AGLI Recortes de Prensa   Sábado 10  Abril  2021

El Gobierno expoliador azuza a los inspectores contra el contribuyente
EDITORIAL Libertad Digital 10 Abril 2021

Decía Ludwig von Mises en La acción humana: “El arma principal con que (...) cuenta el intervencionismo en su afán confiscatorio es el impuesto”. Casi un siglo después, sigue siendo sangrantemente cierto.

A la desesperada, Hacienda ha puesto a pleno rendimiento la maquinaria del aparato coactivo del Estado para multiplicar la recaudación. Ante el calamitoso estado de las cuentas públicas, la Agencia Tributaria pretende exprimir a modo a los contribuyentes, y para ello ha decidido azuzar a sus perros de presa, los inspectores. Así, la AEAT ha decidido incentivar a sus 24.000 funcionarios con el mayor bonus de los últimos años: nada menos que 100 millones de euros, el doble que el año pasado.

Lo que le faltaba a una España que padece su mayor crisis económica en tiempos de paz, con el desempleo real salido de madre y el sector productivo bregando por la mera supervivencia.

Y todo porque las cuentas no cuadran. Ya advertimos de que los Presupuestos de 2021 asumían unas estimaciones imposibles para una economía en ruinas como la española. El tiempo ha confirmado que los cálculos del Gobierno social-comunista no tenían un pase. El jueves, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se convertía en el último organismo en rebajar su previsión de crecimiento económico para España, y el viernes era el propio Gobierno el que tenía que recular. Así, Nadia Calviño volvía a hacer un papelón al reconocer que el crecimiento no iba a ser del 9,8% sino del 6,5%, desfase insólito que retrata perfectamente al hatajo de incompetentes que está al frente de la economía nacional.

Para más inri, la Airef ha reducido en una cuarta parte el ambicioso plan recaudatorio contra el fraude de María Jesús Montero. Si la insolvente intelectual que comanda Hacienda consignó en los Presupuestos que el Estado ingresaría 800 millones de euros por este rubro, el referido organismo aupunta que apenas serán 217. Por eso Montero ha recurrido a los inspectores con ese bonus ominoso mientras millones de familias españolas se las ven y se las desean para llegar a fin de mes.

Que España haya sido el país desarrollado que peor rindió en 2020 y exhiba unas cifras de paro vergonzosas son razones más que suficientes para cambiar radicalmente de política económica y fiscal. Un Gobierno que celebra que se haya cerrado marzo con casi 4 millones de desempleados oficiales –más de 5 millones reales– es un Gobierno miserable, indigno e incompetente. Un Gobierno que es una amenaza de primer orden para la sociedad. El peor Gobierno en el peor momento posible.

Rabiosa impotencia de Sánchez frente a Ayuso
OKDIARIO  10 Abril 2021

El mayor embustero, el farsante que lleva un año falseando, tergiversando y manipulando la realidad sobre la pandemia, el responsable máximo de la caótica gestión que soportan los españoles, ha salido en rueda de prensa a acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de hacer trampas con las cifras de contagiados. Cómo de desesperado tiene que estar el socialismo para recurrir a una acusación tan inmoral como esta. Sánchez lo ha vuelto a hacer: es capaz de sobrepasar todas las líneas de la decencia con tal de evitar que Ayuso siga siendo presidenta del Gobierno de Madrid. Una acusación tan grave sólo es capaz de hacerla quien carece de escrúpulos y es capaz de utilizar algo tan serio como la salud de los madrileños como repugnante baza electoral.

Si Sánchez tiene pruebas de que la Comunidad de Madrid está manipulando los datos, su obligación es decir claramente cómo y en qué. Tirar la piedra y esconder la mano es de una cobardía que retrata al personaje. Lo que ha quedado claro es que Pedro Sánchez ha decidido tomar las riendas de la campaña socialista ante las elecciones del 4M. Ángel Gabilondo no le vale, porque, por lo visto, hay que tener un cuajo especial y muy pocos escrúpulos para liderar una campaña socialista. Y como Sánchez no tiene vergüenza ha decidido que será él quien lleve la voz cantante contra Ayuso.

La rabia de Sánchez es fruto de la impotencia y la prueba del nueve de que el socialismo no encuentra la forma de impedir que Ayuso siga creciendo en las encuestas. La acusación del presidente del Gobierno es el mejor sondeo: cuanto más graves sean sus descalificaciones, señal de que la presidenta de la Comunidad de Madrid continúa creciendo en intención de voto. El mayor embustero de la reciente historia política de España ya no sabe qué hacer para evitar que Ayuso arrase en las elecciones.

Optimistas
Nota del Editor 10 Abril 2021

El dr cum fraude tiene muchos conejos en la chistera. No se trata de optimismo ni pesimismo, la historia reciente demuestra que cualquier cosa por perjudicial que resulte para España, es un arma de destruccion de España en manos del desalmado.

Es fundamental apoyar y votar a Vox, único grupo de personas que no cambian de escenario ni de principios, no como el PP que nos ha tomado y sigue tomando por ovejas descerebradas.

La ultraizquierda pretende estallar España
Carlos Dávila okdiario  10 Abril 2021

La izquierda sabe muy bien lo que hace: si no hay votos que haya violencia. Claro está que tras una afirmación como ésta vendrán los políticamente correctos para plantear un par de descalificaciones: la primera, que no todos los militantes de ese espectro ideológico son los bárbaros de Vallecas ahora, o de Vic en el mes de febrero. La segunda, que la izquierda del PSOE y Sánchez nada tienen que ver ni con los disturbios, ni con sus promotores. Bien, pues por ahí no paso. Hablo en primera persona para escribir a continuación estas tres cosas: que la Policía mandada por ese ministro ilegal, Marlaska, ya en varias ocasiones, la última vez en Madrid el pasado miércoles, no ha protegido en absoluto la libertad de un partido político para exponer sus ideas y sus planes allá donde le parezca más adecuado. Desde este punto de vista, el Gobierno de la nación se ha comportado como cómplice de los atracadores que apalean a los militantes de una formación legal. Pero es que además -y esto es nuclear- los atacantes de la ultraizquierda son socios de fortuna del Gobierno de Sánchez, por eso ni éste, ni sus colaboradores han sido capaces (como tampoco lo fueron en Cataluña) de condenar sin ambages la conducta violenta de sus aliados.

Hay por último otro elemento que culpabiliza directamente a los sembradores de odio. Los conmilitones de Sánchez, Iglesias y sus tropa de indeseables, llevan desde que aparecieron excitando a sus masas contra quienes, sólo por eso, no piensan, ni actúan como ellos. Durante esos años, Iglesias, su pareja Irene Montero, Echenique y demás ralea, han estado atizando la rabia violenta de toda una comunidad, la de la ultraizquierda, contra la derecha más exigente, por más que ésta se radicalice antes con planteamientos políticos inasumibles, pero nunca cercanos a la mínima expresión de violencia. La Transición, con mucho esfuerzo, con gran piedad, por qué no decirlo así, cerró de las bocas de los españoles cualquier apuesta por el odio. Pues mal: el odio ya es una característica muy señalada de la actual vida española. Desde las Cortes a la calle, la inquina, la saña, el rencor, el aborrecimiento, son los puñales que se esgrimen como principal argumento de oposición. Algunos venimos advirtiendo que estamos a punto del enfrentamiento civil, si es que ya no hemos caído en él. La ultraizquierda, camelada por el PSOE, está dispuesta a articular esta campaña para las elecciones del 4 de mayo, como una ocasión para borrar del mapa a los que considera no ya sus rivales políticos, sino directamente sus enemigos políticos.

Así están las cosas en que, según se escucha en casi todas las tertulias del país, estamos a punto de estallar. Hace años, la izquierda ya ensayó otra oportunidad como ésta. Se debe recordar que en la campaña para elegir a un alcalde de Madrid, el ala más radical del PSOE, se opuso a la alternativa de Alianza Popular llevando hasta extremos insólitos la agresividad contra el aspirante de este partido. Él tuvo que soportar, también curiosamente en Vallecas, la acometida de vándalos como los de ahora. La historia ha dado un giro radical y el ayer agredido, Jorge Verstrynge, forma parte, en su facción más extrema, de los que atacan a Vox. Naturalmente que aún se han escuchado reacciones llegadas de este ámbito que inculpan e insultan a los apaleados por actuar como provocadores. Echenique, segundo de Iglesias, ha tildado de “pijos” e “incitadores” a quienes usan su libertad para expresar sus propuestas donde quieran y como quieran.

Es momento de asegurar que Sánchez está alimentando esta radicalidad por su concomitancia con estos indeseables que, encima, cobran de nuestros impuestos asentados en el Gobierno de coalición, y que, a mayor abundamiento, excita los ánimos rompiendo la sociedad española en dos mitades, y gobernando sectariamente para unos en detrimento de los demás. Estamos colocados en el límite de la confrontación, un límite que cada vez hay que contemplarlo con mayor preocupación. No parece que en los próximos días la ultraizquierda rebaje la intensidad de sus arremetidas, de sus asaltos, antes bien existe la impresión que, constatado como tienen que Madrid no es su plaza, que no es el centro donde puede instalar su revolución soviética o caribeña, ¡qué más da para el caso!, intenten alterar la calle hasta que la paz no sea posible. Por más que pretendamos edulcorar la realidad o disimular, esta es la panorámica que se otea desde la mayor de las inquietudes. Esto está a punto de estallar; la prueba más evidente la hemos vivido esta semana en la capital de España. La reconciliación en nuestra primera democracia de los setenta, ha sido sustituida por el odio. Son los políticos los que exaltan a las masas y no al revés. Para los fines de esta ultraizquierda abisal que soportamos, la libertan no existe, o al menos no existe la de los demás. Su plan es articular un sistema donde toda arbitrariedad sea posible, donde los no creyentes sean demolidos como bichos incómodos. Si para eso falta que explote el país, no importa: que explote. Ya no estamos en el embrión de esa terrible sociedad, nos encontramos insertos en su gestación. La ultraizquierda pretende que España estalle. Los sucesos de esta semana lo previenen: estamos a punto.

Comunistas
Nota del Editor 10 Abril 2021

Ultraizquierda, progresismo, socialismo, feminismo, todo palabras para edulcorar la realidad: son comunistas, de los mismos que pisotean Cuba, Venezuela, etc., Corea del Norte, China y de los 100 millones de asesinados.

El principio del fin
Juan Manuel López Zafra. vozpopuli.es 10 Abril 2021

"Estamos ante el principio del fin de esta pandemia”

No todo es culpa de Sánchez, como tampoco nada es acierto suyo. Cuando tuvo la ocasión de negociar por su cuenta, puso su suerte y nuestro futuro en manos de la Comisión, y hoy es fácil criticarle por ello. Es su empeño en crear expectativas y negar la realidad lo que debe hacernos reflexionar. Un presidente que trata constantemente a sus ciudadanos como menores de edad, que jamás ha asumido su responsabilidad, que la ha derivado en las comunidades autónomas después de arrogarse un mando único, es lo censurable. Cuando a estas alturas todo el mundo es consciente de que la estrategia europea de compra de vacunas se ha mostrado como un enorme fiasco, como ya señalé en enero aquí mismo, al volcar todo sobre el precio pensando en un mercado libre y despreciando el hecho de que sólo dos empresas, si acaso tres, podían suministrarlas en la cantidad y en el tiempo requeridos, nuestro presidente nos vuelve a recordar, por cuarta vez al menos, que ya encaramos el principio del fin.

No le bastó dar por derrotado al virus en junio, no le bastó desvanecerse en la segunda ola, no le bastó acosar a unas comunidades autónomas mientras salvaba a otras de los cierres, para que ahora, de nuevo, nos ofrezca una luz en la que el mérito, de lograrse, será del proveedor, la Comisión, y será de quienes ejecuten el plan, las comunidades, y en el que él es un mero convidado de piedra, un Don Tancredo que se mueve más por los golpes que por la habilidad de anticipar los efectos del virus. Desde marzo de 2020, nuestro Gobierno siempre ha tenido una actitud reactiva, nunca proactiva. Jamás se ha preocupado de prever, sólo ha adoptado medidas medievales que han supuesto la mayor laminación de libertades de la democracia. Nos tuvo encerrados en casa durante cien días y prorrogó el estado de alarma durante seis meses, mientras mantenía abierto Barajas y el resto de aeropuertos. Ahora, por fin, aprovecha la campaña de las madrileñas para insuflar ánimo a unos votantes, que serán, sin duda, los que jamás cambiarán su voto, porque a nadie puede convencer quien ha hecho de la mentira su forma de gobierno.

Las cuentas del infausto Illa
Las cuentas de la lechera vírica señalan que la semana del 3 mayo, en la que se dirimen las elecciones de Madrid, serán cinco millones de españoles quienes tengan ya la pauta completa; crecerán hasta diez millones un mes después, hasta los 15 la semana del 14 de junio, diez millones más la del 19 de julio y, así, hasta los 33 millones de vacunados a finales de agosto. Se cumplirían, ojalá, las previsiones del infausto exministro Illa, quien en diciembre anunció de 15 a 20 millones de vacunados en mayo-junio. Todo, hasta ahora, nos dice que no será así, también la Comisión, pero no podemos más que tener esperanza y que, efectivamente, por una vez, ni se equivoque ni nos haya mentido. El Gobierno ha señalado que, en los tres primeros trimestres del año, recibirá 12.3 millones de vacunas de AstraZeneca, de las que alrededor de tres millones ya estarían aquí; si el miércoles sólo se iban a administrar a los tres millones de ciudadanos de entre 60 y 65 años, y sumamos los 2.5 millones que se añadieron el jueves con el nuevo cambio de criterio, y suponiendo que ya se hayan vacunado con las dos pertinentes un millón de ellos, quedarían diez millones de dosis por administrar, suficientes para cinco millones de españoles. Parecería que el Gobierno ha ampliado hasta los 69 años la población tratable con AstraZeneca para evitar sobrantes con las vacunas. Por cierto, la EMA ha dicho que es segura. Extraño sería que no lo fuese, cuando las reacciones adversas documentadas son mayores en el ibuprofeno que en ella.

Lo que no hemos escuchado de boca de ningún oficial del Gobierno es el efecto de las vacunas sobre las nuevas variantes. Bueno, sólo aquella astracanada de Simón, hace tres meses, cuando señaló que la cepa británica sería marginal. “Si acaso, uno o dos casos, no más”, le faltó añadir para dotar de memoria completa sus declaraciones. Hoy ya sabemos que la misma es la dominante en 16 de las 17 CCAA, como sabemos que Simón es un perfecto indicador contrarian en las predicciones víricas. Su actitud será premiada con algún cargo con mayor relevancia y sueldo, eso también lo sabemos.

Y de ahí el empeño de toda la administración de ocultar el problema de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y los efectos de las vacunas existentes sobre ellas. Sabemos que la británica se trata correctamente, parece que la brasileña y la californiana también, pero nada se dice de la sudafricana (B.1.351) ni de la ugandesa (A.23.1), de las que ya aparecieron los primeros casos en Europa y en las que las vacunas podrían ser ineficaces, según distintos estudios. Moderna señaló en febrero que la efectividad de su vacuna se podía reducir hasta en seis veces en presencia de la variante sudafricana, la de Johnson&Johnson caería hasta el 60% y la de Pfizer tendría también una significativa reducción. Sudáfrica comenzó a vender las vacunas remanentes de AstraZeneca a finales de marzo, después de retirarla de la cadena de vacunación al comprobar su completa ineficacia en presencia de su variante. Es más urgente que nunca acelerar el proceso de vacunación, para así lograr inmunizar a cuanta más gente, mejor. Sólo cuando el presidente entienda que todos, incluso quienes le criticamos, estamos en el mismo barco, y que deseamos el éxito tanto como él, habrá llegado el verdadero principio del fin.

Trolas de Sánchez y abusos de Iglesias
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 10 Abril 2021

Aquí ando, esperando la vacuna… como millones de españoles, tras haber sobrevivido un año bajo arresto domiciliario. Los indecentes que gobiernan nos toman por la Bernarda, prostituta muy solicitada y popular, pero al enfrentarse a las urnas, mendigan nuestro voto, a cambio de ofertas que jamás cumplirán, por irreales. Buen ejemplo de dicha estafa es el adicto al autobombo, Sánchez, que insiste en ocultar sus trolas de mercadillo, con fatua propaganda. La última necedad que dijo este trilero, “el principio del fin de la pandemia”, no se la cree nadie. Desde que juró que había acabado con el virus hará nueve meses, enterró su credibilidad. Aún esperamos la vacuna millones de españoles.

Recomiendo obviar al cantamañas Fernando Simón, experto oficial del coronavirus. Depositemos nuestras expectativas en los consejos de Margarita del Val y el doctor César Carballo. La inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas avisa de que “no se puede hacer experimentos combinando dosis de vacunas diferentes”, mientras el bobo surfista asegura que los cócteles valen la pena. El emergenciólogo del Ramón y Cajal también nos previene: “El virus no entiende de vacaciones, o lo vencemos o va seguir infectando, la cuarta ola (Simón la tilda de “olita”) no nos la va a quitar nadie”. Conviene escuchar a quienes saben de qué hablan: Del Val, Carballo y Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, que se guía por lo que manifiestan estos sabios.

De trolas, a abusos. El sueño de los sicarios de Iglesias es la tiranía, sueñan con una dictadura que controle el pensamiento y prohíba las libertades. Esa turba de bukaneros, que él alienta, desde la sombra, porque nunca da la cara, como cobarde que es, apedreó a la Policía y a los políticos de Vox cuando estos se disponían a iniciar su primer mitin de campaña en Vallecas. Un tal Pirrakas, gorila del nuevo rico, con antecedentes violentos y supuesta pertenencia a grupo criminal, sabiendo que Marlaska miraba hacia otro lado, lideró un muy sucio ataque que quedará en la memoria de los pacíficos madrileños. Así se las gasta Iglesias, el indigente que llegó a millonario para cagarse en la democracia.

Ahora entiendo que Ángel Gabilondo insista en no pactar “con este Pablo Iglesias” y señale que “a Vallecas se va con propuestas” y no con adoquines. Un socialista sosegado y una hiena comunista jamás podrían entenderse.

La UE respalda a la extrema izquierda con su silencio ante la violencia contra VOX
ampara la demonización de la tercera fuerza política en España
Agustín Benito. https://gaceta.es 10 Abril 2021

La agresión de la extrema izquierda a catorce simpatizantes de VOX, entre ellos a un diputado nacional, y a veinte policías nacionales, en Vallecas el pasado miércoles en el acto de presentación de la candidatura de Rocío Monasterio a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo no ha motivado la condena de la Unión Europea.

Los ataques a VOX han sido una constante desde que este partido logró representación parlamentaria en el año 2018. Desde la famosa ‘alerta antifascista’ decretada por Pablo Iglesias, hoy candidato en Madrid, la demonización y la criminalización contra la formación liderada por Santiago Abascal, tercera fuerza política en España, no han hecho más que recrudecerse.

El pasado miércoles el ataque llegó con piedras, adoquines y botellas. Se escucharon llamamientos a repetir la matanza comunista en Paracuellos en los años 30 y vivas a ETA, la banda terrorista de ultraizquierda que acabó con la vida de casi 900 españoles y que hoy cuenta con su brazo político en las instituciones. Como en el resto de ocasiones, vino patrocinado por Podemos -destacados dirigentes jalearon en sus redes sociales el sabotaje al acto de precampaña de VOX en los días previos-, y contó con la complicidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dejó vendidos a los agentes al dar la orden de no blindar el acto y contener a las hordas comunistas. Pero la UE y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, se mantienen callados.

El propio Sassoli sí se solidarizó la pasada semana con Iglesias tras el supuesto ataque a la sede de la formación en Cartagena (Murcia), en cuya investigación se contempla que sea un “autoataque”. “En Europa no hay espacio para la violencia de ningún tipo, tampoco en política”, subrayó en Twitter. En la misma red social, Iglesias agradeció el mensaje para enfatizar “el compromiso europeo con los valores democráticos” que representa Sassoli es “el mejor aliento para hacer frente a los violentos”.

En noviembre, Iglesias y Sassoli mantuvieron una reunión telemática y ambos coincidieron en hacer frente a la acción de lo que ellos llaman “la extrema derecha” en numerosos países de la UE y que no es otra cosa que la disidencia al globalismo y a la agenda ideológica de la izquierda.

La carta de VOX a Sassoli
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha enviado una carta al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en la que exige una condena de la violencia y tomar acciones contra el movimiento “antifa”.

También ha enviado una notificación a todos los eurodiputados en la que asegura que ni el Parlamento ni ninguna institución comunitaria “puede seguir mirando hacia otro lado ante esta situación aberrante” y denuncia “el mensaje que ese silencio ensordecedor está enviando a la extrema izquierda, a los violentos y a quienes les financian y amparan entre las sombras”. “Hablen. Actúen. Muestren firmeza. Desmárquense. O este Parlamento será cómplice y tan responsable como los violentos”, ha añadido.

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La llegada de la violencia a la política española.
Juan Ramón Moscad Fumadó Periodista Digital 10 Abril 2021

Transcribimos el email recibido del Club de Amigos del ToroTV, sobre las reflexiones del viernes 9 de abril de Julio Ariza, su director, que dice:

«Queridos amigos socios del Club y seguidores del ToroTV,

Este viernes lluvioso voy a centrar mi carta en un solo asunto. La llegada de la violencia a la política española.
En realidad, la violencia no acaba de llegar. Ha estado siempre aquí. La trajo ETA a España. Primero al País Vasco y luego cometiendo terribles atentados criminales por todo el territorio nacional. ETA asesinó a casi 900 españoles, dejó un reguero de más de 7.000 víctimas y unos 200.000 exiliados que tuvieron que salir huyendo del País Vasco.

Si bien ETA actuaba en toda España, el odio estaba concentrado en las filas de la llamada izquierda abertzale en el País Vasco.

Lo novedoso, ahora, de la política española, es que ese odio político ha cruzado el Ebro, y lo ha hecho de la mano de Pablo Iglesias y de la izquierda española.
En el mitin de Vox en Vallecas se oyeron gritos nunca antes escuchados en Madrid; Gora ETA, gritaban cuando Abascal pedía la palabra. Gritar Gora ETA es lanzar un mensaje de odio en forma de amenaza y es también dar vivas al crimen y ciscarse en las víctimas. Gritar Gora ETA es pedir el atentado contra los de Vox. Así de claro.

Gritaban también, mientras lanzaban piedras, ladrillos, estacas, botellas y latas, «A por ellos como en Paracuellos», donde los comunistas asesinaron a más de 4.000 personas sin juicio, por odio ideológico, en una orgía de crimen y de limpieza ideológica que convirtió aquello en un auténtico genocidio. Se asesinó a personas por el mero hecho de creer en Dios, de creer en España o de ser de derechas. Ese grito estremecedor de Vallecas fue una llamada al odio, al crimen y a la guerra civil.
Esa es la herencia de Pablo Iglesias: el odio, la violencia, la llamada al crimen y la vuelta a la guerra.

Pero lo que es más estremecedor resulta es la actitud de los medios de comunicación afines a la izquierda. Todos pudimos ver la lapidación que sufrieron los lideres y militantes de Vox, ante la pasividad del ministro Marlaska.

Y todos pudimos ver también como durante todo el día de ayer las televisiones, las radios, los digitales. los periódicos de la izquierda acudían al mismo mecanismo retórico de la llamada «inversión de la culpa», es decir, convertir a los agredidos en culpables y a las víctimas en responsables de la agresión. Ese mecanismo, repugnante, es viejo y conocido. Siempre lo utilizó el comunismo y a él acudió, invariablemente, el discurso de la izquierda abertzale tras cada atentado de ETA: «algo habrá hecho», decían sus medios afines tras cada asesinato, de manera que la culpa acababa recayendo sobre la víctima, a la que se acusaba de ser amigo de un guardia civil, de un militar o de la policía, por ejemplo.

Ayer, ese «algo habrá hecho» se transformó en la acusación de que Vox va a los barrios de Madrid «a provocar». La consecuencia es que, como provoca, merece la agresión. Ese es el terrible discurso que ha invadido a la izquierda española. Lo que antes se decía para justificar los atentados de ETA contra populares y socialistas, contra policías y militares, contra ciudadanos españoles en el País Vasco, ahora se utiliza para justificar el ataque al enemigo perfecto. el que merece el odio, la ira, la violencia y la muerte.

Mal andamos. El proyecto de ETA, el odio de ETA, los mecanismos mentales de ETA han cruzado el Ebro de la mano de Iglesias. Y la izquierda ha cobrado el discurso. O Hay una rectificación, o este camino nos conduce a lo peor de nuestra historia.

Decir en estas condiciones que España es un país libre y democrático es decir una media verdad.

Vox seguirá acudiendo a expresar sus ideas a todos los barios, porque está en su derecho y porque en todos los barrios hay personas que esperan a Vox. Y porque además lo barrios no son ghetos, territorios comanches de unos o de otros, sino lugares donde la gente tiene derecho a convivir, a discrepar y a expresar sus ideas.
Pablo Iglesias quiere convertir el cinturón sur de Madrid en el Goyerri, pero ni Madrid es Guipúzcoa ni los madrileños nos vamos a dejar. Error de cálculo, Pablo. Vallecas, Vicálvaro, Parla, Getafe, Fuenlabrada, San Blas, Carabanchel etc etc son también Madrid, son también España y está llenos de ciudadanos libres que no quieren ni a Iglesias, ni su odio, ni sus métodos bolivarianos, ni su violencia.

Por eso, todo el grupo de TorotV, de rebelionenlagranja.com va a luchar sin descanso para que Iglesias fracase. Porque España merece algo mejor que ese bolchevique de quinta división y algo mejor que su socio Pedro Sánchez, responsable de que todo esto esté sucediendo en España.

Un abrazo a todos y buen fin de semana. Vamos a ganar esta batalla.

El Estado desparramado
Gregorio Morán. vozpopuli.es 10 Abril 2021

El Consejo de Estado exige al Gobierno cambios legales para no recurrir al estado de alarma

Hace cien años el sueño burgués por excelencia consistía en un Estado fuerte y ahora resulta lo contrario, mientras que quienes pensaban que había que destruirlo hacen todo lo posible por hacerse fuertes en él. Nadie recuerda que el mismo Lenin, que llegó a escribir un panfleto que quería ser clarividente -El Estado y la Revolución (1918)- donde se aspiraba a que cualquier cocinera pudiera ser estadista, acabó sentando las bases para que fuera un carnicero criminal quien se quedara con todo, inaugurando las dictaduras más largas e implacables de la historia.

El Estado ha sido, además del instrumento más sangriento que inventó el hombre, un devorador insaciable de ideologías. El anarquismo firmó su sentencia de muerte cuando tuvo que ejercer el poder y el comunismo dejó de ser el sueño de los desheredados para devenir una casta totalitaria que se hacía llamar Partido de los Trabajadores. ¿Para qué sirve el Estado ante una pandemia? En principio debería ejercer de protector de los ciudadanos y, sin embargo, es una lombriz voraz que cobra impuestos y no cumple lo que promete. La sanidad está en situación de emergencia y usted no sabe a quién reclamar, o quizá lo sepa… pero da lo mismo. Si el Estado no cumple no dejará por eso de exigirle que pague. Curiosa situación la nuestra: debemos tener piedad con el Estado que jamás verterá una lágrima, ni concederá un aplazamiento en lo que considera innegociable: los impuestos. Si el sueño socialdemócrata se vino abajo -otro más- fue porque la cadena de responsabilidades se rompió y volvimos a cien años atrás, pero más viejos y más pobres y más explotados.

Toda esta farfolla teórica viene a cuento ahora que las instituciones del Estado están por los suelos y existe una sensación de fin de época; sabemos lo que perdemos, pero no tenemos ni la menor idea de lo que nos espera, salvo que será malo o muy malo. Y eso se nota en las evidencias del ninguneo a que nos someten los principales actores del Estado. Una sociedad sana y no medularmente corrupta rechazaría que instituciones como el CIS las llevará un delincuente de la manipulación como José Félix Tezanos, veterano en el oficio; yo sé de él desde que daba lengüetadas de satisfacción ante Alfonso Guerra. ¿Qué importa que el Tribunal Supremo considere ilegales las tropelías de la Generalitat y sus secuaces? Ni se acatan y menos aún se cumplen.

¿Y si el Estado estuviera en manos de delincuentes? Probablemente el primer afectado sería el que lo afirmara, porque para eso hay leyes que protegen a los detentadores del Estado. Dejémoslo pues en interrogante. Aplicado a la pandemia sería como decir: si no hay vacunas no pagamos impuestos, y no me venga usted con disculpas. Si osara pedir disculpas por no poder pagar mi tributación, lo primero que harán será sancionarme y “con recargo”. Como defensor de lo público no me quejo de pagar, pero exijo una corresponsabilidad. Esa es la diferencia entre proteger y expoliar.

El presidente del Gobierno, en esa medio lengua que alguien debería revisar para que pudiera ser digerible y no alfalfa –decir “compatriotas de nuestro país” está fuera de la lógica y de la gramática- nos promete, como si fuera la primera promesa que incumple un fabricante de señuelos, que el 70% de la población estará vacunada a finales de agosto. ¿Y si no lo está, qué hacemos? Echar la culpa a las vacunas, a los fabricantes, o al sursuncorda, pero nada que tenga que ver con su responsabilidad. ¿No había prometido que eso sucedería en abril? La historia va de millares de muertos y cada cadáver tiene un culpable.

El Estado es como “la nube” en los ordenadores; cabe todo. Hay ciudadanos que jamás dicen España sino Estado. Un ejercicio de brujería filológica, como los antiguos no pronunciaban Satanás, ni el Maligno. Hay que ser un escolástico sin saberlo para creer que si no dices el nombre “de la cosa”, como por ensalmo, “la cosa” deja de existir. Nunca olvidaré aquellos artículos de los abertzales donde en la página deportiva se refería a “las nadadoras del estado español”, convirtiéndolas a todas en funcionarias.

La brujería filológica es una variante de la ceguera mental y tiene mucho de atavismo religioso que da a la palabra un valor sobrenatural. Un curioso contraste con la realidad política donde las palabras carecen de entidad y tienen un período de caducidad bajísimo. Bastaría la colección de patochadas sobre la pandemia, esa especie de “vamos a contar mentiras” que sin embargo deja un resultado de muerte y desolación. ¿Hay alguien que pueda pronosticar cuál será la próxima aventura pandémica? Si no saben, que lo digan. Si están jugando el manido juego de prueba-error la verdad es que deberían anunciarlo. A veces da la impresión de que estamos en el antiguo servicio militar, donde predominaba “el arte del escaqueo”, o cómo quitarse de responsabilidades echándoselas al inferior en rango. Si la indignación sube de tono se apela a no exagerar ni ser alarmistas. Estamos vendidos en un mercado de codiciosos incompetentes.

Lo tendrían muy crudo los jefes del cotarro si no calcularan con precisión cronométrica un tema que descargue la adrenalina que va incubando el personal. Si no existiera la batalla electoral de Madrid habría que inventar algo. Estén atentos al presidente Sánchez. Su equipo tiene que mantener la atención sobre lo que sea, menos lo que le corresponde a él, y si se agota Tezanos, hay que echar mano de Ciudadanos y si no de Vox. Los reaccionarios de Vox dan mucho juego y consienten convertirse en protagonistas a cambio de llenar portadas y meter miedo a quien no tiene ninguno. Si de verdad ese fuera el fascismo que nos amenaza estaríamos ante un peligro que el actual Estado sería el primero en abordar, pero son como la bruja de la escoba en el ferrocarril de la feria: no asustan a nadie que no esté predispuesto a exclamar “ya están aquí”. Si la democracia tuviera que defenderse no quiero imaginar qué harían los descerebrados del “antifascismo quemacontenedores”.

Vivimos amparados por leyes en manos de una sociedad que otorga a Vox los votos necesarios para ser el tercer partido de España, y eso sólo se puede entender a partir de sufrir un Estado desparramado entre la ambición de poder y la miseria de unas instituciones corruptas. No hay nada peor que un Estado que te sangra y no cumple. De ahí nace la rebelión o la mafia.

Decadencia y caída del Estado de Derecho español
Guadalupe Sánchez. vozpopuli.es 10 Abril 2021

Esto es una estrategia más del Gobierno para atacar a Ayuso en campaña electoral, a través de su propio partido y, especialmente, de algunos barones

Cuarenta años de democracia han permitido a muchos ciudadanos permanecer ajenos a lo que supone vivir en libertad. A la importancia de tener un sistema de contrapesos ágil y efectivo que defienda a los españoles de la arbitrariedad del poder. Creyeron que nuestras libertades estaban ahí, sin más.

Menos de un año y medio de Gobierno socialcomunista y una pandemia han bastado para volar la estructura sobre la que se asienta nuestro Estado de Derecho. Sus cimientos se forjaron en torno a las buenas intenciones de nuestra clase dirigente, asumiendo que habría líneas rojas que jamás se atreverían a traspasar. Por eso los apuntalaron con un Tribunal Constitucional politizado e inoperante, cuya reforma no se ha considerado como algo urgente a pesar de que hay sentencias que se eternizan en el tiempo. Unos diez años llevamos esperando la del aborto, nada menos. Pero nadie le da importancia porque ha calado en el electorado la idea de que lo peor de lo que se puede acusar a un político es de corrupto, ya sea por malversación o por prevaricación. De la corrupción que supone colonizar e ideologizar las instituciones y utilizar atajos legales para burlar el sistema de contrapesos y vulnerar nuestros derechos, que es igual o más grave que la otra, no se habla.

Muchos ciudadanos has preferido ignorar deliberadamente cuestiones básicas sobre el funcionamiento de un ordenamiento jurídico democrático, si bien es justo decir que el Estado tampoco ha puesto empeño en revertirlo. Al contrario: lo han reducido a cuitas de políticos, jueces y abogados. Y se ha aceptado sin más porque es mas fácil creer que nuestras libertades, una vez conquistadas, no requieren de mantenimiento. Mi amigo John Müller habla de que hay varias generaciones que creen que del grifo siempre salió agua caliente. Aplíquese al tema que nos ocupa.

Algo que cualquier español con el graduado escolar -ahora ESO- debería saber es que no todas las normas tienen el mismo rango. Algunas pueden utilizarse para limitar derechos fundamentales del individuo y, por eso, su aprobación requiere de una mayoría cualificada y de unos requisitos formales especiales para su aprobación: son las leyes orgánicas. Recurrir a ellas para suspender o restringir libertades no es ni un trámite burocrático ni un mero capricho jurídico: es una salvaguarda frente a las pulsiones totalitarias, un contrapeso formal. La Constitución veta expresamente que pueda utilizarse el Real Decreto Ley, idóneo en situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, para limitar los derechos y libertades de su Título I (art. 86.1).

¿Qué se hizo del 'plan b'?
La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto que el proceder imprudente y la falta de previsión en la adquisición de material sanitario puede hacer necesaria la adopción de medidas drásticas. Y el ordenamiento jurídico está preparado para ello, pues cuenta con la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Pero estos estados suponen una excepcionalidad constitucional, pues alteran el normal funcionamiento de las instituciones y dotan al Ejecutivo de facultades extraordinarias. Así que no están diseñadas para prolongarse en el tiempo, sino para lidiar con las primeras embestidas, por explicarlo de una manera coloquial.

Por eso existen las leyes orgánicas sanitarias, especialmente la LO 3/1986, que permite a las autoridades del sector–entre las que se encuentran las CCAA- adoptar las medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Eso sí, deberán ser ratificadas judicialmente. Porque si cediésemos a nuestra clase dirigente la posibilidad de acordar las medidas que considere pertinentes para proteger la salud, sin mayor tipo de control, estaríamos listos.

Pues no se lo van a creer, pero es lo que pretenden. Voy a ver si consigo explicárselo sin que les resulte tedioso. No sé si recuerdan que, tras negar Su Persona por activa y por pasiva la existencia de un 'plan b' al estado de alarma decretado en marzo, el Gobierno decidió que gestionar el coronavirus sólo les traería desgaste y les restaría votos. Así que para la gestión de la segunda ola, dejaron en manos de las autonomías adoptar las medidas oportunas, con la previa intervención de los tribunales. Sánchez e Illa sólo aparecerían para obtener rédito electoral o comunicar buenas noticias, aunque éstas no fueran ajustadas a la realidad. Así que se convirtieron en el mejor valedor de un 'plan b' cuya existencia hasta entonces negaban.

No contaban con que algunos tribunales iban a mostrar dudas sobre el alcance de las medidas que las CCAA estaban adoptando al amparo de esa legislación sanitaria, pues “cualquier medida que se considere necesaria” puede parecer excesivo en una materia en la que rige el principio del favor libertatis: en caso de duda, siempre la interpretación más favorable al derecho y, por lo tanto, contraria a su limitación. Ante esta situación, la vicepresidenta Calvo se comprometió a acometer las reformas legislativas necesarias para solventar las dudas interpretativas de los tribunales. Algo que no sucedió a pesar de que lo recomendó el Consejo de Estado en un informe que se guardó en el cajón para que no molestase.

Así que para enfrentarse a la tercera ola, volvieron a recurrir a la situación de excepcionalidad constitucional que supone el estado de alarma, pero esta vez sin mancharse las manos con la gestión -cedida a las CCAA- y sin ni tan siquiera respetar los límites temporales que marca la Constitución: una prórroga de seis meses nada menos, cuando hay muchos juristas que dudan de que puedan superar los quince días o, en su defecto, los sesenta días establecidos como duración máxima del estado de excepción.

Como cabía esperar, el Gobierno socialcomunista ha utilizado el estado de alarma de forma torticera, arbitraria, desproporcionada y acientífica, muchas veces para legislar sobre cuestiones que nada tienen que ver con la salud. Y la mayoría de CCAA, también. Los recursos que se han interpuesto por ello ante el Tribunal Constitucional duermen el sueño de los ángeles.

La única comunidad autónoma que puso pie en pared ante la orgía prohibitiva en la que se embarcaron todos fue Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha venido negando a declarar incompatible la protección de la salud con la libertad y la economía. Ha puesto en práctica la ponderación de derechos, ha construido un hospital especializado en tiempo récord y se ha rodeado de un equipo sanitario decidido a enfrentarse al virus con técnicas innovadoras, rechazando los confinamientos severos medievales. Y le ha funcionado y le sigue funcionando. Algo que el Gobierno y otros líderes autonómicos -algunos de su propio partido- no pueden soportar. Básicamente porque les retrata.

Así que llevan en campaña contra Ayuso desde el verano. Ya en septiembre empezaron a esbozar la caricatura de Puigdemona castiza, y ahora con la convocatoria de elecciones en Madrid hasta se atreven a hablar de un procés madrileño. Pero a Ayuso no le van a poner una mesa bilateral de diálogo para intentar seducirla, como a los independentistas catalanes sediciosos. Van a por ella con todo.

Hechos consumados
La última es anunciar que no van a prorrogar el estado de alarma una vez éste decaiga el día 9 de mayo, justo después de las elecciones madrileñas. Todo aliñado con una defensa inusitada del 'plan b' por parte de Carmen Calvo. Ahora resulta que vale para lo mismo que el estado de alarma, tras haberlo negado por activa y por pasiva. Se afirma incluso que ni el Gobierno ni ninguno de los partidos que superan los 50 escaños recurrirán las normas que adopten las CCAA en forma de decreto o real decreto ley para limitar derechos fundamentales de sus ciudadanos, aunque sea palmariamente inconstitucional (de ahí el acuerdo para no acudir al Tribunal Constitucional e imponer las restricciones por la vía de los hechos consumados). Tanto golpe en el pecho sobre el constitucionalismo para esto.

La torpeza de muchos líderes del PP no les deja ver -o sí, que nunca se sabe- que esto es una estrategia más del Gobierno para atacar a Ayuso en campaña electoral, a través de su propio partido y, especialmente, de algunos barones. Es una rebelde que hasta va en contra de las directrices de su partido. Otra vuelta de tuerca a la hipérbole ayusofóbica.

Pero la realidad es que, una vez celebradas las elecciones, nada impide que el Gobierno declare otro estado de alarma. Algo que, por cierto, no es en absoluto descartable. Y mientras ellos mueven sus piezas en el tablero electoral, nuestro Estado de Derecho desaparece lentamente por el sumidero de la política española.

Juego limpio con la alarma
Sánchez está ocultando a la oposición informes de la Abogacía del Estado que ha utilizado en favor del Gobierno para negarse a aprobar leyes contra la pandemia.
Editorial ABC 10 Abril 2021

A Pedro Sánchez le está sucediendo aquello de que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Cuando se discutía la prórroga del estado de alarma en el mes de mayo, el presidente del Gobierno leyó a la oposición párrafos de un informe solicitado a la Abogacía del Estado, en el que este organismo afirmaba que las restricciones a la movilidad solo eran posibles con el estado de alarma, no con las leyes sanitarias vigentes. La tesis actual del Gobierno es la contraria -que sin alarma es posible imponer restricciones de movilidad-, negándose a sí mismo una vez más con tal de evadirse de su responsabilidad de cara al verano y endosar a las comunidades autónomas la carga de las malas noticias a los ciudadanos. Además, el informe del Consejo de Estado conocido estos días sobre el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra las medidas de vacunación de la Xunta de Galicia apuntaba directamente a la necesidad de reformar la ley sanitaria general, precisamente para tener ese famoso plan B legislativo tras el estado de alarma.

Incoherencias al margen, que cada día son menos noticia porque son el santo y seña del Gobierno, ese informe de la Abogacía del Estado fue ocultado por La Moncloa al Congreso de los Diputados. Lo reclamó la presidencia de la Cámara Baja a instancias de la diputada de Vox Macarena Olona, pero el Gobierno dio de nuevo la callada por respuesta. Ahora, el partido de Santiago Abascal ha recurrido ante el Tribunal Supremo la denegación silenciosa del informe de la Abogacía del Estado y los magistrados han decidido admitir a trámite la reclamación. Eso sí, con la oposición de la Abogacía del Estado. Es una constante del mandato de Pedro Sánchez su incompatibilidad con la transparencia, desde la ocultación del uso de medios públicos para actividades privadas, pasando por el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos, y llegando al informe ‘fantasma’ de la Abogacía del Estado que le da la razón frente a la oposición en relación con el estado de alarma.

El deterioro de la democracia española se localiza allí donde el Gobierno tiene poder de decisión o de influencia. El Estado de derecho se sostiene por los jueces, y la estabilidad institucional tiene en la Corona su piedra angular. Pero el control democrático al Gobierno, las relaciones con los medios, y la información a los grupos parlamentarios han entrado en una deriva de sombras antidemocráticas. Los usos del presidente, entre mentiras, silencios y opacidades, no son los propios de un representante democrático de la Europa del siglo XXI, sino de un político caciquil del XIX. Tanto le da lanzar insidias sin pruebas sobre las cifras de contagiados en Madrid, como anunciar el éxito de una vacunación que no controla.

Las democracias no solo son mayorías parlamentarias y números de votos. Son también usos y convenciones que implican respeto y compromiso con los principios de la representación política, el control parlamentario y la opinión de la sociedad. La calidad del sistema democrático se basa también en intangibles de buen gobierno, más allá del dictado de la norma jurídica o de la treta política para engañar al adversario. Sánchez está convirtiendo el escenario democrático en un callejón oscuro. Debe asumir que ser jefe del Ejecutivo de una democracia no le da derecho a satisfacer como quiera y cuando quiera sus impulsos partidistas, ni a creerse con legitimidad para socavar los valores que generan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Quizá sea mucho pedir, pero Sánchez debería empezar a jugar limpio.

El masoquismo de los corderos
Eduardo Goligorsky. Libertad Digital 10 Abril 2021

Apostemos por la rebelión de los corderos. En las elecciones del 14-F, 600.000 de ellos ya abandonaron el rebaño.

Un millón y pico de ciudadanos (apenas el 27% del censo) se han dejado guiar en Cataluña, como mansos corderos, hasta una pantalla que representa la Ítaca mítica. Una pantalla detrás de la cual se abre un abismo insondable. Son ellos quienes han entronizado, con sus votos, a la camarilla que los engaña, los maltrata, los humilla y los empobrece. La resignación con que aceptan su martirio y jalean a los abusadores limita con el masoquismo.

Pruebas contundentes
La pantalla se ha roto y los corderos han caído en el abismo. Pruebas contundentes (“Retos de gobierno en Catalunya”, LV, 4/4):

El segundo gran reto de gobierno que tiene Catalunya [después de la pandemia] es el social, que se refleja en los 512.000 parados registrados en las oficinas de empleo, 117.000 más que hace un año, a los que hay que sumar 192.902 trabajadores asalariados afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y otros 58.899 autónomos que se encuentran en suspensión de actividad. Uno de cada cinco ciudadanos se encuentra, además, por debajo del umbral de la pobreza.

Este colosal drama social, que es consecuencia de la brutal recesión que ha sufrido Catalunya en el 2020, con un retroceso del producto interior bruto del 11,5% –el más elevado de Europa–, exige una urgente suma de esfuerzos para poder hacerle frente con éxito.

Las incertidumbres creadas ya antes de la pandemia a causa del proceso independentista se mantienen larvadas y frenan muchos proyectos e inversiones, tanto autóctonas como extranjeras. La fuga de empresas no se ha detenido todavía.

Atisbo de esperanza
Hubo un atisbo de esperanza en la reacción de la sociedad civil cuando 291 entidades y empresas escenificaron el 4 de marzo, en la Estación del Norte de Barcelona, la lectura del manifiesto Ya basta! Concentrémonos en la recuperación, en el cual repudiaban el vandalismo de las hordas (sin especificar su filiación independentista) y se pronunciaban contra la inacción política frente a la crisis. Escribió entonces Manel Pérez (“Barcelona: El mundo nos mira”, LV, 5/3):

A nadie debe extrañar que protesten y se lamenten. Más atinado sería preguntarse por qué no ha pasado antes. Las aguas empresariales bajan turbias, especialmente las de los más pequeños, tras muchos años de vacas flacas y sin expectativas de mejora a corto plazo.

El columnista se pregunta por qué las protestas y los lamentos no se hicieron oír antes. Enseguida le daremos la respuesta.

Cómplices de los sádicos
Si la situación era angustiosa cuando se produjo la concentración empresarial, hoy es mucho peor, con la Generalitat acéfala mientras dos caudillos atrincherados al margen de la ley –uno en un cenobio de lujo local y otro en una mansión palaciega extranjera– movilizan a sus súbditos con tácticas barriobajeras para que les sirvan en bandeja el trono de los irredentos Països Catalans.

El atisbo de esperanza fue pasajero. La burguesía promotora del Ya basta! vuelve a callar, como antes de la manifestación. O mejor dicho, ojalá toda ella callara. Porque una parte se suma ostensiblemente al guirigay secesionista, ya sea desde cámaras empresariales, colegios profesionales, clubes deportivos o rectorías de universidades. Algunos, como ironizó Antoni Puigverd, besan las piedras con que los ultras del procés les rompen los escaparates.

Ojo, estos privilegiados no son masoquistas sino cómplices activos de los sádicos que llevan la voz cantante en Cataluña. Los masoquistas son los humildes flagelados que votan desde el llano a quienes les infligen las heridas materiales y morales.

Fenómeno contra natura
El hecho de que este fenómeno contra natura no genere una reacción unánime para expulsar del poder a los culpables es doblemente entristecedor cuando se piensa que las luchas intestinas entre los responsables de la debacle dejan al descubierto la falta de escrúpulos de todos ellos, junqueristas y puigdemontistas, cuyas motivaciones son exclusivamente rapaces y opuestas al progreso y el bienestar de su entorno humano.

Harto del cinismo que derrochaban algunos de sus colaboradores cuando era director de La Vanguardia, Marius Carol se desahoga (“A un palmo de la gloria”, LV, 4/4):

Esta semana Sebastià Alzamora escribía en el Ara: “Hemos llegado al punto en que la independencia se ha convertido en la excusa que utilizan los partidos independentistas para justificar el callejón sin salida en que se han metido ellos solos”. Y añade: “¿Entonces qué? Entonces nada: ningún partido independentista se atreverá a decir que no pueden hacer la independencia, de manera que continuarán prometiéndola mientras funcione como anzuelo electoral”. El problema es que Catalunya merece ser gobernada, su Estado de bienestar debe ser salvado y sus ciudadanos se merecen que no les tomen el pelo. Y vamos tarde.

La última víctima
Los guardianes de la ortodoxia supremacista son implacables con los herejes que cuestionan el dogma. La última víctima de los inquisidores ha sido nada menos que el abogado de Carles Puigdemont y segundo secretario de la Mesa del Parlament en representación de la fundamentalista Junts, Jaume-Alonso Cuevillas. La dictadora imputada del Parlament, Laura Borràs, lo fulminó de su cargo porque se atrevió a dudar públicamente de que la Cámara catalana deba continuar adoptando determinados actos de confrontación con el Estado (contra el Rey y a favor de la autodeterminación) que “no llevan a ninguna parte” y, en cambio, pueden acarrear consecuencias penales. Una bestiesa (tontería), a su juicio.

En síntesis, si los ciudadanos abducidos por las sectas supremacistas se detuvieran a analizar con espíritu crítico los argumentos de sus adversarios, pero, sobre todo, las descalificaciones y acusaciones que se intercambian los oligarcas y rufianes de su propio bando, seguramente se curarían de su patología masoquista y no les regalarían ni un solo voto a los embaucadores carroñeros. Entonces ellos recuperarían su vida normal y toda España les quedaría agradecida.

Apostemos por la rebelión de los corderos. En las elecciones del 14-F, 600.000 de ellos ya abandonaron el rebaño.
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