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Resiliencia y vergüenza
EDITORIAL. https://gaceta.es 15 Abril 2021
La presentación, por octava vez, del plan del Gobierno español para
el reparto de los fondos europeos para la recuperación y la
resiliencia —esa palabra— como consecuencia de la pandemia, olvida,
por desgracia, las consecuencias de la pandemia.
Los burócratas europeos, con el apoyo entusiasta de los políticos
que se pasean con la insignia de la Agenda 2030 en la solapa de sus
trajes, han decidido que la crisis económica y social que ahoga
Europa y, sobre todo, países sureños como España, se soluciona con
transiciones ecológicas, impuestos digitales, protección de la
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, además del
sostenimiento con el dinero de los contribuyentes europeos de
dispendios públicos como chiringuitos que promueven políticas
identitarias como la ideología de género cuyas nefastas
consecuencias sociales sólo acertamos a atisbar y que, sin duda,
lamentaremos.
Es difícil que cientos de miles, que serán millones, de españoles
del sector privado que han perdido mucho más que un empleo,
entiendan que la necesidad de proteger la biodiversidad vaya por
delante del presente y el futuro de sus familias. No acertamos a
comprender cómo un pequeño negocio ahogado —o cerrado— por una
combinación a partes iguales de restricciones sin base científica
(véase la resolución 12/2021 del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco), impuestos confiscatorios y la negación sistemática de
las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica que regula el
Estado de Alarma, va a entender que por delante de su libertad y su
derecho a prosperar vaya la lucha contra el cambio climático a la
que irá destinado el 30 por ciento de los fondos de »resiliencia».
Cómo podrá explicar la Unión Europea y el Gobierno español —si es
que lo explican—, que no se modifique sustancialmente el destino de
los fondos tras el fracaso de sus planes de vacunación que eran la
base que sustentaba tanta frivolidad medioambiental con cargo al
bolsillo presente y futuro de los contribuyentes europeos.
Todo es incomprensible. Una veintena larga de irresponsables
presididos por un supuesto doctor en Economía que jamás han
trabajado en el sector privado y que no saben lo que es el esfuerzo
de levantar y sostener un negocio, se permiten reunidos en Consejo
de Ministros decidir el destino del mayor paquete económico jamás
salido de las arcas públicas europeas sin negociar con empresarios,
autónomos y asalariados del sector privado.
Lo incomprensible es lo natural en el presidente Sánchez. Y su
naturaleza es la de ni siquiera tener la decencia de dar
explicaciones a la rana cuando le clava el aguijón. Para negociar
hay que dar la cara y, sin que se te caiga al suelo de la vergüenza,
explicarle a un empresario o a un autónomo que la prioridad de los
fondos europeos que todavía no han llegado es la de transicionar
energéticamente hacia la reducción de la brecha digital cuidando la
biodiversidad y luchando contra el cambio climático.
Hace falta valor.
Sánchez oculta la realidad de la crisis
Editorial La razon 15 Abril 2021
Es cierto que Pedro Sánchez no se presenta a las elecciones de la
Comunidad de Madrid, por lo que nada le impide que utilice la
tribuna del Consejo de Ministros o del Congreso para hacer campaña a
favor de su partido. Otra cosa es la usurpación de lo público en
beneficio propio y el deterioro que ocasiona a las instituciones.
Ahora bien, si lo que quiere es explicar en qué se gastará el dinero
que llegará de Europa –70.000 millones de euros, de momento, de
140.000– lo mínimo exigible es concreción y claridad. Y algo de
sensibilidad con los que están sufriendo los efectos de la crisis.
Primero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció una
subida de impuestos sobre sociedades, patrimonio y sucesiones y
donaciones con una evidente intencionalidad electoral para rebatir
la política fiscal de Díaz Ayuso; después, Sánchez la justifica
porque era una recomendación de la Unión Europa de armonizar los
diferentes sistemas. Sin embargo, ayer la OCDE aconsejaba que no se
realizasen subidas de impuestos hasta que la recuperación no esté
«firmemente en marcha», por lo que habrá que entenderse que estas
medidas, de aplicarse, deberían ser a medio plazo.
Los planes del Gobierno son los de «armonizar» la hacienda pública,
pero sin ofrecer un sistema fiscal más eficaz, tal y como propone la
organización de los países desarrollados, con el objetivo de abordar
un sistema de financiación para la reforma del mercado laboral, la
educación y la innovación, y que Sánchez dejó en el limbo. Por
contra, el presidente presenta un panorama ideal, pero incapaz de
ver la realidad del país. Por citar el aspecto más humano que la
izquierda hubiese explotado hasta la extenuación de haberse
encontrado en la oposición: las llamadas «colas del hambre», que no
es más que la plasmación de la precariedad laboral de nuestro
mercado laboral y las carencias estructurales en una formación cara
al empleo y de la que Sánchez pasó de puntillas. Más de 200.00
autónomos y pymes se quedarán fuera de los 7.000 millones de ayudas
directas al no pertenecer a una de las 95 actividades beneficiarias.
Otra realidad que Sánchez ha eludido, sin abordar qué será de miles
de negocios que han sido dañados por la pandemia. Ya no es el
momento de las ayudas directas, sino de inversiones para reformar el
sistema productivo, pero no puede esconder la realidad del turismo y
la hostelería, con 62.000 millones de euros perdidos y las
destrucción de 600.000 empleos directos.
Decir, como ayer apuntó Sánchez en el Congreso, que su plan de
recuperación es el «más ambicioso de nuestro país» –sin duda, los
140.000 millones de ayudas lo avalan–sólo indica una euforia que
esconde una evidencia: no puede entregar a la oposición 200 folios
horas antes de presentar este plan. El sectarismo no es lo que
necesita España en estos momentos. Hace falta el consenso de todos.
El falso debate por los impuestos
Julio Ariza. https://rebelionenlagranja.com 15 Abril 2021
No sé qué ocurre con el debate político en España que siempre sitúa
el foco de la discusión en el lugar equivocado. El tema de los
impuestos, que va a copar la campaña electoral de Madrid con toda
seguridad, es uno de ellos. El debate está centrado, como siempre,
en bajar o subir impuestos. Los partidos del centro y la derecha
quieren bajar impuestos, La izquierda, quiere subirlos. Y para eso
se acude a magnitudes engañosas por comparación con otras naciones
europeas: se dice que la presión fiscal en España es de las más
bajas de Europa y se responde que el esfuerzo fiscal es, por el
contrario, uno de los más elevados. Pero ese, insisto, no es el
debate, o no debería serlo.
La cuestión es otra. La cuestión es para qué pagamos impuestos. A
qué se destina nuestro dinero, Qué cosas paga el poder político con
nuestro salario, con nuestros dividendos, con nuestro patrimonio o
con nuestra renta. Si se lo gasta en oropel o si se lo gasta en
ayudar a la gente. Si se lo gasta en dar satisfacción a sus redes
clientelares, entonces no quiero pagar un solo céntimo. Pero si lo
destina a ayudar a los más necesitados y a levantar el país,
entonces quiero pagar más impuestos.
Si se trata de ayudar a las viudas que no llegan a fin de mes,
quiero pagar más impuestos. Si se trata de ayudar a las familias
numerosas, quiere pagar más impuestos. Si se trata de formar
eficazmente a los parados para que encuentren empleo, quiero pagar
más impuestos. Si se trata de ayudar a las personas con dependencia,
quiero pagar más impuestos. Si se trata de facilitar comida y
alimento a los mas necesitados, a los que están en exclusión social,
quiero pagar más impuestos. Si se trata de ayudar a que no cierren
los pequeños negocios, quiero pagar más impuestos. Si se trata de
pagar unos buenos servicios públicos eficientes, quiero pagar más
impuestos.
Ahora bien, estoy en contra de que el dinero de los contribuyentes
sea un cheque en blanco para que el poder político lo dilapide en
sostener sus chiringuitos políticos y sociales, subvencione
colectivos ideológicos y sostenga organismos clientelares o regale
dinero las multinacionales, o a las Fundaciones de los grandes
magnates del globalismo (recuérdese que este gobierno ha regalado a
Bill Gates 125 millones de euros). No soy partidario de que el poder
público pueda destinar, sin mandato previo, los dineros de los
españoles a rescatar, por ejemplo, a la compañía Plus Ultra, o Duro
Felguera, porque con esos 180 millones de euros se puede ayudar a
muchas personas.
Según la AIREF, en España se destinan más de 30.000 millones de
euros al año en subvenciones. ¿Puede hacer el estado con nuestros
impuestos lo que realmente le venga en gana? De esa ingente
cantidad, la mitad, más de 14.000 millones de euros al año, son
subvenciones sin control posterior, del tal manera que, realmente,
el estado no sabe si la finalidad para las que se concedió el dinero
se ha realizado o no, o si la ONG ha podido justificar el gasto con
cargo a los proyectos subvencionados. En esas condiciones, me parece
inmoral destinar el dinero de la gente a no se sabe qué.
No solo eso. Veamos algunos supuestos de a qué e destina el dinero
según la Ley General de Presupuestos del Estado para 2021:
RTVE: 410 millones. ¿Realmente necesitamos los contribuyentes
españoles sostener con esa cantidad -que se podría destinar a
labores sociales- ese monstruo que ha perdido la neutralidad
informativa y se ha convertido en un instrumento de propaganda al
servicio del gobierno de turno? Prefiero destinar esa cantidad a la
dependencia.
Fomento: ¿Son imprescindibles los 59 millones a los concesionarios
de autopistas, o los 168 millones para satisfacer las bonificaciones
a residente no peninsulares? ¿Están bien calibradas las subvenciones
de 570 millones al tráfico aéreo o los 1.200 millones la sector
ferroviario? Me parece más necesario ayudar a las familias a llegar
a fin de mes.
Exteriores: ¿Se justifica la partida de 25 millones de la ayuda
oficial al desarrollo, los 403 millones que se van en participación
en organismos internacionales o los 193 millones del programa de
cooperación exterior?
¿Por que Justicia destina 2,2 millones a una Fundacion que se llama
Pluralismo y Convivencia mientras existen pensiones que en algunos
casos condenan a los españoles a la miseria?
¿Tiene que seguir aportando Economía 30 millones al Fondo Africano
de Desarrollo, y otros 50 millones al Fondo verde del Clima, y otros
3 millones para el desarrollo del talento femenino en el ámbito
digital, y otros 3 millones en el impulso del lenguaje natural en la
Agenda Digital? ¿Realmente está justificado todo esto?
¿De verdad hay que pagar 3.300 millones de euros a las eléctricas
para compensar el sistema eléctrico por los costes de generación y
otros derivados del uso de energía eléctrica?
¿Necesita el SEPE destinar 20 millones a mejorar las oficinas empleo
cuando las relaciones con los desempleados se mantienen on line?
¿Es presentable que le entreguemos a Ecologistas en Acción 50
millones al año? ¿No será mejor que los destinemos al cuidado del
campo y de la naturaleza en lugar de a una ONG?Ç
El Instituto de la Mujer dispone de 700.000 euros para pagar
estudios sobre la mujer y el instituto de la Juventud 11 millones
para las empresas privadas del programa Erasmus.
Prefiero no seguir con los ejemplos. Prefiero no caer en los
ejemplos más surrealista de subvenciones, pero no me resisto a
terminar con algunas de las que concede Ada Colau: 57.000 euros a la
Asociación Paz con Dignidad, 47.000 euros para consolidar el
colectivo LGTBI en Guatemala, o al proyecto «de la banca armada a la
banca ética», o al programa»reinventándose el espacio urbano de
Africa» etc etc
Yo sí que quiero pagar impuestos, pero tengo derecho a exigir que
con el dinero de nuestro esfuerzo se paguen temas realmente
necesarios y realmente sociales.
Quiero pagar más impuestos para ayudar a los necesitados,
redistribuir la renta, fortalecer el país y ayudar a la España que
madruga.
El debate es ese: una cuestión de calidad y no de cantidad; de
destino y no de volumen.
La publicidad de Sánchez se paga con dinero
de Europa y de los españoles
Editorial. ESdiario 15 Abril 2021
El Gobierno pretende dedicar los Fondos Europeos a baratijas
ideológicas con los recursos de Bruselas y recortes e impuestos para
los ciudadanos españoles.
El presidente del Gobierno presentó en el Congreso su Plan de
Recuperación, en otra sesión que antepuso su propaganda personal a
la gestión correcta de los Fondos Europeos y a la explicación de las
reformas que contempla, muchas de ellas desconocidas y otras
directamente equivocadas, con la fiscal al frente por su carácter
confiscatorio y contraproducente.
El entusiasmo de Sánchez no se corresponde ni con la realidad
financiera de España ni con los consejos de las principales
instituciones financieras: ayer mismo la OCDE aconsejó evitar
subidas de impuestos en plena recesión y el FMI instó al Gobierno a
aplicar reformas estructurales para no convertir las ayudas en una
mera manera de subvencionar la agenda ideológica de un Gobierno sin
brújula.
Casado compara a Sánchez con Napoleón y le humilla con el caos de
España
El carácter personalista de la gestión del rescate europeo puede
serle suficiente en España para mantener el espejismo de que todo
marcha razonablemente, pero antes o después acabará chocando con
Bruselas si no se ejecuta con solvencia y transparencia.
Sánchez se paga su promoción alocada con recursos ajenos y esfuerzos
nacional: es inaceptable
Los propios Fondos no están asegurados al 100% y siguen pendientes
de una resolución del Tribunal Constitucional de Alemania. Además,
Bruselas controlará su ejecución con exigentes exámenes bianuales
que, de no ser superados, comportan en los casos más graves la
suspensión de las transferencias.
¿Qué reformas?
Más allá de eso, los Fondos son un balón de oxígeno temporal, pero
nunca la salvación del país: su importe de 140.000 millones para
varios años equivale casi al déficit español de un solo año, 2020,
cifrado en 123.000 millones de euros. Las ayudas se concederán
espaciadas en cinco años, con la mitad de ellas en formato de
préstamo, lo que frena el optimismo y perfila su auténtica
dimensión, mucho más limitada de lo que Moncloa quiere hacer ver a
la ciudadanía.
En unos días se conocerá la dimensión exacta de las reformas fiscal,
laboral y de pensiones que, junto a la imprescindible pero olvidada
de la Administración Pública, son el verdadero meollo de la
cuestión. Y sería muy indignante que en todas ellas se aplicaran
recortes y subidas mientras Sánchez, con dinero ajeno, se financia
su lamentable agenda ideológica.
El futuro de la democracia española
Amando de Miguel. Libertad Digital 15 Abril 2021
Los partidos, cada uno con su programa y su ideología, deben aspirar
a representar a todos los españoles.
No pretendo dármelas de adivino, ni siquiera de pronosticador con
algún artefacto sociológico o estadístico. El futuro de la
democracia española aquí entrevisto entra dentro de lo posible,
aunque más bien teñido con el inevitable sesgo de lo deseable, del
deber ser, en mi modesta opinión. Bien pensado, se trata, al final,
del porvenir necesario, si es que no queremos enfrentarnos, otra
vez, en una guerra civil. Sería la última, la confirmación de la
completa disolución de España. Tampoco hay que extrañarse, naciones
más vetustas han perecido en la historia. Por tanto, me pongo en la
disposición de otear el futuro inmediato de mi país “optimizando las
actualizaciones del sistema”, como dice mi móvil. Insisto en que mi
planteamiento es lo que debe suceder, desde mi personal sentimiento.
Vaya por delante esta premisa: no creo que haya que cambiar de
Constitución, al menos por el momento. Es algo más sustancial. Se
trata de mejorar ciertas inveteradas prácticas políticas de una
democracia que resulta un tanto averiada. Naturalmente, caben otras
muchas opciones. Yo, aquí, selecciono algunas, las más perentorias.
Parece poco hacedero acogerse al ideal de dos partidos como sujetos
del debate parlamentario. No obstante, es un despropósito lo que
tenemos: unas Cortes con una veintena de formaciones políticas. Hay
algunos métodos para reducir tal desmesura. Una regla muy
conveniente para el buen orden parlamentario sería muy simple. Los
partidos, cada uno con su programa y su ideología, deben aspirar a
representar a todos los españoles. Por tanto, se excluyen los que,
expresamente, afectan a una región, a una localidad o a un grupo
étnico. No se puede ir por el mundo democrático con una formación
parlamentaria que se etiqueta como Teruel Existe. Todos esos
partidos de alcance no nacional podrían estar representados en los
Parlamentos regionales (mal llamados “autonómicos”).
Tampoco estaría mal que los cuerpos legislativos, nacionales y
regionales, redujeran a la mitad el número de los diputados o
equivalentes. No es solo por una razón de austeridad, sino como
consecuencia del voto cautivo que tienen los parlamentarios respecto
a su partido.
España es un caso, entre otros muchos, de un Estado que trata de
organizarse sobre una base multinacional o multilingüística. Por si
fuera poco, a esas divisiones territoriales hay que añadir, ahora,
el contingente, cada vez más numeroso, de los musulmanes o
islamistas españoles. Razón de más para la exigencia de partidos
verdaderamente nacionales.
Otra medida imprescindible para contener la creciente multiplicidad
de partidos sería la eliminación de las generosas subvenciones que
reciben del Estado, o sea, de todos los contribuyentes. Las
formaciones políticas, los sindicatos, los grupos de influencia y
cualesquiera otras formas de asociaciones ideológicas (incluidas las
confesiones religiosas) deben sostenerse, exclusivamente, con las
aportaciones de sus miembros. El sector público debería eliminar la
actual floresta de subvenciones, dejando solo las dirigidas a la
ayuda directa a las personas necesitadas o marginadas, que no son
pocas.
Comprendo que, en la España actual, no resulta simpática la idea de
sufragar los gastos del partido político de las preferencias de cada
uno. Por lo mismo, tampoco se considera plausible eliminar las
ayudas públicas a la compra de vehículos eléctricos, viviendas o
cualquier otro artículo. Se entiende, popularmente, que son formas
de favorecer a las clases humildes, pero en realidad esconden una
injusta protección a los intereses de las grandes empresas. Es
menester acabar con todas esas corruptelas, que alimentan la alegría
del presupuesto público. Los recortes dichos los considero
imprescindibles para que disminuya la ingente deuda pública y la
onerosa carga fiscal.
Habría que entrar en las atrocidades legales que se han perpetrado
en las Cortes durante los últimos lustros. Bastará una ilustración,
si se puede llamar así: la ominosa “ley de memoria histórica”. Ahora
quieren llamarla “de memoria democrática”, que es peor. No hay que
demostrar el peligro de una norma, como esa, tendente a resucitar el
fantasma de la guerra civil. Lo malo es que ya hay algunos
prominentes candidatos para la procesión de espectros.
Rufián, el candidato de Sánchez en Madrid
Pablo Planas. Libertad Digital 15 Abril 2021
Ángel Gabilondo es un mentiroso compulsivo, un embustero
recalcitrante y un farsante contumaz. El individuo que el PSOE
presenta como cabeza de cartel en las elecciones autonómicas de
Madrid miente en todo momento y ocasión. Mintió cuando prometió que
no pactaría con Iglesias y nada más trascender la ¿encuesta? de
Tezanos que daba un hipotético triunfo a la suma de las izquierdas
se apresuró a desautorizarse sin reparos ni sonrojo. También dijo
que en Madrid había más posibilidades de morir de coronavirus que en
cualquier otra comunidad de España y tuvo que salir Simón a explicar
que eso era mentira. No deja de tener su mérito haber obligado al
doctor Simón a decir una verdad, ciertamente. Y miente cuando dice
que su partido no subirá ni un euro los impuestos en Madrid. Pedro
Sánchez ya ha dejado claro que su partido, que es el mismo, planea
un hachazo fiscal épico.
Claro es que Gabilondo es poca cosa, un exfraile arrepentido al que
sus alumnos del internado de los Corazonistas de Vitoria apodaban
Cromañón por las pintas del sujeto, que eran lo de menos en
comparación con las bofetadas que pegaba. Hoy en día estaría en la
cárcel o suspendido de por vida para la docencia por uno solo de
aquellos tortazos. El verdadero problema es que el presidente del
Gobierno ha enfilado a Madrid, lo que representa Madrid en términos
de libertad, tolerancia, bienestar, progreso, crecimiento y
excelencia y no está dispuesto a que una comunidad gobernada por la
derecha refute con éxito todas las políticas de la izquierda antes,
durante y después de la pandemia.
De ahí que Sánchez haya asumido las tesis de tipos como Gabriel
Rufián, un personaje que considera que Madrid es un paraíso fiscal
porque a diferencia de lo que ocurre en la región catalana los
impuestos autonómicos no son un auténtico robo. Y los separatistas
no se pueden permitir que haya otras regiones en España que
demuestren que no hace falta saquear a los contribuyentes, que las
autonomías tienen instrumentos y competencias suficientes para
llevar a cabo políticas fiscales propias sin tener que reclamar la
independencia y que la estabilidad institucional y la seguridad
jurídica contribuyen a atraer inversiones, crear riqueza y fomentar
el empleo.
Así es que Rufián bien podría ser el candidato socialista para
Madrid y el objetivo del PSOE, de Sánchez y de sus socios golpistas
es sumir en la miseria a Madrid y a los madrileños, desmantelar un
sistema tributario que se atiene perfectamente a la legalidad,
espantar a empresas y emprendedores, convertir una región que goza
de cierta vitalidad en lo más parecido a la convulsa y decadente
Cataluña. Y no van a reparar en medios y mentiras para lograrlo. No
hay más que ver a Sánchez presentado dieciocho veces el mismo cuento
del Plan Marshall, los ya míticos 140.000 millones europeos, el maná
de nunca jamás.
A Sánchez le da lo mismo ocho que ochenta. No tiene reparo alguno en
mentir. Es su especialidad. Gabilondo a su lado es un aficionado. El
presidente también es un chulo. No hay más que ver cómo se ha reído
de la diputada de Puigdemont Miriam Nogueras en la sesión de control
de este miércoles. La representante del prófugo ha reprochado a
Sánchez que no haya nada real en sus anuncios y el presidente se ha
referido al timo del carnet de la república catalana. "El ejemplo
más paradigmático de política simbólica y sin utilidad real es el
DNI catalán, que no sirve para hacer ningún trámite pero, eso sí,
cuesta nueve euros", ha dicho el desahogado. Nogueras no ha podido
replicar.
Quién sabe si de haber dispuesto de turno le habría recordado al
palomo monclovita que en la última campaña prometió que traería de
vuelta a Puigdemont y que Puigdemont sigue en Waterloo con sus
carnets y sus historias. Y que si le da la gana desencadena la
repetición de las elecciones catalanas y se carga a sus socios,
Rufián, Junqueras y el mandadero de Junqueras, ese niño con barba
que se apellida Aragonès, con el acento al revés para disimular que
su abuelo era alcalde de Franco y que su familia ocultó una fortuna
en las Antillas Holandesas.
En resumen, ojo con Madrid y al tanto con Cataluña.
Entre traidores y cobardes
Agapito Maestre. Libertad Digital 15 Abril 2021
¿Qué historia se ha hecho de la España del siglo XX? ¿Quiénes la
hicieron, de verdad, los vencedores o los vencidos? ¿Qué hay de
verdad y de mentira en esos relatos?
Discutamos todo y con todos. Porque no me acostumbro a los cantos
encendidos del régimen político, la Segunda República, que nos llevó
a la guerra más terrible de España, tengo la obligación de pensar,
una vez más, cómo llegó aquel terrible sistema político que hizo una
Constitución sólo para la mitad de la población. Porque no soporto
la historia de los currinches, tipo Sánchez y Casado, vencedores de
miserias y derrotas morales de nuestro tiempo, debo decir algo que
me sirva para seguir pensando la tragedia de España. Porque no me
conformo con mis explicaciones pasadas sobre el advenimiento de la
Segunda República, tengo el deber ciudadano de seguir escribiendo
para que nadie confunda historia de la reconciliación nacional con
revancha histórica. Discutamos, pues, todo y con todos. No ocultemos
asuntos ni personajes del pasado español. Seamos fieles a quienes no
tienen miedo de ser convencidos por sus interlocutores.
Empecemos por discutir la historia. ¿Qué historia se ha hecho de la
España del siglo XX? ¿Quiénes la hicieron, de verdad, los vencedores
o los vencidos? ¿Qué hay de verdad y de mentira en esos relatos? Y
así, de asunto en asunto, podríamos seguir formulado ciento de
cuestiones que nos llevarían a lo obvio: historiar es comprometerse
con la verdad hasta el sacrificio. ¿Quién está dispuesto a dar su
vida por la verdad? En fin, eludo la respuesta, porque soy un
escéptico radical sobre la valentía de los historiadores.
No obstante, reconozco que la historiografía española ha alcanzado
una cierta decencia a pesar de no haber clarificado asuntos y
períodos clave de nuestro pasado reciente. La historia de España,
cualquiera de sus épocas, tiene que partir de nuestro pasado más
remoto, pero si lo que nos interesa, en 2021, es el período de la
Segunda República, entonces tendremos que empezar en la última parte
del XIX, en 1874, cuando cae la Primera República, duró poco menos
de un año y tuvo cuatro presidentes y ni siquiera un día de
tranquilidad, y se restaura la Monarquía. Alfonso XII, con apenas
dieciocho años, llegó a Madrid el 14 de enero de 1875, reinó diez
años. A su muerte, en 1885, asumió la Regencia su segunda esposa,
María Cristina de Habsburgo, hasta que fue coronado su hijo Alfonso
XIII, el 17 de mayo de 1902, juró la Constitución de 1876, que duró
hasta la proclamación de la Segunda República.
¿Proclamación? Sí, anuncio de una nueva situación política y vital.
¿Dónde está la gran historia, el texto luminoso y definitivo que nos
explique quién, por qué y cómo se llega hasta la declaración de que
los españoles han dejado de vivir en una monarquía para instalarse
en una república? Hay miles de libros que tratan de contarnos la
cosa. Pero, salvo raras y escasas excepciones, los historiadores aún
no han conseguido construir un relato veraz, creíble y plausible
para todos que nos cuente la llegada de la Segunda República. Yo no
me conformo con la explicación del gran maestro de la filosofía
española: “Por cansancio y consunción de la Monarquía” vino la
República. No quiero una respuesta filosófica, que pudo valer sin
duda para aquel momento, sino una explicación histórica para aquí y
ahora y, reitero, para todos los españoles.
Tengo la sensación de que casi todo lo escrito y dicho sobre este
asunto, sobre todo en las últimas décadas, es brochazo gordo o,
sencillamente, mentiras y más mentiras para ocultar lo evidente: la
traición de la izquierda y la cobardía de la derecha se aliaron para
traer un régimen político que, sin legitimidad alguna de origen y
menos de ejercicio, nos condujo a matarnos como salvajes. Seamos,
pues, sinceros, y reconozcamos que sigue siendo la cosa más extraña
del mundo, casi imposible de entender para alguien que estudie
nuestro pasado inmediato sin resentimientos y sin prejuicios, cómo
pudo surgir una república de una monarquía a través de unas
elecciones municipales. Parece que los historiadores no ocultan la
pieza clave. Los llamados historiadores progresistas, por un lado,
tienen miedo de que les llamen apologistas de la traición, pero, sin
lugar a dudas, el régimen que nos conduce directamente a la Guerra
Civil, casi desde que se aprueba la Constitución de 1931, lo
trajeron unos golpistas que se acobardaron a la hora de la verdad
(la reunión convocada por el PSOE en agosto del 30 que dio lugar al
Pacto de San Sebastián, fusilamientos de dos capitanes,
encarcelamiento de algunos políticos, etcétera). Y, por otro lado,
los historiadores conservadores, monárquicos y liberales no quieren
que se les acuse de cobardes, o sea de colaboracionistas con el
golpe… En fin, entre traidores y cobardes, entre una historiografía
que oculta su golpismo y otra que teme ser llamada colaboracionista,
nadie quiere asumir sus contradicciones para construir una historia
limpia, o sea, para vincular con decencia nuestro pasado al presente
y al futuro.
Madrid, Marsé y la asistenta del
nacionalismo
Xavier Pericay. Vozpopuli 15 Abril 2021
Este ha sido siempre el papel del PSC en la política catalana y
española: el de asistir al nacionalismo en lo que este mandara
Hubo un tiempo –pongamos que hablo de hace quince, veinte años– en
que el nacionalismo catalán tenía por costumbre calificar al
periodismo madrileño de Brunete mediática. Según leo ahora en
Wikipedia, el mote lo habrían acuñado a finales del pasado siglo dos
dirigentes del PNV expertos en esta clase de metáforas, Xabier
Arzallus e Iñaki Anasagasti, por lo que ni siquiera sería original.
A la Brunete mediática el nacionalismo catalán le contraponía su
oasis periodístico, ese remanso de paz regado hasta el tuétano con
subvenciones públicas. A la guerra, pues, la paz. Y el diálogo,
sobre todo el interno. De tanto dialogar entre sí el periodismo
catalán alumbró en 2009 aquel editorial único suscrito por doce
cabeceras que llamaba, mira por dónde, a la guerra. A la guerra
contra el Tribunal Constitucional, al que amenazaba de forma
explícita con una suerte de rebelión popular si, en la sentencia tan
esperada, a sus excelentísimos miembros se les ocurría tocar una
sola coma de un Estatuto que apenas un tercio de los ciudadanos de
Cataluña con derecho a voto habían aprobado en referéndum tres años
antes.
Curiosamente, el editorial de marras no lo habían redactado
representantes del nacionalismo más irredento, sino del más liviano,
del que ni siquiera se considera a sí mismo como tal. Me refiero,
por supuesto, al socialismo del lugar. Así pues, del trabajo sucio
se había encargado la asistenta. Este ha sido siempre, al cabo, el
papel del PSC en la política catalana y española: el de asistir al
nacionalismo en lo que este mandara. Y cuando digo el PSC no estoy
pensando tan sólo en sus representantes políticos; también en los
compañeros de viaje de toda clase y condición que han dispuesto a lo
largo de las últimas décadas de una tribuna pública.
Uno de los colectivos más baqueteados era el de los columnistas. No
cualesquiera, claro: sólo los de la capital, integrantes la mayoría
de la Brunete mediática, que le producían verdadera irritación
Este ha sido el caso de Juan Marsé. La reciente publicación de sus
Notas para unas memorias que nunca escribiré (Lumen, 2021) pone de
manifiesto hasta qué punto la animadversión, rayana en la fobia,
hacia lo que podríamos llamar la derecha política y social española
había hecho mella en él. Marsé se caracterizó siempre por no templar
en exceso sus opiniones, por no cortase un pelo a la hora de hablar
en público. Iba con su carácter. Sus a menudo saludables salidas de
tono solían tener como diana a los políticos. En este diario de
2004, sin embargo, andaban más repartidas, y uno de los colectivos
más baqueteados era el de los columnistas. No cualesquiera, claro:
sólo los de la capital, integrantes la mayoría de la Brunete
mediática, que le producían verdadera irritación, hasta llevarle a
dejar de comprar los periódicos donde colaboraban para no verse
obligado a leer sus escritos.
Así pues, la condición de verso libre de Marsé no le eximía de
compartir, y de qué manera, el humus de la izquierda catalana y, aun
sin ser consciente de ello o, en todo caso, sin admitirlo, del
nacionalismo de los Pujol, Mas, Carod y compañía, a los que tanto
aseguraba despreciar. O sea, de compartir el antifranquismo, cuya
premisa mayor ha sido siempre que el dictador, al contrario de lo
que certificó hará pronto medio siglo aquel “equipo médico
habitual”, sigue vivito y coleando. No se puede ser antifranquista
sin creer en la persistencia del franquismo. O sin dar a entender,
al menos, que se cree en ella. Bien lo saben la izquierda y los
separatismos de toda laya, que han hecho de semejante supuesto una
hoja de ruta permanente en su lucha contra la derecha española. El
actual Gobierno de la Nación y los de cuantas comunidades autónomas
están gobernadas hoy por el nacionalismo o se sostienen gracias a su
concurso no se entenderían sin dicho punto de unión.
Madrid como metáfora
Por lo demás, ese fantasma del que se echa mano se transfigura según
conviene. Así, tanto desde la óptica del socialismo catalán como del
propio separatismo, el franquismo lo mismo toma forma de Brunete
mediática que de Tribunal Constitucional o de Partido Popular. Tanto
da. Y no digamos ya de Madrid. De Madrid como metáfora de lo
hispánico y como epicentro todas las maldades habidas y por haber. A
propósito, ni les cuento la de terceristas catalanes
–transfiguración terminológica, a su vez, de la intelligentsia
nacionalista de baja intensidad tras el golpe de 2017– que están
deseando, y no se recatan en manifestarlo, la derrota de Isabel Díaz
Ayuso en las próximas elecciones autonómicas. Y ni les cuento la de
ciudadanos catalanes que, precisamente por ello, no deseamos otra
cosa que su victoria
18 pasos
José Manuel Sánchez Fornet. okdiario 15 Abril 2021
La distancia en España entre libertad democrática y dictadura
violenta son 18 pasos. Los que había entre el líder de Vox y las
alimañas que impedían que ejercieran sus derechos civiles. Quienes
acusan a Abascal de provocación por contar los pasos hasta los
agresores son indigentes neuronales y alientan a los talibanes
violentos.
Los seguidores de Vox trataban de ejercer sus derechos civiles en
una democracia acudiendo a un mitin del tercer partido más votado
del país. A ellos no los separaban de los violentos 18 pasos sino
uno, un cordón policial. En este país pasan cosas graves que nos
alejan de la democracia y el Gobierno es el principal responsable.
Quien organizó ese dispositivo, (jefe superior, responsable
operativo, mando de UIP…) debió ser cesado ese mismo día. Si recibió
órdenes de permitir esa trampa y obedeció, no merece ser policía en
una democracia. El silencio del ministro de Interior, responsable
político de que en España se respeten los derechos civiles y
políticos, es estruendoso. Es su responsabilidad impedir ataques a
las libertades democráticas.
Además de no proteger la libertad de participación política, de
mantenerse esta deriva asistiremos pronto al funeral de algún
miembro de las UIP. Remitiré este artículo a la dirección en Twitter
de Moncloa e Interior para que no puedan alegar ignorancia. En este
dispositivo de Vallecas faltó personal; dicen que fueron dos grupos
que suman 100 miembros, pero faltaban entre 10 y 15 efectivos en
cada uno. Con 70 policías quizás puedas cerrar la plaza con
controles de acceso en las calles, pero organizar un muro alrededor
de las víctimas y permitir que los lapiden a un metro de distancia
es una decisión peligrosa, impropia en una democracia con Estado de
derecho. Pocos policías, dispositivo mal organizado y material
defectuoso con algunas defensas rotas. El material debe tener la
calidad del que adquiere este Ministerio para Marruecos.
Con este Gobierno, los policías antidisturbios resuelven los
enfrentamientos violentos cuerpo a cuerpo, y en esas condiciones, o
son más que la jauría violenta o sin efecto disuasorio corre riesgo
la integridad física de los policías. O se mantienen a distancia con
los elementos antidisturbios disponibles para esos casos, o en el
cuerpo a cuerpo siempre habrá policías con lesiones. De los
violentos también, pero ellos saben a lo que van. Los complejos
políticos provocan policías heridos.
Las UIP están mal formadas y peor dirigidas. Los adoctrinan para que
se crean héroes mientras arriesgan sus vidas impunemente. Sobran
cánticos militares y enseñanzas de niños con moralina de Boy Scouts
y falta ver un despliegue y repliegue organizado en el que actúen
con técnicas profesionales, en grupos mínimos de 4-6 juntos con
escolta de protección de al menos otros tres miembros; en esas
carreras individuales de distinta velocidad y distancia siempre
corren el riesgo de quedarse aislados. No es algo que haya ocurrido
solo en Vallecas; pasó en la operación Ícaro en Barcelona, o el 1-O,
cuando a alguien se le ocurrió asaltar colegios que estaban ocupados
desde la noche antes, que es cuando había que haberlos controlado.
La especialidad de las UIP es enfrentarse a elementos violentos
organizados, porque para salir corriendo en estampida,
desorganizados y dar palos a manifestantes siempre ha servido
cualquier policía. Se supone que tienen trabajados los despliegues y
repliegues minimizando el riesgo que corren al cargar, pero no lo
demuestran. Ante alimañas fanáticas y violentas, la receta más
eficaz y segura es mantenerlos a distancia con botes de humo y
pelotas de goma, y si hay algún herido que no sea un policía. Frente
a los violentos, leña y punto.
La ilegítima y represiva II República: un
experimento político fallido
Nos muestra fehacientemente aquello que no debería hacerse
Pedro Carlos González Cuevas. https://gaceta.es 15 Abril 2021
La imaginación, que es producto de la mente, resulta singularmente
asequible a la facultad que la ha creado; pero lo real, desde el
átomo hasta la galaxia, es de una intelección muy ardua. Por eso, el
mito es una forma de conocimiento primitiva y fácil, mientras que la
ciencia entraña madurez y dificultad. Entre las realidades más
esquivas a la razón figura la Historia, a causa de su complejidad,
su irrepetibilidad, su arbitrariedad y la subjetividad de los
testimonios. En ese sentido, el conocimiento histórico es falible.
Lo que hoy consideramos como verdadero puede convertirse
eventualmente en falso.
A partir de los años sesenta del pasado siglo, el campo
historiográfico español experimentó un claro y positivo proceso de
articulación y de modernización digno de estudio. La obra innovadora
de historiadores como Jaime Vicens Vives, José María Jover, Jesús
Pabón, Miguel Artola, José Antonio Maravall, Luis Díez del Corral y
la influencia de hispanistas como Stanley Payne, Hugh Thomas o
Raymond Carr, contribuyeron a ello. Por vez primera, aunque no sin
dificultades, la historiografía española parecía acercarse a los
estándares europeos.
No obstante, ese prometedor proceso innovador sufrió la
interferencia de un marxismo mecanicista y superficial representado
por Manuel Tuñón de Lara. Exiliado comunista en Francia y oscuro
profesor en la Universidad de Pau, Tuñón de Lara consiguió, mediante
los denominados congresos de Pau, inocular su averiada mercancía
historiográfica en una juventud universitaria rebelde y ávida de
novedades. El resultado fue, a medio plazo, catastrófico. Tuñón de
Lara no era más que un divulgador y un simplificador, obsesionado
por la reivindicación del bando vencido en la guerra civil. Bajo su
férula, la historia se convirtió en un arma no sólo política, sino
de partido. Sin embargo, la construcción historiográfica de Tuñón de
Lara era tan simple y partisana que algunos de sus antiguos
seguidores y los historiadores de izquierda más avisados y lúcidos,
como José Álvarez Junco, Manuel Pérez Ledesma o Santos Juliá Díaz,
se vieron obligados a someterla a una revisión implacable,
desvinculándose de su legado.
No pocos interpretaron esta revisión como una traición al viejo
patriarca marxista. Nadie los recuerda hoy. No menos críticos con
las posiciones de Tuñón de Lara fueron los discípulos españoles de
Raymond Carr, Juan Pablo Fusi y José Varela Ortega, que le acusaron
de falsedad y espíritu de partido. Sin embargo, el espíritu de Tuñón
de Lara pervivió en su concepción meramente instrumental del
conocimiento histórico, sobre todo en el campo de las izquierdas. La
llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno y sus proyectos
de memoria histórica de las izquierdas vencidas en la guerra civil
contribuyeron nuevamente a enrarecer el campo historiográfico
español. Bajo la férula de un economista con ínfulas de historiador,
Ángel Viñas, se articuló una especie de sindicato del crimen
historiográfico, cuyos principales representantes, aparte del
susodicho, son el hispanista británico Paul Preston (Sir), un
historiador que compara a Franco con Hitler y que estima que la
represión de postguerra equivale a un Holocausto como el judío
perpetrado por los nazis; Francisco Espinosa Maestre, quien sostiene
que, a la altura de 1936, las izquierdas españolas carecían de
doctrina represiva y que acusa a José Álvarez Junco y a Santos Juliá
Díaz de apologistas del franquismo (no es broma); Fernando Hernández
Sánchez, hacedor de vulgatas historiográficas para uso del buen
izquierdista; Alberto Reig Tapia, cuya obra resulta irrelevante;
repetidoras como Matilde Eiroa; y toda una harca de expertos en
intertextualidad que algunas vez someteremos a examen.
Su mensaje es tan simple como unidireccional: la II República fue un
régimen democrático y reformista; las derechas conspiraron
permanentemente contra el nuevo régimen en defensa exclusiva de sus
intereses de clase; la revolución socialista de octubre de 1934 fue
irrelevante: “un chispazo obrero, la dinamita de los mineros hizo
milagros y escabechinas”, dice el presunto historiador Ángel Viñas;
la guerra civil fue un conflicto entre democracia y fascismo, no
entre revolución y contrarrevolución; los nacionales ganaron la
guerra civil exclusivamente por el apoyo de Hitler y Mussolini;
Stalin no pretendía instaurar una democracia popular en España; el
franquismo estuvo inspirado por el nacional-socialismo, etc, etc.
Toda esta mercancía viene adobada por una ristra de insultos por
parte de Viñas a quienes no piensan como él: “subnormales”,
“fascistas”, “franquistas”, “infantiles”, “integristas”, etc, etc.
Este grupo ha hecho imposible cualquier atisbo de diálogo entre
distintas interpretaciones historiográficas. Su actividad supone la
destrucción de la comunidad de investigadores. En ese sentido, hoy
estamos mucho peor que en los años ochenta del pasado siglo. El
airado Viñas ha sido especialmente duro con el partido político VOX,
al que ha calificado de “basura”, por haber conseguido que los
nombres de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero desaparezcan
de las calles madrileñas. A su entender, eran dos auténticos
representantes de la democracia republicana.
Como ya hemos señalado, uno de los objetivos de este grupo de
historiadores ha sido, y es, la renovación del mito de la II
República, incluso como proyecto político inconcluso. A los noventa
años de su advenimiento debemos discutir esta construcción
historiográfica.
Para empezar, podemos preguntarnos si la II República fue realmente
un régimen político dotado de legitimidad. En mi opinión, no. Sin
duda, fue un régimen “legal”, pero no nunca llegó a conseguir una
legitimidad plena. Hace años, leyendo el célebre libro del
historiador italiano Guigelmo Ferrero, liberal antifascista muerto
en el exilio, El poder. Los Genios Invisibles de la Ciudad, me
asaltó la duda. En una de sus páginas, Ferrero definía a la II
República española como un régimen político “prelegítimo”. Y es que,
para el historiador italiano, la misión del poder político es la de
acabar con el miedo, que es el sentimiento fundamental del hombre
frente al mundo. A ese respecto, el requisito fundamental es la
legitimidad, es decir, el ejercicio del poder según principios
compartidos entre gobernantes y gobernados, a través de diferentes
fórmulas políticas. Naturalmente, un principio de legitimidad no
puede establecerse en frío. Solo es eficaz si está en armonía con
los mores, la religión, la mentalidad y los intereses económicos de
una determinada época; en definitiva, cuando es vivido como una
creencia, que nadie puede poner en duda. La II República fue un
régimen político legal, pero no legítimo para un extenso sector de
la sociedad española de la época.
A lo largo de su efímera y precaria existencia, la II República
nunca logró articular una fórmula política aceptada por la mayoría
de la población. Y es que no debemos olvidar que los republicanos
estuvieron dispuestos a instaurar su alternativa, como lo demuestran
las intentonas de Jaca y Cuatro Vientos, mediante el golpe de Estado
militar. Y que, finalmente, su advenimiento no fue producto de una
transición pactada, sino producto de una movilización de carácter
revolucionario. No en vano, Luis Araquistain, el intelectual
orgánico de Francisco Largo Caballero, definió el advenimiento del
nuevo régimen como una “revolución legal”. No deja de ser
significativo que Carl Schmitt definiera de la misma manera la
llegada de Hitler al poder. Sin duda, la Monarquía había perdido su
legitimidad. La sociedad, deferente de notables, dejaba paso a una
realidad mucho más conflictiva. La II República nació escorada a la
izquierda. El liberalismo radical y el socialismo ocupaban el poder
por vez primera en la historia de España. Sin embargo, las
izquierdas se hallaban profundamente divididas en sus proyectos
políticos y sociales. Las dos grandes tendencias del movimiento
obrero, socialistas y anarquistas, tenían ideas muy distintas sobre
la naturaleza del proceso sociopolítico. Como se demostró en octubre
de 1934, un sector muy importante del PSOE, el liderado por
Francisco Largo Caballero, tuvo una visión instrumental del régimen
republicano, que concibió exclusivamente como vía hacia el
socialismo. La CNT fue una fuerza claramente disruptiva durante todo
el período republicano: insurrecciones periódicas, huelgas y recurso
permanente a la violencia. Los nacionalismos periféricos nunca
renunciaron a la independencia. Por otra parte, las Cortes
constituyentes de 1931 no fueron representativas del conjunto de la
sociedad española; y dieron lugar a un texto constitucional que
nunca fue aceptado por unas derechas que carecían de representación
y por un sector tan decisivo y numeroso como los católicos, por su
contenido socializante y abiertamente secularizador y anticlerical.
Según documentó la historiadora María Dolores Gómez Molleda, en las
cortes constituyentes tuvieron presencia 150 diputados adscritos a
la masonería, lo que explica el contenido abiertamente anticlerical
de la legislación republicana. Sin duda, hubo unas derechas, como
los monárquicos alfonsinos y los carlistas, irreductibles; pero no
hay duda de que la Iglesia y un sector del catolicismo estuvieron
abiertos al pacto. La Constitución de 1931 fue aprobada sin el
recurso al referéndum del conjunto de la población. Poco antes del
estallido de la Guerra Civil, Niceto Alcalá Zamora, primer
presidente de la República, publicó su obra Los defectos de la
Constitución de 1931, reconociendo los errores de aquel anómalo
proceso constituyente.
Ramiro de Maeztu señaló que la II República, a diferencia de la
francesa, no disponía de un León Gambetta, es decir, un líder
flexible y oportunista capaz de mediar entre los distintos intereses
sociales. Con su habitual estolidez política e intelectual, José
María Aznar caracterizó a Manuel Azaña como un político
“integrador”, cuando fue todo lo contrario. El contenido de sus
diarios, que sin duda Aznar nunca leyó, delata su talante sectario.
Por eso, resulta muy significativa la descripción de su encuentro
con el líder católico Ángel Herrera Oria, que se mostraba abierto a
un pacto con el nuevo régimen. El desprecio de Azaña fue absoluto;
lo describe como un “jesuita de capa corta”, “risible y sin ningún
interés”. Por supuesto, desoyó sus demandas. Y es que el
anticlericalismo del alcalaíno resultaba patológico. El gran error
de su discurso de octubre de 1931 no fue declarar que “España ha
dejado de ser católica”, sino el decir a continuación que el número
de católicos españoles resultaba políticamente irrelevante. En su
proyecto político, no existía espacio político para la derecha
católica. La izquierda estaría representada por el PSOE; la derecha
por el Partido Radical de Alejandro Lerroux; y el centro por su
partido, Acción Republicana primero e Izquierda Republicana después.
El resto estaría fuera del campo político. Incluso, en alguna
ocasión, llegó a decir que la derecha republicana era él. Como
hubiera señalado Michael Oaskhesott, Azaña fue el típico
“racionalista político”, que operaba en abstracto, sin contar
seriamente con el sistema de condicionantes, en que se hallaba
inserto el presente, soslayando las tensiones que desataba y
despertaba su proyecto presuntamente modernizador.
En el fondo, fue un hombre del siglo XIX. En sus escritos, no
existen huellas de Weber, Marx, Schmitt, o Keynes. Y no aparecen
reflexiones sobre la crisis del capitalismo liberal, la revolución
rusa, el fascismo, el nacional-socialismo o el New Deal. No menos
negativa, aparte de su política anticatólica, fue su actitud ante el
catalanismo, incluso en algún momento hizo referencia al derecho de
autodeterminación. Desde nuestra situación actual, sabemos que la
razón histórica estuvo de parte de José Ortega y Gasset, frente a
Manuel Azaña, en las discusiones sobre el Estatuto de Cataluña.
Excluidos los católicos, el conjunto de las derechas, el anarquismo,
un sector del Ejército y con el apoyo muy condicionado de los
socialistas, la legitimidad de la II República, al menos en su
versión azañista, era muy precaria. De ahí la legislación represiva
generada a largo del primer bienio republicano. El propio Azaña
recoge, en sus diarios, la opinión de los socialistas Luis
Araquistain y Juan Negrín, partidarios de una dictadura republicana:
“Yo soy partidario de la dictadura –responde Araquistain- cuando
conviene. Una dictadura personal sería un pensamiento ridículo, pero
necesitamos una mayoría compacta que apoye ciegamente una política
de profunda renovación. Negrín asiente y añade que se necesita una
dictadura bajo formas y apariencias democráticas que haga posible la
preparación del pueblo para el futuro”.
En ese sentido, no sólo se reforzaron los cuerpos policiales, con la
fundación de los Guardias de Asalto, sino que la legislación
adquirió un carácter sumamente represivo: Ley de Defensa de la
República, Ley de Orden Público y Ley de Vagos y Maleantes, conocida
ésta última con “La Gandula”. A partir de esta legislación, se
crearon nuevas formas de ilegalidad y de control de la sociedad por
parte del Estado: prohibición de asambleas y mítines de partidos
considerados antirrepublicanos; suspensión de las garantías
constitucionales; cierre de periódicos, procesamiento de actos
criminales, mendigos, parados, proxenetas, creación de campos de
internamiento, etc, etc. No fue, desde luego, la II República el
paraíso de las libertades que Viñas y sus acólitos pretenden
mostrarnos.
Los límites de la II República se vieron claramente tras las
elecciones de noviembre de 1933. La victoria de la derecha católica
y de los radicales de Lerroux conmovieron los fundamentos del
régimen. Azaña deslegitimó el resultado de las elecciones y los
socialistas amenazaron con una insurrección de carácter violento.
En realidad, el PSOE hacía tiempo que había exteriorizado su rechazo
de la II República. Sobre todo, desde su salida del gobierno. Largo
Caballero y los suyos nunca entendieron los mecanismos del sistema
parlamentario. El objetivo del líder socialista cuando ocupó la
cartera de Trabajo fue el control de las relaciones laborales por
parte de la UGT frente a los empresarios y los anarquistas. A ello
se unía el control de la economía como vía hacia el socialismo. Sus
proyectos de ley, como el de Control Obrero, la de Jurados Mixtos,
la de Contratos de Trabajo o la de Términos Municipales, fueron muy
discutidos, y algunos rechazados.
Desde entonces, Largo Caballero y sus partidarios abominaron del
régimen parlamentario e hicieron alabanzas tanto de la “dictadura
del proletariado” como de la experiencia soviética. El líder
socialista se convirtió en “El Lenin español”. Sin embargo, no fue
éste sino Indalecio Prieto quien elaboró el proyecto revolucionario
socialista, en el que se propugnaba la socialización de la propiedad
agraria, la abolición del Ejército y de la Guardia Civil, y el fin
de las órdenes religiosas. Pronto se pasó de las armas de la crítica
a la crítica de las armas. Azaña no participó en la insurrección
socialista de octubre de 1934, pero deslegitimó la participación de
la derecha católica en el gobierno. La convocatoria socialista de la
huelga general revolucionaria fue un fracaso en el conjunto de
España, salvo en Asturias donde tuvo todas las características de
una guerra civil localizada. Como señaló Raymond Carr, la
insurrección de octubre de 1934 fue “un preludio de los clamores y
divisiones amplificadas de julio de 1936”. Y así lo reconoció,
finalizada la guerra civil, el propio Manuel Azaña.
Hay que señalar, por otra parte, que los subsiguientes gobiernos de
la derecha católica y los radicales no estuvieron a la altura de las
circunstancias, al ser incapaces de garantizar una legislación
reformista alternativa frente a los excesos de la revolución, ni de
lograr la cohesión nacional y social. El triunfo electoral del
Frente Popular, no sin el recurso a la coacción y al fraude, en
febrero de 1936 supuso el retorno al poder de Azaña bajo el control
de los insurrectos de octubre de 1934. Como jefe de gobierno y luego
como presidente de la República, tras la destitución de Alcalá
Zamora, la lucidez y la eficacia de Azaña brillaron por su ausencia;
y lo mismo ocurrió a lo largo de la guerra civil. Azaña fue una
marioneta de los revolucionarios. Hacía tiempo que la II República
había dejado de existir. No se puede considerar sus defensores al
conglomerado político de socialistas revolucionarios, anarquistas y
comunistas bajo la dirección primero de Largo Caballero y luego de
Juan Negrín. Fue un experimento político fallido, que nos muestra
fehacientemente aquello que no debería hacerse.
Carente de legitimidad política y en un contexto sociopolítico e
internacional hostil, la II República española se reveló a sí misma
como el aspecto tragicómico de las limitaciones humanas.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Sánchez reivindica la funesta II República
y adopta el discurso proetarra
EDITORIAL. Libertad Digital 15 Abril 2021
Poco "luminoso" será el futuro de la nación si el Gobierno sigue en
manos de semejante personaje.
La bochornosa sesión parlamentaria de este miércoles muestra hasta
qué punto la izquierda sigue instalada en una concepción sectaria y
patrimonialista del poder más propia de las criminales repúblicas
socialistas que imperaban al otro lado del Telón de Acero que de las
democracias liberales. Para empezar, resulta una vergüenza que el
presidente del Gobierno reivindique un régimen tan radicalmente
ilegítimo (de origen y de ejercicio) en términos democráticos como
la II República. Nacida no como resultado de ningún plebiscito
democrático ni de ninguna Constitución aprobada por el pueblo
español, sino mediante una artera interpretación de los resultados
de unas elecciones municipales en las que, para colmo, resultaron
vencedoras las candidaturas monárquicas, la II República, lejos de
unir a los españoles, los dividió, radicalizó y enfrentó hasta
degenerar en una espantosa guerra civil.
Que socialistas y comunistas no buscaban en ese régimen un marco
legal consensuado que articulara un auténtico sistema democrático es
un hecho que demuestran no sólo los escritos y proclamas de sus
líderes del momento, rabiosamente antidemocráticos, sino el hecho
mismo de que se alzaran en armas contra ella en 1934, meses después
de que el centro y la derecha ganaran las elecciones generales de
1933.
El único “vínculo luminoso con nuestro pasado” que cabe conmemorar
no es la funesta y sectaria II República, sino la Constitución de
1978, consensuada por las formaciones herederas de los dos bandos
enfrentados en la guerra civil y refrendada masivamente por el
pueblo español en referéndum.
No menos indecente que su reivindicación de la II República es la
reiterada negativa del presidente del Gobierno a condenar el
terrorismo callejero sufrido por Vox en el barrio madrileño de
Vallecas. Pedro Sánchez ha tenido la desvengüenza de acusar a los de
Santiago Abascal de “ir a Vallecas a buscar bronca”. Como si un
partido político no pudiera hacer campaña donde le dé la gana. Con
semejante aseveración, Sánchez hace suyas las palabras que
utilizaban los terroristas de Batasuna cuando los representantes del
PP y del PSOE hacían campaña en zonas copadas por la mafia etarra.
Así las cosas, poco "luminoso" será el futuro de la nación si el
Gobierno sigue en manos de un sujeto que reivindica un régimen cuyo
sectarismo llevó a la Guerra Civil y que hace suyos los argumentos
de la peor organización terrorista que hayamos padecido.
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