AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 8  Septiembre  2021

La UE y la inaplazable independencia del Poder Judicial
EDITORIAL. Libertad Digital 8 Septiembre 2021

El discurso del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante la apertura del curso judicial, presidida por el Rey, ha servido para que PSOE y PP nuevamente se reprochen la situación de lamentable interinidad en que el órgano de gobierno de los jueces está instalado desde hace años; cruce de acusaciones que ya se produjo la semana pasada, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo oponerse a que "los jueces elijan a los jueces".

La verdad es que Lesmes ha sido muy oportuno al lamentar la situación de interinidad del CGPJ y las declaraciones de quienes, para justificar los indultos a los golpistas del 1-O, han llegado a contraponer la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la Ley, a la que todos nos debemos, fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas.

Si Lesmes, a la hora de avalar las sentencias sobre el 1-O, ha estado oportuno al recordar que "los jueces españoles también son jueces europeos y su independencia no puede ser comprendida plenamente sin la perspectiva de su acogimiento a las normas internacionales y del Derecho europeo", no hubiera estado de más que también hubiera evocado nuestra pertenencia a Europa al aludir a la renovación del CGPJ. Así, podría haber leído el punto 46 (capítulo VI) de la recomendación del Consejo de Europa de 2010, que literalmente dice:

La autoridad [el CGPJ] que toma decisiones sobre la selección y carrera de los jueces debe ser independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para garantizar su independencia, al menos la mitad de los miembros deben ser jueces elegidos por sus pares.

Eso, por no recordar las más recientes declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión Europea, y comisaria de Transparencia, Vera Jourobá; por no hablar del artículo 122.3 de la Constitución, que señala que, entre los 20 vocales del CGPJ, doce serán elegidos "entre jueces y magisttados de todas las categorías judiciales (…), cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado".

En este sentido, hace bien el PP en no desistir y en exigir como condición sine qua non la renovación del CGPJ por medio de una reforma de la ley que le haga recuperar la independencia perdida. A la postre, hay algo más lamentable que prolongar la situación de interinidad del Consejo: prolongar la designación política de todos sus miembros. Y es que, por si fuera poco lo que la dicen al respecto la Comisión Europea y la Constitución, bien se le podría recordar a los progresistas la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (art. 16), que tanto citan cuando les conviene:

Toda sociedad en la que no se encuentre asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes carece de Constitución.

La difícil defensa de Casado
Emilio Campmany. Libertad Digital 8 Septiembre 2021

A cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, PSOE y PP se encuentran enzarzados en una lucha donde por supuesto nadie respeta las reglas del marqués de Queensberry. Por otra parte, los medios ni quitan ni ponen rey, pero ayudan a su señor. Los gubernamentales aceptan sin rechistar el estúpido argumento de que el PP incumple la Constitución, que es algo completamente falso. Es más, si algo incumple la Constitución en todo esto es la ley que redactó el PSOE y que otorga a los políticos la facultad de elegir a los doce vocales del Consejo que han de salir de entre jueces y magistrados. Y los medios de la oposición defienden sin más el enroque de Casado dándole legitimidad a su exigencia de que se reforme la ley para conformarla con la Constitución antes de consentir ninguna renovación.

La ley de 1985 es inconstitucional, pero el tribunal que debería haberlo declarado dijo lo contrario tras las oportunas presiones del Ejecutivo presidido por Felipe González. Por consiguiente, la ley es formalmente constitucional, pero esto no impide cambiarla. Lo mismo les pasa a muchas. Sin ir más lejos, son igualmente inconstitucionales la del matrimonio homosexual y la del aborto. El caso de la del matrimonio entre parejas del mismo sexo es idéntico al de la de la elección de vocales del Consejo, que el tribunal la declaró constitucional sin serlo, pero el PP, que fue quien interpuso el recurso, pudo haberla reformado y, sin embargo, no lo hizo. La del aborto está esperando sentencia, pero el PP también pudo cambiarla y tampoco quiso.

Entonces, ¿tiene o no Casado legitimidad para condicionar su colaboración en la renovación de cargos del Consejo a que el PSOE cambie la ley? Ninguna. Si el PP quiere cambiarla, que lo haga cuando gobierne, algo que por otra parte tuvo muchas ocasiones de hacer, pero prefirió desaprovecharlas. Otra cosa es que cuando llegue al poder, si es que lo consigue, y por una vez y sin que sirva de precedente, cumpla lo que promete.

Además, no es la primera vez que el PP se ve obligado a pactar una renovación del Consejo mientras gobierna el PSOE, y nunca exigió como requisito previo la reforma de la ley. En su momento no tuvo inconveniente en pastelear los jueces que hicieran falta, incumpliendo sus promesas electorales, porque podía abusar de que el electorado de derechas no tenía otro partido al que votar que no fuera a éste al que tanto le incomodaba tener que defender las ideas de sus votantes. Pero hoy está Vox y, desaparecido Ciudadanos y cegada en consecuencia la espita por donde huían los votantes de centro, el PP necesita conservar y ganar los que pueda por la derecha. Y a ese fin sirve la negativa de renovar el Consejo mientras no se cambie la ley. Más allá de las muchas tonterías que dicen los líderes del PSOE y sus medios afines, la actitud no es del todo edificante.

Aumenta el acoso independentista contra la Policía y la Guardia Civil en Cataluña: "Señalan a tus hijos en el colegio"
Los agentes se ven obligados a ocultar su profesión para evitar que las familias sufran represalias.
Libertad Digital 8 Septiembre 2021

Para muchos policías y guardias civiles desplegados en Cataluña es imposible seguir adelante con su día a día debido a la presión constante que soportan por parte del independentismo. No solo ellos padecen esta situación. En muchas ocasiones, sus propias familias se ven señaladas y acosadas, motivo por el cual, más de 900 agentes (uno de cada cuatro) han pedido este 2021 abandonar Cataluña.

"Hemos llegado al punto de no decir que somos guardias civiles", ha explicado Alfonso Merino, secretario general de la AUGC en Cataluña en el programa Es la mañana de Federico, en esRadio. "En Cataluña, yo que llevo aquí 27 años, hacía una vida normal. Y ahora en los colegios, ¿para qué vamos a decir que somos guardias civiles? Claro que atañe a nuestras familias, evidentemente, porque dependiendo de los profesores que le toquen a tus hijos, los señalan por el mero hecho de ser hijos de guardias civiles", denuncia Merino.

Por ese motivo, Cataluña se ha convertido prácticamente en un destino obligado para los agentes novatos, el único en el que siempre hay plazas libres, ha explicado Merino: "Hay que tener en cuenta que aquí normalmente viene la gente o recién salida de la academia o que ha cumplido el primer año de prácticas. Son los únicos destinos que quedan libres y suelen mandar a la gente forzosamente".

Y este acoso por parte del independentismo que están sufriendo los efectivos de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña se produce ante la impasividad del Ministerio del Interior, denuncia Merino: "Aquí nos sentimos completamente abandonados desde el año 2017 y el apoyo ha sido escaso o nulo". Lo mismo denuncia Carlos Morales, portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP): "Llevamos bastante tiempo denunciando un desamparo institucional por parte del ministerio interior así como otros ministerios y un claro ejemplo de ellos lo que ha ocurrido con la vacunación de las diferentes policías en Cataluña".

Morales se refiere a la discriminación que sufrieron los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando la Generalidad paralizó la vacunación contra la covid. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo que intervenir para ordenar que la Sanidad catalana les vacunase "sin excusas ni dilaciones".

"Desde el año 2017 está creciendo el acoso independentista hacia la Policía Nacional. Y no solamente somos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que estamos sufriendo este acoso independentista. También son nuestras familias y nuestros hijos, que están siendo señalados en los colegios, que están siendo insultados y están siendo acosados", denuncia Morales.

Por ese motivo, desde SUP exigen al Ministerio del Interior que declare de forma urgente a Cataluña como un "Territorio de Especial Singularidad". Creen que la peligrosidad que afrontan en su día a día debe incorporar complementos económicos, incentivos profesionales y otros beneficios sociales.

Sara Izquierdo: ’Más de 1.000 chequistas asesinaron a cerca de 3.000 personas’
Josep María Francàs. https://rebelionenlagranja.com 8 Septiembre 2021

Conversación tranquila de @jmfrancas con Sara Izquierdo, Dra. en Geografía y Técnico Urbanista, trabajo como profesora de Geografía de la Universidad CEU San Pablo y coordinadora del Instituto CEU de Estudios Históricos.

JMF: Has sido responsable de una investigación sobre ‘Checas en Madrid’, ¿en qué consistió?
SI: Bajo el título “Checas de Madrid” el Instituto CEU de Estudios Históricos realizó un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de la Presidencia entre 2011 y 2012. Dicho proyecto contaba con Alfonso Bullón de Mendoza como investigador principal, formando yo parte de su equipo de investigación. Con objeto de divulgar los resultados más significativos de ese proyecto, en 2019 me encargué de montar la web checasdemadrid.com (también con el dominio checasdemadrid.es). Hecha esta aclaración sobre me implicación, y para responder a tu pregunta, lo primero sería explicar qué es una checa. El término “checa” procede de la Cheká, la primera policía política soviética creada en Rusia en 1917, la “Comisión extraordinaria panrusa para la supresión de la contrarrevolución y el espionaje”. En España, y siguiendo este modelo, las checas fueron centros facultados para realizar detenciones, requisas y asesinatos durante la Guerra Civil. Su actividad en Madrid comienza en julio de 1936 y, en muchos casos, se prolonga hasta noviembre de ese mismo año, continuando algunas de ellas su actividad bajo otras formas. En esos meses, más de 1.000 chequistas sembraron el terror en Madrid y asesinaron a cerca de 3.000 personas, triste balance que denota su importante papel en la represión frentepopulista. Dicho esto, nuestro trabajo se centra en el estudio de las checas, la identificación de sus víctimas mortales y de los chequistas.

JMF: ¿Cuándo aparecen las ‘checas’ y por qué?
SI: Las checas aparecen en Madrid y otras capitales en el verano de 1936. El período de mayor actividad de las checas transcurre entre la creación de las checas oficiales de Fomento y Bellas Artes a principios de agosto de 1936 y la formación de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia a finales de septiembre del mismo año. La actividad continúa hasta noviembre de 1936. Están al servicio de la represión y el terror en Madrid durante los primeros meses de la Guerra Civil. Y esto fue así porque defender la República equivalía entonces a desencadenar la revolución, y la revolución presupone el terror.

JMF: ¿Quién fue el responsable de su creación?
SI: Las checas no tuvieron un responsable en exclusiva. Muchos grupos tuvieron checas en Madrid: los anarcosindicalistas 83, los comunistas 54, los socialistas 40, además de las que tenían sus respectivas milicias y ejército popular, las 12 de la Dirección General de Seguridad y otras más hasta sumar casi 350 checas.

JMF: Y todas se dedicaron a lo mismo: exterminar al no amigo…
SI: Sí, se dedicaban a hacer detenciones, interrogatorios, requisas y asesinatos.

JMF: ¿Siempre en el mismo sentido o también entre ellos?
SI: En principio, en el mismo sentido. Muchos porteros pusieron en el punto de mira a sus vecinos, por ejemplo acusándolos de ser de derechas, de ir a misa, etc. Al terminar la guerra fueron juzgados por ello.

JMF: En el otro bando pasaba lo mismo aunque con distinto nombre?
SI: No, no hubo nada similar en el otro bando.

JMF: ¿Quién era Agapito García Atadell?
SI: Agapito García Atadell fue el responsable de la checa situada en la antigua casa de los condes del Rincón, en el barrio de Salamanca, una de las que tuvo más víctimas, entre asesinatos y robos. Huyo de España con un importante botín con destino a Cuba, vía Francia, en el barco “Mexique”. Detenido en una escala en La Palma, fue condenado por rebelión militar y ejecutado en la prisión de Sevilla el 15 de julio de 1937.

JMF: Pero era tipógrafo y acabó jefe de las ‘milicias populares de investigación’ un policía al fin y al cabo ¿no?
SI: Agapito no formó parte la Policía, entendida como cuerpo de seguridad del Estado, sino de una fuerza paralela al margen de la ley. Con el comienzo de la guerra, la revolución se abrió paso mediante la formación de comités, el reparto de armas, la actuación conjunta de las milicias con las fuerzas de seguridad del Estado y el inicio del terror. El Gobierno renuncia a emplear los recursos a que le autorizaban la Constitución y la Ley de Orden Público, es decir, la declaración del estado de guerra y disposiciones anejas a esta situación. El funcionamiento de las checas resulta difícil de interpretar si se olvida la existencia en paralelo de un Gobierno y de un proceso revolucionario, así como la pugna entre los protagonistas de éste para determinar cuál de las fuerzas implicadas lograría imponer su hegemonía al resto.

Los sectores del Frente Popular implicados en la revolución coincidían en la voluntad de exterminio de las personas y sectores sociales considerados un obstáculo para la nueva sociedad que se pretendía implantar. El Gobierno nunca demostró voluntad efectiva de hacerles respetar la ley, consciente de qué dependía de ellos para garantizar su propia supervivencia. De ahí el caos imperante en una retaguardia, donde cada grupo movilizó milicias, constituyó órganos de gobierno y administración, creó policías y tribunales y se dedicó a toda clase de ensayos económicos y sociales. Las checas comienzan estando al servicio de los más diversos grupos, coincidiendo su drástica reducción en número con la aproximación a Madrid de las tropas nacionales en noviembre de 1936, que es cuando Agapito huye de la ciudad con su mujer, llevándose lo robado y con pasaportes falsos.

JMF: Agapito y su mujer, ¿fueron casos excepcionales o ahí cada uno buscaba su beneficio personal?
SI: El caso de la huida de Agapito es excepcional, empezando por la fecha (en noviembre de 1936) y por las razones que le llevan a salir de España. En octubre de 1936, Largo Caballero crea una retaguardia oficial con idea de terminar con las actividades incontroladas como la suya. El miedo también tuvo que pesar en su decisión: las tropas nacionales se aproximaban a Madrid, tras la caída el 28 de septiembre de Toledo, y si la ciudad seguía su ejemplo él era un claro candidato a ser fusilado. También están sus enfrentamientos con los comunistas, comprensible habida cuenta de su trayectoria (fue primero socialista, luego comunista y finalmente socialista) y que llega un momento en el que los comunistas quieren participar de sus robos y le acusan públicamente de contrarrevolucionario por salvar en embajadas a gente de la derecha. Realmente, estas “liberaciones” de Atadell, lejos de ser una muestra de flaqueza o benevolencia, solían deberse al pago de cantidades de dinero por parte de los allegados de las personas detenidas. Su plan de escape empieza a finales de septiembre. Detrás de la excepcionalidad que comentaba al principio está, además, que Agapito era un personaje conocido y poderoso, que salía en la prensa (en el Heraldo de Madrid, Informaciones, El Socialista o Política) y se codeaba con ministros, embajadores y magistrados; que ejerció una gran hipocresía y crueldad; que por su checa pasaron personas tan relevantes como Rosario Queipo de Llano; que las fuentes cifran lo robado por él y sus compinches en 4 millones de pesetas en metálico, joyas y objetos de arte; que las circunstancias de su huída y su final son dignos de un guion de película. La salida de Piedad, su mujer, acompañándolo no cabe ser considerada como exilio: huye de España con Agapito porque éste ve peligrar su actuación como chequista, su botín fruto del robo y la extorsión, así como su integridad física.

JMF: ¿Sabes cuando acabaron las ‘checas’ en Madrid?
SI: La actividad continúa hasta noviembre de 1936. ¿Qué marca esta fecha? La estabilización del frente nacional en Madrid. Ante la huida del Gobierno a Valencia, la situación queda en manos de la Junta de Defensa de Madrid, creada el 6 de noviembre bajo la presidencia del general Miaja y con el comunista Santiago Carrillo al frente de la consejería de Orden Público. Los miembros de las checas que se disuelven se trasladan a lugares de la retaguardia más seguros, siendo dedicados los edificios a otros usos y sufriendo los avatares del conflicto. Las checas que quedan se integran en el aparato policial.

JMF: ¿Las checas entonces acabaron dependiendo de Carrillo?
SI: No, no existía ninguna dependencia común de las checas de una persona o de un organismo.

JMF: ¿Cada una actuaba por cuenta propia?
SI: Sí. Al cartografiar su ubicación nos dimos cuenta de que no había ninguna estrategia, cada una se ubicó donde quiso o pudo, sin tener en cuenta la proximidad o no a otras checas.

JMF: Muchas gracias Sara, no te quito más tiempo. Un beso.
SI: Perfecto, te lo agradezco. Un beso.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Bloqueo socialcomunista al Parlamento

OKDIARIO 8 Septiembre 2021

Pedro Sánchez va a pasar a la historia por ser el presidente más censor de la democracia. Su consigna es no dar voz en el Congreso a los diputados del PP, que ya han denunciado la vulneración de sus derechos. En una proposición no de ley, la formación de Pablo Casado denuncia que 450 peticiones de comparecencias de ministros se encuentran aún pendientes de celebrar y 400 solicitudes de información por parte de diputados del principal partido de la oposición siguen sin respuesta.

Como ejemplos, hay determinadas comisiones ante las que algunos ministros llevan más de año y medio sin comparecer. Asimismo, casi 100 enmiendas presentadas por el PP han sido vetadas sin la más mínima motivación. Un total de 207 preguntas formuladas por diputados del Grupo Popular fueron contestadas con el mismo párrafo que únicamente remitía a la comparecencia del ministro en el Congreso. El PP denuncia que «mientras iniciativas de determinados grupos están en condiciones de ser incorporadas al orden del día del pleno en 4 o 5 días, las del Grupo Popular tienen que esperar 30 días hasta que se cumpla el plazo de contestación del Gobierno».

Estamos ante una flagrante quiebra de la legalidad parlamentaria, lo que supone una vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, pero a Pedro Sánchez el principio de la legalidad se la sopla. Su estrategia pasa por obstruir el ejercicio de los derechos de los parlamentarios de la oposición de centroderecha y para ello cuenta con la inestimable colaboración de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. A Pedro Sánchez, los derechos de los diputados de los partidos que no son de izquierdas, ni golpistas, ni proetarras le importan una higa. Ha decidido bloquear el Parlamento y acallar las voces críticas contra su gestión. El socialcomunismo ha decidido poner sordina a las opiniones de quienes no le bailan el agua. El Congreso languidece. Ya puestos, que lo cierre.

Otra agresión al español
Abrir un expediente sancionador a los sanitarios y médicos de Baleares que no hablen en catalán con sus pacientes es otra medida antidemocrática viciada de separatismo
Editorial ABC 8 Septiembre 2021

El Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, abrirá un expediente sancionador a todo el personal sanitario que no atienda en catalán a los pacientes que así lo reclamen. La medida, además de abusiva, es muy grave porque contraviene la previsión constitucional de utilizar el castellano como lengua oficial del Estado e idioma común de todos los españoles. El uso de las lenguas cooficiales es sin duda un elemento más de la riqueza de nuestro patrimonio como nación, y es lógico que en aquellas autonomías donde su uso es habitual se enseñe y se impulse como un mérito y como un requisito añadido a la formación específica o especializada. Lo que no puede ser es una herramienta de exclusión del español, y menos aún en el ámbito sanitario, donde la prioridad no debe ser la lengua, sino la curación del enfermo.

Armengol, más que socialista, es una nacionalista encubierta. De hecho, el Gobierno balear está demostrando una vez más un sectarismo excluyente fruto de un independentismo acomplejado que simula no serlo, pero que a la hora de la verdad lo ejerce con la misma crudeza que los partidos gobernantes en Cataluña. Es otra consecuencia más de esa absurda mitología de los ‘Països catalans’ o del pancatalanismo forzado con el que comunidades como Baleares están renunciando a su propia historia y a su sentido de la lógica. Después, no deberían quejarse demasiado si hay un éxodo de sanitarios que se sienten perseguidos y amenazados por el mero hecho de hablar en español si con eso creen que desempeñan mejor su trabajo, que es de lo que se trata. En el fondo subyace ese deseo incorregible del nacionalismo de imponer sus normas a la fuerza y erradicar todo lo que suene a español sin que el Estado haga nada para corregir esta destructiva tendencia, que ya dura décadas.

A menudo da la impresión de que a la España de hoy hace tiempo que le dejó de importar ser la España constitucional diseñada en 1978, para pasar a convertirse en un sucedáneo federal que el separatismo usa para amedrentar con dogmas e incumplimientos legales. Y esto no ocurre solo en el ámbito sanitario, sino en todo el empleo público, incluso en la justicia, donde se están fabricando auténticos guetos de funcionarios militantes sin importar tanto el mérito o la capacidad como el fervor nacionalista y la cuerda ideológica afín. Se están usando las lenguas cooficiales como una coartada cada vez más coactiva para erradicar el español del espacio público, imponiendo de manera vinculante lo que debería ser solo optativo y voluntario. Es otra forma de sometimiento y, en definitiva, una merma de libertad consentida con una permisividad e indolencia colectivas que no se comprenden.

El hecho de que baste una simple denuncia de un ciudadano para que la llamada Oficina de Derechos Lingüísticos expediente a un médico por no atenderle en catalán es antidemocrático. Un país en el que solo el paciente tenga derechos, y el médico o el sanitario solo tengan obligaciones si no quieren ser acusados de cometer «agresiones lingüísticas», no es un país libre. Una agresión lingüística es multar, señalar y criminalizar a quien rotule en castellano en Cataluña, por ejemplo. Y lo hacen algunas autonomías sin que nadie proteja a la víctima. Para colmo, la previsión del Gobierno balear de que una de cada nueve gerencias de centros de salud tenga un comisario para velar por el cumplimiento de la normativa lingüística demuestra que no está en marcha un proceso de inmersión constructiva, sino una cacería del discrepante. Sociológicamente todo resulta muy empobrecedor.

COMUNIDAD VALENCIANA
Compromís culmina la implantación de su modelo lingüístico con un vuelco a la enseñanza en valenciano
NOA DE LA TORRE. Valencia. El Mundo 8 Septiembre 2021

El Consell tarda seis cursos en finiquitar las antiguas líneas del PP que, según el conseller Marzà, "segregaban en función de la lengua"

STEPV El sindicato mayoritario presiona a la Generalitat para blindar la inmersión en valenciano con la 'ley Celaá'

Seis cursos ha tardado el Gobierno valenciano de izquierdas en finiquitar el modelo lingüístico del PP para colegios e institutos, y que consistía en la convivencia de dos líneas o programas que permitían al alumnado elegir entre valenciano o castellano como lengua vehicular. "Hemos eliminado las líneas porque segregaban en función de la lengua", destacaba este lunes Vicent Marzà (Compromís), conseller de Educación y máximo responsable de la política lingüística del Ejecutivo que lidera Ximo Puig.

El balance no es otro que un aumento de los escolares que estudian mayoritariamente en valenciano. Particularmente en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, etapas a las que llega por primera vez este curso la ley de plurilingüismo que aprobaron en las Cortes PSOE, Compromís y Unidas Podemos en 2018. De esta forma, el Consell del Botànic habrá completado el despliegue de su sistema plurilingüe aprovechando la introducción del inglés como lengua vehicular, algo que fue incapaz de hacer el PP por falta de tiempo cuando en 2012 inició la implantación de su modelo.

La cifra que sintetiza el impacto del plurilingüismo del Botànic hace referencia al vuelco que se ha producido en los institutos. Si en 2015 -año en que echa a andar el Gobierno de Puig- únicamente el 28% del alumnado de Secundaria estudiaba en valenciano, en 2021 empezará a hacerlo el 61%, según datos de la propia Administración educativa. En cuanto a Primaria, solo el 30% de los colegios tenía hace seis años el valenciano como principal lengua vehicular. Hoy son el 55% de los 1.250 centros los que imparten en valenciano más del 45% de las horas. Si hablamos del castellano como opción preferente, la cifra de colegios baja casi hasta el 34%.

La ley pactada por los tres socios del Gobierno -y que el PP ya ha dicho que derogará cuando llegue al poder- contempla un mínimo del 25% para castellano y valenciano en todos los casos, mientras que el inglés puede oscilar entre el 15y el 25%. En la práctica, los centros pueden aprobar planes lingüísticos con un máximo del 60% de horas en valenciano.

Lo cierto es que la ley tiene detractores a uno y otro lado del espectro ideológico. De entrada, tuvo que aprobarse en 2018 después de que los tribunales tumbaran un primer decreto que denunció el PP a través de la Diputación de Alicante por discriminar el castellano. Tras retrasarse un año por la pandemia, la ley llega ahora a las últimas etapas educativas, pero no sin polémica. Rechazada de plano en las comarcas castellanohablantes -especialmente en las del sur de Alicante-, tampoco gusta a los sectores más afines al nacionalismo. La razón es toda una paradoja: esta ley acaba con la inmersión 100% en valenciano que defendía Marzà antes de ser conseller.

Marzà culpa al Tribunal Supremo de la reducción de horas en valenciano respecto a las líneas del PP. Fue el Alto Tribunal el que fijó un porcentaje mínimo para el castellano, por lo que "sin la actual ley, las anteriores líneas de valenciano tendrían un 25% de castellano y la mayoría de niños -los de líneas en castellano- no estarían aprendiendo valenciano". Dicho con otras palabras, se sacrifica la inmersión en valenciano para obligar a un mínimo de valenciano a quienes hasta la fecha estudiaban solo en castellano.

Nace la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular
A favor de «la verdad» frente a la «falsa, parcial y sectaria Memoria Histórica»
Andrés Bartolomé. larazon 8 Septiembre 2021

Han presentado ya los estatutos en el Ministerio del Interior, pero a la espera de su legalización –creen que «no habrá impedimento, aunque todo es posible»– puede decirse que acaba de nacer la Asociación Nacional, Cultural e Histórica de Víctimas del Frente Popular como revulsivo contra la Ley de Memoria Democrática (LMD) a punto de ser aprobada por el Congreso. Por «tiempo indefinido, con vocación de implantación nacional y sin patrimonio fundacional». Detrás hay un grupo de personas de carácter «conservador, hartas de todo lo relacionado con la nueva norma [que sustituye a la Ley de Memoria Histórica] y dispuestas a contestar en los mismos términos», según fuentes del grupo recién creado, que tiene su domicilio social –de forma provisional– en La Coruña y se sufragará con cuotas «a voluntad».

Consideran desde la asociación que la Ley de Memoria Democrática está «a años luz de buscar cualquier tipo de reconciliación», por lo que «surge como reacción en contra». Algunos de sus miembros están «muy relacionados con la Fundación Franco», pero las mismas fuentes aclaran que «esta iniciativa es personal y particular».

Sus promotores quieren que «las nuevas generaciones de españoles, intoxicadas con la memoria histórica falsa, parcial y sectaria, conozcan la verdad. Que la Guerra Civil fue inevitable. Que la buscó y promovió el Frente Popular. Que la verdadera reconciliación nacional fue promovida generosamente por el bando vencedor. Y que los herederos ideológicos de aquel Frente Popular, responsable de la contienda, están sentando la base con sus leyes sectarias y la manipulación histórica, de un nuevo enfrentamiento entre españoles».

Los estatutos, recogidos en 15 páginas a cuyo contenido ha tenido acceso LA RAZÓN, asumen que «la reconciliación nacional ya había tenido lugar durante el régimen de Franco. Como lo prueba el que a su muerte los descendientes de los que habían provocado y perdido la Guerra Civil ocupaban puestos relevantes en todo los estamentos sociales, culturales, económicos y políticos; sin ser discriminados por su ideología».

El preámbulo recoge que, «sin embargo, las fuerzas políticas que han promovido la ley 52/2007 [la norma de Zapatero] nunca quisieron esa reconciliación, que con inaudito cinismo proclaman en su exposición de motivos». Por ello sus responsables «pretenden ahora no solo ocultar su responsabilidad histórica en la contienda civil, sino trasladar sus culpas a quienes se vieron obligados a defenderse por natural instinto de supervivencia».

En consecuencia, consideran que «es la hora de que la democracia española y las nuevas generaciones vivas que hoy disfrutan de ella conozcan la verdad de aquellos tristes sucesos. Recuperando para siempre la memoria de todos los que directamente padecieron las injusticias y violencias del Frente Popular por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas».

Una de las misiones de esta Asociación de Víctimas del Frente Popular será la de «implementar y facilitar un procedimiento específico para obtener una declaración personal de contenido rehabilitador y reparador de las víctimas que pueda ser ejercida por sus familiares. Facilitando las administraciones públicas las tareas de localización, y en su caso de identificación, de los desaparecidos. Como una última prueba de respeto hacia ellos».

La entidad «también solicitará el reconocimiento singularizado para los voluntarios integrantes del CTV italiano, de la Legión Cóndor alemana, de los Viriatos portugueses y de todos aquellos otros contingentes que con su esfuerzo y sangre contribuyeron a una victoria que evitó la prosecución de las matanzas en la zona roja». Todo ello «con el fin de contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles. Y dar satisfacción a los ciudadanos cuyos familiares sufrieron la tragedia de los gobiernos del Frente Popular».

Entre sus planes está «impulsar el estudio y difundir el conocimiento sobre las víctimas de la represión y el terrorismo provocados por los partidos, sindicatos, bandas y grupos terroristas socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas (PSOE, UGT, PCE, POUM, ERC, CNT, FAI, Brigadas Internacionales, guerrillas comunistas del Maquis, ETA, FRAP, GRAPO, Exército Guerrilleiro, Terra Lliure, etc) durante la II República (1931-1939), la Guerra Civil (1936-1939), en la España gobernada por el Generalísimo Franco (1936-1975) y en el Reinado de Juan Carlos I y Felipe VI (1975 a la actualidad). Es decir, todas aquellas personas que por motivos políticos o religiosos (odium fidei) fueron asesinadas, torturadas, heridas, secuestradas, robadas, extorsionadas, o lesionados sus derechos en cualquier forma».
Logo de la Asociación Nacional Cultural e Histórica de Víctimas del Frente Popular

La asociación pretende «hacer un inventario nacional de los “paredones” y “fusiladeros” (organizados por provincias) donde tuvieron lugar los asesinatos», así como «de los lugares donde se arrojaron o abandonaron los cuerpos, poniendo, o reponiendo en tales lugares, las oportunas placas conmemorativas». Citan expresamente «la Cuesta de la Vega en Madrid, El Pozo del Tío Raimundo, donde se asesinó a los presos del “tren de la muerte” procedente de Jaén, los acantilados desde donde fueron arrojadas al mar las víctimas, o los pozos y simas en donde se hicieron desaparecer los cadáveres»; se reclama «igualmente hacer un inventario de todas las “checas” poniendo placas conmemorativas y creando un “Museo del Terror Rojo”»; además de «mantener –y en su caso recuperar– en todos los pueblos y ciudades de España los monumentos donde se relacionaban los asesinados por el Frente Popular, con su correspondiente Cruz y el texto de “Caídos por Dios y por España”. Recuperación de cruces y lápidas, en recuerdo de los Caídos, que «deberá ser subvencionada por la Ley 52/2007 de igual forma que ha subvencionado los que recuerdan a quienes pagaron con su vida los crímenes cometidos, tras ser hallados culpables y condenados en los correspondientes procesos judiciales o bien fueron víctimas en zona nacional durante los primeros días tras el alzamiento»; proponen además «establecer el día conmemorativo de las víctimas del Frente Popular», que pudiera «ser el 7 de noviembre, recordando las matanzas de Paracuellos del Jarama y otros lugares de martirio colectivo como Aravaca y Torrejón de Ardoz», y la «organización de un Foro para la recuperación de la verdadera Memoria Histórica: victimasdelfrentepopular@yahoo.es», «en especial para la confección de un fichero donde se reúnan los historiales de las víctimas» con el fin de recabar «todos los datos que sirva para conocer los hechos y sus circunstancias. Por muy abyectas o despiadadas que fueran».

Así mismo, la asociación «impulsará y organizará cursos, conferencias, vídeos, congresos, viajes y visitas culturales, certámenes, encuentros, jornadas, congresos, conmemoraciones, homenajes y otras actividades relacionadas con sus fines», pero también la creación de «grupos y comisiones de trabajo que impulsen y difundan las distintas actividades».

Pretende además el grupo de nuevo cuño «solicitar cuantas ayudas públicas estén destinadas a las asociaciones que reivindican la memoria histórica de las víctimas de la represión durante la Guerra Civil u otras que se pudieran recabar».

Otro de sus objetivos es «realizar un inventario de todas las obras cuyo tema sea alguna de las materias de las que quiere guardar memoria esta asociación, recopilarlas para organizar un fondo bibliográfico, reeditar las descatalogadas y pasar todas ellas a soporte digital para su difusión, previo acuerdo con los propietarios del copyright en el caso de estar vigente». Su intención es «especialmente promover la reedición de la “Causa General”» [instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, promulgada mediante decreto en 1940] y «distribución de ejemplares en todas las bibliotecas públicas; estatales, autonómicas y municipales, así como en las de los centros escolares y universidades».


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