AGLI Recortes de Prensa   Jueves 15  Abril  2021

Resiliencia y vergüenza
EDITORIAL. https://gaceta.es 15 Abril 2021

La presentación, por octava vez, del plan del Gobierno español para el reparto de los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia —esa palabra— como consecuencia de la pandemia, olvida, por desgracia, las consecuencias de la pandemia.

Los burócratas europeos, con el apoyo entusiasta de los políticos que se pasean con la insignia de la Agenda 2030 en la solapa de sus trajes, han decidido que la crisis económica y social que ahoga Europa y, sobre todo, países sureños como España, se soluciona con transiciones ecológicas, impuestos digitales, protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, además del sostenimiento con el dinero de los contribuyentes europeos de dispendios públicos como chiringuitos que promueven políticas identitarias como la ideología de género cuyas nefastas consecuencias sociales sólo acertamos a atisbar y que, sin duda, lamentaremos.

Es difícil que cientos de miles, que serán millones, de españoles del sector privado que han perdido mucho más que un empleo, entiendan que la necesidad de proteger la biodiversidad vaya por delante del presente y el futuro de sus familias. No acertamos a comprender cómo un pequeño negocio ahogado —o cerrado— por una combinación a partes iguales de restricciones sin base científica (véase la resolución 12/2021 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco), impuestos confiscatorios y la negación sistemática de las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica que regula el Estado de Alarma, va a entender que por delante de su libertad y su derecho a prosperar vaya la lucha contra el cambio climático a la que irá destinado el 30 por ciento de los fondos de »resiliencia».

Cómo podrá explicar la Unión Europea y el Gobierno español —si es que lo explican—, que no se modifique sustancialmente el destino de los fondos tras el fracaso de sus planes de vacunación que eran la base que sustentaba tanta frivolidad medioambiental con cargo al bolsillo presente y futuro de los contribuyentes europeos.

Todo es incomprensible. Una veintena larga de irresponsables presididos por un supuesto doctor en Economía que jamás han trabajado en el sector privado y que no saben lo que es el esfuerzo de levantar y sostener un negocio, se permiten reunidos en Consejo de Ministros decidir el destino del mayor paquete económico jamás salido de las arcas públicas europeas sin negociar con empresarios, autónomos y asalariados del sector privado.

Lo incomprensible es lo natural en el presidente Sánchez. Y su naturaleza es la de ni siquiera tener la decencia de dar explicaciones a la rana cuando le clava el aguijón. Para negociar hay que dar la cara y, sin que se te caiga al suelo de la vergüenza, explicarle a un empresario o a un autónomo que la prioridad de los fondos europeos que todavía no han llegado es la de transicionar energéticamente hacia la reducción de la brecha digital cuidando la biodiversidad y luchando contra el cambio climático.

Hace falta valor.

Sánchez oculta la realidad de la crisis
Editorial La razon 15 Abril 2021

Es cierto que Pedro Sánchez no se presenta a las elecciones de la Comunidad de Madrid, por lo que nada le impide que utilice la tribuna del Consejo de Ministros o del Congreso para hacer campaña a favor de su partido. Otra cosa es la usurpación de lo público en beneficio propio y el deterioro que ocasiona a las instituciones. Ahora bien, si lo que quiere es explicar en qué se gastará el dinero que llegará de Europa –70.000 millones de euros, de momento, de 140.000– lo mínimo exigible es concreción y claridad. Y algo de sensibilidad con los que están sufriendo los efectos de la crisis.

Primero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció una subida de impuestos sobre sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones con una evidente intencionalidad electoral para rebatir la política fiscal de Díaz Ayuso; después, Sánchez la justifica porque era una recomendación de la Unión Europa de armonizar los diferentes sistemas. Sin embargo, ayer la OCDE aconsejaba que no se realizasen subidas de impuestos hasta que la recuperación no esté «firmemente en marcha», por lo que habrá que entenderse que estas medidas, de aplicarse, deberían ser a medio plazo.

Los planes del Gobierno son los de «armonizar» la hacienda pública, pero sin ofrecer un sistema fiscal más eficaz, tal y como propone la organización de los países desarrollados, con el objetivo de abordar un sistema de financiación para la reforma del mercado laboral, la educación y la innovación, y que Sánchez dejó en el limbo. Por contra, el presidente presenta un panorama ideal, pero incapaz de ver la realidad del país. Por citar el aspecto más humano que la izquierda hubiese explotado hasta la extenuación de haberse encontrado en la oposición: las llamadas «colas del hambre», que no es más que la plasmación de la precariedad laboral de nuestro mercado laboral y las carencias estructurales en una formación cara al empleo y de la que Sánchez pasó de puntillas. Más de 200.00 autónomos y pymes se quedarán fuera de los 7.000 millones de ayudas directas al no pertenecer a una de las 95 actividades beneficiarias. Otra realidad que Sánchez ha eludido, sin abordar qué será de miles de negocios que han sido dañados por la pandemia. Ya no es el momento de las ayudas directas, sino de inversiones para reformar el sistema productivo, pero no puede esconder la realidad del turismo y la hostelería, con 62.000 millones de euros perdidos y las destrucción de 600.000 empleos directos.

Decir, como ayer apuntó Sánchez en el Congreso, que su plan de recuperación es el «más ambicioso de nuestro país» –sin duda, los 140.000 millones de ayudas lo avalan–sólo indica una euforia que esconde una evidencia: no puede entregar a la oposición 200 folios horas antes de presentar este plan. El sectarismo no es lo que necesita España en estos momentos. Hace falta el consenso de todos.

El falso debate por los impuestos
Julio Ariza. https://rebelionenlagranja.com 15 Abril 2021

No sé qué ocurre con el debate político en España que siempre sitúa el foco de la discusión en el lugar equivocado. El tema de los impuestos, que va a copar la campaña electoral de Madrid con toda seguridad, es uno de ellos. El debate está centrado, como siempre, en bajar o subir impuestos. Los partidos del centro y la derecha quieren bajar impuestos, La izquierda, quiere subirlos. Y para eso se acude a magnitudes engañosas por comparación con otras naciones europeas: se dice que la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa y se responde que el esfuerzo fiscal es, por el contrario, uno de los más elevados. Pero ese, insisto, no es el debate, o no debería serlo.

La cuestión es otra. La cuestión es para qué pagamos impuestos. A qué se destina nuestro dinero, Qué cosas paga el poder político con nuestro salario, con nuestros dividendos, con nuestro patrimonio o con nuestra renta. Si se lo gasta en oropel o si se lo gasta en ayudar a la gente. Si se lo gasta en dar satisfacción a sus redes clientelares, entonces no quiero pagar un solo céntimo. Pero si lo destina a ayudar a los más necesitados y a levantar el país, entonces quiero pagar más impuestos.

Si se trata de ayudar a las viudas que no llegan a fin de mes, quiero pagar más impuestos. Si se trata de ayudar a las familias numerosas, quiere pagar más impuestos. Si se trata de formar eficazmente a los parados para que encuentren empleo, quiero pagar más impuestos. Si se trata de ayudar a las personas con dependencia, quiero pagar más impuestos. Si se trata de facilitar comida y alimento a los mas necesitados, a los que están en exclusión social, quiero pagar más impuestos. Si se trata de ayudar a que no cierren los pequeños negocios, quiero pagar más impuestos. Si se trata de pagar unos buenos servicios públicos eficientes, quiero pagar más impuestos.

Ahora bien, estoy en contra de que el dinero de los contribuyentes sea un cheque en blanco para que el poder político lo dilapide en sostener sus chiringuitos políticos y sociales, subvencione colectivos ideológicos y sostenga organismos clientelares o regale dinero las multinacionales, o a las Fundaciones de los grandes magnates del globalismo (recuérdese que este gobierno ha regalado a Bill Gates 125 millones de euros). No soy partidario de que el poder público pueda destinar, sin mandato previo, los dineros de los españoles a rescatar, por ejemplo, a la compañía Plus Ultra, o Duro Felguera, porque con esos 180 millones de euros se puede ayudar a muchas personas.

Según la AIREF, en España se destinan más de 30.000 millones de euros al año en subvenciones. ¿Puede hacer el estado con nuestros impuestos lo que realmente le venga en gana? De esa ingente cantidad, la mitad, más de 14.000 millones de euros al año, son subvenciones sin control posterior, del tal manera que, realmente, el estado no sabe si la finalidad para las que se concedió el dinero se ha realizado o no, o si la ONG ha podido justificar el gasto con cargo a los proyectos subvencionados. En esas condiciones, me parece inmoral destinar el dinero de la gente a no se sabe qué.

No solo eso. Veamos algunos supuestos de a qué e destina el dinero según la Ley General de Presupuestos del Estado para 2021:
RTVE: 410 millones. ¿Realmente necesitamos los contribuyentes españoles sostener con esa cantidad -que se podría destinar a labores sociales- ese monstruo que ha perdido la neutralidad informativa y se ha convertido en un instrumento de propaganda al servicio del gobierno de turno? Prefiero destinar esa cantidad a la dependencia.

Fomento: ¿Son imprescindibles los 59 millones a los concesionarios de autopistas, o los 168 millones para satisfacer las bonificaciones a residente no peninsulares? ¿Están bien calibradas las subvenciones de 570 millones al tráfico aéreo o los 1.200 millones la sector ferroviario? Me parece más necesario ayudar a las familias a llegar a fin de mes.

Exteriores: ¿Se justifica la partida de 25 millones de la ayuda oficial al desarrollo, los 403 millones que se van en participación en organismos internacionales o los 193 millones del programa de cooperación exterior?

¿Por que Justicia destina 2,2 millones a una Fundacion que se llama Pluralismo y Convivencia mientras existen pensiones que en algunos casos condenan a los españoles a la miseria?
¿Tiene que seguir aportando Economía 30 millones al Fondo Africano de Desarrollo, y otros 50 millones al Fondo verde del Clima, y otros 3 millones para el desarrollo del talento femenino en el ámbito digital, y otros 3 millones en el impulso del lenguaje natural en la Agenda Digital? ¿Realmente está justificado todo esto?

¿De verdad hay que pagar 3.300 millones de euros a las eléctricas para compensar el sistema eléctrico por los costes de generación y otros derivados del uso de energía eléctrica?
¿Necesita el SEPE destinar 20 millones a mejorar las oficinas empleo cuando las relaciones con los desempleados se mantienen on line?

¿Es presentable que le entreguemos a Ecologistas en Acción 50 millones al año? ¿No será mejor que los destinemos al cuidado del campo y de la naturaleza en lugar de a una ONG?Ç

El Instituto de la Mujer dispone de 700.000 euros para pagar estudios sobre la mujer y el instituto de la Juventud 11 millones para las empresas privadas del programa Erasmus.

Prefiero no seguir con los ejemplos. Prefiero no caer en los ejemplos más surrealista de subvenciones, pero no me resisto a terminar con algunas de las que concede Ada Colau: 57.000 euros a la Asociación Paz con Dignidad, 47.000 euros para consolidar el colectivo LGTBI en Guatemala, o al proyecto «de la banca armada a la banca ética», o al programa»reinventándose el espacio urbano de Africa» etc etc

Yo sí que quiero pagar impuestos, pero tengo derecho a exigir que con el dinero de nuestro esfuerzo se paguen temas realmente necesarios y realmente sociales.
Quiero pagar más impuestos para ayudar a los necesitados, redistribuir la renta, fortalecer el país y ayudar a la España que madruga.
El debate es ese: una cuestión de calidad y no de cantidad; de destino y no de volumen.

La publicidad de Sánchez se paga con dinero de Europa y de los españoles
Editorial. ESdiario 15 Abril 2021

El Gobierno pretende dedicar los Fondos Europeos a baratijas ideológicas con los recursos de Bruselas y recortes e impuestos para los ciudadanos españoles.

El presidente del Gobierno presentó en el Congreso su Plan de Recuperación, en otra sesión que antepuso su propaganda personal a la gestión correcta de los Fondos Europeos y a la explicación de las reformas que contempla, muchas de ellas desconocidas y otras directamente equivocadas, con la fiscal al frente por su carácter confiscatorio y contraproducente.

El entusiasmo de Sánchez no se corresponde ni con la realidad financiera de España ni con los consejos de las principales instituciones financieras: ayer mismo la OCDE aconsejó evitar subidas de impuestos en plena recesión y el FMI instó al Gobierno a aplicar reformas estructurales para no convertir las ayudas en una mera manera de subvencionar la agenda ideológica de un Gobierno sin brújula.

Casado compara a Sánchez con Napoleón y le humilla con el caos de España

El carácter personalista de la gestión del rescate europeo puede serle suficiente en España para mantener el espejismo de que todo marcha razonablemente, pero antes o después acabará chocando con Bruselas si no se ejecuta con solvencia y transparencia.

Sánchez se paga su promoción alocada con recursos ajenos y esfuerzos nacional: es inaceptable

Los propios Fondos no están asegurados al 100% y siguen pendientes de una resolución del Tribunal Constitucional de Alemania. Además, Bruselas controlará su ejecución con exigentes exámenes bianuales que, de no ser superados, comportan en los casos más graves la suspensión de las transferencias.

¿Qué reformas?
Más allá de eso, los Fondos son un balón de oxígeno temporal, pero nunca la salvación del país: su importe de 140.000 millones para varios años equivale casi al déficit español de un solo año, 2020, cifrado en 123.000 millones de euros. Las ayudas se concederán espaciadas en cinco años, con la mitad de ellas en formato de préstamo, lo que frena el optimismo y perfila su auténtica dimensión, mucho más limitada de lo que Moncloa quiere hacer ver a la ciudadanía.

En unos días se conocerá la dimensión exacta de las reformas fiscal, laboral y de pensiones que, junto a la imprescindible pero olvidada de la Administración Pública, son el verdadero meollo de la cuestión. Y sería muy indignante que en todas ellas se aplicaran recortes y subidas mientras Sánchez, con dinero ajeno, se financia su lamentable agenda ideológica.

El futuro de la democracia española
Amando de Miguel. Libertad Digital 15 Abril 2021

Los partidos, cada uno con su programa y su ideología, deben aspirar a representar a todos los españoles.

No pretendo dármelas de adivino, ni siquiera de pronosticador con algún artefacto sociológico o estadístico. El futuro de la democracia española aquí entrevisto entra dentro de lo posible, aunque más bien teñido con el inevitable sesgo de lo deseable, del deber ser, en mi modesta opinión. Bien pensado, se trata, al final, del porvenir necesario, si es que no queremos enfrentarnos, otra vez, en una guerra civil. Sería la última, la confirmación de la completa disolución de España. Tampoco hay que extrañarse, naciones más vetustas han perecido en la historia. Por tanto, me pongo en la disposición de otear el futuro inmediato de mi país “optimizando las actualizaciones del sistema”, como dice mi móvil. Insisto en que mi planteamiento es lo que debe suceder, desde mi personal sentimiento.

Vaya por delante esta premisa: no creo que haya que cambiar de Constitución, al menos por el momento. Es algo más sustancial. Se trata de mejorar ciertas inveteradas prácticas políticas de una democracia que resulta un tanto averiada. Naturalmente, caben otras muchas opciones. Yo, aquí, selecciono algunas, las más perentorias.

Parece poco hacedero acogerse al ideal de dos partidos como sujetos del debate parlamentario. No obstante, es un despropósito lo que tenemos: unas Cortes con una veintena de formaciones políticas. Hay algunos métodos para reducir tal desmesura. Una regla muy conveniente para el buen orden parlamentario sería muy simple. Los partidos, cada uno con su programa y su ideología, deben aspirar a representar a todos los españoles. Por tanto, se excluyen los que, expresamente, afectan a una región, a una localidad o a un grupo étnico. No se puede ir por el mundo democrático con una formación parlamentaria que se etiqueta como Teruel Existe. Todos esos partidos de alcance no nacional podrían estar representados en los Parlamentos regionales (mal llamados “autonómicos”).

Tampoco estaría mal que los cuerpos legislativos, nacionales y regionales, redujeran a la mitad el número de los diputados o equivalentes. No es solo por una razón de austeridad, sino como consecuencia del voto cautivo que tienen los parlamentarios respecto a su partido.

España es un caso, entre otros muchos, de un Estado que trata de organizarse sobre una base multinacional o multilingüística. Por si fuera poco, a esas divisiones territoriales hay que añadir, ahora, el contingente, cada vez más numeroso, de los musulmanes o islamistas españoles. Razón de más para la exigencia de partidos verdaderamente nacionales.

Otra medida imprescindible para contener la creciente multiplicidad de partidos sería la eliminación de las generosas subvenciones que reciben del Estado, o sea, de todos los contribuyentes. Las formaciones políticas, los sindicatos, los grupos de influencia y cualesquiera otras formas de asociaciones ideológicas (incluidas las confesiones religiosas) deben sostenerse, exclusivamente, con las aportaciones de sus miembros. El sector público debería eliminar la actual floresta de subvenciones, dejando solo las dirigidas a la ayuda directa a las personas necesitadas o marginadas, que no son pocas.

Comprendo que, en la España actual, no resulta simpática la idea de sufragar los gastos del partido político de las preferencias de cada uno. Por lo mismo, tampoco se considera plausible eliminar las ayudas públicas a la compra de vehículos eléctricos, viviendas o cualquier otro artículo. Se entiende, popularmente, que son formas de favorecer a las clases humildes, pero en realidad esconden una injusta protección a los intereses de las grandes empresas. Es menester acabar con todas esas corruptelas, que alimentan la alegría del presupuesto público. Los recortes dichos los considero imprescindibles para que disminuya la ingente deuda pública y la onerosa carga fiscal.

Habría que entrar en las atrocidades legales que se han perpetrado en las Cortes durante los últimos lustros. Bastará una ilustración, si se puede llamar así: la ominosa “ley de memoria histórica”. Ahora quieren llamarla “de memoria democrática”, que es peor. No hay que demostrar el peligro de una norma, como esa, tendente a resucitar el fantasma de la guerra civil. Lo malo es que ya hay algunos prominentes candidatos para la procesión de espectros.

Rufián, el candidato de Sánchez en Madrid
Pablo Planas. Libertad Digital 15 Abril 2021

Ángel Gabilondo es un mentiroso compulsivo, un embustero recalcitrante y un farsante contumaz. El individuo que el PSOE presenta como cabeza de cartel en las elecciones autonómicas de Madrid miente en todo momento y ocasión. Mintió cuando prometió que no pactaría con Iglesias y nada más trascender la ¿encuesta? de Tezanos que daba un hipotético triunfo a la suma de las izquierdas se apresuró a desautorizarse sin reparos ni sonrojo. También dijo que en Madrid había más posibilidades de morir de coronavirus que en cualquier otra comunidad de España y tuvo que salir Simón a explicar que eso era mentira. No deja de tener su mérito haber obligado al doctor Simón a decir una verdad, ciertamente. Y miente cuando dice que su partido no subirá ni un euro los impuestos en Madrid. Pedro Sánchez ya ha dejado claro que su partido, que es el mismo, planea un hachazo fiscal épico.

Claro es que Gabilondo es poca cosa, un exfraile arrepentido al que sus alumnos del internado de los Corazonistas de Vitoria apodaban Cromañón por las pintas del sujeto, que eran lo de menos en comparación con las bofetadas que pegaba. Hoy en día estaría en la cárcel o suspendido de por vida para la docencia por uno solo de aquellos tortazos. El verdadero problema es que el presidente del Gobierno ha enfilado a Madrid, lo que representa Madrid en términos de libertad, tolerancia, bienestar, progreso, crecimiento y excelencia y no está dispuesto a que una comunidad gobernada por la derecha refute con éxito todas las políticas de la izquierda antes, durante y después de la pandemia.

De ahí que Sánchez haya asumido las tesis de tipos como Gabriel Rufián, un personaje que considera que Madrid es un paraíso fiscal porque a diferencia de lo que ocurre en la región catalana los impuestos autonómicos no son un auténtico robo. Y los separatistas no se pueden permitir que haya otras regiones en España que demuestren que no hace falta saquear a los contribuyentes, que las autonomías tienen instrumentos y competencias suficientes para llevar a cabo políticas fiscales propias sin tener que reclamar la independencia y que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica contribuyen a atraer inversiones, crear riqueza y fomentar el empleo.

Así es que Rufián bien podría ser el candidato socialista para Madrid y el objetivo del PSOE, de Sánchez y de sus socios golpistas es sumir en la miseria a Madrid y a los madrileños, desmantelar un sistema tributario que se atiene perfectamente a la legalidad, espantar a empresas y emprendedores, convertir una región que goza de cierta vitalidad en lo más parecido a la convulsa y decadente Cataluña. Y no van a reparar en medios y mentiras para lograrlo. No hay más que ver a Sánchez presentado dieciocho veces el mismo cuento del Plan Marshall, los ya míticos 140.000 millones europeos, el maná de nunca jamás.

A Sánchez le da lo mismo ocho que ochenta. No tiene reparo alguno en mentir. Es su especialidad. Gabilondo a su lado es un aficionado. El presidente también es un chulo. No hay más que ver cómo se ha reído de la diputada de Puigdemont Miriam Nogueras en la sesión de control de este miércoles. La representante del prófugo ha reprochado a Sánchez que no haya nada real en sus anuncios y el presidente se ha referido al timo del carnet de la república catalana. "El ejemplo más paradigmático de política simbólica y sin utilidad real es el DNI catalán, que no sirve para hacer ningún trámite pero, eso sí, cuesta nueve euros", ha dicho el desahogado. Nogueras no ha podido replicar.

Quién sabe si de haber dispuesto de turno le habría recordado al palomo monclovita que en la última campaña prometió que traería de vuelta a Puigdemont y que Puigdemont sigue en Waterloo con sus carnets y sus historias. Y que si le da la gana desencadena la repetición de las elecciones catalanas y se carga a sus socios, Rufián, Junqueras y el mandadero de Junqueras, ese niño con barba que se apellida Aragonès, con el acento al revés para disimular que su abuelo era alcalde de Franco y que su familia ocultó una fortuna en las Antillas Holandesas.

En resumen, ojo con Madrid y al tanto con Cataluña.

Entre traidores y cobardes
Agapito Maestre. Libertad Digital 15 Abril 2021

¿Qué historia se ha hecho de la España del siglo XX? ¿Quiénes la hicieron, de verdad, los vencedores o los vencidos? ¿Qué hay de verdad y de mentira en esos relatos?

Discutamos todo y con todos. Porque no me acostumbro a los cantos encendidos del régimen político, la Segunda República, que nos llevó a la guerra más terrible de España, tengo la obligación de pensar, una vez más, cómo llegó aquel terrible sistema político que hizo una Constitución sólo para la mitad de la población. Porque no soporto la historia de los currinches, tipo Sánchez y Casado, vencedores de miserias y derrotas morales de nuestro tiempo, debo decir algo que me sirva para seguir pensando la tragedia de España. Porque no me conformo con mis explicaciones pasadas sobre el advenimiento de la Segunda República, tengo el deber ciudadano de seguir escribiendo para que nadie confunda historia de la reconciliación nacional con revancha histórica. Discutamos, pues, todo y con todos. No ocultemos asuntos ni personajes del pasado español. Seamos fieles a quienes no tienen miedo de ser convencidos por sus interlocutores.

Empecemos por discutir la historia. ¿Qué historia se ha hecho de la España del siglo XX? ¿Quiénes la hicieron, de verdad, los vencedores o los vencidos? ¿Qué hay de verdad y de mentira en esos relatos? Y así, de asunto en asunto, podríamos seguir formulado ciento de cuestiones que nos llevarían a lo obvio: historiar es comprometerse con la verdad hasta el sacrificio. ¿Quién está dispuesto a dar su vida por la verdad? En fin, eludo la respuesta, porque soy un escéptico radical sobre la valentía de los historiadores.

No obstante, reconozco que la historiografía española ha alcanzado una cierta decencia a pesar de no haber clarificado asuntos y períodos clave de nuestro pasado reciente. La historia de España, cualquiera de sus épocas, tiene que partir de nuestro pasado más remoto, pero si lo que nos interesa, en 2021, es el período de la Segunda República, entonces tendremos que empezar en la última parte del XIX, en 1874, cuando cae la Primera República, duró poco menos de un año y tuvo cuatro presidentes y ni siquiera un día de tranquilidad, y se restaura la Monarquía. Alfonso XII, con apenas dieciocho años, llegó a Madrid el 14 de enero de 1875, reinó diez años. A su muerte, en 1885, asumió la Regencia su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, hasta que fue coronado su hijo Alfonso XIII, el 17 de mayo de 1902, juró la Constitución de 1876, que duró hasta la proclamación de la Segunda República.

¿Proclamación? Sí, anuncio de una nueva situación política y vital. ¿Dónde está la gran historia, el texto luminoso y definitivo que nos explique quién, por qué y cómo se llega hasta la declaración de que los españoles han dejado de vivir en una monarquía para instalarse en una república? Hay miles de libros que tratan de contarnos la cosa. Pero, salvo raras y escasas excepciones, los historiadores aún no han conseguido construir un relato veraz, creíble y plausible para todos que nos cuente la llegada de la Segunda República. Yo no me conformo con la explicación del gran maestro de la filosofía española: “Por cansancio y consunción de la Monarquía” vino la República. No quiero una respuesta filosófica, que pudo valer sin duda para aquel momento, sino una explicación histórica para aquí y ahora y, reitero, para todos los españoles.

Tengo la sensación de que casi todo lo escrito y dicho sobre este asunto, sobre todo en las últimas décadas, es brochazo gordo o, sencillamente, mentiras y más mentiras para ocultar lo evidente: la traición de la izquierda y la cobardía de la derecha se aliaron para traer un régimen político que, sin legitimidad alguna de origen y menos de ejercicio, nos condujo a matarnos como salvajes. Seamos, pues, sinceros, y reconozcamos que sigue siendo la cosa más extraña del mundo, casi imposible de entender para alguien que estudie nuestro pasado inmediato sin resentimientos y sin prejuicios, cómo pudo surgir una república de una monarquía a través de unas elecciones municipales. Parece que los historiadores no ocultan la pieza clave. Los llamados historiadores progresistas, por un lado, tienen miedo de que les llamen apologistas de la traición, pero, sin lugar a dudas, el régimen que nos conduce directamente a la Guerra Civil, casi desde que se aprueba la Constitución de 1931, lo trajeron unos golpistas que se acobardaron a la hora de la verdad (la reunión convocada por el PSOE en agosto del 30 que dio lugar al Pacto de San Sebastián, fusilamientos de dos capitanes, encarcelamiento de algunos políticos, etcétera). Y, por otro lado, los historiadores conservadores, monárquicos y liberales no quieren que se les acuse de cobardes, o sea de colaboracionistas con el golpe… En fin, entre traidores y cobardes, entre una historiografía que oculta su golpismo y otra que teme ser llamada colaboracionista, nadie quiere asumir sus contradicciones para construir una historia limpia, o sea, para vincular con decencia nuestro pasado al presente y al futuro.

Madrid, Marsé y la asistenta del nacionalismo
Xavier Pericay. Vozpopuli 15 Abril 2021

Este ha sido siempre el papel del PSC en la política catalana y española: el de asistir al nacionalismo en lo que este mandara

Hubo un tiempo –pongamos que hablo de hace quince, veinte años– en que el nacionalismo catalán tenía por costumbre calificar al periodismo madrileño de Brunete mediática. Según leo ahora en Wikipedia, el mote lo habrían acuñado a finales del pasado siglo dos dirigentes del PNV expertos en esta clase de metáforas, Xabier Arzallus e Iñaki Anasagasti, por lo que ni siquiera sería original. A la Brunete mediática el nacionalismo catalán le contraponía su oasis periodístico, ese remanso de paz regado hasta el tuétano con subvenciones públicas. A la guerra, pues, la paz. Y el diálogo, sobre todo el interno. De tanto dialogar entre sí el periodismo catalán alumbró en 2009 aquel editorial único suscrito por doce cabeceras que llamaba, mira por dónde, a la guerra. A la guerra contra el Tribunal Constitucional, al que amenazaba de forma explícita con una suerte de rebelión popular si, en la sentencia tan esperada, a sus excelentísimos miembros se les ocurría tocar una sola coma de un Estatuto que apenas un tercio de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto habían aprobado en referéndum tres años antes.

Curiosamente, el editorial de marras no lo habían redactado representantes del nacionalismo más irredento, sino del más liviano, del que ni siquiera se considera a sí mismo como tal. Me refiero, por supuesto, al socialismo del lugar. Así pues, del trabajo sucio se había encargado la asistenta. Este ha sido siempre, al cabo, el papel del PSC en la política catalana y española: el de asistir al nacionalismo en lo que este mandara. Y cuando digo el PSC no estoy pensando tan sólo en sus representantes políticos; también en los compañeros de viaje de toda clase y condición que han dispuesto a lo largo de las últimas décadas de una tribuna pública.

Uno de los colectivos más baqueteados era el de los columnistas. No cualesquiera, claro: sólo los de la capital, integrantes la mayoría de la Brunete mediática, que le producían verdadera irritación

Este ha sido el caso de Juan Marsé. La reciente publicación de sus Notas para unas memorias que nunca escribiré (Lumen, 2021) pone de manifiesto hasta qué punto la animadversión, rayana en la fobia, hacia lo que podríamos llamar la derecha política y social española había hecho mella en él. Marsé se caracterizó siempre por no templar en exceso sus opiniones, por no cortase un pelo a la hora de hablar en público. Iba con su carácter. Sus a menudo saludables salidas de tono solían tener como diana a los políticos. En este diario de 2004, sin embargo, andaban más repartidas, y uno de los colectivos más baqueteados era el de los columnistas. No cualesquiera, claro: sólo los de la capital, integrantes la mayoría de la Brunete mediática, que le producían verdadera irritación, hasta llevarle a dejar de comprar los periódicos donde colaboraban para no verse obligado a leer sus escritos.

Así pues, la condición de verso libre de Marsé no le eximía de compartir, y de qué manera, el humus de la izquierda catalana y, aun sin ser consciente de ello o, en todo caso, sin admitirlo, del nacionalismo de los Pujol, Mas, Carod y compañía, a los que tanto aseguraba despreciar. O sea, de compartir el antifranquismo, cuya premisa mayor ha sido siempre que el dictador, al contrario de lo que certificó hará pronto medio siglo aquel “equipo médico habitual”, sigue vivito y coleando. No se puede ser antifranquista sin creer en la persistencia del franquismo. O sin dar a entender, al menos, que se cree en ella. Bien lo saben la izquierda y los separatismos de toda laya, que han hecho de semejante supuesto una hoja de ruta permanente en su lucha contra la derecha española. El actual Gobierno de la Nación y los de cuantas comunidades autónomas están gobernadas hoy por el nacionalismo o se sostienen gracias a su concurso no se entenderían sin dicho punto de unión.

Madrid como metáfora
Por lo demás, ese fantasma del que se echa mano se transfigura según conviene. Así, tanto desde la óptica del socialismo catalán como del propio separatismo, el franquismo lo mismo toma forma de Brunete mediática que de Tribunal Constitucional o de Partido Popular. Tanto da. Y no digamos ya de Madrid. De Madrid como metáfora de lo hispánico y como epicentro todas las maldades habidas y por haber. A propósito, ni les cuento la de terceristas catalanes –transfiguración terminológica, a su vez, de la intelligentsia nacionalista de baja intensidad tras el golpe de 2017– que están deseando, y no se recatan en manifestarlo, la derrota de Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas. Y ni les cuento la de ciudadanos catalanes que, precisamente por ello, no deseamos otra cosa que su victoria

18 pasos
José Manuel Sánchez Fornet. okdiario 15 Abril 2021

La distancia en España entre libertad democrática y dictadura violenta son 18 pasos. Los que había entre el líder de Vox y las alimañas que impedían que ejercieran sus derechos civiles. Quienes acusan a Abascal de provocación por contar los pasos hasta los agresores son indigentes neuronales y alientan a los talibanes violentos.

Los seguidores de Vox trataban de ejercer sus derechos civiles en una democracia acudiendo a un mitin del tercer partido más votado del país. A ellos no los separaban de los violentos 18 pasos sino uno, un cordón policial. En este país pasan cosas graves que nos alejan de la democracia y el Gobierno es el principal responsable. Quien organizó ese dispositivo, (jefe superior, responsable operativo, mando de UIP…) debió ser cesado ese mismo día. Si recibió órdenes de permitir esa trampa y obedeció, no merece ser policía en una democracia. El silencio del ministro de Interior, responsable político de que en España se respeten los derechos civiles y políticos, es estruendoso. Es su responsabilidad impedir ataques a las libertades democráticas.

Además de no proteger la libertad de participación política, de mantenerse esta deriva asistiremos pronto al funeral de algún miembro de las UIP. Remitiré este artículo a la dirección en Twitter de Moncloa e Interior para que no puedan alegar ignorancia. En este dispositivo de Vallecas faltó personal; dicen que fueron dos grupos que suman 100 miembros, pero faltaban entre 10 y 15 efectivos en cada uno. Con 70 policías quizás puedas cerrar la plaza con controles de acceso en las calles, pero organizar un muro alrededor de las víctimas y permitir que los lapiden a un metro de distancia es una decisión peligrosa, impropia en una democracia con Estado de derecho. Pocos policías, dispositivo mal organizado y material defectuoso con algunas defensas rotas. El material debe tener la calidad del que adquiere este Ministerio para Marruecos.

Con este Gobierno, los policías antidisturbios resuelven los enfrentamientos violentos cuerpo a cuerpo, y en esas condiciones, o son más que la jauría violenta o sin efecto disuasorio corre riesgo la integridad física de los policías. O se mantienen a distancia con los elementos antidisturbios disponibles para esos casos, o en el cuerpo a cuerpo siempre habrá policías con lesiones. De los violentos también, pero ellos saben a lo que van. Los complejos políticos provocan policías heridos.

Las UIP están mal formadas y peor dirigidas. Los adoctrinan para que se crean héroes mientras arriesgan sus vidas impunemente. Sobran cánticos militares y enseñanzas de niños con moralina de Boy Scouts y falta ver un despliegue y repliegue organizado en el que actúen con técnicas profesionales, en grupos mínimos de 4-6 juntos con escolta de protección de al menos otros tres miembros; en esas carreras individuales de distinta velocidad y distancia siempre corren el riesgo de quedarse aislados. No es algo que haya ocurrido solo en Vallecas; pasó en la operación Ícaro en Barcelona, o el 1-O, cuando a alguien se le ocurrió asaltar colegios que estaban ocupados desde la noche antes, que es cuando había que haberlos controlado.

La especialidad de las UIP es enfrentarse a elementos violentos organizados, porque para salir corriendo en estampida, desorganizados y dar palos a manifestantes siempre ha servido cualquier policía. Se supone que tienen trabajados los despliegues y repliegues minimizando el riesgo que corren al cargar, pero no lo demuestran. Ante alimañas fanáticas y violentas, la receta más eficaz y segura es mantenerlos a distancia con botes de humo y pelotas de goma, y si hay algún herido que no sea un policía. Frente a los violentos, leña y punto.

La ilegítima y represiva II República: un experimento político fallido
Nos muestra fehacientemente aquello que no debería hacerse
Pedro Carlos González Cuevas. https://gaceta.es 15 Abril 2021

La imaginación, que es producto de la mente, resulta singularmente asequible a la facultad que la ha creado; pero lo real, desde el átomo hasta la galaxia, es de una intelección muy ardua. Por eso, el mito es una forma de conocimiento primitiva y fácil, mientras que la ciencia entraña madurez y dificultad. Entre las realidades más esquivas a la razón figura la Historia, a causa de su complejidad, su irrepetibilidad, su arbitrariedad y la subjetividad de los testimonios. En ese sentido, el conocimiento histórico es falible. Lo que hoy consideramos como verdadero puede convertirse eventualmente en falso.

A partir de los años sesenta del pasado siglo, el campo historiográfico español experimentó un claro y positivo proceso de articulación y de modernización digno de estudio. La obra innovadora de historiadores como Jaime Vicens Vives, José María Jover, Jesús Pabón, Miguel Artola, José Antonio Maravall, Luis Díez del Corral y la influencia de hispanistas como Stanley Payne, Hugh Thomas o Raymond Carr, contribuyeron a ello. Por vez primera, aunque no sin dificultades, la historiografía española parecía acercarse a los estándares europeos.

No obstante, ese prometedor proceso innovador sufrió la interferencia de un marxismo mecanicista y superficial representado por Manuel Tuñón de Lara. Exiliado comunista en Francia y oscuro profesor en la Universidad de Pau, Tuñón de Lara consiguió, mediante los denominados congresos de Pau, inocular su averiada mercancía historiográfica en una juventud universitaria rebelde y ávida de novedades. El resultado fue, a medio plazo, catastrófico. Tuñón de Lara no era más que un divulgador y un simplificador, obsesionado por la reivindicación del bando vencido en la guerra civil. Bajo su férula, la historia se convirtió en un arma no sólo política, sino de partido. Sin embargo, la construcción historiográfica de Tuñón de Lara era tan simple y partisana que algunos de sus antiguos seguidores y los historiadores de izquierda más avisados y lúcidos, como José Álvarez Junco, Manuel Pérez Ledesma o Santos Juliá Díaz, se vieron obligados a someterla a una revisión implacable, desvinculándose de su legado.

No pocos interpretaron esta revisión como una traición al viejo patriarca marxista. Nadie los recuerda hoy. No menos críticos con las posiciones de Tuñón de Lara fueron los discípulos españoles de Raymond Carr, Juan Pablo Fusi y José Varela Ortega, que le acusaron de falsedad y espíritu de partido. Sin embargo, el espíritu de Tuñón de Lara pervivió en su concepción meramente instrumental del conocimiento histórico, sobre todo en el campo de las izquierdas. La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno y sus proyectos de memoria histórica de las izquierdas vencidas en la guerra civil contribuyeron nuevamente a enrarecer el campo historiográfico español. Bajo la férula de un economista con ínfulas de historiador, Ángel Viñas, se articuló una especie de sindicato del crimen historiográfico, cuyos principales representantes, aparte del susodicho, son el hispanista británico Paul Preston (Sir), un historiador que compara a Franco con Hitler y que estima que la represión de postguerra equivale a un Holocausto como el judío perpetrado por los nazis; Francisco Espinosa Maestre, quien sostiene que, a la altura de 1936, las izquierdas españolas carecían de doctrina represiva y que acusa a José Álvarez Junco y a Santos Juliá Díaz de apologistas del franquismo (no es broma); Fernando Hernández Sánchez, hacedor de vulgatas historiográficas para uso del buen izquierdista; Alberto Reig Tapia, cuya obra resulta irrelevante; repetidoras como Matilde Eiroa; y toda una harca de expertos en intertextualidad que algunas vez someteremos a examen.

Su mensaje es tan simple como unidireccional: la II República fue un régimen democrático y reformista; las derechas conspiraron permanentemente contra el nuevo régimen en defensa exclusiva de sus intereses de clase; la revolución socialista de octubre de 1934 fue irrelevante: “un chispazo obrero, la dinamita de los mineros hizo milagros y escabechinas”, dice el presunto historiador Ángel Viñas; la guerra civil fue un conflicto entre democracia y fascismo, no entre revolución y contrarrevolución; los nacionales ganaron la guerra civil exclusivamente por el apoyo de Hitler y Mussolini; Stalin no pretendía instaurar una democracia popular en España; el franquismo estuvo inspirado por el nacional-socialismo, etc, etc.

Toda esta mercancía viene adobada por una ristra de insultos por parte de Viñas a quienes no piensan como él: “subnormales”, “fascistas”, “franquistas”, “infantiles”, “integristas”, etc, etc. Este grupo ha hecho imposible cualquier atisbo de diálogo entre distintas interpretaciones historiográficas. Su actividad supone la destrucción de la comunidad de investigadores. En ese sentido, hoy estamos mucho peor que en los años ochenta del pasado siglo. El airado Viñas ha sido especialmente duro con el partido político VOX, al que ha calificado de “basura”, por haber conseguido que los nombres de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero desaparezcan de las calles madrileñas. A su entender, eran dos auténticos representantes de la democracia republicana.

Como ya hemos señalado, uno de los objetivos de este grupo de historiadores ha sido, y es, la renovación del mito de la II República, incluso como proyecto político inconcluso. A los noventa años de su advenimiento debemos discutir esta construcción historiográfica.

Para empezar, podemos preguntarnos si la II República fue realmente un régimen político dotado de legitimidad. En mi opinión, no. Sin duda, fue un régimen “legal”, pero no nunca llegó a conseguir una legitimidad plena. Hace años, leyendo el célebre libro del historiador italiano Guigelmo Ferrero, liberal antifascista muerto en el exilio, El poder. Los Genios Invisibles de la Ciudad, me asaltó la duda. En una de sus páginas, Ferrero definía a la II República española como un régimen político “prelegítimo”. Y es que, para el historiador italiano, la misión del poder político es la de acabar con el miedo, que es el sentimiento fundamental del hombre frente al mundo. A ese respecto, el requisito fundamental es la legitimidad, es decir, el ejercicio del poder según principios compartidos entre gobernantes y gobernados, a través de diferentes fórmulas políticas. Naturalmente, un principio de legitimidad no puede establecerse en frío. Solo es eficaz si está en armonía con los mores, la religión, la mentalidad y los intereses económicos de una determinada época; en definitiva, cuando es vivido como una creencia, que nadie puede poner en duda. La II República fue un régimen político legal, pero no legítimo para un extenso sector de la sociedad española de la época.

A lo largo de su efímera y precaria existencia, la II República nunca logró articular una fórmula política aceptada por la mayoría de la población. Y es que no debemos olvidar que los republicanos estuvieron dispuestos a instaurar su alternativa, como lo demuestran las intentonas de Jaca y Cuatro Vientos, mediante el golpe de Estado militar. Y que, finalmente, su advenimiento no fue producto de una transición pactada, sino producto de una movilización de carácter revolucionario. No en vano, Luis Araquistain, el intelectual orgánico de Francisco Largo Caballero, definió el advenimiento del nuevo régimen como una “revolución legal”. No deja de ser significativo que Carl Schmitt definiera de la misma manera la llegada de Hitler al poder. Sin duda, la Monarquía había perdido su legitimidad. La sociedad, deferente de notables, dejaba paso a una realidad mucho más conflictiva. La II República nació escorada a la izquierda. El liberalismo radical y el socialismo ocupaban el poder por vez primera en la historia de España. Sin embargo, las izquierdas se hallaban profundamente divididas en sus proyectos políticos y sociales. Las dos grandes tendencias del movimiento obrero, socialistas y anarquistas, tenían ideas muy distintas sobre la naturaleza del proceso sociopolítico. Como se demostró en octubre de 1934, un sector muy importante del PSOE, el liderado por Francisco Largo Caballero, tuvo una visión instrumental del régimen republicano, que concibió exclusivamente como vía hacia el socialismo. La CNT fue una fuerza claramente disruptiva durante todo el período republicano: insurrecciones periódicas, huelgas y recurso permanente a la violencia. Los nacionalismos periféricos nunca renunciaron a la independencia. Por otra parte, las Cortes constituyentes de 1931 no fueron representativas del conjunto de la sociedad española; y dieron lugar a un texto constitucional que nunca fue aceptado por unas derechas que carecían de representación y por un sector tan decisivo y numeroso como los católicos, por su contenido socializante y abiertamente secularizador y anticlerical. Según documentó la historiadora María Dolores Gómez Molleda, en las cortes constituyentes tuvieron presencia 150 diputados adscritos a la masonería, lo que explica el contenido abiertamente anticlerical de la legislación republicana. Sin duda, hubo unas derechas, como los monárquicos alfonsinos y los carlistas, irreductibles; pero no hay duda de que la Iglesia y un sector del catolicismo estuvieron abiertos al pacto. La Constitución de 1931 fue aprobada sin el recurso al referéndum del conjunto de la población. Poco antes del estallido de la Guerra Civil, Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la República, publicó su obra Los defectos de la Constitución de 1931, reconociendo los errores de aquel anómalo proceso constituyente.

Ramiro de Maeztu señaló que la II República, a diferencia de la francesa, no disponía de un León Gambetta, es decir, un líder flexible y oportunista capaz de mediar entre los distintos intereses sociales. Con su habitual estolidez política e intelectual, José María Aznar caracterizó a Manuel Azaña como un político “integrador”, cuando fue todo lo contrario. El contenido de sus diarios, que sin duda Aznar nunca leyó, delata su talante sectario. Por eso, resulta muy significativa la descripción de su encuentro con el líder católico Ángel Herrera Oria, que se mostraba abierto a un pacto con el nuevo régimen. El desprecio de Azaña fue absoluto; lo describe como un “jesuita de capa corta”, “risible y sin ningún interés”. Por supuesto, desoyó sus demandas. Y es que el anticlericalismo del alcalaíno resultaba patológico. El gran error de su discurso de octubre de 1931 no fue declarar que “España ha dejado de ser católica”, sino el decir a continuación que el número de católicos españoles resultaba políticamente irrelevante. En su proyecto político, no existía espacio político para la derecha católica. La izquierda estaría representada por el PSOE; la derecha por el Partido Radical de Alejandro Lerroux; y el centro por su partido, Acción Republicana primero e Izquierda Republicana después. El resto estaría fuera del campo político. Incluso, en alguna ocasión, llegó a decir que la derecha republicana era él. Como hubiera señalado Michael Oaskhesott, Azaña fue el típico “racionalista político”, que operaba en abstracto, sin contar seriamente con el sistema de condicionantes, en que se hallaba inserto el presente, soslayando las tensiones que desataba y despertaba su proyecto presuntamente modernizador.

En el fondo, fue un hombre del siglo XIX. En sus escritos, no existen huellas de Weber, Marx, Schmitt, o Keynes. Y no aparecen reflexiones sobre la crisis del capitalismo liberal, la revolución rusa, el fascismo, el nacional-socialismo o el New Deal. No menos negativa, aparte de su política anticatólica, fue su actitud ante el catalanismo, incluso en algún momento hizo referencia al derecho de autodeterminación. Desde nuestra situación actual, sabemos que la razón histórica estuvo de parte de José Ortega y Gasset, frente a Manuel Azaña, en las discusiones sobre el Estatuto de Cataluña.

Excluidos los católicos, el conjunto de las derechas, el anarquismo, un sector del Ejército y con el apoyo muy condicionado de los socialistas, la legitimidad de la II República, al menos en su versión azañista, era muy precaria. De ahí la legislación represiva generada a largo del primer bienio republicano. El propio Azaña recoge, en sus diarios, la opinión de los socialistas Luis Araquistain y Juan Negrín, partidarios de una dictadura republicana: “Yo soy partidario de la dictadura –responde Araquistain- cuando conviene. Una dictadura personal sería un pensamiento ridículo, pero necesitamos una mayoría compacta que apoye ciegamente una política de profunda renovación. Negrín asiente y añade que se necesita una dictadura bajo formas y apariencias democráticas que haga posible la preparación del pueblo para el futuro”.

En ese sentido, no sólo se reforzaron los cuerpos policiales, con la fundación de los Guardias de Asalto, sino que la legislación adquirió un carácter sumamente represivo: Ley de Defensa de la República, Ley de Orden Público y Ley de Vagos y Maleantes, conocida ésta última con “La Gandula”. A partir de esta legislación, se crearon nuevas formas de ilegalidad y de control de la sociedad por parte del Estado: prohibición de asambleas y mítines de partidos considerados antirrepublicanos; suspensión de las garantías constitucionales; cierre de periódicos, procesamiento de actos criminales, mendigos, parados, proxenetas, creación de campos de internamiento, etc, etc. No fue, desde luego, la II República el paraíso de las libertades que Viñas y sus acólitos pretenden mostrarnos.

Los límites de la II República se vieron claramente tras las elecciones de noviembre de 1933. La victoria de la derecha católica y de los radicales de Lerroux conmovieron los fundamentos del régimen. Azaña deslegitimó el resultado de las elecciones y los socialistas amenazaron con una insurrección de carácter violento.

En realidad, el PSOE hacía tiempo que había exteriorizado su rechazo de la II República. Sobre todo, desde su salida del gobierno. Largo Caballero y los suyos nunca entendieron los mecanismos del sistema parlamentario. El objetivo del líder socialista cuando ocupó la cartera de Trabajo fue el control de las relaciones laborales por parte de la UGT frente a los empresarios y los anarquistas. A ello se unía el control de la economía como vía hacia el socialismo. Sus proyectos de ley, como el de Control Obrero, la de Jurados Mixtos, la de Contratos de Trabajo o la de Términos Municipales, fueron muy discutidos, y algunos rechazados.

Desde entonces, Largo Caballero y sus partidarios abominaron del régimen parlamentario e hicieron alabanzas tanto de la “dictadura del proletariado” como de la experiencia soviética. El líder socialista se convirtió en “El Lenin español”. Sin embargo, no fue éste sino Indalecio Prieto quien elaboró el proyecto revolucionario socialista, en el que se propugnaba la socialización de la propiedad agraria, la abolición del Ejército y de la Guardia Civil, y el fin de las órdenes religiosas. Pronto se pasó de las armas de la crítica a la crítica de las armas. Azaña no participó en la insurrección socialista de octubre de 1934, pero deslegitimó la participación de la derecha católica en el gobierno. La convocatoria socialista de la huelga general revolucionaria fue un fracaso en el conjunto de España, salvo en Asturias donde tuvo todas las características de una guerra civil localizada. Como señaló Raymond Carr, la insurrección de octubre de 1934 fue “un preludio de los clamores y divisiones amplificadas de julio de 1936”. Y así lo reconoció, finalizada la guerra civil, el propio Manuel Azaña.

Hay que señalar, por otra parte, que los subsiguientes gobiernos de la derecha católica y los radicales no estuvieron a la altura de las circunstancias, al ser incapaces de garantizar una legislación reformista alternativa frente a los excesos de la revolución, ni de lograr la cohesión nacional y social. El triunfo electoral del Frente Popular, no sin el recurso a la coacción y al fraude, en febrero de 1936 supuso el retorno al poder de Azaña bajo el control de los insurrectos de octubre de 1934. Como jefe de gobierno y luego como presidente de la República, tras la destitución de Alcalá Zamora, la lucidez y la eficacia de Azaña brillaron por su ausencia; y lo mismo ocurrió a lo largo de la guerra civil. Azaña fue una marioneta de los revolucionarios. Hacía tiempo que la II República había dejado de existir. No se puede considerar sus defensores al conglomerado político de socialistas revolucionarios, anarquistas y comunistas bajo la dirección primero de Largo Caballero y luego de Juan Negrín. Fue un experimento político fallido, que nos muestra fehacientemente aquello que no debería hacerse.

Carente de legitimidad política y en un contexto sociopolítico e internacional hostil, la II República española se reveló a sí misma como el aspecto tragicómico de las limitaciones humanas.

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Sánchez reivindica la funesta II República y adopta el discurso proetarra
EDITORIAL. Libertad Digital 15 Abril 2021

Poco "luminoso" será el futuro de la nación si el Gobierno sigue en manos de semejante personaje.

La bochornosa sesión parlamentaria de este miércoles muestra hasta qué punto la izquierda sigue instalada en una concepción sectaria y patrimonialista del poder más propia de las criminales repúblicas socialistas que imperaban al otro lado del Telón de Acero que de las democracias liberales. Para empezar, resulta una vergüenza que el presidente del Gobierno reivindique un régimen tan radicalmente ilegítimo (de origen y de ejercicio) en términos democráticos como la II República. Nacida no como resultado de ningún plebiscito democrático ni de ninguna Constitución aprobada por el pueblo español, sino mediante una artera interpretación de los resultados de unas elecciones municipales en las que, para colmo, resultaron vencedoras las candidaturas monárquicas, la II República, lejos de unir a los españoles, los dividió, radicalizó y enfrentó hasta degenerar en una espantosa guerra civil.

Que socialistas y comunistas no buscaban en ese régimen un marco legal consensuado que articulara un auténtico sistema democrático es un hecho que demuestran no sólo los escritos y proclamas de sus líderes del momento, rabiosamente antidemocráticos, sino el hecho mismo de que se alzaran en armas contra ella en 1934, meses después de que el centro y la derecha ganaran las elecciones generales de 1933.

El único “vínculo luminoso con nuestro pasado” que cabe conmemorar no es la funesta y sectaria II República, sino la Constitución de 1978, consensuada por las formaciones herederas de los dos bandos enfrentados en la guerra civil y refrendada masivamente por el pueblo español en referéndum.

No menos indecente que su reivindicación de la II República es la reiterada negativa del presidente del Gobierno a condenar el terrorismo callejero sufrido por Vox en el barrio madrileño de Vallecas. Pedro Sánchez ha tenido la desvengüenza de acusar a los de Santiago Abascal de “ir a Vallecas a buscar bronca”. Como si un partido político no pudiera hacer campaña donde le dé la gana. Con semejante aseveración, Sánchez hace suyas las palabras que utilizaban los terroristas de Batasuna cuando los representantes del PP y del PSOE hacían campaña en zonas copadas por la mafia etarra.

Así las cosas, poco "luminoso" será el futuro de la nación si el Gobierno sigue en manos de un sujeto que reivindica un régimen cuyo sectarismo llevó a la Guerra Civil y que hace suyos los argumentos de la peor organización terrorista que hayamos padecido.
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