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El Gobierno expoliador azuza a los
inspectores contra el contribuyente
EDITORIAL Libertad Digital 10 Abril 2021
Decía Ludwig von Mises en La acción humana: “El arma principal con
que (...) cuenta el intervencionismo en su afán confiscatorio es el
impuesto”. Casi un siglo después, sigue siendo sangrantemente
cierto.
A la desesperada, Hacienda ha puesto a pleno rendimiento la
maquinaria del aparato coactivo del Estado para multiplicar la
recaudación. Ante el calamitoso estado de las cuentas públicas, la
Agencia Tributaria pretende exprimir a modo a los contribuyentes, y
para ello ha decidido azuzar a sus perros de presa, los inspectores.
Así, la AEAT ha decidido incentivar a sus 24.000 funcionarios con el
mayor bonus de los últimos años: nada menos que 100 millones de
euros, el doble que el año pasado.
Lo que le faltaba a una España que padece su mayor crisis económica
en tiempos de paz, con el desempleo real salido de madre y el sector
productivo bregando por la mera supervivencia.
Y todo porque las cuentas no cuadran. Ya advertimos de que los
Presupuestos de 2021 asumían unas estimaciones imposibles para una
economía en ruinas como la española. El tiempo ha confirmado que los
cálculos del Gobierno social-comunista no tenían un pase. El jueves,
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se
convertía en el último organismo en rebajar su previsión de
crecimiento económico para España, y el viernes era el propio
Gobierno el que tenía que recular. Así, Nadia Calviño volvía a hacer
un papelón al reconocer que el crecimiento no iba a ser del 9,8%
sino del 6,5%, desfase insólito que retrata perfectamente al hatajo
de incompetentes que está al frente de la economía nacional.
Para más inri, la Airef ha reducido en una cuarta parte el ambicioso
plan recaudatorio contra el fraude de María Jesús Montero. Si la
insolvente intelectual que comanda Hacienda consignó en los
Presupuestos que el Estado ingresaría 800 millones de euros por este
rubro, el referido organismo aupunta que apenas serán 217. Por eso
Montero ha recurrido a los inspectores con ese bonus ominoso
mientras millones de familias españolas se las ven y se las desean
para llegar a fin de mes.
Que España haya sido el país desarrollado que peor rindió en 2020 y
exhiba unas cifras de paro vergonzosas son razones más que
suficientes para cambiar radicalmente de política económica y
fiscal. Un Gobierno que celebra que se haya cerrado marzo con casi 4
millones de desempleados oficiales –más de 5 millones reales– es un
Gobierno miserable, indigno e incompetente. Un Gobierno que es una
amenaza de primer orden para la sociedad. El peor Gobierno en el
peor momento posible.
Rabiosa impotencia de Sánchez
frente a Ayuso
OKDIARIO
10 Abril 2021
El mayor embustero, el farsante que lleva un año falseando,
tergiversando y manipulando la realidad sobre la pandemia, el
responsable máximo de la caótica gestión que soportan los españoles,
ha salido en rueda de prensa a acusar a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de hacer trampas con las
cifras de contagiados. Cómo de desesperado tiene que estar el
socialismo para recurrir a una acusación tan inmoral como esta.
Sánchez lo ha vuelto a hacer: es capaz de sobrepasar todas las
líneas de la decencia con tal de evitar que Ayuso siga siendo
presidenta del Gobierno de Madrid. Una acusación tan grave sólo es
capaz de hacerla quien carece de escrúpulos y es capaz de utilizar
algo tan serio como la salud de los madrileños como repugnante baza
electoral.
Si Sánchez tiene pruebas de que la Comunidad de Madrid está
manipulando los datos, su obligación es decir claramente cómo y en
qué. Tirar la piedra y esconder la mano es de una cobardía que
retrata al personaje. Lo que ha quedado claro es que Pedro Sánchez
ha decidido tomar las riendas de la campaña socialista ante las
elecciones del 4M. Ángel Gabilondo no le vale, porque, por lo visto,
hay que tener un cuajo especial y muy pocos escrúpulos para liderar
una campaña socialista. Y como Sánchez no tiene vergüenza ha
decidido que será él quien lleve la voz cantante contra Ayuso.
La rabia de Sánchez es fruto de la impotencia y la prueba del nueve
de que el socialismo no encuentra la forma de impedir que Ayuso siga
creciendo en las encuestas. La acusación del presidente del Gobierno
es el mejor sondeo: cuanto más graves sean sus descalificaciones,
señal de que la presidenta de la Comunidad de Madrid continúa
creciendo en intención de voto. El mayor embustero de la reciente
historia política de España ya no sabe qué hacer para evitar que
Ayuso arrase en las elecciones.
Optimistas
Nota del Editor 10 Abril 2021
El dr cum fraude tiene muchos conejos en la chistera. No se trata de
optimismo ni pesimismo, la historia reciente demuestra que cualquier
cosa por perjudicial que resulte para España, es un arma de
destruccion de España en manos del desalmado.
Es fundamental apoyar y votar a Vox, único grupo de personas que no
cambian de escenario ni de principios, no como el PP que nos ha
tomado y sigue tomando por ovejas descerebradas.
La ultraizquierda pretende estallar España
Carlos Dávila okdiario
10 Abril 2021
La izquierda sabe muy bien lo que hace: si no hay votos que haya
violencia. Claro está que tras una afirmación como ésta vendrán los
políticamente correctos para plantear un par de descalificaciones:
la primera, que no todos los militantes de ese espectro ideológico
son los bárbaros de Vallecas ahora, o de Vic en el mes de febrero.
La segunda, que la izquierda del PSOE y Sánchez nada tienen que ver
ni con los disturbios, ni con sus promotores. Bien, pues por ahí no
paso. Hablo en primera persona para escribir a continuación estas
tres cosas: que la Policía mandada por ese ministro ilegal,
Marlaska, ya en varias ocasiones, la última vez en Madrid el pasado
miércoles, no ha protegido en absoluto la libertad de un partido
político para exponer sus ideas y sus planes allá donde le parezca
más adecuado. Desde este punto de vista, el Gobierno de la nación se
ha comportado como cómplice de los atracadores que apalean a los
militantes de una formación legal. Pero es que además -y esto es
nuclear- los atacantes de la ultraizquierda son socios de fortuna
del Gobierno de Sánchez, por eso ni éste, ni sus colaboradores han
sido capaces (como tampoco lo fueron en Cataluña) de condenar sin
ambages la conducta violenta de sus aliados.
Hay por último otro elemento que culpabiliza directamente a los
sembradores de odio. Los conmilitones de Sánchez, Iglesias y sus
tropa de indeseables, llevan desde que aparecieron excitando a sus
masas contra quienes, sólo por eso, no piensan, ni actúan como
ellos. Durante esos años, Iglesias, su pareja Irene Montero,
Echenique y demás ralea, han estado atizando la rabia violenta de
toda una comunidad, la de la ultraizquierda, contra la derecha más
exigente, por más que ésta se radicalice antes con planteamientos
políticos inasumibles, pero nunca cercanos a la mínima expresión de
violencia. La Transición, con mucho esfuerzo, con gran piedad, por
qué no decirlo así, cerró de las bocas de los españoles cualquier
apuesta por el odio. Pues mal: el odio ya es una característica muy
señalada de la actual vida española. Desde las Cortes a la calle, la
inquina, la saña, el rencor, el aborrecimiento, son los puñales que
se esgrimen como principal argumento de oposición. Algunos venimos
advirtiendo que estamos a punto del enfrentamiento civil, si es que
ya no hemos caído en él. La ultraizquierda, camelada por el PSOE,
está dispuesta a articular esta campaña para las elecciones del 4 de
mayo, como una ocasión para borrar del mapa a los que considera no
ya sus rivales políticos, sino directamente sus enemigos políticos.
Así están las cosas en que, según se escucha en casi todas las
tertulias del país, estamos a punto de estallar. Hace años, la
izquierda ya ensayó otra oportunidad como ésta. Se debe recordar que
en la campaña para elegir a un alcalde de Madrid, el ala más radical
del PSOE, se opuso a la alternativa de Alianza Popular llevando
hasta extremos insólitos la agresividad contra el aspirante de este
partido. Él tuvo que soportar, también curiosamente en Vallecas, la
acometida de vándalos como los de ahora. La historia ha dado un giro
radical y el ayer agredido, Jorge Verstrynge, forma parte, en su
facción más extrema, de los que atacan a Vox. Naturalmente que aún
se han escuchado reacciones llegadas de este ámbito que inculpan e
insultan a los apaleados por actuar como provocadores. Echenique,
segundo de Iglesias, ha tildado de “pijos” e “incitadores” a quienes
usan su libertad para expresar sus propuestas donde quieran y como
quieran.
Es momento de asegurar que Sánchez está alimentando esta radicalidad
por su concomitancia con estos indeseables que, encima, cobran de
nuestros impuestos asentados en el Gobierno de coalición, y que, a
mayor abundamiento, excita los ánimos rompiendo la sociedad española
en dos mitades, y gobernando sectariamente para unos en detrimento
de los demás. Estamos colocados en el límite de la confrontación, un
límite que cada vez hay que contemplarlo con mayor preocupación. No
parece que en los próximos días la ultraizquierda rebaje la
intensidad de sus arremetidas, de sus asaltos, antes bien existe la
impresión que, constatado como tienen que Madrid no es su plaza, que
no es el centro donde puede instalar su revolución soviética o
caribeña, ¡qué más da para el caso!, intenten alterar la calle hasta
que la paz no sea posible. Por más que pretendamos edulcorar la
realidad o disimular, esta es la panorámica que se otea desde la
mayor de las inquietudes. Esto está a punto de estallar; la prueba
más evidente la hemos vivido esta semana en la capital de España. La
reconciliación en nuestra primera democracia de los setenta, ha sido
sustituida por el odio. Son los políticos los que exaltan a las
masas y no al revés. Para los fines de esta ultraizquierda abisal
que soportamos, la libertan no existe, o al menos no existe la de
los demás. Su plan es articular un sistema donde toda arbitrariedad
sea posible, donde los no creyentes sean demolidos como bichos
incómodos. Si para eso falta que explote el país, no importa: que
explote. Ya no estamos en el embrión de esa terrible sociedad, nos
encontramos insertos en su gestación. La ultraizquierda pretende que
España estalle. Los sucesos de esta semana lo previenen: estamos a
punto.
Comunistas
Nota del Editor 10 Abril 2021
Ultraizquierda, progresismo, socialismo, feminismo, todo palabras
para edulcorar la realidad: son comunistas, de los mismos que
pisotean Cuba, Venezuela, etc., Corea del Norte, China y de los 100
millones de asesinados.
El principio del fin
Juan Manuel López Zafra. vozpopuli.es 10 Abril 2021
"Estamos ante el principio del fin de esta pandemia”
No todo es culpa de Sánchez, como tampoco nada es acierto suyo.
Cuando tuvo la ocasión de negociar por su cuenta, puso su suerte y
nuestro futuro en manos de la Comisión, y hoy es fácil criticarle
por ello. Es su empeño en crear expectativas y negar la realidad lo
que debe hacernos reflexionar. Un presidente que trata
constantemente a sus ciudadanos como menores de edad, que jamás ha
asumido su responsabilidad, que la ha derivado en las comunidades
autónomas después de arrogarse un mando único, es lo censurable.
Cuando a estas alturas todo el mundo es consciente de que la
estrategia europea de compra de vacunas se ha mostrado como un
enorme fiasco, como ya señalé en enero aquí mismo, al volcar todo
sobre el precio pensando en un mercado libre y despreciando el hecho
de que sólo dos empresas, si acaso tres, podían suministrarlas en la
cantidad y en el tiempo requeridos, nuestro presidente nos vuelve a
recordar, por cuarta vez al menos, que ya encaramos el principio del
fin.
No le bastó dar por derrotado al virus en junio, no le bastó
desvanecerse en la segunda ola, no le bastó acosar a unas
comunidades autónomas mientras salvaba a otras de los cierres, para
que ahora, de nuevo, nos ofrezca una luz en la que el mérito, de
lograrse, será del proveedor, la Comisión, y será de quienes
ejecuten el plan, las comunidades, y en el que él es un mero
convidado de piedra, un Don Tancredo que se mueve más por los golpes
que por la habilidad de anticipar los efectos del virus. Desde marzo
de 2020, nuestro Gobierno siempre ha tenido una actitud reactiva,
nunca proactiva. Jamás se ha preocupado de prever, sólo ha adoptado
medidas medievales que han supuesto la mayor laminación de
libertades de la democracia. Nos tuvo encerrados en casa durante
cien días y prorrogó el estado de alarma durante seis meses,
mientras mantenía abierto Barajas y el resto de aeropuertos. Ahora,
por fin, aprovecha la campaña de las madrileñas para insuflar ánimo
a unos votantes, que serán, sin duda, los que jamás cambiarán su
voto, porque a nadie puede convencer quien ha hecho de la mentira su
forma de gobierno.
Las cuentas del infausto Illa
Las cuentas de la lechera vírica señalan que la semana del 3 mayo,
en la que se dirimen las elecciones de Madrid, serán cinco millones
de españoles quienes tengan ya la pauta completa; crecerán hasta
diez millones un mes después, hasta los 15 la semana del 14 de
junio, diez millones más la del 19 de julio y, así, hasta los 33
millones de vacunados a finales de agosto. Se cumplirían, ojalá, las
previsiones del infausto exministro Illa, quien en diciembre anunció
de 15 a 20 millones de vacunados en mayo-junio. Todo, hasta ahora,
nos dice que no será así, también la Comisión, pero no podemos más
que tener esperanza y que, efectivamente, por una vez, ni se
equivoque ni nos haya mentido. El Gobierno ha señalado que, en los
tres primeros trimestres del año, recibirá 12.3 millones de vacunas
de AstraZeneca, de las que alrededor de tres millones ya estarían
aquí; si el miércoles sólo se iban a administrar a los tres millones
de ciudadanos de entre 60 y 65 años, y sumamos los 2.5 millones que
se añadieron el jueves con el nuevo cambio de criterio, y suponiendo
que ya se hayan vacunado con las dos pertinentes un millón de ellos,
quedarían diez millones de dosis por administrar, suficientes para
cinco millones de españoles. Parecería que el Gobierno ha ampliado
hasta los 69 años la población tratable con AstraZeneca para evitar
sobrantes con las vacunas. Por cierto, la EMA ha dicho que es
segura. Extraño sería que no lo fuese, cuando las reacciones
adversas documentadas son mayores en el ibuprofeno que en ella.
Lo que no hemos escuchado de boca de ningún oficial del Gobierno es
el efecto de las vacunas sobre las nuevas variantes. Bueno, sólo
aquella astracanada de Simón, hace tres meses, cuando señaló que la
cepa británica sería marginal. “Si acaso, uno o dos casos, no más”,
le faltó añadir para dotar de memoria completa sus declaraciones.
Hoy ya sabemos que la misma es la dominante en 16 de las 17 CCAA,
como sabemos que Simón es un perfecto indicador contrarian en las
predicciones víricas. Su actitud será premiada con algún cargo con
mayor relevancia y sueldo, eso también lo sabemos.
Y de ahí el empeño de toda la administración de ocultar el problema
de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y los efectos de las vacunas
existentes sobre ellas. Sabemos que la británica se trata
correctamente, parece que la brasileña y la californiana también,
pero nada se dice de la sudafricana (B.1.351) ni de la ugandesa
(A.23.1), de las que ya aparecieron los primeros casos en Europa y
en las que las vacunas podrían ser ineficaces, según distintos
estudios. Moderna señaló en febrero que la efectividad de su vacuna
se podía reducir hasta en seis veces en presencia de la variante
sudafricana, la de Johnson&Johnson caería hasta el 60% y la de
Pfizer tendría también una significativa reducción. Sudáfrica
comenzó a vender las vacunas remanentes de AstraZeneca a finales de
marzo, después de retirarla de la cadena de vacunación al comprobar
su completa ineficacia en presencia de su variante. Es más urgente
que nunca acelerar el proceso de vacunación, para así lograr
inmunizar a cuanta más gente, mejor. Sólo cuando el presidente
entienda que todos, incluso quienes le criticamos, estamos en el
mismo barco, y que deseamos el éxito tanto como él, habrá llegado el
verdadero principio del fin.
Trolas de Sánchez y abusos de Iglesias
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 10 Abril 2021
Aquí ando, esperando la vacuna… como millones de españoles, tras
haber sobrevivido un año bajo arresto domiciliario. Los indecentes
que gobiernan nos toman por la Bernarda, prostituta muy solicitada y
popular, pero al enfrentarse a las urnas, mendigan nuestro voto, a
cambio de ofertas que jamás cumplirán, por irreales. Buen ejemplo de
dicha estafa es el adicto al autobombo, Sánchez, que insiste en
ocultar sus trolas de mercadillo, con fatua propaganda. La última
necedad que dijo este trilero, “el principio del fin de la
pandemia”, no se la cree nadie. Desde que juró que había acabado con
el virus hará nueve meses, enterró su credibilidad. Aún esperamos la
vacuna millones de españoles.
Recomiendo obviar al cantamañas Fernando Simón, experto oficial del
coronavirus. Depositemos nuestras expectativas en los consejos de
Margarita del Val y el doctor César Carballo. La inmunóloga del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas avisa de que “no se
puede hacer experimentos combinando dosis de vacunas diferentes”,
mientras el bobo surfista asegura que los cócteles valen la pena. El
emergenciólogo del Ramón y Cajal también nos previene: “El virus no
entiende de vacaciones, o lo vencemos o va seguir infectando, la
cuarta ola (Simón la tilda de “olita”) no nos la va a quitar nadie”.
Conviene escuchar a quienes saben de qué hablan: Del Val, Carballo y
Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, que se guía por lo
que manifiestan estos sabios.
De trolas, a abusos. El sueño de los sicarios de Iglesias es la
tiranía, sueñan con una dictadura que controle el pensamiento y
prohíba las libertades. Esa turba de bukaneros, que él alienta,
desde la sombra, porque nunca da la cara, como cobarde que es,
apedreó a la Policía y a los políticos de Vox cuando estos se
disponían a iniciar su primer mitin de campaña en Vallecas. Un tal
Pirrakas, gorila del nuevo rico, con antecedentes violentos y
supuesta pertenencia a grupo criminal, sabiendo que Marlaska miraba
hacia otro lado, lideró un muy sucio ataque que quedará en la
memoria de los pacíficos madrileños. Así se las gasta Iglesias, el
indigente que llegó a millonario para cagarse en la democracia.
Ahora entiendo que Ángel Gabilondo insista en no pactar “con este
Pablo Iglesias” y señale que “a Vallecas se va con propuestas” y no
con adoquines. Un socialista sosegado y una hiena comunista jamás
podrían entenderse.
La UE respalda a la extrema izquierda con
su silencio ante la violencia contra VOX
ampara la demonización de la tercera fuerza política en España
Agustín Benito. https://gaceta.es 10 Abril 2021
La agresión de la extrema izquierda a catorce simpatizantes de VOX,
entre ellos a un diputado nacional, y a veinte policías nacionales,
en Vallecas el pasado miércoles en el acto de presentación de la
candidatura de Rocío Monasterio a la presidencia de la Comunidad de
Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo no ha motivado la
condena de la Unión Europea.
Los ataques a VOX han sido una constante desde que este partido
logró representación parlamentaria en el año 2018. Desde la famosa
‘alerta antifascista’ decretada por Pablo Iglesias, hoy candidato en
Madrid, la demonización y la criminalización contra la formación
liderada por Santiago Abascal, tercera fuerza política en España, no
han hecho más que recrudecerse.
El pasado miércoles el ataque llegó con piedras, adoquines y
botellas. Se escucharon llamamientos a repetir la matanza comunista
en Paracuellos en los años 30 y vivas a ETA, la banda terrorista de
ultraizquierda que acabó con la vida de casi 900 españoles y que hoy
cuenta con su brazo político en las instituciones. Como en el resto
de ocasiones, vino patrocinado por Podemos -destacados dirigentes
jalearon en sus redes sociales el sabotaje al acto de precampaña de
VOX en los días previos-, y contó con la complicidad del ministro
del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dejó vendidos a los
agentes al dar la orden de no blindar el acto y contener a las
hordas comunistas. Pero la UE y el presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, se mantienen callados.
El propio Sassoli sí se solidarizó la pasada semana con Iglesias
tras el supuesto ataque a la sede de la formación en Cartagena
(Murcia), en cuya investigación se contempla que sea un
“autoataque”. “En Europa no hay espacio para la violencia de ningún
tipo, tampoco en política”, subrayó en Twitter. En la misma red
social, Iglesias agradeció el mensaje para enfatizar “el compromiso
europeo con los valores democráticos” que representa Sassoli es “el
mejor aliento para hacer frente a los violentos”.
En noviembre, Iglesias y Sassoli mantuvieron una reunión telemática
y ambos coincidieron en hacer frente a la acción de lo que ellos
llaman “la extrema derecha” en numerosos países de la UE y que no es
otra cosa que la disidencia al globalismo y a la agenda ideológica
de la izquierda.
La carta de VOX a Sassoli
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge
Buxadé, ha enviado una carta al presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli, en la que exige una condena de la violencia y tomar
acciones contra el movimiento “antifa”.
También ha enviado una notificación a todos los eurodiputados en la
que asegura que ni el Parlamento ni ninguna institución comunitaria
“puede seguir mirando hacia otro lado ante esta situación aberrante”
y denuncia “el mensaje que ese silencio ensordecedor está enviando a
la extrema izquierda, a los violentos y a quienes les financian y
amparan entre las sombras”. “Hablen. Actúen. Muestren firmeza.
Desmárquense. O este Parlamento será cómplice y tan responsable como
los violentos”, ha añadido.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
La llegada de la violencia a la política
española.
Juan Ramón Moscad Fumadó Periodista Digital 10 Abril 2021
Transcribimos el email recibido del Club de Amigos del ToroTV, sobre
las reflexiones del viernes 9 de abril de Julio Ariza, su director,
que dice:
«Queridos amigos socios del Club y seguidores del ToroTV,
Este viernes lluvioso voy a centrar mi carta en un solo asunto. La
llegada de la violencia a la política española.
En realidad, la violencia no acaba de llegar. Ha estado siempre
aquí. La trajo ETA a España. Primero al País Vasco y luego
cometiendo terribles atentados criminales por todo el territorio
nacional. ETA asesinó a casi 900 españoles, dejó un reguero de más
de 7.000 víctimas y unos 200.000 exiliados que tuvieron que salir
huyendo del País Vasco.
Si bien ETA actuaba en toda España, el odio estaba concentrado en
las filas de la llamada izquierda abertzale en el País Vasco.
Lo novedoso, ahora, de la política española, es que ese odio
político ha cruzado el Ebro, y lo ha hecho de la mano de Pablo
Iglesias y de la izquierda española.
En el mitin de Vox en Vallecas se oyeron gritos nunca antes
escuchados en Madrid; Gora ETA, gritaban cuando Abascal pedía la
palabra. Gritar Gora ETA es lanzar un mensaje de odio en forma de
amenaza y es también dar vivas al crimen y ciscarse en las víctimas.
Gritar Gora ETA es pedir el atentado contra los de Vox. Así de
claro.
Gritaban también, mientras lanzaban piedras, ladrillos, estacas,
botellas y latas, «A por ellos como en Paracuellos», donde los
comunistas asesinaron a más de 4.000 personas sin juicio, por odio
ideológico, en una orgía de crimen y de limpieza ideológica que
convirtió aquello en un auténtico genocidio. Se asesinó a personas
por el mero hecho de creer en Dios, de creer en España o de ser de
derechas. Ese grito estremecedor de Vallecas fue una llamada al
odio, al crimen y a la guerra civil.
Esa es la herencia de Pablo Iglesias: el odio, la violencia, la
llamada al crimen y la vuelta a la guerra.
Pero lo que es más estremecedor resulta es la actitud de los medios
de comunicación afines a la izquierda. Todos pudimos ver la
lapidación que sufrieron los lideres y militantes de Vox, ante la
pasividad del ministro Marlaska.
Y todos pudimos ver también como durante todo el día de ayer las
televisiones, las radios, los digitales. los periódicos de la
izquierda acudían al mismo mecanismo retórico de la llamada
«inversión de la culpa», es decir, convertir a los agredidos en
culpables y a las víctimas en responsables de la agresión. Ese
mecanismo, repugnante, es viejo y conocido. Siempre lo utilizó el
comunismo y a él acudió, invariablemente, el discurso de la
izquierda abertzale tras cada atentado de ETA: «algo habrá hecho»,
decían sus medios afines tras cada asesinato, de manera que la culpa
acababa recayendo sobre la víctima, a la que se acusaba de ser amigo
de un guardia civil, de un militar o de la policía, por ejemplo.
Ayer, ese «algo habrá hecho» se transformó en la acusación de que
Vox va a los barrios de Madrid «a provocar». La consecuencia es que,
como provoca, merece la agresión. Ese es el terrible discurso que ha
invadido a la izquierda española. Lo que antes se decía para
justificar los atentados de ETA contra populares y socialistas,
contra policías y militares, contra ciudadanos españoles en el País
Vasco, ahora se utiliza para justificar el ataque al enemigo
perfecto. el que merece el odio, la ira, la violencia y la muerte.
Mal andamos. El proyecto de ETA, el odio de ETA, los mecanismos
mentales de ETA han cruzado el Ebro de la mano de Iglesias. Y la
izquierda ha cobrado el discurso. O Hay una rectificación, o este
camino nos conduce a lo peor de nuestra historia.
Decir en estas condiciones que España es un país libre y democrático
es decir una media verdad.
Vox seguirá acudiendo a expresar sus ideas a todos los barios,
porque está en su derecho y porque en todos los barrios hay personas
que esperan a Vox. Y porque además lo barrios no son ghetos,
territorios comanches de unos o de otros, sino lugares donde la
gente tiene derecho a convivir, a discrepar y a expresar sus ideas.
Pablo Iglesias quiere convertir el cinturón sur de Madrid en el
Goyerri, pero ni Madrid es Guipúzcoa ni los madrileños nos vamos a
dejar. Error de cálculo, Pablo. Vallecas, Vicálvaro, Parla, Getafe,
Fuenlabrada, San Blas, Carabanchel etc etc son también Madrid, son
también España y está llenos de ciudadanos libres que no quieren ni
a Iglesias, ni su odio, ni sus métodos bolivarianos, ni su
violencia.
Por eso, todo el grupo de TorotV, de rebelionenlagranja.com va a
luchar sin descanso para que Iglesias fracase. Porque España merece
algo mejor que ese bolchevique de quinta división y algo mejor que
su socio Pedro Sánchez, responsable de que todo esto esté sucediendo
en España.
Un abrazo a todos y buen fin de semana. Vamos a ganar esta batalla.
El Estado desparramado
Gregorio Morán. vozpopuli.es 10 Abril 2021
El Consejo de Estado exige al Gobierno cambios legales para no
recurrir al estado de alarma
Hace cien años el sueño burgués por excelencia consistía en un
Estado fuerte y ahora resulta lo contrario, mientras que quienes
pensaban que había que destruirlo hacen todo lo posible por hacerse
fuertes en él. Nadie recuerda que el mismo Lenin, que llegó a
escribir un panfleto que quería ser clarividente -El Estado y la
Revolución (1918)- donde se aspiraba a que cualquier cocinera
pudiera ser estadista, acabó sentando las bases para que fuera un
carnicero criminal quien se quedara con todo, inaugurando las
dictaduras más largas e implacables de la historia.
El Estado ha sido, además del instrumento más sangriento que inventó
el hombre, un devorador insaciable de ideologías. El anarquismo
firmó su sentencia de muerte cuando tuvo que ejercer el poder y el
comunismo dejó de ser el sueño de los desheredados para devenir una
casta totalitaria que se hacía llamar Partido de los Trabajadores.
¿Para qué sirve el Estado ante una pandemia? En principio debería
ejercer de protector de los ciudadanos y, sin embargo, es una
lombriz voraz que cobra impuestos y no cumple lo que promete. La
sanidad está en situación de emergencia y usted no sabe a quién
reclamar, o quizá lo sepa… pero da lo mismo. Si el Estado no cumple
no dejará por eso de exigirle que pague. Curiosa situación la
nuestra: debemos tener piedad con el Estado que jamás verterá una
lágrima, ni concederá un aplazamiento en lo que considera
innegociable: los impuestos. Si el sueño socialdemócrata se vino
abajo -otro más- fue porque la cadena de responsabilidades se rompió
y volvimos a cien años atrás, pero más viejos y más pobres y más
explotados.
Toda esta farfolla teórica viene a cuento ahora que las
instituciones del Estado están por los suelos y existe una sensación
de fin de época; sabemos lo que perdemos, pero no tenemos ni la
menor idea de lo que nos espera, salvo que será malo o muy malo. Y
eso se nota en las evidencias del ninguneo a que nos someten los
principales actores del Estado. Una sociedad sana y no medularmente
corrupta rechazaría que instituciones como el CIS las llevará un
delincuente de la manipulación como José Félix Tezanos, veterano en
el oficio; yo sé de él desde que daba lengüetadas de satisfacción
ante Alfonso Guerra. ¿Qué importa que el Tribunal Supremo considere
ilegales las tropelías de la Generalitat y sus secuaces? Ni se
acatan y menos aún se cumplen.
¿Y si el Estado estuviera en manos de delincuentes? Probablemente el
primer afectado sería el que lo afirmara, porque para eso hay leyes
que protegen a los detentadores del Estado. Dejémoslo pues en
interrogante. Aplicado a la pandemia sería como decir: si no hay
vacunas no pagamos impuestos, y no me venga usted con disculpas. Si
osara pedir disculpas por no poder pagar mi tributación, lo primero
que harán será sancionarme y “con recargo”. Como defensor de lo
público no me quejo de pagar, pero exijo una corresponsabilidad. Esa
es la diferencia entre proteger y expoliar.
El presidente del Gobierno, en esa medio lengua que alguien debería
revisar para que pudiera ser digerible y no alfalfa –decir
“compatriotas de nuestro país” está fuera de la lógica y de la
gramática- nos promete, como si fuera la primera promesa que
incumple un fabricante de señuelos, que el 70% de la población
estará vacunada a finales de agosto. ¿Y si no lo está, qué hacemos?
Echar la culpa a las vacunas, a los fabricantes, o al sursuncorda,
pero nada que tenga que ver con su responsabilidad. ¿No había
prometido que eso sucedería en abril? La historia va de millares de
muertos y cada cadáver tiene un culpable.
El Estado es como “la nube” en los ordenadores; cabe todo. Hay
ciudadanos que jamás dicen España sino Estado. Un ejercicio de
brujería filológica, como los antiguos no pronunciaban Satanás, ni
el Maligno. Hay que ser un escolástico sin saberlo para creer que si
no dices el nombre “de la cosa”, como por ensalmo, “la cosa” deja de
existir. Nunca olvidaré aquellos artículos de los abertzales donde
en la página deportiva se refería a “las nadadoras del estado
español”, convirtiéndolas a todas en funcionarias.
La brujería filológica es una variante de la ceguera mental y tiene
mucho de atavismo religioso que da a la palabra un valor
sobrenatural. Un curioso contraste con la realidad política donde
las palabras carecen de entidad y tienen un período de caducidad
bajísimo. Bastaría la colección de patochadas sobre la pandemia, esa
especie de “vamos a contar mentiras” que sin embargo deja un
resultado de muerte y desolación. ¿Hay alguien que pueda pronosticar
cuál será la próxima aventura pandémica? Si no saben, que lo digan.
Si están jugando el manido juego de prueba-error la verdad es que
deberían anunciarlo. A veces da la impresión de que estamos en el
antiguo servicio militar, donde predominaba “el arte del escaqueo”,
o cómo quitarse de responsabilidades echándoselas al inferior en
rango. Si la indignación sube de tono se apela a no exagerar ni ser
alarmistas. Estamos vendidos en un mercado de codiciosos
incompetentes.
Lo tendrían muy crudo los jefes del cotarro si no calcularan con
precisión cronométrica un tema que descargue la adrenalina que va
incubando el personal. Si no existiera la batalla electoral de
Madrid habría que inventar algo. Estén atentos al presidente
Sánchez. Su equipo tiene que mantener la atención sobre lo que sea,
menos lo que le corresponde a él, y si se agota Tezanos, hay que
echar mano de Ciudadanos y si no de Vox. Los reaccionarios de Vox
dan mucho juego y consienten convertirse en protagonistas a cambio
de llenar portadas y meter miedo a quien no tiene ninguno. Si de
verdad ese fuera el fascismo que nos amenaza estaríamos ante un
peligro que el actual Estado sería el primero en abordar, pero son
como la bruja de la escoba en el ferrocarril de la feria: no asustan
a nadie que no esté predispuesto a exclamar “ya están aquí”. Si la
democracia tuviera que defenderse no quiero imaginar qué harían los
descerebrados del “antifascismo quemacontenedores”.
Vivimos amparados por leyes en manos de una sociedad que otorga a
Vox los votos necesarios para ser el tercer partido de España, y eso
sólo se puede entender a partir de sufrir un Estado desparramado
entre la ambición de poder y la miseria de unas instituciones
corruptas. No hay nada peor que un Estado que te sangra y no cumple.
De ahí nace la rebelión o la mafia.
Decadencia y caída del Estado de Derecho
español
Guadalupe Sánchez. vozpopuli.es 10 Abril 2021
Esto es una estrategia más del Gobierno para atacar a Ayuso en
campaña electoral, a través de su propio partido y, especialmente,
de algunos barones
Cuarenta años de democracia han permitido a muchos ciudadanos
permanecer ajenos a lo que supone vivir en libertad. A la
importancia de tener un sistema de contrapesos ágil y efectivo que
defienda a los españoles de la arbitrariedad del poder. Creyeron que
nuestras libertades estaban ahí, sin más.
Menos de un año y medio de Gobierno socialcomunista y una pandemia
han bastado para volar la estructura sobre la que se asienta nuestro
Estado de Derecho. Sus cimientos se forjaron en torno a las buenas
intenciones de nuestra clase dirigente, asumiendo que habría líneas
rojas que jamás se atreverían a traspasar. Por eso los apuntalaron
con un Tribunal Constitucional politizado e inoperante, cuya reforma
no se ha considerado como algo urgente a pesar de que hay sentencias
que se eternizan en el tiempo. Unos diez años llevamos esperando la
del aborto, nada menos. Pero nadie le da importancia porque ha
calado en el electorado la idea de que lo peor de lo que se puede
acusar a un político es de corrupto, ya sea por malversación o por
prevaricación. De la corrupción que supone colonizar e ideologizar
las instituciones y utilizar atajos legales para burlar el sistema
de contrapesos y vulnerar nuestros derechos, que es igual o más
grave que la otra, no se habla.
Muchos ciudadanos has preferido ignorar deliberadamente cuestiones
básicas sobre el funcionamiento de un ordenamiento jurídico
democrático, si bien es justo decir que el Estado tampoco ha puesto
empeño en revertirlo. Al contrario: lo han reducido a cuitas de
políticos, jueces y abogados. Y se ha aceptado sin más porque es mas
fácil creer que nuestras libertades, una vez conquistadas, no
requieren de mantenimiento. Mi amigo John Müller habla de que hay
varias generaciones que creen que del grifo siempre salió agua
caliente. Aplíquese al tema que nos ocupa.
Algo que cualquier español con el graduado escolar -ahora ESO-
debería saber es que no todas las normas tienen el mismo rango.
Algunas pueden utilizarse para limitar derechos fundamentales del
individuo y, por eso, su aprobación requiere de una mayoría
cualificada y de unos requisitos formales especiales para su
aprobación: son las leyes orgánicas. Recurrir a ellas para suspender
o restringir libertades no es ni un trámite burocrático ni un mero
capricho jurídico: es una salvaguarda frente a las pulsiones
totalitarias, un contrapeso formal. La Constitución veta
expresamente que pueda utilizarse el Real Decreto Ley, idóneo en
situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, para limitar los
derechos y libertades de su Título I (art. 86.1).
¿Qué se hizo del 'plan b'?
La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto que el proceder
imprudente y la falta de previsión en la adquisición de material
sanitario puede hacer necesaria la adopción de medidas drásticas. Y
el ordenamiento jurídico está preparado para ello, pues cuenta con
la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción
y sitio. Pero estos estados suponen una excepcionalidad
constitucional, pues alteran el normal funcionamiento de las
instituciones y dotan al Ejecutivo de facultades extraordinarias.
Así que no están diseñadas para prolongarse en el tiempo, sino para
lidiar con las primeras embestidas, por explicarlo de una manera
coloquial.
Por eso existen las leyes orgánicas sanitarias, especialmente la LO
3/1986, que permite a las autoridades del sector–entre las que se
encuentran las CCAA- adoptar las medidas que se consideren
necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Eso sí,
deberán ser ratificadas judicialmente. Porque si cediésemos a
nuestra clase dirigente la posibilidad de acordar las medidas que
considere pertinentes para proteger la salud, sin mayor tipo de
control, estaríamos listos.
Pues no se lo van a creer, pero es lo que pretenden. Voy a ver si
consigo explicárselo sin que les resulte tedioso. No sé si recuerdan
que, tras negar Su Persona por activa y por pasiva la existencia de
un 'plan b' al estado de alarma decretado en marzo, el Gobierno
decidió que gestionar el coronavirus sólo les traería desgaste y les
restaría votos. Así que para la gestión de la segunda ola, dejaron
en manos de las autonomías adoptar las medidas oportunas, con la
previa intervención de los tribunales. Sánchez e Illa sólo
aparecerían para obtener rédito electoral o comunicar buenas
noticias, aunque éstas no fueran ajustadas a la realidad. Así que se
convirtieron en el mejor valedor de un 'plan b' cuya existencia
hasta entonces negaban.
No contaban con que algunos tribunales iban a mostrar dudas sobre el
alcance de las medidas que las CCAA estaban adoptando al amparo de
esa legislación sanitaria, pues “cualquier medida que se considere
necesaria” puede parecer excesivo en una materia en la que rige el
principio del favor libertatis: en caso de duda, siempre la
interpretación más favorable al derecho y, por lo tanto, contraria a
su limitación. Ante esta situación, la vicepresidenta Calvo se
comprometió a acometer las reformas legislativas necesarias para
solventar las dudas interpretativas de los tribunales. Algo que no
sucedió a pesar de que lo recomendó el Consejo de Estado en un
informe que se guardó en el cajón para que no molestase.
Así que para enfrentarse a la tercera ola, volvieron a recurrir a la
situación de excepcionalidad constitucional que supone el estado de
alarma, pero esta vez sin mancharse las manos con la gestión -cedida
a las CCAA- y sin ni tan siquiera respetar los límites temporales
que marca la Constitución: una prórroga de seis meses nada menos,
cuando hay muchos juristas que dudan de que puedan superar los
quince días o, en su defecto, los sesenta días establecidos como
duración máxima del estado de excepción.
Como cabía esperar, el Gobierno socialcomunista ha utilizado el
estado de alarma de forma torticera, arbitraria, desproporcionada y
acientífica, muchas veces para legislar sobre cuestiones que nada
tienen que ver con la salud. Y la mayoría de CCAA, también. Los
recursos que se han interpuesto por ello ante el Tribunal
Constitucional duermen el sueño de los ángeles.
La única comunidad autónoma que puso pie en pared ante la orgía
prohibitiva en la que se embarcaron todos fue Madrid, cuya
presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha venido negando a declarar
incompatible la protección de la salud con la libertad y la
economía. Ha puesto en práctica la ponderación de derechos, ha
construido un hospital especializado en tiempo récord y se ha
rodeado de un equipo sanitario decidido a enfrentarse al virus con
técnicas innovadoras, rechazando los confinamientos severos
medievales. Y le ha funcionado y le sigue funcionando. Algo que el
Gobierno y otros líderes autonómicos -algunos de su propio partido-
no pueden soportar. Básicamente porque les retrata.
Así que llevan en campaña contra Ayuso desde el verano. Ya en
septiembre empezaron a esbozar la caricatura de Puigdemona castiza,
y ahora con la convocatoria de elecciones en Madrid hasta se atreven
a hablar de un procés madrileño. Pero a Ayuso no le van a poner una
mesa bilateral de diálogo para intentar seducirla, como a los
independentistas catalanes sediciosos. Van a por ella con todo.
Hechos consumados
La última es anunciar que no van a prorrogar el estado de alarma una
vez éste decaiga el día 9 de mayo, justo después de las elecciones
madrileñas. Todo aliñado con una defensa inusitada del 'plan b' por
parte de Carmen Calvo. Ahora resulta que vale para lo mismo que el
estado de alarma, tras haberlo negado por activa y por pasiva. Se
afirma incluso que ni el Gobierno ni ninguno de los partidos que
superan los 50 escaños recurrirán las normas que adopten las CCAA en
forma de decreto o real decreto ley para limitar derechos
fundamentales de sus ciudadanos, aunque sea palmariamente
inconstitucional (de ahí el acuerdo para no acudir al Tribunal
Constitucional e imponer las restricciones por la vía de los hechos
consumados). Tanto golpe en el pecho sobre el constitucionalismo
para esto.
La torpeza de muchos líderes del PP no les deja ver -o sí, que nunca
se sabe- que esto es una estrategia más del Gobierno para atacar a
Ayuso en campaña electoral, a través de su propio partido y,
especialmente, de algunos barones. Es una rebelde que hasta va en
contra de las directrices de su partido. Otra vuelta de tuerca a la
hipérbole ayusofóbica.
Pero la realidad es que, una vez celebradas las elecciones, nada
impide que el Gobierno declare otro estado de alarma. Algo que, por
cierto, no es en absoluto descartable. Y mientras ellos mueven sus
piezas en el tablero electoral, nuestro Estado de Derecho desaparece
lentamente por el sumidero de la política española.
Juego limpio con la alarma
Sánchez está ocultando a la oposición informes de la Abogacía del
Estado que ha utilizado en favor del Gobierno para negarse a aprobar
leyes contra la pandemia.
Editorial ABC 10 Abril 2021
A Pedro Sánchez le está sucediendo aquello de que uno es dueño de
sus silencios y esclavo de sus palabras. Cuando se discutía la
prórroga del estado de alarma en el mes de mayo, el presidente del
Gobierno leyó a la oposición párrafos de un informe solicitado a la
Abogacía del Estado, en el que este organismo afirmaba que las
restricciones a la movilidad solo eran posibles con el estado de
alarma, no con las leyes sanitarias vigentes. La tesis actual del
Gobierno es la contraria -que sin alarma es posible imponer
restricciones de movilidad-, negándose a sí mismo una vez más con
tal de evadirse de su responsabilidad de cara al verano y endosar a
las comunidades autónomas la carga de las malas noticias a los
ciudadanos. Además, el informe del Consejo de Estado conocido estos
días sobre el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra
las medidas de vacunación de la Xunta de Galicia apuntaba
directamente a la necesidad de reformar la ley sanitaria general,
precisamente para tener ese famoso plan B legislativo tras el estado
de alarma.
Incoherencias al margen, que cada día son menos noticia porque son
el santo y seña del Gobierno, ese informe de la Abogacía del Estado
fue ocultado por La Moncloa al Congreso de los Diputados. Lo reclamó
la presidencia de la Cámara Baja a instancias de la diputada de Vox
Macarena Olona, pero el Gobierno dio de nuevo la callada por
respuesta. Ahora, el partido de Santiago Abascal ha recurrido ante
el Tribunal Supremo la denegación silenciosa del informe de la
Abogacía del Estado y los magistrados han decidido admitir a trámite
la reclamación. Eso sí, con la oposición de la Abogacía del Estado.
Es una constante del mandato de Pedro Sánchez su incompatibilidad
con la transparencia, desde la ocultación del uso de medios públicos
para actividades privadas, pasando por el dictamen del Consejo de
Estado sobre el decreto de fondos europeos, y llegando al informe
‘fantasma’ de la Abogacía del Estado que le da la razón frente a la
oposición en relación con el estado de alarma.
El deterioro de la democracia española se localiza allí donde el
Gobierno tiene poder de decisión o de influencia. El Estado de
derecho se sostiene por los jueces, y la estabilidad institucional
tiene en la Corona su piedra angular. Pero el control democrático al
Gobierno, las relaciones con los medios, y la información a los
grupos parlamentarios han entrado en una deriva de sombras
antidemocráticas. Los usos del presidente, entre mentiras, silencios
y opacidades, no son los propios de un representante democrático de
la Europa del siglo XXI, sino de un político caciquil del XIX. Tanto
le da lanzar insidias sin pruebas sobre las cifras de contagiados en
Madrid, como anunciar el éxito de una vacunación que no controla.
Las democracias no solo son mayorías parlamentarias y números de
votos. Son también usos y convenciones que implican respeto y
compromiso con los principios de la representación política, el
control parlamentario y la opinión de la sociedad. La calidad del
sistema democrático se basa también en intangibles de buen gobierno,
más allá del dictado de la norma jurídica o de la treta política
para engañar al adversario. Sánchez está convirtiendo el escenario
democrático en un callejón oscuro. Debe asumir que ser jefe del
Ejecutivo de una democracia no le da derecho a satisfacer como
quiera y cuando quiera sus impulsos partidistas, ni a creerse con
legitimidad para socavar los valores que generan la confianza de los
ciudadanos en sus instituciones. Quizá sea mucho pedir, pero Sánchez
debería empezar a jugar limpio.
El masoquismo de los corderos
Eduardo Goligorsky. Libertad Digital 10 Abril 2021
Apostemos por la rebelión de los corderos. En las elecciones del
14-F, 600.000 de ellos ya abandonaron el rebaño.
Un millón y pico de ciudadanos (apenas el 27% del censo) se han
dejado guiar en Cataluña, como mansos corderos, hasta una pantalla
que representa la Ítaca mítica. Una pantalla detrás de la cual se
abre un abismo insondable. Son ellos quienes han entronizado, con
sus votos, a la camarilla que los engaña, los maltrata, los humilla
y los empobrece. La resignación con que aceptan su martirio y jalean
a los abusadores limita con el masoquismo.
Pruebas contundentes
La pantalla se ha roto y los corderos han caído en el abismo.
Pruebas contundentes (“Retos de gobierno en Catalunya”, LV, 4/4):
El segundo gran reto de gobierno que tiene Catalunya [después de la
pandemia] es el social, que se refleja en los 512.000 parados
registrados en las oficinas de empleo, 117.000 más que hace un año,
a los que hay que sumar 192.902 trabajadores asalariados afectados
por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y otros
58.899 autónomos que se encuentran en suspensión de actividad. Uno
de cada cinco ciudadanos se encuentra, además, por debajo del umbral
de la pobreza.
Este colosal drama social, que es consecuencia de la brutal recesión
que ha sufrido Catalunya en el 2020, con un retroceso del producto
interior bruto del 11,5% –el más elevado de Europa–, exige una
urgente suma de esfuerzos para poder hacerle frente con éxito.
Las incertidumbres creadas ya antes de la pandemia a causa del
proceso independentista se mantienen larvadas y frenan muchos
proyectos e inversiones, tanto autóctonas como extranjeras. La fuga
de empresas no se ha detenido todavía.
Atisbo de esperanza
Hubo un atisbo de esperanza en la reacción de la sociedad civil
cuando 291 entidades y empresas escenificaron el 4 de marzo, en la
Estación del Norte de Barcelona, la lectura del manifiesto Ya basta!
Concentrémonos en la recuperación, en el cual repudiaban el
vandalismo de las hordas (sin especificar su filiación
independentista) y se pronunciaban contra la inacción política
frente a la crisis. Escribió entonces Manel Pérez (“Barcelona: El
mundo nos mira”, LV, 5/3):
A nadie debe extrañar que protesten y se lamenten. Más atinado sería
preguntarse por qué no ha pasado antes. Las aguas empresariales
bajan turbias, especialmente las de los más pequeños, tras muchos
años de vacas flacas y sin expectativas de mejora a corto plazo.
El columnista se pregunta por qué las protestas y los lamentos no se
hicieron oír antes. Enseguida le daremos la respuesta.
Cómplices de los sádicos
Si la situación era angustiosa cuando se produjo la concentración
empresarial, hoy es mucho peor, con la Generalitat acéfala mientras
dos caudillos atrincherados al margen de la ley –uno en un cenobio
de lujo local y otro en una mansión palaciega extranjera– movilizan
a sus súbditos con tácticas barriobajeras para que les sirvan en
bandeja el trono de los irredentos Països Catalans.
El atisbo de esperanza fue pasajero. La burguesía promotora del Ya
basta! vuelve a callar, como antes de la manifestación. O mejor
dicho, ojalá toda ella callara. Porque una parte se suma
ostensiblemente al guirigay secesionista, ya sea desde cámaras
empresariales, colegios profesionales, clubes deportivos o rectorías
de universidades. Algunos, como ironizó Antoni Puigverd, besan las
piedras con que los ultras del procés les rompen los escaparates.
Ojo, estos privilegiados no son masoquistas sino cómplices activos
de los sádicos que llevan la voz cantante en Cataluña. Los
masoquistas son los humildes flagelados que votan desde el llano a
quienes les infligen las heridas materiales y morales.
Fenómeno contra natura
El hecho de que este fenómeno contra natura no genere una reacción
unánime para expulsar del poder a los culpables es doblemente
entristecedor cuando se piensa que las luchas intestinas entre los
responsables de la debacle dejan al descubierto la falta de
escrúpulos de todos ellos, junqueristas y puigdemontistas, cuyas
motivaciones son exclusivamente rapaces y opuestas al progreso y el
bienestar de su entorno humano.
Harto del cinismo que derrochaban algunos de sus colaboradores
cuando era director de La Vanguardia, Marius Carol se desahoga (“A
un palmo de la gloria”, LV, 4/4):
Esta semana Sebastià Alzamora escribía en el Ara: “Hemos llegado al
punto en que la independencia se ha convertido en la excusa que
utilizan los partidos independentistas para justificar el callejón
sin salida en que se han metido ellos solos”. Y añade: “¿Entonces
qué? Entonces nada: ningún partido independentista se atreverá a
decir que no pueden hacer la independencia, de manera que
continuarán prometiéndola mientras funcione como anzuelo electoral”.
El problema es que Catalunya merece ser gobernada, su Estado de
bienestar debe ser salvado y sus ciudadanos se merecen que no les
tomen el pelo. Y vamos tarde.
La última víctima
Los guardianes de la ortodoxia supremacista son implacables con los
herejes que cuestionan el dogma. La última víctima de los
inquisidores ha sido nada menos que el abogado de Carles Puigdemont
y segundo secretario de la Mesa del Parlament en representación de
la fundamentalista Junts, Jaume-Alonso Cuevillas. La dictadora
imputada del Parlament, Laura Borràs, lo fulminó de su cargo porque
se atrevió a dudar públicamente de que la Cámara catalana deba
continuar adoptando determinados actos de confrontación con el
Estado (contra el Rey y a favor de la autodeterminación) que “no
llevan a ninguna parte” y, en cambio, pueden acarrear consecuencias
penales. Una bestiesa (tontería), a su juicio.
En síntesis, si los ciudadanos abducidos por las sectas
supremacistas se detuvieran a analizar con espíritu crítico los
argumentos de sus adversarios, pero, sobre todo, las
descalificaciones y acusaciones que se intercambian los oligarcas y
rufianes de su propio bando, seguramente se curarían de su patología
masoquista y no les regalarían ni un solo voto a los embaucadores
carroñeros. Entonces ellos recuperarían su vida normal y toda España
les quedaría agradecida.
Apostemos por la rebelión de los corderos. En las elecciones del
14-F, 600.000 de ellos ya abandonaron el rebaño.
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