AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 31  Marzo  2021

Algo grave ocurre en La Moncloa
José Alejandro Vara. vozpopuli.es 31 Marzo 2021

Algo se ha roto en la sala de máquinas de La Moncloa. Algunas piezas saltan por los aires. La magia de Iván no logra conjurar los síntomas del estropicio

Sacó a Basagoiti vestido de niño del coro y a Monago de bombero. El vasco perdió dos escaños en 2009 y el extremeño dijo adiós a la presidencia en 2015. Monago, eso sí, venía de ser presidente de su región. Ambos estaban asesorados por Iván Redondo, joven prodigio de la mercadotecnia política que desde hace un par de años dirige desde la sombra el rumbo de la nación.

"En todo Estado existen oficios necesarios que no son sólo abyectos, sino aun viciosos", escribía Montaigne. No es el caso de nuestro protagonista, aunque algunos en Ferraz se empeñen en tacharle de 'mercenario'. Es el primer ministro de un Ejecutivo del que no es miembro y pretende controlar un partido en el que no milita. Curiosamente, ha trabajado más tiempo con dirigentes del PP que del PSOE. A Sánchez le ayudó a ganar las sangrientas primarias, le alentó en la moción de censura que defenestró a Rajoy y, tras un lastimoso resultado electoral en noviembre de 2019, le empujó a formar Gobierno con Podemos pese al barrunto de insomnio. Todo eso es Iván Redondo, el fino jugador de ajedrez, diseñador de estrategias, preclaro nigromante, perito en lemas, a quien ahora le tiembla demasiado el tablero.

Tanto, que ya da en hablarse de un apagón en la brillante aura que envuelve las labores de este consejero oculto, discreto y prudente como un teólogo de Maguncia. No habrá tal cosa, desde luego, al menos si se escucha a quienes conforman el riñón más íntimo de los consejeros del presidente, quienes, por cierto, no se enteran de nada. Sánchez apenas comparte sus inquietudes y sus planes con alguien más que su superasesor Iván y quizás también con Begoña, su esposa. Luego reparte algunas migajas de información con muy contados colaboradores, bien Adriana Lastra, cada vez más alejada de la verdad, o la vicepresidenta Carmen Calvo, a quien usaba de ariete para contener las embestidas de Pablo Iglesias, odioso personaje ya finiquitado.

Graves episodios han sacudido las entrañas de La Moncloa. Un llamativo rosario de inesperados desaciertos. Todo arrancó con la innecesaria censura murciana. Inés Arrimadas cargó con la culpa y el zangolotino Ábalos también se llevó lo suyo. El 'dominó naranja', Murcia-Madrid-Castilla la Vieja y, finalmente, Andalucía, se pifió ya en la primera ficha. Un desastre tras otro pergeñado desde la famosa 'sala de guerra' que dirige Redondo. Una torpe escaramuza que derivó en la convocatoria anticipada en Madrid.

Ahí le esperan. En la batalla de la Puerta del Sol se dirime algo más que el color político del Gobierno de Madrid. Hay muchos elementos en juego; por ejemplo, el futuro del jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. El envite no ha podido arrancar peor. Pablo Iglesias movió la pieza de su candidatura sin avisar a su socio de coalición, que casi se enteró por la prensa. "Habrá sorpresas", reaccionó Redondo, quizás por mantener la compostura y, al tiempo, para disimular el bofetón que le acaban de propinar.

De momento, la única sorpresa remitida desde Presidencia ha sido la confirmación de Ángel Gabilondo como cabeza de cartel, algo que ni el protagonista se esperaba (ni deseaba). También, la designación de Hana Jalloul, perfecta desconocida, como número dos de la lista. Redondo, eso sí, ha tomado las riendas de la campaña con plenos poderes, ha defenestrado a los viejos prebostes del aparato de Ferraz y ha puesto rumbo hacia el único horizonte que conoce, esto es, el de la victoria. Como en Cataluña, donde transformó a Illa de ministro inepto en inútil vencedor. No puede decirse que sea una proeza elefantiásica, pero al menos, el gran muñidor de la tela de araña del sanchismo, pudo mantener las formas y hasta subirse al escenario en la noche electoral de Barcelona. Lo que no es poco.

Olor a chamusquina
Todo será distinto en Madrid, salvo que se materialice algún imprevisto. No es preciso mencionar las encuestas, unánimes en torno a Isabel Díaz Ayuso. Basta con sentarse en una terraza madrileña, bien sea en la exquisita Juan Bravo, el populoso Getafe o el estimulante Colmenar, para percibir ese tufillo a quemado que emerge desde el perolo de la izquierda

En sus primeras intervenciones en campaña, Pedro Sánchez ha metido cuchara en la chamuscada cacerola para salvar el guiso. La misma receta de siempre, de la plaza de Colón y la ultraderecha, un comistrajo grasiento que de tanto recalentarlo resulta ya intragable.

Algo se ha averiado en las cocinas de La Moncloa. El mágico hechizo del gran cocinero Iván se ha evaporado. Surgen problemas, se suceden los tropiezos, se prodigan las derrotas. Un escenario nada frecuente en ese templo de las victorias. Algunos hablan de 'ambiente de fracaso', algo hasta ahora por allí desconocido, con una mayoría parlamentaria estable y una oposición desnortada y pastueña. Una victoria incontestable de Ayuso podría modificar radicalmente un escenario que, por lo demás, crece en incertidumbres y temores. Ni vacunas ni fondos en el horizonte. En el sombrero de copa de Redondo se rebusca afanosamente otro conejo para conjurar el desastre. Sólo encuentran, de momento, pelusa fascista y polvo del Valle de los Caídos.

Ministerio de Educación
Vía libre al adoctrinamiento en Cataluña: Celaá rechaza controlar los centros que fulminan el español
Luz Sela. okdiario 31 Marzo 2021

El Gobierno se cruza de brazos ante el adoctrinamiento en Cataluña. El Ministerio de Educación rechaza controlar los centros educativos que incumplan la obligación de impartir, al menos, el 25% de las clases en español.

Esa obligación viene confirmada por los tribunales. Precisamente, este lunes se conocían dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulan los proyectos lingüísticos de dos centros educativos de la comunidad porque no contemplan el español como lengua vehicular y no reconocen el 25% de enseñanzas curriculares en español.

Recientemente, este periódico preguntó al Ministerio de Isabel Celaá sobre «el número de inspecciones realizadas por la Alta Inspección para asegurar que en los centros educativos se cumpla la obligación de impartir al menos el 25% de las clases en castellano».

En su respuesta, a través del Portal de Transparencia, fechada el pasado 25 de marzo, Educación rechaza expresamente las funciones de supervisión.

El departamento destaca que «la Alta Inspección del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la configuración jurídica de nuestro Estado de Derecho, y en respeto a la Constitución y sus sistemas de control de legalidad de los actos de las administraciones públicas, supervisa las normas dictadas por las administraciones educativas en el cumplimiento de la legislación básica en materia educativa, de modo que el incumplimiento sólo puede ser determinado por los tribunales de Justicia».

En manos de las autonomías
«La supervisión del cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo», prosigue el ministerio, «corresponde a la inspección educativa que ejercen las Administraciones educativas a través de funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación».

«Por tanto», concluye, «supondría una grave vulneración de nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico cualquier intervención directa y ejecutiva por parte de la Alta inspección en los centros educativos».

Cabe recordar que Educación ocultó el informe de la Alta Inspección del Estado sobre adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña alegando que «carecía de rigor», entre las críticas de los propios inspectores. En el informe, que fue encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy, se analizaban 102 libros de Geografía, Historia y Lengua Catalana de Bachillerato, para concluir que los contenidos iban en contra de la Constitución y alentaban el independentismo, como reveló el diario El Mundo.

En la reciente ley educativa, el Gobierno culminó su fin de desacreditar la Alta Inspección del Estado. La Ley Celaá vacía por completo sus competencias e impide denunciar casos de adoctrinamiento en Cataluña. A ello se unió la polémica decisión de eliminar el examen de oposición al cuerpo de inspectores, lo que permitirá a los gobiernos autonómicos nombrar a los inspectores a su antojo y según criterios ideológicos. El Estado, cabe recordar, tiene como una de sus funciones vigilar que las comunidades autónomas no vulneren los derechos fundamentales. Entre ellos, la discriminación por razón de lengua.

A ello se suma, en otro gesto al separatismo, que la ley elimina el carácter «vehicular» del español. La iniciativa partió de PSOE, Podemos y ERC a través de una enmienda para introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo. El objetivo es blindar la inmersión lingüística en Cataluña.

Sentencias
En las recientes sentencias, el TSJC destaca que la «obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución». Así pues, en un serio revés al modelo de inmersión lingüístico de Cataluña pero también a Isabel Celaá. Cabe recordar que la reciente ley de educación suprime precisamente el carácter «vehicular» del español.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) destaca la «trascendencia histórica» de estas resoluciones que, señalan, obligarán a cambiar «todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña». Afirman que «en un 95% de los casos sólo establecen que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza».

La sentencia destaca asimismo que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares». También avisa sobre «el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano». «En otras palabras, la obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución», concluye el tribunal.

El secuestro del Poder Judicial
Alfredo de Diego Díez. okdiario  31 Marzo 2021

Se ha perpetrado un golpe institucional contra el órgano de gobierno de los jueces. Gracias a los apoyos parlamentarios del Gobierno socialcomunista, las Cortes han aprobado el bloqueo funcional del Consejo General del Poder Judicial. Le han amputado, sin anestesia, una de las funciones constitucionales que tiene reservada en exclusiva: el nombramiento de las altas magistraturas de la carrera judicial (art. 122.2 de la CE).

Las serias dudas sobre la constitucionalidad de esta reforma están a flor de piel. Recuérdese que, conforme determinó la STC 108/1986, «las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales»; y, entre esas funciones, se encuentran precisamente los «nombramientos» que la reforma impide. Mutilar así a un Consejo que está legítimamente constituido no parece muy ajustado a la Constitución y al exigible respeto a la separación de poderes.

Tanto en la forma como el fondo, este bloqueo funcional del gobierno de los jueces evidencia el menosprecio de algunos por aquellas instituciones que puedan poner freno a la expansión incontrolada de su poder ejecutivo.

La reforma se ha hecho, valga la expresión coloquial, «con nocturnidad y alevosía»; es decir, mediante el ardid parlamentario de presentar una «proposición» de ley para eludir los controles y garantías que exigiría un «proyecto» de ley; entre otros, la solicitud de estudios e informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones judiciales, de la Comisión de Venecia, etc. Lo explica muy bien Ignacio Gomá en su artículo «En nombre de los ciudadanos: cómo controlar el CGPJ» (Expansión, 4 de febrero de 2021).

Muy pronto se ha olvidado el toque de atención dado a España por la Comisión Europea, hace escasos tres meses: «Es importante que cuando los Estados miembros reformen su sistema judicial, lo hagan llevando a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia y la oposición». No se ha oído a nadie; no se han cumplido los estándares europeos y este tipo de reformas pone en riesgo los fondos que han de llegar de la Unión Europea.

No ha sido una maniobra inocente y bienintencionada. Impedir que el Consejo General del Poder Judicial, actualmente en funciones, cumpla legítimamente una de sus misiones constitucionales tiene como finalidad encubierta ―o no tanto― chantajear al Partido Popular para que claudique y acepte, por enésima vez, el reparto de patrocinios y padrinazgos entre los vocales del futuro Consejo. Es como una pataleta infantil: «Si no puedo jugar, pincho el balón»; pero tiene graves consecuencias institucionales y de confiabilidad en el sistema.

Está visto que al Gobierno y a sus socios no les interesa la regeneración democrática del CGPJ. No les interesa atender las reiteradas llamadas de atención desde Europa para acabar, de una vez por todas, con el riesgo de corrupción inherente a la elección partitocrática de los vocales judiciales. No les interesan vocales independientes, sino afines y comprometidos con la causa. No les interesa democratizar el sistema y que sean los gobernados (jueces) quienes elijan, al menos, a doce de sus gobernantes. ¿Qué mayor expresión democrática que un juez/un voto?

Quienes han mutilado la plena funcionalidad constitucional del CGPJ están impacientes por colocar sus camisetas rojas y moradas a un buen número de vocales. Al fin y al cabo, son teléfonos a los que llamar en caso de necesidad. Y parece que las perspectivas judiciales no pintan demasiado bien para el ciudadano Iglesias (otrora vicepresidente segundo) y su partido. Bien claro lo dejó aquel wasap que Cosidó envió a su bancada: la finalidad del reparto de sillones es «controlar» a los jueces desde la puerta de atrás. Como señala el profesor Nieto, «en la partida, quien coloca las piezas (los jueces) es el CGPJ. Quien domina el Consejo domina el tablero y la estrategia no puede ser más sencilla: la conquista del Consejo y, desde allí, la ocupación del tablero».

Si bien se mira, este episodio es uno más en la hoja de ruta seguida por la coalición que gobierna los destinos del Reino de España para dinamitar el equilibrio de pesos y contrapesos en las instituciones del Estado. Su voracidad de poder es insaciable.

Primero fue la subordinación de la Abogacía del Estado a los intereses partidistas de La Moncloa. Poco después vino el asalto a la Fiscalía. Ya lo había anticipado el presidente del Gobierno, en noviembre de 2019, al ser entrevistado en Radio Nacional de España: «La Fiscalía, ¿de quién depende?, ¿de quién depende?», preguntaba retóricamente el presidente Sánchez a su entrevistador. «Depende del Gobierno», respondió este último sin dudarlo. «Pues ya está…», zanjó el presidente.

Dicho y hecho. En enero de 2020 colocaba como mandamás de la Fiscalía General del Estado a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien cambió de zapatos de un día para otro. Hoy, los tacones de ministra; mañana, los de fiscal general del Estado. Fue la toma de la Fiscalía por las tropas del Gobierno. En palabras de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales: «una manera muy clara de indicar que el Gobierno quiere tener sometida a la Fiscalía». Así lo entendió también, sin el más mínimo rubor, Alberto Garzón, ministro comunista poco atento a sutilezas, quien defendió este nombramiento aseverando que la Fiscalía «depende jerárquicamente del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno». Su comentario mereció la reprobación de las asociaciones de fiscales. Pero el ministro no mintió; sencillamente se atuvo a los hechos.

La Jefatura del Estado tampoco ha resultado indemne. Miembros del Gobierno lanzan mensajes, un día sí y otro también, cuestionando la legitimidad del rey Felipe VI. En lo que afecta a su relación con el Poder Judicial, desde el Gobierno se vetó la asistencia del monarca al acto de entrega de despachos de los jueces de la 69 promoción en Barcelona, con la inverosímil y pueril excusa de no poder garantizar su seguridad. Toda una afrenta al rey y a los jueces, quienes por mandato constitucional (art. 117.1) administran justicia, precisamente, «en nombre del rey».

Ahora toca someter al último bastión de independencia y contrapeso de poderes: los jueces. Ya en la sesión de investidura, Pablo Iglesias no perdió la oportunidad de lanzar una andanada contra los jueces, poniéndolos en la diana: «togados de ideología reaccionaria», dijo. Algún tiempo después, su colega, el ministro de Consumo, no le anduvo a la zaga en sus desahogos tuiteros: «jueces llenos de la soberbia de su casta», «refugio del franquismo», «reaccionario brazo judicial», fueron algunas de las lindezas que, con evidente desprecio, nos dedicó.

Es una técnica de manual. Primero, se agitan las masas de fieles y acríticos desinformados con campañas de propaganda para desacreditar aquello que se quiere asaltar o derribar. Se genera así, con mensajes simplistas y repetitivos, la existencia de un problema irreal; y, después, se ofrece una solución traumática. Ya estaba inventado. Goebbles, maestro de la manipulación durante el Tercer Reich, lo tenía muy claro cuando desarrolló los once principios de la propaganda nazi.

En esta tesitura, secuestrar el normal funcionamiento del CGPJ no es la solución para afrontar el problema de su politización, sino la excusa para doblar el brazo de la oposición, repartirse de nuevo el botín y mantener el status quo al menos otros cinco años.

Por supuesto que urge renovar el Consejo; pero, es más urgente desmantelar las interferencias políticas y partidistas que lo atenazan. La regeneración es lo primero, la renovación vendrá después. Quienes ponen el grito en el cielo porque el Consejo lleva más de dos años en funciones son los mismos que se niegan reiterada y rotundamente a democratizarlo con arreglo a los estándares que nos exigen en Europa: elección de los vocales judiciales por los propios jueces.

Bueno es recordar que hace unos meses, en septiembre de 2020, la coalición del Gobierno y el resto de las formaciones de izquierda y nacionalistas que lo sustentan, votaron en contra de tomar en consideración una proposición de ley para modificar el sistema de elección del Consejo ajustándolo a los cánones recomendados por las instituciones europeas. Solo PP, Vox y C’s votaron a favor de devolver a los jueces la capacidad de elegir a los doce vocales judiciales. De haberse tramitado y aprobado la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial ya habría sido renovado democráticamente.

Sin embargo, el Gobierno y sus socios tienen otras intenciones. Han optado por diseñar una estrategia de estrangulación y secuestro de la Justicia hasta que no sea más que una caricatura de independencia. Bloquear la funcionalidad del Consejo General del Poder Judicial ha sido solo una primera escaramuza. En el cajón está la preocupante reforma para renovarlo por mayoría simple ―censurada con severidad desde la Unión Europea―, pudiendo así colocar exclusivamente a vocales de la coalición gubernamental y sus afines. De este modo se controla la carrera judicial por la cúspide, por sus altos cargos. Pero, también se pretende controlar desde la base, a través de los nuevos jueces. Para ello ya ha comenzado la campaña de desprestigio de la forma objetiva de acceso, apuntando falaces argumentos sobre desigualdad de oportunidades por razón de sexo y situación económica de los aspirantes; falsedades que han sido desmontadas con datos oficiales y contrastados.

O reaccionamos, y Europa toma cartas en el asunto, o regresamos a los principios de «unidad de poder y coordinación de funciones» que estableció el régimen franquista en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Estado de 1967. Principios, por cierto, coincidentes con los propugnados por el caudillo bolivariano Hugo Chávez cuando, en una de sus populistas alocuciones, dijo: «El tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división —como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde— trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en nuestra América».

Para este siniestro personaje, mentor intelectual de conocidos líderes políticos en España, la división de poderes es un «lastre» del que hay que «liberarse»; es una «nefasta» herencia que hay que «superar». Y ¿cómo se supera?, pues trabajando «coordinadamente». Todos al servicio del poder único, del caudillo, del líder.

Malos tiempos para la independencia judicial.

Alfredo de Diego Díez es Magistrado. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

Diario de la pandemia. Siete millones de votos
Agapito Maestre. Libertad Digital 31 Marzo 2021

Varias son las causas del agotamiento democrático de la sociedad española. Si dejo aparte el fracaso del sistema autonómico de mesogobiernos regionales, el Estado de Partidos es, sin duda alguna, el principal asunto para estudiar la languidez de una sociedad incapaz de renovar a sus élites políticas. La sociedad española es tan inmadura como perversos son sus gobernantes. Quizá la actuación del PSOE en el gobierno de España sea el ejemplo más trágico de esta situación de postración democrática. Repaso las grandes leyes aprobadas por el gobierno de España en esta legislatura y observo con desgana una obviedad. Ninguna ley orgánica ha sido aprobada con la aceptación de alguna enmienda de la Oposición. O peor todavía, la tramitación de esas leyes siempre prescindió de la consulta a las asociaciones de intereses de tipo sindical y empresarial y, por supuesto, jamás se pidió el asesoramiento o el parecer de reconocidos especialistas en los ámbitos sobre los que se legislaba.

La sociedad civil, concepto clave de todos los Estados democráticos desarrollados, en España es solo una expresión vacía de mala retórica. Nada hicieron los ponentes para que esas leyes pudieran ser mejoradas y ahormadas por la “sociedad civil” para que consiguieran afectar afirmativamente a la mayoría de la ciudadanía. La universalidad de la nación murió rendida ante el particularismo del partido. Se diría que todas esas leyes son engendros nacidos de una voluntad movida por el odio, la arbitrariedad y la parcialidad. Son leyes sectarias y, por lo tanto, injustas.

Y, sin embargo, ninguna de esas normas contra la mayoría de la población hará remover la conciencia de los votantes socialistas. Estos seguirán caminando de modo uniforme y sin fisuras a favor de sus dirigentes. En verdad, el PSOE en particular, y la izquierda en general, gozan de un bien propio de sociedades totalitarias. Los gobiernos del PSOE, incluido el actual, son propietarios de un patrimonio infinito de buenas intenciones, que impide a sus votantes criticar a sus dirigentes y menos todavía cambiar el voto a otro partido o, sencillamente, abstenerse. Vivimos, sí, en una sociedad fanatizada. ¿Cuántos millones de votos ha perdido el PSOE desde la famosa noche del 28 de octubre de 1982? Pocos, muy pocos, sobre todo si tenemos en cuenta las atrocidades cometidas por sus dirigentes, desde la época de Felipe González hasta la de Sánchez, pasando por Rodríguez Zapatero.

Quizá la peor de las barbaridades, tratar a la sociedad como multiplicidad animal, puesta de manifiesta en la gestión de la pandemia de la Covid-19, sea la más valorada por sus votantes, pues que hagan lo que hagan los dirigentes de este partido, no importa que mientan, engañen y pacten con separatistas y criminales de ETA, serán recompensados por sus fieles seguidores. El PSOE sigue tratando a sus votantes como menores de edad y por eso, precisamente, les siguen votando. Pocos partidos políticos pueden compararse al PSOE a la hora de fomentar el partidismo y la intransigencia entre sus seguidores. Pocos partidos tienen tantos méritos como los exhibidos por el PSOE para que la sociedad española siga siendo menor de edad, inmadura, para llevar a cabo un proyecto democrático digno de tal nombre.

Sí, la noche del 28 de octubre de 1982 fue la gran apoteosis del PSOE. Desde entonces, este partido no ha tenido rivales de enjundia, incluso cuando perdió las elecciones de 1996, siguió mandando en todas partes. Marcó la agenda ideológica: la pluralidad humana tiene que ser tratada, insisto, como multiplicidad animal. Perdió por la mínima en 1996, pero obligó al PP a circular por una calle de dirección única; Aznar empezó su legislatura arrastrándose por los mínimos lodazales que ya había transitado González. Y algo parecido, quizá peor, podría decirse del otro pepero, tan estulto como malo, que sucedió a Rodríguez Zapatero… Desde que el PSOE consiguiera más de diez millones de votos, como efecto casi mecánico de la ridícula asonada guardiacivilesca montada el 23 de febrero de 1981, con el consentimiento del propio PSOE, este partido apenas ha perdido votos. Tres millones de votos apenas es desgaste comparado con los años que lleva en el poder maltratando a la sociedad española. Sí, hoy en sus etapas más bajas, al PSOE le quedan siete millones de votantes de aquellos diez del 82. Siete millones de fanáticos respaldan cualquier cosa que salga del cacumen de un dirigente socialista. Ante eso, ante esa terrible masa, una auténtica fuerza de choque contra cualquier proyecto de desarrollo de una sociedad civil a la altura del siglo XXI, poco importa el analfabetismo del ministro de Universidades, que confunde a Clarín, el gran autor de la Regenta, con su hijo, o la inhumanidad de una ministra de Educación, que desprecia la sensibilidad y la inteligencia de un padre con una hija disminuida psíquica.

La conexión venezolana
Emilio Campmany. Libertad Digital 31 Marzo 2021

Hacía tiempo que el chavismo no estaba tan fuerte y eso es gracias, en gran medida, al PSOE.

Lo del PSOE con Venezuela echa un tufo que ya no hay incienso que lo disimule. Zapatero se constituyó en negociador aparente entre el chavismo y la oposición hasta revelarse que su propósito no era otro que evitar la caída de Maduro. El Gobierno de Sánchez impidió a la UE adoptar la posición de fuerza de Estados Unidos, evitando así que Juan Guaidó, reconocido a pesar de todo como legítimo presidente, pudiera consolidarse. Aunque Sánchez no tuvo otro remedio que reconocer a Guaidó, siguió teniendo como legítimo embajador de Venezuela al diplomático enviado por Maduro, dejando en papel mojado aquel reconocimiento. Sánchez consiguió asimismo que hicieran a Borrell alto representante de la diplomacia europea. Desde allí el catalán evitó que se impusiera la línea dura que defienden cada vez más Estados miembros. Promovió también el viejo socialista la participación de parte de la oposición, encabezada por Capriles, enemigo de Guaidó, en las elecciones legislativas convocadas por Maduro. El objetivo era darle la apariencia de libres, aunque era obvio que no lo serían. Si la jugada salió mal no fue porque Borrell no lo intentara, sino por la intransigencia de Maduro. No obstante, las legislativas se celebraron y, aunque nadie decente reconoció su limpieza, sirvieron para que Guaidó perdiera la presidencia de la Asamblea Nacional, el cargo que constitucionalmente le permitía ser presidente interino. De esa forma, Maduro consiguió, con la ayuda del PSOE, que Guaidó dejara de ser de facto y de iure el legítimo presidente de Venezuela. Hacía tiempo que el chavismo no estaba tan fuerte y eso es gracias, en gran medida, al PSOE.¡

¿Qué le deben los socialistas españoles a la dictadura venezolana? Se dice que a los socialistas les preocupan los muchos españoles que residen en Venezuela. No deja de ser una forma extravagante de preocuparse por alguien amparar la dictadura comunista bajo la que vive. Pero es que no puede ser cierto. Para proteger los intereses de los españoles no es necesario dar una subvención de más de cincuenta millones de euros a una empresa chavista. Ni es indispensable que la secretaria de Estado de Exteriores se humille desviando su avión hacia Caracas para apaciguar la ira del dictador, ofendido porque la ministra de Exteriores española visitó Colombia sin su permiso. Si España, país de la UE, estuviera de verdad siendo por comunión ideológica algo más tolerante con el chavismo de lo que lo son otros en Occidente, Maduro se desharía en almíbares con Sánchez. En cambio, no sólo no agradece la protección del PSOE, sino que se engarabita, imposta la voz y humilla sin cesar a nuestro Gobierno. También al propio Borrell, expulsando por ejemplo a la embajadora de la UE en Caracas.

No, no es que Maduro sea un desagradecido. Si Sánchez, además de proteger al chavismo, lo sepulta en millones de nuestros impuestos, se arrodilla ante el matón y soporta sus insultos, no lo hace por mera solidaridad socialista. Tiene que ser porque los socialistas le deben mucho al chavismo. Y no sólo es el dinero que le dieron a Raúl Morodo.

¿Abogacía del Estado o del Gobierno?
EDITORIAL Libertad Digital 31 Marzo 2021

En vista de las posiciones de la Abogacía del Estado en lo relacionado con el golpe de Estado del 1-O, bien se puede concluir que con defensores así el Estado no necesita enemigos.

Por otra parte, la Abogacía del Estado se contentó con cifrar en 4,1 millones de euros el dinero público malversado en la organización y celebración del referéndum secesionista; cantidad ridícula que, además, no venía acompañaba de reclamación alguna por parte de los letrados del Estado respecto a los millones de euros que tuvieron que detraerse de las arcas públicas para desplazar y hospedar en Cataluña a miles de policías, ante la reiterada negativa de las autoridades regionales catalanas a obedecer a los tribunales y desconvocar la ilegal consulta.

El escandaloso papelón de la Abogacía General del Estado, directamente dependiente del ministro de Justicia, se ha visto coronado este martes: en un informe de doce páginas, no sólo ha rehusado oponerse a la concesión de indultos a los golpistas, con la delirante excusa de que “no le corresponde manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto, pues, en caso de hacerlo, se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que solo al Gobierno compete”; además hace una consideración no menos falaz en favor del indulto asegurando que sediciosos ya “han reparado el perjuicio económico”

La posición de la Abogacía no es vinculante para la concesión de una gracia que, ciertamente, compete exclusivamente al Gobierno. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que los tribunales le han pedido su posición respecto del hipotético indulto, tal y como también se hizo con la Fiscalía, cuya negativa a la concesión de la gracia ya se hizo pública hace meses..

Más artera es aún la consideración de la Abogacía del Estado de que los golpistas ya han reparado “el perjuicio económico” sobre la base de las fianzas depositadas en el Tribunal de Cuentas por parte de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que suman poco más de 4 millones de euros. Al margen de que esa cantidad no cubre ni de lejos el perjuicio económico causado a la Hacienda Pública por el golpe de Estado, resulta sorprendente que la Abogacía del Estado –tampoco la Fiscalía– haya hecho el menor requerimiento para garantizar que esos más de 4 millones de euros depositados en concepto de fianza provienen de los bolsillos particulares de esos cuatro golpistas, y no del contribuyente. Y hay que señalarlo porque resulta sorprendente que estos cuatro políticos, a los que no les ha tocado la lotería, tuvieran dinero suficiente como para poder desembolsar más de un millón cada uno.

En cualquier caso, es evidente y bochornoso el indisimulado deseo de la Abogacía del Estado de comportarse como Abogacía del Gobierno; de un Gobierno que, para colmo, depende de formaciones separatistas enemigas del Estado.

‘VOX tiene razón en no caer en la moderación. La derecha que se une al centro siempre acaba absorbida por la izquierda’
Entrevista a Marion Maréchal, directora del ISSEP
José Antonio Fúster. Rebeca Crespo. Diego Vaquerizo. https://gaceta.es 31 Marzo 2021

Más de 120 personalidades del mundo de la política, la cultura y la sociedad civil han firmado ya la ‘Carta de Madrid’ en defensa de la democracia y del Estado de Derecho frente a la amenaza comunista en la Iberosfera.

Una de las últimas en respaldar esta iniciativa, auspiciada por Santiago Abascal, líder de VOX y presidente de la Fundación Disenso, ha sido Marion Maréchal, que con 22 años se convirtió en la diputada más joven en la historia moderna de Francia y abandonó la política institucional para fundar en 2018 el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), una institución académica alternativa a las corrientes intelectuales e ideológicas que imperan hoy en Europa.

La Gaceta de la Iberosfera entrevista a Maréchal en un encuentro en el que fundadora del ISSEP detalla sus motivos para firmar la ‘Carta de Madrid’, alerta de la amenaza del socialismo del siglo XXI, el nuevo nombre del viejo comunismo, y de los peligros del globalismo de la Unión Europea.

– Usted es una de las personalidades que ha firmado la ‘Carta de Madrid’, impulsada por la Fundación Disenso, en defensa de la libertad y contra el comunismo en la Iberosfera, esa enorme comunidad de personas que hablan español. Pero usted es francesa. ¿Por qué ha firmado la ‘Carta de Madrid’?
– Por una razón muy simple que solemos olvidar. Francia también es una potencia en Iberoamérica y, como tenemos un territorio que está allí que se llama Guyana y somos frontera con Brasil, tenemos mucho interés en que este continente se desarrolle en democracia, que sus países sean económicamente prósperos y sus regímenes políticos estables, porque, si este continente sufre todos los excesos y abusos que conocemos con el gobierno ‘criptocomunista’ y progresista, pagaremos las consecuencias directamente, especialmente si Brasil se ve afectado.

Además, sabemos que el Foro de Sao Paulo también está trabajando en Brasil, y tenemos una problemática muy particular ligada a este territorio: la inmigración ilegal, la seguridad y el tráfico de personas. Por lo que estamos directamente interesados en el futuro de este continente y lamento que el Gobierno francés no se esté volcando demasiado.

Firmar esta carta en una señal que envío. Iberoamérica tiene ciertos puntos de entrada al continente europeo, evidentemente Portugal y España, pero también Francia, y creo que es necesario que estos países no se acobarden en esos círculos políticos e intelectuales iberoamericanos, y para ello es necesario crear un vínculo estructural. En este sentido, el enfoque de la ‘Carta de Madrid’ me parece útil y necesario para asegurar que Iberoamérica no solo gire alrededor de Estados Unidos por su geografía, sino también alrededor del continente europeo.

Por último, estoy en la dirección de una escuela de ciencias políticas y administración, el ISSEP, que también tiene sede en España. Sabemos que, a través del foro de Sao Paulo, existe también la creación del Grupo de Puebla que tiene vocación de influencia y de batalla cultural, también en el mundo universitario. Si sus movimientos prosperan en la universidad, la libertad de expresión, de opinión y de enseñanza será quien lo sufra. La agenda progresista está deslizándose hacia una forma de obsesión por la raza, el género y todos los estudios de las ciencias sociales. El ISSEP Madrid y el ISSEP Francia quieren ser lugares de libertad, en todos los sentidos de la palabra y, en particular, de la libertad de expresión y opinión.

– El socialismo del siglo XXI, el nuevo nombre del viejo comunismo, se ha rearmado en Iberoamérica y está consiguiendo recuperar buena parte del poder perdido. ¿Qué responsabilidad tiene la Unión Europea en este avance del comunismo en América y, desgraciadamente, en España?
– Aunque el funcionamiento de los dos continentes es muy diferente, hay una forma de mecánica común en la que se está trabajando: una mutación de este marxismo-tradicional hacia un nuevo cripto-marxismo progresista que está pasando de la lucha de clases a una lucha de razas o sexos.

El problema es que la Unión Europea es más bien una defensora de esta agenda progresista. Al principio, el proyecto del bloque comunitario era, sobre todo, un proyecto demócrata-cristiano. Ya no es así, ahora es un proyecto llevado por la izquierda, una izquierda progresista y neoliberal. Por lo que es necesario crear un equilibrio; la respuesta a los excesos del neoliberalismo no debe estar necesariamente en el socialismo o en el comunismo. Puede haber libertad económica mientras se tenga un estado estratégico y mientras existan formas de proteccionismo que permitan a los países desarrollarse.

Creo en el papel de los líderes franceses y españoles para construir esta nueva voz que ha surgido de los excesos de ese neoliberalismo y que podemos defender la soberanía nacional sin tener un prisma que sea pro o antiamericano. El papel de la Unión Europea debería ser el de ayudar a Iberoamérica y permitir que sus países puedan acceder a la democracia, la libertad y a una protección económica sin ser prisioneros de esas redes ‘criptomarxistas’ de las que vemos sus efectos todos los días.

– Usted, que fue la diputada más joven de Francia, ya no está en política activa. De momento. Sin embargo, es la presidente de ISSEP, un programa académico de ciencias políticas destinado a crear líderes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es el proceso de formación de un líder en el ISSEP?
– Constatamos que las escuelas encargadas de formar a nuestras élites políticas suelen tener varias deficiencias: la primera es la semejanza sociológica. A menudo son cursos muy similares, que siguen los mismos círculos sociales de otras escuelas y que no contribuyen a dar una visión diversa del mundo y de las ideas.

También hay descenso en la calidad, ya que existe una ideología que intenta sacrificar la excelencia de estas escuelas con el pretexto de hacerlas más accesibles, pero que perjudica a quienes consiguen esa excelencia con su esfuerzo durante años. Y también ha habido un cambio en los programas en los que se han eliminado las pruebas de acceso y de cultura general.

Y la tercera deficiencia es la desviación de la enseñanza y de la investigación que está dirigida por las corrientes progresistas y de la extrema izquierda. En Francia les llamamos indígenas, coloniales, corrientes ‘racialistas’, que tienen problemas con la libertad de expresión, de opinión y de educación. Todos los días en Francia tenemos noticias de conferencias que se cancelan por la presión de activistas o profesores que creen que esos seminarios no encajan con lo políticamente correcto. Incluso hay estudiantes a los que les han lavado el cerebro porque no hay pluralismo intelectual. Es un fenómeno inquietante que va en aumento y por eso creamos el ISSEP, para crear un santuario de libertad y formar a esos futuros líderes con una cultura general sólida, con espíritu crítico y versatilidad, que es lo que muchas veces falta en nuestros Gobiernos.

– ISSEP nace en Francia. Su primera extensión es en España ¿Por qué?
– Siempre hemos tenido el objetivo de desarrollar el proyecto en la ‘Unión Latina’, es decir, Portugal, Italia y España. Creemos que hay un rol particular de esta esfera dentro de la Unión Europea y que hay una falta de sinergia entre estos países para defender sus intereses, su visión y su cultura común.

Primero pensé en Italia, un país que conozco bien, pero finalmente fue un rencuentro con España lo que permitió la creación de ISSEP Madrid con un equipo bastante similar al nuestro: personas jóvenes, involucradas y emprendedoras. Decidimos crear este proyecto con una carta pedagógica común, con objetivos pedagógicos comunes, pero en el que cada uno es autónomo en su funcionamiento.

– Hay una tendencia, que es natural, a buscar con cierta desesperación ser aceptado en la sociedad y eso implica determinadas renuncias y el uso constante de la corrección política. ¿Cómo puede convencer a un joven de que haga lo correcto a despecho del coste personal de navegar a contracorriente? Hay una carrera entre los partidos políticos del establishment por ocupar el centro político. Incluso la izquierda invoca la moderación. Creo recordar que fue Curtis Yarvin quien dijo que la moderación es la ausencia de pensamiento, pero me gustaría conocer la opinión de Marion Marechal sobre la moderación.
– En Francia conocemos este fenómeno desde hace 20 años. En cierto modo, Emmanuel Macron es la culminación de este fenómeno ya que hemos visto un acercamiento ideológico entre el gran partido de izquierdas y el gran partido de derechas, ambos convertidos en dos partidos de centro, pero que no muestran diferencias en la forma de gobernar. Hasta tal punto que la derecha tradicional está realmente muerta. Se ha muerto por ese gran bloque del centro, que hoy es propiedad de Emmanuel Macron.

Los republicanos en Francia tienen, a día de hoy, un 8% de representación en las elecciones europeas y siguen retrocediendo. Ahora mismo, al posible candidato que podría ir a las elecciones presidenciales por el Partido Republicano no se le presupone más del 12 al 15% de los votos. Con esto quiero decir que la derecha no gana nada buscando esa moderación y uniéndose al centro, ya que acaba absorbida por el centro izquierda y observamos que se crea un espacio que hoy ocupa VOX, un poco como lo hizo ‘Agrupación Nacional’, que retomó los compromisos, los principios y valores de la derecha tradicional.

La moderación es un error grave, incluso estratégico, por la simple y buena razón de que va a romper todas las ilusiones del centro, tanto en las cuestiones económicas como en las sociales; cuestiones identitarias, europeas, que surgieron en forma de utopía de corrección política que hoy, como podemos ver claramente, han llegado a su fin.

Pero creo que en Francia la opinión pública está dispuesta a escuchar, a pesar de la Unión Europea. Escuchar una cierta crítica sobre las políticas migratorias que se están llevando a cabo, sobre los peligros del Islam radical y los terroristas islámicos. Por lo que veo desde mi experiencia en Francia, VOX tiene razón al no caer en la moderación.

– En La Gaceta de la Iberosfera hemos comprobado que América está llena de jóvenes reaccionarios dispuestos a liderar la batalla cultural contra el avance del socialismo. Pero también hemos comprobado que les faltan las herramientas adecuadas. ¿Para cuándo podemos esperar que ISSEP se instale en tierras americanas?
– ¿Por qué no? El director del ISSEP Madrid, Santiago Muzio, tiene orígenes argentinos. Además, lo que me parece interesante del ISSEP es que, a pesar de que algunas personas de la dirección podamos estar encasilladas políticamente, como es mi caso, los proyectos no tienen vínculos estructurales con partidos políticos. No somos una escuela de partidos, sino una universidad. Y por lo tanto, podemos formar una generación que tenga opiniones muy diferentes pero que tenga ganas de comprometerse por su país y por su ciudad. Somos una escuela a la que no le avergüenza fomentar los sentimientos patrióticos entre estos jóvenes, transmitiéndoles el conocimiento y el amor por su herencia como civilización, por su historia, valores que hoy son víctima de la cultura de la cancelación. Por esto probablemente haya trabajo que hacer en Iberoamérica, y dado que estamos en este proceso de vinculación cultural, puede ser muy interesante, así que lo pensaremos.

– Una última pregunta. ¿Para cuándo una escuela de periodistas, un máster de periodismo, con la marca del ISSEP?
– Ya tenemos un Máster en Ciencias Políticas y Administración, pero puede ser una buena idea porque la izquierda fidelizada de Antonio Gramsci se ha apoderado de toda forma de pensar: la cultura, los medios y la educación, y así impone una estrategia de influencia, una agenda ideológica, que influye en la sociedad y que hace muy difícil el pluralismo de opinión, de ideas y la libertad de expresión.

Esto ocurre en Francia, pero también en España: los medios están dirigidos por las manos de la izquierda e, incluso, de la extrema izquierda. En el servicio público francés están muy bien representados y, por lo tanto, existe la necesidad de formar personas que no sean partícipes de esto en el ISSEP.

Queremos desarrollar varios cursos de formación y hacer un curso de periodismo tendría sentido, por lo que quizá empecemos en América Latina.

Avance Editorial
En defensa del Estado nacional: ¿y ahora qué?
Denis Collin. La Tribuna del País Vasco. 31 Marzo 2021

Este artículo es un extracto del nuevo libro de Denis Collin "En defensa del Estado nacional" publicado por Letras Inquietas.

Lejos de producir una humanidad comprensiva, iluminada por los comerciantes y bañada en la cultura de la “nueva era”, la destrucción de las naciones, metódicamente organizada por las grandes potencias y por unas pocas menores, ha producido monstruos. En lugar de los nacionalismos árabes, no siempre muy simpáticos y mucho menos seculares de lo que a veces se ha dicho, una ideología totalitaria profundamente regresiva se está extendiendo hoy en día bajo el nombre de islamismo. En lugar de las antiguas naciones, todo tipo de “comunitarismos” antipolíticos basados en la “raza”, la sangre, la religión, etc. están empezando a manifestarse. El regreso de los reprimidos amenaza así a toda la civilización. En Canadá, el multiculturalismo “posnacional”, como afirma el primer ministro liberal Justin Trudeau, que apoya sin reservas todas las formas de propaganda islamista, está demostrando ser un arma de guerra contra la independencia de Quebec. ¿Y qué pasa con Francia? Al mismo tiempo, todo el mundo sabe que en el colapso, lo único a lo que podemos aferrarnos es al Estado nacional. En el Mediterráneo, son los guardacostas italianos, los voluntarios de Lampedusa, todos esos italianos, puestos a dieta por la Unión Europea, los que están rescatando a los miles de desafortunados que se están probando en balsas improvisadas para huir de las masacres y la miseria. No las bellas almas postnacionales que dispensan sus discursos santurrones y deseos piadosos. En Francia es nuestra vieja y buena Seguridad Social que permite a todos ser atendidos y no morir en la puerta del hospital por falta de una cuenta bancaria suficientemente abastecida... ¿Quién garantiza la seguridad de los ciudadanos lo mejor posible? La Policía Nacional. ¿Quién paga la escuela? Los Estados nacionales. Y así sucesivamente.

El fin de los Estados-nación abre el camino a la barbarie, por mucho que los lacayos de la clase capitalista transnacional se disfracen de terribles revolucionarios mundialistas. Por el contrario, la única forma que queda abierta si nos negamos a ser precipitados a la barbarie, como la que se está desarrollando en el Cercano y Medio Oriente, es revivir las naciones. No se trata, por otra parte, de un deseo piadoso que sólo unos pocos conservadores nostálgicos e indecisos podrían albergar, sino de un movimiento que está surgiendo en la vieja Europa, incluso en formas bastante desagradables. El Brexit británico no estaba libre de cualquier motivo oculto de carácter racista, lo admitiremos fácilmente, pero fundamentalmente marcaba el apego de un pueblo a su forma de gobernarse, a sus tradiciones y a la soberanía del Parlamento, del que ya se decía en el siglo XVIII que podía hacer cualquier cosa menos convertir a un hombre en una mujer. El auge de lo que la prensa llama “euroescepticismo” es parte de este mismo movimiento. Si hubiera un referéndum, sabemos que los italianos querrían dejar la zona euro y volver a la lira, y en Francia ya nadie quiere celebrar un referéndum sobre la Unión Europea, tanto que los políticos temen el resultado. Para tragar las sapos posnacionales, no debemos dejar de lado que la soberanía popular de la bella gente es algo de lo que desconfían como si fuera la peste.

La soberanía no es una palabra sucia. ¡Sólo significa ser partidario del Artículo III de la Declaración de Derechos Humanos de 1789! El soberanismo no es nacionalismo porque el nacionalismo es una enfermedad de la nación. La soberanía sólo significa ser el amo de la propia casa y no querer gobernar a los demás. Por el contrario, el que está celoso de su propia independencia está dispuesto a acordar con sus vecinos el respeto mutuo de la independencia. ¡No aceptas que tu vecino venga y te imponga el color de las pinturas de tu cocina o la disposición de tus muebles, o que te prohíba tomar vino tinto o esta o aquella variedad de carne! Y por eso te abstendrías de hacer comentarios sobre su diseño interior, incluso si piensas que su mal gusto es obvio. Este respeto mutuo no impide en absoluto que le preste sus llaves para que pueda regar sus plantas de interior cuando esté de vacaciones, y también está obligado a alimentar a sus peces de colores cuando le toque salir. La soberanía de las naciones no excluye de ninguna manera el buen entendimiento. Pero es una condición mínima para la libertad.

Defender una concepción razonable de la soberanía nacional, permitir que todos amen a su país, sus tradiciones y su cultura sin cultivar la hostilidad hacia los extranjeros y reconocer el deber de hospitalidad y de ayuda mutua hacia los desafortunados -principios morales también consagrados en nuestra larga historia- es la única manera de oponerse a los explotadores de la crisis, las llamadas “identidades“ incultas y otros grupos violentos que mañana se convertirán en el forraje para la destrucción de la civilización. Sabemos cómo la caída de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, alimentó el nazismo, que, con el pretexto de defender la identidad aria de los alemanes, hundió este faro de la cultura en el abismo. ¿Se escuchará la lección?

Denis Collin: En defensa del Estado nacional. Letras Inquietas (Marzo de 2021)

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La España de 1936 y la de ahora
Miquel Giménez. vozpopuli.es 31 Marzo 2021

Últimamente se leen muchas comparaciones entre el clima de violencia pre guerra civil y la situación actual. Se tiende a decir que, si seguimos por este camino, podríamos acabar de nuevo enfrentándonos españoles contra españoles. Vale la pena analizarlo porque es uno de los núcleos básicos de la batalla cultural. Para hacerlo, de entrada, hay que normalizar el vocabulario, liberándolo de la censura de lo políticamente correcto. Decir, por vía de ejemplo, que la izquierda integrada por socialistas, comunistas y otras hierbas son, simple y llanamente, los rojos. Ellos mismos se enorgullecen de ello. ¿Qué problema hay, pues, en calificarlos así? ¿No somos los demás fascistas, nazis o falangistas, como si fuera lo mismo? Una vez aclarado que la violencia callejera puede estar organizada por la ultraderecha, los fascistas, los neonazis, los rojos, los separatistas o los comunistas, pasemos a comparar la España del treinta y seis con la de hoy.

Muchos dicen que no existe riesgo de conflicto porque para eso estamos en una Europa garante de las libertades. Y que esa misma Europa no lo permitiría. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. La UE es, a día de hoy, un amasijo de intereses nacionales superpuestos que malconviven unos con otros y que ni siquiera se ponen de acuerdo acerca de cómo repartir el dinero para ayudarse por la pandemia. Europa, y del Reino Unido ni hablemos porque hacen rancho aparte, puede decir que los regímenes autoritarios no le gustan, pero sigue tratando con Turquía y, por cierto, rogándole a todos los santos que no se marche de la OTAN. Europa es débil porque sus integrantes lo son, y de la misma manera que los separatistas fiaban el destino de su república en Bruselas y fallaron, aunque la comparación sea odiosa, España no puede confiar en que vayan a sacarnos las castañas el fuego tecnócratas que redactan memorándums con mohín de disgusto aristocrático.

Bien es cierto que ahora no existe ni el Tercer Reich ni la Italia fascista ni, parece, la URSS. Pero los intereses particulares de no pocos estados siguen ahí, y contamos con un nuevo factor, China, que ya domina por completo el continente africano por vía de la colonización económica. Eso por no hablar de un Marruecos sólidamente armado al que los dedos se le vuelven huéspedes cada vez que miran en el mapa las Canarias, Ceuta y Melilla. No, no se fíen mucho de los que podrían ayudarnos desde fuera, ni mucho menos de los EEUU que, recuerden, cuando el 23-F dijeron que aquello era un asunto interno español.

La cosa queda reducida a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Cierto es que los rojos – los llamaré así de ahora en delante de la misma forma que llamo separatistas a los de la estelada – aprietan en las calles, importan provocadores profesionales para que incendien y fomentan lo que he denominado ejército del crimen asaltando las instituciones y colocando en ellas a delincuentes. La derecha, atomizada y con una parte de ella, el PP, agobiada por demostrar que son más progresistas que un preservativo estampado con el arco iris, se muestra desnortada y sin una misma estrategia. Algo, sin embargo, diferencia aquella España de la de hoy: el Rey. La república, que dejó de serlo para acabar convertida en una dictadura al servicio de Stalin ante la mirada impasible del Comité de no Intervención que cerraba los ojos cuando este, Hitler o Mussolini enviaban armas a nuestro país, acabó en manos de asesinos porque no existía un poder moderador, una institución por encima de los partidos. Ahora que hablan tanto del franquismo, habría que decir que con la monarquía de Alfonso XIII y sin el Frente Popular y el detonante del asesinato del líder de la oposición Calvo Sotelo a manos de miembros de la motorizada de Prieto, no existiría el 18 de julio.

¿Estamos donde estábamos? Sí pero no. ¿Rojos y separatistas pretenden acabar con esta nación? Sí, pero tienen algo que les frena, además del Rey: la clase media que, aunque capitidisminuida y quebrada, sigue prefiriendo la democracia y la libertad antes que la dictadura chavista y las colas delante de los supermercado vacíos. El poder que media y la sensatez de la menestralía, he ahí lo que puede salvarnos. Tenemos ambas cosas. Solo hace falta emplear adjetivos y sustantivos como corresponde. Comunismo o libertad, dice la presidenta Ayuso. Tiene razón.

Y ahora, si me lo permiten, me tomaré unos días de pausa porque castigar la cuartilla a veces pesa demasiado en el alma de quien lo hace. Que disfruten en lo posible de la Semana Santa. Nos leemos el próximo martes, si Dios quiere.

El rapto de Cataluña
Editorial. larazon 31 Marzo 2021

Las razones por las que tampoco en segunda votación fue elegido el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, solo pueden entenderse desde la dinámica irracional del independentismo. El motivo no era por nada que tuviese que ver con el programa de gobierno, del que nada se sabe, sino por quién y cómo se dirige el «proceso» de ruptura final con Estado, si será Puigdemont desde un fantasmagórico Consejo por la República –que rompería la arquitectura institucional de la Generalitat– o desde un nuevo vicariato a cargo de ERC. La noche del pasado 14 de febrero, el independentismo se arrogó, como siempre, la victoria electoral y la hegemonía social, anunciando que con esos resultados la vía hacia la secesión era imparable. Sólo les faltaba saber en cuánto tiempo iban a plantear un nuevo referéndum y si la declaración de independencia sería unilateral.

Pero hay algo con lo que no cuentan. Los partidos separatistas –ERC, JxCat y la CUP– obtuvieron 1,3 millones de votos, lo que quiere decir que, con una abstención récord del 46,46%, representan el 23% del total de los electores. Su crecimiento se ha detenido, aunque la presión social y el despotismo que ejercen desde las instituciones han aumentado. Con esta situación es difícil que puedan imponer un gobierno que a corto plazo declare la independencia. Lo sabe ERC y los sabe JxCat, pero sobre todo son conscientes de que lo que se está librando es una guerra sin cuartel por el poder de la Generalitat, algo de lo que los herederos de la Convergencia pujolista no quieren desprenderse, y que los de Oriol Junqueras nunca han tenido tan cerca.

Ayer fracasó de nuevo la investidura, después de un mes y medio de supuestas negociaciones no se sabe sobre qué, y con la perspectiva de seguir dos meses hasta el 26 de mayo, si fuese necesario, hasta forzar unas nuevas elecciones. Ante esta situación cabe preguntarse qué gobierno puede salir de quien no ha sabido a estas alturas llegar a un acuerdo aun siendo socios y cómplices en su estrategia secesionista. Decía hace unos días el líder del PSC y ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que en cuanto hubiera un gobierno en la Generalitat se pondría en marcha la «mesa de diálogo». Sin embargo, seguimos sin saber sobre qué va a versar este diálogo y si irá más allá de los límites marcados por la Constitución. Sólo se sabe –y esto sí lo confirmó Iceta– que el Gobierno está tramitando la solicitud de indultos de los presos del 1-O, porque «es una obligación», y que la imposibilidad de modificar el delito de sedición en el Código Penal es del centroderecha. Es normal que desde esta perspectiva la situación política en Cataluña esté estancada en una ciénaga en la que el independentismo no encuentra límite a sus desvaríos y en la que el constitucionalismo ha perdido la voz. Por la cuenta que le trae a un debilitado Pedro Sánchez, prefiere mantenerse al margen.
 


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