AGLI Recortes de Prensa   Domingo 28  Marzo  2021

El dinero fallido de la pandemia
Hasta 140 millones de euros costaron a los españoles los contratos fallidos firmados por el Gobierno en la caótica gestión de la crisis sanitaria, un desastre económico sin matices
Editorial ABC 28 Marzo 2021

La improvisación y falta de previsión con la que actuó el Gobierno de Pedro Sánchez durante los primeros meses de la pandemia, en la pasada primavera, se saldó como mínimo con la firma de contratos fallidos del Ministerio de Sanidad por valor de 140 millones de euros. La inmensa mayoría de esos contratos fueron tramitados con la urgencia que la gravedad de la pandemia exigía, pero se hizo casi a ciegas, sin control alguno sobre las empresas suministradoras que debían enviar a España las mascarillas, los guantes protectores y diverso material sanitario, y con una enorme ingenuidad política.

Ese dinero no se ha perdido o malversado, y es de prever que nadie se haya apropiado de parte de él. Sin embargo, la cifra demuestra la debilidad negociadora que tenía el Gobierno de España frente a países productores de material sanitario esencial, como por ejemplo China. Se trata de toneladas y toneladas de material sanitario frustrado que no llegó a España cuando más lo necesitaba el personal de nuestros hospitales, y cuando los contagios estaban absolutamente descontrolados. No hubo una estrategia meditada y fiable. Y si la hubo en el ministerio que entonces dirigía Salvador Illa, fue apresurada y carente de criterio. Por eso resultó fallida y por eso se entiende ahora, con la perspectiva de los meses, que los responsables ministeriales, en especial Fernando Simón, afirmasen por activa y por pasiva que las mascarillas para la ciudadanía eran innecesarias, cuando ahora se imponen por obligación. Aquellos fueron meses de demasiadas mentiras que inexplicablemente no parecen haber penalizado al Gobierno. Ahora, la evidencia de al menos una decena de contratos millonarios frustrados desnuda las carencias de aquella gestión.

Faltó transparencia y sinceridad entonces, y falta ahora también. Los datos a los que ha tenido acceso ABC se basan en la información expuesta por el propio Gobierno en los balances del Ministerio de Sanidad gracias a los mecanismos de transparencia. Sin embargo, no es posible acceder a otra información relevante que el Gobierno oculta al ciudadano. Por ejemplo, los detalles pormenorizados de los contratos fallidos, que no están disponibles en internet porque el Ejecutivo solo ofrece esa documentación en el portal de contratación. Es notorio que ese dato ayudaría a conocer y constatar la cantidad de dinero público que pudo perderse por el camino en estas operaciones, ya que en aquellos meses de extrema necesidad para muchos países de Occidente, exportadores como China solicitaban por norma una parte sustancial de los contratos, si no todo, por adelantado.

Para un Gobierno que sigue empecinado en ocultar la cifra real de fallecidos por coronavirus en un año, y que según cálculos fiables de organismos públicos supera ya los 100.000, esconder datos sobre la contratación pública es una cuestión menor. Sin embargo, esos contratos son muy relevantes porque demuestran por qué la ciudadanía estuvo tantas semanas tan desprotegida, más allá de que Sánchez, Illa y Simón perdiesen demasiado tiempo infravalorando el virus y despreciando todo tipo de alertas. Se imponía su agenda ideológica y la salud era secundaria hasta que tomaron conciencia de la gravedad. La cantidad de 140 millones de euros no es anecdótica en absoluto. Es lo suficientemente llamativa como para saber con exactitud qué ocurrió, cómo y con qué motivo. Y, sobre todo, para saber por qué el Gobierno jamás ha hecho autocrítica y por qué nunca se depuraron responsabilidades políticas ante un proceso de gestión tan desastroso como el que el paso del tiempo está desvelando.

La caída de Vox asusta a Ayuso: encuestas internas del PP no aseguran la mayoría absoluta
Carmen Morodo larazon 28 Marzo 2021

La caída en apoyos de Vox en Madrid tiene en alerta al Partido Popular. A su candidata, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no le salen todavía las cuentas para sumar la mayoría absoluta que necesita para mantener el Gobierno regional, de acuerdo con los trackings internos más recientes. Queda mucha campaña por delante, pero la partida está abierta, y desde el PP madrileño están advirtiendo a la estructura territorial de que no hay lugar para «confiarse».

La semana pasada estaban en el límite, con el PP alrededor de los 55 escaños, pero Vox da signos de estancamiento e incluso de caída. ¿Y si no hay mayoría porque Vox se derrumba? Ésta es la pregunta que marca en este momento la campaña del PP en Madrid. De hecho, hasta circula el rumor de que, en alguno de los estudios internos que han realizado, el partido de Santiago Abascal se quedaba sin representación. Suena a increíble, pero de esto hablan en el PP regional, atribuyendo la «fuente» a la dirección de la campaña de Ayuso. En la actualidad, Vox tiene 12 escaños en la Asamblea madrileña, y sus votos fueron decisivos para que el PP pudiera liderar un Gobierno en agosto de 2019.

Este riesgo, que la caída de Vox ponga en peligro la mayoría absoluta de la derecha, era un factor con el que no se contó en esta campaña. Pero no es la única variable fuera de control. Las elecciones son un polvorín, en el que la mecha se ha encendido sin que nadie tenga seguridad sobre en qué dirección va a producirse la explosión.

El aire sopla con fuerza a favor de la candidata popular, a la que ninguna encuesta niega una subida espectacular con respecto a los resultados de las autonómicas de 2019. Entonces, el PP se quedó en los 30 escaños. La mayoría absoluta está en los 67.

Sin embargo, ante las vibraciones que percibe la demoscopia sobre la fuerza electoral de Vox, en el equipo de campaña de la Puerta de Sol empiezan a preguntarse si no les convendría dar algo de aire a Ciudadanos para garantizarse que la formación naranja entra en la Asamblea, e intentar así que, pese a la crisis radical en la relación entre los dos partidos, Cs acabe inclinándose del lado de la derecha.

Esta posibilidad también tiene sus riesgos porque en el PP temen que, en este contexto de guerra abierta entre los dos partidos que eran socios hasta antes de ayer, y que tienen que continuar siéndolo en importantes Gobiernos autonómicos, los de Inés Arrimadas pidan la cabeza de la candidata popular para proceder a la investidura de otro Gobierno del PP.

En este cálculo de escenarios, en el PP dicen que Ayuso debería «blindarse» buscando el apoyo de referentes del partido, «que estén más allá de Génova, ya que en la dirección nacional tiene adversarios que pueden jugar en su contra si las elecciones, pese a su remontada, la colocan en una situación difícil para sumar la mayoría absoluta que necesita para gobernar». Todas las encuestas publicadas animan a la confianza de los populares, pero en la «cocina» de la campaña no se da nada por hecho ni se respira tranquilidad.

Ya a nivel nacional, el bloque del centro derecha se ha visto inmerso en un proceso anticipado de recomposición, en el que la caída de Cs obliga a Casado a revisar su plan para llegar al Palacio de la Moncloa. De momento, la primera rectificación impuesta, sustancial, es su ruptura con el partido de Santiago Abascal.

De todas las idas y venidas en la estrategia frente a Vox, en Génova se impuso el divorcio rotundo, como salida cortoplacista para ganar a Abascal la moción de censura que presentó contra Pedro Sánchez. Esta estrategia tenía también su sentido electoral porque la cúpula popular sí coincide en esto con el criterio de los barones, aunque luego discrepen en los caminos para hacer frente al problema: el PP no puede volver a ser una opción de gobierno nacional si se escora a la derecha y pierde el centro.

Cuando se resuelvan las elecciones de Madrid, y se clarifiquen las alianzas, en el mejor de los casos Génova tendrá que hacer digerible para sus barones un acuerdo con Vox, en el que no descartan la posibilidad de que vaya incluida la exigencia de entrar en el gobierno. Y los barones no lo pondrán fácil, aunque no será suya, en ningún caso, la decisión. Ellos defendían que en donde se gobierna, la integración con Ciudadanos debía hacerse por simbiosis, y, sin embargo, esta integración se ha representado ante la opinión pública como una batalla cruenta, con elementos de «operación de pillaje». Desencadenada por la «jugarreta» de Cs en Murcia.

Madrid es también clave para Sánchez para convocar elecciones generales. En Moncloa dan cuerpo al eslogan de que la alianza del PP con Vox en la capital alejará definitivamente a Casado de la posibilidad de construir una alternativa de centro derecha a la mayoría del PSOE con nacionalistas, independentistas y otros partidos de izquierda. Dicen que el PP sólo puede llegar a La Moncloa cuando es capaz de hacerse con votos que en otras urnas han ido al PSOE, y que esto es imposible si la imagen que se traslada a la ciudadanía es la de la alianza Casado-Abascal. El PSOE está en otra operación de giro al centro, que cojea por el peso de lo hecho y dicho por Sánchez.

La caída de La Razón
Nota del Editor 28 Marzo 2021

Tengo la impresión de que los votantes de Vox tenemos las ideas muy claras y no podemos fiarnos ni del PP ni de C's. Si aún quedan españoles que quieren apoyar al PP para que sigan otros cuarenta años tomándonos el pelo, allá ellos con sus creencias que no razones. En la situaciòn actual, la única opción razonable es Vox, lo demás son cortinas de humo para que parezca que algo cambia y todo siga empeorando, ya falta poco para convertirnos en hermanos venezolanos.

De la encuesta a la orientación del voto: los gurús demoscópicos también juegan
Javier Torres https://gaceta.es/ 28 Marzo 2021

Cuando una encuesta falla, y fallar es irse más de dos puntos, quien miente no es el votante, es el responsable de la encuesta. Así de tajante se mostraba Narciso Michavila, presidente de Gad3, en una entrevista concedida a ElDiario.es el 14 de abril de 2019 a dos semanas de las elecciones generales. La irrupción de VOX cuatro meses antes en las andaluzas había propiciado el desalojo del PSOE del poder tras casi 40 años gobernando y un nuevo actor en el bloque de la derecha. Nada fue casualidad, sino la confirmación de que el bipartidismo había perecido en manos de Podemos, CS y VOX. Una bendición para politólogos y sociólogos pero un obstáculo para la formación de gobiernos. Por este motivo -la falta de acuerdo entre las distintas fuerzas del parlamento- se produjo la repetición de elecciones en 2019 y eso suscitó cierto hartazgo en la población y nerviosismo en la clase política, incluso para el que más parecía ganar con la nueva convocatoria: Pedro Sánchez. El 10 de noviembre los españoles estaban llamados a las urnas porque el líder socialista no recabó los apoyos suficientes para ser investido presidente tras las elecciones de abril. Durante esos meses de entreguerras al clásico ruido mediático afín a los grandes partidos se sumó un factor, las encuestas, que tomó más relevancia que nunca. Aquel verano fue intenso en la publicación de sondeos y, especialmente, tras la convocatoria de repetición de comicios anunciada por Sánchez en septiembre. Los fontaneros de la Moncloa -Iván Redondo mediante- convencieron al presidente de que el PSOE crecería en una nueva cita con las urnas. El precedente de Rajoy en 2016 invitaba al optimismo, pero por si acaso apareció José Félix Tezanos, nombrado por Sánchez presidente del CIS un año antes, para generar un clima favorable al PSOE.

De esta forma el 29 de octubre de 2019 el CIS publicaba la última encuesta antes de las generales del 10 de noviembre. Tezanos hinchaba al PSOE y a Podemos y desinflaba las expectativas de PP y VOX. El error, desde luego, no era pequeño, pues la sobreestimación del bloque de la izquierda era de +5,5 puntos y la infravaloración del bloque de la derecha de -10,2. Veamos: otorgaba al PSOE un 32,2% del voto (finalmente obtendría el 28,3%), a Podemos 14,6% (luego sería el 13%), al PP 18,1% (obtendría el 21%) y a VOX un 7,9% (obtendría el 15,2%). Esta encuesta estaba tan alejada de la realidad que incluso pronosticaba que Ciudadanos superaría con un amplio margen a VOX. Tezanos le dio al partido de Rivera un 10,6% (obtendría un 6,8%) pero las cosas fueron muy diferentes en el escrutinio: VOX alcanzó 52 escaños y CS cayó hasta los 10.

Con ejemplos así es lícito preguntarse si las encuestas se hacen para conocer la opinión de los españoles o si en realidad buscan orientar el voto. Sobre todo cuando el que las diseña comparte militancia con uno de los actores implicados. En dos años y medio al frente del organismo público Tezanos ha logrado que todos los españoles conozcan quién lo dirige. Nunca los estudios del CIS tuvieron tanta repercusión política y mediática, lo que no habla precisamente bien de su reputación. Pero no parece que nada de esto quite el sueño ni a Sánchez ni a Tezanos, que dejó a regañadientes su cargo en la Ejecutiva del PSOE, partido al que se afilió justo un año después (1973) del nacimiento del presidente del Gobierno. El botín: la cocina de las encuestas y un sueldo de 100.000 euros anuales. La importancia del CIS es tal para la factoría Redondo-Sánchez que ni siquiera en una coyuntura económica como la actual se atreven a recortar el gasto. Muy al contrario: han incrementado un 13% el presupuesto para 2021 con 9,1 millones de euros.

Pero además de hacer con el dinero de todos los españoles encuestas a la medida de Pedro Sánchez, Tezanos se quitó definitivamente la careta un mes antes de las elecciones generales del 10 de noviembre. En esta ocasión no fue ningún estudio sociológico el que descubrió al impostor, sino algo que no parece muy apropiado para un presidente del CIS: decir al votante a qué partido votar. Así lo hizo en un artículo titulado “¿Cómo salir de los bloqueos políticos?” publicado en la revista Temas. “Lo único sensato es reaccionar con pragmatismo y con sentido de la utilidad del voto, concentrándolos en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar. […] Los hechos concretos son que en España se ha bloqueado la posibilidad de gobernar al único partido que podía hacerlo (el PSOE)”.

Claro que todas las encuestas tienen margen de error, como recuerda habitualmente el sociólogo Amando de Miguel, pero otra cosa es que el error siempre beneficie a quien encarga el estudio. Es decir, quien paga manda. Y si el PSOE tiene a José Félix Tezanos, el Partido Popular tiene a Narciso Michavila, presidente de Gad3, como sociólogo de confianza. Además de su pasión por la sociología Michavila comparte con el socialista algo que, a priori, es arriesgado para un responsable demoscópico como manifestar opiniones políticas en público. El 11 de marzo de 2019 Michavila hablaba sin pelos en la lengua sobre los jóvenes votantes de VOX que recientemente habían celebrado un acto en una discoteca de Madrid. “Los jóvenes de VOX se creen que salvan España por irse de cañas cantando el himno de la legión”, dijo en el programa El cascabel al gato de 13TV. Ahí no acabaron sus críticas al partido que tres meses antes había irrumpido en la política nacional entrando en el parlamento andaluz con 12 representantes: “Hay algunos que no paran de hacer propuestas, otros de firmar acuerdos y otros, en cambio, destinan el 80% de su tiempo y de su fuerza en atacar a los que en teoría serían sus aliados (por el PP y Ciudadanos). ¡Y se suponía que era un nuevo partido que venía a salvar España!”.

En el terreno de las encuestas Gad3 sorprendió recientemente por su escasa actividad en las últimas elecciones autonómicas catalanas. En esta ocasión sólo publicó un estudio en contraste con la intensa actividad de otras citas electorales como las dos elecciones generales de 2019. El único sondeo publicado fue para La Vanguardia (10 de enero) con un errático pronóstico sobre las formaciones del centro-derecha partidarias de la unidad de España. Michavila situaba en último lugar a VOX con 4 diputados, el PP le doblaba con 8 y CS aparecía el primero del bloque con 12. La realidad de la noche electoral del 14 de febrero fue bien distinta: la suma de populares (3) y naranjas (6) ni siquiera fue suficiente para alcanzar a los 11 diputados de VOX. Si los malos augurios del PP en Cataluña fueron el motivo de que Gad3 no recibiera más encargos (por ejemplo, de ABC) es algo que desconocemos.

Lo que sí se sabe con certeza es que desde 2019 las encuestas de Gad3 repiten un patrón: una sobreestimación del bipartidismo y, en particular, de las expectativas del Partido Popular. En febrero de 2019 otorgaba al PP 97 escaños y 122 al PSOE. Un mes después, en marzo, la empresa demoscópica publicaría dos barómetros: el primero situaba al PP en 87 diputados y al PSOE en 134; el segundo sondeo elevaba al PP en la horquilla de 94-99 escaños y a los socialistas en 131-134. En abril la empresa de Michavila haría tres encuestas más. La primera, del 8 de abril para ABC, daba al PP entre 86-90 escaños y al PSOE 137-139; la segunda, del 14 de abril para La Vanguardia, mostraba solo el porcentaje: 21% para el PP y 31,1% para el PSOE; la tercera y última, del 22 de abril, situaba al PP en la horquilla de 81-86 y al PSOE 134-139. Las elecciones generales del 28 de abril, sin embargo, despejaron la incógnita: los socialistas sacaron 123 y el PP 66. O sea, las urnas dieron al PP 20 escaños menos de los pronosticados por Gad3 en su última encuesta.

Aplicando la lógica del propio Michavila (“cuando una encuesta falla, y fallar es irse más de dos puntos, quien miente no es el votante, es el responsable de la encuesta”) se diría que él mismo mintió, pues los sondeos publicados en febrero, marzo y abril situaban al PP en los siguientes porcentajes de votos: 23,2%, 22,1%, 21,9%, 20,9%, 21% y 20,1%, mientras que el resultado de las urnas fue muy diferente a lo pronosticado: 16,7%, es decir, ¡una diferencia de entre 6,5 puntos (la estimación más alta) y 3,4 puntos (la estimación más baja)!Los vaticinios para las generales del 10 noviembre no fueron mucho mejores. Especialmente sangrante es el caso de VOX que, al contrario que el PP, las estimaciones siempre van por debajo de su resultado en las urnas. En la encuesta publicada el 24 de junio Gad3 otorgaba al partido de Abascal 9 escaños (5,6%); en la del 9 de septiembre 14 escaños (7,9%); el 22 de septiembre -para La Vanguardia– le daba 19 escaños; el 26 de septiembre 21 escaños (9,6%); el 7 de octubre 29 escaños (10,6%); el 14 de octubre 33 escaños (11,8%); el 21 de octubre 33 escaños (11,9%); el 28 de octubre 41 escaños (13,5%); y la última, del 4 de noviembre, 49 escaños (14,9%). El escrutinio de las elecciones del 10 de noviembre otorgó a VOX 52 escaños y el 15,2% del voto, lo que evidencia que Gad3 sólo se acercó en la última encuesta quedando lejísimos en todas las demás. Un desajuste enorme que, como dice Michavila, no es porque mienta el votante.

La Caja C de Podemos o el capitalismo de camaradas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 28 Marzo 2021

Debe haber otra fuente que no sea la del sueldo oficial, ni la Caja B de los sobresueldos, denunciada en sede judicial y en proceso de investigación.

A los periodistas les cuesta asumir que el comunismo es, en última instancia, robarles todo a todos, y quedárselo ellos en nombre del pueblo. Así que cuando apareció en Forbes la Cuenta del Comandante en Suiza, que acreditaba que Fidel Castro era el más rico que Cuba y uno de los más ricos del mundo, mirasen a otro lado. Pero en Memoria del Comunismo he documentado cómo todos los líderes comunistas sin excepción, de Lenin a Maduro, se hicieron con un gigantesco patrimonio en el Poder; y se las arreglaron para vivir sin trabajar, a costa de algunos, antes de forrarse robando a todos. El tovarich Iglesias no es una excepción: sólo actualiza el castizo capitalismo de amigotes y lo dignifica como Das Gut Kapital. El capital es bueno en manos comunistas. En otras manos, es muy perjudicial.

Los números negros y el tuiterismo rojo
No se sabe si era legalmente obligado o ha sido una forma de apoyar a Gabilondo, que falta le hará con Irene Lozano cerca, pero la publicación del patrimonio de los diputados en Cortes supone un golpe durísimo para el candidato de la clase obrera a la Comunidad de Madrid. El Mundo tituló: "Pablo Iglesias multiplica su riqueza por seis desde que es político. Admite tener un patrimonio de 352.000 euros cuando en 2014 era poco más de 60.000. Irene Montero disfruta de un capital aún mayor: 443.000 euros".

Ramón Espinar, otrora hombre fuerte del podemismo y que gracias al tráfico de influencias paternas y vía Caja Madrid, consiguió un piso de protección social que se apresuró a revender ganando 50.000 euros sin haberlo pisado, atacó en el mejor estilo comunista. Dos tuits bastaron para alertar sobre el origen de la súbita riqueza de los marqueses de Galapagar:

"Iglesias es una persona honrada y honorable. No creo que nadie lo dude. Podemos tiene que asumir que forma parte del juego democrático que, si tu líder entra en política en 2014 con 45.000 euros y sale en 2021 con un patrimonio de 800.000, te pregunten por eso. Y no pasa nada".

"Irene Montero entró en política con 6.000 euros en la cuenta. Hoy declara otros 800.000 euros. Nadie piensa que haya nada raro, por supuesto. Pero explicar estos incrementos patrimoniales en fundamental para poder exigir a los demás transparencia".

Y remató con este otro, de burla, mofa, rechifla y masticada venganza:
"Así que ofenderse mucho por pedirle a los nuestros que expliquen grandes incrementos de patrimonio es sectario y miope".

¿Qué suena peor: lo de "grandes incrementos de patrimonio" o "los nuestros"? ¿O que "los nuestros" de ayer consideren "ajenos" a los de hoy? En todo caso, lo que se vislumbra es que la lucha entre facciones podemitas continuará, en la tradición cainita del trotskismo o del maoísmo frapero. Si el PSOE y las derechas saben soplar sobre esas ascuas, arderá la pradera. Recordemos que Espinar se fue de Podemos, según dijo a Fray Ferreras, porque tanto Iglesias como Errejón "querían romper el partido". Así fue. Y en un primer momento, Vistalegre II, Iglesias destrozó a Errejón. Carmena lo rescató, aunque lo abandonó en víspera de las Generales. Pero mientras el marquesado se asentaba, el proyecto comunista dependía del Gobierno y los separatistas. Y el fracaso de las mociones de censura hace que, dos años después, se vislumbre la revancha de Errejón y Tania Sánchez, la verdadera secretaria general de Más Madrid, que debería llamarse Menos Iglesias.

¿Pueden denunciar Errejón y Tania?
No sabemos si, cuando cayó Errejón, regía ya el fértil sistema de sobresueldos en la cúpula de Podemos denunciado por la abogada de la formación comunista Carmona. Hasta ahora, Errejón no ha dicho nada, aunque todo en él parece ahora cosa muda, una sombra a la sombra de las mujeronas de su partido, todas de armas tomar y ninguna relevante. Si Isa Serra, pareja de Juan del Olmo, estaba calentando el lugar de Pablo e Irene, la pistolera Mónica está actuando en lugar de Tania Sánchez, que intenta evitar que se le acuse de lo inevitable: la venganza de la mujer despechada. Nadie que conozca el episodio de la columna se lo reprocharía, así que es más lógico que intente que no se recuerde el tremendo, inolvidable caso de corrupción en Rivas Vaciamadrid, con Tania presente en la adjudicación de un montón de contratos a su hermano, bajo la sombra política de su padre. Probablemente por eso, ni Errejón ni Tania han hablado hasta ahora. Pero la campaña será larga y dura, y a poco que se avive la oposición, lo harán.

El hilo del ovillo: los seguros
Aunque como avanzaba este sábado Libertad Digital, el patrimonio de los diputados se calcula en bruto, no restando el debe del haber, y es necesaria una auditoría sistemática de todas las declaraciones, para que no se camufle en la familia las posesiones reales del o la representante popular, hay en la declaración de los marqueses puntos ciegos, por lo reciente de su fortuna y lo inverosímil de su capacidad de ahorro. Luca Constantini, inspector jefe y zahorí supremo de las alcantarillas podemitas, ha señalado el punto ciego en los datos patrimoniales de Iglesias y Montero: los seguros y pensiones.

187.000 euros, aparte de cientos de miles de patrimonio declarado, son incompatibles con el ingreso tasado por los estatutos, que no debería superar en tres veces el salario mínimo, dejando el resto para el partido y donaciones. Debe haber otra fuente que no sea la del sueldo oficial, ni la Caja B de los sobresueldos, denunciada en sede judicial y en proceso de investigación; ni siquiera Neurona, la caja B particular de Monedero.

Los seguros de vida y pensiones nos orientan hacia el Oriente Rojo Dorado, la Caja C de los Comunistas fetén, el equivalente de la fabulosa Cuenta del Comandante. Es la más opaca de todas las cuentas, según cree la abogada disidente, se llama Caja de Resistencia, tenía 500.000 euros para supuestos cursos de formación y la controla Rafael Mayoral, que con Del Olmo e Iglesias forman la tríada masculina de Unidas Podemos, tres tíos con un emotivo hecho común: los tres fueron pareja de la jotía Irene.

Atención a Triodos Bank
Pero en todo fondo de procedencia dudosa, la investigación siempre encuentra una cuenta detrás de una cuenta detrás de una cuenta, etc. La caja detrás de la caja C, según ciertas fuentes que bien pueden ser las grandes animadoras de la campaña de Madrid, sería Triodos Bank, tras la cual está la Caja de Ingenieros de Barcelona, la caja-cajón del dinero podemita y que obsequió a los marqueses con el casoplón de Galapagar a mitad de precio, y, para pagarlo, les regaló una hipoteca que ningún banco daría a una pareja con recursos tan inestables como los políticos. Claro que, si la política es la comunista, es decir, la de robarles todo a todos, el riesgo es muchísimo menor. Y puede compensar.

El millonario Pablo Iglesias necesita pobres
EDITORIAL Libertad Digital 28 Marzo 2021

El comunista Pablo Iglesias, que odia con saña a los ricos pero que forma parte del 1% de los españoles más potentados desde que entró en política, quiere arrebatarle la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y venezolanizar la región más próspera de España.

El redomado hipócrita que en cuanto pudo huyó del humilde barrio de Vallecas para instalarse junto con su semejante Irene Montero en una exclusiva zona residencial de Galapagar ha conseguido amasar en su muy corta carrera política un sustancioso patrimonio que supera los 300.000 euros, muy por encima del que dice tener Pedro Sánchez (211.650) pero aún inferior a los de su pareja, la colocada ministra de Igualdad, que ha pasado del mileurismo ha atesorar unos 400.000 euros. Imposible encontrar un mejor ejemplo de lo que representa la sobrecogedora izquierda española revolucionaria por cuenta ajena.

Iglesias y Montero viven escandalosamente bien de excitar el odio a la sociedad en la que viven como privilegiados. De predicar exactamente lo contrario de lo que hacen. De los pobres de los que se apartan y a los que explotan sin vergüenza. Son mentira.

El potentado Iglesias que huyó de Vallecas para instalarse tan espléndidamente en Galapagar carga contra Ayuso porque, dice, hace pagar poco a los ricos. Sin vergüenza, oculta que Madrid es la región que menos castiga a las rentas más bajas. Junto a Canarias y La Rioja, es la que extrae menos IRPF a los contribuyentes menos pudientes, a esos que dice defender el millonario comunista. Que un madrileño que cobra apenas 16.000 euros brutos al año tribute 300 euros menos que un navarro o que un catalán escuece sobremanera a un Iglesias que quiere a los pobres dependientes y, por tanto, sometidos a sujetos de su calaña.

En Madrid, todos los contribuyentes, con independencia de su renta, deben entregar menos dinero al fisco que en los infiernos fiscales que tanto gustan a este Iglesias que no sabe qué es generar riqueza y que debe su creciente fortuna a quienes la crean. El chavista Iglesias necesita pobres, multiplicarlos como sea, para poder seguir disfrutando de su elevadísimo nivel de vida y cercenar las libertades de unos ciudadanos a los que pretende convertir en súbditos. Y para sacar adelante su programa miserabilizador y liberticida por supuesto contará con el respaldo de Ángel Gabilondo, que ahora dice que no quiere subir los impuestos pero hace dos meses sancionaba un sablazo de 1.300 millones a los madrileños.

Por esta y tantas otras razones, Madrid tiene que ser la tumba del chavismo.

Tránsfugas, fraude, caciques: la loca historia electoral y el reparto de poder en España
La campaña electoral más sucia de los últimos tiempos en Madrid recuerda a la época de corrupción y falta de representatividad de la Restauración y la Segunda República
Julio Martín Alarcón elconfidencial 28 Marzo 2021

Alianzas de Gobierno que se rompen, mociones de censura fallidas por tránsfugas que abandonan la disciplina de partido, sospechas de compra de votos, convocatoria de elecciones en mitad de una bronca política, avisos de fraude en el voto por correo... La campaña electoral de la Comunidad de Madrid ha comenzado como una de las más sucias que se recuerdan en España justo en el mes que se conmemoran 90 años de otras elecciones locales claves de nuestra historia, las municipales de 1931 que dieron lugar a la proclamación de la Segunda República y más importante aún, las de junio de ese mismo año que sirvieron de base para consolidarla: las constituyentes de 1931, unas de las menos transparentes de nuestra historia de las que están verificadas por los historiadores. Su importancia fue capital porque se elegía a los representantes que debían elaborar la Constitución: la izquierda y la derecha republicana aplastaron a los conservadores durante un proceso irregular.

¿Cuándo comenzaron en España las verdaderas elecciones representativas y cómo evolucionaron? Las diferentes leyes electorales y el método escogido arrojaron diferentes escenarios, el de la Segunda República, que ha acabado por parecerse en resultado por el fraccionamiento de las cámaras y la necesaria búsqueda de bloques, a la derecha y a la izquierda, exactamente lo mismo que ha marcado los últimos comicios en España bajo la actual ley electoral y que los grandes partidos como el PP de Ayuso y el PSOE de Gabilondo pretenden romper ahora en las autonómicas de la CAM de cara a sus electores, algo que parece imposible en la práctica incluso con la caída en picado de Cs y UP.

Tanto en 1931 como ahora se beneficiaba la mayoría pero el resultado fue el fraccionamiento

La necesaria formación de bloques de partidos con diferencias notables y la irremediable fragilidad del Gobierno resultante, como se ha comprobado en Madrid, ha forzado ahora un adelanto electoral. Antes, el Gobierno de Rajoy cayó en 2015 por una moción de censura inédita en la historia del periodo constitucional que comenzó en 1978. ¿Salud democrática o fragilidad?

Si algo caracterizó a España en el siglo XX fueron los periodos de interrupciones de elecciones democráticas; sin embargo, fue uno de los primeros países en adoptar el sufragio universal masculino en el camino hacia la verdadera democracia. Suspendido entre 1876-1789, 1923-1930 y 1936-1977 por sendas dictaduras, lo cierto es que durante el siglo XX se alcanzaron cotas importantes de representatividad que culminaron con el sufragio femenino en 1933, una de las más representativas de toda nuestra historia antes de la Transición.

Escaños automáticos
También fue una época de irregularidades y presencia de cacisquismo, compra de votos y fraude en mayor o menor medida según el momento. Un camino intrincado porque la ley electoral de 1907, presente durante toda la Restauración, preveía, por ejemplo, que si en una de las circunspriciones se presentaba un solo candidato este adquiría automáticamente el escaño, lo que favorecía el caciquismo.

Cuando se enmendó la ley tras la proclamación de la Segunda República en las primeras elecciones de junio de 1931, las presiones del Gobierno en algunas circunscripciones, como indica el historiador Javier Tusell, provocaron que solo se presentaran candidatos republicanos en muchas de ellas, que obtuvieron el escaño por las urnas, sí, pero también de forma automática en la práctica, puesto que no competían con ninguna otra lista debido a que la injerencia del Gobierno provisional fue mayor de la deseable para unas elecciones limpias.

¿Cómo había comenzado todo? En el siglo XX, tras la experiencia de la Primera República, durante la Restauración se articuló un sistema que se fue perfeccionando a bandazos y que tuvo una importante acción de palanca en el método del 'encasillado', por el cual las coaliciones preelectorales se repartían los escaños. ¿Se imaginan ahora que Cs y PP concurrieran en un bloque y uno de ellos decidiera cederle un escaño para asegurar otros? Según el historiador Roberto Villa:

"En España, el turno era un mecanismo de alternancia. Se iniciaba cuando el partido gobernante perdía la mayoría parlamentaria (por divisiones internas, escisiones, etcétera). Entonces, el presidente del Gobierno dimitía y aconsejaba al Rey llamar al líder de la oposición al poder. El nuevo presidente disolvía las Cortes y convocaba elecciones. Para asegurar que el futuro Parlamento fuera gobernable, este pactaba con el anterior presidente (ahora jefe de la oposición) una coalición electoral. El encasillado era el reparto de las candidaturas dentro de esa coalición: al partido en el Gobierno lo aseguraba un número de candidatos que le hiciera posible competir por la mayoría de los escaños; y al principal partido de la oposición, un número de candidatos que le asegurara poder competir por un número de escaños que le permitiera vigilar y contrapesar con eficacia al Gobierno. Se hacía entonces porque, hasta que no terminara de activarse el sufragio universal, los electores solían abstenerse o votar al partido en el poder. El turno aseguraba que hubiera alternancia y que un solo partido no se quedara para siempre con el poder, que es lo que antes de 1875 había provocado revoluciones, golpes militares, motines...".

Rupturas y transciones
La revolución de 1917 hizo saltar por los aires 'de facto' el sistema de la alternancia. La amenaza contra la monarquía de sindicatos, nacionalistas y hasta del ejército generó un clima de inestabilidad que abundó en una división total entre los partidos y la consecuente fragmentación parlamentaria de la que no se recuperaría ya el país a pesar de que se modificase el reparto a partir de la Segunda República con la intención inicial de favorcer a los partidos más votados.

Tras la interrupción de la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930, que avaló el propio Alfonso XIII, el monarca viró después hacia una teórica transción de nuevo democrática liberal que se vio truncada porque culminó precisamente en el descalabro monárquico de las elecciones municipales del 20 de abril de 1931, de las que se cumplen ahora 90 años y que iniciaron el periplo de la Segunda República.

La cita clave fue la convocatoria de elecciones constituyentes, es decir, representantes para una asamblea que elaborara una constitución, las reglas del juego democrático. En la historiografía tradicional es el comienzo de la democracia en España, pero el propio diseño del funcionamiento institucional acabó lastrando con múltiples problemas al país al constituirse la figura del presidente de la República –que recayó en el conservador republicano Alcalá Zamora durante cuatro años de los cinco de su existencia– de forma casi más omnipresente y arbitraria que la del propio Alfonso XIII durante la Restauración. El resultado es fácilmente comprobable: presidentes del Gobierno como Ángel Pestaña, Portela Valladares o el mismo Alejandro Lerroux que estaban muy lejos en las urnas de representar la voluntad popular ya que en el bloque de la derecha el más votado había sido Gil Robles.

El historiador Ángel Viñas también ha recalcado la negativa participación en la política, por arbitraria, que tuvo el presidente de la Segunda República, provocando una inestabilidad aún mayor, aunque explica que en el caso de Gil Robles no le entregaba el Gobierno porque temía que modificase la Constitución republicana. ¿Por qué ocurría esto? Una explicación es que la propia elaboración de la misma por parte de las Cortes resultantes estaba muy sesgada y no respondía al verdadero mapa electoral debido a las elecciones de junio de 1931, que fueron más que irregulares. Así, la Constitución técnicamente más legalista de toda nuestra historia, la de 1931, ya que se elaboró tras una convocatoria para elegir a los representantes que debían votarla –no como ocurrió en el 78, ya que fueron para el Gobierno– quedó también en gran medida tocada.

Injerencia en las elecciones
"A pesar de las buenas intenciones manifestadas repetidamente por el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, la verdad es que el examen de la elaboración de las candidaturas provincia por provincia, atendiendo especialmente a la correspondencia entre el ministro de la Gobernación y los gobernadores civiles, así como a los datos que nos proporciona la prensa provincial, parece demostrar que, en primer lugar, hubo intervención del Gobierno como tal en la confección de las candidaturas, y es muy probable que esa intervención, en parte favorecida por la carencia de reacción social de la derecha, en ocasiones supera lo habitualmente permisible en unas elecciones en un país con instituciones democráticas estables" –Tusell, Manjón, Queipo de Llano, 'Las constituyentes de 1931: unas elecciones de Transición'–.

Aunque no se pueden calificar ni mucho menos de fraudulentas, el consenso general entre los historiadores es que, debido a las irregularidades y la intervención estatal, el resultado distó mucho de representar realmente al electorado, a lo que también ayudó el hecho de que la derecha conservadora monárquica no fue capaz de aglutinar el voto por diferencias entre los partidos, que no llegaron a ninguna coalición, que sería clave en las listas de todas las elecciones de la Segunda República. ¿Por qué? Debido al sistema que se eligió para el reparto de los escaños. Se escogieron circunscripciones provinciales y una decena de circunscripciones urbanas aparte que se crearon con las ciudades mayores de 100.000 habitantes.

Los electores votaban a un número menor de candidatos que de escaños en juego, pero como las circunscripciones suelen tener muchos escaños, el efecto resultó en que la lista ganadora, aunque fuera por un voto, se llevaba del 75 al 80% de los escaños; la segunda más votada, del 20-25%; y el resto nada. Todos los candidatos debían sobrepasar el 20% de los votos emitidos para obtener el escaño y, tras la reforma electoral, al menos uno de ellos tenía que reunir el 40% de los votos emitidos. Las vacantes que se producían se jugaban en una segunda vuelta, donde se imponía ya el vencedor.

Estaba concebido para dar una gran mayoría al que ganara y reducir al máximo los escaños de la oposición; pero ocurrió que, tal y como explica Roberto Villa, al haber circusncripciones grandes y por tanto muchos escaños en juego en las provincias donde las fuerzas estaban equilibradas, los pqueños partidos con pocos votos podían decantar la victoria y que partidos que hubieran obtenido ese 20% pasaran al 75-80%, lo que favorecía las coaliciones y al final un reparto dentro de las mismas". El resultado fue que hubo nada menos que 30 partidos con representación parlamentaria, 19 gobiernos y tres elecciones generales en tan solo cinco años. Por motivos diferentes la CAM se enfrenta a hora a unas elecciones en las que si Cs y UP superan el 5% del umbral de votos con la Ley Dhont ,se volverá a un Parlamento fraccionado y la necesaria formación de bloques post elecciones, precisamente lo que los candidatos mayoritarios más temen.

La clave de la ley Celaá
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli.es 28 Marzo 2021

La nueva ley de educación promovida e impuesta por Podemos, el PSOE de Sánchez y los separatistas ha vuelto estos días a ocupar el frontispicio del debate público por dos motivos: el duro choque parlamentario entre el diputado del PP, Juan José Matarí y la ministra del ramo y la presentación por parte del Grupo de Vox en el Congreso de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC de esta norma abominable. El caso de Matarí es realmente sangrante: Cuando el representante popular interpela a la ministra sobre la tremenda agresión perpetrada en la ley contra los centros de educación especial y hace referencia en su intervención a su hija Andrea, aquejada de síndrome de Down, que gracias a la atención específica recibida en una de estas indispensable instituciones ha conseguido un grado universitario y su plena inclusión laboral y social, la ministra Isabel Celaá le acusa en un tono desabrido y despreciativo de no tener ni idea del mundo educativo ni de sus problemas, de preferir una educación entendida como mercancía sujeta a demanda en lugar de un derecho y de pertenecer a una formación que nada ha aportado al progreso de nuestro país.

Ni una referencia amable o comprensiva a la situación familiar del diputado, a los esforzados y admirables sacrificios y dedicación ejercidos por unos padres ejemplares para sacar adelante a Andrea hasta conseguirlo con éxito, ni una señal de simpatía o de amabilidad frente a un problema humano que como tal se sitúa por encima de enfrentamientos partidistas. Tan sólo prepotencia, descalificación gratuita, puro rencor. No cabe duda de que en el Gobierno que padecemos abunda el sectarismo, pero lo que Isabel Celaá dejó en evidencia el pasado miércoles es que alberga en algunos de sus miembros dosis considerables de maldad.

En cuanto al recurso presentado por Vox ante el TC, revela las evidentes diferencias entre esta organización y su principal rival en el campo liberal-conservador. Mientras el PP se mostró en principio contrario a dicha iniciativa en la Asamblea de Madrid negándole su apoyo en la Junta de Portavoces, Vox ya la ha formalizado este jueves pasado ante el Supremo Intérprete de nuestra Norma Suprema por vía de su Grupo en el Congreso. Ahora el PP anuncia su propio recurso, pero tarde, rectificando y a remolque de su posible némesis. Las vacilaciones, complejos y falta de una sólida base conceptual general de aplicación inmediata a los temas concretos es una de las debilidades más obvias de quién aspira a ser la casa común del centro-derecha.

Recordaba recientemente José J. Jiménez Sánchez que depositar la soberanía última en el pueblo, en la opinión pública, fue la forma en que los pensadores liberales clásicos acabaron resolviendo la paradoja, que tanto atormentó a Hobbes, de que un poder absoluto sólo puede ser contenido por otro aún más absoluto, con lo que este proceso opresivo no se detiene jamás. Sin embargo, la sabia máxima de que para que el Gobierno dependa de la opinión, la opinión ha de ser independiente del Gobierno, junto con el principio de la separación de poderes, son dos pilares irrenunciables de una democracia verdadera, viable y saludable. Pues bien, este esquema es el que está en serio peligro en España y la ley Celaá es uno de sus instrumentos más malignos y eficaces. Su fragmentación de los métodos evaluativos y de los contenidos curriculares, privando al Estado de su control en favor de las Autonomías, permite el imparable avance de la destrucción de esa soberanía indivisible radicada en el conjunto de los españoles como un todo; su asfixia de la enseñanza concertada debilita la libertad de educación procurando el gregarismo en las aulas dominado por el pensamiento único progresista políticamente correcto; su cruel supresión de la educación especial condenando a los niños con capacidades distintas a una falsa inclusividad que los aboca a la discriminación, la frustración, el sufrimiento y el fracaso y la eliminación del carácter vehicular de la lengua común son las piezas maestras de un plan de arrasamiento de nuestro orden social.

Abandonados a su desgracia
Para que la soberanía popular adquiera sentido, los ciudadanos han de poseer un alto grado de formación y de conocimientos no sesgados que les conduzcan a sentar un criterio fundamentado a la hora de emitir su voto y dotarse así de los gobernantes acordes con sus deseos, aspiraciones, valores y necesidades. La Ley Celaá se mueve en sentido exactamente contrario, la transformación de la sociedad española en un rebaño indefenso frente a la manipulación y la mentira de unos medios de comunicación crecientemente orientados por el Gobierno, de un Parlamento a merced del Ejecutivo al estar constituido por empleados del omnímodo jefe de partido y de un poder judicial bajo amenaza creciente de perder su independencia y su imparcialidad. En relación a la cuestión que con tanta razón inquieta al diputado Juan José Matarí, la intención es aún más aviesa. Si miles de españoles con necesidades educativas especiales son desposeídos de los medios necesarios para superarse y tener vidas plenas y satisfactorias para ser abandonados a su desgracia, ¿cuál es la probable consecuencia en el momento en que sus padres durante la gestación deban optar por uno u otro camino respecto al futuro de este niño o de esta niña que merece toda su devoción y al apoyo de la sociedad en general? No respondo explícitamente a este interrogante lacerante porque me detiene la náusea moral.

Esa es, pues, la clave de la Ley Celaá, la de ser un engranaje de terrible efectividad en el cumplimiento de una agenda antropológica e ideológica que la Historia ya ha sepultado por los horrores que ha provocado allí donde se ha hecho y todavía se hace realidad. El hecho de que no pocos en la España actual hayan empuñado la pala del guerracivilismo, el odio y la intolerancia para desenterrar siniestros esqueletos que siembren la incertidumbre, la miseria y la división violenta en nuestra hasta ahora pacífica y próspera sociedad, nos llama a la movilización y a la acción antes de que sea demasiado tarde. Primera cita: la batalla de Madrid el próximo 4 de Mayo. Hay que echar el resto porque lo que está en juego no es de naturaleza solamente política, es de naturaleza existencial.


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“La ruta del odio: 100 respuestas clave sobre el terrorismo”
Vaquero Oroquieta, Fernando J.  28 Marzo 2021

2ª edición actualizada y revisada, ya en distribución de la mano de Ediciones Pompaelo.
El texto La ruta del odio pone en contexto lo que conocemos sobre el terrorismo y ayuda a responder muchas preguntas. ¿Cómo son, por qué hacen lo que hacen, qué filosofías hay detrás, desde cuándo operan, qué manuales siguen? ¿Hay diferencias entre unos y otros? ¿Qué pasó antes de la Guerra Civil? ¿Qué es el terrorismo de Estado? ¿Todos los grupos terroristas buscan generar represión para alimentarse? ¿Es terrorismo el vandalismo de kale borroka que estamos viviendo en los últimos años? ¿Qué relación hay entre el islam y el terrorismo yihadista?

Este libro nos permite examinar un fenómeno que marca la historia reciente desde el siglo XIX, y con raíces incluso anteriores, diseccionado clínica (casi entomológicamente) con abundante soporte para profundizar en todas las oscuras esquinas de esta plaga pasada, actual y (desgraciadamente) futura, y no quedarse en simplificaciones. Y tratándose de una edición revisada y actualizada, hemos tenido muy presentes diversos los nuevos episodios desde tan lacerante perspectiva: el cese de la actividad terrorista de ETA, la brutal eclosión de Estado Islámico (ISIS o Dáesh), el despunte de las denominadas «guerras híbridas», la furia letal de los siempre sorpresivos «lobos solitarios»…

Ante la proliferación de estudios sobre el terrorismo de muy variado cariz e intención, en ocasiones desde la más inmoral de las equidistancias, este volumen ofrece una guía sintética, pero profunda, de un panorama poliédrico juzgado tantas veces desde el prejuicio, el desconocimiento o la pura conveniencia política.

Vaquero Oroquieta, Fernando José, La ruta del odio: 100 respuestas clave sobre el terrorismo, 2ª edición actualizada y revisada, 443 páginas, Ediciones Pompaelo, Pamplona, febrero de 2021.

Enlace: https://www.amazon.es/ruta-odio-Fernando-Vaquero-Oroquieta/dp/B08WP3L2FG/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1613822247&sr=1-1
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COMUNIDAD VALENCIANA
Una caravana con cientos de coches protesta en el sur de Alicante contra la "imposición" del valenciano en la Educación
CRISTÓBAL TOLEDO. Pilar de la Horadada. El Mundo 28 Marzo 2021

Vuelve la batalla lingüística a la escuela valenciana tras el paréntesis de la pandemia

Cientos de coches han participado esta mañana en una protesta multitudinaria contra la "imposición" del valenciano en la Educación que ha recorrido las calles de Pilar de la Horadada, un municipio alicantino en la frontera con Murcia.

La marcha, convocada por la Asociación Pilar de la Horadada por la libertad lingüística, ha arrancado a las 11 de la mañana y ha contado con el respaldo del PP, Ciudadanos y Vox, que se han sumado a la caravana de vehículos.

El 'Que viva España' de Manolo Escobar a todo volumen recibía ya desde las 10 de la mañana a los manifestantes que se iban arremolinando en el punto de partida de la protesta, ubicado en el polideportivo municipal de Pilar de la Horadada, y que tenía como objetivo recorrer prácticamente todo el casco urbano. Los organizadores confiaban en la participación de 150 vehículos en la marcha y así lo comunicó el portavoz de la organización, Matías Campillo.

"Con esta protesta queremos presionar para que no se aplique la Ley del Plurilingüismo en secundaria que impone el valenciano. Queremos mostrar nuestro profundo rechazo a la imposición del valenciano y la Ley del plurilingüismo", expuso minutos antes de que la caravana arrancase.

Campillo hacía referencia a la aplicación de la segunda fase de la Ley de Plurilingüismo dictada por la Generalitat Valenciana y que contempla la introducción en secundaria de un 25% de materias en castellano, un 25% en valenciano y entre un 15 y un 25% en inglés. La norma ya se aplica en primaria y estaba prevista su introducción en secundaria, bachiller y FP en 2020, pero la pandemia obligó a retrasar el proceso de implantación.

Ahora, sin embargo, Educación ha retomado el proceso para que los centros de toda la Comunidad puedan trabajar con los ámbitos lingüíisticos que marca la nueva Ley en todas las fases educativas.

La alcaldesa de Santa Pola y vicesecretaria del PP en la provincia de Alicante, Loreto Serrano, mostró su apoyo a los organizadores de la protesta y a los afectados por la "imposición lingüística". "La gente quiere decidir en qué lengua estudian sus hijos y esto es una dictadura", apuntó la munícipe en la cabecera de la protesta.

En la misma línea siguió el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez: "Queremos que las dos lenguas puedan convivir, que no haya una imposición: primero el castellano y luego ya el que quiera, voluntariamente, el valenciano", dijo.

Una idea que compartió Campillo, quien sostuvo que, como consecuencia de la "imposición" del valenciano, muchos padres están escolarizando a sus hijos en la vecina región de Murcia. "Tenemos la suerte de que limitamos con Murcia", adelantó.

Una afirmación que contrastaba con una de las pegatinas que lucían algunos coches que participaban de la caravana: "No emigraremos para estudiar castellano".

La diputada de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, María Quiles, mientras tanto, defendió que la protesta no era un ataque contra el valenciano sino una defensa del castellano en una zona, la Vega Baja, donde predomina su uso. "El problema es que el Botànic no ha entendido la idiosincrasia de la gente de aquí. Piensan que odiamos la lengua, pero no es así. Lo que no vamos a consentir es que nos impongan una lengua que no es la nuestra. Somos tan valencianos como el resto aunque nuestra lengua sea el castellano", apuntó.

La comitiva arrancó a las 11.30 horas de la mañana y media hora después todavía seguían pasando vehículos por el punto de partida de la protesta.
 


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