AGLI Recortes de Prensa   Viernes 3  Septiembre  2021

Lío del CGPJ, todos culpables
Editorial ABC 3 Septiembre 2021

El PSOE politizó la Justicia en 1985 mediante una reforma legal, pero el PP en 2013 con mayoría absoluta incumplió su programa electoral al renunciar a corregir el modelo el Gobierno, a través del ministro de Presidencia, dinamitó ayer cualquier opción de lograr un acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de cumplir mil días en prórroga. Las tesis del PSOE y del PP, los únicos partidos que cumplen con el requisito de reunir las tres quintas partes necesarias del Congreso para pactar la renovación, parecen irreconducibles, y la crisis institucional se está agudizando de un modo inédito en nuestro periodo democrático.

El PP se niega a negociar nada mientras Pedro Sánchez no acate las recomendaciones de la Unión Europea de que una parte esencial -la de los llamados vocales judiciales- sea elegida por los propios jueces en lugar de por los partidos. La primera ley del poder judicial, de 1981, atribuía a los jueces la designación de doce de los veinte vocales de su órgano de gobierno. Esta es la fórmula que siempre ha defendido ABC al parecer la más idónea y equilibrada para mantener la independencia jucicial. Pero en 1985, el Gobierno de Felipe González modificó el sistema de nombramiento para que el Congreso, los partidos en definitiva, asumiesen todos los nombramientos con el debido consenso constitucional, pero dejando a las asociaciones de magistrados prácticamente al margen. En aquel momento se hizo famosa la frase pronunciada por Alfonso Guerra de que «Montesquieu ha muerto». La reivindicación del PP tiene hoy sentido porque si el objetivo deseable es despolitizar la Justicia, lo lógico sería retornar a un sistema en el que los propios jueces tengan voz y voto directo y automático sobre sus representantes. A su vez, el PSOE se niega con el burdo argumento, entre ideológico y clasista, de que la judicatura es mayoritariamente conservadora por ADN, y por tanto la izquierda jamás podría tener el control del poder judicial. Y en estos términos, la negociación permanece encallada, sin visos de resolución, incumpliendo un mandato constitucional y abonando el desprestigio.Pero si el PSOE es responsable de pervertir el modelo, el PP lo es de mantenerlo.

En 2013 el Partido Popular, que por entonces gozaba de mayoría absoluta con Mariano Rajoy en La Moncloa, aprobó una reforma de la ley orgánica del poder judicial en la que sorprendentemente renunciaba a su propio programa electoral y no modificaba el sistema de elección de vocales. En realidad, la elección permanecía en manos de la mayoría de turno del Congreso, en aquel momento muy mayoritaria del PP, y nada cambiaba: ni la percepción de pasteleo con los nombramientos, ni la certeza de que todo se seguiría basando en un cambio de cromos entre un partido y otro, ni los enjuagues políticos. El PP tuvo la ocasión perfecta para abordar de una manera definitiva la despolitización de la justicia, y no lo hizo. Se limitó a abordar una reducción de competencias del Consejo. Igual que lo hace hoy, ABC lo reflejó el 28 de junio de 2013 en un editorial: «El Partido Popular ha aprobado una reforma del poder judicial políticamente difícil de explicar, que mantiene sometida la designación de los doce vocales del CGPJ a los pactos partidistas y complica, más de lo que ya está, la vida de este órgano». «Lo que se esperaba del PP, que hizo de la despolitización de la Justicia santo y seña de su proyecto para la democracia española, era otra cosa muy distinta», añadíamos. Hoy el PP de Pablo Casado vuelve a defender esta tesis. Bienvenido sea. Pero hace mucho tiempo que el PP debió resolver lo que el PSOE convirtió en un sistema viciado de arbitrariedad. De aquellos polvos, estos lodos.

El Gobierno enseña a los jueces su lado más totalitario
OKDIARIO 3 Septiembre 2021

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo ha dejado claro: el Gobierno no tiene intención alguna de apoyar una reforma del sistema de elección que permita a los jueces designar directamente a doce de los 20 vocales que componen su órgano de gobierno, como reclama el PP. El argumento de Bolaños provoca escalofríos en cualquiera que se sienta concernido con la separación de poderes en un Estado de Derecho: «Los poderes del Estado no se pueden convertir en departamentos estancos; ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos a los políticos», ha dicho. La frase se las trae, porque la democracia consiste, precisamente, en lo contrario de lo afirmado por el ministro: poderes separados para garantizar la independencia y evitar así las tentaciones totalitarias del Ejecutivo. El problema es que mientras los políticos sí eligen a los políticos -lo de Bolaños es de aurora boreal, ¿en qué país vive este hombre? -, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere elegir también a los jueces, invadiendo de manera flagrante su ámbito de competencias jurisdiccionales.

El PP forzará un debate en el Congreso de los Diputados para retratar el «afán totalitario» de Sánchez en sus pretensiones de invadir el CGPJ. Bien está, pero después de escuchar al ministro de Presidencia el «afán totalitario» del Gobierno ha quedado más que retratado. Y es que no ha podido ser más claro. Si la frase de marras de Bolaños la hubiera pronunciado Nicolás Maduro sería simplemente la constatación de que Venezuela no es una democracia, sino un régimen dictatorial en el que el Gobierno somete a los jueces. Dicha aquí, en España, en boca de un miembro del Ejecutivo, es para salir corriendo. De un plumazo, el Gobierno se ha ciscado en la Constitución sin ningún recato. Sánchez enseña a los jueces su lado más totalitario y les lanza un mensaje amenazante: aquí mando yo. Más claro, agua

Casado y la resurrección de Montesquieu
EDITORIAL. Libertad Digital 3 Septiembre 2021

Por lamentable que resulte, no supone novedad alguna que dirigentes socialistas se manifiesten en contra de la división de poderes, tal y como tan clara y bochornosamente ha hecho este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al afirmar, sin sonrojo alguno, que, en una democracia, "los jueces no pueden elegir a los jueces".

Ciertamente, desde la ominosa Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que hizo caso omiso a la literalidad del artículo 122 de la Constitución, los socialistas han venido defendiendo, con aquella proclama guerrista de "Montesquieu ha muerto", que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean, todos ellos, designados por mayorías del Congreso y el Senado. Desde entonces, jamás un representante socialista ha hecho la menor crítica a ese "obsceno espectáculo de ver a los políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos", tal y como, tan tardía como efímeramente, proclamó desde el PP Alberto Ruiz Gallardón en 2012, poco antes de volver a participar su partido nuevamente en ese "obsceno espectáculo" en el que venía participando desde hacía décadas.

Así las cosas, lo destacable –y positivo– no es que los socialistas no renuncien a la designación política de los miembros del CGPJ, sino que el PP de Pablo Casado retome la bandera de la independencia del Poder Judicial hasta el punto no ya de reclamar una reforma de la ley para que una parte de los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y magistrados –tal y como dicta el referido artículo 122 de la Constitución... y como recientemente ha reclamado la Comisión Europea–, sino de exigir la dimisión de Bolaños por manifestarse tan claramente en contra de acabar con el intolerable statu quo de la designación de los miembros del Poder Judicial desde hace 35 años.

Con esta airada y encomiable reacción, Casado no sólo disipa momentáneamente los temores, acrecentados con la defenestración de Cayetana Álvarez de Toledo, de que pudiera volver al cambalache con el PSOE en la renovación del CGPJ, sino que deja a los socialistas como grandes culpables de la interinidad en que está el órgano de gobierno de los jueces desde hace tanto, por su empecinamiento en que los políticos sigan siendo los que elijan a la totalidad de sus vocales.

Si a lo anterior se suma la difícil situación en la que, gracias a un recurso de Vox ante el Tribunal Supremo, se encuentra la fiscal general del Estado, Dolores Delegado –esbirra del Gobierno y de su tóxica pareja, el condenado exjuez Baltasar Garzón–, bien se puede afirmar que no todo está perdido en la batalla por la auténtica separación de poderes, crucial en una democracia digna de tal nombre.

‘Paz para nuestro tiempo’
Ricardo Ruiz de la Serna. https://gaceta.es 3 Septiembre 2021

En estos días, muchos repiten que los talibanes son un mal menor frente a otros horrores como el Estado Islámico. Insisten en que, al final, habrá que terminar reconociéndolos porque son quienes controlan el territorio. Advierten que el Emirato Islámico de Afganistán de hoy puede ser algo distinto de lo que fue entre 1996 y 2001. Hay quien, incluso, observa que «en todos los países se oprime a las mujeres» como si la teocracia talibán fuese lo mismo que una democracia europea.

Esto ya sucedió en nuestro continente. A mediados y finales de los años 30, los nazis parecían invencibles. Quienes podían haber detenido a Hitler prefirieron apaciguarlo. En primer término, el mayor imperio de su tiempo: el británico. Poco a poco, se multiplicaron los tratados y las declaraciones que pretendían asegurar la paz con el III Reich. El caso más escandaloso fue el Acuerdo de Múnich de 1938, que selló el destino de Checoslovaquia -la entrega de los Sudetes fue el prólogo a la desmembración del país- con el consentimiento de Londres y de París. El Tratado Ribbentrop-Molotov de 1939 no fue el primer acuerdo con la Alemania nazi. Fue el último. Después, se desencadenó la tormenta. La invasión de Polonia por los ejércitos del III Reich y de la Unión Soviética no fue sólo consecuencia de ese acuerdo, sino de la tibieza y la confusión de los gobiernos democráticos. Hitler pudo rearmar a Alemania, presionar a sus vecinos, anexionarse Austria, amenazar a Checoslovaquia hasta despedazarla y nadie lo impidió. Chamberlain regresó de Múnich con la creencia de que el Pacto con Hitler era “paz para nuestro tiempo”.

En realidad, jalonó el camino de la guerra.

No puede haber apaciguamiento ni claudicación con una tiranía. Las concesiones hacia ella no revelan responsabilidad ni “realismo”, sino debilidad. El Emirato Islámico de Afganistán, el Estado Islámico, la Revolución Islámica de Irán y su teocracia de ayatolás tienen diferencias doctrinales y teológicas, pero comparten un fondo tiránico de fanatismo y violencia. El relativismo cultural y la intoxicación “woke” que asfixian a Europa llevan a exagerar unos matices que, en realidad, no son tan relevantes a la hora de valorar la naturaleza de esos regímenes.

Debemos volver a Tucídides y al “Discurso fúnebre de Pericles”. Por imperfectas que sean las democracias, las separa de las tiranías una distancia insalvable. Occidente está fundado sobre la dignidad intrínseca de todo ser humano, sobre la libertad, sobre la limitación del poder y la complementariedad de la fe y la razón. Los europeos, los americanos y tantos otros herederos de la civilización occidental estamos encaramados a veinticinco siglos de tradición humanística.

He aquí la magnitud de lo que Occidente está abandonando con un pretendido realismo que sólo encubre una rendición y una retirada. La gran debilidad de nuestra civilización reside, precisamente, en que ha dejado de creer en sí misma.

No. Los talibanes no son el mal menor. No son la opción menos mala frente a otros islamistas, otros yihadistas ni otros fanáticos asesinos. Todos estos movimientos tienen en común la inhumanidad, la violencia y la negación de la dignidad de todo ser humano.

La retirada de Afganistán, como toda retirada frente a una tiranía, no ha sido un avance de la paz, sino un retroceso en la defensa de la dignidad y la libertad del ser humano.

Vean ustedes hasta qué punto nuestra civilización se está traicionando a sí misma.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
De la agitación pre-Diada al botellón

Sergio Fidalgo. okdiario 3 Septiembre 2021

Que el separatismo ha decidido cambiar, de momento, la agitación callejera por reagrupar de fuerzas y acumular recursos para que el futuro «lo volveremos a hacer» sea exitoso, es más que evidente. En Cataluña, en los años álgidos del ‘procés’, agosto era un mes muy caliente, políticamente hablando, con amenazas al Gobierno de España, declaraciones pre-bélicas de los principales líderes separatistas y un apoyo total de las masas independentistas a los preparativos de la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre que convocaba la ANC y Òmnium Cultural.

La gran noticia política de Cataluña en este mes de agosto no han sido los récords que antaño batían las entidades separatistas en ciudadanos inscritos para la gran marcha norcoreana del separatismo: de lo que más se ha hablado es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desautorizado la intención de la Generalitat de mantener el toque de queda nocturno. Pere Aragonès buscaba eliminar los botellones aplicando normas dignas de un estado de sitio, como si para evitar que unos miles de jóvenes beban en la calle a altas horas de la madrugada no bastara con la policía autonómica. Que no ha sido suficiente, pero no por culpa de la eficacia de los agentes, sino porque el Govern ha demostrado sobradamente su inutilidad, y cuando pones a incapaces a dirigir una consejería como la de Interior, no controlas ni a unos jóvenes borrachos o en camino de serlo.

Miedo da lo que harían Esquerra Republicana y Junts en una hipotética República Catalana para afrontar una crisis de seguridad de las de verdad. Si miles de jóvenes, ‘armados’ con latas de cerveza y tetra briks de sangría, han desbordado a los Mossos d’Esquadra, si hubiera disturbios por razones económicas o sociales, o una crisis terrorista, veríamos al presidente diciendo que la culpa era «de España». Tengan claro que si algún día – aunque es imposible con esta banda de incapaces que dirigen los partidos separatistas – Cataluña fuera independiente, no se librarían del «España nos roba» o «España nos maltrata». Sin «España» para culparla de todos sus males, un secesionista catalán no es nada.

A la espera que la mal llamada mesa de diálogo, en realidad «mesa del trapicheo», consagre las nuevas concesiones económicas y competenciales de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes a cambio de su apoyo en el Congreso de los Diputados, queda claro que la manifestación de este próximo 11 de septiembre será una movilización residual, que reunirá a unas docenas de miles de radicales que tendrán como único fin detenerse ante la Jefatura de la Policía Nacional de Vía Layetana para pitar a los agentes y exigir su cierre. En eso han quedado las peticiones del separatismo más asilvestrado: de «el mundo nos mira» y «tenemos prisa» a conformarse con que trasladen la comisaría del CNP del centro de Barcelona.

Por supuesto, no hay que concederles esta victoria simbólica, aunque el Gobierno de Sánchez esté más que dispuesto a todo tipo de concesiones menores con tal de ir ganando votaciones en el Congreso y así apurar la legislatura al máximo. Que las encuestas pintan un panorama muy oscuro para PSOE y Podemos y todo lo que sea ganar tiempo, a la espera de algún giro en los acontecimientos que impida la victoria del centro-derecha, será bienvenido. Pere Aragonès lo sabe y va a cobrar muy caro su apoyo al líder socialista, porque además sabe que tiene un gobierno muy deficiente que no controla ni los botellones y necesita recursos y nuevas competencias para consolidar su posición.

Acariciar al escorpión
Alejandro Tercero. cronicaglobal 3 Septiembre 2021

Siempre me he preguntado cómo fue capaz el escorpión de la fábula de convencer a la rana para que cargara con él a su espalda y cruzase el río. Como todos sabemos, a mitad de camino, el alacrán picó al anuro y lo envenenó, y mientras ambos se hundían este preguntó: “¿Por qué lo has hecho, ahora moriremos los dos?”. A lo que el arácnido respondió: “Es mi naturaleza”.

Es cierto que las cosas en Cataluña están bastante calmadas. Sobre todo si las comparamos con los momentos más álgidos del procés o con los años inmediatamente anteriores. No parece que a corto plazo vayamos a vivir otro intento de secesión unilateral como el de 2017, ni es probable que el nacionalismo retome inmediatamente los niveles de violencia salvaje de aquel otoño ni los de dos años después.

Sin embargo, me asombra el conformismo de una parte del constitucionalismo con esta situación. Es decir, ¿nos basta con que los independentistas no la vuelvan a liar en los próximos meses o años? ¿Vamos a permitir que sigan mangoneando a su antojo desde las instituciones públicas? ¿Debemos seguir aguantando que toda la administración autonómica siga impregnada de nacionalismo hasta el tuétano?

El constitucionalismo más pánfilo ofreció durante décadas su espalda al nacionalismo hasta que, llegados a mitad del río, este le clavó su aguijón en forma de procés. Fue una actuación que, como a la rana, sorprendió a muchos bienintencionados porque todos perdían con ella. Los muy ingenuos --los de aquí y los de Madrid, que en ambos sitios abundan-- no se habían enterado de que así es la naturaleza del independentismo.

Ahora, cegados por un cortoplacismo timorato y pusilánime, muchos terceristas se conforman con la paz actual. Aspiran a recuperar ciertas dosis de pujolismo y algunas raciones de peix al cove. Prefieren no exigir a los nacionalistas nada a cambio, no sea que vuelvan a las andadas. De hecho, no solo no les exhortan a gobernar para todos, sino que incluso plantean nuevas dádivas, como el perdón de Puigdemont y del resto de fugados en el extranjero. Parece que no les bastó con los indultos, pese a que se ha demostrado que no sirvieron para nada. Bueno, para algo sí, para humillar a los catalanes que se partieron la cara contra el procés.

Algunos siguen empeñados en tratar de convencer al escorpión, pretenden persuadirlo, proponen acariciarlo para ver si así entra en razón. Y, llegado el momento, volverán a subírselo a la chepa y lanzarse al río.

Pero lo peor de todo es que volverán a sorprenderse cuando el bicho les clave el aguijón y, de nuevo, se vaya todo al garete.


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