AGLI Recortes de Prensa   Viernes 23  Julio  2021

Enésimo varapalo judicial a la banda de Sánchez
EDITORIAL. Libertad Digital 23 Julio 2021

Resulta insólito que un Gobierno reciba todas las semanas un varapalo judicial, cuando no dos, pero es que en los países democráticos los Gobiernos tienen por costumbre respetar la ley en la inmensa mayoría de sus actuaciones, y ese no es, desde luego, el caso de la banda de Pedro Sánchez.

El último revés legal ha sido a cuenta del escandaloso caso del préstamo a la aerolínea Plus Ultra. Una operación que desde el primer momento ha desprendido el inconfundible aroma de la más hedionda corrupción, relacionada además con una narcodictadura sanguinaria como la que padecen en Venezuela, que persigue, encarcela, tortura y hasta asesina a los disidentes, tal y como ha recordado este jueves en esRadio Leopoldo López.

Es difícil saber si lo que causa tantos problemas legales a Sánchez y su banda es la prepotencia, la incompetencia o, más probable, una peligrosísima mezcla de ambas cosas: sólo así se explicaría la chapucería legal de una operación como la de Plus Ultra, que era obvio iba a ser sometida a escrutinio, dados los sorprendentes términos en que se planteó y se viene desarrollando.

Por otro lado, también surgen interrogantes muy serios sobre qué razones pudieron llevar a Sánchez y sus secuaces a tomar una decisión que, como mínimo, tendría un fuerte coste en términos de imagen y, tal y como se está viendo, podría acarrear consecuencias legales. ¿Qué compromisos, deudas o intereses espurios había en juego? Esperemos que algún día se sepa y se puedan pedir todas las responsabilidades pertinentes.

Desgraciadamente, no podemos estar seguros de que la Justicia logre avanzar hasta ese punto, pero de lo que no puede haber ninguna duda es de la falta de respeto por las instituciones democráticas de este Gobierno que ha jurado defenderlas y, sobre todo, de su desprecio al principal requisito del Estado de Derecho: el imperio de la ley.

Lo que quieren PSOE y Podemos es una Justicia que se pliegue completamente a sus designios liberticidas, en el totalitario convencimiento de que ocupar el Gobierno les da derecho a hacer lo que les venga en gana.

Afortunadamente, al menos de momento, la Justicia, tan criticable por tantas razones, está dando una respuesta contundente, y ya son numerosos los reveses judiciales que acumula la banda de Sánchez, propinados por una enorme variedad de órganos judiciales, desde juzgados ordinarios hasta las más altas magistraturas. Y ello pese a la intensa politización de la Justicia en nuestro país y los denodados esfuerzos de personajes tan indeseables como Cándido Conde Pumpido, siempre prestos a enlodar las togas en el fango de la política más nauseabunda.

Pero han sido tales los desmanes y tantos los excesos que hasta la muy politizada Justicia española se ve obligada a poner pie en pared. En esto, como tantas en otras cosas malas, Sánchez está batiendo todos los registros.

Marruecos, al acecho, huele la debilidad de Sánchez
OKDIARIO  23 Julio 2021

Si el Gobierno de Pedro Sánchez pensaba que Marruecos iba a olvidar la afrenta del líder polisario Brahim Ghali se equivoca. Ni siquiera la cabeza política de la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya le ha valido a Marruecos para bajar la presión. Rabat sigue tensando la cuerda. En diez días se han producido tres asaltos a la valla de Melilla y las Fuerzas de Seguridad están convencidas de que los movimientos que se están produciendo ahora son el preludio de nuevos asaltos. Dos mil subsaharianos están en los montes de Nador esperando su momento, un despiste de los policías marroquíes, bastante frecuente, valdría para una nueva invasión.

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil subrayan la necesidad de disponer de un mejor uso de la fuerza por parte de los agentes al servicio en la frontera y denuncian la falta de efectivos. Por ejemplo, este lunes sólo había un grupo de 20 agentes para contener a 300 inmigrantes, lo que a todas luces es insuficiente. Y es que parece que el Gobierno sigue instalando en el limbo: si la masiva invasión de Melilla del mes de mayo pilló al Ejecutivo en las nubes, la situación actual obligaría a articular un plan para evitar que el episodio se repita. Pero nada: el Gobierno está convencido de que el relevo de González Laya por José Manuel Albares servirá para que Marruecos olvide definitivamente el grave conflicto diplomático derivado del caso Ghali. Es no conocer cómo funciona Rabat. Ni los jeeps de última tecnología, ni los más de 90 quads entregados a Marruecos, además de la millonaria ayuda, servirán para que desista de su estrategia: presionar, más o menos, en función de las circunstancias. Y las circunstancias son que Rabat ha olido la debilidad del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Y es que este Ejecutivo de aficionados se cree que Marruecos va a quedarse quieto por un simple cambio de ministros.

Borrell y sus intereses
EDITORIAL. https://gaceta.es 23 Julio 2021

El silencio de la máxima autoridad en materia de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre el levantamiento popular en Cuba, al tiempo que traslada su «más cordial felicitación» al ilegitimo —por fraudulento— presidente in pectore peruano, el comunista Pedro Castillo, ejemplifica como nada que haya ocurrido en los últimos años la deriva hacia la escollera de pobredumbre moral en la que navega esta burocracia que gobierna Europa. Si a estos hechos les sumamos una política que contemporiza con dictaduras bolivarianas y autocracias islamistas, que pasa de puntillas sin dar un golpe encima de la mesa ante la represión feroz en Nicaragua a poco más de cuatro meses de las elecciones, que hace de la chinificación (en perfecta expresión del maestro Bardají) el motor de esta nueva Europa sin naciones y que es incapaz de defender sus fronteras exteriores tanto como renuncia a defender su herencia cultural Occidental, nos lleva a preguntarnos qué poderosos intereses personales mueven a Josep Borrell a instalarse en la ignominia. Quizá nunca lo sepamos. Pero sólo quizá. Veremos.

Pero donde ya saltan todas las costuras del traje nuevo de Bruselas es cuando se observa el acoso al que el consenso socialista y centrista que recorre los pasillos de la Comisión y del Europarlamento somete a naciones soberanas como Hungría y Polonia. Todos los calificativos que ese consenso no usa para referirse a objetivas dictaduras criminales y autocracias religiosas que reprimen el pensamiento libre y la disidencia con detenciones arbitrarias, tortura, exliio o muerte, las emplea contra países que forman parte de la propia Unión Europea y que mantienen, por convicción propia, un respeto escrupuloso a todo el articulado de convenciones y tratados internacionales en defensa de la protección a la infancia, del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y defienden sin descanso la identidad nacional de todos sus ciudadanos, incluida la identidad europea hoy en serio peligro de muerte.

Esta política exterior blanda con las dictaduras y esta política interior fuerte con la naciones soberanas (y democráticas) que no tragan con el pensamiento único, evidencian la renuncia de Europa a ser faro y señalero de las libertades en el mundo. Y cuando uno renuncia a defender todo lo que es bueno y moral, todo lo que los padres fundadores de la Unión Europea proyectaron, se condena a la irrelevancia. Eso sí, muy bien pagada.

La única esperanza es la reacción de decenas de millones de europeos, empezando por los ciudadanos de los países del Grupo de Visegrado. Y es una gran esperanza, sobre todo porque no dudamos de naciones que padecieron durante demasiado tiempo las estructuras de poder soviético y que, por ello, son capaces de identificar con facilidad cualquier amenaza totalitaria. Con ellos comenzará todo. Por eso, nuestra obligación es la de acompañarles en el camino sin dudas ni complejos. Por Europa y la CivilIzación Occidental.

INMIGRACIÓN
El PSOE prepara un asilo masivo para todos los inmigrantes despedidos durante el Covid
Carlos Cuesta. okdiario 23 Julio 2021

La reforma de la inmigración que prepara el PSOE lleva un regalo escondido para los extranjeros en España. Un gran regalo consistente en una “prórroga automática de todas las residencias temporales en vigor” para los trabajadores inmigrantes que hayan perdido el empleo tras el inicio de la pandemia.

El documento no plantea ninguna condición extra para los inmigrantes, más allá de que se encuentren en España con un permiso de residencia. De hecho, lo plantea sin exigencia de cotización mínima para todos ellos.

El párrafo en cuestión ha sido incluido en la ponencia de reforma de la inmigración que se debate en el Senado y a cuyo informe de medidas a adoptar el PP ha planteado una enmienda a la totalidad ante la radicalidad de los planteamientos del PSOE.

El texto señala lo siguiente “con relación a las medidas de excepcionalidad ante la pandemia global(COVID- 19):
4.1. Prorrogar de manera automática todas las residencias temporales en vigor, eximiendo del requisito de cotización mínima en aquellos casos en que la persona residente legal en España haya quedado desempleada con posterioridad al inicio de la pandemia”.

Punto final. Lo que, traducido, significa que para los inmigrantes despedidos durante el Covid la estancia en España está por el momento asegurada en caso de que, definitivamente, el Gobierno impulse la reforma que le reclama y prepara su propio partido, el PSOE. 
Las medidas de apoyo a los inmigrantes van más allá y señalan que la obligación de “garantizar, como supuesto excepcional para determinados colectivos, la renovación del permiso de trabajo y residencia: empleadas del hogar, trabajadoras y trabajadores esenciales, etc”.

También plantea el PSOE “seguir trabajando en la mejora de la aplicación de cita previa para la realización de las diferentes gestiones en materia de extranjería y protección internacional”. Y “seguir promoviendo una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas. Para ello se elaborará un Informe marco sobre Inmigración, Protección Internacional y Cooperación, para analizar y orientar la política migratoria exterior española y, a la vez, presentar iniciativas dirigidas a la Unión Europea”.

Los postulados de los socialistas, de hecho, no pasan por incrementar los controles a la inmigración, sino todo lo contrario. Piden, en esa línea, “liderar dentro de la Unión Europea la imprescindible reforma del SECA [Sistema Europeo Común de Asilo], homogeneizando dentro de la UE el acceso a la documentación de las personas solicitantes de protección internacional y el acceso a las correspondientes autorizaciones de trabajo”; “promover en el ámbito europeo la implementación del Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, procurando así un cambio normativo que permita nuevas formas para facilitar la migración regular”.

Dedica una especial atención al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración legal y segura y luchar contra la migración irregular”; y, “respecto al objetivo cuarto del pacto, que establece la necesidad de facilitar que las personas migrantes se encuentren documentadas, se insta al Gobierno a coordinar su acción con las diferentes representaciones diplomáticas de los principales países de origen para facilitar que estas, en todo caso, sean capaces de documentar a sus nacionales con sus correspondientes pasaportes nacionales”.

«Promover mecanismos de reubicación»
El PSOE pretende, por otra parte, “promover, en el marco del Pacto Europeo de Migración y del principio de solidaridad que debe constituir el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), verdaderos mecanismos permanentes de reubicación, reasentamiento y responsabilidad entre países de la Unión Europea”; “velar por el efectivo cumplimiento de la Directiva europea sobre acogida y asilo y transponerla a la Legislación española” y “revisar y ampliar del concepto y de los supuestos contemplados en los procesos de extensión familiar, tal y como encomienda el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo”.

Todo ello, unido a “prohibiciones” de detención de los menores extranjeros, como señala expresamente el texto, y la concesión del derecho al voto en las municipales a todos los residentes no nacionalizados. Y todo ello en un texto que se debate ya en el Senado y que cuenta con el rechazo frontal del PP, como ha publicado ya OKDIARIO.

La Abogacía contra el Estado
OKDIARIO  23 Julio 2021

La juez del caso Plus Ultra ha acordado suspender el préstamo de 34 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a la compañía chavista Plus Ultra como parte de su rescate. El pasado 9 de mayo, el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), otorgó 53 millones a esta aerolínea vinculada a la dictadura venezolana (un crédito ordinario de 19 millones y los citados 34 millones vía préstamo participativo), incumpliendo de manera flagrante las condiciones exigidas por la SEPI, entre ellas que los receptores de las ayudas fueran empresas estratégicas. Un escándalo mayúsculo que el Gobierno socialcomunista está tratando de capear utilizando a la Abogacía del Estado. Los argumentos de la Abogacía son surrealistas: defendió en su día que la condición de empresa «estratégica» era ambigüa y que, por tanto, Plus Ultra estaba en condiciones de recibir las ayudas, pese a que era una sociedad en quiebra manejada por afines al régimen de Maduro con una cuota de mercado irrelevante en el sector (menos del 0,1%).

Pues bien, la Abogacía del Estado -un títere en manos del Ejecutivo socialcomunista- defiende que la compañía reciba los 34 millones de euros pendientes con el argumento de que, como ya se la han concedido 19 millones, si no se completa la ayuda Plus Ultra no podrá levantar el vuelo con el consiguiente perjuicio para los fondos públicos. O sea, reclama que reciba el préstamo de 34 millones que aún no se ha hecho efectivo para evitar males mayores. Hombre, el mal mayor es que, perdidos los 19 millones iniciales que se le concedieron contraviniendo todas las normas, se pierdan otros 34 millones. Lo de la Abogacía del Estado es de una desfachatez intolerable, porque la empresa ha estado siempre en números rojos desde su fundación en 2011 y lo que ha hecho, aprovechando la connivencia del Ejecutivo socialcomunista, es dar un pelotazo con cargo a los fondos públicos dispuestos -sobre el papel- para aquellas empresas estratégicas afectadas por la crisis derivada de la pandemia. Plus Ultra es una sociedad inviable sin capacidad de devolver las ayudas recibidas, por lo que pretende la Abogacía del Estado es avalar una gigantesca estafa. Mejor sería cambiarle el nombre: Abogacía contra el Estado.

MEMORIA DEMOCRÁTICA
Sánchez paralizó las reformas de Patrimonio en el Valle para favorecer su deterioro y desfigurarlo
Carlos Cuesta. okdiario 23 Julio 2021

Pedro Sánchez se encontró un documento de Patrimonio Nacional a su llegada a La Moncloa en 2018. Un Plan de Actuación del Patrimonio Nacional 2017-2021 que recogía la realización de trabajos de “conservación y mantenimiento del Valle de los Caídos” para preservar su legado artístico, tal y como refleja el documento que hoy publica OKDIARIO. Fuentes del Valle confirman que las obras no se han llevado a cabo en su plenitud, ni mucho menos. De hecho, el estado actual de las esculturas, tal y como hoy muestra este diario, confirman el evidente deterioro, no de la estructura de la Basílica o de la Cruz del Valle, pero sí de las esculturas que lo adornan. Todo ello, “porque ha habido un abandono intencionado con el fin de mostrar el deterioro como un factor de la supuesta necesidad de transformación del Valle de los Caídos dentro del proyecto de Sánchez”, señalan fuentes conocedoras del plan de modificación de ese lugar.

El futuro de la gran Cruz del Valle de los Caídos está en el aire. El Gobierno no descarta su derribo en el proyecto de «resignificación» que el anteproyecto de la autodenominada ley de Memoria Democrática reserva para el conjunto monumental ordenado levantar por el dictador Francisco Franco en 1940 para albergar a víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil. La demolición de la Cruz forma parte del proyecto de Podemos para desacralizar el espacio construido en el valle de Cuelgamuros, en la sierra de Guadarrama.

En este contexto, la izquierda no ha dejado de filtrar supuestos rumores sobre el mal estado del Valle de los Caídos. Según esa versión, su deterioro haría urgente un cambio estructural. Pero, lo cierto es que ese deterioro no lo es de la estructura, tal y como descarta el Plan de Actuación de Patrimonio Nacional elaborado para el periodo 2017-2021, sino del aspecto, por ejemplo, de las esculturas que adornan el lugar. Pero hay más: esas esculturas y demás elementos deteriorados no han recibido la asistencia de Patrimonio tal y como lo describió este mismo organismo en ese Plan. Y ello ha sido decisivo para que Pedro Sánchez pueda mostrar ahora el Valle como más estropeado de lo que debería estar y, supuestamente, más necesitado de un cambio urgente de lo que debería estar. Pero todo ello estaba en los planes de un presidente que desde el primer día hizo público su deseo de dar la vuelta por completo al Valle de los Caídos.

El Plan de Patrimonio Nacional recogía las obras de “conservación y mantenimiento” de la siguiente manera: “Contrato mantenimiento integral. Adecuación de los antiguos aseos de turistas de la explanada del aparcamiento. Restauración de esculturas de la base de la Cruz. Adecuación a la normativa vigente y actuaciones constructivas de presas para el suministro de agua (adaptación al Plan de Seguridad). Adaptación del funicular a la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid. Renovación de instalaciones eléctricas y de climatización de la Basílica. Restauración del muro perimetral. Adecuación de edificios de servicios en poblados. Impermeabilización de las cubiertas planas (2ª fase). Restauración de arquerías ante la Abadía y Hospedería (2ª fase)”.

Ninguna de esas obras afectan a la estructura. Ni de la Basílica, ni de la Cruz, ni del resto de inmuebles del Valle. Pero “la paralización de parte de esas obras ha permitido dar una imagen de las esculturas de la Cruz deteriorada y, por ejemplo, parar el funicular”, con la consiguiente imagen de envejecimiento y pérdida de ingresos por la explotación del Valle”, señalan fuentes conocedoras del proyecto. Y ese era el objetivo del Gobierno: dar una imagen que permita la obra integral y el cambio completo del Valle.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, no ha ocultado estos días que «la ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos, pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión». Y es que la presión para derribar la Cruz crece desde determinados sectores del Gobierno, en especial desde Podemos. Y el Gobierno ya no descarta nada en su plan de mutación del Valle. La demolición de la Cruz, de cemento armado y que pasa por ser una de las más grandes del mundo con sus 150 metros de alto y 46 metros de brazos, es uno de los requisitos planteados por Podemos, socios de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, en su proyecto para acabar con el Valle de los Caídos como lugar sagrado y reconvertirlo en «lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo».

El documento de Patrimonio revela que, pese a los rumores lanzados desde la izquierda, el organismo no detectó ningún problema ni deterioro estructural en ella ni en la Basílica. Pero la pelea sigue. Sánchez ya ha hecho mucho por alisar el camino. O, mejor dicho, no ha hecho. Porque el plan de mejora del Valle no se ha ejecutado en buena parte permitiendo el deterioro aparente del Valle.

Ley de "Memoria Democrática"
Los libros de texto enseñarán la Guerra Civil como «la primera batalla contra el fascismo en Europa»
Luz Sela. okdiario 23 Julio 2021

La futura ley de la llamada «Memoria Democrática» tendrá un irremediable impacto en las aulas. El anteproyecto ya aprobado por el Consejo de Ministros incluye medidas destinadas a actualizar los contenidos educativos en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, una reforma en la que ya trabaja el Ministerio de Educación. Sin embargo, la norma apenas deja entrever sus intenciones bajo la genérica medida de fomentar «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas». El secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, ha dado más pistas de estas ambiciones en una conferencia universitaria. Se pretende que en la escuela se enseñe la Guerra Civil como «la primera batalla contra el fascismo en Europa».

Así se pronunció Martínez López en el curso Memoria democrática y ciudadanía: El Valle de los Caídos en perspectiva comparada, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid.

El alto cargo del Ministerio de la Presidencia desgranó algunas de las principales novedades que traerá la nueva ley y se detuvo en el apartado de la educación, considerando que «la memoria y la historia de la democracia tienen que entrar en la escuela».

Según Martínez, «el problema que tenemos es que no se llega a ese periodo para estudiarlo» y hay «mucha gente que se conoce bien Atapuerca pero no esto».

Por ello, avanzó que desde su ministerio se realiza en estos momentos un «trabajo impresionante» con Educación para actualizar los contenidos y «ver cómo se distribuyen para que se estudie el periodo de la Guerra y la dictadura, porque es importantísimo», valoró. También avisó de que «aquellos que se vayan a examinar para ser funcionarios van a tener un tema de memoria que se puede preguntar en las oposiciones» y que «los profesores tendrán formación continua»en la materia.

El secretario de Estado insistió en la urgencia de formar en el concepto de la «memoria internacional» y en que «los demócratas aquí perdieron, pero continuaron la lucha en Europa contra el fascismo y ganaron en el año 45». «España fue el primer episodio de lucha contra el fascismo. Aquí se libra la primera batalla contra el fascismo y luego se sigue en Europa, en la resistencia, en los batallones de guerrilleros. Por tanto, formamos parte de la construcción de la memoria democrática de Europa y eso que a nadie se le olvide», incidió en su intervención. La idea del Gobierno es integrar la Historia de España dentro de la Historia de Europa.

Polémica ley
La polémica norma incluye, entre otras medidas, al «resignificación» del Valle de los Caídos y la exhumación del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, que dejarán de estar en un «lugar preponderante» de la basílica.

El Ejecutivo, además, decidirá «en su momento» sobre el destino de la gran cruz del Valle de los Caídos. Además, retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a «todas aquellas personas a las que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil» y podrá declarar extinguidas las fundaciones que ensalcen a dirigentes de la dictadura. El Gobierno pone su objetivo en la Fundación Francisco Franco.

¿Enseñarán también que el Frente Popular asesinó a decenas de miles de personas?
OKDIARIO 23 Julio 2021

El anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática ya aprobado por el Consejo de Ministros se extenderá a los libros de texto, pues incluye medidas destinadas a actualizar los contenidos educativos en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. La norma apenas deja entrever sus intenciones bajo la genérica medida de fomentar «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas», pero el Gobierno ya ha dejado clara su intención de que la Guerra Civil se enseñe como «la primera batalla contra el fascismo en Europa».

No es cuestión de perderse en disquisiciones históricas, sino de que para contribuir precisamente al «conocimiento de la historia», la Guerra Civil se enseñe desde una perspectiva que huya del sectarismo ideológico y subraye lo obvio: que quien se enfrentó en esa primera batalla de Europa al «fascismo» no eran un grupo de demócratas de probada rectitud moral. El terror político del Frente Popular se cobró decenas de miles de vidas, algo que, en aras a la verdad histórica y a la auténtica Memoria Democrática -no la que quiere imponer el Ejecutivo socialcomunista-, convendría que también se estudiara en los libros de texto.

Las víctimas fueron los «enemigos de clase»: religiosos, ciudadanos de fe manifiesta, políticos de la derecha, propietarios e industriales, agricultores, comerciantes, profesionales liberales… Los crímenes del Frente Popular, la caza al enemigo, también sembró de cadáveres las cunetas. ¿Se estudiará el ‘Terror Rojo’ en los libros de texto? Porque si la Guerra Civil fue la primera batalla contra el fascismo en Europa, quienes lo combatieron no lo hicieron en defensa de la libertad. Si lo que van a estudiar los jóvenes en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional es una visión sesgada de la historia, la ‘Memoria Democrática’ del Gobierno socialcomunista no será más que un instrumento contra la convivencia marcado por el odio y la revancha.

Pimientas de Madrón
Rafael Bardají. https://gaceta.es 23 Julio 2021

Si yo fuera de Madrás, India, estaría muy preocupado por la competencia desleal que plantea el gobierno socialcomunista español y su empeño en imponer el unigénero lingüístico. Así, los famosos pimientos de Padrón pasarían a ser conocidos como pimientas de Madrón, eclipsando la riqueza y la fama de las especias de Madrás. Y todo por un real decreto ley de limpieza lingüística.

Se que este arranque es más digno de La Gallina Ilustrada (DEP) que de este medio, pero es que vivimos en un país al que sus gobernantes y buena parte de la oposición están llevando a tanto dislate que ni el más visionario de los surrealistas pudo imaginar jamás.

No solo un presidente pillado en un fraude de su tesis doctoral se niega a plantearse una honrosa dimisión, lo normal y esperado en otras latitudes; o una vicepresidenta que se inventa tres títulos de educación superior que nunca hizo y que borra de un plumazo de su web oficial al ser descubierta su impostura; también una ministra de justicia que se rebela en sus comentarios contra una sentencia del Tribunal Constitucional porque ésta no encuentra amparo legal alguno a los confinamientos que impuso su Gobierno para hacernos creer que se luchaba eficazmente contra la pandemia. En todos los casos hay una coincidencia: mienten y se escudan en más mentiras. Es más, hay todavía algo peor que caracteriza siempre al socialismo: sus defensores nunca tienen nada por lo que pedir perdón, tamaña es la creencia en su superioridad moral.

Mientras muchos se obsesionan con combatir el globalismo, lo que está teniendo lugar de manera acelerada es la “chinificación” del mundo occidental. Esto es, un sistema económico construido sobre un capitalismo autoritario, en el que los beneficios de la economía se lo quedan los dirigentes y las grandes corporaciones, mientras que el socialismo real y la represión se aplica inmisericordemente al resto de mortales. La sociedad estaría hipervigilada gracias a las nuevas tecnologías y sometida mediante el miedo y la supresión de la disidencia, a lo 1984. Un mundo basado en la mentira, el cinismo, amoral y cuyos valores primordiales serían la pasividad y la integración en tu tribu identitaria sobre y contra todas las demás.

Suena a distopía, aunque en realidad es una nueva edad oscura donde la tecnología y el lavado de cerebro mediante una educación que dicta lo que es verdad y correcto, sustituyen al potro de tortura y la hoguera. Pero no por eso es menos Edad Media. Solo que al poder del Papado -y perdónenme la expresión- le sustituye el poder de la Mamada. Esa fuerza irresistible que transforma cuál alquimia los pimientos en pimienta y Padrón en Madrón. Amén de otras muchas sandeces, pero no por ello menos peligrosas. La izquierda es la nueva inquisición y tienen las antorchas listas para prender las hogueras.

La guerra que quiere Sánchez
Itxu Díaz. https://gaceta.es 23 Julio 2021

En la lógica monclovita, yo ahora tendría que escribir una encendida columna sobre José Antonio, el Valle de los Caídos y la Guerra Civil y participar en un largo, y sin duda emocionante, debate con la otra media España, para terminar arrojándonos los muertos a la cara como de costumbre. En realidad, me encantaría. Pura testosterona y eso. Y me fastidia, de corazón, estropearle los planes a Sánchez de esta manera tan vil. Pero no lo haré. Nací en 1981, ni siquiera soy capaz de recordar con soltura el PIN de mi móvil, y he bebido demasiada cerveza en los últimos 40 años como para acordarme de lo que ocurrió la semana pasada, como para pensar en 1936. Además, con la primera dosis de la vacuna, me han crecido las tetas, y me he vuelto un poco más tolili, que diría el gran Florentino. Así que no me esperen hoy para discutir de Franco en el bar.

Sin embargo, lo que es la vida, Pedro, me acuerdo perfectamente de ayer. Sí. Ayer mismo. Cuando el peor Gobierno de la historia de la democracia española dio nuevas muestras de brillante incompetencia. Cuando los socialistas convirtieron la luz en un producto de lujo. Y cuando los ministros volvieron a competir por el premio a la propuesta más estúpida, para mantener a la gente narcotizada entre matrias, violencia machista contra los gatitos, y puñeteras hamburguesas sintéticas. Qué bien lo resumió, con la mano alzada frente al televisor, el albañil, ya entrado de años, encorvado, y bien cubierto de polvo, que con los dedos hinchados como chorizos apuraba un cafelito y una copita de orujo a mi lado en la cafetería del barrio. En el telediario, Yolanda Díaz, con todo su pijerío de reciente implantación, y su célebre disertación en defensa de la matria: “Señora, váyase a la mierda”.

Pocos días hemos necesitado para comprobar que el cambio de ministros no era más que la llegada de savia nueva para alimentar el árbol de la propaganda y la estupidez. Sin Redondo, Sánchez sigue siendo lo más parecido a una agencia de publicidad. La única diferencia es que a menudo las agencias tratan de vender un producto más o menos aparente, mientras que Sánchez siempre busca ofrecer algo lo bastante estúpido como para que salte a primera plana. Diría que el gran experto en la materia del producto-tonto es Garzón, sino fuera porque la ministra de Trabajo se ha tomado muy en serio la motivación sanchista y está haciendo sonoros méritos para arrebatarle el título, en obvia competencia con la chica de Iglesias.

Detrás de esto, como detrás de la absurda crisis de gobierno, no hay nada: se equivocan una vez más quienes piensan que Sánchez tiene una milimetrada agenda ideológica para cambiar España. No es que Sánchez quiera reabrir las heridas de la guerra civil. Es mucho peor: es que le da igual reabrir las heridas de la guerra civil, las de la pandemia, las del terrorismo de ETA o las de la guerra mundial. El único proyecto de Sánchez no es político, ni ideológico; es de poder. De poder a toda costa.

El presidente utiliza una agenda ideológica, bastante esquizofrénica, para permanecer al mando, y, en el camino, está dispuesto a cambiar España todo lo que sea necesario para seguir en el Falcon grabando TikToks disfrazado de JFK. Pero Sánchez, en realidad, podría ser mañana del PP, o defender las causas de los yanomamis de Brasil, o convertirse en un acérrimo nacionalista riojano. A Sánchez le preocupa tanto el socialismo como el futuro de su inquebrantable amistad con José Luis Ábalos. Por cierto, un consejo al presidente: mucha precaución en las noches de luna llena, que es cuando salen a pasear los muertos vivientes.

Quizá por eso me asombra escuchar a tantos comentaristas hablando del “sanchismo”. Ni existe, ni ha existido nunca. Eso que llaman “sanchismo” es solamente lo peor de la condición humana, la ambición, la avaricia, la venganza, el poder, la mentira, y la tiranía. Considerar eso una corriente política dentro del PSOE es como si en la derecha, sin estar bajo los efectos de las setas que le gustan a Sánchez Dragó, nos pusiéramos a departir sobre la importancia del “hernandezmanchismo” en la configuración política de la España de hoy.

Sánchez es, en fin, un traidor a propios y ajenos. Un traidor a la nación. Tras él, todo el PSOE será un páramo. Y nadie podrá decirnos que no lo advertimos ya en 2016, que venía a servirse del partido, como se está sirviendo de España. Aunque a mí, confieso, me parecía mucho más divertido cuando lo hacía solo con el dinero de los socialistas y no con el de todos los españoles.

«Héroes» caídos de Franco: los 32 nobles que dejarán de serlo por decisión de Moncloa
La nueva Ley de Memoria Democrática anula los títulos del franquismo salvo los vinculados a la intelectualidad o la ciencia
Andrés Bartolomé. La razon 23 Julio 2021

En diciembre de 2020, después de la exhumación de su abuelo en el Valle de los Caídos y la ofensiva legal contra el Pazo de Meirás, a Francisco Franco Martínez-Bordiú no parecía preocuparle el siguiente paso en la cruzada del Gobierno contra el legado del dictador: la retirada de los títulos nobiliarios que preveía el entonces anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que de acaba de ser aprobado en el Consejo de Ministros –a partir de septiembre comenzará su tramitación parlamentaria– y despojará de sus títulos a quienes hoy los ostentan. El Señorío de Meirás y el Ducado de Franco, en posesión de Francisco y Carmen Martínez-Bordiú Franco, otorgados por el Rey Juan Carlos, se verían afectados al abarcar la ley desde 1948 hasta 1977.

«No me quita el sueño», aseguraba entonces a LA RAZÓN Francisco Franco, el nieto favorito del «Caudillo», para quien «nuestros títulos no son de Franco, ya que el franquismo no existe, ni existió». Pese a la etiqueta sobre el periodo que abarca el mandato de su abuelo, insiste: «Siempre he pensado que el franquismo como ideología no existe; él no creo ningún ideario».

En total, 32 de una lista de 37 hombres y mujeres que consiguieron títulos nobiliarios en ese tiempo, verán desaparecer sus distinciones. Los cinco restantes los mantendrán porque están vinculados a rangos intelectuales, científicos o académicos. Pero no habrá marcha atrás para los concedidos a «personas imprescindibles en el golpe de Estado, la llegada de la dictadura y la represión», en palabras de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

En el origen de estos últimos nombramientos están los otorgados como agradecimiento a la actuación de los altos cargos del Ejército durante la Guerra Civil: 17 de esos títulos pretendían honrar a militares destacados en la causa abanderada por Franco.

Entre ellos destaca el ducado concedido en 1948 a Emilio Mola, conocido como «Director» por su papel de cabecilla en el golpe del 18 de julio de 1936, al que se añadió la Grandeza de España, y que hoy ostenta su nieto, Emilio Mola y Pérez de Laborda.

En el listado de nobles militares encontramos a Juan Yagüe, premiado en 1952 con el Marquesado de San Leonardo de Yagüe, distinción que hoy mantiene Juan Yagüe y Martínez del Campo; Juan Suanzes, agraciado con otro marquesado en 1960 que heredó Juan Antonio Suanzes y de Abrisqueta; al igual que Gonzalo Queipo de Llano, marqués nombrado en 1950, y que hoy es su nieto Gonzalo Queipo de Llano Mencos; Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno que dos años antes de su muerte en atentado a manos de ETA fue nombrado duque con Grandeza de España, y al que sucedió su hijo, Luis Carrero Blanco y Pichot, segundo Duque de Carrero Blanco, fallecido el año pasado; Fidel Dávila Arrondo, marqués con Grandeza de España en 1949 que hoy ostenta su sobrino nieto, Ramón Ignacio Dávila, y Joaquín García Morato, el as de la aviación durante la contienda distinguido con carácter póstumo en 1950 y sucedido por su hija, María José García-Morato y Gálvez.

Completan esta relación José Moscardó, protagonista de la defensa del Alcázar de Toledo, conde en 1948 y cuyo actual titular es su nieto, José Luis Moscardó y Morales-Vara del Rey; Francisco Moreno Fernández, uno de los organizadores de la rebelión militar en Ferrol, nombrado marqués en 1950, y cuyo título lleva hoy uno de sus nietos, Francisco Moreno de Alborán, tío del cantante Pablo Alborán; Andrés Saliquet, jefe del Ejército del Centro, también marqués, distinción hoy en manos de su nieta, María Luisa Saliquet Balbás; José Enrique Varela Iglesias, marqués en 1951, el actual titular es José Enrique Varela y Urquijo; otro marquesado –el de Somosierra– recayó en 1952 en Francisco García Escámez, y desde 2008 está en posesión de Francisco García-Escámez Pablos; Juan Vigón Suero-Díaz, teniente general del Ejército, fue distinguido asimismo como marqués, que en la actualidad es su nieto, Juan Ramón Vigón García; a título póstumo se le dio a Juan Cervera Valderrama, almirante de la Armada, y el marqués es hoy su nieto, Pascual Cervera y Burgos; el marquesado de Kindelán, creado en 1961 para el teniente general del Ejército del Aire Alfredo Kindelán, ha sido heredado por María Kindelán Cuéllar; otro Condado se otorgó a Francisco Martín Moreno, adscrito al Cuartel General de Franco, y cuyo titular hoy es Francisco José Martín-Moreno Carnero; mientras que Joaquín García Pallasar, teniente general del Ejército, que destacó por dirigir, durante la contienda, la fabricación de material de guerra y la movilización de industrias civiles, logró también un Condado. Isabel Jaraiz García-Pallasar es hoy la tercera Condesa de Pallasar.

Política
Franco también concedió hasta nueve títulos nobiliarios a personalidades de la política. Entre ellos Fernando Primo de Rivera Oriol, sobrino nieto de José Antonio Primo de Rivera –fundador de la Falange distinguido a título póstumo en 1948– y que ostenta el Ducado de Primo de Rivera; Pelayo Primo de Rivera, sobrino nieto de Pilar Primo de Rivera, y actual Conde del Castillo de la Mota –título creado en 1960 para la jefa de la Sección Femenina de Falange–, y José Calvo Sotelo y Olry de Labry, nieto del diputado conservador asesinado en 1936, que ocupa el Ducado de Calvo Sotelo.

Entre los condecorados figuran el que fuera presidente del Consejo de Estado, Joaquín Bau, cuyo título de conde es hoy de su bisnieto del mismo nombre; Onésimo Redondo, fundador de las JONS, nombrado Conde Labajos a título póstumo, distinción desde 1955 en manos de su hija, María de las Mercedes Redondo y Sanz Bachiller. Otros descendientes con sello de nobleza son Víctor Pradera Gómez (tercer Conde de Pradera), Joaquín Benjumea Alarcón (cuarto Conde de Benjumea) y Francisco Javier Bermejillo Jentoft (cuarto Marqués de Bilbao Eguía). El título de Baronía de Camporredondo está vacante tras el fallecimiento de su última titular, Josefa Larrucea Samaniego.

Franco también concedió honores a cinco personalidades del momento, cuyos herederos ostentan hoy sus títulos: José María Arias Mosquera, último presidente del Banco Pastor y tercer Conde de Fenosa; Santiago de Ybarra y Churruca, presidente de honor del grupo Vocento y Conde de El Abra; Patricio Echeverría y Ezcurdia, Conde de Echeverría de Legazpia, y María Victoria de Aznar y Arteche, Condesa de Arteche.

Solo un clérigo logró ser noble. A Juan Bautista Tedeschini –sobrino del Nuncio de Pío XII– le otorgó el dictador el Marquesado de Santa María de la Almudena, pero al fallecer nadie heredó el título.

De la Cierva y Ramón y Cajal
Los títulos nobiliarios se usaron también como reconocimiento a la excelencia de los intelectuales de la época. A día de hoy, el nieto del inventor Juan de la Cierva, Jaime de la Cierva Alvar, podría solicitar ser el tercer Conde de la Cierva, al haber fallecido su antecesor. También los herederos de la hija del ilustre médico y Nobel Santiago Ramón y Cajal, María Ramón y Cajal Conejero, podrían pedir la concesión del Marquesado de Ramón y Cajal.

El heredero del literato Ramiro de Maeztu y Manso de Zúñiga podrá seguir siendo Conde de Maeztu, al igual que José Antonio Torroja Cavanillas conservó su título de segundo Marqués de Torroja hasta su reciente fallecimiento. Asimismo, Jorge o Elena Teresa Arruga, descendientes del reputado oftalmólogo catalán Hermenegildo Arruga, podrían conservar el Condado de Arruga.

La conexión con Ana Torroja y Pablo Alborán
José Antonio Torroja Cavanillas era el actual marqués de Torroja hasta su fallecimiento el pasado 15 de julio. Su hija, la cantante Ana Torroja, sería la siguiente en la sucesión del Marquesado, pero no tiene ningún interés en heredar el título. «El que se lo merecía era él», ha dicho sobre su abuelo; «y mi padre, los demás no, así que quedará ahí». Otro célebre cantante, Pablo Alborán, es sobrino de Francisco Moreno de Alborán, tocado por el marquesado de Alborán creado en 1950, a título póstumo, a favor de Francisco Moreno Fernández, almirante de la Armada. Su bisabuelo.

No era Ábalos, es Sánchez
La decisión judicial de paralizar el rescate de la aerolínea Plus Ultra por arbitrario y puede que delictivo demuestra que La Moncloa gobierna siempre al límite de la legalidad
Editorial ABC 23 Julio 2021

Un juzgado de Madrid acordó ayer suspender cautelarmente el segundo pago del préstamo a la aerolínea Plus Ultra. Una juez investiga el rescate a esta empresa acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez ante los indicios de delitos como prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Antes de todo esto, el Ejecutivo ya había abonado 19 millones de euros. El pago suspendido por el juez asciende ahora a 34 millones, toda vez que la operación total de rescate alcanza 53 millones, y está rodeada de toda clase de sombras y sospechas que, gracias a la iniciativa de Vox y del Partido Popular, están sometidas ahora a investigación judicial. También es reseñable por su importancia jurídica el dato de que el Ministerio Fiscal haya apoyado la suspensión cautelar del pago, frente al criterio previsible de la Abogacía del Estado, que defiende a los cargos públicos investigados por el juzgado y sostiene que todo fue legal.

Esta operación tenía que pasar el filtro judicial porque desde su origen rezuma irregularidades. La salida del Ejecutivo, sin compasión, de José Luis Ábalos adquiere ahora una perspectiva más nítida con esta decisión judicial, que no prejuzga responsabilidades penales y, por supuesto, deja todo abierto a futuras decisiones. Esto es la presunción de inocencia. Políticamente, sin embargo, es otro revés para Pedro Sánchez, no para Ábalos en exclusiva, porque la autorización del préstamo a Plus Ultra fue decidida por el Consejo de Ministros. No hay que equivocarse con las responsabilidades políticas, ni cebarse con el señuelo que Sánchez ofrece a la opinión pública: el presidente del Gobierno es el titular del poder político y de sus consecuencias. La Justicia tiene aún mucho que investigar sobre este préstamo sospechoso a una aerolínea definida como «estratégica», aunque hasta ahora nadie ha visto nada estratégico en esta empresa, salvo su vinculación con el chavismo, esa constante que aparece en tantas decisiones de La Moncloa. Son 53 millones de euros públicos los que están en juego porque el Gobierno ha hecho de la ilegalidad un método de ejercicio del poder. El abuso de los decretos leyes se ha saldado por el momento con la anulación del nombramiento de Rosa María Mateo como administradora de RTVE. Y el abuso de poder, a secas, ha dado lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la más grave decisión tomada por un Gobierno en España desde 1978: el estado de alarma de 14 de marzo de 2020. También hay que recordar el revés que le propinó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando obligó al Gobierno de Ayuso a cerrar perimetralmente la comunidad autónoma y los jueces rechazaron la medida. La respuesta fue otro arbitrario estado de alarma solo para Madrid. Y quedan por determinar la legalidad del nombramiento de la fiscal general, de la ‘ley Celaá’, de la eutanasia, la memoria democrática...

Este Gobierno exhibe prácticas amenazantes para el imperio de la ley, que es la base del funcionamiento de las sociedades democráticas. Su intolerancia al control judicial, a la revisión de sus decisiones y al contrapeso democrático es paralelo a su apego por la ilegalidad que representan los separatistas, con los que pacta su supervivencia diaria. Este Gobierno fía su continuidad a la evasión de los mecanismos del Estado de derecho y ejerce el poder como una forma escapista de garantizarse impunidad. Por eso se sorprende tanto, y tan absurdamente, cuando un tribunal desbarata sus planes o retrata su abuso de poder. La indignación que muestran sus portavoces por las resoluciones judiciales no es la prueba de error alguno de los jueces, sino de la incompatibilidad de esta forma de gobernar con la legalidad.

Madres no, drones sí
Zoé Valdés. Libertad Digital 23 Julio 2021

Para nadie es un secreto ya que las revueltas en Cuba que se produjeron a partir del pasado día 11 e iniciadas en San Antonio de los Baños fueron espontáneas, en un anhelo lógico de libertad. El pueblo de Cuba decidió lanzarse a las calles reclamando lo más preciado para el ser humano, tras más de 62 años de una férrea y cruel tiranía militar.

Durante estos días el mundo ha visto, aunque de medio lado, los disparos contra la población desarmada e indefensa, las capturas dentro de sus propias casas de esos valientes, delante de mujeres e hijos, los secuestros de jóvenes de ambos sexos, maltratados, torturados y desaparecidos; como ocurrió hasta ayer con Jonathan Porto, y el caso de Daniela Rojo, hermana del músico exiliado en Nueva York Danny Rojo.

Daniela tiene 24 años, es madre de dos hijos pequeños. La arrastraron desde la calle de su barrio y la desaparecieron; ayer por fin pudieron localizarla en el Vivac de Calabazar, donde espera por un juicio político. Las condenas podrían ir hasta un año. Sólo por manifestar pacíficamente y demandar lo que nos merecemos desde hace más de medio siglo: Libertad.

Hemos visto a una madre desesperada golpearse, mesarse los cabellos, gritar que su hijo se desangraba en una cárcel y que en lugar de conducirlo a un hospital para cubanos (que ya sabemos lo que son) lo irían a presentar así en ese estado moribundo en el tribunal político militar. Hemos sabido que otra madre, tras perder a su hijo de un balazo por la espalda, decidió suicidarse. Demasiado dolor e infamia. El mundo impávido.

Así y todo, esas madres se han organizado y quisieron salir a las calles en una protesta silenciosa y pacífica por sus hijos; se lo han impedido, amenazándolas. Todo esto me imagino yo también azuzado desde el ghetto Grantero de Miami, que de lejos no sabe más que idear tramas para que otros se inmolen mientras ellos se enriquecen. Hemos leído también en redes sociales que algunos supositores socialistas y youtuberas Stars afirman su preferencia por la tiranía que los oprime antes que los drones que los liberarían posiblemente en dos horas. Lamentable. Pero el problema de Cuba no son todos los cubanos, como se ha dicho, no. El problema de Cuba es la de estos cubanos pendejos y socialistones que aspiran a que el Grupo Prisa los condecore con el Ortega y Gasset sin haber leído siquiera al pensador y filósofo, y peor, sin siquiera enterarse de que se trata de una sola persona, y no de dos, como en su momento creyó Haydée Santamaría, aquella otra culpable a la que suicidaron por la espalda sus propios compinches castristas.

Cuba no necesita a madres esforzadas llorando en las calles mostrando su fragilidad de madres ignoradas y olvidadas. Cuba necesita drones. Cuba no necesita donaciones norteamericanas, ni vacunas norteamericanas, ni ninguna migaja para que el régimen pueda afianzarse todavía más en el poder y continúe reprimiendo y asesinando. Cuba necesita drones. Cuba necesita intervención militar humanitaria ya. Nos lo deben desde las Trece Colonias y el aporte de los cubanos en dinero contante y sonante para la fundación de esa gran nación norteamericana, como recordó recientemente Fernando Godo.

Estados Unidos nos lo debe desde las sucesivas traiciones en el quita y pon de presidentes. Nos lo deben desde Bahía de Cochinos y el Escambray. La deuda de Estados Unidos con Cuba y su libertad es tan grande que no pudiera ni siquiera pagarse con un puñado de drones enviados directamente a las cabezas de los tiranos y esbirros. Estados Unidos está en la deuda y deber comprometerse con la libertad y reconstrucción de Cuba; apartando, eso sí, a todos esos dialogueros, aprovechados y pachangueros que no han hecho más que estorbar siempre con sus comemierderías pajifistas e intereses de daddy sugar interponiéndose en el camino hacia el fin de toda esta tan larga pesadilla.

Resignificar la Transición
Cristina Losada. Libertad Digital 23 Julio 2021

El proyecto de Memoria Democrática procede al ajuste de cuentas y, de ese modo, destruye las bases de la reconciliación.

Quién iba a decir, allá por 1978, que el PSOE, el de los cuarenta años de vacaciones, como decían malévolamente los del PCE, iba a esperar más o menos otros cuarenta años para incorporarse de lleno a la lucha antifranquista. Pues ahí lo tenemos. Más decidido que nunca a derrocar a Franco y a acabar con el franquismo. Siempre después de muertos. Lo que Felipe González no hizo, y lo que Zapatero, aunque quiso, no terminó de hacer, va a rematarlo Pedro Sánchez cabalgando un antifranquismo retrospectivo que se las da de inédito y de inaugural. Saben tan poco del antifranquismo como del franquismo.

El proyecto de ley de Memoria Democrática es tan desmemoriado que no reconoce nada de lo que se ha hecho desde la Transición para reparar a las víctimas de la dictadura, a los que hicieron la guerra en el bando republicano y, en general, para hacer efectiva la reconciliación sellada entonces. Según la presentación que hizo el ministro Bolaños, resulta que casi todo se va hacer por primera vez: homenajear a las víctimas, buscar los restos de represaliados en las fosas, eliminar ciertos símbolos o declarar nulas e ilegítimas sentencias. ¿Por primera vez? ¿Ningún Gobierno de España hasta la fecha, incluidos los del PSOE, se ocupó de esos problemas? O estamos ante la fatal arrogancia adanista o ante la falsedad pura y dura.

Quiso Bolaños dar un alcance histórico al proyecto diciendo que por primera vez se hace una ley para garantizar que no se repitan episodios como la guerra civil. Aquí la arrogancia adanista se junta con el infantilismo extremo, pero también con algo más, y más peligroso. Porque la garantía de que no se repitieran episodios como la guerra civil o remotamente parecidos fue el pacto de la Transición, y proyectos como éste y su antecesor, el de la Memoria Histórica de Zapatero, están cuestionando y violentando la naturaleza, el significado y los efectos de aquel pacto.

La Transición, uno de los grandes éxitos políticos españoles contemporáneos, fue el borrón y cuenta nueva necesario para dejar atrás las secuelas de la época que comprende la Segunda República, la guerra civil y la dictadura. Pero siempre tuvo enemigos. El búnker franquista prácticamente se extinguió al poco tiempo. El búnker izquierdista lograría extrañamente, al cabo de muchos años, que el PSOE incorporara su visión contraria a aquel proceso y se apuntara a su idea del ajuste de cuentas: ya que no pudo hacerse entonces, había que hacerlo ahora, no importa cuántos años después.

El proyecto de Memoria Democrática procede al ajuste de cuentas y, de ese modo, destruye las bases de la reconciliación. Quiere imponer un relato oficial de lo que fueron aquellas etapas de la historia de España, y reducir su complejidad a una historieta de buenos y malos. Nadie, ni los historiadores, podrá apartarse de la doctrina establecida por el Gobierno, que será quien determine qué es verdad y qué es mentira sobre aquellos acontecimientos. Como indica el nombre del proyecto, quien disienta de la ley no será demócrata, y además va a ser perseguido y castigado.

A la lógica del ajuste de cuentas retrospectivo pertenecen las pretensiones más espectaculares del proyecto, como las exhumaciones, retransmitidas en directo y con gran aparato, y la "resignificación" del Valle de los Caídos. Ambas revelan, al mismo tiempo, las pretensiones políticas de una ley como ésta: la resignificación de la Transición y la exhumación permanente del guerracivilismo.

La decena de leyes de la Transición que ya "reparó" a todas las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
Nuria Richart. Libertad Digital 23 Julio 2021

Desde el año 1977 varias leyes han reparado a los perdedores de la Guerra Civil, "a los excombatientes de la zona republicana". En el espíritu de la Transición estaba superar "felizmente las motivaciones emocionales que impidieran la plena solución del problema".

Desde el año 1977 varias leyes han reparado a los perdedores de la Guerra Civil, "a los excombatientes de la zona republicana". En el espíritu de la Transición estaba superar "felizmente las motivaciones emocionales que impidieran la plena solución del problema".
Carrillo, Suárez y Rodríguez Sahagún en 1983 | Cordon Press

La necesidad de superar las diferencias que dividieron a los españoles durante la pasada contienda, cualquiera que fuera el ejército en que lucharon, hace que sea obligado establecer igual trato a aquellos ciudadanos que habiendo quedado mutilados como consecuencia de la Guerra Civil de mil novecientos treinta y seis-mil novecientos treinta y nueve, no tuviesen aún suficientemente reconocidos sus justos derechos. (Ley 35/1980, de 26 de junio)

El 15 de septiembre de 2020 la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparecía para presentar el primer borrador del Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Ese día no se limitaba a hablar, esculpía en mármol su discurso: "Nuestros jóvenes necesitan saber de dónde venimos"; "Un pasado requiere un trabajo de verdad", se refiere al "impulso a las políticas de verdad"; otra: "Ésta es la memoria que cuenta, ésta es la Memoria Democrática"; o "hay un esfuerzo importante por homologar nuestra democracia con las de otros países que han tenido que reconocer situaciones traumáticas parecidas" para "movernos en el plano internacional con la dignidad que nos corresponde". Había llegado Pedro Sánchez a "reparar" España. Hasta entonces había españoles por el mundo, sí, pero con la cabeza gacha.

Lo primero que hace la Ley es definir qué es una víctima. Algunos miembros del CGPJ, pocos, han objetado que el gobierno tutela "de forma asimétrica la dignidad de las diferentes víctimas de este período histórico". Los políticos españoles no siempre han sido así. ¿Se hizo la Transición olvidando a la mitad de los españoles, a los perdedores de la guerra? No. Ayer mismo, el actual ministro de Presidencia, Felix Bolaños reconocía que se trata de una "reparación histórica, moral" porque "no habrá responsabilidad patrimonial del Estado ni indemnizaciones", y aquí el apunte importante, "más allá de las que ya se han venido compensando durante la época democrática". Ideología pura. Uno de los objetivos a batir por este gobierno es la Transición pacífica y de consenso que se ocupó de unas víctimas que el PSOE utiliza como propaganda política moralista.

Federico Jiménez Losantos en su libro La vuelta del comunismo (Espasa, 2020) dedica un capítulo a las Leyes de Reparación al Bando Republicano. Explica: "Es absolutamente falso que, durante toda la democracia en España, no se intentase remediar a los más perjudicados del bando perdedor de la guerra, en el que hay que incluir, con todas las derechas masacradas por los Gobiernos social-comunistas, a las izquierdas perseguidas por otra izquierda, la comunista". El autor enumera varias de las leyes que desde 1977, año de las primeras elecciones libres tras la dictadura de Franco, fueron promulgadas en este sentido.

Real Decreto-ley 6/1978, de 6 de marzo. Se regula la situación de los militares que tomaron parte en la Guerra Civil. Son las pensiones de jubilación para militares que pudieran acreditar su pertenencia a las Fuerzas Armadas o de Orden Público antes del inicio de la guerra y que después participaron en ella. Contemplaba también el derecho a pensión para viudas y huérfanos en caso de fallecimiento del titular.

Real Decreto-ley 35/1978, de 16 de noviembre. Se conceden pensiones a los familiares de los españoles fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil. El texto recoge "la necesidad de superar las diferencias que dividieron a los españoles durante la pasada contienda, cualquiera que fuera el ejército en que lucharon". Dispone, además, "igual trato para los familiares de aquellos españoles que habiendo fallecido como consecuencia de la guerra mil novecientos treinta y seis-mil novecientos treinta y nueve, no tuvieran aún reconocido derecho alguna pensión".

Prueba del espíritu reconciliador de la época, en su Disposición adicional añade:
Los beneficios derivados de este Real Decreto-ley se extenderán a los familiares de aquellas personas que, sin haber participado en acciones de guerra, hubieran muerto violentamente por acción directa o consciente del hombre y de los que hubieran sido ejecutados durante la guerra de mil novecientos treinta y seis-mil novecientos treinta y nueve o posteriormente, por hechos ocurridos en la misma.

Asimismo, se considerarán comprendidos en los beneficios de este Real Decreto-ley los familiares a los que se refiere el artículo tercero de quienes sufriendo privación de libertad hubieran fallecido en igual período a consecuencia de enfermedad adquirida impresión.

Real Decreto-ley 43/1978, de 21 de diciembre. Por el que se reconocen beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones en la Guerra Civil.

Ley 5/1979, de 18 de septiembre. Acerca del reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil.

Ley 10/1980, de 14 de marzo, modificación del Real Decreto-ley 6/1978, de 6 de marzo, que regula la situación de los militares que intervinieron en la Guerra Civil:

Artículo único.
Son profesionales, a los solos efectos de aplicación de los beneficios económicos derivados del Real-decreto ley seis/mil novecientos setenta y ocho, quienes, con anterioridad al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis si hubieran reenganchado en algún Cuerpo militar, pertenecieran en esta fecha las Fuerzas de Orden Público fueran miembros del Escuadrón de Escolta del Presidente de la República o alumnos de las Escuelas de Marinería de la Armada.

Ley 35/1980, de 26 de junio. Sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana. Seguido recalca la exposición de motivos:

La necesidad de superar las diferencias que dividieron a los españoles durante la pasada contienda, cualquiera que fuera el ejército en que lucharon, hace que sea obligado establecer igual trato aquellos ciudadanos que habiendo quedado mutilados como consecuencia de la Guerra Civil de mil novecientos treinta y seis-mil novecientos treinta y nueve, no tuviesen aún suficientemente reconocidos sus justos derechos.

Estamos pues ante una ley que tiene la intención de solventar vacíos en las reparaciones anteriores ocupándose sola y específicamente del bando republicano:

Artículo primero.
Tendrán derecho a disfrutar los beneficios que se establecen en la presente Ley los españoles excombatientes de la zona republicana que, formando parte de modo permanente o circunstancial de los ejércitos, Fuerzas del Orden Público de carácter y organización militar o colaborando con los mismos bajo las órdenes de sus mandos naturales, hayan sufrido lesiones corporales que afecten de modo permanente su integridad física o psíquica o parezcan inutilización de igual carácter debidas a enfermedades producidas o agravadas en la prestación de un servicio durante el periodo de tiempo comprendido entre el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y el uno de abril de mil novecientos treinta y nueve, u originadas durante el cautiverio sufrido como consecuencia directa de acciones de guerra de dicho periodo.

Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra. Retribución transmisible a las viudas y huérfanos menores de edad o incapacitados.

Artículo primero.
Los mutilados civiles sometidos al Derecho seiscientos sesenta mil novecientos setenta y seis, de cinco de marzo, podrán disfrutar, además de la pensión de mutilación establecida en el citado Decreto, de una reducción retribución básica en los casos, por las cuantías y en las condiciones que se establecen en la presente Ley.

Como recuerda Federico en su libro, hasta entrados los años 90 los únicos que en España no defendían el discurso de la reconciliación fueron los terroristas de la ETA, y anteriormente, los del FRAP, banda en la que militó el padre de Pablo Iglesias, vinculada al PCE (m-l).

Ley 37/1984, de 22 de octubre. De reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República.

El preámbulo dice así:
Superadas, felizmente, con la aprobación de la Constitución de 1978, las motivaciones emocionales que impidieran un año antes, en octubre de 1977, la plena solución del problema, se hace preciso ajustar las leyes a los preceptos de nuestra norma fundamental. Tal es el objetivo que persigue el título primero de la presente Ley.

Pero las sucesivas disposiciones legales que han venido regulando las situaciones derivadas de la Guerra Civil no han contemplado hasta ahora el régimen que habría que ser aplicado a todos aquellos que no pertenecían a las Fuerzas Armadas con anterioridad a dicha guerra, pero que tomaron parte en ella en las filas del Ejército de la República, obteniendo las mismas un empleo o grado, asimilándose a esta situación la que quienes durante la guerra misma ingresaron en Cuerpos o Institutos armados. Exigencias de justicia obligan a reconocer a tales ciudadanos los servicios prestados durante la Guerra Civil. Dicho reconocimiento da derecho al uso de aquellas distinciones que en atención a su condición y rango alcanzado reglamentariamente se determinan así, con el alcance previsto en la Ley y asimismo el cobro de una pensión y el disfrute de los beneficios derivados de la asistencia sanitaria para los interesados y sus familiares.

Las leyes reseñadas bastan, escribe Jiménez Losantos, "para probar que nunca hubo ningún interés en ocultar los perjuicios personales de los vencidos en la guerra, todo lo contrario. Que lo primero que se reconoció fueron los derechos de los familiares de los militares del ejército popular de la República, y que siempre se mantuvo la voluntad de cubrir las necesidades de los afectados y ayudar a los que legalmente tenían más complicado hacer una reclamación económica".

Entonces ¿cuál es el objetivo del PSOE a partir de 2004? Desde el gobierno se insiste en comparar al franquismo con el nazismo y el fascismo, pero nunca incluye al totalitarismo más letal de la historia, el comunismo. Quizá, tanto esta Ley como su antecesora e igual de cainita, la de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero, no busque otra cosa que aniquilar, etiquetar para matar por una razón de "reparación histórica y moral" al adversario político. En definitiva, deslegitimar a la derecha como alternativa de Gobierno. Una actitud similar a la de los políticos de izquierdas de la Segunda República que bautizaron como Bienio Negro a los dos únicos años que gobernaron otros partidos que no eran los suyos.


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El espectro del fraude de ley en Cataluña
No es aceptable la falta de respeto al dinero público de la Generalitat
Editorial La Razón 23 Julio 2021

No se encuentran los catalanes, precisamente, entre los ciudadanos españoles que pagan menos impuestos. De hecho, la comunidad que preside Pere Aragonés no es sólo la que registra los mayores índices de presión fiscal de toda España, y aún de toda la Unión Europea, sino que fue, junto con la comunidad valenciana, la única que subió los tributos en 2020, cuando la pandemia de coronavirus más arreciaba. Quejarse ahora de que buena parte de ese esfuerzo exigido a todos los ciudadanos, no sólo a la minoría independentista, se ha dilapidado en el proceso separatista sólo conduce a la melancolía, de ahí, que sea mucho más eficaz brindar el mayor respaldo público e institucional a los distintos organismos del Estado que velan por el respeto al ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las leyes.

El Tribunal de Cuentas, –que, por cierto, cumple hoy su mandato y entra en proceso de renovación parlamentaria de sus miembros– es una institución indispensable en el control de la legitimidad de la acción política de cualquier democracia que se precie, por lo que no se entienden las reticencias que despierta en el Ejecutivo nacional su labor fiscalizadora del dinero público desviado desde el gobierno autónomo catalán. Señalamos esta evidencia porque no se entiende el circunspecto silencio de los distintos actores gubernamentales ante el espectro del fraude de ley que se cierne sobre el Instituto Catalán de Finanzas, que pertenece a la Generalitat, al avalar la fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a quienes emplearon el dinero público para financiar la campaña exterior del procés, campaña, no lo olvidemos, que sustentaba su estrategia en caricaturizar a España como una democracia fallida, prácticamente, franquista, que negaba derechos fundamentales a una parte de sus ciudadanos.

Que la propia institución perjudicada por unos representantes públicos y, en su caso, unos funcionarios que hicieron un uso torticero de los presupuestos pagados por los ciudadanos actúe para evitar la asunción personal de las responsabilidades contraídas, entraría en el campo del absurdo en cualquier otro ámbito que no fuera el nacionalismo catalán, pero que desde el Gobierno de la nación se produzca tal inhibición es, simplemente, inaceptable e imposible de justificación legítima. Incluso la servidumbre de tener que gobernar en minoría parlamentaria debe tener su límite en el respeto a la ley.

El ‘apartheid’ del separatismo catalán
Sergio Fidalgo. okdiario 23 Julio 2021

Hace años que la Generalitat practica el apartheid sobre millones de catalanes. Tal y como denuncia el profesor Félix Ovejero en su último libro (Secesionismo y democracia. Página indómita), el proyecto del independentismo es convertir en extranjeros a más de la mitad de la población bajo su dominio y privarles de derechos. Este apartheid se manifiesta en la exclusión lingüística y en el señalamiento social en función de si se apoya o no la causa separatista.

Cuando muchos independentistas dicen que “las calles serán siempre nuestras”, o marcan los edificios públicos y las avenidas con sus símbolos, con las esteladas o las pancartas de ‘Llibertat presos polítics’, están diciendo que en lo que consideran su territorio hay ciudadanos de primera, los que llevan lazo amarillo en la solapa, y otros que no merecen tal condición por no apoyar el proyecto secesionista.

Ovejero, en una conversación que tuvimos hace unos días, lo resumió en pocas líneas: “Piensa en cuando la Generalitat decidió no vacunar a los policías nacionales o a los guardias civiles. Esto es puro apartheid”. Les consideran ‘no ciudadanos’, o ‘elementos hostiles’, y les discriminan. Estas manifestaciones excluyentes no solo se dan en Cataluña. Cuando Eduardo Inda denunció con valentía, durante la presentación del libro El adoctrinamiento escolar en Cataluña (Ediciones Hildy), como en Baleares, y desde hace años, la enseñanza está tomada por el separatismo, y cómo se educa en el agravio contra España, estaba avisando de cómo el problema se estaba extendiendo a buena parte del territorio nacional. Se educa en el ‘apartheid’, desde la superioridad de la comunidad pancatalanista sobre el resto de españoles, a los que se considera inferiores.

En este último libro se ven fotografías de escuelas catalanas con esteladas y lazos amarillos en sus fachadas, de patios con pintadas con mensajes separatistas. Y es que la educación se ha convertido en la principal arma del ‘apartheid’ lingüístico que se vive en esta comunidad autónoma. El español ha sido desterrado como lengua de formación y todas las sentencias judiciales que exigen aumentar su uso en los colegios son incumplidas sistemáticamente por la Generalitat. E ignoradas por los sucesivos Gobiernos de España que no velan por que se ejecuten.

Pero no solo eso. Multitud de ayuntamientos han decidido que su lengua oficial es solo una, el catalán, y no las dos que rigen en la comunidad autónoma. Al extremo que Ada Colau ha llegado a difundir carteles escritos en catalán, urdú, hindú, árabe y otros idiomas, menos en español. Para la líder de los comunes el castellano es una lengua “facha”, de la misma manera que un militar del siglo XIX, el almirante Cervera, también lo era. En el ‘apartheid’ catalán el no seguir la corriente a los separatistas conlleva la condición de “fascista”, “franquista” o, directamente, “nazi”.

Por eso los separatistas insultan impunemente desde TV3. Porque consideran que solo es ‘su televisión’ y que los que son ofendidos, los millones de catalanes no secesionistas, no poseen la condición de conciudadanos. Para buena parte del independentismo no tienen derecho a nada, solo a callar o a coger la maleta e irte. De ahí la tendencia en buena parte del independentismo a invitar al discrepante a largarse de Cataluña. O calladito, o lárgate, es lo que ofrece la CUP, ERC y Junts a los que no comulgan con la estelada.

Cuando, cegados por el clasismo y el supremacismo, un buen número de separatistas se dedican a ir a comercios o bares, para exigir de malos modos que se les atienda en catalán y luego quejarse en redes sociales, violando los derechos lingüísticos de los trabajadores a expresarse en español, idioma oficial en Cataluña, es porque se sienten impunes. Porque cuentan con el apoyo de asociaciones regadas con dinero público, como Plataforma per la Llengua, que les apoyarán en su linchamiento moral a aquellos camareros y dependientes que hablan castellano.

Algún día habrá que decirles que hasta aquí hemos llegado. Y que en España no puede haber un ‘apartheid’ como el que ERC, Junts y la CUP intentan imponer a millones de catalanes no separatistas.

¡Larga vida al Tribunal de Cuentas!
Alejandro Tercero Cronica Global 23 Julio 2021

Para qué nos vamos a engañar, las tribulaciones de algunos expresidentes y exconsejeros de la Generalitat tratando de salvaguardar su patrimonio frente la fiscalización del Tribunal de Cuentas generan un gozo intenso y colosal en buena parte de los constitucionalistas.

Es fascinante ver a este hatajo de granujas asustadizos acogerse a todo tipo de triquiñuelas, de la mano del Govern de Aragonès y Giró, para intentar escurrir el bulto y mantener sus pisitos a salvo.

Yo no soy jurista pero tampoco hay que ser un experto en derecho para constatar que la artimaña del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las finanzas millonarias impuestas a la treintena de políticos y cargos autonómicos por despilfarrar el dinero público en promover el procés en el extranjero tiene pinta de que acabará mal, muy mal.

Luego nos dirán que la justicia española es malvada, que les tiene manía, que hay una persecución ideológica al independentismo, pero aquí los únicos que judicializan la política son ellos. Modificar por decretazo las funciones de ICF para que un ente de la Generalitat se coma el marrón de la dilapidación de recursos públicos que supuso el procés atufa a fraude de ley, por no decir a flagrante malversación y prevaricación.

No hay más que ver cómo se presenta el ICF: “Somos una entidad financiera pública, fundada el año 1985, propiedad de la Generalitat de Cataluña. Nuestra misión es impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial de Cataluña, al objeto de contribuir al crecimiento de la economía catalana, actuando como complemento del sector financiero privado. Financiamos a las empresas y emprendedores catalanes. Les acompañamos en su desarrollo y crecimiento, generando valor que repercute en toda la sociedad. Somos una entidad abierta, próxima, orgullosa de prestar apoyo a las empresas mediante soluciones flexibles, realistas, modernas y adaptadas a sus necesidades, con solidez y fiabilidad”.

El hecho de que ningún banco se prestara a conceder los avales y la opacidad con la que han actuado el Govern y los órganos de gobierno del propio ICF​ abunda en la sospecha de que todo esto tendrá consecuencias nefastas para los cómplices necesarios de este disparate.

En todo caso, es sorprendente que algunos estén dispuestos a jugarse su futuro, y tal vez a pasar algún tiempo a la sombra, por salvar los pisos de Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell y compañía.

De lo que no cabe ninguna duda es de que algunas cosas funcionan bien en este país. Y de que, con un poco de suerte, no todos los responsables del procés se irán de rositas. Mientras tanto, solo nos queda seguir disfrutando de este episodio y de otros muchos similares que esperamos estén por llegar.

¡Larga vida al Tribunal de Cuentas!

Recuperación. El coronavirus el mayor enemigo de la estrategia gubernamental
Miguel Massanet. diariosigloxxi 23 Julio 2021

Ni la derecha errática dirigida por el señor Pablo Casado, ni toda esta pléyade de periodistas y ciudadanos que siguen pensando que lo mejor es contemporizar, llegar a acuerdos, ceder con tal de conseguir un alivio en cuanto a la tensión política, renunciar a las propias convicciones, prescindir de objeciones morales, transigir con tal de que se obtenga un modus vivendi que permita ir viviendo, aunque sea a costa de renunciar a derechos fundamentales, a pesar de que esta tolerancia, en un futuro no lejano, pueda ser una carga insoportable para las nuevas generaciones o represente un cambio de régimen que suponga la tiranía para España y todos los españoles; han supuesto para el señor Pedro Sánchez un obstáculo insuperable para llevar adelante su estrategia encaminada a conseguir perpetuarse en el poder a costa de lo que sea.

Todo ello, no es más que lo que ha estado sucediendo en determinadas naciones de Sur-América en las que la falta de cultura de sus ciudadanos, afanes revanchistas largamente larvados, cuestiones raciales mal resueltas o corruptelas endémicas de sus políticos han permitido que, con la consigna de “establecer la igualdad entre los ciudadanos”, “acabar con los opresores del pueblo” o “debemos vengar a nuestros mayores de quienes fueron los culpables de su esclavitud o de la pérdida de sus vidas”; técnicos en el manejo de las masas, demagogos y hábiles activistas hayan conseguido crear un clímax, en una parte de la ciudadanía española, que permite que determinadas ideas, revolucionarios planteamientos, arbitrarias proposiciones y manipuladas opciones políticas hayan conseguido crear un ambienteconformista, tolerante y antipatriótico con el que nuestros actuales gobernantes van contando para llevar adelante sus objetivos de convertir a España en una III República, evidentemente en manos de las izquierdas, con la finalidad de provocar un cambio de régimen y de Constitución, que les permitiera volver a los planteamientos de quienes fueron capaces de proclamar la llamada República del Frente Popular, basada en los principios del Soviet supremo de la Rusia bolchevique.

Sin embargo, nunca se pueden tener en cuenta todos los factores que pueden obstaculizar la más brillante de las ideas o entorpecer un plan detalladamente preparado. En esta ocasión al señor Pedro Sánchez, nuestro actual presidente del Gobierno, le ha salido un forúnculo inesperado y que, evidentemente, ha venido a trastocar toda la táctica que le debía permitir apartar a la derecha de su camino ( algo que ya venía consiguiendo), crear la sensación de que la oposición se oponía a todo lo que fuera en beneficio del “pueblo”, presentarse como víctima de los herederos de un, convenientemente resucitado, franquismo y establecer un nuevo cordón sanitario que dejara fuera de la arena política al PP y a Vox, dos partidos que, especialmente por cerrazón de los peperos, no han sido capaces de presentar un frente común para contrarrestar a las izquierdas.

La aparición del Covid 19 fue una catástrofe para el mundo, para todos los países civilizados y por civilizar y, evidentemente, ha supuesto un cambio de 180º para todas las previsiones económicas, sociales, políticas, industriales, culturales, sanitarias y, podríamos decir que, también para aquellos planes destructivos, revolucionarios, subversivos, masónicos o de tipo monopolístico que, desde las distintas esferas del poder, pudieran estar en periodo de gestación. Como no podía dejar de suceder también esta inesperada pandemia, inoportuna para los detallados planes del señor Iván Redondo, ha sido un tropezón inesperado capaz de poner en un brete a todo el Gobierno y, como consecuencia, al desarrollo de lo que debía ser un camino trillado para alcanzar sus objetivos de cambiar el destino de España.

Pero si ya fue algo caótico, en cuanto a lo que supuso la tardía reacción del Gobierno en aceptar la importancia de la pandemia y en cuanto a las medidas inmediatas que debieran haberse tomado y no se tomaron o en la forma de informar a la población y en las absurdas contradicciones en las que incurrieron los portavoces del Ejecutivo, con un papel destacado de este personaje, Fernando Simón, mitad científico y mitad Rasputín, del que se valieron los miembros del gobierno para que fuese engañando, según les convenía para sus planes de tener adormecido al pueblo, a los incautos que no supieron ver en él la figura de un Pinocho de conveniencia dependiente, por completo, de Sánchez y sus ministros.

Lo que han venido siendo las diversas etapas que han tenido lugar, a medida que la epidemia tenía sus altos y bajos, mientras se esperaba la vacuna que nunca llegaba, en tanto que se fijaban las responsabilidades respectivas del Gobierno y de las autonomías, hasta que culminó todo con la gran jugada de Sánchez cuando decidió, sin que se dieran las circunstancias para hacerlo (como ha reconocido el TC), proclamar el Estado de alarma. Pero no, como era lo justo pensar, para tomar las riendas de la situación, sino para crear una situación hecha a su medida, mediante el aprovechamiento de los poderes que le daba esta herramienta jurídica para gobernar la nación mediante el procedimiento de utilizar los decreto-Ley para ir promulgando, como medida de urgencia, las leyes ( la mayoría de ellas sin que existiera urgencia ninguna) sin pasar, previamente, por la preceptiva criba del Parlamento de la nación, ante el cual debía de presentarse para que se produjera el debido debate sobre la conveniencia de su aprobación.

La consecuencia más bochornosa de semejante procedimiento se puede calificar de modo que , habiéndose promulgado el Estado de alarma para que el Gobierno tuviese en sus manos el medio de establecer normas respecto a toda la nación, para tomar decisiones que permitieran evitar que cada autonomía utilizase unas medidas distintas y, por consiguiente, obviar diferencias respecto a la limitación de los derechos ciudadanos y de los medios y medidas sanitarias precisos para enfrentarse a la epidemia; lo que hizo, en realidad, fue disponer que cada autonomía se hiciera cargo de la responsabilidad respecto a las medidas que estimara pertinente implantar para combatir la epidemia, según su propio criterio. Un medio mediante el cual ni el Gobierno ni su presidente asumirían responsabilidad alguna en el caso de que, en una determinada autonomía, fracasasen los medios que su gobierno comunitario hubiera estimado oportunos para combatir la epidemia en el ámbito de su mandato.

Como era de esperar, el caos subsiguiente no se ha hecho esperar y el hecho de que cada comunidad haya intentado hacer lo que le parecía más oportuno ha tenido distintos resultados, como era de prever. Ello no ha evitado que los miembros del Gobierno, con una desfachatez rayana en la desvergüenza y en la utilización política en contra de aquellas autonomías gobernadas por la oposición, con el caso flagrante de Madrid, haya sido especialmente crítico, duro en sus descalificaciones y carente en absoluto de la más elemental objetividad, cuando se ha tenido un trato discriminatorio evidente con casos mucho peores que se han producido en comunidades gobernadas por su partido o, por ejemplo, la catalana, en la que la quinta ola del coronavirus se está mostrando especialmente agresiva y contagiosa y, sin embargo, el gobierno del PSOE no parece que tenga ningún reproche que hacer a la Generalitat y sus gobernantes.

Es obvio que los fallos garrafales que en la materia de defensa de la ciudadanía contra los efectos deletéreos del coronavirus han tenido nuestros actuales gobernantes, por mucho que los ministros y el propio Pedro Sánchez se empeñen en minimizarlos, en quitarles importancia y en justificar, con excusas de mal pagador, que no tenían otros medios para evitar lo que sucedió; lo van a tener muy difícil cuando llegue el momento de acudir a las urnas y aquellos españoles que, por la desidia del Gobierno, hayan visto fallecer a alguno de sus deudos por causa de las carencias de nuestros servicios sanitarios, por las imprevisiones de nuestros gobernante o por la falta de eficacia de aquellos ministros encargados de conseguir las mascarillas, las vacunas o lo que hubiera sido necesario para evitar que la mortandad que tuvo lugar en España, a causa dela Covid 19, doblara o triplicara la cifra que, el propio Ejecutivo, ha reconocido respecto al número de fallecidos a causa de la epidemia, en España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos como que nos entra la risa floja cuando nos hablan de recuperación y comprobamos que nuestro endeudamiento público ha alcanzado la cifra de los1,41 billones de euros ¿Quién va a pagar semejante disparate? Pero el Gobierno sigue emperrado en que hay que despilfarrar el dinero sabiendo quelas mejoras sociales que tiene en mente, no pueden llevarse a cabo en unos momentos en los que siguen quebrando empresas, produciéndose ERTE, y con un desempleo, el mayor de toda Europa, que exige que el Estado deba distraer una cantidad importante de sus recursos para poder atender a estos trabajadores sin empleo.

Y mientras, en Cataluña, se produce uno de los hechos más vergonzosos sin que el Gobierno del Estado parezca tener nada que decir. El Instituto Catalán de Fianzas, un organismo público que, como todos ellos, se financia con el dinero de los contribuyentes, se hace cargo de avalar a estos delincuentes que utilizaron los caudales públicos para subvencionar un acto delictivo y que han sido condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar la cifra de 5,4 millones de euros. ¿Prevaricación? ¿Compinchamiento? ¿Malversación de caudales públicos? En todo caso, un acto inadmisible el que, desde un organismo que debiera condenar cualquier acto ilícito, se presten a financiar a unos delincuentes que robaron a los contribuyentes para intentar que Cataluña se independizara de España.

Y una frase apropiada al tema que nos ocupa debido a Rudolf vonJering: “Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley no han cumplido con su deber”.

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