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El dinero fallido de la pandemia
Hasta 140 millones de euros costaron a los españoles los contratos
fallidos firmados por el Gobierno en la caótica gestión de la crisis
sanitaria, un desastre económico sin matices
Editorial ABC 28 Marzo 2021
La improvisación y falta de previsión con la que actuó el Gobierno
de Pedro Sánchez durante los primeros meses de la pandemia, en la
pasada primavera, se saldó como mínimo con la firma de contratos
fallidos del Ministerio de Sanidad por valor de 140 millones de
euros. La inmensa mayoría de esos contratos fueron tramitados con la
urgencia que la gravedad de la pandemia exigía, pero se hizo casi a
ciegas, sin control alguno sobre las empresas suministradoras que
debían enviar a España las mascarillas, los guantes protectores y
diverso material sanitario, y con una enorme ingenuidad política.
Ese dinero no se ha perdido o malversado, y es de prever que nadie
se haya apropiado de parte de él. Sin embargo, la cifra demuestra la
debilidad negociadora que tenía el Gobierno de España frente a
países productores de material sanitario esencial, como por ejemplo
China. Se trata de toneladas y toneladas de material sanitario
frustrado que no llegó a España cuando más lo necesitaba el personal
de nuestros hospitales, y cuando los contagios estaban absolutamente
descontrolados. No hubo una estrategia meditada y fiable. Y si la
hubo en el ministerio que entonces dirigía Salvador Illa, fue
apresurada y carente de criterio. Por eso resultó fallida y por eso
se entiende ahora, con la perspectiva de los meses, que los
responsables ministeriales, en especial Fernando Simón, afirmasen
por activa y por pasiva que las mascarillas para la ciudadanía eran
innecesarias, cuando ahora se imponen por obligación. Aquellos
fueron meses de demasiadas mentiras que inexplicablemente no parecen
haber penalizado al Gobierno. Ahora, la evidencia de al menos una
decena de contratos millonarios frustrados desnuda las carencias de
aquella gestión.
Faltó transparencia y sinceridad entonces, y falta ahora también.
Los datos a los que ha tenido acceso ABC se basan en la información
expuesta por el propio Gobierno en los balances del Ministerio de
Sanidad gracias a los mecanismos de transparencia. Sin embargo, no
es posible acceder a otra información relevante que el Gobierno
oculta al ciudadano. Por ejemplo, los detalles pormenorizados de los
contratos fallidos, que no están disponibles en internet porque el
Ejecutivo solo ofrece esa documentación en el portal de
contratación. Es notorio que ese dato ayudaría a conocer y constatar
la cantidad de dinero público que pudo perderse por el camino en
estas operaciones, ya que en aquellos meses de extrema necesidad
para muchos países de Occidente, exportadores como China solicitaban
por norma una parte sustancial de los contratos, si no todo, por
adelantado.
Para un Gobierno que sigue empecinado en ocultar la cifra real de
fallecidos por coronavirus en un año, y que según cálculos fiables
de organismos públicos supera ya los 100.000, esconder datos sobre
la contratación pública es una cuestión menor. Sin embargo, esos
contratos son muy relevantes porque demuestran por qué la ciudadanía
estuvo tantas semanas tan desprotegida, más allá de que Sánchez,
Illa y Simón perdiesen demasiado tiempo infravalorando el virus y
despreciando todo tipo de alertas. Se imponía su agenda ideológica y
la salud era secundaria hasta que tomaron conciencia de la gravedad.
La cantidad de 140 millones de euros no es anecdótica en absoluto.
Es lo suficientemente llamativa como para saber con exactitud qué
ocurrió, cómo y con qué motivo. Y, sobre todo, para saber por qué el
Gobierno jamás ha hecho autocrítica y por qué nunca se depuraron
responsabilidades políticas ante un proceso de gestión tan
desastroso como el que el paso del tiempo está desvelando.
La caída de Vox asusta a Ayuso: encuestas
internas del PP no aseguran la mayoría absoluta
Carmen Morodo larazon 28 Marzo 2021
La caída en apoyos de Vox en Madrid tiene en alerta al Partido
Popular. A su candidata, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no le
salen todavía las cuentas para sumar la mayoría absoluta que
necesita para mantener el Gobierno regional, de acuerdo con los
trackings internos más recientes. Queda mucha campaña por delante,
pero la partida está abierta, y desde el PP madrileño están
advirtiendo a la estructura territorial de que no hay lugar para
«confiarse».
La semana pasada estaban en el límite, con el PP alrededor de los 55
escaños, pero Vox da signos de estancamiento e incluso de caída. ¿Y
si no hay mayoría porque Vox se derrumba? Ésta es la pregunta que
marca en este momento la campaña del PP en Madrid. De hecho, hasta
circula el rumor de que, en alguno de los estudios internos que han
realizado, el partido de Santiago Abascal se quedaba sin
representación. Suena a increíble, pero de esto hablan en el PP
regional, atribuyendo la «fuente» a la dirección de la campaña de
Ayuso. En la actualidad, Vox tiene 12 escaños en la Asamblea
madrileña, y sus votos fueron decisivos para que el PP pudiera
liderar un Gobierno en agosto de 2019.
Este riesgo, que la caída de Vox ponga en peligro la mayoría
absoluta de la derecha, era un factor con el que no se contó en esta
campaña. Pero no es la única variable fuera de control. Las
elecciones son un polvorín, en el que la mecha se ha encendido sin
que nadie tenga seguridad sobre en qué dirección va a producirse la
explosión.
El aire sopla con fuerza a favor de la candidata popular, a la que
ninguna encuesta niega una subida espectacular con respecto a los
resultados de las autonómicas de 2019. Entonces, el PP se quedó en
los 30 escaños. La mayoría absoluta está en los 67.
Sin embargo, ante las vibraciones que percibe la demoscopia sobre la
fuerza electoral de Vox, en el equipo de campaña de la Puerta de Sol
empiezan a preguntarse si no les convendría dar algo de aire a
Ciudadanos para garantizarse que la formación naranja entra en la
Asamblea, e intentar así que, pese a la crisis radical en la
relación entre los dos partidos, Cs acabe inclinándose del lado de
la derecha.
Esta posibilidad también tiene sus riesgos porque en el PP temen
que, en este contexto de guerra abierta entre los dos partidos que
eran socios hasta antes de ayer, y que tienen que continuar siéndolo
en importantes Gobiernos autonómicos, los de Inés Arrimadas pidan la
cabeza de la candidata popular para proceder a la investidura de
otro Gobierno del PP.
En este cálculo de escenarios, en el PP dicen que Ayuso debería
«blindarse» buscando el apoyo de referentes del partido, «que estén
más allá de Génova, ya que en la dirección nacional tiene
adversarios que pueden jugar en su contra si las elecciones, pese a
su remontada, la colocan en una situación difícil para sumar la
mayoría absoluta que necesita para gobernar». Todas las encuestas
publicadas animan a la confianza de los populares, pero en la
«cocina» de la campaña no se da nada por hecho ni se respira
tranquilidad.
Ya a nivel nacional, el bloque del centro derecha se ha visto
inmerso en un proceso anticipado de recomposición, en el que la
caída de Cs obliga a Casado a revisar su plan para llegar al Palacio
de la Moncloa. De momento, la primera rectificación impuesta,
sustancial, es su ruptura con el partido de Santiago Abascal.
De todas las idas y venidas en la estrategia frente a Vox, en Génova
se impuso el divorcio rotundo, como salida cortoplacista para ganar
a Abascal la moción de censura que presentó contra Pedro Sánchez.
Esta estrategia tenía también su sentido electoral porque la cúpula
popular sí coincide en esto con el criterio de los barones, aunque
luego discrepen en los caminos para hacer frente al problema: el PP
no puede volver a ser una opción de gobierno nacional si se escora a
la derecha y pierde el centro.
Cuando se resuelvan las elecciones de Madrid, y se clarifiquen las
alianzas, en el mejor de los casos Génova tendrá que hacer digerible
para sus barones un acuerdo con Vox, en el que no descartan la
posibilidad de que vaya incluida la exigencia de entrar en el
gobierno. Y los barones no lo pondrán fácil, aunque no será suya, en
ningún caso, la decisión. Ellos defendían que en donde se gobierna,
la integración con Ciudadanos debía hacerse por simbiosis, y, sin
embargo, esta integración se ha representado ante la opinión pública
como una batalla cruenta, con elementos de «operación de pillaje».
Desencadenada por la «jugarreta» de Cs en Murcia.
Madrid es también clave para Sánchez para convocar elecciones
generales. En Moncloa dan cuerpo al eslogan de que la alianza del PP
con Vox en la capital alejará definitivamente a Casado de la
posibilidad de construir una alternativa de centro derecha a la
mayoría del PSOE con nacionalistas, independentistas y otros
partidos de izquierda. Dicen que el PP sólo puede llegar a La
Moncloa cuando es capaz de hacerse con votos que en otras urnas han
ido al PSOE, y que esto es imposible si la imagen que se traslada a
la ciudadanía es la de la alianza Casado-Abascal. El PSOE está en
otra operación de giro al centro, que cojea por el peso de lo hecho
y dicho por Sánchez.
La caída de La Razón
Nota del Editor 28 Marzo 2021
Tengo la impresión de que los votantes de Vox tenemos las ideas muy
claras y no podemos fiarnos ni del PP ni de C's. Si aún quedan
españoles que quieren apoyar al PP para que sigan otros cuarenta
años tomándonos el pelo, allá ellos con sus creencias que no
razones. En la situaciòn actual, la única opción razonable es Vox,
lo demás son cortinas de humo para que parezca que algo cambia y
todo siga empeorando, ya falta poco para convertirnos en hermanos
venezolanos.
De la encuesta a la orientación del voto:
los gurús demoscópicos también juegan
Javier Torres https://gaceta.es/ 28 Marzo 2021
Cuando una encuesta falla, y fallar es irse más de dos puntos, quien
miente no es el votante, es el responsable de la encuesta. Así de
tajante se mostraba Narciso Michavila, presidente de Gad3, en una
entrevista concedida a ElDiario.es el 14 de abril de 2019 a dos
semanas de las elecciones generales. La irrupción de VOX cuatro
meses antes en las andaluzas había propiciado el desalojo del PSOE
del poder tras casi 40 años gobernando y un nuevo actor en el bloque
de la derecha. Nada fue casualidad, sino la confirmación de que el
bipartidismo había perecido en manos de Podemos, CS y VOX. Una
bendición para politólogos y sociólogos pero un obstáculo para la
formación de gobiernos. Por este motivo -la falta de acuerdo entre
las distintas fuerzas del parlamento- se produjo la repetición de
elecciones en 2019 y eso suscitó cierto hartazgo en la población y
nerviosismo en la clase política, incluso para el que más parecía
ganar con la nueva convocatoria: Pedro Sánchez. El 10 de noviembre
los españoles estaban llamados a las urnas porque el líder
socialista no recabó los apoyos suficientes para ser investido
presidente tras las elecciones de abril. Durante esos meses de
entreguerras al clásico ruido mediático afín a los grandes partidos
se sumó un factor, las encuestas, que tomó más relevancia que nunca.
Aquel verano fue intenso en la publicación de sondeos y,
especialmente, tras la convocatoria de repetición de comicios
anunciada por Sánchez en septiembre. Los fontaneros de la Moncloa
-Iván Redondo mediante- convencieron al presidente de que el PSOE
crecería en una nueva cita con las urnas. El precedente de Rajoy en
2016 invitaba al optimismo, pero por si acaso apareció José Félix
Tezanos, nombrado por Sánchez presidente del CIS un año antes, para
generar un clima favorable al PSOE.
De esta forma el 29 de octubre de 2019 el CIS publicaba la última
encuesta antes de las generales del 10 de noviembre. Tezanos
hinchaba al PSOE y a Podemos y desinflaba las expectativas de PP y
VOX. El error, desde luego, no era pequeño, pues la sobreestimación
del bloque de la izquierda era de +5,5 puntos y la infravaloración
del bloque de la derecha de -10,2. Veamos: otorgaba al PSOE un 32,2%
del voto (finalmente obtendría el 28,3%), a Podemos 14,6% (luego
sería el 13%), al PP 18,1% (obtendría el 21%) y a VOX un 7,9%
(obtendría el 15,2%). Esta encuesta estaba tan alejada de la
realidad que incluso pronosticaba que Ciudadanos superaría con un
amplio margen a VOX. Tezanos le dio al partido de Rivera un 10,6%
(obtendría un 6,8%) pero las cosas fueron muy diferentes en el
escrutinio: VOX alcanzó 52 escaños y CS cayó hasta los 10.
Con ejemplos así es lícito preguntarse si las encuestas se hacen
para conocer la opinión de los españoles o si en realidad buscan
orientar el voto. Sobre todo cuando el que las diseña comparte
militancia con uno de los actores implicados. En dos años y medio al
frente del organismo público Tezanos ha logrado que todos los
españoles conozcan quién lo dirige. Nunca los estudios del CIS
tuvieron tanta repercusión política y mediática, lo que no habla
precisamente bien de su reputación. Pero no parece que nada de esto
quite el sueño ni a Sánchez ni a Tezanos, que dejó a regañadientes
su cargo en la Ejecutiva del PSOE, partido al que se afilió justo un
año después (1973) del nacimiento del presidente del Gobierno. El
botín: la cocina de las encuestas y un sueldo de 100.000 euros
anuales. La importancia del CIS es tal para la factoría
Redondo-Sánchez que ni siquiera en una coyuntura económica como la
actual se atreven a recortar el gasto. Muy al contrario: han
incrementado un 13% el presupuesto para 2021 con 9,1 millones de
euros.
Pero además de hacer con el dinero de todos los españoles encuestas
a la medida de Pedro Sánchez, Tezanos se quitó definitivamente la
careta un mes antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.
En esta ocasión no fue ningún estudio sociológico el que descubrió
al impostor, sino algo que no parece muy apropiado para un
presidente del CIS: decir al votante a qué partido votar. Así lo
hizo en un artículo titulado “¿Cómo salir de los bloqueos
políticos?” publicado en la revista Temas. “Lo único sensato es
reaccionar con pragmatismo y con sentido de la utilidad del voto,
concentrándolos en aquellos partidos que hoy por hoy pueden
gobernar. […] Los hechos concretos son que en España se ha bloqueado
la posibilidad de gobernar al único partido que podía hacerlo (el
PSOE)”.
Claro que todas las encuestas tienen margen de error, como recuerda
habitualmente el sociólogo Amando de Miguel, pero otra cosa es que
el error siempre beneficie a quien encarga el estudio. Es decir,
quien paga manda. Y si el PSOE tiene a José Félix Tezanos, el
Partido Popular tiene a Narciso Michavila, presidente de Gad3, como
sociólogo de confianza. Además de su pasión por la sociología
Michavila comparte con el socialista algo que, a priori, es
arriesgado para un responsable demoscópico como manifestar opiniones
políticas en público. El 11 de marzo de 2019 Michavila hablaba sin
pelos en la lengua sobre los jóvenes votantes de VOX que
recientemente habían celebrado un acto en una discoteca de Madrid.
“Los jóvenes de VOX se creen que salvan España por irse de cañas
cantando el himno de la legión”, dijo en el programa El cascabel al
gato de 13TV. Ahí no acabaron sus críticas al partido que tres meses
antes había irrumpido en la política nacional entrando en el
parlamento andaluz con 12 representantes: “Hay algunos que no paran
de hacer propuestas, otros de firmar acuerdos y otros, en cambio,
destinan el 80% de su tiempo y de su fuerza en atacar a los que en
teoría serían sus aliados (por el PP y Ciudadanos). ¡Y se suponía
que era un nuevo partido que venía a salvar España!”.
En el terreno de las encuestas Gad3 sorprendió recientemente por su
escasa actividad en las últimas elecciones autonómicas catalanas. En
esta ocasión sólo publicó un estudio en contraste con la intensa
actividad de otras citas electorales como las dos elecciones
generales de 2019. El único sondeo publicado fue para La Vanguardia
(10 de enero) con un errático pronóstico sobre las formaciones del
centro-derecha partidarias de la unidad de España. Michavila situaba
en último lugar a VOX con 4 diputados, el PP le doblaba con 8 y CS
aparecía el primero del bloque con 12. La realidad de la noche
electoral del 14 de febrero fue bien distinta: la suma de populares
(3) y naranjas (6) ni siquiera fue suficiente para alcanzar a los 11
diputados de VOX. Si los malos augurios del PP en Cataluña fueron el
motivo de que Gad3 no recibiera más encargos (por ejemplo, de ABC)
es algo que desconocemos.
Lo que sí se sabe con certeza es que desde 2019 las encuestas de
Gad3 repiten un patrón: una sobreestimación del bipartidismo y, en
particular, de las expectativas del Partido Popular. En febrero de
2019 otorgaba al PP 97 escaños y 122 al PSOE. Un mes después, en
marzo, la empresa demoscópica publicaría dos barómetros: el primero
situaba al PP en 87 diputados y al PSOE en 134; el segundo sondeo
elevaba al PP en la horquilla de 94-99 escaños y a los socialistas
en 131-134. En abril la empresa de Michavila haría tres encuestas
más. La primera, del 8 de abril para ABC, daba al PP entre 86-90
escaños y al PSOE 137-139; la segunda, del 14 de abril para La
Vanguardia, mostraba solo el porcentaje: 21% para el PP y 31,1% para
el PSOE; la tercera y última, del 22 de abril, situaba al PP en la
horquilla de 81-86 y al PSOE 134-139. Las elecciones generales del
28 de abril, sin embargo, despejaron la incógnita: los socialistas
sacaron 123 y el PP 66. O sea, las urnas dieron al PP 20 escaños
menos de los pronosticados por Gad3 en su última encuesta.
Aplicando la lógica del propio Michavila (“cuando una encuesta
falla, y fallar es irse más de dos puntos, quien miente no es el
votante, es el responsable de la encuesta”) se diría que él mismo
mintió, pues los sondeos publicados en febrero, marzo y abril
situaban al PP en los siguientes porcentajes de votos: 23,2%, 22,1%,
21,9%, 20,9%, 21% y 20,1%, mientras que el resultado de las urnas
fue muy diferente a lo pronosticado: 16,7%, es decir, ¡una
diferencia de entre 6,5 puntos (la estimación más alta) y 3,4 puntos
(la estimación más baja)!Los vaticinios para las generales del 10
noviembre no fueron mucho mejores. Especialmente sangrante es el
caso de VOX que, al contrario que el PP, las estimaciones siempre
van por debajo de su resultado en las urnas. En la encuesta
publicada el 24 de junio Gad3 otorgaba al partido de Abascal 9
escaños (5,6%); en la del 9 de septiembre 14 escaños (7,9%); el 22
de septiembre -para La Vanguardia– le daba 19 escaños; el 26 de
septiembre 21 escaños (9,6%); el 7 de octubre 29 escaños (10,6%); el
14 de octubre 33 escaños (11,8%); el 21 de octubre 33 escaños
(11,9%); el 28 de octubre 41 escaños (13,5%); y la última, del 4 de
noviembre, 49 escaños (14,9%). El escrutinio de las elecciones del
10 de noviembre otorgó a VOX 52 escaños y el 15,2% del voto, lo que
evidencia que Gad3 sólo se acercó en la última encuesta quedando
lejísimos en todas las demás. Un desajuste enorme que, como dice
Michavila, no es porque mienta el votante.
La Caja C de Podemos o el capitalismo de
camaradas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 28 Marzo 2021
Debe haber otra fuente que no sea la del sueldo oficial, ni la Caja
B de los sobresueldos, denunciada en sede judicial y en proceso de
investigación.
A los periodistas les cuesta asumir que el comunismo es, en última
instancia, robarles todo a todos, y quedárselo ellos en nombre del
pueblo. Así que cuando apareció en Forbes la Cuenta del Comandante
en Suiza, que acreditaba que Fidel Castro era el más rico que Cuba y
uno de los más ricos del mundo, mirasen a otro lado. Pero en Memoria
del Comunismo he documentado cómo todos los líderes comunistas sin
excepción, de Lenin a Maduro, se hicieron con un gigantesco
patrimonio en el Poder; y se las arreglaron para vivir sin trabajar,
a costa de algunos, antes de forrarse robando a todos. El tovarich
Iglesias no es una excepción: sólo actualiza el castizo capitalismo
de amigotes y lo dignifica como Das Gut Kapital. El capital es bueno
en manos comunistas. En otras manos, es muy perjudicial.
Los números negros y el tuiterismo rojo
No se sabe si era legalmente obligado o ha sido una forma de apoyar
a Gabilondo, que falta le hará con Irene Lozano cerca, pero la
publicación del patrimonio de los diputados en Cortes supone un
golpe durísimo para el candidato de la clase obrera a la Comunidad
de Madrid. El Mundo tituló: "Pablo Iglesias multiplica su riqueza
por seis desde que es político. Admite tener un patrimonio de
352.000 euros cuando en 2014 era poco más de 60.000. Irene Montero
disfruta de un capital aún mayor: 443.000 euros".
Ramón Espinar, otrora hombre fuerte del podemismo y que gracias al
tráfico de influencias paternas y vía Caja Madrid, consiguió un piso
de protección social que se apresuró a revender ganando 50.000 euros
sin haberlo pisado, atacó en el mejor estilo comunista. Dos tuits
bastaron para alertar sobre el origen de la súbita riqueza de los
marqueses de Galapagar:
"Iglesias es una persona honrada y honorable. No creo que nadie lo
dude. Podemos tiene que asumir que forma parte del juego democrático
que, si tu líder entra en política en 2014 con 45.000 euros y sale
en 2021 con un patrimonio de 800.000, te pregunten por eso. Y no
pasa nada".
"Irene Montero entró en política con 6.000 euros en la cuenta. Hoy
declara otros 800.000 euros. Nadie piensa que haya nada raro, por
supuesto. Pero explicar estos incrementos patrimoniales en
fundamental para poder exigir a los demás transparencia".
Y remató con este otro, de burla, mofa, rechifla y masticada
venganza:
"Así que ofenderse mucho por pedirle a los nuestros que expliquen
grandes incrementos de patrimonio es sectario y miope".
¿Qué suena peor: lo de "grandes incrementos de patrimonio" o "los
nuestros"? ¿O que "los nuestros" de ayer consideren "ajenos" a los
de hoy? En todo caso, lo que se vislumbra es que la lucha entre
facciones podemitas continuará, en la tradición cainita del
trotskismo o del maoísmo frapero. Si el PSOE y las derechas saben
soplar sobre esas ascuas, arderá la pradera. Recordemos que Espinar
se fue de Podemos, según dijo a Fray Ferreras, porque tanto Iglesias
como Errejón "querían romper el partido". Así fue. Y en un primer
momento, Vistalegre II, Iglesias destrozó a Errejón. Carmena lo
rescató, aunque lo abandonó en víspera de las Generales. Pero
mientras el marquesado se asentaba, el proyecto comunista dependía
del Gobierno y los separatistas. Y el fracaso de las mociones de
censura hace que, dos años después, se vislumbre la revancha de
Errejón y Tania Sánchez, la verdadera secretaria general de Más
Madrid, que debería llamarse Menos Iglesias.
¿Pueden denunciar Errejón y Tania?
No sabemos si, cuando cayó Errejón, regía ya el fértil sistema de
sobresueldos en la cúpula de Podemos denunciado por la abogada de la
formación comunista Carmona. Hasta ahora, Errejón no ha dicho nada,
aunque todo en él parece ahora cosa muda, una sombra a la sombra de
las mujeronas de su partido, todas de armas tomar y ninguna
relevante. Si Isa Serra, pareja de Juan del Olmo, estaba calentando
el lugar de Pablo e Irene, la pistolera Mónica está actuando en
lugar de Tania Sánchez, que intenta evitar que se le acuse de lo
inevitable: la venganza de la mujer despechada. Nadie que conozca el
episodio de la columna se lo reprocharía, así que es más lógico que
intente que no se recuerde el tremendo, inolvidable caso de
corrupción en Rivas Vaciamadrid, con Tania presente en la
adjudicación de un montón de contratos a su hermano, bajo la sombra
política de su padre. Probablemente por eso, ni Errejón ni Tania han
hablado hasta ahora. Pero la campaña será larga y dura, y a poco que
se avive la oposición, lo harán.
El hilo del ovillo: los seguros
Aunque como avanzaba este sábado Libertad Digital, el patrimonio de
los diputados se calcula en bruto, no restando el debe del haber, y
es necesaria una auditoría sistemática de todas las declaraciones,
para que no se camufle en la familia las posesiones reales del o la
representante popular, hay en la declaración de los marqueses puntos
ciegos, por lo reciente de su fortuna y lo inverosímil de su
capacidad de ahorro. Luca Constantini, inspector jefe y zahorí
supremo de las alcantarillas podemitas, ha señalado el punto ciego
en los datos patrimoniales de Iglesias y Montero: los seguros y
pensiones.
187.000 euros, aparte de cientos de miles de patrimonio declarado,
son incompatibles con el ingreso tasado por los estatutos, que no
debería superar en tres veces el salario mínimo, dejando el resto
para el partido y donaciones. Debe haber otra fuente que no sea la
del sueldo oficial, ni la Caja B de los sobresueldos, denunciada en
sede judicial y en proceso de investigación; ni siquiera Neurona, la
caja B particular de Monedero.
Los seguros de vida y pensiones nos orientan hacia el Oriente Rojo
Dorado, la Caja C de los Comunistas fetén, el equivalente de la
fabulosa Cuenta del Comandante. Es la más opaca de todas las
cuentas, según cree la abogada disidente, se llama Caja de
Resistencia, tenía 500.000 euros para supuestos cursos de formación
y la controla Rafael Mayoral, que con Del Olmo e Iglesias forman la
tríada masculina de Unidas Podemos, tres tíos con un emotivo hecho
común: los tres fueron pareja de la jotía Irene.
Atención a Triodos Bank
Pero en todo fondo de procedencia dudosa, la investigación siempre
encuentra una cuenta detrás de una cuenta detrás de una cuenta, etc.
La caja detrás de la caja C, según ciertas fuentes que bien pueden
ser las grandes animadoras de la campaña de Madrid, sería Triodos
Bank, tras la cual está la Caja de Ingenieros de Barcelona, la
caja-cajón del dinero podemita y que obsequió a los marqueses con el
casoplón de Galapagar a mitad de precio, y, para pagarlo, les regaló
una hipoteca que ningún banco daría a una pareja con recursos tan
inestables como los políticos. Claro que, si la política es la
comunista, es decir, la de robarles todo a todos, el riesgo es
muchísimo menor. Y puede compensar.
El millonario Pablo Iglesias necesita
pobres
EDITORIAL Libertad Digital 28 Marzo 2021
El comunista Pablo Iglesias, que odia con saña a los ricos pero que
forma parte del 1% de los españoles más potentados desde que entró
en política, quiere arrebatarle la Presidencia de la Comunidad de
Madrid a Isabel Díaz Ayuso y venezolanizar la región más próspera de
España.
El redomado hipócrita que en cuanto pudo huyó del humilde barrio de
Vallecas para instalarse junto con su semejante Irene Montero en una
exclusiva zona residencial de Galapagar ha conseguido amasar en su
muy corta carrera política un sustancioso patrimonio que supera los
300.000 euros, muy por encima del que dice tener Pedro Sánchez
(211.650) pero aún inferior a los de su pareja, la colocada ministra
de Igualdad, que ha pasado del mileurismo ha atesorar unos 400.000
euros. Imposible encontrar un mejor ejemplo de lo que representa la
sobrecogedora izquierda española revolucionaria por cuenta ajena.
Iglesias y Montero viven escandalosamente bien de excitar el odio a
la sociedad en la que viven como privilegiados. De predicar
exactamente lo contrario de lo que hacen. De los pobres de los que
se apartan y a los que explotan sin vergüenza. Son mentira.
El potentado Iglesias que huyó de Vallecas para instalarse tan
espléndidamente en Galapagar carga contra Ayuso porque, dice, hace
pagar poco a los ricos. Sin vergüenza, oculta que Madrid es la
región que menos castiga a las rentas más bajas. Junto a Canarias y
La Rioja, es la que extrae menos IRPF a los contribuyentes menos
pudientes, a esos que dice defender el millonario comunista. Que un
madrileño que cobra apenas 16.000 euros brutos al año tribute 300
euros menos que un navarro o que un catalán escuece sobremanera a un
Iglesias que quiere a los pobres dependientes y, por tanto,
sometidos a sujetos de su calaña.
En Madrid, todos los contribuyentes, con independencia de su renta,
deben entregar menos dinero al fisco que en los infiernos fiscales
que tanto gustan a este Iglesias que no sabe qué es generar riqueza
y que debe su creciente fortuna a quienes la crean. El chavista
Iglesias necesita pobres, multiplicarlos como sea, para poder seguir
disfrutando de su elevadísimo nivel de vida y cercenar las
libertades de unos ciudadanos a los que pretende convertir en
súbditos. Y para sacar adelante su programa miserabilizador y
liberticida por supuesto contará con el respaldo de Ángel Gabilondo,
que ahora dice que no quiere subir los impuestos pero hace dos meses
sancionaba un sablazo de 1.300 millones a los madrileños.
Por esta y tantas otras razones, Madrid tiene que ser la tumba del
chavismo.
Tránsfugas, fraude, caciques: la loca
historia electoral y el reparto de poder en España
La campaña electoral más sucia de los últimos tiempos en Madrid
recuerda a la época de corrupción y falta de representatividad de la
Restauración y la Segunda República
Julio Martín Alarcón elconfidencial 28 Marzo 2021
Alianzas de Gobierno que se rompen, mociones de censura fallidas por
tránsfugas que abandonan la disciplina de partido, sospechas de
compra de votos, convocatoria de elecciones en mitad de una bronca
política, avisos de fraude en el voto por correo... La campaña
electoral de la Comunidad de Madrid ha comenzado como una de las más
sucias que se recuerdan en España justo en el mes que se conmemoran
90 años de otras elecciones locales claves de nuestra historia, las
municipales de 1931 que dieron lugar a la proclamación de la Segunda
República y más importante aún, las de junio de ese mismo año que
sirvieron de base para consolidarla: las constituyentes de 1931,
unas de las menos transparentes de nuestra historia de las que están
verificadas por los historiadores. Su importancia fue capital porque
se elegía a los representantes que debían elaborar la Constitución:
la izquierda y la derecha republicana aplastaron a los conservadores
durante un proceso irregular.
¿Cuándo comenzaron en España las verdaderas elecciones
representativas y cómo evolucionaron? Las diferentes leyes
electorales y el método escogido arrojaron diferentes escenarios, el
de la Segunda República, que ha acabado por parecerse en resultado
por el fraccionamiento de las cámaras y la necesaria búsqueda de
bloques, a la derecha y a la izquierda, exactamente lo mismo que ha
marcado los últimos comicios en España bajo la actual ley electoral
y que los grandes partidos como el PP de Ayuso y el PSOE de
Gabilondo pretenden romper ahora en las autonómicas de la CAM de
cara a sus electores, algo que parece imposible en la práctica
incluso con la caída en picado de Cs y UP.
Tanto en 1931 como ahora se beneficiaba la mayoría pero el resultado
fue el fraccionamiento
La necesaria formación de bloques de partidos con diferencias
notables y la irremediable fragilidad del Gobierno resultante, como
se ha comprobado en Madrid, ha forzado ahora un adelanto electoral.
Antes, el Gobierno de Rajoy cayó en 2015 por una moción de censura
inédita en la historia del periodo constitucional que comenzó en
1978. ¿Salud democrática o fragilidad?
Si algo caracterizó a España en el siglo XX fueron los periodos de
interrupciones de elecciones democráticas; sin embargo, fue uno de
los primeros países en adoptar el sufragio universal masculino en el
camino hacia la verdadera democracia. Suspendido entre 1876-1789,
1923-1930 y 1936-1977 por sendas dictaduras, lo cierto es que
durante el siglo XX se alcanzaron cotas importantes de
representatividad que culminaron con el sufragio femenino en 1933,
una de las más representativas de toda nuestra historia antes de la
Transición.
Escaños automáticos
También fue una época de irregularidades y presencia de cacisquismo,
compra de votos y fraude en mayor o menor medida según el momento.
Un camino intrincado porque la ley electoral de 1907, presente
durante toda la Restauración, preveía, por ejemplo, que si en una de
las circunspriciones se presentaba un solo candidato este adquiría
automáticamente el escaño, lo que favorecía el caciquismo.
Cuando se enmendó la ley tras la proclamación de la Segunda
República en las primeras elecciones de junio de 1931, las presiones
del Gobierno en algunas circunscripciones, como indica el
historiador Javier Tusell, provocaron que solo se presentaran
candidatos republicanos en muchas de ellas, que obtuvieron el escaño
por las urnas, sí, pero también de forma automática en la práctica,
puesto que no competían con ninguna otra lista debido a que la
injerencia del Gobierno provisional fue mayor de la deseable para
unas elecciones limpias.
¿Cómo había comenzado todo? En el siglo XX, tras la experiencia de
la Primera República, durante la Restauración se articuló un sistema
que se fue perfeccionando a bandazos y que tuvo una importante
acción de palanca en el método del 'encasillado', por el cual las
coaliciones preelectorales se repartían los escaños. ¿Se imaginan
ahora que Cs y PP concurrieran en un bloque y uno de ellos decidiera
cederle un escaño para asegurar otros? Según el historiador Roberto
Villa:
"En España, el turno era un mecanismo de alternancia. Se iniciaba
cuando el partido gobernante perdía la mayoría parlamentaria (por
divisiones internas, escisiones, etcétera). Entonces, el presidente
del Gobierno dimitía y aconsejaba al Rey llamar al líder de la
oposición al poder. El nuevo presidente disolvía las Cortes y
convocaba elecciones. Para asegurar que el futuro Parlamento fuera
gobernable, este pactaba con el anterior presidente (ahora jefe de
la oposición) una coalición electoral. El encasillado era el reparto
de las candidaturas dentro de esa coalición: al partido en el
Gobierno lo aseguraba un número de candidatos que le hiciera posible
competir por la mayoría de los escaños; y al principal partido de la
oposición, un número de candidatos que le asegurara poder competir
por un número de escaños que le permitiera vigilar y contrapesar con
eficacia al Gobierno. Se hacía entonces porque, hasta que no
terminara de activarse el sufragio universal, los electores solían
abstenerse o votar al partido en el poder. El turno aseguraba que
hubiera alternancia y que un solo partido no se quedara para siempre
con el poder, que es lo que antes de 1875 había provocado
revoluciones, golpes militares, motines...".
Rupturas y transciones
La revolución de 1917 hizo saltar por los aires 'de facto' el
sistema de la alternancia. La amenaza contra la monarquía de
sindicatos, nacionalistas y hasta del ejército generó un clima de
inestabilidad que abundó en una división total entre los partidos y
la consecuente fragmentación parlamentaria de la que no se
recuperaría ya el país a pesar de que se modificase el reparto a
partir de la Segunda República con la intención inicial de favorcer
a los partidos más votados.
Tras la interrupción de la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y
1930, que avaló el propio Alfonso XIII, el monarca viró después
hacia una teórica transción de nuevo democrática liberal que se vio
truncada porque culminó precisamente en el descalabro monárquico de
las elecciones municipales del 20 de abril de 1931, de las que se
cumplen ahora 90 años y que iniciaron el periplo de la Segunda
República.
La cita clave fue la convocatoria de elecciones constituyentes, es
decir, representantes para una asamblea que elaborara una
constitución, las reglas del juego democrático. En la historiografía
tradicional es el comienzo de la democracia en España, pero el
propio diseño del funcionamiento institucional acabó lastrando con
múltiples problemas al país al constituirse la figura del presidente
de la República –que recayó en el conservador republicano Alcalá
Zamora durante cuatro años de los cinco de su existencia– de forma
casi más omnipresente y arbitraria que la del propio Alfonso XIII
durante la Restauración. El resultado es fácilmente comprobable:
presidentes del Gobierno como Ángel Pestaña, Portela Valladares o el
mismo Alejandro Lerroux que estaban muy lejos en las urnas de
representar la voluntad popular ya que en el bloque de la derecha el
más votado había sido Gil Robles.
El historiador Ángel Viñas también ha recalcado la negativa
participación en la política, por arbitraria, que tuvo el presidente
de la Segunda República, provocando una inestabilidad aún mayor,
aunque explica que en el caso de Gil Robles no le entregaba el
Gobierno porque temía que modificase la Constitución republicana.
¿Por qué ocurría esto? Una explicación es que la propia elaboración
de la misma por parte de las Cortes resultantes estaba muy sesgada y
no respondía al verdadero mapa electoral debido a las elecciones de
junio de 1931, que fueron más que irregulares. Así, la Constitución
técnicamente más legalista de toda nuestra historia, la de 1931, ya
que se elaboró tras una convocatoria para elegir a los
representantes que debían votarla –no como ocurrió en el 78, ya que
fueron para el Gobierno– quedó también en gran medida tocada.
Injerencia en las elecciones
"A pesar de las buenas intenciones manifestadas repetidamente por el
ministro de la Gobernación, Miguel Maura, la verdad es que el examen
de la elaboración de las candidaturas provincia por provincia,
atendiendo especialmente a la correspondencia entre el ministro de
la Gobernación y los gobernadores civiles, así como a los datos que
nos proporciona la prensa provincial, parece demostrar que, en
primer lugar, hubo intervención del Gobierno como tal en la
confección de las candidaturas, y es muy probable que esa
intervención, en parte favorecida por la carencia de reacción social
de la derecha, en ocasiones supera lo habitualmente permisible en
unas elecciones en un país con instituciones democráticas estables"
–Tusell, Manjón, Queipo de Llano, 'Las constituyentes de 1931: unas
elecciones de Transición'–.
Aunque no se pueden calificar ni mucho menos de fraudulentas, el
consenso general entre los historiadores es que, debido a las
irregularidades y la intervención estatal, el resultado distó mucho
de representar realmente al electorado, a lo que también ayudó el
hecho de que la derecha conservadora monárquica no fue capaz de
aglutinar el voto por diferencias entre los partidos, que no
llegaron a ninguna coalición, que sería clave en las listas de todas
las elecciones de la Segunda República. ¿Por qué? Debido al sistema
que se eligió para el reparto de los escaños. Se escogieron
circunscripciones provinciales y una decena de circunscripciones
urbanas aparte que se crearon con las ciudades mayores de 100.000
habitantes.
Los electores votaban a un número menor de candidatos que de escaños
en juego, pero como las circunscripciones suelen tener muchos
escaños, el efecto resultó en que la lista ganadora, aunque fuera
por un voto, se llevaba del 75 al 80% de los escaños; la segunda más
votada, del 20-25%; y el resto nada. Todos los candidatos debían
sobrepasar el 20% de los votos emitidos para obtener el escaño y,
tras la reforma electoral, al menos uno de ellos tenía que reunir el
40% de los votos emitidos. Las vacantes que se producían se jugaban
en una segunda vuelta, donde se imponía ya el vencedor.
Estaba concebido para dar una gran mayoría al que ganara y reducir
al máximo los escaños de la oposición; pero ocurrió que, tal y como
explica Roberto Villa, al haber circusncripciones grandes y por
tanto muchos escaños en juego en las provincias donde las fuerzas
estaban equilibradas, los pqueños partidos con pocos votos podían
decantar la victoria y que partidos que hubieran obtenido ese 20%
pasaran al 75-80%, lo que favorecía las coaliciones y al final un
reparto dentro de las mismas". El resultado fue que hubo nada menos
que 30 partidos con representación parlamentaria, 19 gobiernos y
tres elecciones generales en tan solo cinco años. Por motivos
diferentes la CAM se enfrenta a hora a unas elecciones en las que si
Cs y UP superan el 5% del umbral de votos con la Ley Dhont ,se
volverá a un Parlamento fraccionado y la necesaria formación de
bloques post elecciones, precisamente lo que los candidatos
mayoritarios más temen.
La clave de la ley Celaá
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli.es 28 Marzo 2021
La nueva ley de educación promovida e impuesta por Podemos, el PSOE
de Sánchez y los separatistas ha vuelto estos días a ocupar el
frontispicio del debate público por dos motivos: el duro choque
parlamentario entre el diputado del PP, Juan José Matarí y la
ministra del ramo y la presentación por parte del Grupo de Vox en el
Congreso de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC de esta
norma abominable. El caso de Matarí es realmente sangrante: Cuando
el representante popular interpela a la ministra sobre la tremenda
agresión perpetrada en la ley contra los centros de educación
especial y hace referencia en su intervención a su hija Andrea,
aquejada de síndrome de Down, que gracias a la atención específica
recibida en una de estas indispensable instituciones ha conseguido
un grado universitario y su plena inclusión laboral y social, la
ministra Isabel Celaá le acusa en un tono desabrido y despreciativo
de no tener ni idea del mundo educativo ni de sus problemas, de
preferir una educación entendida como mercancía sujeta a demanda en
lugar de un derecho y de pertenecer a una formación que nada ha
aportado al progreso de nuestro país.
Ni una referencia amable o comprensiva a la situación familiar del
diputado, a los esforzados y admirables sacrificios y dedicación
ejercidos por unos padres ejemplares para sacar adelante a Andrea
hasta conseguirlo con éxito, ni una señal de simpatía o de
amabilidad frente a un problema humano que como tal se sitúa por
encima de enfrentamientos partidistas. Tan sólo prepotencia,
descalificación gratuita, puro rencor. No cabe duda de que en el
Gobierno que padecemos abunda el sectarismo, pero lo que Isabel
Celaá dejó en evidencia el pasado miércoles es que alberga en
algunos de sus miembros dosis considerables de maldad.
En cuanto al recurso presentado por Vox ante el TC, revela las
evidentes diferencias entre esta organización y su principal rival
en el campo liberal-conservador. Mientras el PP se mostró en
principio contrario a dicha iniciativa en la Asamblea de Madrid
negándole su apoyo en la Junta de Portavoces, Vox ya la ha
formalizado este jueves pasado ante el Supremo Intérprete de nuestra
Norma Suprema por vía de su Grupo en el Congreso. Ahora el PP
anuncia su propio recurso, pero tarde, rectificando y a remolque de
su posible némesis. Las vacilaciones, complejos y falta de una
sólida base conceptual general de aplicación inmediata a los temas
concretos es una de las debilidades más obvias de quién aspira a ser
la casa común del centro-derecha.
Recordaba recientemente José J. Jiménez Sánchez que depositar la
soberanía última en el pueblo, en la opinión pública, fue la forma
en que los pensadores liberales clásicos acabaron resolviendo la
paradoja, que tanto atormentó a Hobbes, de que un poder absoluto
sólo puede ser contenido por otro aún más absoluto, con lo que este
proceso opresivo no se detiene jamás. Sin embargo, la sabia máxima
de que para que el Gobierno dependa de la opinión, la opinión ha de
ser independiente del Gobierno, junto con el principio de la
separación de poderes, son dos pilares irrenunciables de una
democracia verdadera, viable y saludable. Pues bien, este esquema es
el que está en serio peligro en España y la ley Celaá es uno de sus
instrumentos más malignos y eficaces. Su fragmentación de los
métodos evaluativos y de los contenidos curriculares, privando al
Estado de su control en favor de las Autonomías, permite el
imparable avance de la destrucción de esa soberanía indivisible
radicada en el conjunto de los españoles como un todo; su asfixia de
la enseñanza concertada debilita la libertad de educación procurando
el gregarismo en las aulas dominado por el pensamiento único
progresista políticamente correcto; su cruel supresión de la
educación especial condenando a los niños con capacidades distintas
a una falsa inclusividad que los aboca a la discriminación, la
frustración, el sufrimiento y el fracaso y la eliminación del
carácter vehicular de la lengua común son las piezas maestras de un
plan de arrasamiento de nuestro orden social.
Abandonados a su desgracia
Para que la soberanía popular adquiera sentido, los ciudadanos han
de poseer un alto grado de formación y de conocimientos no sesgados
que les conduzcan a sentar un criterio fundamentado a la hora de
emitir su voto y dotarse así de los gobernantes acordes con sus
deseos, aspiraciones, valores y necesidades. La Ley Celaá se mueve
en sentido exactamente contrario, la transformación de la sociedad
española en un rebaño indefenso frente a la manipulación y la
mentira de unos medios de comunicación crecientemente orientados por
el Gobierno, de un Parlamento a merced del Ejecutivo al estar
constituido por empleados del omnímodo jefe de partido y de un poder
judicial bajo amenaza creciente de perder su independencia y su
imparcialidad. En relación a la cuestión que con tanta razón
inquieta al diputado Juan José Matarí, la intención es aún más
aviesa. Si miles de españoles con necesidades educativas especiales
son desposeídos de los medios necesarios para superarse y tener
vidas plenas y satisfactorias para ser abandonados a su desgracia,
¿cuál es la probable consecuencia en el momento en que sus padres
durante la gestación deban optar por uno u otro camino respecto al
futuro de este niño o de esta niña que merece toda su devoción y al
apoyo de la sociedad en general? No respondo explícitamente a este
interrogante lacerante porque me detiene la náusea moral.
Esa es, pues, la clave de la Ley Celaá, la de ser un engranaje de
terrible efectividad en el cumplimiento de una agenda antropológica
e ideológica que la Historia ya ha sepultado por los horrores que ha
provocado allí donde se ha hecho y todavía se hace realidad. El
hecho de que no pocos en la España actual hayan empuñado la pala del
guerracivilismo, el odio y la intolerancia para desenterrar
siniestros esqueletos que siembren la incertidumbre, la miseria y la
división violenta en nuestra hasta ahora pacífica y próspera
sociedad, nos llama a la movilización y a la acción antes de que sea
demasiado tarde. Primera cita: la batalla de Madrid el próximo 4 de
Mayo. Hay que echar el resto porque lo que está en juego no es de
naturaleza solamente política, es de naturaleza existencial.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
“La ruta del odio: 100 respuestas clave
sobre el terrorismo”
Vaquero Oroquieta, Fernando J. 28 Marzo 2021
2ª edición actualizada y revisada, ya en distribución de la mano de
Ediciones Pompaelo.
El texto La ruta del odio pone en contexto lo que conocemos sobre el
terrorismo y ayuda a responder muchas preguntas. ¿Cómo son, por qué
hacen lo que hacen, qué filosofías hay detrás, desde cuándo operan,
qué manuales siguen? ¿Hay diferencias entre unos y otros? ¿Qué pasó
antes de la Guerra Civil? ¿Qué es el terrorismo de Estado? ¿Todos
los grupos terroristas buscan generar represión para alimentarse?
¿Es terrorismo el vandalismo de kale borroka que estamos viviendo en
los últimos años? ¿Qué relación hay entre el islam y el terrorismo
yihadista?
Este libro nos permite examinar un fenómeno que marca la historia
reciente desde el siglo XIX, y con raíces incluso anteriores,
diseccionado clínica (casi entomológicamente) con abundante soporte
para profundizar en todas las oscuras esquinas de esta plaga pasada,
actual y (desgraciadamente) futura, y no quedarse en
simplificaciones. Y tratándose de una edición revisada y
actualizada, hemos tenido muy presentes diversos los nuevos
episodios desde tan lacerante perspectiva: el cese de la actividad
terrorista de ETA, la brutal eclosión de Estado Islámico (ISIS o
Dáesh), el despunte de las denominadas «guerras híbridas», la furia
letal de los siempre sorpresivos «lobos solitarios»…
Ante la proliferación de estudios sobre el terrorismo de muy variado
cariz e intención, en ocasiones desde la más inmoral de las
equidistancias, este volumen ofrece una guía sintética, pero
profunda, de un panorama poliédrico juzgado tantas veces desde el
prejuicio, el desconocimiento o la pura conveniencia política.
Vaquero Oroquieta, Fernando José, La ruta del odio: 100 respuestas
clave sobre el terrorismo, 2ª edición actualizada y revisada, 443
páginas, Ediciones Pompaelo, Pamplona, febrero de 2021.
Enlace:
https://www.amazon.es/ruta-odio-Fernando-Vaquero-Oroquieta/dp/B08WP3L2FG/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1613822247&sr=1-1
La ruta del odio: Amazon.es: Vaquero Oroquieta, Fernando J.: Libros
www.amazon.es
COMUNIDAD VALENCIANA
Una caravana con cientos de coches protesta
en el sur de Alicante contra la "imposición" del valenciano en la
Educación
CRISTÓBAL TOLEDO. Pilar de la Horadada. El Mundo 28 Marzo 2021
Vuelve la batalla lingüística a la escuela valenciana tras el
paréntesis de la pandemia
Cientos de coches han participado esta mañana en una protesta
multitudinaria contra la "imposición" del valenciano en la Educación
que ha recorrido las calles de Pilar de la Horadada, un municipio
alicantino en la frontera con Murcia.
La marcha, convocada por la Asociación Pilar de la Horadada por la
libertad lingüística, ha arrancado a las 11 de la mañana y ha
contado con el respaldo del PP, Ciudadanos y Vox, que se han sumado
a la caravana de vehículos.
El 'Que viva España' de Manolo Escobar a todo volumen recibía ya
desde las 10 de la mañana a los manifestantes que se iban
arremolinando en el punto de partida de la protesta, ubicado en el
polideportivo municipal de Pilar de la Horadada, y que tenía como
objetivo recorrer prácticamente todo el casco urbano. Los
organizadores confiaban en la participación de 150 vehículos en la
marcha y así lo comunicó el portavoz de la organización, Matías
Campillo.
"Con esta protesta queremos presionar para que no se aplique la Ley
del Plurilingüismo en secundaria que impone el valenciano. Queremos
mostrar nuestro profundo rechazo a la imposición del valenciano y la
Ley del plurilingüismo", expuso minutos antes de que la caravana
arrancase.
Campillo hacía referencia a la aplicación de la segunda fase de la
Ley de Plurilingüismo dictada por la Generalitat Valenciana y que
contempla la introducción en secundaria de un 25% de materias en
castellano, un 25% en valenciano y entre un 15 y un 25% en inglés.
La norma ya se aplica en primaria y estaba prevista su introducción
en secundaria, bachiller y FP en 2020, pero la pandemia obligó a
retrasar el proceso de implantación.
Ahora, sin embargo, Educación ha retomado el proceso para que los
centros de toda la Comunidad puedan trabajar con los ámbitos
lingüíisticos que marca la nueva Ley en todas las fases educativas.
La alcaldesa de Santa Pola y vicesecretaria del PP en la provincia
de Alicante, Loreto Serrano, mostró su apoyo a los organizadores de
la protesta y a los afectados por la "imposición lingüística". "La
gente quiere decidir en qué lengua estudian sus hijos y esto es una
dictadura", apuntó la munícipe en la cabecera de la protesta.
En la misma línea siguió el alcalde de Pilar de la Horadada, José
María Pérez: "Queremos que las dos lenguas puedan convivir, que no
haya una imposición: primero el castellano y luego ya el que quiera,
voluntariamente, el valenciano", dijo.
Una idea que compartió Campillo, quien sostuvo que, como
consecuencia de la "imposición" del valenciano, muchos padres están
escolarizando a sus hijos en la vecina región de Murcia. "Tenemos la
suerte de que limitamos con Murcia", adelantó.
Una afirmación que contrastaba con una de las pegatinas que lucían
algunos coches que participaban de la caravana: "No emigraremos para
estudiar castellano".
La diputada de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, María Quiles,
mientras tanto, defendió que la protesta no era un ataque contra el
valenciano sino una defensa del castellano en una zona, la Vega
Baja, donde predomina su uso. "El problema es que el Botànic no ha
entendido la idiosincrasia de la gente de aquí. Piensan que odiamos
la lengua, pero no es así. Lo que no vamos a consentir es que nos
impongan una lengua que no es la nuestra. Somos tan valencianos como
el resto aunque nuestra lengua sea el castellano", apuntó.
La comitiva arrancó a las 11.30 horas de la mañana y media hora
después todavía seguían pasando vehículos por el punto de partida de
la protesta.
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