AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 10  Marzo  2021

El legado envenenado de Aznar
Diego Vigil de Quiñones okdiario 10 Marzo 2021

La actualidad política de la semana pasada vino marcada por el 25 aniversario de la victoria electoral de 1996. Vale la pena leer el artículo del pasado domingo de nuestro director, Eduardo Inda, comentando varios aspectos de lo dicho la semana pasada. Al conmemorarse el aniversario, Aznar se quejó de que él entregó un partido unido y con sus sucesores la derecha se fragmentó. Habló también Mayor Oreja (y se ratifica hoy en ‘la Tercera’ de ABC): el PP, si vive en la confrontación con Vox, ha perdido su objeto social pues se refundó para unir.

Lo primero que cabría decir es que lo importante del legado de Aznar no es el partido, sino su acción en el Estado. No habría estado mal recordar los aspectos fundamentales de la política en aquella España que iba bien (demasiado bien, a juicio de algunos enemigos), saber detectar el punto de inflexión en que terminó (11M) y las diferencias de una política posterior bastante menos exitosa. Comentar estas cosas habría sido lo interesante en ese 25 aniversario. Pero como la partidocracia no da para más, comentaremos lo otro:

Aznar levantó, sobre la base de la ya de por sí amplia AP, un partido en el que confluyeron todas las corrientes del centro derecha. Un partido que, después de doce años de felipismo, llegó al poder prometiendo bajar la presión fiscal y el gasto público, mayor cohesión nacional, derogar el aborto, expandir la libertad de enseñanza con el cheque escolar, combatir la corrupción, devolver la independencia al poder judicial, desclasificar los papeles del CESID, y mano dura con el terrorismo. La mayoría de estas cosas las incumplió. Tras la primera legislatura, el electorado perdonó el incumplimiento porque el PP no tenía mayoría absoluta. Tras obtenerla, Aznar huyó de aquellos compromisos y desarrolló un centrismo atlantista que fue percibido como derecha dura, que tenía elementos positivos, pero que en sustancia no cuestionó el marxismo cultural. El resultado es conocido: dio continuidad a la España del PSOE, y la España del PSOE continuó…

Pasados los años, una parte de su partido consideró que faltaba contundencia frente al secesionismo, la corrupción y la falta de independencia judicial, y se fue con Ciudadanos. Otra parte echó de menos la defensa de la familia, la vida, la libertad y la identidad patria, y se fue a Vox. El resto del PP se quedó en medio, sin apenas capacidad de unir, y con unos líderes que no se privaron de confirmar a los fugados que hicieron bien en irse (discurso de Rajoy en Elche, discurso de Casado en la moción de censura, etc).

La relación de la situación actual con el legado (envenenado) de Aznar es muy estrecha. Aznar recibió un partido de hondas raíces ideológicas y limitó sus esfuerzos a convertirlo en una maquinaria electoral antifelipista en la mayor indefinición ideológica posible. Hoy las ramas de sus raíces se ha separado, y se da la paradoja de que lo que queda del PP es el partido más felipista del arco parlamentario: el propio Casado ha reivindicado que el PP representa mejor que el PSOE al voto socialdemocrata. Felipe González podría ser presidente de honor del partido y no resultaría extraño. Pero entonces, ¿qué sentido tiene ya el PP?

Aznar se queja estos días. Pero creo que se equivoca al señalar a los culpables. Las ramas se suelen secar cuando se separan de la raíz. Y la separación se produjo ya en tiempo de Aznar. Lo que ha pasado después es solo el efecto natural de un legado envenenado que fue pan para entonces y hambre para ahora.

Pero, Carmen, cómo va defender Iglesias al Estado si lo que quiere es romperlo
OKDIARIO 10 Marzo 2021

No es ninguna novedad que Podemos no está en el Gobierno de España para defender los intereses del Estado, sino, precisamente, para acabar con el actual modelo de Estado, lo que pasa por demoler el régimen del 78. Por eso, no es de extrañar, aunque sea de una gravedad superlativa, que Podemos haya rechazado en el Parlamento Europeo el suplicatorio para los golpistas Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para facilitar la extradición a España de los ex miembros del Gobierno catalán fugados. La tensión entre los dos partidos del Ejecutivo va en aumento y la mismísima vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reprochó a Pablo Iglesias su apoyo a los sediciosos y le instó a defender el Estado.

Obviamente, Calvo tiene razón, pero el problema es de fondo: ¿Cómo un partido como Podemos va a defender el Estado desde el Ejecutivo si toda su estrategia va en sentido contrario? A Carmen Calvo habría que decirle que la más elemental defensa del Estado habría llevado al PSOE a no formar jamás un Gobierno de coalición con Podemos y que los reproches socialistas no son otra cosa que la constatación de un gravísimo error. El problema es que Pedro Sánchez aceptó sentar en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias y los suyos para mantenerse en el poder a toda costa y ahora tiene que asumir las consecuencias de una equivocación histórica que están pagando España y los españoles.

La situación es insostenible porque lo que no se puede sostener desde un principio termina por estallar, antes o después y según les convenga a Sánchez e Iglesias. Ese día llegará, pero, entretanto, quienes están pagando los platos rotos son los españoles, los grandes damnificados de una fractura en el Gobierno que no es otra cosa que la constatación de que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. El neoplasmo atribuido al torero Rafael Gómez Ortega «El Gallo» retrata con toda crudeza lo que está ocurriendo y, lo que es aún peor, lo que habrá indefectiblemente de ocurrir.

Calvo tiene razón, pero lo asombroso es que se asombre. Porque lo único que no se le puede reprochar a Pablo Iglesias es que haya ocultado sus aviesas intenciones.

No son ‘feminazis’ sino ‘femicomunistas’
Liberal Enfurruñada okdiario 10 Marzo 2021

Hace un par de años la Real Academia Española (RAE), explicó en Twitter que la palabra ‘feminazi’ “no está registrada en el diccionario académico”, pero aclaró su significado, diciendo que «la voz ‘feminazi’ (acrónimo de ‘feminista’ + ‘nazi’) se utiliza con intención despectiva, con el sentido de ‘feminista radicalizada’». Ante la avalancha de críticas de los internautas, que opinaban que la Academia estaba dando por bueno el uso de un término despectivo hacia el feminismo y hacia las víctimas del nazismo, la RAE aclaró que su función no es la de validar nada: “Solo estamos comentando, como respuesta a una consulta, el origen de este neologismo de reciente creación, que se documenta en el uso, pero no recogen nuestras publicaciones”, recordaron. Pero esta explicación no encaja del todo con la definición que la propia RAE hace del término ‘nazi’ en su diccionario, que lo define en su primera acepción como «perteneciente o relativo al nacionalsocialismo», y en la segunda como «partidario del nacionalsocialismo» y no como radical.

Mujeres nazis ha habido muchas y famosas, sobre todo entre las guardianas en campos de concentración nazis o SS- Aufseherinnen. Como Irma Grese, el ‘ángel’ exterminador de Auschwitz, especializada en lanzar perros a las reclusas para que las devoraran; María Mandel, la ‘bestia de Auschwitz’, que supervisó los terribles experimentos médicos donde practicaban auténticas atrocidades con las presas; o Ilse Koch, la ‘zorra de Buchenwald’, famosa por idear lámparas fabricadas con la piel humana de judíos. Más recientemente hemos conocido en España a Isabel Medina, la Nancy Nazi que, con menos luces que una patera, ha pretendido explicar que “el judío es el culpable” de los todos los males de la humanidad, en una concentración de homenaje a la División Azul en la que curiosamente no había más prensa que la productora de la agencia estatal rusa, RT. Concentración extrañamente permitida por la Delegación del Gobierno, a pesar de las restricciones Covid.

A éstas se les puede aplicar perfectamente el término ‘feminazi’ con toda la intención despectiva que quiere la RAE. Pero aunque en sus orígenes el nazismo y el fascismo son los patrones alemán e italiano del socialismo que en Rusia adopta una forma blochevique, y en principio Hitler y Stalin fueron socios y compartieran ambiciones, a partir de junio de 1941, cuando Hitler cruzó las fronteras soviéticas con millones de sus soldados; nazis y comunistas se han convertido en enemigos mortales pese a ser tan parecidos como los ultras de dos equipos de fútbol rivales, que se creen muy diferentes por los colores de sus camisetas y se matan por ella, siendo idénticos: estatistas, anticapitalistas, colectivistas, liberticidas, antidemocráticos, totalitarios, violentos, populistas y genocidas; pero enemigos. Así que no es correcto equiparar hoy en día a nazis con comunistas, porque, pese a que ambos sean socialistas y cueste tanto diferenciarlos, son enemigos. Además de que hoy apenas existen nazis, mientras que el comunismo está sentado en nuestro Consejo de Ministros y ocupa una Vicepresidencia.

El término que define correctamente a las neofeministas radicales es ‘femicomunistas’, que resulta igual de despectivo que ‘feminazi’, pero se ajusta mucho mejor a la realidad de su ideología. En realidad, a las que mejor viene que las llamemos ‘feminazis’ es a ellas, que así consiguen que la idea de radical y exaltada se asocie con sus enemigos, los nazis, mientras que sus amigos comunistas quedan alejados de toda connotación ofensiva o insultante. Pero esto es un error, porque como muy bien aprobó el Parlamento Europeo el 19 de septiembre de 2019, ambos regímenes totalitarios «cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad».

Las nuevas generaciones deben ser sensibilizadas respecto a los crímenes cometidos tanto por el comunismo como por el nazismo y se debe evitar que ambas ideologías sean propagadas y que sus símbolos sean exhibidos. El reprobable comunismo es el que ha transformado a un feminismo que nunca debió dejar de ser la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y lo ha convertido en la doctrina de la violencia y el odio que es hoy el ‘femicomunismo’.

Sánchez bueno, Iglesias malo
Pablo Molina Libertad Digital 10 Marzo 2021

el voto de los podemitas a favor de Puigdemont es, en último término, un favor al presidente del Gobierno.

Los fieles al régimen del 18 de Julio, es decir, toda España –y muy especialmente la alta burguesía vasca y catalana–, disculpaban a Franco ante algún sonoro despropósito culpando a los ministros, que actuaban a sus espaldas traicionando su confianza y, además, no daban la talla. El argumento tiene todavía gran predicamento en los grupos sometidos a la férrea disciplina de un líder, cuya autoridad quedaría cuestionada si se admitiera que es un patán capaz de traicionar la confianza de sus seguidores en busca únicamente de su propio interés. No es casual que los políticos leviten cuando tachan en su presencia de inútiles a sus colaboradores, duras invectivas que matizan por obligación, pero con las que están absolutamente de acuerdo, porque eso les convierte en seres de luz bendecidos por el acierto en todas sus decisiones.

Con Sánchez opera ese mecanismo en mayor medida, incluso, que con sus predecesores, dado el pavoroso nivel de incompetencia que viene acreditando desde que se encaramó a la presidencia del Gobierno. Cuanto mayores son las carencias del líder, más hay que aislarlo de las catástrofes cotidianas para tratar de mantenerlo en el poder, algo que en la Moncloa saben muy bien.

La votación del Parlamento Europeo para retirar la inmunidad parlamentaria a ese grotesco Trío de la Barretina capitaneado por Puigdemont es el último ejemplo de esa habilidosa gestión de la imagen pública desde una perspectiva nacional. El PSOE vota a favor de que el sedicioso y sus conmilitones comparezcan ante la Justicia y Podemos a favor de que sigan riéndose de los tribunales y de los españoles. Conclusión: Sánchez es un gobernante serio que actúa con sentido de Estado e Iglesias un botarate radical al servicio de las peores causas.

Total, Sánchez es bueno; el malo es el del moño, que lo traiciona una y otra vez. Sin embargo, ambos comparten Gobierno y dependen de los partidos separatistas para mantenerse en el poder, de manera que el voto de los podemitas a favor de Puigdemont es, en último término, un favor a Sánchez. Por eso, tal vez lo más prudente sea aceptar que ambos son malos para España, y que si el PSOE no ha ordenado a sus eurodiputados arrastrarse ante el separatismo es porque Iglesias ya cumple gustoso esa función, no porque Sánchez haya sufrido un repentino ataque de decencia. Que podría ser, no decimos que no, pero, visto lo visto, no parece que el personaje sea proclive a padecer un arrebato de dignidad.

¿División en el Gobierno a cuenta de Puigdemont?
EDITORIAL Libertad Digital 10 Marzo 2021

Cabe preguntarse si no se tratará de una farsa por parte de quienes siguen teniendo por aliados de referencia a los separatistas catalanes.

El Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad al expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont y a dos de sus exconsejeros, Clara Ponsatí y Toni Comín, reclamados por la Justicia española por su implicación en el golpe sedicioso de octubre de 2017. Con esta decisión, esos tres golpistas pierden con efecto inmediato la protección parlamentaria de la que gozaban desde enero de 2020, cuando recibieron sus actas como eurodiputados.

Nada más lógico que la decisión de la Cámara comunitaria, tratándose de prófugos de la Justicia que cometieron esos actos de enorme gravedad nada menos que dos años y medio antes de adquirir su condición de europarlamentarios, en un claro abuso de ley.

La mafia separatista no ha escatimado las presiones sobre el comité parlamentario encargado de entender del asunto y, en general, sobre los eurodiputados de cuyo voto dependía el futuro judicial de Puigdemont y sus secuaces. Pero finalmente en vano: la Cámara votó este martes a favor de levantar la inmunidad al trío sedicioso por una abrumadora mayoría de 400 a 248 (más 45 abstenciones).

Los eurodiputados de Podemos volvieron a demostrar su ínfima catadura votando a favor de esos tres representantes de un movimiento supremacista, insolidario y profundamente corrupto, todo lo contrario que sus colegas socialistas, lo que –se dice– supone un nuevo desencuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero cabe preguntarse si no se tratará más bien de una nueva farsa apañada entre los componentes de un Gobierno que sigue teniendo por aliados de referencia a los separatistas catalanes.

Basta decir la verdad
Amando de Miguel. https://gaceta.es 10 Marzo 2021

La vieja distinción de amigo-enemigo sigue primando en las relaciones entre los Estados cuando cada uno de ellos dice representar los intereses de la respectiva nación. La diplomacia se inventó como sustituto de la guerra; pero las negociaciones no aseguran la paz universal. Los intereses nacionales siguen pesando en todo momento, a pesar de que se intente sublimarlos a través de un consenso civilizado, por ejemplo, el de los principios de la Organización de las Naciones Unidas. Pueden valer otras organizaciones conexas, penetradas de ese mismo espíritu apaciguador. Cabe la duda, expresada por el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila en sus Escolios a un texto implícito, cuando dictamina: “Lejos de ser criterio de verdad, el consenso universal suele ser un signo de error” (p. 1.406). Ahora, al consenso universal, se denomina “globalismo”.

La idea del consenso pacificador se traslada, igualmente, a la esfera nacional. Por muy democrática que esta sea, los acuerdos de principios (constitucionales o, simplemente, estratégicos) no logran acallar las diferencias de opinión entre unas y otras fuerzas políticas. Naturalmente, la que gobierna trata de imponer las suyas; el asunto es conservar el poder ejecutivo a toda costa. En la circunstancia española de la última generación, el resultado ideológico ha caído, casi siempre, del lado de la izquierda. Los gobiernos de la derecha han aceptado, con extraña resignación, las propuestas de la izquierda, consideradas como “avanzadas” o “de progreso”. Esta deriva ha sido también muy clara en el último episodio electoral de los Estados Unidos de América. Reconocerlo es ya un activo del progresismo dominante. Cabe recurrir, otra vez, al pragmatismo de Gómez Dávila, cuando propone: “Para escandalizar al izquierdista, basta decir la verdad” (p. 853).

El hecho irrebatible es que, en la escena internacional, domina el progresismo. Es compatible con el escándalo de crecientes desigualdades entre los países y entre los individuos. La demostración de tal desequilibrio es que el contingente de refugiados y de inmigrantes irregulares es mayor que nunca. Para disimular tal escarnio, en España, se ha decretado que la única desigualdad que importa (merece un Ministerio) es la que se da entre varones y mujeres. La verdad se hace sarcástica.

El único resquicio para que la verdad se abra paso es la atrevida utilización de los medios de comunicación y las redes sociales. Gracias al pasmoso desarrollo de la técnica digital, cabe la acción de muchos voceros independientes o no asimilados por el poder. Aun así, se suscita el temor de que algunas de esas plataformas puedan estar dominadas por el consorcio de las grandes empresas tecnológicas. Son las que dominan el mundo. He ahí la verdadera expresión de la desigualdad a escala planetaria. La manifestación última de la oligarquía tecnológica es la idea de Bill Gates, señor de Microsoft (que bien podría ser de Macrohard). Consiste en la creación de un “Ministerio de la Verdad Mundial” para combatir, dicen, la desinformación. Se trata de la información que no gusta a los que mandan. Estamos ante la realización más cabal de la pesadilla de Orwell en 1984: los lobos vigilando a los corderos.

El mundo de las relaciones internacionales es difícil de comprender en todos los sentidos. Predominan los intereses sobre los valores morales. Los cuales solo se exhiben como retórica. La verdad no es un signo reconocible, aunque solo sea para respetar los hechos básicos. Se oculta bajo las mil sutiles formas de propaganda. Es el arma preferida en las guerras y fuera de ellas. Presenta la ventaja de su aire pacificador, componedor.

ECR-Eurolat: el grupo en la UE impulsado por VOX para combatir el avance del comunismo en la Iberosfera
ESTARÁ PRESIDIDO POR HERMANN TERTSCH
Agustín Benito https://gaceta.es 10 Marzo 2021

Hermann Tertsch, eurodiputado de VOX, ha sido designado presidente del ECR-Eurolat en la sesión de este martes. ECR

El grupo político Eurolat, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), se ha constituido este martes bajo la propuesta de la delegación de VOX en la Eurocámara.

El fin de la creación de este Policy Group es organizarse y coordinarse frente al comunismo que avanza en Iberoamérica y que penetra en el campo político, cultural, ideológico y estratégico de distintos países a través de entidades como el Grupo de Puebla y su matriz criminal, el Foro de Sao Paulo.

La misión del ECR-Eurolat es lograr que la Unión Europea tenga una relación más estrecha con las fuerzas democráticas del continente iberoamericano, interrumpiendo así la tradición de la política de apaciguamiento con las narcodictaduras bolivarianas de la región. Será una misión europea, no nacional.

“Nos jugamos perder el continente que más nos puede ayuda a salvar el nuestro, un aliado en la lucha por la democracia y la libertad”, ha dicho Hermann Tertsch, diputado de VOX, que ha sido elegido presidente del grupo de trabajo.

Los vicepresidentes serán Carlo Fidanza, de Fratelli d’Italia, Anna Fotyga, de Ley y Justicia (Polonia) y Derk Jan Eppink, de JA21 (Países Bajos).

El ECR-Eurolat va a hacer de puente entre el ECR y las fuerzas anticomunistas en Iberoamérica. “Tenemos muchos amigos en la región que se sienten muy solos y traicionados. Nosotros queremos que eso cambie”, ha afirmado Tertsch, al tiempo que ha avanzado que cada seis meses se celebrará una cumbre en el continente iberoamericano y otra en Europa.

Asimismo, ha recordado que en el Parlamento Europeo hay una delegación Eurolat que “perfectamente controlada por el izquierdismo de Iberoamérica” y en el Parlamento Europeo “un consenso mayoritario que acaba siempre votando a favor de aquellos que protegen y subvencionan a todas las dictaduras, y grupos marxistas y comunistas”. “Queremos establecer un grupo de trabajo para crear lazos en defensa de la democracia y en defensa de la libertad en unos momentos de absoluta encrucijada”, ha añadido.

Por su parte, Fidanza ha insistido en la importancia de las relaciones trasatlánticas y de la ‘Carta de Madrid’ auspiciada el pasado mes de octubre por Santiago Abascal, líder de VOX y presidente de la Fundación Disenso, para la defensa del Estado de Derecho en la Iberosfera: “Como italianos nos interesa muchísimo este continente porque hay decenas de millones que luchan por la democracia, por eso queremos estar presentes”.

Y Eppink ha alertado de que en este momento en todo el mundo se están recortando las libertades y limitando la libertad de expresión, por lo que iniciativas de este calibre toman mucha relevancia.

La ‘Carta de Madrid’
Más de un centenar de personalidades del mundo de la política, la cultura y la sociedad civil han firmado ya la ‘Carta de Madrid’, un documento que aspira a unir frente al totalitarismo izquierdista en la Iberosfera a defensores de la libertad a ambos lados del Atlántico.

Así, denuncia que “el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de las naciones, así ́como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas” y señala que “el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales (…) que deben ser protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos”.

Entre los firmantes del documento se encuentran Marion Maréchal, fundadora del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP); Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano de Caracas; Eduardo Bolsonaro, diputado federal por el Estado de Sao Paulo (Brasil); Giorgia Meloni, presidenta de Fratelli d’Italia; Zoé Valdés, escritora y disidente cubana; y Eduardo Verástegui, actor mexicano. En las últimas fechas también ha incorporado a John Pence, asesor de campaña del expresidente Donald Trump y sobrino del exvicepresidente estadounidense Mike Pence, y al presidente de la American Conservative Union, Matt Schlapp.

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Europa y los tribunales retratan la perversa alianza de Sánchez para gobernar

Ni Puigdemont ni Junqueras ni Iglesias hacen nada que no hubieran anticipado: la inestabilidad que provocan es responsabilidad exclusiva de quien ha empeñado con ellos la presidencia.
ESdiario Editorial 10 Marzo 2021

La retirada de la inmunidad a Carlos Puigdemont, decidida por el Parlamento Europeo del que el prófugo nunca debió formar parte, ha puesto en evidencia los frágiles e interesados equilibrios del Gobierno de España y, a la vez, la perversa situación de la política catalana.

El aviso de ERC al PSOE de que una eventual extradición del expresidente fugado, al que en realidad detesta, puede acabar con el Gobierno demuestra, ante todo, la dependencia que Pedro Sánchez tiene del independentismo y la naturaleza de su relación: solo le apoyan si, a cambio, logran sus objetivos.

Aunque Puigdemont puede tardar meses en someterse a la Justicia española, que solo quiere activar la euroorden con el aval del Tribunal Europeo para evitar que cualquier juez belga la rechace, su caso puede tener consecuencias inmediatas en Cataluña, donde acaban de celebrarse Elecciones.

El viernes se forma la Mesa del Parlamento en Cataluña, que suele anticipar los pactos posteriores para conformar Gobierno. Con la retirada de la inmunidad a Puigdemont y de la “semilibertad” a Junqueras y otros seis condenados (pedida por el Supremo y la Fiscalía y decidida por el juez de vigilancia penitenciaria), el partido de Puigdemont pone mucho más difícil a ERC desechar un nuevo pacto independentista con Junts y con la CUP y repetir en la Generalitat una fórmula similar a la de Moncloa, por mucho que quieran todos disimularlo.

Las decisiones sobre Puigdemont y Junqueras demuestran además la vigencia del Estado de Derecho frente a sus quebrantamientos o la tolerancia ante ellos del Ejecutivo: tanto Europa como los tribunales puesto en evidencia las infumables presiones de unos a la separación de poderes y el auxilio de otros en esa tarea en pago a sus facturas pendientes.

El Supremo busca "una solución" para obligar a Bélgica a extraditar a Puigdemont

Probablemente sea difícil que ERC rompa una alianza con el PSOE y Podemos en Madrid que pretende ser duradera, pero tampoco es sencillo que esos pactos se repitan en Madrid y Barcelona con Puigdemont al borde de la extradición y Junqueras en prisión, conformando entre todo ello un paisaje desolador en un momento de extrema dificultad para España.

En todo caso, Sánchez ha quedado en evidencia y su funambulismo retratado: eligió como socios a una coalición de enemigos del orden constitucional que solo le brinda respaldo a cambio de unas cesiones inaceptables en una democracia sólida. Que eso se le tengan que recordar al presidente Europa y los tribunales, lo dice todo de su impostura.

Legalidad frente a victimismo
El separatismo explota su victimismo con la pérdida de la inmunidad de Puigdemont y la vuelta a prisión de los condenados por sedición. Olvidan que solo es la ley frente a sus delitos
Editorial ABC 10 Marzo 2021

La reacción de Carles Puigdemont al levantamiento oficial de su inmunidad como parlamentario europeo para que pueda ser juzgado en España demuestra hasta qué punto su egocentrismo político nubla su juicio. Su frase con pretensiones lapidarias -‘hemos perdido la inmunidad, pero la democracia europea ha perdido más’- es indiciaria de cuál es su concepto real de la democracia y de las mayorías. Cuando la ciudadanía le concedió un escaño en Estrasburgo, no hubo cuestionamiento del sistema por su parte. Más aún, argumentó que el sistema le protegía y premiaba frente a una acusación ‘injusta’ del Tribunal Supremo. En cambio, cuando ahora es la inmensa mayoría de los partidos europeos quienes le desamparan, quien pierde es la democracia. El argumento de este prófugo de la justicia cae por su inconsistencia oportunista. Por eso urge la reactivación de las euroórdenes correspondientes para que los cinco dirigentes separatistas huidos sean detenidos cuanto antes, sin más subterfugios legalistas y sin más obstrucción por parte de Bélgica, Escocia y Suiza.

Igual de insostenible es el argumento con el que la Generalitat criticó la decisión de un juez de Vigilancia Penitenciaria de ordenar el reingreso en prisión de siete de los líderes independentistas condenados. Anoche llevaban más de un mes en libertad, y habían sido expresamente excarcelados por la consejería de Justicia, con una concesión arbitraria y prematura del tercer grado penitenciario, para participar en la campaña electoral. La portavoz del Gobierno catalán sostuvo que el retorno a la cárcel era ‘venganza, y no justicia’, y culpó expresamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ironizó diciendo que ‘esto está muy lejos del discurso del gobierno del diálogo y la negociación’. Al respecto, conviene resaltar dos peculiaridades: ni Puigdemont lamentó ayer el reingreso en prisión de Oriol Junqueras, ni el Gobierno catalán censuró el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont. Y una tercera: la fractura en Moncloa entre PSOE y Podemos es más virtual que real, y Sánchez sigue ejerciendo como comparsa de Iglesias y del secesionismo.

En cualquier caso, todos ocultan la realidad. Los presos condenados son delincuentes que apenas han cubierto una cuarta parte de su condena, y su salida de la cárcel está prevista en 2030. Se olvida que Puigdemont está procesado. Se oculta que la Generalitat ordenó esas excarcelaciones contraviniendo una decisión del Supremo y sin asumir que la ley es igual para todos los reclusos. Se olvida que los golpistas viven en una situación de privilegio carcelario, y que han podido hacer campaña electoral libremente y sin cortapisas, incluso de la mano de un terrorista. ¿En qué país del mundo, con unos Tribunales supuestamente represivos y un Gobierno que encarcela a personas por sus ideas, se permite a unos presos políticos pronunciar mítines televisados en prime time? ¿No saben la respuesta Junqueras y el blanqueado Otegui? Y se oculta también que Bélgica ha desactivado la figura de la euroorden probablemente sin tener competencias para ello, como ha denunciado el magistrado Pablo Llarena ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

En la pugna entre legalidad y mentira, entre la verdad y la ilusión óptica del independentismo, necesariamente debe imponerse la primera por más que sigan cultivando este discurso victimista del odio. Ni el sistema es bueno cuando les resulta propicio, ni es malo cuando no ocurre así. El ordenamiento es el que es, y su cumplimiento es obligado para todos los europeos. Ni son inmunes, ni son impunes, ni pueden tener patente de corso. Bastante sumiso es ya el Gobierno al respecto.

Iglesias, al frente del bloque independentista
Editorial larazon 10 Marzo 2021

Queda despejado uno de los obstáculos que impedía la extradición y juicio de Carles Puigdemont y los demás huidos de la Justicia española por los hechos del 1-O. El pleno del Parlamento Europeo ha votado a favor de considerar el suplicatorio del Tribunal Supremo, lo que supone poder reactivar la euroorden dictada por el TS, un paso imprescindible, aunque no el único, para que se ejecute la extradición porque ahora tienen la palabra los tribunales belgas, incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta manera, se ha impuesto el estado de Derecho y la defensa de la democracia frente a los que quisieron liquidar el orden constitucional de un país miembro de la UE y, después, huyeron de la Justicia sin querer responder por los graves hechos cometidos.

La peculiaridad de la sesión residió en que Unidas Podemos votó en contra del suplicatorio y se apartó de la posición mayoritaria del Gobierno representada por el PSOE, siguiendo su estrategia de ir contra la «fallida» democracia española, pero también para fortalecer la alianza de los partidos que apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, de ERC a EH Bildu, hoy aglutinados en torno a Pablo Iglesias.

Si a la posición de Estrasburgo se suma que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha acordado anular la progresión al tercer grado de los presos del 1-O y su situación de semilibertad, puede decirse que la posibilidad para formar un gobierno independentista en Cataluña es cada vez más cercana. No sólo rompe la estrategia socialista de abrir una vía intermedia –el efecto Illa–, sino que polariza aún más la situación política y social en Cataluña, algo que ya no interesa tanto al independentismo –bastante tienen con repartirse los 328 cargos de libre designación–, como a Podemos, que está utilizando el conflicto como punta de lanza contra el Gobierno y el Estado. ERC amenazó ayer con romper con Sánchez si proseguían estos gestos «represivos» –ignoran que los tribunales son independientes– y el aplauso al suplicatorio contra Puigdemont. Se trata de una exigencia que dejaría al PSOE fuera de la centralidad en la Eurocámara, pues sus votos estuvieron junto al del resto de socialistas, populares y liberales, y se hubieran sumando al de la extrema derecha francesa, alemana y belga y a la xenófoba Liga de Salvini. Por contra, Podemos se sumó al populismo más antieuropeo y a otros grupos de extrema izquierda. Para tomar aire, el Gobierno tuvo que improvisar que considera «perfectamente compatible» que Puigdemont sea juzgado en España por sedición y malversación, mientras se debate la reforma de Código Penal y los delitos antes citados. Y mientras, Sánchez insiste en que algo se mueve en Cataluña.

Puigdemont y la extrema derecha
José García Domínguez Libertad Digital 10 Marzo 2021

A los nacionalistas catalanes, y ya desde muy antiguo, les gusta fantasear con que aquí, en España, ellos y solo ellos, a fin de cuentas los únicos pobladores genuinamente europeos de esta península medio africana a sus ojos, forman parte desde el origen mismo de las grandes corrientes políticas e intelectuales que gestaron el proyecto de la actual Unión Europea. Ellos, y también desde siempre, se consideran menos españoles que nadie y, al mismo tiempo, más europeos que nadie. Cosas de la eterna adolescencia sentimental, ya se sabe. Le ocurría a Pujol, que se pasó la vida creyéndose el más europeo de Europa solo porque los profesores nazis enviados por Hitler al Instituto Alemán de Barcelona cuando nuestra posguerra le enseñaron de niño los rudimentos del idioma de Goethe entre esvásticas gigantes y saludos a la romana con taconazos marciales.

Igual le sucedía a aquel pobre Torra, otro que también quería creerse el presidente de Dinamarca, Noruega o algo así, pero que cuando le tocaba organizar la romería del once de septiembre se encontraba con que los únicos europeos que concedían enseñarse a su lado eran otros desgraciados de tercera casi más zafios y más racistas que él mismo: los gañanes de la Liga Norte. Salvo aquella escoria de Umberto Bossi, luego orillado del liderazgo del partido por un oscuro asunto de delincuencia común, ningún líder continental se ha rebajado nunca a participar en la llamada Diada. Y lo mismo, en fin, le ocurre al Payés Errante, nuestro particular híbrido comarcal entre Kennedy, Gandhi y Luther King, estadista mundial que, a la hora de la verdad, se encuentra con que, amén de los tontos útiles de casa, su gran aliada de peso en el Parlamento Europeo resulta ser la comadre Le Pen, otra apestada con la que nadie medianamente respetable concede tomarse siquiera un café en vaso de cartón ante la máquina del vending.

Más allá del autocomplaciente universo de narcisismo onírico donde habita toda esa tropa, lo único que hay es eso: Le Pen y sus confluencias marginales, ese tipo de personal político ante cuya presencia en la vía pública la gente que cuenta en Europa cambia siempre de acera.

Por mucho que sueñen, son un cero a la izquierda en Bruselas.

Cruzada de Podemos y Bildu contra el castellano
Podemos apoya la iniciativa de Bildu e insta al Gobierno a obligar a los funcionarios a saber expresarse en catalán o en euskera mientras que el PSOE rechazará la propuesta
Rocío Esteban larazon 10 Marzo 2021

Ofensiva independentista contra el castellano en la Cámara Baja. Y con el aval de Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno, que votó a favor de la proposición no de ley de Bildu y apoyada por PNV, Más País, Compromís y el BNG, Junts, PDeCAT y la CUP que tiene por objeto acabar con la «imposición legal del castellano» en España y reclamar extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas a organismos oficiales como el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, entre otros. El objetivo es de reducir la presencia de la lengua oficial en las instituciones públicas y aumentar el uso de las lenguas cooficiales para acabar con «las discriminaciones lingüísticas».

Nacionalistas e independentistas vuelven a situar así el castellano en el foco político, después de haber conseguido tras la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña. De esta manera, ahondan su estrategia rupturista contra el Estado al instar al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen «del mismo reconocimiento» que el castellano, y sus hablantes «de los mismos derechos y deberes», independientemente de su ubicación y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan. Llaman al Gobierno a «asumir la realidad plurilingüe» del país. Una propuesta que se seguirá trabajando tras aceptar Bildu la enmienda transaccional del PSOE, pero que previsiblemente quedará rechazada. Desde el PSOE se niegan a aceptar la iniciativa por falta de “seguridad jurídica”

Sin seguridad jurídica
En el debate de la PNL, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpirua denunció que el 45% de la ciudadanía con lengua distinta al castellano ve «cada día como estos derechos nos son negados con el agravante de que el Estado incumple la declaración universal de derechos humanos y de derechos lingüísticos» y exigió que se cumplan los acuerdos para «respetar» los derechos. Cargó contra el Estado por «no tomar decisiones de calado para asegurar los derechos lingüísticos» y recordó que si el Gobierno «defiende la plurinacionalidad como dice no debe ser solo humo».

Desde el PSOE rechazaron la iniciativa tras presentar enmiendas transaccionales y sostuvieron que las lenguas coficiales no pueden ser requisito para el acceso a la función pública y enmarcaron su no debido a la falta de seguridad jurídica de la propuesta. «No podemos aprobar algo que luego sabemos que acaba con sentencias judiciales que conducen a la nada», lamentaron. A juicio del diputado Marc Lamua Estañol su partido ha tratado de dar seguridad a la iniciativa pero los partidos proponentes piden «un salto mortal».

Desde el PP, la diputada Ana Belén Vázquez cargó contra Bildu por pretender que la lengua sea «un elemento de confrontación» y denunció que se pretende una «guerra lingüística». Criticó que es «absurdo» que pretendan obligar a hablar en lenguas cooficiales en las instituciones porque no ayuda a la comunicación. Desde Cs criticaron que los independentistas «no están a favor de la libertad lingüística y vienen a atacar la lengua que nos hemos dado todos los españoles».

Desde el PNV negaron que el castellano estuviese discriminado, sino que sigue siendo «la lengua dominante» e hizo un llamamiento a la igualdad lingüística para «reparar lo dañado». Por Compromís, su diputado Joan Baldoví denunció que muchas veces se ha sentido «piel roja» cuando «un agente de la autoridad nos dice habléme en cristiano, en español». A su juicio, la democracia tiene «una deuda con los pieles rojas». Desde Unidas Podemos pidieron en el hemiciclo «aceptar que todas las lenguas del estado deben tener el mismo reconocimiento».

El PSOE negocia con Bildu un "encaje jurídico" que permita imponer las lenguas propias en la Administración
MARISA CRUZ. Madrid. El Mundo 10 Marzo 2021

Unidas Podemos advierte: "No habrá mayoría en el Congreso sin las fuerzas que defendemos la plurinacionalidad y el plurilingüismo"

Todos los aliados de Pedro Sánchez, incluido su socio menor de Gobierno, Unidas Podemos, han defendido una proposición no de ley destinada a garantizar en la Administración pública a todas las lenguas propias -las cooficiales, más el asturiano y el aragonés- los mismos derechos que al castellano.

Esto implicaría, principalmente, la obligatoriedad de su conocimiento a todos los funcionarios en sus territorios respectivos, generalizar su uso en las páginas oficiales, impulsar su reconocimiento internacional y poner fin al uso en exclusiva del castellano en la normativa estatal y en los etiquetados.

La iniciativa defendida por Bildu y apoyada por nueve formaciones presentes en el Congreso depende del voto del PSOE, que este martes se esforzaba para alcanzar un acuerdo con sus socios y evitar así un nuevo choque con ellos.

Los socialistas presentaron una enmienda a la proposición por considerar que la misma, en sus términos originales, roza la inconstitucionalidad. El PSOE avisó de que si su enmienda no se acepta votará el jueves en contra de la propuesta.

PSOE: "La lengua no puede ser un arma"
Su diputado Marc Lamuà aseguró que el texto presentado por independentistas y nacionalistas no tiene encaje jurídico y para su aprobación sería necesario proceder a reformas constitucionales. Para los socialistas "la lengua no puede ser un arma arrojadiza política" y recrimina a sus socios el intento de impregnarla de ideología.

El PSOE asegura estar dispuesto a impulsar el uso, el conocimiento y el reconocimiento de todas las lenguas, pero discrepa de la intención del nacionalismo de hacer de su propuesta un "trágala". "No nos pueden pedir", aseguró Lamuà, "que incurramos en una irresponsabilidad". No obstante, los socialistas se mostraban dispuestos a negociar con Bildu para intentar llegar a un acuerdo.

Su socio menor en el Gobierno, Unidas Podemos, sí está decidido a respaldar con su voto la iniciativa. Su representante, Joan Mena, aprovechó su intervención para defender el derecho de autodeterminación y lanzar una advertencia clara a la bancada socialista. "No habrá mayoría en este Congreso sin las fuerzas que defendemos la plurinacionalidad del Estado", avisó.

El PP, como el PSOE, presentó enmiendas a la proposición. Los populares abogaron por proteger las lenguas cooficiales pero "sin imposición". Defienden lo que llaman un "bilingüismo cordial sin amenazas y sin guerras lingüísticas" y rechazan lo que consideran un intento de apropiación de la lenguas propias por parte de los nacionalistas y la vulneración de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. "No somos partidarios de su rancio colonialismo lingüístico", defendió su diputada Ana Belén Vázquez.

Cs: "El castellano les molesta"
Para UPN, la proposición no es sino un intento claro de utilizar el argumento de la "diversidad" para avanzar en el camino de la "construcción nacional" que persiguen los secesionistas.

Vox, por su parte, aprovechó el debate para pedir la "ilegalización" de Bildu. Para este partido es inconcebible que haya zonas del territorio nacional en las que no se pueda estudiar en castellano. En su opinión, el castellano debe ser obligatorio y el resto de lenguas, voluntarias.

Por parte de los proponentes se rechazó el "nacionalismo lingüístico del español" y se exigió acabar con los "privilegios" del castellano. "Queremos existir y vivir en nuestras lenguas", repitieron los portavoces de las fuerzas firmantes de la iniciativa. Para el PNV es el castellano el que se utiliza no sólo como "arma arrojadiza, sino también como escudo".

Ciudadanos rechaza de plano que la propuesta sea en defensa de la libertad y el plurilingüismo. Para la formación naranja la iniciativa es un "batiburrillo" para atacar la lengua común. "El castellano les molesta, les fastidia porque es el pilar que tenemos en común como país. Por eso quieren crear realidades paralelas", acusó la diputada Marta Martín.

Junts y ERC
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Junts recordó que España reconoce en su "sacrosanta Constitución" reconoce las lenguas propias, algo que, en opinión de esta fuerza, se incumple. "No les extrañe", aseguró su diputado Genís Boadella, "que cada día haya más independentistas".

Para ERC, lo que pretende el bloque constitucionalista es "crear una nación artificial". Marta Rosique apeló directamente al PSOE para que dé un paso adelante en contra de la discriminación lingüística que se establece cuando el castellano se impone sobre el resto de las lenguas. Rosique reclamó que el catalán sea reconocido como una lengua oficial de la Unión Europea para lo que, en su opinión, basta con que lo pida el Estado español.


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