalmente, tras semanas, acaba imponiéndose el criterio de Madrid. Los test de antígenos acabaran siendo la herramienta más eficaz para el rastreo.

76. Moncloa y Sanidad se lanzan a una guerra de datos contra Madrid alentando las hipótesis de que la Comunidad miente en sus datos y oculta contagios. Madrid defiende que desde mediados de septiembre sus positivos están en claro descenso. Las estadísticas de Sanidad suman 11.000 casos inexistentes en 24 horas para disparar la incidencia, y rectifican días después.

77. El Gobierno decreta el cierre de Madrid en octubre, en contra de lo que sostenía la propia Comunidad. Lo hace mediante una simple orden ministerial firmada por el ministro Salvador Illa. Una decisión ilegal que terminaría tumbando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

78. Sanidad miente y dice que en Madrid hay «transmisión comunitaria» del virus, el nivel más alto de contagios. Sin embargo, lo que dice Illa no se corresponde con lo que Sanidad transmite a la UE: no hay transmisión comunitaria en Madrid.

79. Para arreglar el desaguisado de la orden ministerial de Illa, tumbada por la Justicia, Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinario y declara un estado de alarma ad hoc para Madrid. Una decisión que supone tumbar el modelo de restricciones quirúrgicas que aplicaba Ayuso y que habían mostrado eficacia durante un mes.

80. España supera el millón de contagiados. Mientras el Gobierno se enfocaba en Madrid y permitía el movimiento en otras regiones, el país entra en máximo nivel de riesgo. A finales de octubre se declara un nuevo decreto de estado de alarma. Coincide con la inauguración del primer hospital de pandemias de España, el Isabel Zendal de Madrid. El ministro de Sanidad declina la invitación para asistir al estreno de las instalaciones.

81. Sánchez maniobra para que el estado de alarma le permita no comparecer más que lo mínimo y necesario ante el Congreso. Lo pacta con ERC. Ni siquiera el presidente defiende el estado de alarma en la Cámara Baja: envía a Illa a hacerlo.

82. El vicepresidente Iglesias se niega en noviembre a comparecer en la comisión del Parlament que analiza la situación en las residencias. Iglesias vuelve a negar ser el mando único de las residencias que él mismo había asumido en marzo.

83. Madrid pide a Sanidad, con una antelación de más de un mes y medio antes de la Navidad, que se le permita realizar test masivos a través de las farmacias. El objetivo es que las cenas festivas que se avecinan se realizan con total seguridad. Tras varias cartas, la misma respuesta: silencio. Sanidad contestaría finalmente que sí, pero lo haría dos semanas después de Navidad.

84. El Gobierno prepara un decreto de instrucciones para una «Navidad segura». Se inventa la figura etérea del «allegado» y habla de fiestas «a distancia». En el Congreso ni siquiera menciona la palabra Navidad: habla de «las fiestas del afecto».

85. El 26 de diciembre llegan a España las primeras dosis de la vacuna con la pegatina de Gobierno. Las imágenes las difunde la propia Moncloa. Es el único país donde el gobierno ha capitalizado políticamente esta entrega. En el resto de la UE, las dosis llegan con la bandera del país receptor.

86. Tras meses negándose, el Gobierno admite el refuerzo de controles en aeropuertos que le solicitaba Díaz Ayuso. Un estudio científico posterior retrataría a Sánchez: en el mes de octubre, durante la fase de explosión de la nueva cepa británica, España fue el país que más vuelos recibió de la zona de Londres.

87. Lo mismo ocurre con la incipiente cepa brasileña. Una docena de vuelos procedentes de Brasil han estado entrando en España semanalmente. El Gobierno ya conocía la existencia de esta variante pero no se evitaron los vuelos.

88. Con la fiebre por las vacunas aparece el fenómeno de los ‘vacunajetas’, cargos públicos y personalidades que aprovechan su posición para acceder anticipadamente a una dosis. Varios alcaldes socialistas son ‘cazados’ colándose. A Fernando Simón le preguntan por ello y su respuesta deja boquiabierta a España: se puede poner a «quien pase por allí», algo que contraviene el protocolo de Sanidad y de la UE.

89. El PSOE nombra al ministro Illa candidato para las elecciones catalanas. Pasará un mes hasta que dimita de su cargo, tiempo en el que Sanidad procede a diseñar el reparto de las ansiadas dosis de la vacuna. Sorpresa: Cataluña recibe más proporcionalmente que Madrid. La oposición le acusa de usar su cargo para hacer campaña.

90. Hacienda se resiste a bajarle el IVA las mascarillas FFP2. Según la ministra María Jesús Montero, porque «no son obligatorias». El Gobierno mantiene la bajada únicamente para las quirúrgicas, que primeramente intentó evitar su rebaja aduciendo que la UE no le permitía bajar los impuestos. Una carta oficial de Bruselas le desmiente: dieron permiso a España en mayo para bajar el IVA.

91. Sanidad desoye las peticiones de 38 expertos para que haga obligatorias las mascarillas FFP2. El ministerio hace oídos sordos y sigue manteniendo el criterio impuesto por Fernando Simón: son «mascarillas egoístas». El Gobierno usa mayoritariamente FFP2.

92. Grande-Marlaska da órdenes a las prisiones para que se permitan de forma inmediata los ‘bis a bis’ en cárceles, incluso en aquellas regiones con alto nivel de riesgo de contagio donde se ha cerrado la hostelería.

93. A principios de enero de 2021 se declara la tercera ola. El plan de ‘Navidades seguras’ que el Gobierno anunció a bombo y platillo no ha funcionado. Simón lo explicaría así más tarde: «Lo hemos pasado mejor de lo que debíamos». Millones de familias pasaron las fiestas separados.

94. Sanidad vuelve al ataque contra la hostelería y aduce que la gran mayoría de contagios de la tercera ola se están produciendo en bares, a pesar de que las estadísticas dicen lo contrario. Se azuza a las comunidades a endurecer las medidas contra el sector.

95. Sánchez presenta en el Congreso su plan para el reparto de los fondos de la UE, pero oculta el dictamen del Consejo de Estado que era crítico con su sistema de control.

96. Las nuevas cepas avanzan mientras desde el Reino Unido avisan que son más letales y contagiosas. Simón responde minimizando su impacto en España, que será «marginal». Rectificará 8 días después para anunciar que, efectivamente, matan más y podrían ser predominantes en marzo. Empiezan a serlo ya en febrero.

97. Iglesias desenmascarado: apuesto por lo público pero compra 2.000 test privados para su equipo ministerial. Alega, a través de Transparencia, que lo hace por los «retrasos» de la pública.

98. Sánchez salva la tercera ola sin dar explicaciones en el Congreso. Desde su última comparecencia se han contagiado más de un millón de españoles más. Ya superan los 3 millones. Y los muertos, los 100.000.

99. Casi un año después, el Imserso hace público el primer informe con cifras oficiales de la mortalidad en residencias: 29.408 personas han fallecido en centros de mayores durante la pandemia. Ni una palabra del ‘mando único’ Iglesias.

100. Vuelve el 8M. La Delegación del Gobierno de Madrid autoriza marchas de hasta 500, Sanidad dice que «no ha lugar» y finalmente el Gobierno da marcha atrás. La ministra de Igualdad, Irene Montero, anima a las feministas a acudir de todas formas.

Cataluña no encuentra la salida
«Que la sensatez y el interés general se impongan en el Principado parece una quimera»FE
Editorial larazon 8 Marzo 2021

Cataluña enfila otra fecha decisiva tras las elecciones del 14 de febrero que depararon el triunfo del PSC, una mayoría separatista y una abrumadora abstención. Esta semana se debe formar el nuevo Parlament sin que hasta la fecha las negociaciones a varias bandas hayan alcanzado otro fruto que no sea expulsar a Vox, y con él a sus decenas de miles de votantes, de la vida institucional en la Cámara. Los separatistas se han encargado de despertar de su espejismo a un Salvador Illa, cuyo efecto devaluado en las urnas se desvanece a medida de que la ducha fría de la realidad le congela las expectativas y se le tuercen los renglones a los planes de Moncloa. ERC, Junts y la CUP parecen condenados a entenderse con la eficiente y sugerente argamasa del poder y los jugosos réditos que reporta, pero también es cierto que la animadversión que se profesan los dos primeros y la indigencia política del tercero cristalizan en una mezcla inestable, casi explosiva.

La alternativa manejada es el acuerdo a tres entre ERC, PSC y los comunes, que mandaría a la oposición a los de Puigdemont y los antisistema, y que agigantaría el victimismo de ambos y probablemente abonaría sus simpatías entre el espectro secesionista. En las discusiones en marcha, como ha sido habitual desde que el procés se puso en marcha, las urgencias de los ciudadanos tienen una incidencia marginal porque lo que prima es la confrontación con el Estado y repartirse el pastel. Ni siquiera la pandemia que se ha cobrado la vida de miles de catalanes y ha empobrecido a decenas de miles parece contar como un elemento de inquietud o siquiera de estímulo en la voluntad de los grupos independentistas y de izquierda por dotar al territorio de la estabilidad y la seguridad que demanda desde hace años.

Esquerra, Junts y la CUP permanecen inamovibles en los ejes de la estrategia que ha conducido a Cataluña a la mayor involución política, económica y social de la historia de la democracia. Que la amnistía y el derecho de autodeterminación presidan las discusiones para formar gobierno no es ya humor negro, que también, sino la constatación de una clase dirigente desafecta hacia una ciudadanía sufriente. El efecto Illa, orquestado por La Moncloa durante meses, debía ser algo así como una catarsis, pero fallaron los cálculos y los catalanes constitucionalistas decidieron quedarse en casa por falta de incentivos en la oferta. El 14 de febrero estaba llamado a ser un punto final a una década tóxica, que había relegado hasta desactivar a la Cataluña real para levantar el negocio supremacista que atiende a una inacabable red clientelar. Y no hay muchas opciones de que ese escenario llegue a ser una realidad. El plante de la Generalitat separatista al acto de Seat de la pasada semana y la comprensión cuando no el aliento de las siglas independentistas al vandalismo callejero en las ciudades catalanas han refrendado hasta qué punto el Principado está condenado a un bucle degradante y destructivo. Que la sensatez y el sentido común se impusieran parece una quimera.

Podemos se suma a PNV, Bildu y separatistas para obligar a los funcionarios a saber euskera y catalán
Defenderán en el próximo Pleno del Congreso una polémica proposición no de ley contra el castellano
El Gobierno sostiene que conocer estas lenguas "nunca debe ser requisito para el acceso a la función publica"
Segundo Sanz okdiario 8 Marzo 2021

El Congreso de los Diputados debatirá en su próximo Pleno una proposición no de ley suscrita por Podemos, Bildu, PNV y los separatistas catalanes, entre otros, para «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal» y obligar a los funcionarios a saber euskera o catalán, según su comunidad, para acceder a la plaza.

La formación de Pablo Iglesias, pese a formar parte del Gobierno de España junto al PSOE, suscribió esta iniciativa con los independentistas, nacionalistas y proetarras el pasado mes de diciembre y la respaldará ahora en el debate plenario de la Cámara Baja.

En concreto, el texto de esta iniciativa que defenderá desde la tribuna el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, quiere que el Congreso inste al Ejecutivo socialcomunista a «garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia, así como impulsar las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas en sus respectivos territorios».

En la misma línea, otro de los puntos de la parte dispositiva llama a «iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano».

«Mérito, sí»
Sin embargo, hace un año, el Gobierno de Pedro Sánchez, del que Podemos forma parte, ya cerró el paso a la exigencia de los nacionalistas de obligar a los funcionarios de la Administración General del Estado en País Vasco y Cataluña a saber euskera o catalán, respectivamente.

En una sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso el 19 de febrero de 2020, la entonces ministra de Función Pública y Política Territorial, Carolina Darias, hoy titular de Sanidad, señaló al grupo del PNV, liderado por Aitor Esteban, que el conocimiento de las lenguas cooficiales «nunca puede ser un requisito» para el acceso a un puesto como funcionario del Estado, «aunque sí un mérito». Junto a ello, Darias se comprometió a impulsar medidas para «proteger el patrimonio lingüístico» también en la Administración General del Estado.

La ministra contestó así en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PNV Josune Gorospe, con la siguiente literalidad: «Hace una recomendación urgente de fomentar el uso del euskera en la Administración General del Estado en Euskadi, de ahí la pregunta, ¿qué planes tienen?», lanzó la parlamentaria nacionalista a la ministra.

Ante ello, Darias manifestó que el Instituto de Administración Pública (INAP) ofrece formación a los funcionarios del Estado, pero al mismo tiempo subrayó que el conocimiento de estas lenguas «nunca debe ser requisito para el acceso a la función pública; un mérito, sí». Por su parte, Gorospe replicó a la ministra que el dinero que destina el Estado a esta cuestión son «migajas» para «maquillar la situación».

Asimismo, el texto de esta proposición no de ley, que suscribió ERC en un principio, pero del que retiró después la firma, aboga por «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado, y emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado».

«En paridad»
En otro de sus puntos, el texto pretende que el Congreso emplace al Gobierno a «garantizar la igualdad lingüística, extendiendo deberes y derechos de los que hasta ahora solo se ha beneficiado el castellano, como son la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano».

En la exposición de motivos de la polémica iniciativa sobre el catalán y el euskera, Podemos, PNV, Bildu y los separatistas sostiene que «este Estado, que parte de una tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los hablantes de estas lenguas y generar políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos». Los independentistas catalanes hablan aquí de «discriminación» hacia el catalán, como si la realidad no fuera justo lo contrario en las aulas de esta comunidad.

Además, inciden en que presentan esta PNL para «garantizar una sociedad justa, realmente plural y democrática, con derechos y deberes efectivamente iguales para todos y no solo para aquellos que utilizan el castellano». Precisamente, Podemos, que estampó su firma por medio de la diputada Sofía Castañón, portavoz adjunta, mantiene que en España no existe «normalidad democrática».
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