AGLI Recortes de Prensa   Lunes 30  Agosto  2021

La agenda social será la tumba de Sánchez
Miguel Ángel Belloso. okdiario 30 Agosto 2021

Algún buen amigo bien informado como Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, cree honestamente que el presidente del Gobierno tiene asegurados dos años de fuerte crecimiento, lo que le permitirá llegar a las próximas elecciones de 2023 en unas condiciones envidiables y quizá volver a ganarlas si pensamos que la economía es un factor crucial a la hora de decidir el voto. Así extrae la conclusión de que corren malos tiempos para la oposición de Pablo Casado, porque las cuentas le serán esquivas. Pero mi amigo Sánchez es un optimista recalcitrante que además piensa que este Ejecutivo lo está haciendo más bien que mal.

Yo, en cambio, tengo una opinión muy diferente, y procuro nutrirme de fuentes igual de fiables que son sin embargo menos complacientes con el horizonte que nos espera. En los próximos días el Banco Central Europeo va a actualizar sus previsiones macroeconómicas y estas van a ser al alza en el conjunto de la zona euro. Pero me temo que va a lanzar una seria advertencia a los Estados miembros sobre su disponibilidad para seguir comprando de manera masiva e indiscriminada deuda pública y salvando la cara a los Estados, permitiendo que practiquen políticas fiscales insanas sin restricciones de tipo alguno.

El Bundesbank alemán, que es la entidad más importante del sistema de bancos centrales, lleva tiempo aclarando que el BCE no está para cuidar la solvencia de los Estados sino para controlar la inflación, que está al alza en toda Europa, y particularmente en España, donde puede acabar a final de año en el 3 por ciento. Es de la opinión, perfectamente fundada, de que los países más endeudados, como es el caso del nuestro, deben dejar de confiar en la política de dinero barato más pronto que tarde. Todo parece muy lógico. Si la UE en promedio va a crecer más y, adicionalmente, está acosada por la vuelta de la inflación, cabe concluir que las compras extraordinarias de deuda pública y la inyección masiva de liquidez al mercado están progresivamente perdiendo su razón de ser.

Este es un dato que creo que ignora mi amigo el periodista Sánchez y en el que tampoco parece haber reparado el presidente del Gobierno. Éste sigue persuadido de que los estímulos extraordinarios a la actividad económica continuarán sine die, así como la suspensión de las reglas fiscales que forman parte del entramado constitucional de la Unión Monetaria, pero tengo la impresión de que el sentimiento en la zona euro está cambiando aceleradamente y que los halcones se hacen oír con más intensidad que las palomas.

El Gobierno de Sánchez ha iniciado el nuevo curso con la agenda social por bandera. Yo creo que esta acabará siendo su tumba, igual que sucedió con Zapatero. El primer golpe en contra de las expectativas del mercado y de lo que espera de nosotros Bruselas ha sido la aprobación de la primera parte de la reforma de las pensiones. Sin ser un experto, para calibrar si va o no en la buena dirección, sólo hay que escuchar a los sindicatos. Si por ejemplo el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, escribe un largo artículo en el diario El País (25 de agosto pasado) haciendo la pelota al ministro Escrivá, es que la reforma será desastrosa para la viabilidad del presupuesto público y el futuro de las jubilaciones. No hay más vuelta de hoja. Esta es una cuestión matemática.

Si el señor Bravo defiende la revalorización de las pensiones según la inflación, que llegará a finales de año al 3%, y que el factor de sostenibilidad que instauró el PP de Rajoy para salvaguardar la consistencia del modelo está bien derogado, es que es un talibán. El señor Bravo, como el común de los mortales, desea cobrar cada vez una pensión más alta pero no repara ni parece importarle mucho si esto es posible desde el punto de vista presupuestario. Los números dicen que no. Así, la eliminación de cualquier clase de control sobre la evolución creciente y disparada de gasto del sistema -que es verdad que está pendiente de una segunda parte de la reforma que tendrá que aprobarse en el futuro- disparará las pensiones de todos de manera muy cuantiosa. Para financiar este dislate se acudirá al presupuesto público -algo irrelevante si se tiene en cuenta que las cuentas de la Administración del Estado finalmente se consolidan, y no tiene importancia el origen nutritivo del gasto- y sobre todo a las cotizaciones sociales, que ya son las más altas de la UE y que constituyen el impuesto más gravoso sobre el empleo que pueda imaginarse en el país con una de las tasas de paro más elevadas de todo el mundo desarrollado.

Pero la agenda social de Sánchez es más ambiciosa. Por eso sus peligros son incalculables. La vicepresidenta Nadia Calviño parece haber cedido a las insistentes presiones de los comunistas del Gobierno para elevar el salario mínimo, que tendría consecuencias desastrosas para la viabilidad de tantas compañías que sobreviven a duras penas; tenemos en todo su fragor el lío de los precios de la electricidad que no paran de subir, presionando al alza la inflación y mermando la cuenta de resultados de las empresas; la contumacia de Podemos, el socio de Gobierno, en controlar los alquileres, una iniciativa que de seguir adelante expulsará la inversión inmobiliaria; y por supuesto la subida del sueldo de los funcionarios, que combinada con la revalorización de las pensiones dejará al presupuesto exangüe. Todos los actos tienen sus consecuencias, y las de estos hechos o pretensiones todas ellas equivocadas las tendrán, y no serán para bien.

Acabamos de recibir 9.000 millones de euros de Bruselas que todavía no sabemos cómo se gastarán ni con qué garantías, y estamos pendientes de obtener más ayudas que estarán férreamente condicionadas a las reformas que exige la Unión Europea. Pero lo único que conocemos es el interés del Gobierno de Sánchez por deshacer las reformas que promovió el PP y que tan bien han funcionado hasta la fecha. Sabemos que desde que comenzó la pandemia el Gobierno ha contratado a 325.000 funcionarios más y también que la filosofía que inspira a nuestro presidente no es la de fraguar un país competitivo y excelente sino la de instalarnos en la trampa de la pobreza para seguir siendo dependientes del sostenimiento exterior y de la asistencia permanente e ilimitada del Banco Central Europeo. Creo, también honestamente, que a pesar de lo que diga mi amigo el periodista Carlos Sánchez, el horizonte de nuestro país tiene más sombras que claros, con independencia de que sirva electoralmente o no al PP de Casado. Esto es una cosa menor. Lo realmente inquietante es que no resulta muy halagüeño para los ciudadanos españoles. La buena o mala marcha de la economía depende de las expectativas que generes entre los inversores, de fuera y de adentro. No creo que estemos atendiendo lo suficiente, como se merece, este principio inexorable.

Presidencia a precio de oro
Editorial ABC 30 Agosto 2021

Pedro Sánchez no solo mantiene el gabinete de ministros más amplio de toda la democracia, sino también el aparato de altos cargos y asesores más sobredimensionado de cualquier presidencia del Gobierno. Nunca nadie había disparado la plantilla de La Moncloa con una colocación de afines tan estridente, y nunca ningún otro presidente había presupuestado un gasto anual de 40 millones de euros para hacer frente a semejante estructura institucional y, sobre todo, a los sueldos. Las cifras oficiales de la Intervención del Estado demuestran que en el último año de mandato, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo un gasto en La Moncloa de 32,4 millones de euros, y que Sánchez, lejos de ajustarse a esa cifra, o incluso de reducirla para cumplir con su programa electoral y poner fin al enchufismo, la ha ampliado en siete millones más. Ese es el precio de convertir La Moncloa en una suerte de agencia de colocación toda vez que la presidencia del Gobierno cuenta con 280 asesores, y por encima de ellos hay una treintena de directores y secretarios generales, subdirectores, subsecretarios y otros altos cargos cuyas funciones oficiales en algunos casos son un auténtico relleno sin prácticamente contenido ni actividad real.

A día de hoy, La Moncloa es una superestructura creada ‘ad hoc’ por Sánchez para dar cobertura al favoritismo con el que premia a quienes le fueron leales cuando el PSOE lo expulsó como secretario general del partido. Es amiguismo elevado a la enésima potencia, sufragado con dinero público, y mantenido con una total opacidad política porque el Ministerio de Presidencia parece inmune a aclarar con criterios de transparencia cualquier cuestión conflictiva que pueda suponer un menoscabo a la imagen de Sánchez. Es inexplicable, por ejemplo, que con tan desmesurada cifra de asesores, Moncloa haya sido incapaz de dar explicaciones solventes sobre el plagio de la tesis del presidente del Gobierno, un escándalo desvelado por ABC que La Moncloa enterró con absoluto desahogo; o sobre la utilización de aviones oficiales para que Sánchez y algunos familiares se desplazasen a actos y eventos de carácter privado. Y ya el eterno argumento de la seguridad no cuela. Más bien es la excusa para justificar una concepción arbitraria del poder a costa del erario público.

Otro dato relevante al que ha tenido acceso ABC son los casi dos millones y medio de euros que ha subido entre 2020 y 2021 el coste de los salarios de esta legión de asesores. Y llama la atención porque este aumento se produce en el contexto de la profunda recesión que está afectando a cientos de miles de trabajadores en ERTE, a muchos otros que están siendo incluidos en expedientes de regulación de empleo por el cese de actividad de sus empresas, y a muchos sectores económicos cuya producción ha caído en picado y no termina de remontar. La ejemplaridad de Sánchez en ese sentido es nula. Y si alguien puede estar tranquilo con aquella frase tan demagógica -«nadie quedará atrás»-, ese es el equipo de asesores y altos cargos de La Moncloa, porque a ellos la reducciones de sueldo, los impagos de nóminas, o los aplazamientos de deudas que se han visto obligados a solicitar tantos y tantos autónomos en España, no les afectan. Queda finalmente una tercera partida por aclarar: ¿a qué ha dedicado la presidencia del Gobierno 2,39 millones de euros más que en 2020 en concepto de gasto corriente en bienes y servicios? España no necesita un Gobierno con una veintena de carteras, ni una presidencia con casi 300 asesores. Incluso para Sánchez, es demasiado.

Contenido
Alfonso Ussía. https://gaceta.es 30 Agosto 2021

El ministro de Universidades, Castells, es en apariencia una mezcla de chiste y de recelo. Produce náuseas. Su imagen en el Congreso de los Diputados con camiseta despedía un hedor del que huiría atemorizada una piara de jabalíes. Eso, en lo que respecta al continente, es decir, al envoltorio exterior. Su contenido es aún más repulsivo. Se trata de uno de los vagos que Pablo Iglesias impuso a Sánchez para formar este Gobierno antiespañol y comunista. Iglesias se largó fracasado, en pos de un amparo condal, pero sus peones resultaron intocables. Su ex, Castells, Garzón, y Yolanda han sido respetados por el insuperable hortera. Caemos permanentemente en la trampa del continente y no reparamos en el peligro del contenido. En el continente, Sánchez es un cínico. En el contenido, un perverso y necesario organizador, a cuenta de un poderoso apoyo exterior, del desmantelamiento de España. En Europa, España ha sido elegida como la cobaya del experimento. Los nacionalismos, separatismos y en menor nivel de importancia, los localismos surgidos de la incultura y la adoración de la aldea, nos convierten en una nación vulnerable. El primer Estado de Europa se ha convertido en un conejito de indias. Y acudimos a la facilidad, a lo elemental, quizá porque resulta mucho más divertido que el proyecto final, ya en marcha, de nuestra destrucción como nación y como Estado. Lógicamente, el obstáculo que aún no han conseguido superar es Su Majestad El Rey y la Monarquía Parlamentaria. La Corona es el símbolo que reúne en una misma nación a todos los territorios de España. La República, en sus dos experiencias, constituyó un desastre. Y la Segunda, después del golpe de Estado de 1934 del Frente Popular, terminó en una Guerra Civil que con ochenta años de retraso los perdedores se disponen a ganar.

En el Anteproyecto de la Ley de Universidades, el comunista Castells fomenta infinidad de disparates técnicos que llevan irremisiblemente al triunfo de la mediocridad. El premio al esfuerzo desaparece y el estudiante vago del futuro tendrá la misma recompensa que el trabajador. Promueve la perspectiva de género y la “memoria democrática”, el ascenso de un profesor titular que no es catedrático al Rectorado, y propone borrar al Rey de los títulos universitarios. Los disparates técnicos forman parte del continente, siempre sucio y gamberro, de este ministro podemita. Pero lo último, eliminar al Rey de los títulos universitarios, entra de lleno en el complot del contenido, en la victoria final.

Puede resultarles difícil. La popularidad del Rey siempre fluctúa en los tramos altos, pero de la utilidad e independencia de la Corona, muy pocos dudan. En algunos momentos se echa de menos un gesto público de molestia – a más no puede aspirar-, que nos haga ver a los españoles su discrepancia con la dictadura creciente que está imponiendo el Gobierno de Sánchez. Eso sí, cuando el monumental hortera necesita del cobijo Real para no ser insultado ni abucheado en la calle, el Rey no lo rechaza. Es su deber no rechazarlo. El comportamiento de estos empleados del gran poder globalista –Sánchez es tan empleado de segunda como Castells de tercera-, en una sociedad menos amansada y derruída que la española, tendría una respuesta contundente y firme. Resulta que los medios que ayer harían oposición crítica, sobreviven gracias a los repartos de dinero público que mantienen a sus sociedades privadas, y la resistencia ciudadana está agrietada y presta al derrumbamiento. Una sociedad que empieza a recordar a un rebaño de ovejas.

Me figuro que este anteproyecto de ley tardará lo suficiente en convertirse en ley como para quedarse en anteproyecto. Su único contenido primordial es el de derrocar por la fuerza del separatismo y el globalismo, la Monarquía. El resto son chorradas, rasgos del continente, simulaciones y exhibición de necedades. El Rey es el objetivo. Y van a encontrar, espero, una fuerte resistencia que en estos momentos está, en su mayoría, callada.

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Congreso de los Diputados
El Gobierno allana la negociación separatista: la amenaza de referéndum es «libertad de expresión»
Luz Sela. okdiario 30 Agosto 2021

Tras las vacaciones de verano, Pedro Sánchez afronta una agenda política marcada por la negociación con el separatismo. Por delante quedan meses de cesiones al Govern independentista, cada vez más aferrado a su exigencia de «amnistía y autodeterminación». Una negociación que penaliza al PSOE en las urnas, como revelan los distintos sondeos, y que acelera la debacle de los socialistas, especialmente tras la concesión de los indultos a los dirigentes del procés.

El Gobierno se mantiene convencido en esta decisión, pese al rechazo general y a las advertencias de los dirigentes separatistas, ya fuera de prisión, de que volverán a organizar un nuevo referéndum de independencia. En el Ejecutivo van más allá para justificar la medida de gracia con la que Sánchez intenta asegurarse la permanencia en La Moncloa, asegurando que su concesión no exige cambiar las ideas políticas, aunque estas impliquen la ruptura del país. El Gobierno destaca que las advertencias sobre un nuevo referéndum forman parte de la «libertad de expresión».

Así lo expone en concreto el Gobierno en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En ella, la diputada de Junts per Catalunya Mariona Illamola requería la postura del Ejecutivo sobre el polémico informe del Consejo de Europa, ¿Debería enjuiciarse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato? elaborado por el político letón socialista Boriss Cilevics, y en el que se apoyan los indultos para los condenados del 1-0.

En el informe, el autor pide directamente «considerar la posibilidad de indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados», así como «la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes que viven en el extranjero».

También considera que los delitos de rebelión y sedición son «obsoletos y excesivamente amplios para abordar lo que en verdad es un problema político que debe resolverse por medios políticos», y añade que usar estos delitos «puede ser contraproducente».

En un párrafo clave, también pide a las autoridades españolas que se abstengan de «pedir a los políticos que renuncien a sus convicciones políticas a cambio del indulto o de condiciones penitenciarias más favorables».

Es este último punto el que centra la pregunta de JxCat en el Congreso de los Diputados. «¿Cuál va a ser la respuesta del Gobierno a la recomendación de abstenerse de exigir a los presos políticos que renieguen de sus profundas convicciones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable? ¿Va a respetar esta recomendación si les indulta?», exigen saber los separatistas.

El partido del prófugo Carles Puigdemont señala que «en el informe se insiste en la importancia que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa otorga a la garantía de la libertad de expresión y de reunión de los políticos en el ejercicio de su cargo, incluso cuando las ideas no son compartidas. Asimismo se señala que estos tienen el derecho de plantear propuestas que comporten un cambio en la constitución o el estatuto de las entidades territoriales incluyendo su independencia».

«Libertad de expresión»
El Gobierno responde que «no hay presos políticos en España» pero, a continuación, asume esas mismas tesis para afirmar que «ni el sistema penitenciario español ni la regulación del derecho de gracia en modo alguno exigen un cambio de convicciones políticas u otras creencias como parte del tratamiento penitenciario. Ni la Ley del indulto, ni la Ley penitenciaria ni el Reglamento penitenciario lo exigen».

En este contexto, la respuesta destaca que «el Gobierno de España considera la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Estado democrático de Derecho» y «esa libertad cuenta con pleno reconocimiento en el ordenamiento jurídico español».

Sobre la reforma del delito de sedición, que actualmente se prepara, «se indica que los proyectos de modificación del Código Penal que presente el Gobierno siempre se regirán por los principios inspiradores del Derecho Penal, basados en las necesidades de una sociedad democrática».

La previsión es que la nueva reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat separatista se produzca en Barcelona entre los días 13 y 17 de septiembre. La presencia de Sánchez parece descartada, aunque por ahora no se sabe quién compondrá la delegación del Ejecutivo. Tampoco Oriol Junqueras participará finalmente, aunque se reserva para la foto final del acuerdo sobre un eventual referéndum.

La yihad separatista entierra las milongas de Sánchez
OKDIARIO 30 Agosto 2021

La supuesta ‘revolución de las sonrisas’ con la que el independentismo disfrazó el procés de movimiento pacífico y no violento se reveló como farsa cuando se detuvo el 23 de septiembre de 2019 en el marco de la Operación Judas a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) manipulando explosivos e inflamables de carácter terrorista. Estos separatistas extremadamente violentos pretendían atentar contra infraestructuras estratégicas y tomar durante cinco días el Parlament de Cataluña para «materializar» la independencia. Ahora, tal como pública OKDIARIO, la Audiencia Nacional juzgará a estos terroristas tras conocer las últimas pesquisas de la Guardia Civil. El informe del teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, es escalofriante: abogaban por el uso de «la violencia en su máxima expresión» para forzar a las instituciones «a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España». Hablamos de «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable» cuyo uno de sus miembros, Germinal Tomás Abueso, se grabó explicando cómo detonar explosivos adosados al cuerpo imitando a los terroristas de la yihad islámica.

El escrito de Fiscalía llega después de que viera la luz un informe de la Guardia Civil en mayo en el que atribuye a los integrantes del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR varias búsquedas en Internet de «posibles objetivos» entre los que figuraba el líder del PP, Pablo Casado. Entre los papeles que rescató la Guardia Civil de la basura hallaron hasta recetas para sintetizar materiales destructivos como cloratita, tetralita, nitrocelulosa y ácido pícrico. Lo más alarmante era que estos terroristas no eran ‘lobos solitarios’ sino que mantenían contactos con altas esferas del Govern. Hay que recordar que algunos de estos terroristas se vieron con la hermana del fugado Puigdemont para crear un «canal seguro» entre este y Quim Torra, el mismo que en octubre de 2018 animaba a los CDR diciéndoles «apretad, hacéis bien en apretar».

Que los CDR no atentaran con explosivos se debe sólo a la gran actuación de la Guardia Civil. Tras conocerse estas detenciones, en lugar de mostrar fortaleza ante el energúmeno de Torra, Pedro Sánchez viajó sumiso con su comitiva a visitarle al Palau de la Generalitat. Entonces vimos al ex jefe de Gabinete, Iván Redondo, inclinar la cabeza ante Torra, en un gesto de reverencia que anunciaba la futura rendición de Sánchez ante el golpismo. Y luego, mientras Sánchez pedía «comprensión y magnanimidad» con los indultos, estos terroristas llamaban a un «conflicto armado» desmontando la milonga del Ejecutivo sobre la nueva etapa de paz y concordia que se abría en Cataluña. Porque estas bestias salvajes solo entienden el lenguaje de la violencia, y no tragan con los malabares pacifistas con los que el ilusionista Sánchez pretende apaciguar al separatismo. Lo que Sánchez llama «reconciliación» no es más que la rendición del Estado y de España ante los violentos.


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