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La corrosión económica crece
El Banco de España vuelve a enfriar las ya de por sí malas
previsiones económicas: creceremos al 6 por ciento y apenas llegará
la mitad de las ayudas europeas calculadas por Sánchez
Editorial ABC 24 Marzo 2021
El Banco de España volvió a arrojar hoy un jarro de agua helada
sobre la economía española para todo el año 2021 pese a constatar
que el cierre de 2020, muy trágico en términos macroeconómicos, fue
algo mejor de lo esperado. No obstante, el órgano emisor constata
que en el primer trimestre de este año nuestra economía caerá un
0,4%, lo que implica a su vez una rebaja del crecimiento para todo
el año. Ya no creceremos al 6,8% que el Banco de España preveía en
diciembre para todo 2021, sino al 6%, muy lejos del 9,8% calculado
por el Gobierno con el impacto de los fondos europeos, e incluso del
7,2% que estimaba sin el uso de esos fondos. Los datos son
preocupantes si a su evolución se añade la alerta lanzada por el
organismo que dirige Hernández de Cos de que las ayudas europeas no
llegarán a tiempo para enderezar el cuadro macro. Su previsión era
que se ejecutasen en 2021 el 70% de las ayudas solicitadas, pero
ahora apenas llegará al 55%. El Gobierno incluyó en los Presupuestos
Generales una cantidad próxima a los 27.000 millones de euros, que
en ningún caso se ejecutarán en los próximos meses. A lo sumo, será
la mitad, y con enorme retraso. De hecho, España comenzará abril sin
tener ni siquiera claros los proyectos financiables por Europa, lo
cual necesariamente distorsiona los anuncios que de modo tan
eufórico sigue haciendo Pedro Sánchez.
Nada le cuadra, por tanto, al Banco de España. El pronóstico para
indicadores como la inversión, el consumo, el gasto o el mercado
laboral se ve lastrado por la merma del crecimiento. El ahorro
familiar -el único dato positivo que arroja la caída del gasto
durante la pandemia- será determinante para la reactivación de la
economía porque ha crecido más de un 3%. Sin embargo, no se trata de
un ahorro homogéneo, sino muy desigual, y eso también distorsiona
cualquier posible cálculo. A su vez, el turismo, factor determinante
para la recuperación española, pende de agilizar la estrategia de
vacunación y que no resulte fallida. La deuda se situará a final de
año en el 117%, y el PIB previo a la crisis no podrá alcanzarse
hasta los primeros meses de 2023, cuando es esperable que se haya
alcanzado con seguridad una inmunidad masiva contra el virus. El
panorama, por tanto, es muy desalentador.
La inestabilidad ha dejado de ser algo coyuntural para convertirse
en estructural. La rebaja en la expectativa de crecimiento es el
indicio más preocupante de que España no remonta en paralelo a otros
países de nuestro entorno. Pero sobre todo, es demostrativo de que
el Gobierno hace caso omiso a buena parte de las recomendaciones que
se le hacen. Las ayudas directas a las empresas llegarán tarde y
mal, solo beneficiarán a una de cada doce que las reclamen, y el
Gobierno sigue entregándose a un endeudamiento desmesurado que
además mantiene en pie de guerra a autonomías y ayuntamientos de muy
distinto signo político. Esto es lo que va a condicionar más que
ningún otro factor la evolución de la legislatura, por encima
incluso de los vaivenes parlamentarios, del enquistamiento de la
coalición entre Sánchez y Pablo Iglesias, o de las exigencias del
separatismo. La crisis económica empieza a ser mucho más corrosiva
incluso que la política.
Iglesias vs. democracia
Ignacio Centenera. okdiario 24 Marzo 2021
Maurice Duverger, jurista y sociólogo francés, concluye que “depende
de los electores, de la mayoría, cuáles serán las metas de la
democracia”.
En los regímenes democráticos consolidados, que siguen siendo una
minoría en el mundo, no suele ser así, pero hay ocasiones en que la
forma en que hagan los ciudadanos una elección concreta va a
determinar no sólo las metas sino también la profundidad, la calidad
y aún la existencia misma de la democracia.
Es fácil entender que una colectividad tiene más posibilidades des
desarrollarse política, social y económicamente si la elección de
sus ciudadanos es objetivamente acertada e indicada para procurar
ese desarrollo; y es también fácil inferir que una población con
mayor formación en conocimientos y valores será capaz de acercarse
más a esa elección objetivamente adecuada. Hablamos del viejo
aforismo de saber lo que es bueno para sí mismo y para los demás.
El hecho de que Pablo Iglesias se presente como candidato a unas
elecciones muy importantes para el futuro de Madrid (y seguramente
para toda España en la medida que confirmará liderazgos que pueden
ser preponderantes en futuras elecciones generales), hace que esa
importancia se incremente. Y lo es porque Iglesias abandera una
visión tendenciosamente distorsionada de los principios que
realmente establecieron los padres de la democracia moderna, y
propugna además unas metas que son completamente contrarias a las
que sociedades más avanzadas han establecido para procurar el
desarrollo socio económico de sus ciudadanos.
Nunca nadie debería haberse engañado con el personaje porque ya de
mano nos venía autodefinido, no obstante, para corroborar su
catadura, ahora ya tenemos muestras de su “imperfectible” desempeño
personal y político. Sin ánimo de ser exhaustivo, ya que sería
ímproba tarea que alargaría demasiado el artículo, voy a utilizar
como guion lo manifestado por él mismo en el video grabado para
anunciar su candidatura.
Así, muy al contrario de lo que impudorosamente ha manifestado, es
evidente que la “colaboración” de la calificada por él mismo como
“izquierda transformadora” ha provocado una inestabilidad política
en la gobernación de España que podría estar próxima a la de los
periodos republicanos: repetidas convocatorias electorales,
coaliciones de gobiernos autonómicos y municipales con partidos
secesionistas que trabajan en la destrucción de España, e
inexistencia de una mayoría parlamentaria estable, lo que ha
impedido una normal actividad legislativa y empujado a la
instrumentación y al abuso en diferentes instituciones del Estado.
Igualmente, declarar como modélica la gestión sanitaria y económica
de la pandemia por parte del gobierno de coalición sería, si no
estuviéramos hablando de algo tan grave y de tan triste impacto para
muchos españoles, propio del enloquecido proceder de Groucho Marx en
el papel de Rufus T. Firefly como presidente de Libertonia.
Y tampoco es fácil mantenerse impasible cuando Iglesias enumera
cuáles son las actuaciones imprescindibles para la Comunidad de
Madrid. Expresiones como “reconstrucción de lo público”, “justicia
fiscal”, “defensa del feminismo”, “lucha contra la violencia” o
“combate a corruptos y criminales” resultan paradójicas, y aun diría
que insolentes, en quien ha conseguido ejemplificar en sí mismo todo
lo que en teoría pretende combatir: utilización improcedente de
bienes públicos y aprovechamiento de la política como ascensor
social y económico, comportamientos indefectiblemente machistas,
corruptelas de diferentes tipos protagonizadas por él mismo y por su
entorno, sempiterno y expreso apoyo a terroristas y justificación de
comportamientos violentos, entre otras muestras de la relajación
ética en su desempeño personal y político.
Volvamos antes de terminar a la ciencia política, esta vez de la
mano de otro sociólogo francés, Raymond Aron, que defendió la
libertad y la razón frente al totalitarismo político e intelectual
del comunismo. Afirmó Aron que “los ideales que pueden abrazarse son
aquellos que se pueden alcanzar sin destruir lo que se pretende
defender”; debiera así el “ínclito” profesor de ciencias políticas
tener en cuenta que su pretendida vocación de mejorar el destino de
los humildes no puede “sacrificar lo que fue y tiene que seguir
siendo el corazón mismo de la aventura humana: la libertad”.
En fin, si, como decía Duverger, se quieren determinar unas metas de
la democracia orientadas al desarrollo personal y social del país,
conservando además los principios de dicha democracia, la opción de
los votantes, sean de la ideología política que sean, en las
elecciones en Madrid o en cualquier otra, nunca podría ser Pablo
Iglesias.
La sucia campaña de Iglesias y de Moncloa
contra Ayuso... y contra Madrid
Es inadmisible el tono que Podemos y el Gobierno han puesto a la
campaña de 4M para derribar a Ayuso, una tarea que les ocupa desde
hace años y que incluye dañar a Madrid.
Editorial ESdiario. 24 Marzo 2021
Pablo Iglesias ha iniciado su precampaña electoral utilizando su
puesto en el Gobierno del que, a más tardar, deberá salir la próxima
semana, al estar expresamente prohibido por la Ley Electoral
madrileña que cualquier miembro del Ejecutivo sea candidato
autonómico al mismo tiempo. Con ello acabará su competencia desleal,
bastante bochornosa, pero además aclarará de una vez si su salto a
Madrid es definitivo.
Porque no tendría sentido que dejara el Gobierno y, sin embargo,
mantuviera su acta como diputado, salvo que su intención sea
volverse al Congreso, sin recoger su acta autonómica, una vez haya
intentado salvar los muebles de Podemos y quede claro que sus
opciones de gobernar son nulas, como indican los sondeos.
La utilización del cargo institucional y su resistencia a dimitir de
todos ellos rápido y a la vez son los primeros indicios,
contundentes, del tipo de campaña que va a protagonizar el líder
nacional de Podemos, con la inefable ayuda de todo el Gobierno en su
acoso ya endémico a Isabel Díaz Ayuso, en su caso para auxiliar al
socialista Ángel Gabilondo.
Ayuso contesta a Iglesias y a los que quieren verla en la cárcel o
degollada
Que la misma portavoz, María Jesús Montero, que defendió hace
escasas semanas las Elecciones en Cataluña y la designación como
candidato del ministro de Sanidad, en plena pandemia, ataque al PP
por celebrar comicios; prueba el grado de hipocresía y cinismo que
caracteriza al Gabinete sanchista en su conjunto.
Iglesias le añade algo más a todo ello: el lenguaje agresivo,
guerracivilista, sectario y demagógico que le hizo célebre hace años
y que tuvo que guardar en un cajón al alcanzar el poder y cambiar su
estatus político -y personal- para convertirse en todo aquello que
repudiaba y extender sus "privilegios de casta" a su propio núcleo
familiar.
Iglesias lleva años intentando derribar Madrid. No puede presidirla
nunca un dirigente con ese bagaje
Ahora ve en Madrid la ocasión de rejuvenecer, con la credibilidad
por los suelos, y prueba de ello son sus reiteradas acusaciones a
Ayuso, de quien ha dicho en varias ocasiones que acabará en la
"cárcel". Una acusación vil siempre, pero especialmente viniendo de
alguien cuyo partido está imputado por varios escándalos y que salva
su propio pellejo judicial, de momento, por gozar de aforamiento.
A Iglesias hay que exigirle un respeto mínimo a sus rivales. Y uno
máximo a los ciudadanos, que comienza por aclararles si su salto a
Madrid es definitivo y le compromete durante toda la legislatura y
termina por responder a las grandes incógnitas que sus propios
discursos han generado.
Responda, candidato
¿Sigue defendiendo el derecho a autodeterminación de Cataluña o el
País Vasco? ¿Quiere hacer de Madrid la avanzadilla de su inocultable
plan contra la Constitución y la Corona? ¿Considera "dumping fiscal"
el sistema impositivo madrileño? ¿Va a atacar a la enseñanza
concertada como ya ha hecho desde su Gobierno?
Todo lo demás que Iglesias haga o diga, carece de interés, más allá
del repudio que merece su apuesta por la crispación. Pero estos
temas, y alguno más, exigen aclaraciones urgentes: no se puede ni
aspirar a ser presidente de la Comunidad de Madrid cuando dedicas
buena parte de tus propuestas a derribarla. Y eso es lo que Iglesias
lleva años haciendo.
¿Votar a un partido que va a desaparecer?
Liberal Enfurruñada. okdiario 24 Marzo 2021
Está clarísimo que Ciudadanos va a desaparecer en breve. Hay dudas
sobre si será antes o después del verano, este año o el que viene;
pero ninguna respecto a que llevan el mismo camino de UCD y de UPyD,
es decir, de todos los intentos que se han hecho en España para
crear un partido de centro, desde la transición. No sólo lo
vaticinan todas las encuestas y cualquier análisis con un mínimo de
sentido común, sino que ya se ha visto en las últimas elecciones
catalanas donde los de Arrimadas han perdido 30 de los 36 escaños
que tenían, consiguiendo tan sólo mantener 158.000 de los 1.110.000
votos logrados hace sólo 3 años. Ya perdieron más del 85% de los
sufragios en la Cataluña que los vio nacer y en la que resultaron el
partido más votado en 2017. Y eso antes de montar el guirigay de las
mociones de censura que ha supuesto su puntilla final.
De Ciudadanos se ha ido Albert Rivera, ese chico tan mono que hizo
creer a tantos votantes del Partido Popular que él les iba a
representar, pese a que en el programa de su partido siempre se ha
especificado claramente que ellos son de izquierdas. En su ideario
los fundadores de Ciudadanos lo definieron como socialdemócrata y
así permaneció hasta que en 2017 Albert Rivera propuso cambiarlo a
progresista liberal que viene a ser lo mismo, pero suena más cool.
Antes que Rivera, ya se habían marchado históricos como Toni Roldán
o Javier Nart. Con él se fueron Juan Carlos Girauta y Marcos de
Quinto. Y en la desbandada actual se han ido Toni Cantó, Fran
Hervías y una gran avalancha de cargos autonómicos y municipales que
van buscando una mayor estabilidad laboral en otros partidos o que
simplemente se han hartado de soportar los caprichosos bandazos de
un partido sin ideología clara que sólo se define por oposición al
bipartidismo y a los nacionalismos.
A las elecciones madrileñas se van a presentar con Edmundo Bal como
cabeza de lista o de turco, según se mire. A Edmundo todos lo
admiramos cuando fue sustituido como abogado del Estado en el juicio
por el golpe de Estado catalán, al negarse a rebajar la acusación de
rebelión a sedición y a omitir en sus escritos de acusación los
hechos que demostraban la violencia utilizada por los golpistas.
Pero su prestigio se empezó a venir abajo cuando le vimos apoyar al
PSOE en sus antidemocráticos estados de alarma y se ha caído
directamente al suelo tras ver sus furibundos ataques a cualquiera
que critique la actuación de los de Arrimadas en la moción de
censura de Murcia, habiendo llegado incluso a acusar de indigno
hasta a Toni Cantó. En 2019, Ciudadanos logró 26 escaños en la
Comunidad de Madrid, a Edmundo todas las encuestas le dan rozando el
5%, que es el punto de corte por el que se quedaría fuera de la
Asamblea.
Ese 5% al que como máximo aspira Edmundo Bal supone entre 150.000 y
170.000 votos, según sea la participación, y podría significar 6 o 7
escaños, si es que finalmente logra superar el corte. A medio plazo
cabe preguntarse, ¿a qué partido se van a ir esos 6 o 7 diputados
cuando Ciudadanos desaparezca dentro de unos meses?, ¿se quedarán en
el grupo mixto o se integrarán en algún otro partido? Pero incluso a
mucho menos plazo, ¿puede un votante estar hoy seguro de si con su
voto a Ciudadanos se va a favorecer la investidura de Isabel Díaz
Ayuso o la de Ángel Gabilondo? Lo que está en juego el próximo 4 de
mayo en Madrid es demasiado serio como para que los madrileños
decidan malgastar su voto introduciendo en el sobre la papeleta de
un partido que va a desaparecer y del que no hay manera de tener
seguridad sobre lo que va a hacer con él.
Nuevo gobierno de Murcia, ¿modelo a seguir?
Diego Vigil de Quiñones Otero. okdiario 24 Marzo 2021
En contra de todo pronóstico, el gobierno regional de Murcia sigue
en pie y más fuerte que antes. Pero el gobierno surgido de la crisis
generada por la moción de censura es más sólido que el anterior: por
primera vez se ha logrado integrar a personas procedentes del PP, Cs
y Vox. Los disidentes de Cs han abandonado sus vetos a Vox e incluso
se apunta a una consejería de educación para una conservadora,
abriendo la puerta al pin parental y el cheque escolar. Pese a la
manifiesta incoherencia del modelo murciano con su discurso de los
últimos meses, Pablo Casado reapareció en Murcia para subirse al
carro ganador y proclamar la reunificación del centro derecha. ¿Es
acaso el nuevo gobierno murciano el modelo a seguir para la
reunificación de la derecha?
Para dar una respuesta debemos recordar que Cs, pese a sus orígenes
socialdemócratas, creció en el resto de España como una marca joven
del PP; y que Vox ha sido la opción de muchos ciudadanos
desencantados con la capitulación del PP frente a la hegemonía
cultural de la izquierda y el marxismo cultural. Pese la cercanía de
los votantes de “las tres derechas” el postureo progre de Cs (y el
PP) ha impedido hasta el momento integrar a los representantes de
Vox en los gobiernos.
Lo ocurrido ahora en Murcia suma tres ingredientes: 1º la fidelidad
de los representantes escindidos de Cs al electorado de
centroderecha; 2º la disposición del PP a contar con personas e
ideas venidas de fuera del partido; 3º la apertura a integrar las
aportaciones nacidas de Vox. La pena es que ese resultado haya
tenido que venir empañado por el transfuguismo de algunos, el
oportunismo de la dirección estatal de Cs, y el incesante
conspiracionismo del PSOE.
Más allá de esos defectos, cabe preguntarse si el PP (+ escindidos
de Cs) estará dispuesto a seguir el modelo murciano en el resto de
España, o si solo son capaces de la virtud cuando tienen necesidad
de conservar un gobierno. Este camino requiere un evidente cambio de
actitud respecto a Vox. Requiere también una actitud más atrevida
por parte del electorado: la experiencia de la comunidad vasca y
Cataluña ha sido muy negativa, con una fuga masiva hacia la
abstención. Una fuga que tal vez procedía del desencanto que genera
ver a un PP+Cs incapaz de negociar con nadie (pues las izquierdas no
les quieren, y a Vox lo rechazan).
Lo de Murcia marcará un antes y un después en el complejo camino del
centro derecha español de los últimos años. El nuevo gobierno de
Murcia ofrece un esfuerzo de integración entre las derechas hasta
ahora imposibles por el postureo progre de Cs y PP. Si se forma un
gobierno PP-Vox en Madrid en primavera (tal vez con algún disidente
de Cs como consejero independiente), será con las virtudes del
modelo murciano. Una vía que, sin duda, constituye un punto de
inflexión a la línea progre de Cs y el PP, y que rompe con el
discurso mantenido por Casado desde la moción de censura (castigado
de forma rotunda por el electorado en Cataluña), por mucho que
Casado haya corrido a hacerse la foto tras varios días desaparecido.
Tras las elecciones madrileñas, veremos si el PP acepta el pacto con
Vox, o si pone obstáculos a un acuerdo que parece del gusto de Ayuso
y del electorado pero no está claro que guste al equipo de la calle
Génova.
Continúa la argentinización de España: el
Gobierno prepara barra libre para la violencia sindical
El Senado se prepara para derogar el artículo 315.3 del CP, que
castigaba a quienes coaccionan a otras personas a iniciar o
continuar una huelga.
Diego Sánchez de la Cruz. Libertad Digital 24 Marzo 2021
En septiembre del pasado año, el grupo parlamentario socialista
empezó a tramitar la derogación del punto tercero del artículo 315
del Código Penal, que regula las penas impuestas a quienes, de forma
individual o colectiva, coaccionen a terceros a seguir una huelga.
Se trata, pues, de otorgar una barra libre a las protestas violentas
de sindicatos y otros colectivos, vulnerando de forma flagrante el
derecho al trabajo de los asalariados que no desean respaldar los
paros convocados por tales organizaciones y generando el caldo de
cultivo perfecto para que tales jornadas vuelvan a convertirse en
fechas marcadas por la hostilidad e incluso la violencia de los
llamados "piquetes informativos".
La iniciativa comenzó su tramitación parlamentaria el pasado 27 de
octubre, tras la aprobación por el Pleno del Congreso de la toma en
consideración de la propuesta socialista. El 17 de diciembre de 2020
se celebró el debate de totalidad, en el que tanto PP como Vox
presentaron varias enmiendas con textos alternativos, sin lograr el
respaldo de la Cámara debido a la alianza entre PSOE, Podemos y los
socios parlamentarios del gobierno.
El 2 de marzo, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
debatió el informe que prefigura la derogación del artículo 315.3
del Código Penal y emitió un dictamen favorable a su derogación.
Diez días después, el Pleno del Congreso aprobó la proposición de
Ley Orgánica con 190 votos a favor, 149 en contra y 8 abstenciones.
Ahora, el Senado deberá tramitar la derogación y lo hará, además,
por la vía de urgencia, puesto que el PSOE quiere tener la reforma
lista para los fastos sindicales del próximo 1 de mayo, Día
Internacional del Trabajador. Por tanto, este nuevo paso hacia la
argentinización de España puede estar listo en menos de dos meses.
Aprobado bajo gobierno de Felipe González
El punto 3 del artículo 315 del Código Penal fue aprobado bajo
gobierno de Felipe González, en 1995. Establece que "quienes
actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros,
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán
castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres
años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro
meses".
Según argumenta ahora el grupo socialista, la aplicación de este
precepto "ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su
derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical". En
consecuencia, se pretende eliminar dicho artículo y, además, se
defiende que los jueces o tribunales "procedan a revisar las
sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se
deroga".
Una propuesta muy preocupante
La sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional fue clara a la hora
de recalcar que "la huelga es un derecho de carácter individual
aunque de ejercicio colectivo, siendo claro que nunca puede ser al
mismo tiempo una obligación". De esta forma, el TC blindó el derecho
a la huelga pero aseguró también que la legislación defienda a
aquellos trabajadores que no desean sumarse a tales protestas.
En la misma línea van los pronunciamientos de la Organización
Internacional del Trabajo, entidad a la que apela el PSOE para
justificar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, pero
que en ningún caso ha defendido a lo largo de su historia un derecho
a la huelga que prevalezca sobre la libertad de los trabajadores de
secundar, o no, dichos plantones.
Desde algunas de las principales organizaciones empresariales se ha
trasladado a Libre Mercado un notable nerviosismo y una honda
preocupación ante una reforma que, previsiblemente, será realidad en
cuestión de unas pocas semanas.
El hazmerreír de la izquierda con la
historia
El Ayuntamiento socialista de Palma ha decidido renombrar algunas
calles con el argumento de que tienen reminiscencias franquistas
Editorial ABC 24 Marzo 2021
Cuando parece que la perversión de la historia al amparo de la ley
de ‘memoria democrática’ ha llegado a un límite insuperable en su
propia extravagancia, la izquierda revanchista encuentra motivos
para superarse. Ahora ha ocurrido en Palma de Mallorca, con la
modificación del callejero y la estigmatización de heroicos
almirantes como Churruca, Gravina o Cervera. El Ayuntamiento
socialista de Palma ha decidido renombrar algunas calles con el
argumento de que tienen reminiscencias franquistas. El argumento no
cae solo por absurdo, o por un desconocimiento de la historia que
objetivamente no puede ser tal porque no podía ser franquista quien
murió antes de que Franco naciese, por ejemplo. Tampoco sirve el
argumento de que aquellas calles se nombraron así en 1942, en plena
dictadura. Por esa regla de tres habría que modificar el 90 por
ciento del callejero de las 8.200 poblaciones de España. Y atribuir
una connotación franquista a Churruca por dar su nombre a un barco,
que además sirvió en el bando republicano de la Guerra Civil, es más
propio de un descabellado delirio cainita que de la lógica política.
De lo que se trata es de derruir la historia y reescribirla a la
medida de la izquierda radical. Y si para ello hace falta mentir,
manipular, ser sectario o caer en el ridículo, esa izquierda lo hace
sin complejos. Aunque se convierta en un hazmerreír.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Las lenguas están para entenderse y otros
sofismas
Manuel Toscano. vozpopuli.es 24 Marzo 2021
El asunto no va de plurilingüismo, sino del reconocimiento del
carácter plurinacional del Estado
Las lenguas vuelven a estar de actualidad. El motivo ha sido la
presentación el pasado 9 de marzo de una proposición no de ley sobre
"la realidad plurilingüe y la igualdad lingüística" en España. La
iniciativa parlamentaria corrió a cargo de Bildu, pero venía avalada
por los grupos de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV y el
heteróclito Grupo Plural, donde se mezclan Junts per Catalunya con
los de Errejón, el BNG o Teruel Existe. Los ocho puntos de la
proposición fueron votados por separado y rechazados en su mayor
parte. Con todo, lo más interesante fue el debate en el Pleno, que
no brilló por su altura que digamos, pero sirve como muestrario de
todos los tópicos que se repiten acerca de las lenguas y las
políticas lingüísticas.
El tono lo estableció Mertxe Aizpurua, antigua editora de Egin y
encargada de presentar la proposición no de ley. De creerla, los
hablantes de las lenguas distintas del castellano se verían
sistemáticamente discriminados y sus derechos negados en razón de su
lengua. Que se les impida ejercer esos derechos por la supremacía
del castellano vendría a desvelar las deficiencias democráticas del
Estado español: "Somos millones de personas las que queremos poder
vivir en todos los ámbitos de nuestras vidas en nuestra lengua y
somos millones los que queremos hacerlo en igualdad de condiciones".
Sin un Estado verdaderamente plurilingüe no habría libertad ni
igualdad ni democracia. Que la representante de Bildu se permita
sermonear desde la tribuna sobre la libertad y la democracia da idea
de que las palabras lo aguantan todo.
Cualquiera que lo siguiera, o repase las actas, puede advertir que
había mucho de hueco o falso en el debate. Ya estamos acostumbrados
a las acusaciones desmesuradas contra el Estado español, al que se
presenta poco menos que incumpliendo sus obligaciones en materia de
derechos humanos, pues eso era parte del propósito de quienes
apoyaban la proposición, incluyendo al socio menor del Gobierno de
coalición. Sin duda, la regulación de los derechos lingüísticos de
los ciudadanos en sociedades plurales es un asunto complejo y lleno
de aristas, pero aquí se trataba menos de eso que de escenificar un
gesto de denuncia y repetir consignas como volem viure en català en
diferentes idiomas (en el de Aragón, por ejemplo, se dice ‘queremos
vivir en aragonés’). No hay mejor prueba de eso que cuando
proliferan las apelaciones vaporosas a los valores (¡los derechos!
¡la democracia!), sin mayores concreciones. Así estuvieron flotando
por el hemiciclo como vistosos globos de colores.
La oposición no rehuyó esa tentación. La representante del Partido
Popular, por ejemplo, defendió el "bilingüismo cordial", insistiendo
en que las lenguas nunca deberían ser usadas como elementos de
confrontación en la lucha política. Viendo lo que tiene enfrente, no
deja de ser un piadoso deseo, condenado a la inanidad política.
Tampoco nos ahorró el cliché según el cual "las lenguas unen, las
lenguas son puentes de entendimiento y no de división". Es imposible
no acordarse de Rodríguez Zapatero, maestro indiscutible del tópico,
cuando dijo en otro Pleno del Congreso, allá por 2005, aquello de
que "las lenguas están para entenderse, no para dividir ni
confrontar".
Suena bien, desde luego, pero a poco que lo pensemos es una falacia
de libro, concretamente un ejemplo de eso que se denomina ‘falacia
de composición’. El sofisma consiste en este caso en atribuir al
conjunto (las lenguas en plural) lo que se predica de cada uno de
sus elementos (una lengua en particular). Como explicó alguna vez
Bertrand Russell, del hecho de cada persona tenga una madre no se
sigue que haya una madre de la humanidad. Obviamente, una lengua
sirve para que sus hablantes se entiendan por medio de ella, pero
que haya diferentes lenguas no facilita en modo alguno la
comunicación entre sus respectivos hablantes; al contrario,
constituye una importante barrera que dificulta, en mayor o menor
grado según la proximidad de las lenguas, que se entiendan entre sí
(traduzcan, si no, euskaraz bizi nahi dugulako). Eso por no
mencionar la bobada de que las lenguas unen, como si los seres
humanos no las usáramos para insultar, sembrar cizaña o pelearnos.
Un truco muy evidente
No fue la única falacia que pudimos escuchar en el Pleno. Hubo otra
más llamativa a la que podríamos bautizar como el ‘sofisma del 45%’,
en el que abundaron Aizpurua y varios de los que respaldaron la
proposición no de ley. Según estos, el 45% de la población del
Estado español vive en comunidades autónomas donde existe lengua
distinta del castellano, en "países con lengua propia" al decir del
diputado de las CUP. De ahí pasan a entender, como quien no quiere
la cosa, que todos esos millones de ciudadanos tienen una lengua
distinta del castellano. Como preguntó el diputado del BNG para
concluir su intervención: "¿Está el Estado español dispuesto a
respetar los derechos del 45% de su población que hablamos una
lengua diferente del español?". El truco salta a la vista: quienes
tienen el español como primera lengua, que son mayoría en
prácticamente todas esas comunidades, han desaparecido de la
discusión, yendo a engrosar las cifras de las lenguas propias. De lo
grotesco de la distorsión da cuenta que en ese 45% no sólo van
catalanes, vascos o valencianos, sino también aragoneses y
asturianos.
Las alegres cifras de la España plurilingüe dejan en evidencia por
qué el debate está viciado de raíz. El pase de magia se hace con el
concepto de lengua propia, que se ajusta como un guante a los
propósitos de los nacionalistas, pero desbarata irremediablemente
cualquier perspectiva de discusión razonable sobre derechos
lingüísticos. Pues no tiene otro sentido que el de erigir a la
lengua autonómica en seña de identidad de un pueblo distinto, con
independencia de cuál sea la lengua que usan efectivamente los
ciudadanos. Con esos mimbres se extienden identidades a los
individuos y se proyectan lealtades, que poco tienen que ver con los
usos lingüísticos reales. Así el euskera pasa a ser la lengua propia
de los vascos sin importar cuántos la hablen o tengan como lengua
materna; ser un buen vasco implicaría identificarse con la lengua de
los vascos, aunque uno se maneje mal con ella. El paso siguiente es
previsible: allí donde los usos lingüísticos no se ajustan a esas
identidades ficticias, habría una supuesta anomalía democrática que
corregir por medio de la política lingüística, convertida en
ingeniería social al servicio de la causa nacional. Seguro que les
suena.
No nos engañemos, el asunto no va de plurilingüismo, sino del
reconocimiento del carácter plurinacional del Estado. De una forma u
otra, salió en casi todas las intervenciones a favor de la
proposición, pero fue Marta Rosique de ERC la que lo dejó más claro
nada más comenzar: "Podrían reconocer las múltiples naciones que
están bajo la administración del Estado español, pero no". Poco le
faltó para decir "bajo la bota del Estado español". Tampoco se quedó
atrás Joan Mena, de Unidas Podemos, quien se situó entre "las
fuerzas que defendemos la plurinacionalidad y la soberanía de los
pueblos del Estado".
Si hablamos de pueblos soberanos en un proyecto confederal, entonces
no estamos discutiendo de cómo regular de la manera más justa y
eficiente los derechos lingüísticos dentro del orden constitucional.
Lo que asoma de fondo son los derechos de los pueblos, no de los
ciudadanos, y eso lo cambia todo. Por eso los mismos que se llenan
la boca con los derechos lingüísticos y el plurilingüismo se oponen
tranquilamente a que los castellanoparlantes puedan escolarizar a
sus hijos en español en Cataluña, o a que reciban parte de las
enseñanzas en esa lengua, algo insólito en perspectiva comparada.
Simplemente, no entienden la diversidad al modo liberal, sino como
los nacionalistas que son, a saber, como una yuxtaposición de
pueblos o nacioncitas internamente homogéneos. De ahí el sofisma del
45%, tan revelador. Más que otra cosa, en sus manos el
plurilingüismo es un ariete contra el orden constitucional, un
pretexto para denunciar que el Estado español es una moderna ‘cárcel
de pueblos’, como se decía de la monarquía austrohúngara. Haríamos
bien en impugnar ese marco si queremos discutir de lenguas y
derechos, en lugar de suscribir banalidades.
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