|
El camino de Sánchez a ninguna parte: un
país subsidiado, endeudado y sin empresas
Daniel Rodríguez Asensio. Libertad Digital 4 Abril 2021
Ya es oficial: España ocupa triple podio de peores cifras sanitarias
durante 2020, mayor caída del PIB y peor dato de déficit registrado
de Europa.
Que contemos 120.000 fallecidos, la mayor caída del PIB de nuestra
historia reciente (10,8%), casi un 11% de déficit público y una
deuda salvaje del 120% del PIB (debemos recordar que firmando el
tratado de Maastricht nos comprometimos a un 60%) es el reflejo de
quien no sabe gestionar ni la salud, ni la economía. El desastre sin
paliativos que suponen estas cifras adquiere dimensiones aún mayores
si tenemos en cuenta que Madrid, la región con mayor peso económico
en el país, lleva meses luchando a contracorriente, creciendo al
4,4% y salvando al país de una situación que sería catastrófica.
Seguro que muchos de los lectores mantienen en su retina los
titulares de periódicos y las noticias en medios de comunicación
masivos hablando, en primer lugar, de una recuperación en “forma de
V”, que después se convirtió en “lámpara de Aladino”, y que
actualmente es un túnel del que no se ve la salida.
Hay dos factores que apoyan el pesimismo sobre el estado de
situación de la economía española:
El primero lo reflejan los datos de actividad económica que
continúan siendo los más débiles de toda la Eurozona. No sólo es que
sectores clave, como el automovilístico o el turístico, sigan
registrando cifras negativas de doble dígito. Es que, incluso en una
recuperación impulsada fundamentalmente por el sector industrial,
como la que estamos viendo en todo el mundo, España registra las
cifras más bajas.
Si a ello le sumamos las dudas crecientes sobre la recepción de los
fondos europeos, la realidad es que tendremos que celebrar una tasa
de crecimiento en 2021 que llegue al 4%. La vuelta a la destrucción
económica en el primer trimestre del año, de hecho, ya es el
escenario base para el Banco de España, entre otros muchos
analistas, y aún queda por ver el impacto que tendrá esta difícil
situación en el mercado laboral español.
La realidad es que España ha sumado una nueva revisión a la baja en
sus expectativas de crecimiento por parte del consenso de analistas,
y ya concatena 3 de los últimos 4 meses en esta dirección.
El segundo elemento es la “calidad” de nuestro crecimiento
económico. La mayor caída del PIB de la Eurozona es consecuencia,
entre otras cosas, del mayor déficit y de la receta fallida de
acudir al gasto improductivo para tapar la incapacidad de gestión.
La izquierda intervencionista y liberticida lo llamó en su día
“escudo social”. A la luz de las cifras fue tan sólo una enorme
campaña de marketing que ha dejado a 5 millones de españoles
subsidiados y a la economía nacional con buena parte de sus motores
clave gripados.
El gobierno afirma que el gasto extraordinario al que ha tenido que
hacer frente por el Covid ascendió en 2020 a 45.000 millones de
euros. De ellos, 21.500 fueron destinados a ERTEs y prestaciones por
cese de actividad. O, dicho de otra manera, a subvencionar los
empleos y las empresas que ellos mismos destruyeron vía ERTE.
La otra mitad fue destinado a gasto sociosanitario y a “resto de
gastos Covid”, una partida de 7.312 millones de la que no sabemos
absolutamente nada.
La gran pregunta, a la luz de los datos, es: ¿Y qué hay de las
ayudas a PyMEs y autónomos? La respuesta, en el propio documento de
ejecución presupuestaria remitido por el Ministerio de Hacienda, es
un silencio atronador.
Porque no debemos consentir engaños. Los 5.700 millones de euros
destinados a prestaciones para autónomos y a las exoneraciones de
las cuotas a la seguridad social de las que se han beneficiado
dichos prestatarios no es ninguna ayuda, ni compensación. Es un
subsidio a la miseria a la que les ha abocado el propio Gobierno de
España.
Esto, por no hablar de que 5.700 millones de euros no es ni el 0,6%
del PIB español. Si somos generosos y sumamos los 7.000 millones que
han aprobado recientemente obtenemos unas ayudas al tejido
empresarial del 1% del PIB. Tardías, insuficientes y que excluyen a
buena parte de nuestro tejido productivo.
No es de extrañar, por lo tanto, la destrucción de más de 100.000
empresas y la recuperación inexistente de los que están llamados a
sacarnos del enorme agujero en el que nos está metiendo el
presidente Sánchez y su larga lista de Ministros.
La realidad empresarial, según el propio Banco de España, es muy
dura: Los ingresos han caído un 20%, el beneficio operativo casi un
40% y el beneficio neto un 50% por los menores beneficios
financieros.
No es de extrañar, por lo tanto, que la seguridad social cerrara
2020 con el mayor déficit de su historia: El 1,8% del PIB. De hecho,
cada vez que les digan que la Seguridad Social es un ente autónomo y
finalista y que hay que poner nuevos impuestos para financiarla
recuerden dos cosas: 1) Las cotizaciones también son impuestos
porque tienen carácter coercitivo; y 2) Ya estamos financiándola con
impuestos. Concretamente, con 22.000 millones de euros en 2020.
La gran pregunta, incluso para los burócratas que invaden el Consejo
de Ministros es: ¿Hay alguna recuperación posible sin empresas que
generen empleo y riqueza? Les doy una pista: El consenso de
analistas continúa viendo a España como el país con mayor tasa de
paro y de déficit de toda Europa en 2021.
El modelo de crecimiento socialista en España es claro:
Intervencionismo, liberticidio, generación de redes clientelares y
facturas a pagar por las siguientes generaciones.
La estrategia para atajar la crisis que estamos siguiendo en España
no funciona. Lean este artículo de Diego de la Cruz. Los estudios
científicos ya demuestran que los confinamientos no son la
herramienta más efectiva (y dudo que tan si quiera sea eficaz) para
frenar los contagios.
En París los bares, restaurantes y lugares de ocio llevan cerrados
desde el 30 de septiembre. Francia está siendo uno de los países más
restrictivos en esta tercera ola. ¿De qué le está sirviendo? Tienen
una incidencia acumulada disparada (más de 500 casos por habitante)
y su sistema sanitario está colapsado. Algo similar ocurre en muchas
regiones españolas, aunque en menor medida por tener menos densidad
de población.
El camino lo muestra la Comunidad de Madrid: Test masivos, sistemas
de monitorización de las aguas residuales, incremento de la
capacidad hospitalaria y restricción de movilidad de forma
quirúrgica, sólo en los lugares con mayor incidencia. Sólo así
podremos salvar a nuestro tejido empresarial de su encefalograma
plano y comenzar a pensar en la recuperación económica. De cualquier
otra manera, cuando consigamos la inmunidad de rebaño España será un
erial con serias dificultades para germinar.
Porque la libertad, en cualquier momento del planeta y de la
historia, siempre ha llevado a la prosperidad.
La barbarie de la ignorancia
Jesús Cacho. vozpopuli.es 4 Abril 2021
“Las malas decisiones que tomó el Gobierno Zapatero en política
energética en general y renovables en particular lo hacen
responsable de una gran parte del elevado coste de la energía en
España. No se pueden crear falsas expectativas. El país le debe
exigir a este progresismo la obligación de la competencia
profesional. Hacer bien las cosas. Esto no es un patio de colegio.
Para elaborar una ley hay que pasar una serie de trámites. Hay que
hacer los números 40 veces. Esto es largo y difícil”. La frase
pertenece a Jordi Mercader (entrevista de Martí Saballs en El Mundo,
miércoles 31 de marzo), expresidente del INI con el Gobierno de
Felipe González. Antes había sido presidente de la Empresa Nacional
Bazán y después lo sería de Aguas de Barcelona, además de
vicepresidente de La Caixa y Repsol, entre otras cosas. Ingeniero
Industrial y master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE,
Mercader pertenece a una generación de servidores públicos (con la
UCD de Suárez, el PSOE de Felipe o el PP de Aznar) caracterizada por
un brillante currículum y una eficaz ejecutoria profesional. Un tipo
a quien confiar la dirección de cualquier empresa o incluso la
presidencia de un país, que apunta con esa frase al Gobierno Sánchez
donde más le duele: la falta de competencia profesional del actual
Ejecutivo.
No es ideología (que también); es incompetencia. Es la falta de
capacidad para gestionar de gente con una formación académica
mediocre, con una licenciatura en Derecho, en Políticas o en
Psicología en universidad pública, en el mejor de los casos, o con
un bachillerato mal digerido, en otros. Gente que se sienta en el
Consejo de Ministros sin haber competido nunca en el sector privado,
sin tener la menor idea de lo que es una cuenta de resultados
(incluido el presidente), sin haber pagado jamás la nómina de una
pequeña pyme. La ignorancia salpimentada de soberbia explica cosas
como la reciente Ley de Nueva Normalidad aparecida en el BOE este
miércoles, que ha endurecido el uso de las mascarillas incluso
cuando uno está en lo alto de un monte o en una playa desierta. Que
a una ley sanitaria se aluda desde el Gobierno con el orwelliano
apodo de “Ley de Nueva Normalidad” predispone ya al personal a
esperar cualquier barbaridad o sinsentido, cualquier atentado a esos
derechos individuales hoy tan conculcados en España, en línea con la
frase atribuida a Cicerón según la cual “cuanto más se acerca el
colapso de un imperio, más locas y arbitrarias son sus leyes”. La
medida es tan disparatada que apenas unas horas después de publicada
ha obligado a sus mentores a dar marcha atrás con la creación de
“una mesa técnica para interpretar esta ley” (sic).
Ridículo espantoso, al que es proclive una tropa caracterizada por
su falta de conocimientos, que se enfrasca en la torpe manufactura
de una ley que no se va a cumplir, como tantas leyes de este bendito
país dado a regularlo todo con la idea preconcebida de no cumplir
nada. Exceso regulatorio del que se deriva su masivo incumplimiento.
Éxtasis legal del que se sigue el desprestigio de la ley. No es
ideología, es ineptitud. Pero el baile continúa. La minicrisis
provocada por la salida de Iglesias del Gobierno nos ha traído el
ascenso de la ministra de Trabajo a la vicepresidencia tercera.
Desde su nuevo puesto, Yolanda Díaz quiere impulsar la definitiva
derogación de la reforma laboral, el sueño líquido de sindicalistas
y comunistas, perdón por el oxímoron, la única reforma, si bien
incompleta, en el haber del triste Gobierno Rajoy, y ello cuando
Bruselas acaba de enviar a Madrid un aviso muy serio en contrario.
El vicepresidente europeo Valdis Dombrovskis, en efecto, ha
recordado esta semana al Gobierno que la reforma integral y
ambiciosa del mercado laboral es prioridad absoluta si nuestro gran
timonel quiere desbloquear los 140.000 millones –él se conforma con
los 72.000 gratis total- asignados a España previa presentación de
un Plan de Recuperación que deberá ser evaluado por la Comisión y
ratificado por los 27 parlamentos de la Unión.
De modo que Bruselas quiere más reforma laboral -más profunda-, no
menos. Pero ellos/as son así. Simple fachada. Y mucho descaro. “Es
amable de trato”, describe a Díaz un personaje de CEOE que la conoce
bien, “pero cuando hablas con ella y rascas un poco no hay fondo de
ninguna clase: todo es pura ideología”. Ideología y sectarismo
rancio es la característica de la nueva ministra Ione Belarra, de
cuyo currículo es imposible destacar algo que no sea el haber sido
compañera de pupitre en la facultad y amiga íntima de Irene Montero,
además de destacada activista de Podemos. Treinta y tres años de
edad y seis en el Congreso. Fin de la historia. Su biografía dice
que “antes de embarcarse en este proyecto era investigadora en
formación y realizaba una tesis doctoral sobre experiencias
migratorias, género y movimientos sociales”. Lo típico en Podemos,
vamos. Nula preparación y experiencia profesional para gestionar una
mercería. La nada más absoluta.
La mujer que es escaparate de este Gobierno, su cara más amable, su
currículum más presentable, la bella y educada Nadia Calviño, nos
obsequió esta semana con uno de esos episodios capaces de arruinar
cualquier biografía. Y definir cualquier Gobierno. Arreglada y
contenta, Nadia grabó (leyó en un 'teleprompter') el miércoles,
recién vuelta de La Zarzuela donde acababa de jurar su nuevo cargo
de vicepresidenta segunda, un mensaje desde su despacho. “Llevo casi
tres años formando parte del Gobierno de España con una agenda
progresista, feminista y europeísta, de transformación del país, de
impulso de una economía más sostenible e inclusiva (…) Las
prioridades del Gobierno están claras. En primer lugar seguir
acelerando el proceso de vacunación (…) En segundo lugar, continuar
asegurando la estabilidad financiera internacional”. Así, de
sopetón, la “estabilidad financiera internacional”, literal, y uno
se queda pasmado, como si le hubiera dado un aire, porque lo único
que tendría que asegurar Nadia, teniendo en cuenta el recordatorio
que el Banco de España le acababa de dejar en el alfeizar de su
ventana (la deuda pública cerró 2020 en 1,35 billones, equivalente
al 120% del PIB), es el rescate financiero que España necesitará en
cuanto estalle una crisis de deuda cada día más cercana. “Muchas
gracias al presidente Sánchez”, concluyó Nadia.
Esto no tiene remedio. Es “la barbarie de la ignorancia” que decía
Georges Steiner. Imposible reclutar deliberadamente un Ejecutivo de
gente tan mediocre, intelectual y profesionalmente, como este. ¿Cómo
hemos podido llegar hasta aquí? ¿Cómo explicar la devaluación de
nuestra clase política, a derecha e izquierda? “En los ochenta había
vocación de servicio”, explica Mercader en la entrevista de El
Mundo. “A los altos puestos de la Administración se llegaba
dispuesto a llevar a cabo un trabajo con un desgaste personal
tremendo. Había un colectivo que tenía la ilusión de que en este
país haríamos algo nuevo e importante. En esos años todo era muy
complicado. Estábamos dispuestos a soportar esas batallas y
ganarlas”. Todo eso ha desaparecido por el albañal de una sociedad
dispuesta a exigir derechos sin someterse a obligación alguna.
Pero un Gobierno muy feminista, eso sí. Tan feminista que nuestro
Hugh Hefner se exhibió en las escalinatas de Moncloa, gallo rodeado
por sus gallinas, para presumir de vicepresidentas, en una más de
sus impúdicas exhibiciones de machismo a palo seco. Y todo el mismo
día en que una durísima sentencia judicial ponía a su ministro del
Interior, Grande-Marlaska, en el disparadero de una obligada
dimisión de honor si el caballero conociera lo que tal vocablo
significa. “No podemos concluir más que el motivo de la decisión
discrecional de cese [del teniente coronel Pérez de los Cobos] era
ilegal”, afirma el juez, “en tanto que estuvo motivado por cumplir
con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la
UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las
investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas,
podría haber sido constitutivo de un ilícito penal”. En otras
palabras, que Pérez de los Cobos fue castigado por cumplir la ley.
Es el tenor de un Gobierno que ha degradado la ya de por sí feble
democracia española hasta convertirla en un guiñapo.
Mientras tanto, el pequeño Marlaska, el demócrata de la “patada en
la puerta” dispuesto a acabar con la inviolabilidad del domicilio,
sigue acercando a los criminales de ETA a su lugar de origen. El
último, en plena Semana Santa, ha sido García Gaztelu, alias
Txapote, el asesino del concejal Miguel Ángel Blanco. El jefe de la
banda sigue pagando los peajes a que está obligado por los
lugartenientes (Rufianes, Oteguis y Cía.) que le sostienen en la
peana de Moncloa, agrandando así día tras día la herida por la que
sangra esta España maltrecha, ese “pedazo de pan seco”, como la
describieron algunos intelectuales europeos en los años treinta, esa
“pobre España, dolorida España, aquejada de la locura de la
inmortalidad” que escribiera Thomas Mann, esa España silente que en
su cuesta abajo ha sido capaz de elevar a la presidencia del
Gobierno a un aventurero sin escrúpulos. Después de la sentencia
hemos sabido, lo contó aquí Alejandro Requeijo, que la decisión de
cesar al militar no se tomó en Interior, como cabía imaginar, sino
en Moncloa. Y lógicamente con conocimiento de Sánchez y muy
probablemente a iniciativa suya. Este es el pájaro que motivó una
moción de censura con el argumento de que no podía soportar el hedor
de la corrupción del Gobierno Rajoy.
Alguien ha dicho que el lamentable estado por el que atraviesa
nuestra democracia no se debe tanto a las órdenes que imparte la
minoría que maneja el BOE, como al silencio cómplice de la mayoría
que asiente. Los españoles de bien, que son legión, están obligados
a reaccionar. Como decía el mencionado Steiner, obligados “a dejar
la casa en la que estamos invitados un poco más rica, un poco más
humana, un poco más justa, un poco más bella que como la
encontramos. Creo que esa es nuestra misión, nuestra tarea”. Pero
esto, digámoslo una vez más, no tiene más salida democrática que las
urnas. El 4 de mayo tenemos la primera oportunidad para ir
construyendo algo distinto. Complicado ilusionarse viendo el
panorama político a derecha e izquierda, pero obligado. Se trata de
negarse a aceptar la “nueva normalidad". Y empeñarse en salir del
fango, simplemente para poder respirar.
La capital y los lobos
Benito Arruñada. vozpopuli.es 4 Abril 2021
Los actuales conflictos territoriales, ¿se derivan acaso de que
algunas regiones desarrollan estrategias extractivas?
Si el Estado fuera una empresa, la clave para decidir el grado
óptimo de centralización serían las economías de escala, un factor
que es en esencia productivo o incluso “ingenieril”. Sin embargo, en
el Estado y la Administración Pública domina la política y, en
consecuencia, la pelea distributiva por el reparto de la producción.
Además, las restricciones de la política son más elásticas. Las
decisiones están menos sujetas a la lógica de supervivencia
competitiva propia del mercado. Pueden así mantenerse estructuras
ineficientes durante mucho tiempo si la correspondiente entidad
política es eficaz en capturar rentas. Piense, sin ir más lejos, en
los privilegios que disfrutan las comunidades forales, en las
subvenciones que recibe el medio rural de los países ricos o en la
protección secular que ha disfrutado la minería del carbón.
Con el estado autonómico, no sólo pasamos a tomar menos decisiones
en Madrid y más en los gobiernos autonómicos. La relación entre el
Estado y los ciudadanos también cambió al llegar un nuevo
intermediario: cada gobierno regional constituye un nuevo gestor de
servicios públicos, pero también un nuevo extractor potencial de
rentas.
La hipótesis extractiva
Desde ese momento, cada autonomía ha podido seguir sendas diferentes
en muchas dimensiones. Para simplificar, supongamos, en línea con la
literatura de Public Choice, que lo que define su estrategia es su
orientación predominante hacia el desarrollo de una vocación
productiva o extractiva.
Esta orientación tendría mucho de involuntaria, pues vendría
condicionada por la situación de partida. Ante todo, por
circunstancias culturales capaces de dificultar que los ciudadanos
podamos controlar eficazmente al nuevo intermediario político. En
esa medida, predisponían a cada comunidad a orientar su estrategia
en una u otra dirección.
Sin embargo, dicha orientación tiene también su parte voluntaria,
fruto de ciertos posicionamientos y liderazgos, como la insistencia
del PNV en, como decía Xabier Arzalluz, “recoger las nueces” del
árbol que sacudía la banda terrorista ETA; o la voluntad de Jordi
Pujol de forjar lo que Josep Tarradellas tildaba de “dictadura
blanca” cuando ya en su carta de 1981 anticipó con total presciencia
el actual dilema catalán.
Ya fuera por inercia o por voluntad, de acuerdo con esta hipótesis,
unas autonomías se habrían orientado relativamente a la producción.
En cambio, en otras habría arraigado un modelo más extractivo.
Algunas de éstas últimas se habrían centrado desde un principio en
capturar rentas del exterior, como podría ser el caso de las
comunidades forales. Otras, al menos de entrada, se centrarían en
capturar rentas dentro de la propia región. Andalucía y Cataluña
ilustrarían dos versiones de este segundo modelo extractivo, al
considerar el carácter más ideológico versus etnicista de los
principales beneficiarios.
La inesperada competencia madrileña
Al inicio, la mayoría de las autonomías tenía capacidad para gastar,
pero no para recaudar tributos. Probablemente, todas ellas usaron
sus poderes para crear redes clientelares (recuerden, por ejemplo,
su asalto a las antiguas cajas de ahorros). Sus posibilidades se
amplían desde 1997, como fruto del Pacto del Majestic y en aras de
una “corresponsabilidad fiscal” ya negociada por Pujol desde 1993 e
inspirada por el principio de que “quien desee gastar más que lo
recaude”. Desde entonces, las comunidades pueden modificar los tipos
de gravamen y las deducciones de los impuestos cedidos, así como
establecer impuestos propios.
Este cambio proporciona una prueba diferencial si estas competencias
se usan para elevar la carga fiscal sin proporcionar mejores
servicios. Lo primero es claro. Por ejemplo, Valencia ha elevado el
tipo marginal de IRPF al 54%; y Cataluña, cuyo tipo máximo es del
50%, ya cuenta con 19 impuestos “propios” y ostenta el récord de
gravar al 11% de ITP las compraventas de inmuebles, cifra que,
cuando se compra con hipoteca y se añade el IAJD, se acerca al 13%.
En principio, los ciudadanos estarían contentos de pagar más
impuestos altos si con ellos se financiasen servicios útiles. Lo
pernicioso es que la recaudación extra se dilapide o, peor aún, se
dedique a crear redes clientelares y fabricar propaganda, en
especial la de índole identitaria y, por tanto, divisiva y de valor
socialmente negativo. Se puso bien de relieve este riesgo durante la
crisis económica, cuando algunos gobiernos autonómicos optaron por
recortar en sanidad a la vez que reforzaban su aparato de agitación
y propaganda.
Esta mezcla de impuestos altos y gasto improductivo confirmaría que
la autonomía se configura como un régimen extractivo y hasta
oligárquico (como apuntan algunos indicios en el caso de Cataluña).
Más allá de la injusticia que ello supone, es sólo cuestión de
tiempo que, si otras regiones ofrecen mejores condiciones, se
produzca una reasignación de recursos y se alteren las tasas de
crecimiento. Aunque no sea éste el único factor, no parece ajeno a
este proceso el hecho de que, desde 1992, Cataluña ha perdido medio
punto porcentual en el PIB nacional mientras Madrid ha ganado 2,7
puntos.
Además, a medida que el volumen de rentas extraíbles internamente se
reduce, se exacerban las tensiones con el centro y entre las propias
comunidades. Basta que una comunidad como la madrileña reduzca
modestamente algunos de sus impuestos (su tipo máximo de IRPF se
sitúa en el 45,5%, siendo pues similar al de los principales países
de nuestro entorno) y que bonifique otros (sucesiones, patrimonio),
para que las regiones más recalcitrantes en su estrategia extractiva
se revuelvan contra ella: no sólo las deja en evidencia, sino que
capta sus recursos más móviles, valiosos e influyentes.
Competencia, sí; pero sólo si ganamos
Este rechazo a la competencia fiscal es una novedad en nuestro
conflicto territorial, quizá porque años atrás aquellas oligarquías
más convencidas de su superioridad tendían a sobrevalorar su propia
capacidad para competir. Además, la competencia se había referido
sólo al gasto y al fomento identitario y no se habían manifestado
aún las consecuencias de que algunas comunidades practicaran una
estrategia más productiva o, si se prefiere, menos extractiva que
otras.
Sólo así se explica la paradoja de que sean las autonomías que más
pugnaron por disponer de competencias fiscales las que ahora lideren
el intento de limitarlas. Esta contradicción es coherente con la
hipótesis de que tales competencias sólo las usan para extraer
rentas y no para financiar mejores servicios. Cuando ahora proponen,
con la excusa del dumping fiscal, homogeneizar los impuestos
autonómicos, sólo buscarían subirlos en las regiones que ejercen una
competencia relativamente productiva.
Si ha llegado hasta aquí, es señal de que este esbozo de teoría
“positiva” de las autonomías tiene cierto poder explicativo. Es lo
que se suele pedir de una teoría y es lo que justificaría la
simplificación binaria a que me refería al principio. Si así fuera,
se habría ganado el derecho a pasar al mundo normativo del qué
hacer. Algún día habrá que preguntarse si la teoría está en
condiciones de responder a esta pregunta.
‘Acabaremos con la inseguridad en nuestros
barrios y acometeremos una bajada radical de impuestos’
ENTREVISTA A ROCÍO MONASTERIO
https://gaceta.es 4 Abril 2021
Los que durante los últimos siete años hemos conocido, entrevistado
o debatido con Rocío Monasterio (Madrid, 1974) en un estudio de
radio o en un plató de televisión, sabemos que no negocia sus
principios. Su discurso político sobre libertades, seguridad,
educación, familia, sanidad, empleo, despilfarro e impuestos es el
mismo hoy, cuando VOX es la tercera fuerza política, que en 2014,
cuando ella y apenas un puñado de leales se mantuvieron firmes en el
proyecto de Santiago Abascal. Aunque insistas, Monasterio jamás te
dirá lo que te gustaría escuchar, sólo lo que ella siempre ha
pensado que es lo mejor para España y, hoy, de nuevo, ante la cita
electoral del 4 de mayo, para Madrid.
— En las elecciones autonómicas de 2019, VOX fue la fuerza más
votada en 60 de los 179 municipios de Madrid. Usted sale a disputar
el voto a la izquierda en los barrios más castigados por la
inseguridad y el desempleo. ¿Qué ofrece VOX?
— En VOX no tenemos miedo a los insultos o las etiquetas y estamos
dispuestos a defender nuestras ideas hasta el final. Por eso cada
vez tenemos más apoyo en zonas tradicionalmente de izquierdas y el
cinturón rojo de la Comunidad de Madrid ha pasado a ser verde.
VOX ofrece libertad, sí. Libertad para educar a tus hijos de acuerdo
con tus convicciones; libertad para poder sacar una familia adelante
sin tener que sufragar el despilfarro político con sus impuestos; o
libertad para vivir en los barrios con tranquilidad. Hoy, los
madrileños necesitan seguridad y VOX es el único partido que la
proporciona frente al consenso progre formado por élites y
comunistas que quieren imponernos cómo debemos pensar y vivir.
— En una reciente entrevista en La Gaceta de la Iberosfera, la líder
francesa Marion Maréchal aseguró que ‘la derecha que se acerca al
centro acaba siendo absorbida por la izquierda’. ¿Cómo puede estar
seguro el votante de Rocío Monasterio de que eso no le va a pasar a
VOX?
— En primer lugar, porque votan a la candidata de VOX a la Comunidad
de Madrid. La diferencia de VOX con el resto de formaciones
políticas consiste precisamente en eso: en que defendemos lo mismo
en todo el territorio nacional. Otros partidos políticos dicen una
cosa en Galicia, otra en Madrid, en Cataluña, etc. Somos el único
partido que tiene un proyecto nacional, una alternativa social y
patriótica para España. Por eso sólo queda VOX.
— Después de lo sucedido en Murcia y el terremoto político que lo
ocurrido en esa región ha desencadenado en otras, como en Madrid
este adelanto electoral, parece claro que el PP se equivocó de
socios con Ciudadanos. ¿Cree que podrían volver a cometer ese error?
— Con el PP nunca se sabe. Ayuso eligió a Ciudadanos y excluyó a
VOX. ¿Lo volvería a hacer? Eso le corresponde a ellos aclararlo. Lo
que sí sé es que si Santiago Abascal sacara más votos que Pablo
Casado, el PP apoyaría antes un Gobierno del PSOE que uno de VOX. Si
eso lo hacen a nivel nacional, a saber qué le imponen a Díaz Ayuso
desde Génova.
Por nuestra parte solo puedo decir una cosa: no vamos a permitir que
la izquierda gobierne en Madrid.
— Esta semana se ha conocido la detención de seis miembros de una
banda latina por apuñalar a un niño de once años en Villaverde; la
pasada, un menor magrebí destrozó la cara a un joven en el centro de
Madrid. ¿Qué propone VOX para hacer frente a la inseguridad en la
región?
— Y el Jueves Santo un tiroteo de bandas extranjeras en Ciudad
Lineal. Nuestros barrios son cada vez más inseguros. No se trata de
“hechos aislados” como dicen los gobernantes políticos. Los
madrileños padecen cada vez más la violencia y muchos tienen miedo
de que sus hijos salgan a la calle o de ir a hacer la compra. Sólo
quien vive en una burbuja puede negar que la inseguridad es un
problema que debe ser atajado ya, sin contemplaciones.
Hay que expulsar de forma inmediata a los inmigrantes ilegales y a
los legales que cometan delitos graves o leves de manera reiterada y
cerrar los centros de ‘menas’. Cada ‘mena’ cuesta 4.700 euros al
mes, ¿se imagina lo que puede hacer una familia con ese dinero?
— ¿Cómo valora la gestión que ha hecho Ayuso? ¿En qué ha sido
decisivo VOX en esta legislatura?
— La gestión de Ayuso es mejorable. Y gran parte de sus aciertos son
nuestros. ¿Qué habría pasado si no existiera VOX? Que habrían caído
en la tentación de parar Madrid como pedía su socio de Ciudadanos el
señor Aguado.
VOX ha sido el partido que más se ha opuesto a nivel nacional a las
restricciones y los toques de queda. De hecho, somos el único
partido que se opuso al Estado de Alarma de seis meses de Pedro
Sánchez que contó con el apoyo de todos los partidos. Siempre hemos
dicho que España debe protegerse, pero no detenerse.
— Usted ha defendido que, si es necesario, facilitarán un Gobierno
dirigido por Ayuso. Dice que pueden entenderse en algunas políticas,
¿en cuáles no?
— VOX no ha venido solo para evitar que la izquierda gobierne,
también para sacar las políticas de izquierdas que el PP ha hecho
suyas. VOX se ha quedado solo en la defensa de unas ideas para
proteger la economía, la seguridad y la libertad de los españoles,
ideas abandonadas por todos los demás partidos, que han renunciado a
defenderlas ante la presión ideológica y mediática de la izquierda.
La defensa de la seguridad en las calles y de una inmigración legal
y ordenada, la protección de la familia y de una educación libre de
adoctrinamiento ideológico o la necesidad de eliminar el despilfarro
político para aliviar impuestos a los españoles son ideas que sólo
defiende VOX y que sólo nosotros aplicaremos o podremos exigir si
los madrileños vuelven a confiar en nosotros para defenderlas.
Somos la oposición frontal al consenso progre y a ese proyecto
ideológico que va contra las familias y los trabajadores.
—El PP defiende la libertad frente al socialismo, lo dicen en su
trillado lema de campaña, pero después se abre a pactar con el PSOE
la renovación del CGPJ o la del consejo de RTVE. ¿En qué se
diferencia esa libertad que defiende el PP y la que defiende VOX?
— En España, la libertad hoy está en cuestión por un Gobierno
socialcomunista que está arrasando con todo a su paso, sí, pero
también por años y años de políticas tibias del Partido Popular.
Si la izquierda puede hoy reescribir la historia a su antojo, quitar
calles a personajes históricos y amordazar a los historiadores es
porque el Partido Popular no derogó la totalitaria ley de memoria
histórica cuando tuvo mayoría parlamentaria para hacerlo. Y lo mismo
sucede en lo relativo a la liquidación de la igualdad entre hombres
y mujeres ante la ley por parte del Partido Popular. En Galicia el
castellano es perseguido como en Cataluña y en Andalucía su
presidente ha confesado estar impregnado de socialismo.
Nosotros creemos y queremos la libertad para toda España. O dicho de
otro modo, VOX nunca permitiría que una persona que se ha presentado
bajo sus siglas hiciera políticas contrarias a la libertad. Porque
la libertad para nosotros no es un lema, forma parte de lo que somos
y para lo que surgimos, por España y la Libertad.
— ¿En qué políticas va a incidir VOX en esta campaña?
— Somos predecibles. Seguiremos defendiendo la necesidad de frenar a
una izquierda responsable de la muerte de miles de españoles a la
que los demás han renunciado a combatir; protegeremos el empleo de
todos para que se acabe con los toques de queda y cierres
arbitrarios de ningún tipo; acabaremos con la inseguridad y la
degradación en nuestros barrios y acometeremos una bajada radical de
impuestos, siempre precedida de la eliminación del despilfarro
político y una reducción de diputados en la Asamblea de Madrid.
La batalla de Ayuso no es sólo por Madrid
La izquierda española no soporta el espejo que refleja el fracaso de
sus políticas
Editorial larazon 4 Abril 2021
Si algo ha caracterizado la oposición de los partidos de izquierda a
la gestión de Isabel Díaz Ayuso ha sido la absoluta falta de
ponderación en las críticas, en ocasiones rayanas en la negación de
la evidencia, en un ejercicio de acoso político tan insólito como
huérfano de razones. Más aún, cuando la labor de la presidenta
madrileña ha tenido que desarrollarse en medio de una situación de
emergencia sanitaria, con sus derivadas sociales y económicas, que
buena parte de la población percibe como correcta, con sus luces y
sus inevitables sombras, y con hitos de trascendencia internacional,
como la construcción del hospital «Enfermera Isabel Zendal», objeto,
sin embargo, de una de las campañas de desinformación más cruentas
de las que hay noticia.
Es evidente, que detrás de tamaños despropósitos, en los que el
recurso al doble rasero ha alcanzado la categoría de arte, hay algo
más que la disputa por el gobierno regional o el rechazo a unas
determinadas políticas de gestión que, por otro lado, no presentan
grandes diferencias con las que llevan a cabo otros ejecutivos
autonómicos regidos por el Partido Popular. No. La obsesión con
Ayuso tiene, por supuesto, una raíz ideológica, pero, sobre todo,
responde al rechazo de un modelo de éxito, de contornos liberales,
que ha llevado a la comunidad a convertirse en una de las
principales locomotoras económicas de España. Es cierto que no todo
el mérito del gran salto de Madrid puede atribuirse a Ayuso, pero
también lo es que la presidenta madrileña ha tenido la virtud de
enmarcar el progreso de la región en los postulados de la derecha
moderna europea, espejo en el que se ve reflejado, tozudamente, el
fracaso de las políticas de izquierda. Con un problema añadido, que
Isabel Díaz Ayuso nunca ha sentido la menor necesidad de hacerse
perdonar por los sumos sacerdotes de la ideología dominante.
Muy al contrario, ha defendido siempre lo que ha considerado mejor
para el conjunto social y no ha tenido reparos en denunciar el trato
que creía injusto para la comunidad que preside. Se prepara, pues,
una batalla electoral bronca, llena de golpes bajos y, por lo tanto,
muy alejada del sentimiento general de unos ciudadanos, los que
viven en la Comunidad de Madrid, que suelen tener una visión
ecléctica y desapasionada de la vida y que se debaten, como todos,
en la manera de superar la situación extraña que nos ha tocado
vivir. Tal vez, ese puede ser el peor error que cometa la izquierda.
No entender que Ayuso no libra sólo la batalla por Madrid, sino por
una sociedad en la que el peso del Estado no acabe por asfixiarla, y
en la que las libertades individuales no sean cuestionadas por esos
supuestos representantes de la nueva política, que, sin embargo,
sirven a una viejas ideas que creíamos superadas.
¡ Que vuelve el PP !
Nota del Editor 4 Abril 2021
El peligro acecha, vamos de matamala a matapeor. Si no conseguimos
que Vox supere el disparate del bipartidismo estamos perdidos.
Hay que apoyar a Vox, es la única solución. El PP tiene que
desaparecer.
Estamos hartos de ver a los profesionales del bipartidismo forrarse
con sus apaños antes, durante y después. Es una vergüenza que ellos
mismos se concedan todos los dineros nuestros que les dé la gana. Es
una vergüenza que gasten nuestro dinero en despachos, escoltas,
secretarias, ayudantes, consultores, viajes para seguir destrozando
España.
Credibilidad y recuperación
Editorial ABC 4 Abril 2021
Al equipo de Pedro Sánchez se le sigue llamando Gobierno por pura
inercia, porque el líder socialista se ha olvidado de ejercer su
principal cometido, que consiste en trabajar para resolver los
problemas que afectan a la vida de los españoles e intentar prevenir
aquellos que puedan hacerlo en el futuro. Sumido desde su propio
nacimiento en las cuitas más absurdas, a las que le ha conducido
Unidas Podemos, solo interesado en socavar lo que Sánchez está
legalmente obligado a preservar, el Ejecutivo da vueltas a la noria
de la indecisión porque en la misma mesa se sientan quienes se
dedican a destruir lo que otros intentan construir.
Desde el exterior, la coalición de Gobierno y sus apoyos
parlamentarios resultan claramente molestos para nuestros
principales socios, por lo que dicen y por lo que hacen. Que el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya decidido no llamar
todavía a Pedro Sánchez es el síntoma más evidente de la degradación
de nuestras posiciones en el exterior, donde la visión de la
situación política española resulta cada vez más preocupante. ¿Acaso
creía alguien que situar en el Centro Nacional de Inteligencia a
quien no oculta sus lazos ni sus simpatías con la dictadura iraní o
la de Venezuela no tendría consecuencias en la disposición de otros
países a colaborar en este campo con España? En cierto sentido, con
gestos como la acogida de Delcy Rodríguez y las proclamaciones de
los socios más estridentes del Ejecutivo, Sánchez ha creado una
situación que puede considerarse más grave aún que la de la abrupta
retirada de las tropas españolas de Irak decretada por el entonces
presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que al menos se hizo de
forma clara, e inmediatamente compensada con un aumento de la
contribución española en Afganistán. Una situación como la actual,
en la que el nuevo presidente norteamericano ignore deliberadamente
a un aliado de la importancia de España, no tiene precedentes.
Lo que ven nuestros socios en la España de hoy es un Gobierno que en
realidad son dos equipos que reman en direcciones diferentes, no
siempre opuestas, pero distintas, y que se dedican más a las
encuestas que a las reformas. Que todo el país esté ahora pendiente
del resultado de las elecciones autonómicas de Madrid da una idea de
hasta qué punto se justifica que los líderes de los países que
puedan contar con nosotros estén también pendientes de cual será la
próxima sacudida telúrica de la política española.
La falsa percepción que tiene Sánchez de la supuesta buena imagen
que se tiene de él viene dada por el hecho de que sus relaciones con
los socios de la UE siguen siendo fluidas, como es habitual,
teniendo en cuenta el formalismo de un entorno tan integrado. Pero
no tardará en descubrir cómo cambia el trato cuando empiece a
utilizar los fondos de recuperación. No es cierto que ese dinero no
sea «de nadie», como en su día llegó a decir la vicepresidenta
Calvo. Se trata de partidas que avalan con sus impuestos los
ciudadanos de otros países, cuyos gobernantes esperan que España las
devuelva convenientemente, y para ello van a exigir que antes de
desembolsar esos fondos se realicen las reformas correspondientes
para que las cuentas públicas del Reino de España vuelvan a ser
sostenibles y tengan el excedente necesario para pagar la deuda. Ese
despertar a la realidad va a ser probablemente muy duro para una
personalidad como la de Sánchez, que ha hecho de su supervivencia
política su único objetivo.
Celaá, la miserable
Carmen Álvarez Vela. https://gaceta.es
4 Abril 2021
Es curioso cómo la casta roja quiere para los demás lo que no ha
querido para sus hijos, que para eso está el nada laico Colegio
Bienaventurada Virgen María-Irlandesas; escuela muy elitista, muy
católica y muy concertada donde la ministra Celaá mandó a sus hijas
a estudiar. Se ve que, pasado el tiempo, Felipe González se le quedó
a la derecha con el invento de las concertadas. Arrepentidas las
quiere el Señor -y bien preparadas también- y ahora que sus niñas
han crecido, niega a los demás lo que quiso para sí. Para el resto
rige el modelo socialista: futuros adultos aborregados, ignorantes,
adoctrinados, acríticos y desconocedores del valor del esfuerzo.
Celaá dispara en todas las direcciones. En aras de un extraño
concepto de igualdad, trata a los niños con necesidades especiales
como si no tuvieran tales necesidades; la realidad es demasiado
incómoda para esta gente. Tampoco nos llevemos las manos a la cabeza
por esto a estas alturas, que para eso está el aborto -el eufemismo
de “el niño venía mal”-; así que no le vayamos ahora con monsergas a
la señora ministra que no está para tonterías. Su soberbia se
trasluce en su mirada y su impertinencia cruel y maleducada hace
daño a los oídos cuando habla. “¿Pero de dónde viene usted, señor
Matarí?”, escupe entre risas despectivas -las suyas y las de su
infame bancada- al padre de una mujer con síndrome de Down. Le falta
decir, “¡no me cuente su vida, haber abortado, señor mío!”. ¡Suena
tan nazi! Ignora esta miserable que este señor viene de una vida
dedicada al increíble empeño de que su hija, cuando él no esté,
pueda valerse por sí misma. Ésa es la obsesión de estos padres
conscientes de que no podrán proteger a sus hijos siempre. De ahí
viene el diputado. ¿De dónde viene usted, ministra? Comparada con el
señor Matarí, usted viene y va hacia la nada humana.
Con España en Estado de Alarma y los españoles dedicados a la dura
tarea de conservar su puesto de trabajo -el que lo tenga- o su
negocio, se ha aprobado una ley de presunta Educación que atenta
contra los derechos de millones de niños nacidos en las regiones
dominadas por las sectas nacionalistas a estudiar en español y el
español. Que no basta con saber comunicarse para que a uno le pasen
el balón; el uso correcto de la lengua requiere estudio de
ortografía y gramática -esto me ha quedado muy fascista, disculpen-.
La Lomloe confirma la eterna paradoja de las leyes socialistas,
caracterizadas por perjudicar a las clases menos favorecidas
igualándolas siempre a la baja, que accederán al mundo profesional
con una formación manifiestamente mejorable -como las fincas-. Los
padres con más recursos -ellos- ya se encargarán de llevar a sus
criaturas a colegios privados -privadísimos- y exclusivos
-exclusivísimos-, donde aprenderán varios idiomas a un muy poco
módico precio. Qué más da, será por dinero. Son socialistas, pero no
tontos.
La ley Celaá -bendecida por ERC, no lo olvidemos- es un misil
político disparado contra la línea de flotación de la cohesión
nacional. Su objetivo es que los niños de las regiones con lengua
cooficial crezcan creyendo que el español es un idioma extranjero,
ajeno a ellos e impuesto por Franco, por Felipe V o Escipión el
Africano. Da igual. La Lomloe no es una ley más de educación, es un
escalón imprescindible en el proceso de balcanización y
descomposición de la nación española.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
De Franco a Rociíto: la refundación de
Pablo Iglesias y su proyecto comunista
Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital 4 Abril 2021
El balance de los catorce meses de Pablo Iglesias en la
Vicepresidencia del Gobierno es tan desastroso como avanzó ayer el
resumen de Libertad Digital. Pero lo grotesco de ver a este heraldo
de la pobretería atacando a los ricos desde el casoplón de Galapagar
no debe hacernos olvidar dos cosas: una, que la coherencia
intelectual no rige con los comunistas; otra, que lo malo para la
sociedad es bueno para su proyecto político. Cuanto peor le vaya a
España, más cerca estarán de imponer su modelo dictatorial. Que
Iglesias ha sido un pésimo gestor, con evidentes responsabilidades
criminales en la gestión de las residencias de ancianos, y que los
ministerios podemitas, desde el de su favorita personal al de la
favorita política hayan sido modelo de incompetencia, demagogia e
irresponsabilidad, está claro. ¿Y qué? ¿Desde cuándo le ha importado
a un comunista en el Poder el bienestar de la gente? Al revés: todas
las dictaduras comunistas se han erigido sobre el principio de la
guerra civil y la penuria, las dos excepcionalidades que, como
Iglesias ha dicho, son necesarias para el triunfo comunista.
Pandemia, ruina y “Memoria Histórica”
La pandemia le brindó la ocasión de saltarse la legalidad; el
guerracivilismo del PSOE, que complementa el suyo, le añadió otra
mayor: blindar una nueva legitimidad basada en algo tan arbitrario
como la Memoria Histórica. Pero cuando asaltaron la tumba de Franco,
Iglesias no estaba en el Gobierno y sí en el Poder, en especial, el
mediático. Y la ruina por la desastrosa gestión de la pandemia
favorece su proyecto de una sociedad dependiente del Estado, que no
le dejará liberarse de esa amable tiranía. A Caracas vía Buenos
Aires. Si Iglesias hubiera podido manipular unos cuantos desastres
más -inundaciones, incendios, terremotos- hubiera sido mucho más
feliz. Pero nadie podría decir, dejando aparte su salida del
Gobierno, que ha sufrido.
Al contrario, desde su toma de posesión, todos los ataques a la
propiedad, que es la piedra angular del comunismo, junto al rechazo
a la legalidad, llevan su sello. Prohibió el despido laboral,
legalizó el asalto de pisos, y presumió de lo único que quiere
presumir un comunista: una Ley de Dependencia. El primer vagido de
la criatura lo exhaló Yolanda Díaz. ¡Qué feliz anunció que ya había
cuatro millones de españoles ayudados por el Estado, aunque para
ello tuvieran que haber ido antes al paro! Luego supimos que esas
ayudas no llegaban. ¿Pero desde cuándo para un comunista es más
importante la realidad que la propaganda?
La adecuación a la realidad como criterio para establecer lo
verdadero o falso repugna a la ideología comunista. No es que para
ella, desde Lenin, todo sea relativo y su valor dependa de los
intereses de partido, es que esa relatividad de partido es el único
valor absoluto, y lo es siempre. A muchos les sorprende que Iglesias
mienta con tanta desfachatez. No entienden que un comunista, en
realidad, no miente: interpreta, tanto en el sentido teatral, y por
eso exagera, como en el político, y por eso niega la evidencia. Lo
vemos con su financiación ilegal: les pillan una y otra vez y
siempre dicen lo mismo: que nunca les han pillado, siempre los han
absuelto y los tribunales siempre les dan la razón. Al tiempo, dicen
que los jueces son franquistas por condenar a Isa Serra, y que el
ministro de Justicia es machista por rechazar la Ley Montero, a la
que en vez de Ley del Sí es Sí, llamaremos Ley Rociíto, ya que a ese
caso se encaramó para negar el Estado de Derecho con el “Hermana, yo
sí te creo”. Pasar de sacar a Franco de la fosa a defender a Rociíto
parece mucho cambio. No lo es. Cuando se trata de liquidar el
régimen constitucional, todas las vías populistas son eficaces, y no
excluyentes sino complementarias.
El papel clave de Enrique Santiago
Los mismos medios que pregonaban las diferencias insalvables entre
Sánchez e Iglesias aseguran ahora que, por fin, y por suerte,
Sánchez se ha librado de Iglesias. Pero el pacto de Gobierno
social-comunista sigue intacto. Las minucias coreográficas sobre la
despedida de Iglesias, en plenas elecciones de Madrid, son
irrelevantes si se mantienen la vicepresidencia y los ministerios
acordados a Podemos. Y se mantienen. Que Díaz no sea vicepresidenta
segunda sino tercera sólo llama la atención por un hecho: que
semejante nulidad sea vicepresidenta. Y la marquesa de Galapagar
sigue al frente del ministerio de Rociíto yo sí te creo, antes
Igualdad, con un eco mediático que nunca tuvo la Ley del Sólo sí es
sí, compartida con Carmen Calvo. La rivalidad entre las hembras Alfa
de los rebaños rojo y morado no les impide compartir redil. Ione
Belarra, de perfil filoetarra, añade radicalidad y no eleva el nivel
intelectual podemita. Y el comunista Garzón seguirá siendo igual de
comunista y de lerdo que siempre.
Lo nuevo es que la parte más ideológica y de ingeniería social de la
vicepresidencia de Iglesias, la Agenda 2030, pasa a Enrique
Santiago, el Asesino Vocacional de la Familia Real Española, abogado
de las FARC en La Habana y hombre clave en el proyecto de
refundación del partido de Iglesias. Podemos e Izquierda Unida se
unirán pronto bajo las viejas siglas, explícitas o implícitas, lo
que convenga contra Errejón, del Partido Comunista de España. Será
un PC (R)-GRAPO, un FRAP que reniega de la Transición al Régimen del
78 y rompe con el PCE de Carrillo y Tamames, Gerardo Iglesias y
Anguita, para volver a un modelo de partido entre institucional e
insurreccional, típicamente tercermundista, y al que no le van a
faltar ni apoyos económicos internacionales ni socios separatistas
en España. Un PCE más parecido a la CUP que a Bildu, con la ventaja
de un líder que extremará sus baladronadas y se reinventará en la
televisión.
Si Ciudadanos logra grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid,
podríamos volver a ver a Pablo Iglesias como vicepresidente de un
gobierno, el de Madrid, con más proyección mediática y más medios
que los que ha tenido dentro del Gobierno de España. Y disfrutando
de lo suyo, que es la subversión, la agitación, la violencia
callejera, el mitin y el motín. La salida de Iglesias del Gobierno
Sánchez desembocaría en un Gobierno paralelo pero sin controles de
Moncloa, en el “Soviet de la Complu” que cantó Pitita, con el enorme
presupuesto de Madrid. No sabemos qué pasará en las elecciones de
Madrid, pero de su resultado dependerá en buena parte el futuro del
comunismo en España. Sin olvidar que el proyecto comunista incluye
del todo al socialista, aunque el socialista no incluye todo el
comunista. Y que ambos se dan la mano en facilitar los proyectos
separatistas que deben liquidar el Estado Nacional Español.
El eterno guión contra la Corona, la Iglesia, la Propiedad y la Ley
El discurso de un Pablo Iglesias suelto, de tertulia en tertulia,
como el que vuelve a empezar desde abajo, será el mismo de los
últimos catorce meses y los últimos catorce años: contra la Corona,
la Iglesia, la Propiedad (salvo la suya) y la Ley, presentada como
una especie de conspiración machista contra el profundo sentimiento
de justicia de las mujeres, creando, mediante campañas de opinión
sobre asuntos aparentemente menores, tribunales populares en los
platós de televisión. En ese sentido, el caso Rociíto muestra la
capacidad de llegar a gente que rechaza a Podemos, a Pablo y a
Irene, a su casoplón y a su hipocresía, pero traga la almibarada
macedonia lacrimosa, típicamente peronista, de ver a los de abajo, a
las oprimidas, a los marginados del sistema, rebelarse contra unas
leyes injustas que hay que derribar. Esta noche, mejor que mañana. Y
si no, cualquier día. El sistema es ilegítimo. Lo dice Sálvame. Y
esa es la vía que tiene de salvarse Pablo Iglesias. Que no está
muerto. Ni siquiera mal enterrado.
El oasis del fango
Gregorio Morán. vozpopuli.es 4 Abril 2021
Lo primero que hicieron los recién estrenados diputados del
Parlament catalán fue subirse el sueldo. Al tiempo incrementaron los
emolumentos del President de la Generalidad. Actualmente son los más
altos de toda España y el que salga President gozará de un sueldo
superior al del presidente del Gobierno español. Un matiz
diferencial que convierte la política en Cataluña en lo más parecido
a una sinecura. Si a esto añadimos la singularidad de la situación
que es la de paro técnico por ausencia de acuerdos llegaremos a la
conclusión de que los ciudadanos contemplamos lo más parecido a un
privilegio de casta. Una especie de cónclave cardenalicio en el que
si consigues ser cooptado se hará casi imposible que te devuelvan a
padecer la doble pandemia: la política y la sanitaria.
Tanto una como otra no dependen tanto de las circunstancias sino de
la voluntad de los interesados. Y de las parroquias. Cataluña es un
país de creyentes. Fíjense si será así que actualmente no es posible
formar un Gobierno porque el abad del monasterio de Lledoners, Oriol
Junqueras, retenido por delincuente, no llega a ponerse de acuerdo
con el pastelero de Amer, Carles Puigdemont, fiel creyente y actual
residente en Waterloo (Bélgica) para no comparecer ante el tribunal
de justicia que se lo demanda. Las parroquias de ambos creyentes en
la religión verdadera, que es la independencia del maligno, no
logran alcanzar un punto de conexión teológica que les consienta
ceder en el principio máximo de quién es el vicario de la verdad.
Creen en el mismo dios, pero les separa algo tan mundano, aunque
esencial, como es el privilegio del mando. La Iglesia Católica, en
la que ambos han sido formados y a la que dicen ser fieles desde su
más tierna infancia, ha tenido a lo largo de su multisecular
historia multitud de ejemplos sobre la preponderancia de los
intereses terrenos a la hora de ponderar el valor omnímodo de su
dios verdadero. Hay precedentes suficientes para que ningún cofrade
se sorprenda.
A algún gracioso se le ocurriría en momentos así hacer un chiste de
ateos, pero la cosa va en serio porque se tocan las creencias
profundas. Las últimas elecciones autonómicas han dado un resultado
inequívoco; frente a las dos parroquias y por encima de ellas ha
ganado el PSC, que ha recogido buena parte del voto del rechazo a la
feligresía y a otro puñado de cosas, como las ganas de ir saliendo
del pozo, aunque fuera gracias a pocero tan poco entusiasmante como
Salvador Illa. Sin embargo, los socialistas en Cataluña no conforman
una parroquia sino una mezcla de tribus varias con larga tradición
de arribismo y absoluta falta de principios, que los hace poco
atractivos para formar otra comunidad de creyentes. En el fondo es
lo mismo que han hecho todos, pero el dedo acusador de la
Inquisición es sabido que lo detenta el más furibundo de los
creyentes en la religión verdadera y a ésa no pertenecen ni
pertenecerán nunca, por más esfuerzos piadosos que hagan, los
conversos fieles aún al maligno.
La elección del nuevo 'Papa' en Cataluña
El sínodo para la elección de nuevo Papa en Cataluña se dirime pues
en las parroquias del verdadero dios y la auténtica religión, cuyo
primer principio es la independencia. No es extraño que las CUP, que
hacen las veces de secta radical, se hayan puesto a disposición de
las parroquias hegemónicas. Ellos están con el Papa que elijan,
siempre y cuando crea en el único dios verdadero. Lo de los
arrebatos, las violencias, el lenguaje destemplado… no puede ocultar
que son hijos de quien son y que creen en el devocionario que les
leían sus padres mientras mantenían el negocio; porque el patrimonio
nunca debe contradecir a los principios sino ayudarse mutuamente por
el bien de la religión auténtica.
Los sesudos analistas tienen poco que hacer en esta confrontación
atávica de intereses barnizados por declaraciones políticas. Aquí no
se discute si vamos a seguir como siempre y mandando los de siempre,
porque eso es una obviedad, pero no lo es tanto quiénes van a
ejercer de letrados, amanuenses, mayordomos y demás parafernalia
humana que acompaña al poder y amaña lo que puede, que suele ser
mucho y muy repartido. Quítale a Junts, con sede en Waterloo, su red
clientelar y no queda partido. De ahí que baste con ser fiel
creyente: lo demás ya vendrá con mucho rezo y respeto piadoso. Al
hereje o tibio ni pan, por eso “Reporteros sin Fronteras” considera
Cataluña “territorio peligroso”.
Las últimas elecciones dieron 1.336.291 votos contrarios a la
independencia, y 1.336.044 a favor. Lo aseguran quienes se han
tomado la molestia de sumar. Hay una diferencia de 200 votos.
Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de no creyentes ni ha
querido participar en ese concilio de la fe -casi la mitad del
electorado- llegaríamos a la conclusión de que vivimos en Cataluña
sobre un barril de pólvora mojada. Lo políticamente correcto exige
que no nos demos por aludidos y pensemos que hay luz al final del
túnel, y hagamos como con las vacunas: no mencionarlo. Ninguna
autonomía ha vacunado menos que Cataluña y sufrimos un 20 % superior
de contagiados, pero no inquietarse, la religión verdadera servirá
de escudo. Respecto a los viejos, muy dados al escepticismo, aunque
estén cayendo como moscas, ya se encargarán en el Más Allá de
ponerles sesiones de TV3, que es el infierno que se merecen.
Desengáñense los buscadores de malos presagios. Se forme un Gobierno
de creyentes o convoquen nuevas elecciones, tienen dos meses para
rezar y decidir, pero no cambiará nada. Laura Borràs presidirá el
Parlament y cual muecín recitará las “suras” matutinas y vespertinas
para que los creyentes abreven, y más ahora que se ha erigido además
en funcionaria del Estado gracias a los sacristanes universitarios,
siempre tan dados al hisopo y el incienso.
Habrá que acostumbrarse al fango, que es nuestro destino de laicos
sin ídolos que adorar. Creíamos que había sociedad civil más allá de
Pujol y el 3%, y no nos dimos cuenta de que la cosa venía de lejos,
que para algunos incluso era identitario. Este país tiende a la
parroquia, de ahí que hasta al fútbol lo hayan convertido en culto.
Cuando decimos que esto se desmorona se nos olvida añadir que lo
hace sobre nuestras cabezas y que los creyentes contemplan, con fe
no exenta de satisfacción, cómo nos cubren los escombros. Alabados
sean el abad Junqueras y el canónigo Puigdemont, pontífices
iluminados del fango, porque ellos decidirán nuestro destino.
Txapoteando
Iván Vélez. https://gaceta.es 4 Abril 2021
Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, José Luis López de Lacalle,
José Ignacio Iruretagoyena, Fernando Múgica Herzog, Fernando Buesa y
Jorge Díez Elorza. Todos estos nombres están unidos por un
sangriento lazo homicida al terrorista etarra Francisco Javier
García Gaztelu, alias Txapote, condenado a más de 450 años de penas
de prisión por su implicación en tan nutrida lista de asesinatos
realizados bajo la estructura etarra que, en su momento, contó con
su criminal persona como jefe militar de la banda. Acreedor de un
expediente que, con mayor o menor implicación, incluye más de medio
centenar de asesinatos, Txapote será trasladado desde la prisión de
Huelva a la de Estremera, centro penitenciario que durante un tiempo
acogió a los políticos golpistas catalanes, es decir, a un conjunto
de cargos públicos que trataron de lograr, por otras vías, lo mismo
que Txapote: la mutilación y posterior expropiación de parte del
territorio nacional.
Inserto en una estrategia de acercamiento de presos etarras hacia
las tierras en las que fueron fanatizados, García Gaztelu forma
parte de la más reciente remesa que, con periodicidad semanal,
anuncia Instituciones Penitenciarias amparada por el Ministerio del
Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, a quien el juez de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Celestino
Salgado, ha condenado a restituir al Coronel Diego Pérez de los
Cobos pero, sobre todo, a cargar con una frase -«el motivo de la
decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese
estuvo motivado por cumplir con la ley y el expreso mandato
judicial»- que debiera servir para que don Fernando, o bien dejara
su cargo o fuera cesado. Nada hace presagiar, sin embargo, un final
tan abrupto como justificado de la carrera de un ministro que ha
emponzoñado hasta extremos indecibles su pasado como juez.
Grande-Marlaska no caerá, pues son muchos y muy poderosos los
intereses que están en juego. Principalmente la supervivencia de un
Gobierno de coalición compuesto por un PSOE sanchizado que poco
tiene que ver con aquel en el que militaran Buesa y Múgica, y un
Unidas Podemos que niega la condición nacional a España en aras de
la construcción de una república plurinacional entregada a las
oligarquías locales y a sus subvencionados cachorros aldeanamente
globalistas.
Nadie más que el actual Gobierno, sostenido por una disolvente sopa
de letras política, es responsable del semanal procesionar de
etarras. Sin embargo, esa imagen que cuidadosamente se nos oculta,
es asumida con naturalidad por gran parte de nuestros compatriotas,
circunstancia que ofrece materia para la reflexión y para la
extracción de desagradables conclusiones que nos conducen, entre
otros lugares de nuestra historia reciente, a los días posteriores
al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Acompañado por la exhibición de
millones de manos blancas, aquel terrible duelo nacional mostró
hasta qué punto los españoles vivían dentro de una atmósfera mucho
más eticista que política. No más crímenes, pedían quienes
abarrotaron las calles, sin percibir la profunda y verdadera
naturaleza de aquellos asesinatos de españoles, cometidos con un
nítido fin político: la secesión de una región española.
Creemos no equivocarnos si afirmamos que ese mismo eticismo es el
que paraliza a gran parte de nuestros compatriotas cuando leen los
nombres y apodos de quienes son acercados cada semana a la llamada
Euskal Herria o sus aledaños. Desplazamientos para los que, en
ocasiones, se aducen motivos familiares y de salud, razones que ni
siquiera son necesarias para quienes han asumido las pretendidas
virtudes taumatúrgicas atribuidas al diálogo durante la presidencia
de José Luis Rodríguez Zapatero, capaz de hacer pasar por pacifista
a ese Otegui, ídolo de lazis, al que hoy arropan las centrales
sindicales verticales.
Con las armas convertidas en innecesarias, dadas las constantes
concesiones hechas al PNV y al mundo que cambió la cruz por el hacha
y la serpiente, Fernando Grande-Marlaska ha llegado más lejos de lo
que en su día lo hizo -«el vuelo de las togas de los fiscales no
eludirá el contacto con el polvo del camino»- Cándido Conde Pumpido.
Con la toga arrumbada junto a su gastado prestigio, el ministro ha
decidido txapotear en las aguas más pútridas y sanguinolentas de
nuestra amenazada patria.
Las diez estocadas
Alfonso Ussía. https://gaceta.es 4 Abril 2021
Nota: El título original del artículo de Alfonso Ussía es: “Las diez
estocadas en lo alto de la sentencia que sitúan a Marlasca, a su
secretario de Estado y a la directora de la Guardia Civil al borde o
inmersos en el delito de prevaricación“).
1/ «No podemos concluir más que el motivo de la decisión
discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo
motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial
ordenaban».
2/ «No se trata de un cese por pérdida de confianza; es en realidad
una sanción administrativa encubierta consecuente a que el Coronel
no llevó a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba».
3/ «La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad.
Por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse
dentro de la legalidad».
4/ «A efectos organizativos era innecesario que la cadena de mando
comunicara a la Directora General de la Guardia Civil la existencia
de la investigación, sino que así se hizo debido a la singularidad
de la persona investigada». (El Delegado del Gobierno en Madrid,
José Manuel Franco).
5/ «La Magistrada había ordenado al Capitán Jefe de la Unidad de
Policía Judicial que extremase la cautela». ( en relación a las
solicitudes de información por parte de la dirección política de la
Guardia Civil y Ministerio de Interior).
6/ «Unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las
expresas órdenes impartidas por la Magistrada titular del Juzgado de
Instrucción nº 51 de Madrid, estaban sujetas al deber de reserva
tanto de la UOJP como sus superiores, en este caso el Sr. Pérez de
los Cobos».
7/ «La Resolución de cese, en sentido estricto, no contiene
motivación alguna de la decisión adoptada, y se limita a justificar
la competencia del órgano que la dicta. (En este caso, el Secretario
de Estado de Interior).»
8/ «La premura e inmediatez de la propuesta de cese y de la
Resolución del Secretario de Estado acordando dicho cese, resulta
más propia de una sanción disciplinaria urgente, expeditiva y
ejemplarizante que, en su caso, habría requerido sustanciar un
procedimiento sancionador con las garantías inherentes al mismo, y
no de un cese en el destino por supuesta falta de idoneidad o
pérdida de confianza».
9/ «El testigo (el DAO Laurentino Ceña) le pidió parar el cese (de
De Los Cobos) para llevar a cabo investigaciones sobre las
circunstancias, y que el interesado pudiera aducir en su defensa, lo
que rechazó aquella (la Directora de la Guardia Civil) porque la
decisión estaba tomada por Moncloa y se le iba a cesar».
10/ «(De los Cobos) fue calificado por sus superiores durante los
dos años en los que ha ejercido el mando de la Comandancia de Madrid
con una puntuación global de 9,76 y 9,81 sobre 10, lo que indica la
altísima valoración de sus superiores sobre su actuación profesional
en esa responsabilidad».
Estas diez frases de la sentencia resultan demoledoras y
devastadoras para la dignidad, el sentido de la justicia y el abuso
de poder de La Moncloa, del ministro del Interior, del secretario de
Estado de Interior y de la directora general de la Guardia Civil.
Vergonzoso y cínico cese motivado por el cumplimiento del deber y de
las órdenes de la magistrada que sitúan al ministro, al secretario
de Estado y a la directora general de la Guardia Civil inmersos en
el delito de prevaricación.
No satisfechos con su perverso proceder, meses más tarde, en contra
del dictamen de la Guardia Civil y su valoración personal y
profesional, exclusivamente sujeto a méritos profesionales y de
servicio, el coronel Pérez de los Cobos, número uno entre los
coroneles propuestos para su ascenso a General, fue histéricamente
eliminado mientras ascendían los números dos, tres y cuatro, con
excelente pero peor puntuación que el coronel perseguido por la
injusticia, la histeria, el separatismo catalán, Bildu, el PSOE y
Podemos.
Ni Marlasca, ni el Secretario de Estado (que tiene muy mala pinta)
ni la Directora General de la Guardia Civil han dimitido o han sido
cesados. Vergüenza nacional sumada a la desvergüenza del Gobierno.
La juguetera Lego le gana la batalla al uso
obligatorio del etiquetado en catalán
La plataforma catalana Plataforma per la Llengua se puso en contacto
con el fabricante Lego para comunicarle que, de conformidad con el
Código de consumo de Cataluña es obligatorio el etiquetado en
catalán
Estrella Digital 4 Abril 2021
La Comisión Europea considera ajustado a la normativa comunitaria
que no sea obligatorio el etiquetado en catalán de los juguetes que
se venden en Cataluña.
El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha contestado por
escrito a una pregunta de los eurodiputados de ERC Jordi Solé y
Diana Riba sobre “las obligaciones legales de las empresas en
relación con el etiquetado de los productos para su venta en
Cataluña".
Los parlamentarios republicanos han formulado esta cuestión al
Ejecutivo comunitario después que la organización no gubernamental
catalana Plataforma per la Llengua se dirigiera al fabricante Lego
para comunicarle que, de conformidad con el Código de consumo de
Cataluña (Ley 22/2010), en Cataluña es obligatorio el etiquetado en
catalán.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Servimedia, el comisario
de Mercado Interior, Thierry Breton, les explica que según la
Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes, los
fabricantes e importadores garantizarán que los juguetes vayan
acompañados de las instrucciones y de la información relativa a la
seguridad “en una o varias lenguas fácilmente comprensibles para los
consumidores, según lo que decida el Estado miembro”.
En el caso de España, explica que la directiva ha sido transpuesta
por el Real Decreto 1205/2011, que solo establece que las
instrucciones y la información relativa a la seguridad estén
redactadas al menos en castellano.
A petición de Bruselas, el Gobierno español precisó que ese decreto
y otras sentencias del Tribunal Constitucional obligan a los
fabricantes y distribuidores de juguetes de España a etiquetar sus
productos “al menos en la lengua nacional española (‘castellano’),
aunque ello no les impide utilizar otras lenguas, como el catalán”.
“Esta posición parece coherente con las disposiciones pertinentes de
la directiva”, concluye el comisario Breton en su respuesta
parlamentaria.
Recortes de Prensa Página
Inicial
|