AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 24  Marzo  2021

La corrosión económica crece
El Banco de España vuelve a enfriar las ya de por sí malas previsiones económicas: creceremos al 6 por ciento y apenas llegará la mitad de las ayudas europeas calculadas por Sánchez
Editorial ABC 24 Marzo 2021

El Banco de España volvió a arrojar hoy un jarro de agua helada sobre la economía española para todo el año 2021 pese a constatar que el cierre de 2020, muy trágico en términos macroeconómicos, fue algo mejor de lo esperado. No obstante, el órgano emisor constata que en el primer trimestre de este año nuestra economía caerá un 0,4%, lo que implica a su vez una rebaja del crecimiento para todo el año. Ya no creceremos al 6,8% que el Banco de España preveía en diciembre para todo 2021, sino al 6%, muy lejos del 9,8% calculado por el Gobierno con el impacto de los fondos europeos, e incluso del 7,2% que estimaba sin el uso de esos fondos. Los datos son preocupantes si a su evolución se añade la alerta lanzada por el organismo que dirige Hernández de Cos de que las ayudas europeas no llegarán a tiempo para enderezar el cuadro macro. Su previsión era que se ejecutasen en 2021 el 70% de las ayudas solicitadas, pero ahora apenas llegará al 55%. El Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales una cantidad próxima a los 27.000 millones de euros, que en ningún caso se ejecutarán en los próximos meses. A lo sumo, será la mitad, y con enorme retraso. De hecho, España comenzará abril sin tener ni siquiera claros los proyectos financiables por Europa, lo cual necesariamente distorsiona los anuncios que de modo tan eufórico sigue haciendo Pedro Sánchez.

Nada le cuadra, por tanto, al Banco de España. El pronóstico para indicadores como la inversión, el consumo, el gasto o el mercado laboral se ve lastrado por la merma del crecimiento. El ahorro familiar -el único dato positivo que arroja la caída del gasto durante la pandemia- será determinante para la reactivación de la economía porque ha crecido más de un 3%. Sin embargo, no se trata de un ahorro homogéneo, sino muy desigual, y eso también distorsiona cualquier posible cálculo. A su vez, el turismo, factor determinante para la recuperación española, pende de agilizar la estrategia de vacunación y que no resulte fallida. La deuda se situará a final de año en el 117%, y el PIB previo a la crisis no podrá alcanzarse hasta los primeros meses de 2023, cuando es esperable que se haya alcanzado con seguridad una inmunidad masiva contra el virus. El panorama, por tanto, es muy desalentador.

La inestabilidad ha dejado de ser algo coyuntural para convertirse en estructural. La rebaja en la expectativa de crecimiento es el indicio más preocupante de que España no remonta en paralelo a otros países de nuestro entorno. Pero sobre todo, es demostrativo de que el Gobierno hace caso omiso a buena parte de las recomendaciones que se le hacen. Las ayudas directas a las empresas llegarán tarde y mal, solo beneficiarán a una de cada doce que las reclamen, y el Gobierno sigue entregándose a un endeudamiento desmesurado que además mantiene en pie de guerra a autonomías y ayuntamientos de muy distinto signo político. Esto es lo que va a condicionar más que ningún otro factor la evolución de la legislatura, por encima incluso de los vaivenes parlamentarios, del enquistamiento de la coalición entre Sánchez y Pablo Iglesias, o de las exigencias del separatismo. La crisis económica empieza a ser mucho más corrosiva incluso que la política.

Iglesias vs. democracia
Ignacio Centenera. okdiario 24 Marzo 2021

Maurice Duverger, jurista y sociólogo francés, concluye que “depende de los electores, de la mayoría, cuáles serán las metas de la democracia”.

En los regímenes democráticos consolidados, que siguen siendo una minoría en el mundo, no suele ser así, pero hay ocasiones en que la forma en que hagan los ciudadanos una elección concreta va a determinar no sólo las metas sino también la profundidad, la calidad y aún la existencia misma de la democracia.

Es fácil entender que una colectividad tiene más posibilidades des desarrollarse política, social y económicamente si la elección de sus ciudadanos es objetivamente acertada e indicada para procurar ese desarrollo; y es también fácil inferir que una población con mayor formación en conocimientos y valores será capaz de acercarse más a esa elección objetivamente adecuada. Hablamos del viejo aforismo de saber lo que es bueno para sí mismo y para los demás.

El hecho de que Pablo Iglesias se presente como candidato a unas elecciones muy importantes para el futuro de Madrid (y seguramente para toda España en la medida que confirmará liderazgos que pueden ser preponderantes en futuras elecciones generales), hace que esa importancia se incremente. Y lo es porque Iglesias abandera una visión tendenciosamente distorsionada de los principios que realmente establecieron los padres de la democracia moderna, y propugna además unas metas que son completamente contrarias a las que sociedades más avanzadas han establecido para procurar el desarrollo socio económico de sus ciudadanos.

Nunca nadie debería haberse engañado con el personaje porque ya de mano nos venía autodefinido, no obstante, para corroborar su catadura, ahora ya tenemos muestras de su “imperfectible” desempeño personal y político. Sin ánimo de ser exhaustivo, ya que sería ímproba tarea que alargaría demasiado el artículo, voy a utilizar como guion lo manifestado por él mismo en el video grabado para anunciar su candidatura.

Así, muy al contrario de lo que impudorosamente ha manifestado, es evidente que la “colaboración” de la calificada por él mismo como “izquierda transformadora” ha provocado una inestabilidad política en la gobernación de España que podría estar próxima a la de los periodos republicanos: repetidas convocatorias electorales, coaliciones de gobiernos autonómicos y municipales con partidos secesionistas que trabajan en la destrucción de España, e inexistencia de una mayoría parlamentaria estable, lo que ha impedido una normal actividad legislativa y empujado a la instrumentación y al abuso en diferentes instituciones del Estado.

Igualmente, declarar como modélica la gestión sanitaria y económica de la pandemia por parte del gobierno de coalición sería, si no estuviéramos hablando de algo tan grave y de tan triste impacto para muchos españoles, propio del enloquecido proceder de Groucho Marx en el papel de Rufus T. Firefly como presidente de Libertonia.

Y tampoco es fácil mantenerse impasible cuando Iglesias enumera cuáles son las actuaciones imprescindibles para la Comunidad de Madrid. Expresiones como “reconstrucción de lo público”, “justicia fiscal”, “defensa del feminismo”, “lucha contra la violencia” o “combate a corruptos y criminales” resultan paradójicas, y aun diría que insolentes, en quien ha conseguido ejemplificar en sí mismo todo lo que en teoría pretende combatir: utilización improcedente de bienes públicos y aprovechamiento de la política como ascensor social y económico, comportamientos indefectiblemente machistas, corruptelas de diferentes tipos protagonizadas por él mismo y por su entorno, sempiterno y expreso apoyo a terroristas y justificación de comportamientos violentos, entre otras muestras de la relajación ética en su desempeño personal y político.

Volvamos antes de terminar a la ciencia política, esta vez de la mano de otro sociólogo francés, Raymond Aron, que defendió la libertad y la razón frente al totalitarismo político e intelectual del comunismo. Afirmó Aron que “los ideales que pueden abrazarse son aquellos que se pueden alcanzar sin destruir lo que se pretende defender”; debiera así el “ínclito” profesor de ciencias políticas tener en cuenta que su pretendida vocación de mejorar el destino de los humildes no puede “sacrificar lo que fue y tiene que seguir siendo el corazón mismo de la aventura humana: la libertad”.

En fin, si, como decía Duverger, se quieren determinar unas metas de la democracia orientadas al desarrollo personal y social del país, conservando además los principios de dicha democracia, la opción de los votantes, sean de la ideología política que sean, en las elecciones en Madrid o en cualquier otra, nunca podría ser Pablo Iglesias.

La sucia campaña de Iglesias y de Moncloa contra Ayuso... y contra Madrid
Es inadmisible el tono que Podemos y el Gobierno han puesto a la campaña de 4M para derribar a Ayuso, una tarea que les ocupa desde hace años y que incluye dañar a Madrid.
Editorial  ESdiario.  24 Marzo 2021

Pablo Iglesias ha iniciado su precampaña electoral utilizando su puesto en el Gobierno del que, a más tardar, deberá salir la próxima semana, al estar expresamente prohibido por la Ley Electoral madrileña que cualquier miembro del Ejecutivo sea candidato autonómico al mismo tiempo. Con ello acabará su competencia desleal, bastante bochornosa, pero además aclarará de una vez si su salto a Madrid es definitivo.

Porque no tendría sentido que dejara el Gobierno y, sin embargo, mantuviera su acta como diputado, salvo que su intención sea volverse al Congreso, sin recoger su acta autonómica, una vez haya intentado salvar los muebles de Podemos y quede claro que sus opciones de gobernar son nulas, como indican los sondeos.

La utilización del cargo institucional y su resistencia a dimitir de todos ellos rápido y a la vez son los primeros indicios, contundentes, del tipo de campaña que va a protagonizar el líder nacional de Podemos, con la inefable ayuda de todo el Gobierno en su acoso ya endémico a Isabel Díaz Ayuso, en su caso para auxiliar al socialista Ángel Gabilondo.

Ayuso contesta a Iglesias y a los que quieren verla en la cárcel o degollada

Que la misma portavoz, María Jesús Montero, que defendió hace escasas semanas las Elecciones en Cataluña y la designación como candidato del ministro de Sanidad, en plena pandemia, ataque al PP por celebrar comicios; prueba el grado de hipocresía y cinismo que caracteriza al Gabinete sanchista en su conjunto.

Iglesias le añade algo más a todo ello: el lenguaje agresivo, guerracivilista, sectario y demagógico que le hizo célebre hace años y que tuvo que guardar en un cajón al alcanzar el poder y cambiar su estatus político -y personal- para convertirse en todo aquello que repudiaba y extender sus "privilegios de casta" a su propio núcleo familiar.

Iglesias lleva años intentando derribar Madrid. No puede presidirla nunca un dirigente con ese bagaje

Ahora ve en Madrid la ocasión de rejuvenecer, con la credibilidad por los suelos, y prueba de ello son sus reiteradas acusaciones a Ayuso, de quien ha dicho en varias ocasiones que acabará en la "cárcel". Una acusación vil siempre, pero especialmente viniendo de alguien cuyo partido está imputado por varios escándalos y que salva su propio pellejo judicial, de momento, por gozar de aforamiento.

A Iglesias hay que exigirle un respeto mínimo a sus rivales. Y uno máximo a los ciudadanos, que comienza por aclararles si su salto a Madrid es definitivo y le compromete durante toda la legislatura y termina por responder a las grandes incógnitas que sus propios discursos han generado.

Responda, candidato
¿Sigue defendiendo el derecho a autodeterminación de Cataluña o el País Vasco? ¿Quiere hacer de Madrid la avanzadilla de su inocultable plan contra la Constitución y la Corona? ¿Considera "dumping fiscal" el sistema impositivo madrileño? ¿Va a atacar a la enseñanza concertada como ya ha hecho desde su Gobierno?

Todo lo demás que Iglesias haga o diga, carece de interés, más allá del repudio que merece su apuesta por la crispación. Pero estos temas, y alguno más, exigen aclaraciones urgentes: no se puede ni aspirar a ser presidente de la Comunidad de Madrid cuando dedicas buena parte de tus propuestas a derribarla. Y eso es lo que Iglesias lleva años haciendo.

¿Votar a un partido que va a desaparecer?
Liberal Enfurruñada. okdiario 24 Marzo 2021

Está clarísimo que Ciudadanos va a desaparecer en breve. Hay dudas sobre si será antes o después del verano, este año o el que viene; pero ninguna respecto a que llevan el mismo camino de UCD y de UPyD, es decir, de todos los intentos que se han hecho en España para crear un partido de centro, desde la transición. No sólo lo vaticinan todas las encuestas y cualquier análisis con un mínimo de sentido común, sino que ya se ha visto en las últimas elecciones catalanas donde los de Arrimadas han perdido 30 de los 36 escaños que tenían, consiguiendo tan sólo mantener 158.000 de los 1.110.000 votos logrados hace sólo 3 años. Ya perdieron más del 85% de los sufragios en la Cataluña que los vio nacer y en la que resultaron el partido más votado en 2017. Y eso antes de montar el guirigay de las mociones de censura que ha supuesto su puntilla final.

De Ciudadanos se ha ido Albert Rivera, ese chico tan mono que hizo creer a tantos votantes del Partido Popular que él les iba a representar, pese a que en el programa de su partido siempre se ha especificado claramente que ellos son de izquierdas. En su ideario los fundadores de Ciudadanos lo definieron como socialdemócrata y así permaneció hasta que en 2017 Albert Rivera propuso cambiarlo a progresista liberal que viene a ser lo mismo, pero suena más cool. Antes que Rivera, ya se habían marchado históricos como Toni Roldán o Javier Nart. Con él se fueron Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto. Y en la desbandada actual se han ido Toni Cantó, Fran Hervías y una gran avalancha de cargos autonómicos y municipales que van buscando una mayor estabilidad laboral en otros partidos o que simplemente se han hartado de soportar los caprichosos bandazos de un partido sin ideología clara que sólo se define por oposición al bipartidismo y a los nacionalismos.

A las elecciones madrileñas se van a presentar con Edmundo Bal como cabeza de lista o de turco, según se mire. A Edmundo todos lo admiramos cuando fue sustituido como abogado del Estado en el juicio por el golpe de Estado catalán, al negarse a rebajar la acusación de rebelión a sedición y a omitir en sus escritos de acusación los hechos que demostraban la violencia utilizada por los golpistas. Pero su prestigio se empezó a venir abajo cuando le vimos apoyar al PSOE en sus antidemocráticos estados de alarma y se ha caído directamente al suelo tras ver sus furibundos ataques a cualquiera que critique la actuación de los de Arrimadas en la moción de censura de Murcia, habiendo llegado incluso a acusar de indigno hasta a Toni Cantó. En 2019, Ciudadanos logró 26 escaños en la Comunidad de Madrid, a Edmundo todas las encuestas le dan rozando el 5%, que es el punto de corte por el que se quedaría fuera de la Asamblea.

Ese 5% al que como máximo aspira Edmundo Bal supone entre 150.000 y 170.000 votos, según sea la participación, y podría significar 6 o 7 escaños, si es que finalmente logra superar el corte. A medio plazo cabe preguntarse, ¿a qué partido se van a ir esos 6 o 7 diputados cuando Ciudadanos desaparezca dentro de unos meses?, ¿se quedarán en el grupo mixto o se integrarán en algún otro partido? Pero incluso a mucho menos plazo, ¿puede un votante estar hoy seguro de si con su voto a Ciudadanos se va a favorecer la investidura de Isabel Díaz Ayuso o la de Ángel Gabilondo? Lo que está en juego el próximo 4 de mayo en Madrid es demasiado serio como para que los madrileños decidan malgastar su voto introduciendo en el sobre la papeleta de un partido que va a desaparecer y del que no hay manera de tener seguridad sobre lo que va a hacer con él.

Nuevo gobierno de Murcia, ¿modelo a seguir?
Diego Vigil de Quiñones Otero. okdiario 24 Marzo 2021

En contra de todo pronóstico, el gobierno regional de Murcia sigue en pie y más fuerte que antes. Pero el gobierno surgido de la crisis generada por la moción de censura es más sólido que el anterior: por primera vez se ha logrado integrar a personas procedentes del PP, Cs y Vox. Los disidentes de Cs han abandonado sus vetos a Vox e incluso se apunta a una consejería de educación para una conservadora, abriendo la puerta al pin parental y el cheque escolar. Pese a la manifiesta incoherencia del modelo murciano con su discurso de los últimos meses, Pablo Casado reapareció en Murcia para subirse al carro ganador y proclamar la reunificación del centro derecha. ¿Es acaso el nuevo gobierno murciano el modelo a seguir para la reunificación de la derecha?

Para dar una respuesta debemos recordar que Cs, pese a sus orígenes socialdemócratas, creció en el resto de España como una marca joven del PP; y que Vox ha sido la opción de muchos ciudadanos desencantados con la capitulación del PP frente a la hegemonía cultural de la izquierda y el marxismo cultural. Pese la cercanía de los votantes de “las tres derechas” el postureo progre de Cs (y el PP) ha impedido hasta el momento integrar a los representantes de Vox en los gobiernos.

Lo ocurrido ahora en Murcia suma tres ingredientes: 1º la fidelidad de los representantes escindidos de Cs al electorado de centroderecha; 2º la disposición del PP a contar con personas e ideas venidas de fuera del partido; 3º la apertura a integrar las aportaciones nacidas de Vox. La pena es que ese resultado haya tenido que venir empañado por el transfuguismo de algunos, el oportunismo de la dirección estatal de Cs, y el incesante conspiracionismo del PSOE.

Más allá de esos defectos, cabe preguntarse si el PP (+ escindidos de Cs) estará dispuesto a seguir el modelo murciano en el resto de España, o si solo son capaces de la virtud cuando tienen necesidad de conservar un gobierno. Este camino requiere un evidente cambio de actitud respecto a Vox. Requiere también una actitud más atrevida por parte del electorado: la experiencia de la comunidad vasca y Cataluña ha sido muy negativa, con una fuga masiva hacia la abstención. Una fuga que tal vez procedía del desencanto que genera ver a un PP+Cs incapaz de negociar con nadie (pues las izquierdas no les quieren, y a Vox lo rechazan).

Lo de Murcia marcará un antes y un después en el complejo camino del centro derecha español de los últimos años. El nuevo gobierno de Murcia ofrece un esfuerzo de integración entre las derechas hasta ahora imposibles por el postureo progre de Cs y PP. Si se forma un gobierno PP-Vox en Madrid en primavera (tal vez con algún disidente de Cs como consejero independiente), será con las virtudes del modelo murciano. Una vía que, sin duda, constituye un punto de inflexión a la línea progre de Cs y el PP, y que rompe con el discurso mantenido por Casado desde la moción de censura (castigado de forma rotunda por el electorado en Cataluña), por mucho que Casado haya corrido a hacerse la foto tras varios días desaparecido. Tras las elecciones madrileñas, veremos si el PP acepta el pacto con Vox, o si pone obstáculos a un acuerdo que parece del gusto de Ayuso y del electorado pero no está claro que guste al equipo de la calle Génova.

Continúa la argentinización de España: el Gobierno prepara barra libre para la violencia sindical
El Senado se prepara para derogar el artículo 315.3 del CP, que castigaba a quienes coaccionan a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Diego Sánchez de la Cruz. Libertad Digital 24 Marzo 2021

En septiembre del pasado año, el grupo parlamentario socialista empezó a tramitar la derogación del punto tercero del artículo 315 del Código Penal, que regula las penas impuestas a quienes, de forma individual o colectiva, coaccionen a terceros a seguir una huelga. Se trata, pues, de otorgar una barra libre a las protestas violentas de sindicatos y otros colectivos, vulnerando de forma flagrante el derecho al trabajo de los asalariados que no desean respaldar los paros convocados por tales organizaciones y generando el caldo de cultivo perfecto para que tales jornadas vuelvan a convertirse en fechas marcadas por la hostilidad e incluso la violencia de los llamados "piquetes informativos".

La iniciativa comenzó su tramitación parlamentaria el pasado 27 de octubre, tras la aprobación por el Pleno del Congreso de la toma en consideración de la propuesta socialista. El 17 de diciembre de 2020 se celebró el debate de totalidad, en el que tanto PP como Vox presentaron varias enmiendas con textos alternativos, sin lograr el respaldo de la Cámara debido a la alianza entre PSOE, Podemos y los socios parlamentarios del gobierno.

El 2 de marzo, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados debatió el informe que prefigura la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y emitió un dictamen favorable a su derogación. Diez días después, el Pleno del Congreso aprobó la proposición de Ley Orgánica con 190 votos a favor, 149 en contra y 8 abstenciones.

Ahora, el Senado deberá tramitar la derogación y lo hará, además, por la vía de urgencia, puesto que el PSOE quiere tener la reforma lista para los fastos sindicales del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Por tanto, este nuevo paso hacia la argentinización de España puede estar listo en menos de dos meses.

Aprobado bajo gobierno de Felipe González
El punto 3 del artículo 315 del Código Penal fue aprobado bajo gobierno de Felipe González, en 1995. Establece que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".

Según argumenta ahora el grupo socialista, la aplicación de este precepto "ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical". En consecuencia, se pretende eliminar dicho artículo y, además, se defiende que los jueces o tribunales "procedan a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga".

Una propuesta muy preocupante
La sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional fue clara a la hora de recalcar que "la huelga es un derecho de carácter individual aunque de ejercicio colectivo, siendo claro que nunca puede ser al mismo tiempo una obligación". De esta forma, el TC blindó el derecho a la huelga pero aseguró también que la legislación defienda a aquellos trabajadores que no desean sumarse a tales protestas.

En la misma línea van los pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo, entidad a la que apela el PSOE para justificar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, pero que en ningún caso ha defendido a lo largo de su historia un derecho a la huelga que prevalezca sobre la libertad de los trabajadores de secundar, o no, dichos plantones.

Desde algunas de las principales organizaciones empresariales se ha trasladado a Libre Mercado un notable nerviosismo y una honda preocupación ante una reforma que, previsiblemente, será realidad en cuestión de unas pocas semanas.

El hazmerreír de la izquierda con la historia
El Ayuntamiento socialista de Palma ha decidido renombrar algunas calles con el argumento de que tienen reminiscencias franquistas
Editorial ABC 24 Marzo 2021

Cuando parece que la perversión de la historia al amparo de la ley de ‘memoria democrática’ ha llegado a un límite insuperable en su propia extravagancia, la izquierda revanchista encuentra motivos para superarse. Ahora ha ocurrido en Palma de Mallorca, con la modificación del callejero y la estigmatización de heroicos almirantes como Churruca, Gravina o Cervera. El Ayuntamiento socialista de Palma ha decidido renombrar algunas calles con el argumento de que tienen reminiscencias franquistas. El argumento no cae solo por absurdo, o por un desconocimiento de la historia que objetivamente no puede ser tal porque no podía ser franquista quien murió antes de que Franco naciese, por ejemplo. Tampoco sirve el argumento de que aquellas calles se nombraron así en 1942, en plena dictadura. Por esa regla de tres habría que modificar el 90 por ciento del callejero de las 8.200 poblaciones de España. Y atribuir una connotación franquista a Churruca por dar su nombre a un barco, que además sirvió en el bando republicano de la Guerra Civil, es más propio de un descabellado delirio cainita que de la lógica política. De lo que se trata es de derruir la historia y reescribirla a la medida de la izquierda radical. Y si para ello hace falta mentir, manipular, ser sectario o caer en el ridículo, esa izquierda lo hace sin complejos. Aunque se convierta en un hazmerreír.

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Las lenguas están para entenderse y otros sofismas
Manuel Toscano. vozpopuli.es 24 Marzo 2021

El asunto no va de plurilingüismo, sino del reconocimiento del carácter plurinacional del Estado

Las lenguas vuelven a estar de actualidad. El motivo ha sido la presentación el pasado 9 de marzo de una proposición no de ley sobre "la realidad plurilingüe y la igualdad lingüística" en España. La iniciativa parlamentaria corrió a cargo de Bildu, pero venía avalada por los grupos de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV y el heteróclito Grupo Plural, donde se mezclan Junts per Catalunya con los de Errejón, el BNG o Teruel Existe. Los ocho puntos de la proposición fueron votados por separado y rechazados en su mayor parte. Con todo, lo más interesante fue el debate en el Pleno, que no brilló por su altura que digamos, pero sirve como muestrario de todos los tópicos que se repiten acerca de las lenguas y las políticas lingüísticas.

El tono lo estableció Mertxe Aizpurua, antigua editora de Egin y encargada de presentar la proposición no de ley. De creerla, los hablantes de las lenguas distintas del castellano se verían sistemáticamente discriminados y sus derechos negados en razón de su lengua. Que se les impida ejercer esos derechos por la supremacía del castellano vendría a desvelar las deficiencias democráticas del Estado español: "Somos millones de personas las que queremos poder vivir en todos los ámbitos de nuestras vidas en nuestra lengua y somos millones los que queremos hacerlo en igualdad de condiciones". Sin un Estado verdaderamente plurilingüe no habría libertad ni igualdad ni democracia. Que la representante de Bildu se permita sermonear desde la tribuna sobre la libertad y la democracia da idea de que las palabras lo aguantan todo.

Cualquiera que lo siguiera, o repase las actas, puede advertir que había mucho de hueco o falso en el debate. Ya estamos acostumbrados a las acusaciones desmesuradas contra el Estado español, al que se presenta poco menos que incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, pues eso era parte del propósito de quienes apoyaban la proposición, incluyendo al socio menor del Gobierno de coalición. Sin duda, la regulación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en sociedades plurales es un asunto complejo y lleno de aristas, pero aquí se trataba menos de eso que de escenificar un gesto de denuncia y repetir consignas como volem viure en català en diferentes idiomas (en el de Aragón, por ejemplo, se dice ‘queremos vivir en aragonés’). No hay mejor prueba de eso que cuando proliferan las apelaciones vaporosas a los valores (¡los derechos! ¡la democracia!), sin mayores concreciones. Así estuvieron flotando por el hemiciclo como vistosos globos de colores.

La oposición no rehuyó esa tentación. La representante del Partido Popular, por ejemplo, defendió el "bilingüismo cordial", insistiendo en que las lenguas nunca deberían ser usadas como elementos de confrontación en la lucha política. Viendo lo que tiene enfrente, no deja de ser un piadoso deseo, condenado a la inanidad política. Tampoco nos ahorró el cliché según el cual "las lenguas unen, las lenguas son puentes de entendimiento y no de división". Es imposible no acordarse de Rodríguez Zapatero, maestro indiscutible del tópico, cuando dijo en otro Pleno del Congreso, allá por 2005, aquello de que "las lenguas están para entenderse, no para dividir ni confrontar".

Suena bien, desde luego, pero a poco que lo pensemos es una falacia de libro, concretamente un ejemplo de eso que se denomina ‘falacia de composición’. El sofisma consiste en este caso en atribuir al conjunto (las lenguas en plural) lo que se predica de cada uno de sus elementos (una lengua en particular). Como explicó alguna vez Bertrand Russell, del hecho de cada persona tenga una madre no se sigue que haya una madre de la humanidad. Obviamente, una lengua sirve para que sus hablantes se entiendan por medio de ella, pero que haya diferentes lenguas no facilita en modo alguno la comunicación entre sus respectivos hablantes; al contrario, constituye una importante barrera que dificulta, en mayor o menor grado según la proximidad de las lenguas, que se entiendan entre sí (traduzcan, si no, euskaraz bizi nahi dugulako). Eso por no mencionar la bobada de que las lenguas unen, como si los seres humanos no las usáramos para insultar, sembrar cizaña o pelearnos.

Un truco muy evidente
No fue la única falacia que pudimos escuchar en el Pleno. Hubo otra más llamativa a la que podríamos bautizar como el ‘sofisma del 45%’, en el que abundaron Aizpurua y varios de los que respaldaron la proposición no de ley. Según estos, el 45% de la población del Estado español vive en comunidades autónomas donde existe lengua distinta del castellano, en "países con lengua propia" al decir del diputado de las CUP. De ahí pasan a entender, como quien no quiere la cosa, que todos esos millones de ciudadanos tienen una lengua distinta del castellano. Como preguntó el diputado del BNG para concluir su intervención: "¿Está el Estado español dispuesto a respetar los derechos del 45% de su población que hablamos una lengua diferente del español?". El truco salta a la vista: quienes tienen el español como primera lengua, que son mayoría en prácticamente todas esas comunidades, han desaparecido de la discusión, yendo a engrosar las cifras de las lenguas propias. De lo grotesco de la distorsión da cuenta que en ese 45% no sólo van catalanes, vascos o valencianos, sino también aragoneses y asturianos.

Las alegres cifras de la España plurilingüe dejan en evidencia por qué el debate está viciado de raíz. El pase de magia se hace con el concepto de lengua propia, que se ajusta como un guante a los propósitos de los nacionalistas, pero desbarata irremediablemente cualquier perspectiva de discusión razonable sobre derechos lingüísticos. Pues no tiene otro sentido que el de erigir a la lengua autonómica en seña de identidad de un pueblo distinto, con independencia de cuál sea la lengua que usan efectivamente los ciudadanos. Con esos mimbres se extienden identidades a los individuos y se proyectan lealtades, que poco tienen que ver con los usos lingüísticos reales. Así el euskera pasa a ser la lengua propia de los vascos sin importar cuántos la hablen o tengan como lengua materna; ser un buen vasco implicaría identificarse con la lengua de los vascos, aunque uno se maneje mal con ella. El paso siguiente es previsible: allí donde los usos lingüísticos no se ajustan a esas identidades ficticias, habría una supuesta anomalía democrática que corregir por medio de la política lingüística, convertida en ingeniería social al servicio de la causa nacional. Seguro que les suena.

No nos engañemos, el asunto no va de plurilingüismo, sino del reconocimiento del carácter plurinacional del Estado. De una forma u otra, salió en casi todas las intervenciones a favor de la proposición, pero fue Marta Rosique de ERC la que lo dejó más claro nada más comenzar: "Podrían reconocer las múltiples naciones que están bajo la administración del Estado español, pero no". Poco le faltó para decir "bajo la bota del Estado español". Tampoco se quedó atrás Joan Mena, de Unidas Podemos, quien se situó entre "las fuerzas que defendemos la plurinacionalidad y la soberanía de los pueblos del Estado".

Si hablamos de pueblos soberanos en un proyecto confederal, entonces no estamos discutiendo de cómo regular de la manera más justa y eficiente los derechos lingüísticos dentro del orden constitucional. Lo que asoma de fondo son los derechos de los pueblos, no de los ciudadanos, y eso lo cambia todo. Por eso los mismos que se llenan la boca con los derechos lingüísticos y el plurilingüismo se oponen tranquilamente a que los castellanoparlantes puedan escolarizar a sus hijos en español en Cataluña, o a que reciban parte de las enseñanzas en esa lengua, algo insólito en perspectiva comparada. Simplemente, no entienden la diversidad al modo liberal, sino como los nacionalistas que son, a saber, como una yuxtaposición de pueblos o nacioncitas internamente homogéneos. De ahí el sofisma del 45%, tan revelador. Más que otra cosa, en sus manos el plurilingüismo es un ariete contra el orden constitucional, un pretexto para denunciar que el Estado español es una moderna ‘cárcel de pueblos’, como se decía de la monarquía austrohúngara. Haríamos bien en impugnar ese marco si queremos discutir de lenguas y derechos, en lugar de suscribir banalidades.
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