AGLI Recortes de Prensa   Domingo 4  Abril  2021

El camino de Sánchez a ninguna parte: un país subsidiado, endeudado y sin empresas
Daniel Rodríguez Asensio. Libertad Digital 4 Abril 2021

Ya es oficial: España ocupa triple podio de peores cifras sanitarias durante 2020, mayor caída del PIB y peor dato de déficit registrado de Europa.

Que contemos 120.000 fallecidos, la mayor caída del PIB de nuestra historia reciente (10,8%), casi un 11% de déficit público y una deuda salvaje del 120% del PIB (debemos recordar que firmando el tratado de Maastricht nos comprometimos a un 60%) es el reflejo de quien no sabe gestionar ni la salud, ni la economía. El desastre sin paliativos que suponen estas cifras adquiere dimensiones aún mayores si tenemos en cuenta que Madrid, la región con mayor peso económico en el país, lleva meses luchando a contracorriente, creciendo al 4,4% y salvando al país de una situación que sería catastrófica.

Seguro que muchos de los lectores mantienen en su retina los titulares de periódicos y las noticias en medios de comunicación masivos hablando, en primer lugar, de una recuperación en “forma de V”, que después se convirtió en “lámpara de Aladino”, y que actualmente es un túnel del que no se ve la salida.

Hay dos factores que apoyan el pesimismo sobre el estado de situación de la economía española:

El primero lo reflejan los datos de actividad económica que continúan siendo los más débiles de toda la Eurozona. No sólo es que sectores clave, como el automovilístico o el turístico, sigan registrando cifras negativas de doble dígito. Es que, incluso en una recuperación impulsada fundamentalmente por el sector industrial, como la que estamos viendo en todo el mundo, España registra las cifras más bajas.

Si a ello le sumamos las dudas crecientes sobre la recepción de los fondos europeos, la realidad es que tendremos que celebrar una tasa de crecimiento en 2021 que llegue al 4%. La vuelta a la destrucción económica en el primer trimestre del año, de hecho, ya es el escenario base para el Banco de España, entre otros muchos analistas, y aún queda por ver el impacto que tendrá esta difícil situación en el mercado laboral español.

La realidad es que España ha sumado una nueva revisión a la baja en sus expectativas de crecimiento por parte del consenso de analistas, y ya concatena 3 de los últimos 4 meses en esta dirección.

El segundo elemento es la “calidad” de nuestro crecimiento económico. La mayor caída del PIB de la Eurozona es consecuencia, entre otras cosas, del mayor déficit y de la receta fallida de acudir al gasto improductivo para tapar la incapacidad de gestión.

La izquierda intervencionista y liberticida lo llamó en su día “escudo social”. A la luz de las cifras fue tan sólo una enorme campaña de marketing que ha dejado a 5 millones de españoles subsidiados y a la economía nacional con buena parte de sus motores clave gripados.

El gobierno afirma que el gasto extraordinario al que ha tenido que hacer frente por el Covid ascendió en 2020 a 45.000 millones de euros. De ellos, 21.500 fueron destinados a ERTEs y prestaciones por cese de actividad. O, dicho de otra manera, a subvencionar los empleos y las empresas que ellos mismos destruyeron vía ERTE.

La otra mitad fue destinado a gasto sociosanitario y a “resto de gastos Covid”, una partida de 7.312 millones de la que no sabemos absolutamente nada.

La gran pregunta, a la luz de los datos, es: ¿Y qué hay de las ayudas a PyMEs y autónomos? La respuesta, en el propio documento de ejecución presupuestaria remitido por el Ministerio de Hacienda, es un silencio atronador.

Porque no debemos consentir engaños. Los 5.700 millones de euros destinados a prestaciones para autónomos y a las exoneraciones de las cuotas a la seguridad social de las que se han beneficiado dichos prestatarios no es ninguna ayuda, ni compensación. Es un subsidio a la miseria a la que les ha abocado el propio Gobierno de España.

Esto, por no hablar de que 5.700 millones de euros no es ni el 0,6% del PIB español. Si somos generosos y sumamos los 7.000 millones que han aprobado recientemente obtenemos unas ayudas al tejido empresarial del 1% del PIB. Tardías, insuficientes y que excluyen a buena parte de nuestro tejido productivo.

No es de extrañar, por lo tanto, la destrucción de más de 100.000 empresas y la recuperación inexistente de los que están llamados a sacarnos del enorme agujero en el que nos está metiendo el presidente Sánchez y su larga lista de Ministros.

La realidad empresarial, según el propio Banco de España, es muy dura: Los ingresos han caído un 20%, el beneficio operativo casi un 40% y el beneficio neto un 50% por los menores beneficios financieros.

No es de extrañar, por lo tanto, que la seguridad social cerrara 2020 con el mayor déficit de su historia: El 1,8% del PIB. De hecho, cada vez que les digan que la Seguridad Social es un ente autónomo y finalista y que hay que poner nuevos impuestos para financiarla recuerden dos cosas: 1) Las cotizaciones también son impuestos porque tienen carácter coercitivo; y 2) Ya estamos financiándola con impuestos. Concretamente, con 22.000 millones de euros en 2020.

La gran pregunta, incluso para los burócratas que invaden el Consejo de Ministros es: ¿Hay alguna recuperación posible sin empresas que generen empleo y riqueza? Les doy una pista: El consenso de analistas continúa viendo a España como el país con mayor tasa de paro y de déficit de toda Europa en 2021.

El modelo de crecimiento socialista en España es claro: Intervencionismo, liberticidio, generación de redes clientelares y facturas a pagar por las siguientes generaciones.

La estrategia para atajar la crisis que estamos siguiendo en España no funciona. Lean este artículo de Diego de la Cruz. Los estudios científicos ya demuestran que los confinamientos no son la herramienta más efectiva (y dudo que tan si quiera sea eficaz) para frenar los contagios.

En París los bares, restaurantes y lugares de ocio llevan cerrados desde el 30 de septiembre. Francia está siendo uno de los países más restrictivos en esta tercera ola. ¿De qué le está sirviendo? Tienen una incidencia acumulada disparada (más de 500 casos por habitante) y su sistema sanitario está colapsado. Algo similar ocurre en muchas regiones españolas, aunque en menor medida por tener menos densidad de población.

El camino lo muestra la Comunidad de Madrid: Test masivos, sistemas de monitorización de las aguas residuales, incremento de la capacidad hospitalaria y restricción de movilidad de forma quirúrgica, sólo en los lugares con mayor incidencia. Sólo así podremos salvar a nuestro tejido empresarial de su encefalograma plano y comenzar a pensar en la recuperación económica. De cualquier otra manera, cuando consigamos la inmunidad de rebaño España será un erial con serias dificultades para germinar.

Porque la libertad, en cualquier momento del planeta y de la historia, siempre ha llevado a la prosperidad.

La barbarie de la ignorancia
Jesús Cacho. vozpopuli.es 4 Abril 2021

“Las malas decisiones que tomó el Gobierno Zapatero en política energética en general y renovables en particular lo hacen responsable de una gran parte del elevado coste de la energía en España. No se pueden crear falsas expectativas. El país le debe exigir a este progresismo la obligación de la competencia profesional. Hacer bien las cosas. Esto no es un patio de colegio. Para elaborar una ley hay que pasar una serie de trámites. Hay que hacer los números 40 veces. Esto es largo y difícil”. La frase pertenece a Jordi Mercader (entrevista de Martí Saballs en El Mundo, miércoles 31 de marzo), expresidente del INI con el Gobierno de Felipe González. Antes había sido presidente de la Empresa Nacional Bazán y después lo sería de Aguas de Barcelona, además de vicepresidente de La Caixa y Repsol, entre otras cosas. Ingeniero Industrial y master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE, Mercader pertenece a una generación de servidores públicos (con la UCD de Suárez, el PSOE de Felipe o el PP de Aznar) caracterizada por un brillante currículum y una eficaz ejecutoria profesional. Un tipo a quien confiar la dirección de cualquier empresa o incluso la presidencia de un país, que apunta con esa frase al Gobierno Sánchez donde más le duele: la falta de competencia profesional del actual Ejecutivo.

No es ideología (que también); es incompetencia. Es la falta de capacidad para gestionar de gente con una formación académica mediocre, con una licenciatura en Derecho, en Políticas o en Psicología en universidad pública, en el mejor de los casos, o con un bachillerato mal digerido, en otros. Gente que se sienta en el Consejo de Ministros sin haber competido nunca en el sector privado, sin tener la menor idea de lo que es una cuenta de resultados (incluido el presidente), sin haber pagado jamás la nómina de una pequeña pyme. La ignorancia salpimentada de soberbia explica cosas como la reciente Ley de Nueva Normalidad aparecida en el BOE este miércoles, que ha endurecido el uso de las mascarillas incluso cuando uno está en lo alto de un monte o en una playa desierta. Que a una ley sanitaria se aluda desde el Gobierno con el orwelliano apodo de “Ley de Nueva Normalidad” predispone ya al personal a esperar cualquier barbaridad o sinsentido, cualquier atentado a esos derechos individuales hoy tan conculcados en España, en línea con la frase atribuida a Cicerón según la cual “cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más locas y arbitrarias son sus leyes”. La medida es tan disparatada que apenas unas horas después de publicada ha obligado a sus mentores a dar marcha atrás con la creación de “una mesa técnica para interpretar esta ley” (sic).

Ridículo espantoso, al que es proclive una tropa caracterizada por su falta de conocimientos, que se enfrasca en la torpe manufactura de una ley que no se va a cumplir, como tantas leyes de este bendito país dado a regularlo todo con la idea preconcebida de no cumplir nada. Exceso regulatorio del que se deriva su masivo incumplimiento. Éxtasis legal del que se sigue el desprestigio de la ley. No es ideología, es ineptitud. Pero el baile continúa. La minicrisis provocada por la salida de Iglesias del Gobierno nos ha traído el ascenso de la ministra de Trabajo a la vicepresidencia tercera. Desde su nuevo puesto, Yolanda Díaz quiere impulsar la definitiva derogación de la reforma laboral, el sueño líquido de sindicalistas y comunistas, perdón por el oxímoron, la única reforma, si bien incompleta, en el haber del triste Gobierno Rajoy, y ello cuando Bruselas acaba de enviar a Madrid un aviso muy serio en contrario. El vicepresidente europeo Valdis Dombrovskis, en efecto, ha recordado esta semana al Gobierno que la reforma integral y ambiciosa del mercado laboral es prioridad absoluta si nuestro gran timonel quiere desbloquear los 140.000 millones –él se conforma con los 72.000 gratis total- asignados a España previa presentación de un Plan de Recuperación que deberá ser evaluado por la Comisión y ratificado por los 27 parlamentos de la Unión.

De modo que Bruselas quiere más reforma laboral -más profunda-, no menos. Pero ellos/as son así. Simple fachada. Y mucho descaro. “Es amable de trato”, describe a Díaz un personaje de CEOE que la conoce bien, “pero cuando hablas con ella y rascas un poco no hay fondo de ninguna clase: todo es pura ideología”. Ideología y sectarismo rancio es la característica de la nueva ministra Ione Belarra, de cuyo currículo es imposible destacar algo que no sea el haber sido compañera de pupitre en la facultad y amiga íntima de Irene Montero, además de destacada activista de Podemos. Treinta y tres años de edad y seis en el Congreso. Fin de la historia. Su biografía dice que “antes de embarcarse en este proyecto era investigadora en formación y realizaba una tesis doctoral sobre experiencias migratorias, género y movimientos sociales”. Lo típico en Podemos, vamos. Nula preparación y experiencia profesional para gestionar una mercería. La nada más absoluta.

La mujer que es escaparate de este Gobierno, su cara más amable, su currículum más presentable, la bella y educada Nadia Calviño, nos obsequió esta semana con uno de esos episodios capaces de arruinar cualquier biografía. Y definir cualquier Gobierno. Arreglada y contenta, Nadia grabó (leyó en un 'teleprompter') el miércoles, recién vuelta de La Zarzuela donde acababa de jurar su nuevo cargo de vicepresidenta segunda, un mensaje desde su despacho. “Llevo casi tres años formando parte del Gobierno de España con una agenda progresista, feminista y europeísta, de transformación del país, de impulso de una economía más sostenible e inclusiva (…) Las prioridades del Gobierno están claras. En primer lugar seguir acelerando el proceso de vacunación (…) En segundo lugar, continuar asegurando la estabilidad financiera internacional”. Así, de sopetón, la “estabilidad financiera internacional”, literal, y uno se queda pasmado, como si le hubiera dado un aire, porque lo único que tendría que asegurar Nadia, teniendo en cuenta el recordatorio que el Banco de España le acababa de dejar en el alfeizar de su ventana (la deuda pública cerró 2020 en 1,35 billones, equivalente al 120% del PIB), es el rescate financiero que España necesitará en cuanto estalle una crisis de deuda cada día más cercana. “Muchas gracias al presidente Sánchez”, concluyó Nadia.

Esto no tiene remedio. Es “la barbarie de la ignorancia” que decía Georges Steiner. Imposible reclutar deliberadamente un Ejecutivo de gente tan mediocre, intelectual y profesionalmente, como este. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Cómo explicar la devaluación de nuestra clase política, a derecha e izquierda? “En los ochenta había vocación de servicio”, explica Mercader en la entrevista de El Mundo. “A los altos puestos de la Administración se llegaba dispuesto a llevar a cabo un trabajo con un desgaste personal tremendo. Había un colectivo que tenía la ilusión de que en este país haríamos algo nuevo e importante. En esos años todo era muy complicado. Estábamos dispuestos a soportar esas batallas y ganarlas”. Todo eso ha desaparecido por el albañal de una sociedad dispuesta a exigir derechos sin someterse a obligación alguna.

Pero un Gobierno muy feminista, eso sí. Tan feminista que nuestro Hugh Hefner se exhibió en las escalinatas de Moncloa, gallo rodeado por sus gallinas, para presumir de vicepresidentas, en una más de sus impúdicas exhibiciones de machismo a palo seco. Y todo el mismo día en que una durísima sentencia judicial ponía a su ministro del Interior, Grande-Marlaska, en el disparadero de una obligada dimisión de honor si el caballero conociera lo que tal vocablo significa. “No podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese [del teniente coronel Pérez de los Cobos] era ilegal”, afirma el juez, “en tanto que estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal”. En otras palabras, que Pérez de los Cobos fue castigado por cumplir la ley. Es el tenor de un Gobierno que ha degradado la ya de por sí feble democracia española hasta convertirla en un guiñapo.

Mientras tanto, el pequeño Marlaska, el demócrata de la “patada en la puerta” dispuesto a acabar con la inviolabilidad del domicilio, sigue acercando a los criminales de ETA a su lugar de origen. El último, en plena Semana Santa, ha sido García Gaztelu, alias Txapote, el asesino del concejal Miguel Ángel Blanco. El jefe de la banda sigue pagando los peajes a que está obligado por los lugartenientes (Rufianes, Oteguis y Cía.) que le sostienen en la peana de Moncloa, agrandando así día tras día la herida por la que sangra esta España maltrecha, ese “pedazo de pan seco”, como la describieron algunos intelectuales europeos en los años treinta, esa “pobre España, dolorida España, aquejada de la locura de la inmortalidad” que escribiera Thomas Mann, esa España silente que en su cuesta abajo ha sido capaz de elevar a la presidencia del Gobierno a un aventurero sin escrúpulos. Después de la sentencia hemos sabido, lo contó aquí Alejandro Requeijo, que la decisión de cesar al militar no se tomó en Interior, como cabía imaginar, sino en Moncloa. Y lógicamente con conocimiento de Sánchez y muy probablemente a iniciativa suya. Este es el pájaro que motivó una moción de censura con el argumento de que no podía soportar el hedor de la corrupción del Gobierno Rajoy.

Alguien ha dicho que el lamentable estado por el que atraviesa nuestra democracia no se debe tanto a las órdenes que imparte la minoría que maneja el BOE, como al silencio cómplice de la mayoría que asiente. Los españoles de bien, que son legión, están obligados a reaccionar. Como decía el mencionado Steiner, obligados “a dejar la casa en la que estamos invitados un poco más rica, un poco más humana, un poco más justa, un poco más bella que como la encontramos. Creo que esa es nuestra misión, nuestra tarea”. Pero esto, digámoslo una vez más, no tiene más salida democrática que las urnas. El 4 de mayo tenemos la primera oportunidad para ir construyendo algo distinto. Complicado ilusionarse viendo el panorama político a derecha e izquierda, pero obligado. Se trata de negarse a aceptar la “nueva normalidad". Y empeñarse en salir del fango, simplemente para poder respirar.

La capital y los lobos
Benito Arruñada. vozpopuli.es 4 Abril 2021

Los actuales conflictos territoriales, ¿se derivan acaso de que algunas regiones desarrollan estrategias extractivas?

Si el Estado fuera una empresa, la clave para decidir el grado óptimo de centralización serían las economías de escala, un factor que es en esencia productivo o incluso “ingenieril”. Sin embargo, en el Estado y la Administración Pública domina la política y, en consecuencia, la pelea distributiva por el reparto de la producción. Además, las restricciones de la política son más elásticas. Las decisiones están menos sujetas a la lógica de supervivencia competitiva propia del mercado. Pueden así mantenerse estructuras ineficientes durante mucho tiempo si la correspondiente entidad política es eficaz en capturar rentas. Piense, sin ir más lejos, en los privilegios que disfrutan las comunidades forales, en las subvenciones que recibe el medio rural de los países ricos o en la protección secular que ha disfrutado la minería del carbón.

Con el estado autonómico, no sólo pasamos a tomar menos decisiones en Madrid y más en los gobiernos autonómicos. La relación entre el Estado y los ciudadanos también cambió al llegar un nuevo intermediario: cada gobierno regional constituye un nuevo gestor de servicios públicos, pero también un nuevo extractor potencial de rentas.

La hipótesis extractiva
Desde ese momento, cada autonomía ha podido seguir sendas diferentes en muchas dimensiones. Para simplificar, supongamos, en línea con la literatura de Public Choice, que lo que define su estrategia es su orientación predominante hacia el desarrollo de una vocación productiva o extractiva.

Esta orientación tendría mucho de involuntaria, pues vendría condicionada por la situación de partida. Ante todo, por circunstancias culturales capaces de dificultar que los ciudadanos podamos controlar eficazmente al nuevo intermediario político. En esa medida, predisponían a cada comunidad a orientar su estrategia en una u otra dirección.

Sin embargo, dicha orientación tiene también su parte voluntaria, fruto de ciertos posicionamientos y liderazgos, como la insistencia del PNV en, como decía Xabier Arzalluz, “recoger las nueces” del árbol que sacudía la banda terrorista ETA; o la voluntad de Jordi Pujol de forjar lo que Josep Tarradellas tildaba de “dictadura blanca” cuando ya en su carta de 1981 anticipó con total presciencia el actual dilema catalán.

Ya fuera por inercia o por voluntad, de acuerdo con esta hipótesis, unas autonomías se habrían orientado relativamente a la producción. En cambio, en otras habría arraigado un modelo más extractivo. Algunas de éstas últimas se habrían centrado desde un principio en capturar rentas del exterior, como podría ser el caso de las comunidades forales. Otras, al menos de entrada, se centrarían en capturar rentas dentro de la propia región. Andalucía y Cataluña ilustrarían dos versiones de este segundo modelo extractivo, al considerar el carácter más ideológico versus etnicista de los principales beneficiarios.

La inesperada competencia madrileña
Al inicio, la mayoría de las autonomías tenía capacidad para gastar, pero no para recaudar tributos. Probablemente, todas ellas usaron sus poderes para crear redes clientelares (recuerden, por ejemplo, su asalto a las antiguas cajas de ahorros). Sus posibilidades se amplían desde 1997, como fruto del Pacto del Majestic y en aras de una “corresponsabilidad fiscal” ya negociada por Pujol desde 1993 e inspirada por el principio de que “quien desee gastar más que lo recaude”. Desde entonces, las comunidades pueden modificar los tipos de gravamen y las deducciones de los impuestos cedidos, así como establecer impuestos propios.

Este cambio proporciona una prueba diferencial si estas competencias se usan para elevar la carga fiscal sin proporcionar mejores servicios. Lo primero es claro. Por ejemplo, Valencia ha elevado el tipo marginal de IRPF al 54%; y Cataluña, cuyo tipo máximo es del 50%, ya cuenta con 19 impuestos “propios” y ostenta el récord de gravar al 11% de ITP las compraventas de inmuebles, cifra que, cuando se compra con hipoteca y se añade el IAJD, se acerca al 13%.

En principio, los ciudadanos estarían contentos de pagar más impuestos altos si con ellos se financiasen servicios útiles. Lo pernicioso es que la recaudación extra se dilapide o, peor aún, se dedique a crear redes clientelares y fabricar propaganda, en especial la de índole identitaria y, por tanto, divisiva y de valor socialmente negativo. Se puso bien de relieve este riesgo durante la crisis económica, cuando algunos gobiernos autonómicos optaron por recortar en sanidad a la vez que reforzaban su aparato de agitación y propaganda.

Esta mezcla de impuestos altos y gasto improductivo confirmaría que la autonomía se configura como un régimen extractivo y hasta oligárquico (como apuntan algunos indicios en el caso de Cataluña). Más allá de la injusticia que ello supone, es sólo cuestión de tiempo que, si otras regiones ofrecen mejores condiciones, se produzca una reasignación de recursos y se alteren las tasas de crecimiento. Aunque no sea éste el único factor, no parece ajeno a este proceso el hecho de que, desde 1992, Cataluña ha perdido medio punto porcentual en el PIB nacional mientras Madrid ha ganado 2,7 puntos.

Además, a medida que el volumen de rentas extraíbles internamente se reduce, se exacerban las tensiones con el centro y entre las propias comunidades. Basta que una comunidad como la madrileña reduzca modestamente algunos de sus impuestos (su tipo máximo de IRPF se sitúa en el 45,5%, siendo pues similar al de los principales países de nuestro entorno) y que bonifique otros (sucesiones, patrimonio), para que las regiones más recalcitrantes en su estrategia extractiva se revuelvan contra ella: no sólo las deja en evidencia, sino que capta sus recursos más móviles, valiosos e influyentes.

Competencia, sí; pero sólo si ganamos
Este rechazo a la competencia fiscal es una novedad en nuestro conflicto territorial, quizá porque años atrás aquellas oligarquías más convencidas de su superioridad tendían a sobrevalorar su propia capacidad para competir. Además, la competencia se había referido sólo al gasto y al fomento identitario y no se habían manifestado aún las consecuencias de que algunas comunidades practicaran una estrategia más productiva o, si se prefiere, menos extractiva que otras.

Sólo así se explica la paradoja de que sean las autonomías que más pugnaron por disponer de competencias fiscales las que ahora lideren el intento de limitarlas. Esta contradicción es coherente con la hipótesis de que tales competencias sólo las usan para extraer rentas y no para financiar mejores servicios. Cuando ahora proponen, con la excusa del dumping fiscal, homogeneizar los impuestos autonómicos, sólo buscarían subirlos en las regiones que ejercen una competencia relativamente productiva.

Si ha llegado hasta aquí, es señal de que este esbozo de teoría “positiva” de las autonomías tiene cierto poder explicativo. Es lo que se suele pedir de una teoría y es lo que justificaría la simplificación binaria a que me refería al principio. Si así fuera, se habría ganado el derecho a pasar al mundo normativo del qué hacer. Algún día habrá que preguntarse si la teoría está en condiciones de responder a esta pregunta.

‘Acabaremos con la inseguridad en nuestros barrios y acometeremos una bajada radical de impuestos’
ENTREVISTA A ROCÍO MONASTERIO
https://gaceta.es 4 Abril 2021

Los que durante los últimos siete años hemos conocido, entrevistado o debatido con Rocío Monasterio (Madrid, 1974) en un estudio de radio o en un plató de televisión, sabemos que no negocia sus principios. Su discurso político sobre libertades, seguridad, educación, familia, sanidad, empleo, despilfarro e impuestos es el mismo hoy, cuando VOX es la tercera fuerza política, que en 2014, cuando ella y apenas un puñado de leales se mantuvieron firmes en el proyecto de Santiago Abascal. Aunque insistas, Monasterio jamás te dirá lo que te gustaría escuchar, sólo lo que ella siempre ha pensado que es lo mejor para España y, hoy, de nuevo, ante la cita electoral del 4 de mayo, para Madrid.

— En las elecciones autonómicas de 2019, VOX fue la fuerza más votada en 60 de los 179 municipios de Madrid. Usted sale a disputar el voto a la izquierda en los barrios más castigados por la inseguridad y el desempleo. ¿Qué ofrece VOX?
— En VOX no tenemos miedo a los insultos o las etiquetas y estamos dispuestos a defender nuestras ideas hasta el final. Por eso cada vez tenemos más apoyo en zonas tradicionalmente de izquierdas y el cinturón rojo de la Comunidad de Madrid ha pasado a ser verde.

VOX ofrece libertad, sí. Libertad para educar a tus hijos de acuerdo con tus convicciones; libertad para poder sacar una familia adelante sin tener que sufragar el despilfarro político con sus impuestos; o libertad para vivir en los barrios con tranquilidad. Hoy, los madrileños necesitan seguridad y VOX es el único partido que la proporciona frente al consenso progre formado por élites y comunistas que quieren imponernos cómo debemos pensar y vivir.

— En una reciente entrevista en La Gaceta de la Iberosfera, la líder francesa Marion Maréchal aseguró que ‘la derecha que se acerca al centro acaba siendo absorbida por la izquierda’. ¿Cómo puede estar seguro el votante de Rocío Monasterio de que eso no le va a pasar a VOX?
— En primer lugar, porque votan a la candidata de VOX a la Comunidad de Madrid. La diferencia de VOX con el resto de formaciones políticas consiste precisamente en eso: en que defendemos lo mismo en todo el territorio nacional. Otros partidos políticos dicen una cosa en Galicia, otra en Madrid, en Cataluña, etc. Somos el único partido que tiene un proyecto nacional, una alternativa social y patriótica para España. Por eso sólo queda VOX.

— Después de lo sucedido en Murcia y el terremoto político que lo ocurrido en esa región ha desencadenado en otras, como en Madrid este adelanto electoral, parece claro que el PP se equivocó de socios con Ciudadanos. ¿Cree que podrían volver a cometer ese error?
— Con el PP nunca se sabe. Ayuso eligió a Ciudadanos y excluyó a VOX. ¿Lo volvería a hacer? Eso le corresponde a ellos aclararlo. Lo que sí sé es que si Santiago Abascal sacara más votos que Pablo Casado, el PP apoyaría antes un Gobierno del PSOE que uno de VOX. Si eso lo hacen a nivel nacional, a saber qué le imponen a Díaz Ayuso desde Génova.

Por nuestra parte solo puedo decir una cosa: no vamos a permitir que la izquierda gobierne en Madrid.

— Esta semana se ha conocido la detención de seis miembros de una banda latina por apuñalar a un niño de once años en Villaverde; la pasada, un menor magrebí destrozó la cara a un joven en el centro de Madrid. ¿Qué propone VOX para hacer frente a la inseguridad en la región?
— Y el Jueves Santo un tiroteo de bandas extranjeras en Ciudad Lineal. Nuestros barrios son cada vez más inseguros. No se trata de “hechos aislados” como dicen los gobernantes políticos. Los madrileños padecen cada vez más la violencia y muchos tienen miedo de que sus hijos salgan a la calle o de ir a hacer la compra. Sólo quien vive en una burbuja puede negar que la inseguridad es un problema que debe ser atajado ya, sin contemplaciones.

Hay que expulsar de forma inmediata a los inmigrantes ilegales y a los legales que cometan delitos graves o leves de manera reiterada y cerrar los centros de ‘menas’. Cada ‘mena’ cuesta 4.700 euros al mes, ¿se imagina lo que puede hacer una familia con ese dinero?

— ¿Cómo valora la gestión que ha hecho Ayuso? ¿En qué ha sido decisivo VOX en esta legislatura?
— La gestión de Ayuso es mejorable. Y gran parte de sus aciertos son nuestros. ¿Qué habría pasado si no existiera VOX? Que habrían caído en la tentación de parar Madrid como pedía su socio de Ciudadanos el señor Aguado.

VOX ha sido el partido que más se ha opuesto a nivel nacional a las restricciones y los toques de queda. De hecho, somos el único partido que se opuso al Estado de Alarma de seis meses de Pedro Sánchez que contó con el apoyo de todos los partidos. Siempre hemos dicho que España debe protegerse, pero no detenerse.

— Usted ha defendido que, si es necesario, facilitarán un Gobierno dirigido por Ayuso. Dice que pueden entenderse en algunas políticas, ¿en cuáles no?
— VOX no ha venido solo para evitar que la izquierda gobierne, también para sacar las políticas de izquierdas que el PP ha hecho suyas. VOX se ha quedado solo en la defensa de unas ideas para proteger la economía, la seguridad y la libertad de los españoles, ideas abandonadas por todos los demás partidos, que han renunciado a defenderlas ante la presión ideológica y mediática de la izquierda.

La defensa de la seguridad en las calles y de una inmigración legal y ordenada, la protección de la familia y de una educación libre de adoctrinamiento ideológico o la necesidad de eliminar el despilfarro político para aliviar impuestos a los españoles son ideas que sólo defiende VOX y que sólo nosotros aplicaremos o podremos exigir si los madrileños vuelven a confiar en nosotros para defenderlas.

Somos la oposición frontal al consenso progre y a ese proyecto ideológico que va contra las familias y los trabajadores.

—El PP defiende la libertad frente al socialismo, lo dicen en su trillado lema de campaña, pero después se abre a pactar con el PSOE la renovación del CGPJ o la del consejo de RTVE. ¿En qué se diferencia esa libertad que defiende el PP y la que defiende VOX?
— En España, la libertad hoy está en cuestión por un Gobierno socialcomunista que está arrasando con todo a su paso, sí, pero también por años y años de políticas tibias del Partido Popular.

Si la izquierda puede hoy reescribir la historia a su antojo, quitar calles a personajes históricos y amordazar a los historiadores es porque el Partido Popular no derogó la totalitaria ley de memoria histórica cuando tuvo mayoría parlamentaria para hacerlo. Y lo mismo sucede en lo relativo a la liquidación de la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley por parte del Partido Popular. En Galicia el castellano es perseguido como en Cataluña y en Andalucía su presidente ha confesado estar impregnado de socialismo.

Nosotros creemos y queremos la libertad para toda España. O dicho de otro modo, VOX nunca permitiría que una persona que se ha presentado bajo sus siglas hiciera políticas contrarias a la libertad. Porque la libertad para nosotros no es un lema, forma parte de lo que somos y para lo que surgimos, por España y la Libertad.

— ¿En qué políticas va a incidir VOX en esta campaña?
— Somos predecibles. Seguiremos defendiendo la necesidad de frenar a una izquierda responsable de la muerte de miles de españoles a la que los demás han renunciado a combatir; protegeremos el empleo de todos para que se acabe con los toques de queda y cierres arbitrarios de ningún tipo; acabaremos con la inseguridad y la degradación en nuestros barrios y acometeremos una bajada radical de impuestos, siempre precedida de la eliminación del despilfarro político y una reducción de diputados en la Asamblea de Madrid.

La batalla de Ayuso no es sólo por Madrid
La izquierda española no soporta el espejo que refleja el fracaso de sus políticas
Editorial larazon 4 Abril 2021

Si algo ha caracterizado la oposición de los partidos de izquierda a la gestión de Isabel Díaz Ayuso ha sido la absoluta falta de ponderación en las críticas, en ocasiones rayanas en la negación de la evidencia, en un ejercicio de acoso político tan insólito como huérfano de razones. Más aún, cuando la labor de la presidenta madrileña ha tenido que desarrollarse en medio de una situación de emergencia sanitaria, con sus derivadas sociales y económicas, que buena parte de la población percibe como correcta, con sus luces y sus inevitables sombras, y con hitos de trascendencia internacional, como la construcción del hospital «Enfermera Isabel Zendal», objeto, sin embargo, de una de las campañas de desinformación más cruentas de las que hay noticia.

Es evidente, que detrás de tamaños despropósitos, en los que el recurso al doble rasero ha alcanzado la categoría de arte, hay algo más que la disputa por el gobierno regional o el rechazo a unas determinadas políticas de gestión que, por otro lado, no presentan grandes diferencias con las que llevan a cabo otros ejecutivos autonómicos regidos por el Partido Popular. No. La obsesión con Ayuso tiene, por supuesto, una raíz ideológica, pero, sobre todo, responde al rechazo de un modelo de éxito, de contornos liberales, que ha llevado a la comunidad a convertirse en una de las principales locomotoras económicas de España. Es cierto que no todo el mérito del gran salto de Madrid puede atribuirse a Ayuso, pero también lo es que la presidenta madrileña ha tenido la virtud de enmarcar el progreso de la región en los postulados de la derecha moderna europea, espejo en el que se ve reflejado, tozudamente, el fracaso de las políticas de izquierda. Con un problema añadido, que Isabel Díaz Ayuso nunca ha sentido la menor necesidad de hacerse perdonar por los sumos sacerdotes de la ideología dominante.

Muy al contrario, ha defendido siempre lo que ha considerado mejor para el conjunto social y no ha tenido reparos en denunciar el trato que creía injusto para la comunidad que preside. Se prepara, pues, una batalla electoral bronca, llena de golpes bajos y, por lo tanto, muy alejada del sentimiento general de unos ciudadanos, los que viven en la Comunidad de Madrid, que suelen tener una visión ecléctica y desapasionada de la vida y que se debaten, como todos, en la manera de superar la situación extraña que nos ha tocado vivir. Tal vez, ese puede ser el peor error que cometa la izquierda. No entender que Ayuso no libra sólo la batalla por Madrid, sino por una sociedad en la que el peso del Estado no acabe por asfixiarla, y en la que las libertades individuales no sean cuestionadas por esos supuestos representantes de la nueva política, que, sin embargo, sirven a una viejas ideas que creíamos superadas.

¡ Que vuelve el PP !
Nota del Editor 4 Abril 2021

El peligro acecha, vamos de matamala a matapeor. Si no conseguimos que Vox supere el disparate del bipartidismo estamos perdidos.

Hay que apoyar a Vox, es la única solución. El PP tiene que desaparecer.

Estamos hartos de ver a los profesionales del bipartidismo forrarse con sus apaños antes, durante y después. Es una vergüenza que ellos mismos se concedan todos los dineros nuestros que les dé la gana. Es una vergüenza que gasten nuestro dinero en despachos, escoltas, secretarias, ayudantes, consultores, viajes para seguir destrozando España.

Credibilidad y recuperación
Editorial ABC 4 Abril 2021

Al equipo de Pedro Sánchez se le sigue llamando Gobierno por pura inercia, porque el líder socialista se ha olvidado de ejercer su principal cometido, que consiste en trabajar para resolver los problemas que afectan a la vida de los españoles e intentar prevenir aquellos que puedan hacerlo en el futuro. Sumido desde su propio nacimiento en las cuitas más absurdas, a las que le ha conducido Unidas Podemos, solo interesado en socavar lo que Sánchez está legalmente obligado a preservar, el Ejecutivo da vueltas a la noria de la indecisión porque en la misma mesa se sientan quienes se dedican a destruir lo que otros intentan construir.

Desde el exterior, la coalición de Gobierno y sus apoyos parlamentarios resultan claramente molestos para nuestros principales socios, por lo que dicen y por lo que hacen. Que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya decidido no llamar todavía a Pedro Sánchez es el síntoma más evidente de la degradación de nuestras posiciones en el exterior, donde la visión de la situación política española resulta cada vez más preocupante. ¿Acaso creía alguien que situar en el Centro Nacional de Inteligencia a quien no oculta sus lazos ni sus simpatías con la dictadura iraní o la de Venezuela no tendría consecuencias en la disposición de otros países a colaborar en este campo con España? En cierto sentido, con gestos como la acogida de Delcy Rodríguez y las proclamaciones de los socios más estridentes del Ejecutivo, Sánchez ha creado una situación que puede considerarse más grave aún que la de la abrupta retirada de las tropas españolas de Irak decretada por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que al menos se hizo de forma clara, e inmediatamente compensada con un aumento de la contribución española en Afganistán. Una situación como la actual, en la que el nuevo presidente norteamericano ignore deliberadamente a un aliado de la importancia de España, no tiene precedentes.

Lo que ven nuestros socios en la España de hoy es un Gobierno que en realidad son dos equipos que reman en direcciones diferentes, no siempre opuestas, pero distintas, y que se dedican más a las encuestas que a las reformas. Que todo el país esté ahora pendiente del resultado de las elecciones autonómicas de Madrid da una idea de hasta qué punto se justifica que los líderes de los países que puedan contar con nosotros estén también pendientes de cual será la próxima sacudida telúrica de la política española.

La falsa percepción que tiene Sánchez de la supuesta buena imagen que se tiene de él viene dada por el hecho de que sus relaciones con los socios de la UE siguen siendo fluidas, como es habitual, teniendo en cuenta el formalismo de un entorno tan integrado. Pero no tardará en descubrir cómo cambia el trato cuando empiece a utilizar los fondos de recuperación. No es cierto que ese dinero no sea «de nadie», como en su día llegó a decir la vicepresidenta Calvo. Se trata de partidas que avalan con sus impuestos los ciudadanos de otros países, cuyos gobernantes esperan que España las devuelva convenientemente, y para ello van a exigir que antes de desembolsar esos fondos se realicen las reformas correspondientes para que las cuentas públicas del Reino de España vuelvan a ser sostenibles y tengan el excedente necesario para pagar la deuda. Ese despertar a la realidad va a ser probablemente muy duro para una personalidad como la de Sánchez, que ha hecho de su supervivencia política su único objetivo.

Celaá, la miserable
Carmen Álvarez Vela. https://gaceta.es  4 Abril 2021

Es curioso cómo la casta roja quiere para los demás lo que no ha querido para sus hijos, que para eso está el nada laico Colegio Bienaventurada Virgen María-Irlandesas; escuela muy elitista, muy católica y muy concertada donde la ministra Celaá mandó a sus hijas a estudiar. Se ve que, pasado el tiempo, Felipe González se le quedó a la derecha con el invento de las concertadas. Arrepentidas las quiere el Señor -y bien preparadas también- y ahora que sus niñas han crecido, niega a los demás lo que quiso para sí. Para el resto rige el modelo socialista: futuros adultos aborregados, ignorantes, adoctrinados, acríticos y desconocedores del valor del esfuerzo.

Celaá dispara en todas las direcciones. En aras de un extraño concepto de igualdad, trata a los niños con necesidades especiales como si no tuvieran tales necesidades; la realidad es demasiado incómoda para esta gente. Tampoco nos llevemos las manos a la cabeza por esto a estas alturas, que para eso está el aborto -el eufemismo de “el niño venía mal”-; así que no le vayamos ahora con monsergas a la señora ministra que no está para tonterías. Su soberbia se trasluce en su mirada y su impertinencia cruel y maleducada hace daño a los oídos cuando habla. “¿Pero de dónde viene usted, señor Matarí?”, escupe entre risas despectivas -las suyas y las de su infame bancada- al padre de una mujer con síndrome de Down. Le falta decir, “¡no me cuente su vida, haber abortado, señor mío!”. ¡Suena tan nazi! Ignora esta miserable que este señor viene de una vida dedicada al increíble empeño de que su hija, cuando él no esté, pueda valerse por sí misma. Ésa es la obsesión de estos padres conscientes de que no podrán proteger a sus hijos siempre. De ahí viene el diputado. ¿De dónde viene usted, ministra? Comparada con el señor Matarí, usted viene y va hacia la nada humana.

Con España en Estado de Alarma y los españoles dedicados a la dura tarea de conservar su puesto de trabajo -el que lo tenga- o su negocio, se ha aprobado una ley de presunta Educación que atenta contra los derechos de millones de niños nacidos en las regiones dominadas por las sectas nacionalistas a estudiar en español y el español. Que no basta con saber comunicarse para que a uno le pasen el balón; el uso correcto de la lengua requiere estudio de ortografía y gramática -esto me ha quedado muy fascista, disculpen-. La Lomloe confirma la eterna paradoja de las leyes socialistas, caracterizadas por perjudicar a las clases menos favorecidas igualándolas siempre a la baja, que accederán al mundo profesional con una formación manifiestamente mejorable -como las fincas-. Los padres con más recursos -ellos- ya se encargarán de llevar a sus criaturas a colegios privados -privadísimos- y exclusivos -exclusivísimos-, donde aprenderán varios idiomas a un muy poco módico precio. Qué más da, será por dinero. Son socialistas, pero no tontos.

La ley Celaá -bendecida por ERC, no lo olvidemos- es un misil político disparado contra la línea de flotación de la cohesión nacional. Su objetivo es que los niños de las regiones con lengua cooficial crezcan creyendo que el español es un idioma extranjero, ajeno a ellos e impuesto por Franco, por Felipe V o Escipión el Africano. Da igual. La Lomloe no es una ley más de educación, es un escalón imprescindible en el proceso de balcanización y descomposición de la nación española.

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De Franco a Rociíto: la refundación de Pablo Iglesias y su proyecto comunista
Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital 4 Abril 2021

El balance de los catorce meses de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia del Gobierno es tan desastroso como avanzó ayer el resumen de Libertad Digital. Pero lo grotesco de ver a este heraldo de la pobretería atacando a los ricos desde el casoplón de Galapagar no debe hacernos olvidar dos cosas: una, que la coherencia intelectual no rige con los comunistas; otra, que lo malo para la sociedad es bueno para su proyecto político. Cuanto peor le vaya a España, más cerca estarán de imponer su modelo dictatorial. Que Iglesias ha sido un pésimo gestor, con evidentes responsabilidades criminales en la gestión de las residencias de ancianos, y que los ministerios podemitas, desde el de su favorita personal al de la favorita política hayan sido modelo de incompetencia, demagogia e irresponsabilidad, está claro. ¿Y qué? ¿Desde cuándo le ha importado a un comunista en el Poder el bienestar de la gente? Al revés: todas las dictaduras comunistas se han erigido sobre el principio de la guerra civil y la penuria, las dos excepcionalidades que, como Iglesias ha dicho, son necesarias para el triunfo comunista.

Pandemia, ruina y “Memoria Histórica”
La pandemia le brindó la ocasión de saltarse la legalidad; el guerracivilismo del PSOE, que complementa el suyo, le añadió otra mayor: blindar una nueva legitimidad basada en algo tan arbitrario como la Memoria Histórica. Pero cuando asaltaron la tumba de Franco, Iglesias no estaba en el Gobierno y sí en el Poder, en especial, el mediático. Y la ruina por la desastrosa gestión de la pandemia favorece su proyecto de una sociedad dependiente del Estado, que no le dejará liberarse de esa amable tiranía. A Caracas vía Buenos Aires. Si Iglesias hubiera podido manipular unos cuantos desastres más -inundaciones, incendios, terremotos- hubiera sido mucho más feliz. Pero nadie podría decir, dejando aparte su salida del Gobierno, que ha sufrido.

Al contrario, desde su toma de posesión, todos los ataques a la propiedad, que es la piedra angular del comunismo, junto al rechazo a la legalidad, llevan su sello. Prohibió el despido laboral, legalizó el asalto de pisos, y presumió de lo único que quiere presumir un comunista: una Ley de Dependencia. El primer vagido de la criatura lo exhaló Yolanda Díaz. ¡Qué feliz anunció que ya había cuatro millones de españoles ayudados por el Estado, aunque para ello tuvieran que haber ido antes al paro! Luego supimos que esas ayudas no llegaban. ¿Pero desde cuándo para un comunista es más importante la realidad que la propaganda?

La adecuación a la realidad como criterio para establecer lo verdadero o falso repugna a la ideología comunista. No es que para ella, desde Lenin, todo sea relativo y su valor dependa de los intereses de partido, es que esa relatividad de partido es el único valor absoluto, y lo es siempre. A muchos les sorprende que Iglesias mienta con tanta desfachatez. No entienden que un comunista, en realidad, no miente: interpreta, tanto en el sentido teatral, y por eso exagera, como en el político, y por eso niega la evidencia. Lo vemos con su financiación ilegal: les pillan una y otra vez y siempre dicen lo mismo: que nunca les han pillado, siempre los han absuelto y los tribunales siempre les dan la razón. Al tiempo, dicen que los jueces son franquistas por condenar a Isa Serra, y que el ministro de Justicia es machista por rechazar la Ley Montero, a la que en vez de Ley del Sí es Sí, llamaremos Ley Rociíto, ya que a ese caso se encaramó para negar el Estado de Derecho con el “Hermana, yo sí te creo”. Pasar de sacar a Franco de la fosa a defender a Rociíto parece mucho cambio. No lo es. Cuando se trata de liquidar el régimen constitucional, todas las vías populistas son eficaces, y no excluyentes sino complementarias.

El papel clave de Enrique Santiago
Los mismos medios que pregonaban las diferencias insalvables entre Sánchez e Iglesias aseguran ahora que, por fin, y por suerte, Sánchez se ha librado de Iglesias. Pero el pacto de Gobierno social-comunista sigue intacto. Las minucias coreográficas sobre la despedida de Iglesias, en plenas elecciones de Madrid, son irrelevantes si se mantienen la vicepresidencia y los ministerios acordados a Podemos. Y se mantienen. Que Díaz no sea vicepresidenta segunda sino tercera sólo llama la atención por un hecho: que semejante nulidad sea vicepresidenta. Y la marquesa de Galapagar sigue al frente del ministerio de Rociíto yo sí te creo, antes Igualdad, con un eco mediático que nunca tuvo la Ley del Sólo sí es sí, compartida con Carmen Calvo. La rivalidad entre las hembras Alfa de los rebaños rojo y morado no les impide compartir redil. Ione Belarra, de perfil filoetarra, añade radicalidad y no eleva el nivel intelectual podemita. Y el comunista Garzón seguirá siendo igual de comunista y de lerdo que siempre.

Lo nuevo es que la parte más ideológica y de ingeniería social de la vicepresidencia de Iglesias, la Agenda 2030, pasa a Enrique Santiago, el Asesino Vocacional de la Familia Real Española, abogado de las FARC en La Habana y hombre clave en el proyecto de refundación del partido de Iglesias. Podemos e Izquierda Unida se unirán pronto bajo las viejas siglas, explícitas o implícitas, lo que convenga contra Errejón, del Partido Comunista de España. Será un PC (R)-GRAPO, un FRAP que reniega de la Transición al Régimen del 78 y rompe con el PCE de Carrillo y Tamames, Gerardo Iglesias y Anguita, para volver a un modelo de partido entre institucional e insurreccional, típicamente tercermundista, y al que no le van a faltar ni apoyos económicos internacionales ni socios separatistas en España. Un PCE más parecido a la CUP que a Bildu, con la ventaja de un líder que extremará sus baladronadas y se reinventará en la televisión.

Si Ciudadanos logra grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, podríamos volver a ver a Pablo Iglesias como vicepresidente de un gobierno, el de Madrid, con más proyección mediática y más medios que los que ha tenido dentro del Gobierno de España. Y disfrutando de lo suyo, que es la subversión, la agitación, la violencia callejera, el mitin y el motín. La salida de Iglesias del Gobierno Sánchez desembocaría en un Gobierno paralelo pero sin controles de Moncloa, en el “Soviet de la Complu” que cantó Pitita, con el enorme presupuesto de Madrid. No sabemos qué pasará en las elecciones de Madrid, pero de su resultado dependerá en buena parte el futuro del comunismo en España. Sin olvidar que el proyecto comunista incluye del todo al socialista, aunque el socialista no incluye todo el comunista. Y que ambos se dan la mano en facilitar los proyectos separatistas que deben liquidar el Estado Nacional Español.

El eterno guión contra la Corona, la Iglesia, la Propiedad y la Ley
El discurso de un Pablo Iglesias suelto, de tertulia en tertulia, como el que vuelve a empezar desde abajo, será el mismo de los últimos catorce meses y los últimos catorce años: contra la Corona, la Iglesia, la Propiedad (salvo la suya) y la Ley, presentada como una especie de conspiración machista contra el profundo sentimiento de justicia de las mujeres, creando, mediante campañas de opinión sobre asuntos aparentemente menores, tribunales populares en los platós de televisión. En ese sentido, el caso Rociíto muestra la capacidad de llegar a gente que rechaza a Podemos, a Pablo y a Irene, a su casoplón y a su hipocresía, pero traga la almibarada macedonia lacrimosa, típicamente peronista, de ver a los de abajo, a las oprimidas, a los marginados del sistema, rebelarse contra unas leyes injustas que hay que derribar. Esta noche, mejor que mañana. Y si no, cualquier día. El sistema es ilegítimo. Lo dice Sálvame. Y esa es la vía que tiene de salvarse Pablo Iglesias. Que no está muerto. Ni siquiera mal enterrado.

El oasis del fango
Gregorio Morán. vozpopuli.es 4 Abril 2021

Lo primero que hicieron los recién estrenados diputados del Parlament catalán fue subirse el sueldo. Al tiempo incrementaron los emolumentos del President de la Generalidad. Actualmente son los más altos de toda España y el que salga President gozará de un sueldo superior al del presidente del Gobierno español. Un matiz diferencial que convierte la política en Cataluña en lo más parecido a una sinecura. Si a esto añadimos la singularidad de la situación que es la de paro técnico por ausencia de acuerdos llegaremos a la conclusión de que los ciudadanos contemplamos lo más parecido a un privilegio de casta. Una especie de cónclave cardenalicio en el que si consigues ser cooptado se hará casi imposible que te devuelvan a padecer la doble pandemia: la política y la sanitaria.

Tanto una como otra no dependen tanto de las circunstancias sino de la voluntad de los interesados. Y de las parroquias. Cataluña es un país de creyentes. Fíjense si será así que actualmente no es posible formar un Gobierno porque el abad del monasterio de Lledoners, Oriol Junqueras, retenido por delincuente, no llega a ponerse de acuerdo con el pastelero de Amer, Carles Puigdemont, fiel creyente y actual residente en Waterloo (Bélgica) para no comparecer ante el tribunal de justicia que se lo demanda. Las parroquias de ambos creyentes en la religión verdadera, que es la independencia del maligno, no logran alcanzar un punto de conexión teológica que les consienta ceder en el principio máximo de quién es el vicario de la verdad. Creen en el mismo dios, pero les separa algo tan mundano, aunque esencial, como es el privilegio del mando. La Iglesia Católica, en la que ambos han sido formados y a la que dicen ser fieles desde su más tierna infancia, ha tenido a lo largo de su multisecular historia multitud de ejemplos sobre la preponderancia de los intereses terrenos a la hora de ponderar el valor omnímodo de su dios verdadero. Hay precedentes suficientes para que ningún cofrade se sorprenda.

A algún gracioso se le ocurriría en momentos así hacer un chiste de ateos, pero la cosa va en serio porque se tocan las creencias profundas. Las últimas elecciones autonómicas han dado un resultado inequívoco; frente a las dos parroquias y por encima de ellas ha ganado el PSC, que ha recogido buena parte del voto del rechazo a la feligresía y a otro puñado de cosas, como las ganas de ir saliendo del pozo, aunque fuera gracias a pocero tan poco entusiasmante como Salvador Illa. Sin embargo, los socialistas en Cataluña no conforman una parroquia sino una mezcla de tribus varias con larga tradición de arribismo y absoluta falta de principios, que los hace poco atractivos para formar otra comunidad de creyentes. En el fondo es lo mismo que han hecho todos, pero el dedo acusador de la Inquisición es sabido que lo detenta el más furibundo de los creyentes en la religión verdadera y a ésa no pertenecen ni pertenecerán nunca, por más esfuerzos piadosos que hagan, los conversos fieles aún al maligno.

La elección del nuevo 'Papa' en Cataluña
El sínodo para la elección de nuevo Papa en Cataluña se dirime pues en las parroquias del verdadero dios y la auténtica religión, cuyo primer principio es la independencia. No es extraño que las CUP, que hacen las veces de secta radical, se hayan puesto a disposición de las parroquias hegemónicas. Ellos están con el Papa que elijan, siempre y cuando crea en el único dios verdadero. Lo de los arrebatos, las violencias, el lenguaje destemplado… no puede ocultar que son hijos de quien son y que creen en el devocionario que les leían sus padres mientras mantenían el negocio; porque el patrimonio nunca debe contradecir a los principios sino ayudarse mutuamente por el bien de la religión auténtica.

Los sesudos analistas tienen poco que hacer en esta confrontación atávica de intereses barnizados por declaraciones políticas. Aquí no se discute si vamos a seguir como siempre y mandando los de siempre, porque eso es una obviedad, pero no lo es tanto quiénes van a ejercer de letrados, amanuenses, mayordomos y demás parafernalia humana que acompaña al poder y amaña lo que puede, que suele ser mucho y muy repartido. Quítale a Junts, con sede en Waterloo, su red clientelar y no queda partido. De ahí que baste con ser fiel creyente: lo demás ya vendrá con mucho rezo y respeto piadoso. Al hereje o tibio ni pan, por eso “Reporteros sin Fronteras” considera Cataluña “territorio peligroso”.

Las últimas elecciones dieron 1.336.291 votos contrarios a la independencia, y 1.336.044 a favor. Lo aseguran quienes se han tomado la molestia de sumar. Hay una diferencia de 200 votos. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de no creyentes ni ha querido participar en ese concilio de la fe -casi la mitad del electorado- llegaríamos a la conclusión de que vivimos en Cataluña sobre un barril de pólvora mojada. Lo políticamente correcto exige que no nos demos por aludidos y pensemos que hay luz al final del túnel, y hagamos como con las vacunas: no mencionarlo. Ninguna autonomía ha vacunado menos que Cataluña y sufrimos un 20 % superior de contagiados, pero no inquietarse, la religión verdadera servirá de escudo. Respecto a los viejos, muy dados al escepticismo, aunque estén cayendo como moscas, ya se encargarán en el Más Allá de ponerles sesiones de TV3, que es el infierno que se merecen.

Desengáñense los buscadores de malos presagios. Se forme un Gobierno de creyentes o convoquen nuevas elecciones, tienen dos meses para rezar y decidir, pero no cambiará nada. Laura Borràs presidirá el Parlament y cual muecín recitará las “suras” matutinas y vespertinas para que los creyentes abreven, y más ahora que se ha erigido además en funcionaria del Estado gracias a los sacristanes universitarios, siempre tan dados al hisopo y el incienso.

Habrá que acostumbrarse al fango, que es nuestro destino de laicos sin ídolos que adorar. Creíamos que había sociedad civil más allá de Pujol y el 3%, y no nos dimos cuenta de que la cosa venía de lejos, que para algunos incluso era identitario. Este país tiende a la parroquia, de ahí que hasta al fútbol lo hayan convertido en culto.

Cuando decimos que esto se desmorona se nos olvida añadir que lo hace sobre nuestras cabezas y que los creyentes contemplan, con fe no exenta de satisfacción, cómo nos cubren los escombros. Alabados sean el abad Junqueras y el canónigo Puigdemont, pontífices iluminados del fango, porque ellos decidirán nuestro destino.

Txapoteando
Iván Vélez. https://gaceta.es 4 Abril 2021

Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, José Luis López de Lacalle, José Ignacio Iruretagoyena, Fernando Múgica Herzog, Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza. Todos estos nombres están unidos por un sangriento lazo homicida al terrorista etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, condenado a más de 450 años de penas de prisión por su implicación en tan nutrida lista de asesinatos realizados bajo la estructura etarra que, en su momento, contó con su criminal persona como jefe militar de la banda. Acreedor de un expediente que, con mayor o menor implicación, incluye más de medio centenar de asesinatos, Txapote será trasladado desde la prisión de Huelva a la de Estremera, centro penitenciario que durante un tiempo acogió a los políticos golpistas catalanes, es decir, a un conjunto de cargos públicos que trataron de lograr, por otras vías, lo mismo que Txapote: la mutilación y posterior expropiación de parte del territorio nacional.

Inserto en una estrategia de acercamiento de presos etarras hacia las tierras en las que fueron fanatizados, García Gaztelu forma parte de la más reciente remesa que, con periodicidad semanal, anuncia Instituciones Penitenciarias amparada por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, a quien el juez de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, ha condenado a restituir al Coronel Diego Pérez de los Cobos pero, sobre todo, a cargar con una frase -«el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con la ley y el expreso mandato judicial»- que debiera servir para que don Fernando, o bien dejara su cargo o fuera cesado. Nada hace presagiar, sin embargo, un final tan abrupto como justificado de la carrera de un ministro que ha emponzoñado hasta extremos indecibles su pasado como juez. Grande-Marlaska no caerá, pues son muchos y muy poderosos los intereses que están en juego. Principalmente la supervivencia de un Gobierno de coalición compuesto por un PSOE sanchizado que poco tiene que ver con aquel en el que militaran Buesa y Múgica, y un Unidas Podemos que niega la condición nacional a España en aras de la construcción de una república plurinacional entregada a las oligarquías locales y a sus subvencionados cachorros aldeanamente globalistas.

Nadie más que el actual Gobierno, sostenido por una disolvente sopa de letras política, es responsable del semanal procesionar de etarras. Sin embargo, esa imagen que cuidadosamente se nos oculta, es asumida con naturalidad por gran parte de nuestros compatriotas, circunstancia que ofrece materia para la reflexión y para la extracción de desagradables conclusiones que nos conducen, entre otros lugares de nuestra historia reciente, a los días posteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Acompañado por la exhibición de millones de manos blancas, aquel terrible duelo nacional mostró hasta qué punto los españoles vivían dentro de una atmósfera mucho más eticista que política. No más crímenes, pedían quienes abarrotaron las calles, sin percibir la profunda y verdadera naturaleza de aquellos asesinatos de españoles, cometidos con un nítido fin político: la secesión de una región española.

Creemos no equivocarnos si afirmamos que ese mismo eticismo es el que paraliza a gran parte de nuestros compatriotas cuando leen los nombres y apodos de quienes son acercados cada semana a la llamada Euskal Herria o sus aledaños. Desplazamientos para los que, en ocasiones, se aducen motivos familiares y de salud, razones que ni siquiera son necesarias para quienes han asumido las pretendidas virtudes taumatúrgicas atribuidas al diálogo durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, capaz de hacer pasar por pacifista a ese Otegui, ídolo de lazis, al que hoy arropan las centrales sindicales verticales.

Con las armas convertidas en innecesarias, dadas las constantes concesiones hechas al PNV y al mundo que cambió la cruz por el hacha y la serpiente, Fernando Grande-Marlaska ha llegado más lejos de lo que en su día lo hizo -«el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino»- Cándido Conde Pumpido. Con la toga arrumbada junto a su gastado prestigio, el ministro ha decidido txapotear en las aguas más pútridas y sanguinolentas de nuestra amenazada patria.

Las diez estocadas
Alfonso Ussía. https://gaceta.es 4 Abril 2021

Nota: El título original del artículo de Alfonso Ussía es: “Las diez estocadas en lo alto de la sentencia que sitúan a Marlasca, a su secretario de Estado y a la directora de la Guardia Civil al borde o inmersos en el delito de prevaricación“).

1/ «No podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban».

2/ «No se trata de un cese por pérdida de confianza; es en realidad una sanción administrativa encubierta consecuente a que el Coronel no llevó a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba».

3/ «La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad. Por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad».

4/ «A efectos organizativos era innecesario que la cadena de mando comunicara a la Directora General de la Guardia Civil la existencia de la investigación, sino que así se hizo debido a la singularidad de la persona investigada». (El Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco).

5/ «La Magistrada había ordenado al Capitán Jefe de la Unidad de Policía Judicial que extremase la cautela». ( en relación a las solicitudes de información por parte de la dirección política de la Guardia Civil y Ministerio de Interior).

6/ «Unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las expresas órdenes impartidas por la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, estaban sujetas al deber de reserva tanto de la UOJP como sus superiores, en este caso el Sr. Pérez de los Cobos».

7/ «La Resolución de cese, en sentido estricto, no contiene motivación alguna de la decisión adoptada, y se limita a justificar la competencia del órgano que la dicta. (En este caso, el Secretario de Estado de Interior).»

8/ «La premura e inmediatez de la propuesta de cese y de la Resolución del Secretario de Estado acordando dicho cese, resulta más propia de una sanción disciplinaria urgente, expeditiva y ejemplarizante que, en su caso, habría requerido sustanciar un procedimiento sancionador con las garantías inherentes al mismo, y no de un cese en el destino por supuesta falta de idoneidad o pérdida de confianza».

9/ «El testigo (el DAO Laurentino Ceña) le pidió parar el cese (de De Los Cobos) para llevar a cabo investigaciones sobre las circunstancias, y que el interesado pudiera aducir en su defensa, lo que rechazó aquella (la Directora de la Guardia Civil) porque la decisión estaba tomada por Moncloa y se le iba a cesar».

10/ «(De los Cobos) fue calificado por sus superiores durante los dos años en los que ha ejercido el mando de la Comandancia de Madrid con una puntuación global de 9,76 y 9,81 sobre 10, lo que indica la altísima valoración de sus superiores sobre su actuación profesional en esa responsabilidad».

Estas diez frases de la sentencia resultan demoledoras y devastadoras para la dignidad, el sentido de la justicia y el abuso de poder de La Moncloa, del ministro del Interior, del secretario de Estado de Interior y de la directora general de la Guardia Civil. Vergonzoso y cínico cese motivado por el cumplimiento del deber y de las órdenes de la magistrada que sitúan al ministro, al secretario de Estado y a la directora general de la Guardia Civil inmersos en el delito de prevaricación.

No satisfechos con su perverso proceder, meses más tarde, en contra del dictamen de la Guardia Civil y su valoración personal y profesional, exclusivamente sujeto a méritos profesionales y de servicio, el coronel Pérez de los Cobos, número uno entre los coroneles propuestos para su ascenso a General, fue histéricamente eliminado mientras ascendían los números dos, tres y cuatro, con excelente pero peor puntuación que el coronel perseguido por la injusticia, la histeria, el separatismo catalán, Bildu, el PSOE y Podemos.

Ni Marlasca, ni el Secretario de Estado (que tiene muy mala pinta) ni la Directora General de la Guardia Civil han dimitido o han sido cesados. Vergüenza nacional sumada a la desvergüenza del Gobierno.

La juguetera Lego le gana la batalla al uso obligatorio del etiquetado en catalán
La plataforma catalana Plataforma per la Llengua se puso en contacto con el fabricante Lego para comunicarle que, de conformidad con el Código de consumo de Cataluña es obligatorio el etiquetado en catalán
Estrella Digital 4 Abril 2021

La Comisión Europea considera ajustado a la normativa comunitaria que no sea obligatorio el etiquetado en catalán de los juguetes que se venden en Cataluña.

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha contestado por escrito a una pregunta de los eurodiputados de ERC Jordi Solé y Diana Riba sobre “las obligaciones legales de las empresas en relación con el etiquetado de los productos para su venta en Cataluña".

Los parlamentarios republicanos han formulado esta cuestión al Ejecutivo comunitario después que la organización no gubernamental catalana Plataforma per la Llengua se dirigiera al fabricante Lego para comunicarle que, de conformidad con el Código de consumo de Cataluña (Ley 22/2010), en Cataluña es obligatorio el etiquetado en catalán.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Servimedia, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, les explica que según la Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes, los fabricantes e importadores garantizarán que los juguetes vayan acompañados de las instrucciones y de la información relativa a la seguridad “en una o varias lenguas fácilmente comprensibles para los consumidores, según lo que decida el Estado miembro”.

En el caso de España, explica que la directiva ha sido transpuesta por el Real Decreto 1205/2011, que solo establece que las instrucciones y la información relativa a la seguridad estén redactadas al menos en castellano.

A petición de Bruselas, el Gobierno español precisó que ese decreto y otras sentencias del Tribunal Constitucional obligan a los fabricantes y distribuidores de juguetes de España a etiquetar sus productos “al menos en la lengua nacional española (‘castellano’), aunque ello no les impide utilizar otras lenguas, como el catalán”.

“Esta posición parece coherente con las disposiciones pertinentes de la directiva”, concluye el comisario Breton en su respuesta parlamentaria.
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