AGLI Recortes de Prensa   Lunes 16  Agosto  2021

La ruina que nos espera detrás del "gasto, gasto y más gasto" que practica el Gobierno
José María Rotellar. Libertad Digital 16 Agosto 2021

El "gastar, gastar y gastar" que enfatizó el Gobierno en su momento, supone más impuestos y ruina económica.

Desde que Sánchez llegó al Gobierno y, especialmente, desde que formó uno de coalición con Podemos, su empeño en incrementar el gasto público es una cuestión que aparece en cada declaración gubernamental. Cuando gobernó con profusa utilización del real decreto, aprobó medidas que venían a suponer casi 10.000 millones de euros de manera estructural, en aquello que el Ejecutivo llamó los viernes sociales y la oposición bautizó como viernes electorales, pues fueron decisiones tomadas con carácter previo a la celebración de las elecciones de abril de 2019, una vez ya convocadas las mismas.

Entonces se recordó que España haría bien en no incrementar su gasto y que, además, debería reducirlo. La propia Comisión Europea le pidió al Gobierno español que redujese el déficit estructural en 0,65 puntos sobre el PIB, es decir, en 7.826 millones de euros, porque le preocupaba el mantenimiento de ese componente estructural cuando se llegase a una situación de intensa caída del ciclo económico, donde la coyuntura ya no permitiría mitigar tanto el desequilibrio presupuestario. Nada de eso hizo España ni nunca pensó el Gobierno de Sánchez llevarlo a cabo, como demuestra su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que le fue devuelto al Gobierno en febrero de 2019 al aprobarse la enmienda a la totalidad, de devolución al Ejecutivo.

Una vez que ganó las elecciones en abril de 2019, a los pocos días envió a Bruselas la actualización del plan de estabilidad, donde insistía en que su objetivo sería aplicar las medidas de subidas de impuestos e incremento de gasto recogidas en su fallido proyecto de presupuestos. Bruselas, entonces, ya alertó de que el gasto crecería más que lo reflejado por el Gobierno y que la recaudación, por el contrario, no aumentaría tanto, motivo por el que solicitaba ajustes.

Y así, gobernando todavía con la prorroga presupuestaria de los PGE de 2018 -del Gobierno del PP- continuó el Ejecutivo de Sánchez, exponiendo su deseo de aumentar gasto e impuestos, aunque no lo hubiese podido concretar del todo hasta el momento, más allá de algunas medidas peligrosas por el lado del gasto y absurdas por el lado de los impuestos, mientras la economía se ralentizaba de manera, cada vez, más intensa.

Tras este itinerario, al desatarse la crisis económica derivada del coronavirus, el Gobierno sólo supo reaccionar con propuestas de más gasto y más impuestos, cuando, por el lado del gasto la economía no soporta ya más que siga creciendo el mismo, pues el déficit se torna en inviable, y por el lado de los ingresos supondría aplicar una política fiscal muy contractiva, que perjudicaría mucho al poder adquisitivo de los ciudadanos y que haría caer más todavía la producción y el empleo.

A comienzos de mayo de 2020 la vicepresidenta Calviño y la ministra de Hacienda -Montero- presentaron la actualización del programa de estabilidad enviado a Bruselas el último día de abril. En él, se veía ya un deterioro muy importante tanto de la actividad económica y del empleo como de las cuentas públicas españolas. Así, el Gobierno preveía que el PIB todavía estuviese en el IVTR-2021 casi seis puntos por debajo del nivel que había alcanzado en 2019, además con un elevado desempleo, cosa que, pese al fuerte rebote en el corto plazo, parece confirmarse en la perspectiva de final de año desde los siete meses y medio que ya llevamos consumidos de 2021.

Esa caída de la actividad y del empleo tuvo su lógica repercusión sobre la recaudación, que se desplomó en los impuestos indirectos y se mantuvo algo más en el IRPF debido a los ERTE. Por tanto, déficit y deuda se han ido incrementando, aunque sólo fuese por el juego de los estabilizadores automáticos (más gasto por prestaciones por desempleo y menos ingresos por caída de actividad económica). Eso nos lleva a un déficit público del 11% del PIB -el impacto extraordinario de la reclasificación de la deuda de la SAREB aportó alrededor de un punto, con un incremento brutal del gasto público en 54.765 millones, que hizo escalar el peso del gasto público sobre el PIB casi diez puntos, hasta el 51,5%, mientras los ingresos cayeron en 25.711 millones de euros, con un descenso del 5,3%..

Pues bien, sobre ese escenario ya de por sí sombrío, en lugar de tratar de que su efecto sólo tuviese impacto en 2020, por las medidas excepcionales adoptadas y el juego de los estabilizadores automáticos, el Gobierno no ha dejado de incrementar el gasto estructural -como el del ingreso mínimo vital, que debería haberse quedado en algo temporal, no permanente como lo aprobaron- y que ahora quiere seguir aumentando en los próximos presupuestos de 2022.

Eso ha llevado a que el déficit, tras reducirse de manera clara, hasta el equilibrio presupuestario, en la era de Aznar, que dejó el impulso de la inercia que permitió conseguir los primeros saldos positivos, ahora haya vuelto a los niveles en el que lo dejó Zapatero.

Su objetivo siempre ha sido incrementar el gasto, y es lo que ahora, bajo el paraguas del miedo al coronavirus, quiere aplicar. España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. El problema sanitario no ha sido por falta de gasto, sino por mala gestión al no anticiparse con medidas tempranas que hubiesen evitado el colapso de la sanidad y que habría permitido no tener que adoptar medidas económicas tan duras como las que hemos sufrido. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible, especialmente los directos y las cotizaciones sociales, aunque fuese a costa de redefinir con los indirectos el mix impositivo, que son mucho más neutrales para la actividad económica. Nadie discute el gasto coyuntural derivado de la pandemia, pero sí el hecho de que se esté convirtiendo el grueso del mismo en estructural.

Sin embargo, Sánchez parece apostar por todo lo contrario: subir el gasto -en contra de la recomendación de todas las instituciones nacionales e internacionales, que piden un reequilibrio de las cuentas públicas en cuanto pase el efecto de gasto motivado por la pandemia- e incrementar impuestos directos – a diferencia de lo que hacen Alemania e Italia, que van a aplicar cuantiosas rebajas en el IRPF-. España no puede subir el gasto, porque no tiene margen para ello, y una subida de los impuestos directos sólo agravará el problema, porque hundirá más la economía y el empleo y, con ello, la recaudación. El "gastar, gastar y gastar" que enfatizó el Gobierno en su momento, supone ruina, ruina y más ruina.

No puede ser que siempre que hay un problema económico el Gobierno mire sólo hacia el lado de los ingresos. El Ejecutivo, y toda la sociedad, debería mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel del mismo que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese "gasto, gasto y gasto" se traduce por "impuestos, impuestos e impuestos", y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecería a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio.

Por ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda, del entorno del 125% del PIB, hay que reducir gasto.

No es una elección, sino una imperiosa necesidad que habrá que hacer más temprano que tarde y que cuanto más se retrase, más recorte supondrá, de una manera más dura y, posiblemente, entonces, vendrá ordenado desde fuera. Nuestra estructura económica no soporta este nivel de gasto, y si queremos recuperarnos no se pueden subir los impuestos, especialmente los directos. Si no somos capaces de darnos cuenta de esto y el Gobierno se empeña en su error, el estancamiento de nuestra economía, desde el nivel de empobrecimiento de estos años, puede durar mucho tiempo, aunque ahora el rebote a corto plazo nos oculte, en parte, el problema, que está ahí y cada día más enquistado.

Bajar impuestos para crecer
Ignacio Ruiz-Jarabo. Vozpopuli 16 Agosto 2021

Con el título indicado, la Comunidad de Madrid ha hecho público hace unas pocas semanas el documento que contiene su aportación a la comisión de expertos designada por el Gobierno español para iluminar la futura reforma fiscal. Se trata de un informe técnicamente sólido y bien estructurado que, de funcionar las cosas como debieran, debería ser muy tenido en cuenta por los expertos gubernamentales.

En el documento se rebaten con fundamento -y con cifras- los argumentos que vienen utilizando el Gobierno y sus portavoces (voceros, en terminología latinoamericana) para tratar de imponer un modelo fiscal a Madrid pero, al tiempo, se explican y justifican las que debieran ser las líneas directrices de la proyectada reforma tributaria general.

Empezando por la primera cuestión enunciada, el informe desarrolla una argumentación impecable que desnuda jurídica y políticamente la anunciada idea socialista de armonizar los impuestos autonómicos. Se resalta que, con la excepción de la Loapa -posteriormente declarada anticonstitucional casi en su totalidad-, la pretendida armonización constituiría el primer recorte de competencias a las Comunidades Autónomas desde que la Constitución consagró el Estado de las Autonomías. Realizar tal cosa y realizarla por disenso supondría la ruptura de uno de los consensos básicos en los que se fundamenta nuestra democracia.

Además, se señala que recortando la capacidad normativa en materia fiscal de las Autonomías se impediría que, frente a la opción de detraer más recursos a sus contribuyentes, pudieran optar por reducirles la carga fiscal que les es exigida obligándose a ser más eficientes en los son detraídos.

En los impuestos cedidos, la recaudación per cápita en Madrid asciende a 3.482 euros, el importe más alto entre todas las autonomías de régimen común

Junto a la argumentación expuesta, en el documento de la CAM se desnudan con datos los diversos mantras con los que se achaca a Madrid la falsa acusación de insolidaridad con el resto de España. Valgan varios ejemplos que obran en el texto autonómico. Según figura en el informe, los contribuyentes residentes en Madrid pagaron por el IRPF, IVA e Impuestos Especiales un importe global de 84.431 millones de euros de los que, por el sistema de Financiación Autonómica, la CAM solo recibió 19.110, contribuyendo con la diferencia (65.321 M) a financiar al resto de Comunidades ¡Curiosa insolidaridad! Otro ejemplo: En los impuestos cedidos, la recaudación per cápita en Madrid asciende a 3.482 euros, el importe más alto entre todas las autonomías de régimen común. Pues bien, de la cifra reseñada, tan solo revierten a la CAM exclusivamente 2.631 euros por madrileño. El resto (851 por cabeza) se destina a la financiación de otras Comunidades. Definitivamente, acusar al Gobierno de Madrid de practicar la insolidaridad con el resto de España es mentir y, además, hacerlo de manera descarada.

Junto a lo expuesto hasta ahora, el documento de la CAM contiene interesantes reflexiones y propuestas relativas al sistema tributario en su conjunto. Haciendo honor a su título, en el informe se aboga por una reducción de impuestos inteligente toda vez que, según estudios empíricos que son citados, en nuestro actual nivel de imposición, disminuir la tributación en el IRPF aumentaría la tasa de crecimiento del PIB (un 0,6% anual por cada 10 puntos menos en los tipos del impuesto. En la misma dirección, reducir la tributación del Impuesto sobre Sociedades al 15% provocaría un aumento anual del PIB del 0,2%.

Indicador del sacrificio del contribuyente
Sin duda, la propuesta enunciada resulta incompatible con el objetivo contenido en el plan España 2050, por el que se apuesta por subir la presión fiscal hoy existente en España (desde el actual porcentaje de 35,2% hasta un 43%). Tras rechazar que el cociente Recaudación tributaria /PIB sea un indicador óptimo del sacrificio real exigido a los contribuyentes, el informe resalta que utilizando la medida más moderna y rigurosa (el esfuerzo fiscal), los españoles soportamos ya un sacrificio fiscal mayor que los paises de nuestro entorno. Como muestra, un 50% más que el soportado por los alemanes.

No debe finalizarse esta breve reseña sin mencionar las alarmas que refleja el informe de la CAM sobre determinados elementos confiscatorios existentes en nuestro sistema fiscal. Es el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el que al heredero o donatario se puede exigir hasta el 83% de lo heredado o donado. También el Impuesto sobre el Patrimonio, en el que con los tipos impositivos exigidos por alguna Comunidad Autónoma, puede llegar a pagarse hasta el 3,5% de las propiedades que se posean, porcentaje que, en la mayoría de los casos, no puede afrontarse con la renta patrimonial obtenida.

Sánchez y Biden, los que no iban a dejar a nadie atrás
OKDIARIO 16 Agosto 2021

Los talibanes se han hecho con el poder en Afganistán sin pegar un solo tiro. Kabul es, a estas horas, un inmenso campo de refugiados con miles de afganos y extranjeros intentando huir como sea de aquel infierno. Entre ellos, los centenares de españoles que se encuentran aún en el país, entre personal diplomático y miembros de la Embajada, además de los afganos colaboradores con la misión española. Todos esperan angustiados que lleguen los aviones que prometió hace tres días el Gobierno de España y que recién despegarán hoy para ir a repatriarles. Otro ejemplo más de improvisación absoluta a la que Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados. Nuestros compatriotas en Afganistán libran una batalla contra el tiempo mientras el Gobierno promete una vez más que no dejará a nadie atrás. Esperemos que por una vez esta promesa se cumpla y no tengamos que lamentar haber llegado a Kabul demasiado tarde.

La incompetencia de Sánchez es casi homologable a la de Joe Biden. El presidente norteamericano no lleva ni un año en el poder y ya tiene su Vietnam. Vehículos militares afganos huyendo despavoridos de los desarrapados talibanes son la imagen más nítida del deshonor y la ignominia. Y el primer responsable de esta humillante derrota es Biden, al que también habrá que endosarle responsabilidades por las consecuencias de la tragedia humanitaria de proporciones bíblicas que se avecina a las puertas de Europa. Veinte años de guerra y casi un billón de dólares después, los EEUU y sus aliados salen escopetados de Afganistán dejando a su población abandonada a su suerte.

Como recordó David Ignatius en The Washington Post, para Biden, que confiaba en una retirada ordenada de Afganistán, «el caos de Kabul acarrea ecos de Saigón en 1975, precisamente lo que quería evitar”. A Biden, al igual que a Sánchez, le persigue una hemeroteca plagada de mentiras. “No se va a dar la circunstancia en que se vea a gente en el tejado de la Embajada en Afganistán”, prometió en el mes de julio. Si las imágenes que estamos viendo de la huida en helicóptero de Kabul no son como las de Saigón en 1975 o las de Teherán en 1979, se parecen bastantes. A este paso, el actual inquilino de la Casa Blanca acabará en política exterior haciendo bueno a otro gran incompetente como el demócrata Jimmy Carter. Al menos en materia de chapuzas e improvisación, Sánchez ya puede presumir de parecerse a su admirado Biden.

Kabul o cuando la libertad es derrotada
La huida de las potencias de Afganistán retrata 20 años de sacrificio inútil y fracaso
Editorial La Razón 16 Agosto 2021

La caída de Afganistán en manos de los talibán era la crónica de una derrota anunciada desde que Estados Unidos anunció su retirada del país y de facto dejó el camino expedito a que las fuerzas integristas desalojaran al régimen que la ocupación occidental ha mantenido en el poder las últimas dos décadas. Las imágenes de la salida acelerada de las delegaciones diplomáticas de las potencias, así como de sus conciudadanos, nos retrotraen a pasajes similares en contiendas traumáticas del siglo XX como Vietnam.

Especialmente desairada es la posición de Estados Unidos, que lideró la intervención tras los ataques del 11 de septiembre y que ha mantenido el peso de una guerra contra el fanatismo que pretendía asentar en el país e incluso en la región un nuevo modelo de organización y liderazgo en el que los derechos individuales se impusieran y quedarán atrás los clanes, el tribalismo, los señores de la guerra, la corrupción, el fanatismo y, en definitiva, el abuso, la miseria y la violencia.

Por lo que se ve, las naciones democráticas se han vuelto a estrellar en la misma piedra de siempre, que es la ausencia de planificación a largo plazo, conocimiento local y determinación, lo que acabarán pagando los sufridos afganos, así como las miles de familias de militares occidentales que se sacrificaron para nada. Porque, y esa no es una derivada menor, es un momento este de la desbandada política, del sálvese quien pueda, instado por Trump y concretado por Biden, para recordar a los miles de soldados occidentales que murieron en la contienda, entre ellos decenas de españoles, y las decenas de miles de afganos caídos que creyeron que estaban ante una oportunidad histórica de tejer una nación mejor.

No ha sido así, y sus verdugos de antaño son los carniceros que están ya al frente de un presente y un futuro que se antoja aterrador dados los precedentes. La sharía volverá a las calles y las mujeres pagarán muy caro cualquier mínimo desliz respecto de la ortodoxia islamista. Es un hecho que la operación ha sido un rotundo fracaso, pues ni se ha aportado estabilidad al país, mucho menos democracia, ni una mejora de las condiciones de vida de la población. Puede que la sociedad norteamericana, también las europeas, sienta alivio por dejar el avispero afgano, pero eso no obsta para subrayar que son jornadas de oprobio para la comunidad internacional que ha condenado a millones de inocentes a un yugo de por vida. Es la derrota de la democracia en un orden internacional cada vez más refractario a la libertad.

Vergüenza en Afganistán
Occidente abandona a su suerte a millones de seres humanos, entregados a un régimen feroz a cambio de nada: España no se salva de ese espectáculo inhumano.
Editorial ESdiario  16 Agosto 2021

La huida de Estados Unidos de Afganistán ha arrastrado al conjunto de Occidente -incluyendo a España- a una estampida fulgurante, dejando al país en pocas semanas a merced de los talibanes, dos décadas después de que fueran desalojados tras los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York.

Aunque la toma del país haya sido tan rauda, no hubiera sido posible sin un acuerdo firmado en 2020 a tres bandas entre los Estados Unidos, la OTAN y los fundamentalistas, impulsado por Donald Trump y aplicado por Joe Biden; según el cual las tropas internacionales saldrían de Afganistán a cambio de que el régimen talibán no se constituyera en una amenaza para el mundo.

España se suma al abandono mundial de Afganistán a la tiranía de los talibanes

Que se dé por buena la palabra de un feroz grupo fundamentalista es una temeridad, además de una excusa para buscar una salida estética que reconoce el fracaso global en la pacificación de un avispero histórico que lleva siendo décadas foco de tensiones mundiales.

Pero aunque fueran ciertas las pretensiones talibanes de limitar su terrorífico califato a sus fronteras, a diferencia del expansionismo de Al Qaeda o el Estado Islámico, ¿cómo se puede abandonar a 32 millones de seres humanos a su suerte, conscientes de la represión que van a padecer con el retorno de sus opresores al poder?

Es una vergüenza que el mundo abandone a los afganos a una suerte escrita: represión, oscuridad y muerte

Las buenas intenciones de los talibanes no son más que una coartada pasajera para volver a Kabul con menos desgaste, pero nunca un propósito duradero: ni van a dejar de ser un anfitrión de los peores movimientos internacionales ni van a dejar de aplicar una interpretación radical del Corán que sumirá en la oscuridad, cuando no en la muerte, a millones de afganos. Y en especial a las mujeres, condenadas a la reclusión, la tortura y el asesinato.

Y Sánchez de vacaciones
La fuga internacional es, pues, inaceptable. Y las protestas de quienes la consideraron en su día una invasión y ahora denuncian el abandono, un acto de cinismo insuperable, rematado por una cobardía supina: no se esperan movilizaciones feministas contra el martirio asegurado por las afganas.

Y tampoco que el presidente español, Pedro Sánchez, interrumpa sus vacaciones para ponerse al menos al frente de la repatriación de los 25 españoles y 400 colaboradores afganos que van a huir de ese infierno.

Los talibanes nunca se fueron
Enrique Navarro. Libertad Digital 16 Agosto 2021

Hace veinte años, los talibanes fueron derrotados por las fuerzas occidentales en una guerra rápida pero efectiva, y desde entonces los ejércitos de la Alianza Atlántica han estado desplegados para garantizar la estabilización del país y la creación de un gobierno democrático que impidiera la instauración de otro santuario terrorista. Sin embargo, en apenas unas pocas semanas, unos sesenta mil talibanes han sido capaces de poner en desbandada a un ejército que le triplicaba en efectivos y con material infinitamente más moderno. Todos podemos preguntarnos cómo ha sido esto posible, y unida a esta cuestión, interrogarnos sobre para qué hemos estado allí todo estos años con un coste enorme y finalmente para qué sirvió la muerte de más de cien compatriotas en aquél conflicto.

Una de las decisiones de las potencias colonialistas, y que a mi me tocó vivir en Irak, es la de cómo armar al país que se está administrando. Siempre existe el temor a que un territorio que ha sido ocupado durante años con un fuerte y disciplinado ejército, termine convirtiéndose en un enemigo estratégico para la potencia ocupante. Por eso, todos los procesos de descolonización, y éste no deja de ser uno más, maquillado con una supuesta administración local de corte occidental, han terminado como el rosario de la Aurora.

En 2003, una vez derrotado Saddam Hussein, se plantearon tres opciones en Estados Unidos sobre los siguientes pasos que debían darse: rehabilitar al ejército derrotado, el único real y eficaz que existía, aun con el coste de perpetuar en el poder al régimen que se había vencido; armar y preparar un nuevo ejercito iraquí potente que tuviera la capacidad de imponer la seguridad en el país y ser un factor de estabilización, o hacer una pantomima de ejército para hacer creer a todos, que se estaban haciendo esfuerzos en la estabilización del estado. Si recordamos cómo huían decenas de miles de soldados regulares iraquíes ante las embestidas de unos pocos cientos de terroristas del Estado Islámico, entenderemos lo que ha ocurrido en Afganistán.

Nunca las fuerzas occidentales hicieron un esfuerzo serio para crear un ejército afgano; se le entregaron aviones, pero no las capacidades de mantenimiento. Se les entregaron armas pesadas, pero sin munición. Mientras, la CIA resolvía pequeños focos de resistencia esparciendo dólares antiguos marcados.

Un Afganistán dominado por unos centenares de miles de talibanes en 2021 no es la misma amenaza para Occidente que en 2000. La tecnología y las fuerzas de inteligencia son mucho más capaces de impedir atentados terroristas o amenazas a Occidente con más capacidad que controlando -supuestamente- un territorio como Afganistán. Así que la primera lección es que estos veinte años nos han permitido garantizar ciertos niveles de seguridad hasta conseguir controlar con más eficacia los movimientos terroristas sin necesidad de un desgaste para el que Occidente ya no está preparado moral e intelectualmente.

Muchos de los que acudieron a pacificar a Afganistán lo hicieron en la creencia de que iban a contribuir a mejorar la vida de un país; era emocionante ver a las niñas marchando en grupos al colegio, o ver los salones de belleza abiertos y las urnas llenas de votos, pero nada de esto era sostenible porque el país no está preparado para un cambio, que sinceramente en los pocos países musulmanes donde se ha producido, ha costado muchas décadas. No podemos hacer el trabajo que los afganos no son capaces de hacer. Si ellos no valoran lo que tienen, quiénes somos nosotros para imponer modelos de conducta. Fuimos a Afganistán a destruir un régimen terrorista y quizás hoy ya no puedan repetir el modelo, esa era la misión.

Por mucho empeño que pongamos ¿debemos ser unos pocos, los que impongamos un modelo social al que todavía se resisten muchos? Si ellos, los afganos, no valoran lo que habían conseguido, y salen corriendo, ¿qué debemos hacer nosotros, continuar con un sacrificio que al final no es agradecido?. El hecho real es que los soldados regulares salen en desbandada cuando aparecen los talibanes, y en la mayoría de los casos se pasan con su fusil al enemigo, y esto explica la rápida evolución del conflicto en estas semanas.

Ya no podíamos seguir allí manteniendo un régimen que al final se sostenía en las decisiones de unos jefes tribales que se compraban con dinero occidental o que se financiaban de la heroína. No hemos hecho nada real para transformar el país, y ahora todo lo apostamos a que esos talibanes con el dinero que habrán cobrado, se dedicarán a masacrar a la oposición e impondrán su radicalismo religioso, pero sin incordiar a los pakistaníes ni a los iraníes que es lo único que preocupa a Occidente, y mucho menos albergando a un nuevo Bin Laden; ya saben el precio de hacerlo.

Pero no nos confundamos, un acuerdo con un talibán puede durar lo que tarde en llegar un iluminado con una oferta mejor. Afganistán volverá a estar, como en los doscientos años anteriores en el ojo del huracán. Ahora los vigilaremos con los drones y los satélites, y enviaremos acciones de represalia cuando sea conveniente para recordarles, que ya una vez fueron derrotados. Esa es la única garantía de que no se saldrán del tiesto por un tiempo.

Pero en el fondo es una pena ver que tanto esfuerzo y sacrificio solo ha servido para que en unas pocas semanas todo haya vuelto a la situación de partida, y ya no volveremos a ver cometas en el cielo de Kabul ni a las niñas estudiar y veremos cerrar museos y destruir monumentos. No tengamos ninguna duda, la excusa que movió a la comunidad internacional, EEUU o España a sacar sus tropas del país -no ver cómo morían allí los nuestros- volverá al centro del debate en unos años, porque Afganistán amenaza con volver a convertirse en un agujero de la seguridad mundial.

Una derrota anunciada o por qué los talibanes han tomado Afganistán y los occidentales huyen
Javier Arias Borque. Libertad Digital 16 Agosto 2021

Afganistán ya está en manos de los talibanes. Todavía no tienen el control absoluto de Kabul y no controlan el 100 por 100 del territorio del país, pero la estructura de Estado diseñada por Occidente durante dos décadas se ha desplomado como un castillo de naipes en apenas unas semanas. Algo que no sorprende. Es la crónica de una caída anunciada. Entre otras cosas, porque Afganistán nunca ha sido un estado como los que concebimos los occidentales.

Estados Unidos, la OTAN y una serie de países aliados intervinieron en Afganistán en 2001 por los atentados terroristas del 11-S. Los talibanes protegían a Osama Ben Laden, que se había convertido en el enemigo público número uno, y por eso había que acabar con ellos. Y se lanzaron sobre el terreno sabiendo que otras grandes potencias como la Unión Soviética o el Imperio inglés habían sucumbido en los desiertos afganos.

La persecución contra los talibanes se extendió por todo el país, aplaudida en Occidente por los traumas causados por el 11-S y las brutales imágenes que llegaban de la aplicación de su dogmatismo islámico: amputación de miembros del cuerpo por delitos menores; ejecuciones y lapidaciones públicas; prohibición de la música, el cine o la televisión; o la obligación del burka para las mujeres, que no podían ir a la escuela más allá de los diez años de edad.

Los talibanes llegaron a estar acorraladas en las montañas. Pero su desaparición final nunca llegó a estar cerca, pues las zonas rurales tienen una cosmovisión más cercana a la de estos fundamentalistas que a la de los occidentales. Iniciaron una guerra de guerrillas durante años. Los ciudadanos occidentales, distraídos en otros menesteres, empezaron a olvidar quiénes eran los del turbante negro y solo atendían a noticias fugaces sobre los féretros que llegaban a sus países.

Los talibanes lo tuvieron claro, sabían que si aguantaban y enquistaban la guerra terminarían ganando. Hay un proverbio árabe, que se usa prácticamente desde el Sáhara Occidental a la propia Afganistán, que dice que los occidentales tienen los relojes pero que ellos tienen el tiempo. Las sociedades occidentales tienen prisa para todo, necesitan resultados inmediatos, y los talibanes sabían que ahí estaba la debilidad occidental. Porque Afganistán, con gran parte de su territorio anclado prácticamente en la Edad Media, no es país para resultados inmediatos.

Occidente y la opinión pública
La guerra de Vietnam puso de manifiesto que la opinión pública de los países occidentales puede hacer perder una guerra, aunque su país fuera venciendo con mucho esfuerzo, porque el número de féretros o el dinero invertido es excesivo. Los féretros enturbian las idílicas vidas occidentales y el excesivo gasto reduce la calidad de vida. Y muchos grupos rebeldes o insurgentes tomaron nota. Sobre todo cuando los países donde se produce la intervención nunca han tenido una estructura formal de Estado. La Somalia de 1991 era el espejo en el que mirarse.

Antes de 2010 la guerra de Afganistán empezó ya a lastrar política y económicamente a los países implicados. Los ciudadanos occidentales ya no recordaban ni por qué se estaba allí y tampoco les importaba porque empezaban a vivir en una crisis mundial sin precedentes. Y fue en ese año cuando hubo consenso en que había que empezar la retirada. Comenzó a hablarse entonces del ‘proceso de afganización’.

Un proceso que consistía en idear un plan para comenzar una retirada masiva de tropas del país y empezar a dejar la gran mayoría del mismo bajo el control del Ejército Nacional Afgano, que se había estado adiestrando durante más de una década. No importaba que su nivel de adiestramiento real fuera muy bajo por la actitud de los propios reclutas afganos, o que se obligase a empezar a funcionar hasta el extremo a unas administraciones locales totalmente ineficaces, incompetentes y corruptas.

No importaba que buena parte de los militares afganos desaparecieran durante meses de sus acuartelamientos. Algunos porque no les apetecía ir. Otros porque durante meses se pasaban al enemigo talibán porque pagaba mejor salario. Otros porque se iban a la recolección de la amapola –con su savia de hace el opio y la heroína–, lo que suponía acceder a mucho mejor sueldo sin tantas exigencias físicas.

El ‘proceso de afganización’
Ése fue el momento clave. Cuando entró en escena el ‘proceso de afganización’. Los talibanes comprendieron que ya habían ganado la guerra, solo tenían que esperar un poco más a que madurase la indiferencia occidental. La alarma de los relojes aliados ya había sonado y ellos tenían todo el tiempo del mundo para esperar a que la fruta madura cayera del árbol. Y 2013 fue la siguiente fecha de referencia para la victoria talibán. Fue el año de la gran retirada de tropas occidentales de este país asiático.

Estados Unidos llegó a tener en su pico máximo cerca de 110.000 efectivos en Afganistán. Fue en los años 2010 y 2011. En 2014, tres años después, no llegaba a los 25.000 efectivos. Un año después, en 2015, no superaba los 10.000 militares. España llegó a tener en su pico máximo casi 1.500 militares desplegados en las provincias de Herat y Bagdhis. Desde 2014 el despliegue español se limitaba a 24 militares y 2 traductores en Kabul.

La gran retirada de tropas internacionales provocó la reaparición de los talibanes, que llevan años ganando terreno en las zonas rurales del país. Llevan años combatiendo con un ejército afgano que podía limitar el terreno que perdía porque seguía contando en combate con el apoyo de la aviación internacional. Pero este resurgir talibán no frenó la decisión de Occidente de retirarse definitivamente del país.

Tan fuertes se vieron los talibanes, y tan confiados estaban en su victoria final, que abrieron en Doha (Qatar) una embajada diplomática con la excusa de las negociaciones que el débil Gobierno de Kabul intentó entablar con ellos para que no recuperasen el país tras la salida de las tropas occidentales. Por ella han pasado estos años muchos enviados de gobiernos sin escrúpulos que ven a estos fundamentalistas islámicos como interlocutores válidos.

No es guerra para sociedades ricas
El reto de Afganistán ha sido muy superior al que cualquier sociedad occidental está dispuesta a aguantar o a tolerar. Las sociedades pudientes no están preparadas para una guerra de larga duración por simples conceptos como democracia, libertad o derechos humanos. Por eso el calendario de retirada y salida definitiva se ha mantenido pese a que los talibanes llevan los dos últimos años avanzando lentos pero constantes en las zonas rurales.

Donald Trump y el resto de líderes de la OTAN ultimaron un plan de salida inmediata pese a que sabían perfectamente que Afganistán estaba condenada a caer bajo el yugo talibán. Y ni Joe Biden ni ningún otro líder aliado ha sido capaz ahora de cambiar una sola coma del plan establecido. Afganistán ha sido un gran problema para los países occidentales. No querían ni quieren estar desde hace demasiado tiempo.

Por eso los talibanes llevaban meses acercándose poco a poco a las capitales de provincia y preparando su gran ofensiva final. Por eso en menos de diez días el país está a punto de caer en sus garras. Sobre todo ahora que los militares afganos no tienen ahora ningún tipo de apoyo aéreo internacional que les ayude cuando vienen mal dadas en el campo de batalla. Todo se ha derrumbado como un castillo de naipes y Occidente sabía que iba a suceder, aunque tal vez no con tanta celeridad. Tal vez pensaron que les daría tiempo a irse antes de que la reconquista talibán llegase a estos niveles. Y tal vez pensaron que iba a pasar inadvertido para la opinión pública internacional.

Afganistán es un gran fracaso para Occidente, pero es que a sus líderes no les da ningún rédito electoral ni social en sus países. Más allá de unos telediarios aquí o allí, o unas p ortadas de periódicos aquí o allá, a los ciudadanos occidentales solos les importa ya el beneficio inmediato y su calidad de vida. Occidente ha perdido sus valores y no le importa perder también su crédito internacional. Mientras tanto, China, que está en un juego distinto, ya ha tenido su primer encuentro con los líderes talibanes.


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El proyecto ha levantado una polvareda de críticas contra el presidente aragonés, Javier Lambán, por parte de los alcaldes de su principal socio de gobierno, el PAR
Álvaro Sierra. Zaragoza. elconfidencial 16 Agosto 2021

El debate de las lenguas que se hablan en Aragón se enquista en cada legislatura. Lejos de una solución científica y política, surgen enfrentamientos entre la derecha y la izquierda sobre una razón lingüística que desenmarañe las dudas de las últimas décadas. El lío sobre lo que se habla en las comarcas aragonesas que lindan con Cataluña es eterno: ¿es una variedad del catalán o es un dialecto aragonés propio que se debe conservar?

La reciente creación del Institut Aragonès del Català, como un órgano que se enmarca dentro de la Academia de la Lengua Aragonesa, ha reabierto un conflicto lingüístico que todavía no se había debatido en la actual legislatura. El principal socio del cuatripartito de gobierno de Javier Lambán, el Partido Aragonés (PAR), tilda el órgano lingüístico de ilegal y exige su supresión por alentar las tesis del nacionalismo catalán. Esto provoca la ruptura en dos del Partido Aragonés entre una polvareda de críticas y silencios cómplices. La exigencia de la supresión del Institut Aragonès del Català surge de los alcaldes del PAR afectados de las comarcas fronterizas. Mientras tanto, el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, guarda silencio sobre el conflicto lingüístico.

La ausencia de una valoración política del líder del PAR, que gobierna junto al PSOE, Podemos y los nacionalistas de Chunta Aragonesista, genera recelos en su propio partido. Y así lo afirman los alcaldes que exigen la supresión del instituto. En este contexto, el PAR se enfrenta a un congreso en pocos meses en que la posición de su líder está más que cuestionada por ponerse de perfil ante las decisiones ideológicas de un Gobierno con mayoría de izquierdas. Los críticos del PAR que piden un cambio en la dirección del partido están explorando vías de colaboración con Ciudadanos en la provincia de Teruel. Una alianza sorpresa que podría tener visos de prosperar de cara al futuro, y el debate lingüístico puede sentar un precedente en la ruptura completa del líder del PAR con la base social de su partido.

El no a la imposición del catalán
Las alcaldías del PAR en las comarcas del Bajo Aragón y Matarraña, ambas limítrofes con Cataluña, se rebelan contra la creación de un instituto que fomenta el uso del catalán en Aragón y que esquilma las variedades lingüísticas de la zona que consideran como propias. Mediante un comunicado, estos ocho ayuntamientos y los comités locales del PAR de las comarcas limítrofes con Cataluña avisan de la ilegalidad del Institut Aragonès del Català y denuncian que el Gobierno de Aragón, donde el PAR es socio preferente de Lambán, ha dejado de lado a los vecinos por imponer el catalán. "Han preferido imponer el catalán para fagocitar las modalidades lingüísticas aragonesas que se hablan en las comarcas orientales desde hace siglos", cita el comunicado.

La alcaldesa de La Codoñera (Bajo Aragón), María José Gascón, cuenta a El Confidencial el hartazgo de la zona por la imposición del catalán que intenta hacer el Gobierno de Javier Lambán. "Este instituto es un atropello y busca ridiculizar el ‘chapurriau’ que se habla en la zona desde hace varias generaciones. No queremos llamarlo catalán de Aragón, como se decide en la política lingüística de Zaragoza", detalla. Es más, esta alcaldesa del PAR, con 22 años de ejercicio, considera que “si a nuestros tatarabuelos les hubieran dicho que lo que hablan es catalán, les habrían mandado por ahí. La lengua no es un juego político, sino para comunicar. Con tanta subvención, parece que está de moda que a esta zona se la vincule con Cataluña”.

El alcalde de Peñarroya de Tastavins (Matarraña), Ricardo Blanch, habla con este diario para explicar la razón de esta política lingüística. "Puede que sea un peaje para que gobierne Lambán con el apoyo de Chunta Aragonesista. ¿El invento del cuatripartito de dónde sale si no? Solo pedimos respeto para nuestra lengua. Estoy en contra de que se impongan las cosas, como sucede con el catalán en Valencia o en Baleares. Que lo llamen como quieran, pero catalán estoy seguro de que no es", afirma.

María del Carmen Agud, alcaldesa de Fuentespalda (Matarraña), asegura a El Confidencial: “Estoy de acuerdo en que se estudie la lengua aragonesa, pero sobre el catalán. Nuestros antepasados siempre han hablado 'chapurriau' y no es una lengua catalana sino aragonesa. De hecho, la cadencia de las frases se parece más al valenciano que al catalán”. Las fuentes del PAR consultadas por este diario aseguran que no se necesita un posicionamiento firme del vicepresidente, Arturo Aliaga, porque el reconocimiento del aragonés oriental o 'chapurriau' siempre ha sido una reivindicación del PAR.

La vía jurídica contra el Institut Aragonès del Català
En el citado comunicado, se recuerda que el texto legislativo que está en vigor, y que ampara la creación del Institut Aragonès del Català, “no se refiere en ningún momento a la lengua catalana, a la que ni siquiera cita”. La actual vigencia de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón fue aprobada por el Gobierno PP-PAR con la presidencia de Luisa Fernanda Rudi.

Esta ley reconoce la existencia de una zona de utili­zación histórica predominante de la lengua aragonesa propia en las áreas pirenaica y prepire­naica y otra de utilización his­tórica predominante de la lengua aragonesa propia del área que linda con Cataluña. La marejada de críticas de las alcaldías y comités locales del PAR no se queda en un simple comunicado. Según fuentes consultadas de los alcaldes críticos con el Institut Aragonès del Català, están estudiando los cauces legales oportunos, por vía administrativa o judicial, para suprimir el órgano lingüístico. Entienden que "la imposición de cualquier otra lengua distinta contraviene la legislación de más alto rango" y apuestan por la "creación de un organismo que proteja y regule el 'chapurriau' o aragonés oriental".

Fuentes jurídicas del Gobierno de Aragón consultadas por El Confidencial no ven recorrido a estas reclamaciones administrativas o judiciales. Aluden a una sentencia de 2016, del Tribunal Constitucional, que afianza la perdida de vigencia de la ley del año 2013. Precisamente, la Dirección General de Política Lingüística, que dirige la Chunta Aragonesista con Ignacio López Susín al frente, modificó en el año 2016 la Ley de Patrimonio Cultural para recuperar los términos ‘aragonés’ y ‘catalán’ en referencia a las modalidades lingüísticas que son propias de Aragón.

Debate de la locura
Nota del Editor 16 Agosto 2021

El último no tiene que apagar la luz, por impago, ya nos han cortado el suministro de electricidad y están quemando los restos de España..
 


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