AGLI Recortes de Prensa   Viernes 6  Agosto  2021

El cálculo de la vergüenza: la ineficiencia del gasto público ya nos cuesta 58.000 millones
Mientras Pedro Sánchez continúa subiendo los impuestos, la eficiencia presupuestaria sigue brillando por su ausencia.
Diego Sánchez de la Cruz. Libertad Digital 6 Agosto 2021

El endeudamiento público ha crecido con gran fuerza en España durante los doce últimos años, elevando su peso desde niveles inferiores al 40% a cotas que rebasan el 120% del PIB. Nuestro país presenta, además, el mayor déficit estructural de toda la Unión Europea y, si nos fijamos específicamente en la caja de la Seguridad Social, encontramos que ningún otro miembro de la OCDE sufre un descuadre tan importante como nosotros.

Una y otra vez, el gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en abordar este problema mediante todo tipo de subidas de impuestos. Los resultados de esta apuesta ya se han hecho notar y, en la primera mitad de 2021, la recaudación tributaria rozó los 90.500 millones, por encima de los 85.500 millones que se registraron en el primer semestre de 2019. De modo que los ingresos ya están por encima de los niveles previos a la pandemia, a pesar de que la economía está operando claramente por debajo de las cifras de producción observadas hace dos años y de que el mercado de trabajo tiene hoy muchos menos ocupados efectivos.

Pero, incluso con el fuerte aumento que se observa en la recaudación, el déficit esperado para 2021 sigue siendo uno de los más altos de Europa, situándose cerca del 8% del PIB. Incluso dentro de un año, en 2022, se espera que el descuadre entre ingresos y gastos siga rondando el 6% del PIB. De modo que, aún con un aumento sin precedentes en la recaudación, el problema del déficit sigue ahí y la fuente del problema resulta cada vez más evidente: un gasto a todas luces excesivo.

Así las cosas, ¿qué margen de ajuste tienen las Administraciones Públicas españolas? ¿Es posible seguir manteniendo los servicios básicos y las prestaciones de referencia, pero con un desembolso menor que se acople a los recursos obtenidos vía impuestos? Para responder a estas preguntas, vale la pena repasar el informe especial que dedicó el Instituto de Estudios Económicos a esta cuestión hace ahora un par de años.

Según explica el IEE, España ocupa el puesto 26 en el ranking de eficiencia en el gasto de la OCDE. Siendo 100 el valor medio asignado a los 36 países desarrollados analizados, el resultado cosechado por la Vieja Piel de Toro es de apenas 87,4 puntos. Por tanto, estamos 12,6 puntos por debajo del promedio y 57,2 puntos por detrás de Suiza, el país líder en este indicador.

Así las cosas, todo esto se traduce en que los niveles de gasto de nuestras Administraciones podrían reducirse en unos 58.000 millones de euros a través de una ronda de reformas que eliminase duplicidades, apostase por la gestión privada de servicios públicos y prescindiese de programas de gasto de escasa o nula eficacia.

Llamada para un muerto
OKDIARIO  6 Agosto 2021

No es la sensual agente 99 ni lleva zapatófono. Pero la presencia de la comunista Yolanda Díaz en la comisión del CNI incomoda y mucho a los servicios de inteligencia. Rebobinemos. El Consejo de Ministros sustituyó en abril al entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias colocando a Yolanda Díaz en el órgano de Asuntos de Inteligencia. La ministra de Trabajo consiguió así ser la única vicepresidenta miembro de las cinco comisiones delegadas del Gobierno. De esta forma Podemos se aseguraba tener una mosca en la pared nada menos que en la comisión que supervisa el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Una tropelía más de dos socios de Gobiernos que no tienen escrúpulos a la hora de colar a los suyos en comisiones con el fin de tener acceso a los expedientes y actividades de los servicios de inteligencia. Quién sabe si para utilizarla con el fin de torpedear a sus adversarios políticos o para otros oscuros intereses. Algo que no pasó desapercibido para Vox, que llevó al Tribunal Supremo el real decreto por el que se incluyó a la ministra comunista de la misma manera que una sentencia del Tribunal Constitucional anuló la presencia de Iglesias en dicho órgano.

Mientras tanto, en la Cuesta de las Perdices ya ni se molestan en disimular su malestar por la presencia de Díaz en la próxima reunión prevista para el mes de septiembre, cuando la directora del CNI, Paz Esteban López, presente al Gobierno todos los objetivos y necesidades operativas en materia de inteligencia para 2022. El CNI ya ha enviado un memorando al Gobierno reclamando a Sánchez que identifique quiénes estarán presentes en dicha cita, y lo hace recordándole la «legislación vigente» y los criterios que establece la ley reguladora del CNI 11/2002. Y aquí está el quid de la cuestión.

Según esa ley, en su texto actualizado a 15 de junio de este año, la composición de esa comisión se limita exclusivamente «al vicepresidente del Gobierno que designe su presidente (…) los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretario». Es decir, no hay sitio posible para una vicepresidenta de Trabajo, cargo que ocupa Díaz.

El Gobierno de Sánchez ha evitado responder al CNI. Porque para Sánchez el Estado se reduce a él y su partido. Y hoy su permanencia en el poder depende de satisfacer los caprichos de sus socios podemitas porque Sánchez estaría muerto políticamente sin el apoyo de golpistas, chavistas y proetarras. Y el servilismo de esa tropa tiene un precio. Un precio tan alto como para llegar a entregar los secretos de Estado a los mismos que quieren acabar con él.

Escondan los piolets
OKDIARIO 6 Agosto 2021

Cada vez se entiende mejor lo que quiso decir Pedro Sánchez cuando reivindicó la II República hablando de «un vínculo luminoso con nuestro pasado». Una cursilada marca de la casa con la que recordaba el cordón umbilical que une al actual PSOE con aquel de Largo Caballero que acabó convertido en una franquicia de la Rusia comunista de Stalin. No pretendemos exigirle a alguien que tuvo que recurrir al plagio para acabar su tesis de doctorado saber que ese luminoso pasado que conmemora emocionado incluye hechos tan vergonzosos como el golpe que dan las izquierdas contra la II República por la victoria de las derechas en las elecciones de 1933 —y que acabó en matanzas como las de Asturias— o el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, el 13 de julio de 1936, a manos de un miembro de las milicias socialistas descerrajándole dos disparos por la espalda, el primero de ellos en la nuca.

La foto de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, en un acto homenaje a las «13 rosas» en el 82 aniversario de su muerte organizado por el Partido Comunista de Madrid (PCM) en el Cementerio del Este es la foto de familia en la que sólo faltó un recuerdo por el genocida Largo Caballero, el mismo que dijo sin sonrojarse que «el comunismo es la evolución natural del socialismo, su última y definitiva etapa… Si ganan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil». A los socialistas y comunistas se les olvida que la barbarie que se llevó la vida de las «13 rosas», las jóvenes fusiladas hace 82 años en Madrid, fue animada y promovida entre otros por un PSOE que admitía sin tapujos que la democracia era una etapa que debía ser superada para alcanzar la dictadura del proletariado. Por eso resulta tan grotesca como esclarecedora la imagen de Jalloul posando al lado de comunistas con el puño en alto, congelados en el tiempo luchando contra las oscuras fuerzas del fascismo, el clero y la monarquía. Todos sonrientes… escondiendo los piolets.

El abuso de la democracia
Amando de Miguel. Libertad Digital 6 Agosto 2021

La democracia no es más que un sistema, bastante ingenioso, de proceder a la selección de los gobernantes a través de elecciones regulares para la representación en el Parlamento. Es un instrumento útil, como puede ser el sistema métrico decimal.

A partir de ahí, la democracia sustantiva es, realmente, otras muchas cosas. Dado su prestigio, se utiliza como adjetivo para justificar multitud de operaciones ideológicas o interesadas con el fin de mantenerse en el poder a toda costa. Por ejemplo, la llamada "memoria histórica", en España, no es más que una añagaza política para hacer ver que la guerra civil de 1936 la ganaron los republicanos. En consecuencia, la perdieron los franquistas o fascistas. Por eso tiene que desaparecer de la escena cualquier recuerdo de la (larga) época de Franco. Espero que no se atrevan a dinamitar los embalses ("pantanos"), aunque producen energía eléctrica de la manera más barata, limpia y sostenible. Puestos a dinamitar las obras públicas del franquismo, cabría aplicar la piqueta a las instalaciones del trasvase Tajo-Segura, que, por cierto, fue un proyecto de la República. Por lo mismo, se podría borrar de la historia la etapa de la industrialización y el "desarrollo", a partir de los años 60 del siglo pasado.

La maldita memoria histórica trata de resaltar los fusilamientos por razones políticas desde el lado franquista. Para ello se olvidan los perpetrados por la República, por ejemplo, en Paracuellos del Jarama. (Por cierto, uno de los fusilados en esa ocasión fue un primo mío, adolescente). En el fondo, si solo interesan las víctimas de un lado, aquello no tuvo que ser una guerra civil. Pero el hecho es que lo fue, y de la forma más brutal, pues morían más en la retaguardia que en los frentes.

Cabe una operación aún más sibilina. Consiste en dinamitar el Valle de los Caídos, con la gigantesca cruz, las ciclópeas esculturas de la Piedad y los cuatro Evangelistas, la monumental basílica entera. Se levantaría la pirámide de escombros más llamativa de la historia. Puede que fuera un motivo de atracción turística, dada la singularidad del hecho. De forma simbólica, se trata de otro homenaje a la República, que, como es sabido, empezó con la quema de iglesias al mes de su proclamación. El aquelarre se montó, al mismo tiempo, en varias ciudades de España, lo que manifestaba una gran predeterminación. Lo curioso es que no hubo ninguna persona procesada por tales desmanes.

Cabe, incluso, que se propicie una especie de revancha o venganza, como homenaje a los republicanos fracasados, aunque ya no quede ninguno. Lo que produce una repulsa moral es que para esa operación se utilice el adjetivo democrático. Se quiere ocultar el hecho, verdaderamente trágico, de que la República fue una democracia fracasada.

La treta más engañosa es reservar la calificación de democráticas para el conjunto de acciones emitidas por el actual Gobierno socialista. En cuyo caso todo lo que se oponga a ellas se considerará "fascista". Es decir, se trata de revivir, a trancas y barrancas, la dialéctica de la guerra civil de 1936. Ya es fatalidad.

Se parte de la consideración estadística de que, en España, son democráticos los partidos con escaños en las Cortes Generales. Se presume que cada uno de ellos intenta representar a todos los españoles, desde su particular ideología. Ahora bien, sucede que unos cuantos partidos (singularmente, vascos y catalanes) solo pretenden representar a una parte territorial de los españoles. Es más, muchos de sus dirigentes no se consideran españoles, sino vascos, catalanes, turolenses o lo que sea. Es más, casualmente, los partidos vascos o catalanes son los que apoyan al Gobierno socialista, obrero y español. Áteme usted esa mosca por el rabo.

La libertad en América se juega en Perú
Enrique Navarro. Libertad Digital 6 Agosto 2021

En 1983, uno de mis periodistas y escritores favoritos, Jean François Revel, escribió un muy recomendable libro con el sugestivo título de Cómo terminan las democracias. Trataba el autor de analizar quién era más fuerte y hábil para vencer en el conflicto entre autoritarismo y la democracia. Su conclusión resultaba aterradora: las democracias, debilitadas, difícilmente sobrevivirían a los impulsos totalitarios. Este augurio pareció desvanecerse en 1989, pero Occidente, sin enemigo visible, enseguida se entregó a un hedonismo que no podía conducirnos a nada bueno. Por eso en la actualidad este riesgo resulta mucho más amenazador y peligroso.

La razón es que las democracias han continuado su proceso de debilitamiento erosionadas por la acción combinada de tres fuerzas: a) el comunismo, que lejos de ser desterrado ha sido reescrito y resurge de sus cenizas de la mano de sus principales instrumentos: el populismo, el cuestionamiento de los valores occidentales, el falso pacifismo y el tercer mundismo; b) el nacionalismo o indigenismo que creíamos muerto después de la caída de los regímenes fascistas pero que ahora ha encontrado nuevos campos abonados en aquellos territorios que hacen de la supremacía racial o lingüística su razón de estado y c) la peor de todas las fuerzas, ésta por omisión, el acomplejamiento de la sociedad occidental que lejos de resistir contra los furibundos ataques de los totalitarios, se acomoda en la creencia de que no irán a peor, incluyendo a algunos que suponíamos representantes de los valores occidentales como una parte de la iglesia y del empresariado que se suma a este ataque a la democracia occidental aceptando su derrota y que serán ajusticiados cuando llegue el momento por los totalitarios, después de haber sido contribuyentes necesarios de la demolición.

Decía Camus que el totalitarismo no se construye por las virtudes de los totalitarios sino por las faltas de los demócratas, pero esta vez nos encontramos con una amenaza directa que viene disfrazada de eficiencia y justicia social y ya estamos desarmados. La sociedad ya no dispone de poderes para contrarrestar los abusos del estado; así, de golpe y porrazo, hemos regresado al absolutismo. Y la pregunta vuelve a ser la misma de hace quinientos o mil años, ¿Quién nos va a defender del despotismo de los tiranos?

Siguiendo a lo que afirmaba Revel, una de las tragedias de nuestro tiempo es la asociación de los ideales de la izquierda con el comunismo, el populismo y el nacionalismo, un error imperdonable que deberíamos corregir los progresistas de verdad. Nada de esto se puede denunciar sin ser clasificado de derechas o fascista y ser sometido en el potro de torturas de los medios de comunicación y redes sociales.

El final de la democracia en Perú, inevitable si la sociedad democrática no se arma para defender la Constitución y el modelo económico más exitoso de los últimos veinte años en América Latina, constituirá el punto de inflexión de la derrota de las democracias al sur del rio Grande con consecuencias globales devastadoras.

Si Perú cae en el populismo sostenido por los enemigos de la libertad, se habrá demolido la línea más solida de defensa en el continente, que lo era precisamente por su éxito. Nada de lo que ha acontecido es casual. Los narcoterroristas, derrotados por el estado en el pasado con un alto sacrificio en vidas humanas, especialmente de las fuerzas armadas que salvaron al Perú de la dictadura comunista hace treinta años, han llegado al poder por la falta de fortaleza y convicción del sistema político peruano de los últimos cuarenta años, pero es el momento de la verdad para los demócratas peruanos. Deben ser conscientes de que son mayoría y no permitan que unos pocos determinen la vida de todos.

Pero no nos equivoquemos, con todas sus debilidades, la democracia peruana funcionaba basada en la ley y en la justicia y por eso es tan importante esta batalla para la defensa de la libertad. Si Perú cae, nada podría detener a la acción combinada de nuestros enemigos en el resto del continente.

Una nueva cortina de hierro se extiende desde Ciudad Juárez a Punta Arenas. El fantasma totalitario recorre el continente, condenándolo a la extirpación de los derechos individuales, conduciendo a las economías a la inanición, y todo ello para el beneficio económico de una oligarquía que se nutre de terroristas y corruptos. Moscú y Beijing gracias al brazo armado de la Cohíba dictadura y los narco-corruptos regímenes de Caracas y Managua, y con la colaboración necesaria de los ideólogos españoles que aspiran a que España siga el modelo de Pedro Castillo, han diseñado el saqueo del continente para satisfacer sus intereses.

España y Occidente deben estar muy atentos a cualquier veleidad autoritaria desde el primer momento; debe impedir que los que ayer asesinaban impunemente y exportaban las drogas hoy sean interlocutores políticos y puedan pasearse con nocturnidad por nuestros aeropuertos. Debemos salvaguardar los intereses de nuestras empresas en el país, proteger a los miles de españoles que viven y trabajan en Perú y liderar dentro de la unión Europea una política de realpolitik en América Latina que entienda el conflicto que entre Occidente y el autoritarismo se libra en todo el mundo y en particular en Hispanoamérica. No no debemos permitir que las dictaduras populistas gobiernen el continente. No se trata de una acción directa, pero sí estamos obligados a denunciar los ataques contra los derechos humanos y actuar políticamente en consecuencia. Pero difícilmente esto puede ocurrir cuando en el Consejo de Ministros hay más simpatías por Maduro, Castro o Castillo que por Biden, Merkel o Johnson.

El comienzo del fin de la democracia puede estar en curso en Perú y debemos impedir que las urnas legitimen la creación de un estado totalitario apoyado por los enemigos de la libertad. Ha llegado la hora de una acción conjunta entre Estados Unidos y Europa para acabar con los regímenes que sostienen esta involución en el continente, y la clave está en La Habana. Los cubanos, los venezolanos, nicaragüenses, argentinos, bolivianos y los peruanos no se merecen nuestro olvido ni la aceptación de unos regímenes que atentan sobre sus libertades, su desarrollo económico y social y que atienden a intereses que les son muy ajenos. No podemos perder Latino América, y si Castillo denostaba la supuesta rapiña de Pizarro, que se preparen los peruanos para lo que les espera; claro que para cuando se den cuenta, quizás sea tarde.

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Reuniones sin actas ni agendas
A diferencia de un separatismo que nunca ha ocultado sus objetivos, el Gobierno esconde, de tenerlo, su proyecto para Cataluña, envuelto en contradicciones y falsedades
Editorial ABC 6 Agosto 2021

Del Ejecutivo de Pedro Sánchez conocemos su Agenda 2030, con rango ministerial y de carácter globalista, y la Agenda 2050, aún más inmaterial e imprecisa. De haberlo, el plan diseñado para frenar el desafío institucional del separatismo, vital para el futuro inmediato de España, empezando por los catalanes, es una incógnita. El comienzo de las negociaciones bilaterales pactadas entre el Gobierno y la Generalitat -prólogo de la mesa de negociación de la denominada autodeterminación, convocada para septiembre- solo ha servido para dar nuevas y buenas muestras de la premeditada indefinición del Ejecutivo a la hora de defender un proyecto, cualquiera que sea, por discutible que resulte, para Cataluña y el conjunto de la nación. No hay plan B. Tampoco hay plan A. No hay plan, sino instinto de supervivencia. De la misma manera que la Generalitat catalana, al menos desde la legislatura de Artur Mas, siempre ha tenido una hoja de ruta clara y pública ante la que nadie puede llamarse a engaño, con Pedro Sánchez en La Moncloa, donde se mantiene a costa de sus cesiones al independentismo, el Gobierno no ha estimado oportuno plantear y concretar ante las Cortes y la opinión pública española un proyecto diáfano contra la amenaza del nacionalismo.

Tiene razón el PP cuando, a modo de aclaración, pide las actas de la reunión que el pasado martes mantuvieron en Madrid los representantes de Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Quizá sea la única forma de aclarar si entre los planes del Gobierno está o no la ruptura del modelo académico del MIR para ceder a Cataluña su gestión y desgajarla de la red formativa que integran los hospitales públicos. La titular de Sanidad lo niega y, a renglón seguido, la consejera de Presidencia de la Generalitat responde que ese traspaso «sí que está en la agenda». Que dos partes negociadoras discutan entra dentro de lo normal y previsible, más aún si tienen que sacar pecho a la salida de la reunión. Lo insólito es que mientan, o que no cuenten la verdad, algo que ya sucedió cuando el Ejecutivo ocultó la figura del ‘relator’ que Quim Torra quiso incluir en el reparto de la mesa de Pedralbes.

La agenda del Gobierno de la nación para Cataluña no solo es un misterio, sino una contradicción. Mientras la ministra de Política Territorial se felicita por el desembolso de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat, el partido con el que Sánchez comparte el Ejecutivo anuncia su participación en las manifestaciones contra la misma infraestructura. La agenda del jefe del Ejecutivo no coincide con la que manejan sus socios de Unidas Podemos, y ni siquiera los ministros procedentes del PSOE se ponen de acuerdo en las cesiones que el conjunto del Estado, convertido en moneda de cambio para Sánchez, ha de hacer al separatismo para ir aplazando el desenlace de su pulso. Después de que Iceta -el visionario ministro que anunció los indultos que más tarde hizo efectivos el presidente del Gobierno- se mostrara partidario de ceder a Cataluña las competencias del Estatut anuladas por el Tribunal Constitucional, entre las que figuraba la creación de un Consejo de Justicia independiente del CGPJ, la ministra de Defensa, exvocal del mismo CGPJ, rechazó ayer de forma tajante la propuesta del líder del PSC. La claridad de ideas y de agendas es absoluta en el Gobierno, ya sea para dinamitar el modelo del MIR, realizar inversiones en Barcelona o debilitar uno de los tres poderes del Estado. La única hoja de ruta que conocemos es la del separatismo. La que maneja Sánchez, conocido por decir una cosa y hacer la contraria con respecto a Cataluña, está invalidada por la ocultación y la contradicción y y solo le es útil como manual personal de resistencia.

En agosto nos las siguen colando

Teresa Giménez Barbat. okdiario 6 Agosto 2021

No crean para nada que el fanatismo independentista descansa en agosto, el mes más tradicional de las vacaciones de verano. Cierto que el activismo más de calle, más de asfalto, se toma un descanso canicular. Ya se sabe, la ciudad se recalienta y los amigos esperan en el Ampurdán o en la Costa Brava. Así que esos cortes de la Meridiana que vienen siendo ya parte del paisaje de Barcelona, para desesperación de la gente que trabaja en serio, se dejan para cuando llegue un poco más de fresco. Al fin y al cabo, tienen horas militadas de sobras: se calcula que lleva durando la fiesta 450 días. Casi nada para unos ociosos con muchas ganas de jorobar al detestado españolista. Por lo menos los vecinos que se han unido para intentar recuperar una vida normal del barrio tienen un respiro. Durará lo justo: nos tememos que la plataforma Meridiana Sin Cortes tendrá que volver a organizarse en unas semanas.

Pero el independentismo ha dejado unos deberes hechos para agosto. Por gentileza del peor hasta ahora gobernante de España (crucemos los dedos. El que ha venido ha sido siempre peor que el anterior), el Ministerio de Educación no solicitará la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijaba un mínimo del 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. Eso no ha impedido al presidente Sánchez andar por el mundo luciendo su estampa y proclamando las bondades del español. Bondades que no merecen los ciudadanos de Cataluña que se habían conformado con ese miserable cuarto del tiempo de clase semanal y ahora no van a tener ni eso. Nadie se extrañe: Sánchez puede decir lo uno y su contrario a la vez. Todo para poder seguir viajando por ahí como un Rey (ya me entienden). En el Ministerio de Pilar Alegría se inventan que, huy, huy, eso podría significar una invasión de las competencias de la Generalitat. Y, claro, ¿cómo vamos a invadir competencias a la Generalitat si esta nunca invade nada y sus consellers nunca darían un golpe de estado invadiendo derechos de nadie? Este tema se trató cuando yo era diputada en el PE y la presidenta del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de entonces, Cecilia Wikstrom, se hizo cruces cuando conoció la realidad de la discriminación lingüística de Cataluña. La nueva presidenta, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, ha recibido una carta que es una burla más de la Generalitat: «La política lingüística en la escuela no es competencia del Estado”, dice entre otras sandeces. Un razonamiento de lo más visto y que ya fue desmontado por el mismo Comité de Peticiones en la legislatura anterior. Espero una pronta y contundente respuesta del Parlamento.

Y otra amenaza para esta España de libres e iguales que deseamos es la última pretensión en la caravana infinita de los traspasos de competencias. Ahora le toca al MIR. ¿Cederá Sánchez esta prueba a los nacionalistas, dando una vuelta más de cuerda a la fragmentación del sistema educativo en nuestro país? Desde el procés y el referéndum de independencia, cada vez menos médicos piden mi comunidad autónoma para especializarse ¡Y eso con el magnífico sistema sanitario, educativo, científico y hospitalario que hemos disfrutado hasta ahora! En el 2017, Cataluña ofertó un total de mil plazas MIR. De los 1.000 licenciados en Medicina que habían sacado mejor nota y podían escoger destino, 218 la eligieron. En el 2018 se ofrecieron 1.022 puestos, pero sólo 166 de los mil primeros quisieron venir. ¿Por qué será?

Estemos atentos este agosto, que tiene sus propios idus porque quienes destruyen Cataluña no descansan.

El MIR y el separatismo
EDITORIAL. Libertad Digital 6 Agosto 2021

Uno de los muchos problemas que va a tener el Gobierno en sus negociaciones con los separatistas catalanes es que estos no parecen dispuestos a dejarle mentir si eso les perjudica ante su electorado, así que las maniobras evasivas y las cortinas de humo como las de la patética Carolina Darias en el asunto del MIR van a servir de muy poco.

Es evidente que Darias está mintiendo una vez más y que el Gobierno está dispuesto a negociar la ruptura de un sistema que, en palabras de la propia ministra, "cohesiona y vertebra a toda la sanidad en España".

Este nuevo escándalo confirma por enésima vez que el inmoral Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea para permanecer en el poder, no importa si se trata de concesiones circunstanciales o de transformaciones sustanciales que impliquen un cambio político, social o económico profundo y difícilmente reversible.

Así las cosas, resulta profundamente perturbador que numerosos españoles, entre ellos una gran mayoría de la clase política, sigan sin querer ver que ninguna negociación que no reconozca sus demandas últimas satisfará a los separatistas, y que todo aquello que se les entregue despejará el camino a su proclamado objetivo de destruir la Nación. En efecto, cada nueva concesión no es un simple mal paso, mucho menos un avance hacia la vuelta a la normalidad institucional, sino otro avance hacia un nuevo 2017.

Otra cosa pavorosa que muchos se niegan a ver es que el separatismo catalán está dispuesto a lo que sea para lograr su ominoso fin. No en vano es un yonqui del cuanto peor, mejor.

El asunto del MIR es un ejemplo perfecto. Evidentemente, un MIR distinto al del resto de España y cerrado sólo para los catalanes no haría sino degradar aún más el sistema sanitario catalán. No hay proyecto totalitario que no sea empobrecedor y el separatismo lo es; en todos los órdenes, no sólo en lo económico: también culturalmente, deportivamente –imaginen una liga de fútbol catalana y el futuro internacional del Barça–, sanitariamente y, por encima de todo, moralmente. Por desgracia, en España tenemos no uno sino dos ejemplos principales –el País Vasco y la propia Cataluña– de la corrosión que provocan el nacionalismo… y quienes, como Sánchez, lo ceban sin la menor vergüenza.

El “puta España” tiene recompensa
Sergio Fidalgo. Cronica Global 6 Agosto 2021

“Tú dices ‘puta España’ muy fuerte todo el tiempo y te acabarán premiando con un aeropuerto nuevo. Extremeños y extremeñas, tomen nota, que igual así les ponen a ustedes un tren decente. Por algo se empieza, oigan”. Este comentario es de Robert Calvo, un periodista de Onda Cero Cataluña, y tiene más razón que un santo. No porque se amplíe el aeropuerto de El Prat, a fin de cuentas es una infraestructura clave para España y que sea lo mejor posible beneficia a la economía nacional en su conjunto, sino porque se hace ahora, e invirtiendo 1.700 millones de euros, para satisfacer a los partidos separatistas que sostienen al Gobierno. Y porque más pronto que tarde lo acabarán traspasando a la Generalitat.

El problema es que el Gobierno de Pedro Sánchez está troceando nuestro país cediendo al PNV y a los separatistas catalanes competencia tras competencia y regando con el dinero de todos el clientelismo que estas formaciones están implantando en el País Vasco y Cataluña. Eso sí, al menos los de Urkullu se ahorran el “puta España”, y atacan a la unidad nacional con mejores maneras que sus homólogos de ERC y Junts. La televisión autonómica vasca, que tiene un gran sesgo nacionalista, es más formal y educada que TV3, que se ha convertido en un carrusel de insultos y ofensas diarias a nuestro país. Recordemos que el principal difusor del “Puta España” en el mundo audiovisual catalán, el polémico Jair Domínguez, no presenta un espacio en los medios de la Generalitat, sino que cuenta con tres programas: uno en TV3, otro en el canal interactivo de la cadena y otro en Catalunya Ràdio. Cada “puta España” le sale por un pico extra de nómina a final de mes.

Si yo fuera extremeño, y votara al PSOE, pensaría que algo estoy haciendo mal. Mucho radicalismo verbal de Fernández Vara, mucho ser el teórico azote de los nacionalistas, para acabar tragando con los indultos, con las cesiones económicas a ERC y Junts y con el “puta España”. Mientras, la lealtad extremeña al proyecto común de todos los españoles se premia con una red ferroviaria de pena mientras la Generalitat consigue 1.700 millones para ampliar el aeropuerto de Barcelona a cambio de apoyar a Sánchez en el Congreso. Al menos Rodríguez Ibarra de vez en cuando le creaba problemas a Felipe González si las inversiones que recibía su región eran insuficientes. Vara se ha convertido en el enésimo pelota de Pedro Sánchez, sin ni siquiera recibir una palmadita en la espalda. Los antaño temidos ‘barones’ socialistas se han convertido, en el PSOE sanchista, en los típicos ‘malos’ de programa televisivo infantil. Más que miedo o respeto, dan risa.

Las comunidades autónomas, dentro de la lealtad al proyecto nacional, han de trabajar para recibir, con equidad, el mejor trato posible del Gobierno de cara a mejorar su economía y así contribuir a la buena marcha de España. Pero cuando hay gobiernos regionales desleales como el de los separatistas vascos y catalanes han de plantarse y exigir igualdad y abolir privilegios. Y el papel que están representando los presidentes autonómicos del PSOE es muy triste. No me refiero a Ximo Puig o Francina Armengol, a fin de cuentas ambos están por los “Paísos Catalans” y piensan que tras Cataluña irán ellos. Pero la actitud de los demás, con Lambán, Fernández Vara y García-Page a la cabeza, es para que sus electores les premien con unas largas vacaciones en la oposición. Y todo llegará si siguen así.

España sentenciada pero no vencida
Antonio Robles. Libertad Digital 6 Agosto 2021

Ahora que el Gobierno de Sánchez abandona a su suerte al Tribunal de Cuentas para tener dopados a los capos que le permitan seguir en la Moncloa, habríamos de preguntarnos hasta cuándo una nación ha de permitir que se sigan degradando sus instituciones. Es una pregunta que habríamos de habernos hecho hace mucho tiempo, no sólo ahora, cuando vemos las consecuencias de tanto abandono por tantos durante tanto tiempo. Quizás el único poder del Estado que se haya salvado de la crítica haya sido el Judicial. ¿Pero por méritos propios o por contraste ante tanto gañán Legislativo y Ejecutivo?

Sirvan estas andanadas para presentar un libro excepcional, España sentenciada pero no vencida, de Santiago Trancón. Nadie antes había rastreado las sentencias que la hicieron posible. Uno de tantos misterios del suicidio de esta nación. Y lo hago en este medio en el que escribo regularmente desde hace años, porque me ha sorprendido no ver ninguna reseña ni entrevista a su autor, pionero en desenmascarar la agenda ladina del nacionalismo. Tema que el propio Federico J. Losantos nos ha recordado con insistencia y la misma soledad mediática en esRadio a propósito de "la ensoñación". A veces, en esta vorágine de publicaciones donde parece que se lee más que nunca, tengo la sensación de que el postureo ha sustituido a la reflexión y ha tapado a los autores que escriben con su propia sangre. Como es el caso. Desde la redacción del lejano Manifiesto de los 2.300 en 1981, hasta esta España sentenciada de ahora.

Es un ensayo político que aborda un tema que nadie hasta ahora se había atrevido a encarar: la actuación del Poder Judicial durante los últimos cuarenta años a través del análisis de las principales sentencias referidas a Cataluña y el proceso autonómico. Me refiero a las llevadas a cabo por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Desde la sentencia sobre la Loapa hasta la última del procés, que exculpa a los golpistas catalanes del delito de rebelión, el autor va diseccionando, con precisión de cirujano, la prosa y el contenido de las sentencias, desentrañando sus trampas y argucias jurídicas, el lenguaje intencionadamente críptico, ambiguo y confuso, con el que sus señorías tratan de encubrir las decisiones políticas, sin las cuales es imposible entender sus sentencias.

La conclusión es que, fruto de esas sentencias, el edificio constitucional y el Estado democrático que lo sostiene ha empezado a resquebrajarse y amenaza, no ya con acabar con nuestro sistema democrático, sino con la propia existencia de la nación española. Han sido los jueces, sentencia a sentencia, quienes han ido abriendo grietas en la Constitución, pervirtiéndola y facilitando la actual ofensiva separatista, amparada por una izquierda reaccionaria que parece haber sentenciado ya a España.

Precisa el autor que se refiere a una élite judicial, una minoría que controla los principales órganos de los jueces y que ya no se distingue del poder político y económico, a cuyo servicio está. Una oligarquía que hasta ahora se ha librado de la crítica social y que, abusando de su posición de respeto y prestigio, ha logrado borrar su enorme responsabilidad social y política, como último bastión que es, y en el que la sociedad confía, para poder resistir a los abusos del poder.

Como dice Juan Pablo Cardenal en su prólogo, se trata de un libro valiente y doloroso, pero imprescindible y totalmente necesario. Porque sí, ha habido muchos culpables de la situación a que hemos llegado, pero era necesario, para completar el cuadro, incluir esta pieza que faltaba. Y para que España, sentenciada por los separatistas y la izquierda hoy en el poder, no acabe siendo también vencida, necesitamos tomar conciencia y denunciar esa complicidad de los jueces, con la esperanza de que ellos también se rebelen e impidan la demolición del Estado y la Constitución que todavía nos amparan.

Bruselas se le resiste a Sánchez: meses de férreo marcaje sin pasarle ni una
El "rodillo" que el Gobierno ha tratado de aplicar con la oposición, los jueces o los medios de comunicación, contrasta con las reprimendas encadenadas llegadas desde Europa.
Javier Ruiz de Vergara. España. esdiario 6 Agosto 2021

Pedro Sánchez disfruta ya de sus vacaciones con la sensación de que tiene atada la estabilidad de su Gobierno. Los indultos y las últimas cesiones millonarias a Esquerra y el apoyo de la coalición Frankenstein acompaña a su estrategia sin el más mínimo desgaste parlamentario.

Porque ha ninguneado a la oposición arrinconándola -lo saben bien Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas-, ha despreciado al Parlamento reduciendo al mínimo sus comparecencias en el Congreso y Senado; ha acosado al Poder Judicial con iniciativas legislativas ad hoc; e, incluso, ha amagado con el control a la prensa a través de aquel polémico Ministerio de la Verdad. Y con una no menos polémica Ley de Seguridad Nacional en el horizonte cercano.

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Pero en estos siete meses transcurridos de 2021, como en el último trimestre del pasado año, Sánchez ha encontrado la horma de su zapato fuera de España. En el corazón de la Unión Europea. Bruselas ha encadenado varios informes y reprimendas públicas de varios de los comisarios a la gestión de La Moncloa.

Y por los más diversos asuntos: la reforma exprés del sistema de elección de los miembros del CGPJ, la independencia de la Fiscalía General del Estado, el trato a los medios de comunicación, o la vigente reforma laboral.

El último toque de atención se remonta a este pasado mes de julio y le puso voz la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, durante la presentación del informe sobre el Estado de Derecho en los países miembros.

Por enésima vez -lo ha hecho en varias ocasiones anteriores el comisario de Justicia, Didier Reynders-, Bruselas exigió a Sánchez que cese en su presión al Poder Judicial y que facilite la elección de su cúpula entre los propios miembros de la carrera, sin injerencias.

En ese aviso, la Comisión mostró además su preocupación por la falta de independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno. Y es que en Bruselas nunca han acabado de entender el salto de Dolores Delgado desde el Ministerio de Justicia hasta la cúspide de la Fiscalía General del Estado.

Si la presión de la coalición PSOE-Podemos a los jueces ha provocado notable malestar en las instituciones europeas, el proyecto de regular los flujos de información que Iván Redondo perfiló en su Ministerio de la Verdad ha hecho a Bruselas poner pie en pared. "La Comisión está vigilando la aplicación de las medidas de emergencia durante la pandemia", respondió el ejecutivo de Úrsula Von der Leyen cuando conoció los planes de Sánchez.

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El intento de Podemos de demoler la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy o las intenciones de Sánchez de demorar la reforma de las pensiones han provocado en estos últimos meses otras advertencias de calado desde Europa.

Y el último gesto de la mejorable sintonía se ha producido está misma semana, cuando Bruselas ha comenzado a transferir los primeros adelantos de los Fondos Covid con destino a Bélgica, Portugal y Luxemburgo, pese a que España fue el segundo país miembro en completar los trámites de su solicitud.

En estos últimos meses, Bruselas no ha dejado de mirar de reojo a La Moncloa con recelo y preocupación ante algunos tics autoritarios de Sánchez. Y la UE ha demostrado que no está dispuesta a pasarle ni una, ni permitirle el rodillo que sí practica en la política nacional.
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