AGLI Recortes de Prensa   Martes 14  Septiembre  2021

La excusa verde del intervencionismo
José María Rotellar. okdiario  14 Septiembre 2021

Se han reunido los ministros de economía y finanzas de la UE y en dicha reunión se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que, a efectos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, no computen como déficit y deuda los gastos realizados en proyectos relacionados con la economía verde y digital. Esto no es más que el último ardid del intervencionismo para tratar de seguir incrementando el peso del gasto público sobre el PIB, que, en definitiva, le da un mayor poder al sector público, que es lo que buscan, en última instancia, los intervencionistas.

No parece que esta decisión pueda considerarse, afortunadamente, como segura, pues los países ortodoxos -a los que tratan de descalificar llamando “halcones” cuando, realmente, sólo son estrictos en el cumplimiento de la disciplina presupuestaria que acordó en su día la Unión Europea- se resisten a que se flexibilice de tal manera el pacto de estabilidad y crecimiento. Esa oposición de los también llamados “frugales” es el único dique de contención que queda para tratar de evitar que la política fiscal expansiva se acelere por el lado del gasto, a costa, eso sí, de aplicar una dura política fiscal contractiva por el lado de los impuestos, esquilmando a los contribuyentes, quienes, ya exhaustos, no tienen recursos para aportar ni un céntimo más sin perder calidad de vida y de poder adquisitivo, pero esto no parece preocupar a los intervencionistas.

De esa manera, estos intervencionistas, amantes del gasto público, quieren acabar con la disciplina fiscal europea -convertir lo extraordinario de estos tres ejercicios en una excepción permanente es, ni más ni menos, que acabar con las reglas de estabilidad-. No recuerdan que esas reglas no son un capricho, sino fruto de la necesidad de mantener una convergencia entre las economías de los países de la zona euro y sus políticas fiscales, pues los integrantes de la eurozona entregaron sus políticas monetarias al Banco Central Europeo, de manera que las decisiones de la misma que se toman se llevan a cabo en función de las necesidades de la economía del conjunto de la eurozona, por lo que si un país se separa de esa senda, las decisiones de política monetaria pueden perjudicarle sobremanera, además de que ese país, con su comportamiento, puede poner en peligro la estabilidad de toda la moneda única europea, como ya sucedió en la anterior crisis con Grecia, por ejemplo. Imaginemos las consecuencias si eso sucede con uno de los grandes de la eurozona.

Vivimos unos momentos críticos: cuando se complete la vacunación, debería empezar a afrontarse el coronavirus como una enfermedad más, con el levantamiento de todas las restricciones y medidas, para que sus consecuencias económicas no sean todavía peores que las sanitarias, con empobrecimiento de todo y, por tanto, también de los recursos para la sanidad. Para evitar eso, hay que volver a la normalidad, sin adjetivos; por otra parte, en estos momentos, se está jugando una batalla crucial para nuestro funcionamiento económico: libertad o intervencionismo. Estos últimos, los intervencionistas, están desplegando toda su capacidad de demagogia para tratar de hacer ver que sin el gasto público la economía se hundirá, cuando lo único que la ha precipitado al vacío han sido las prohibiciones derivadas del intervencionismo, con escasa capacidad generadora de actividad por parte del sector público, que, todo lo más, ha podido pagar prestaciones sustitutivas por la suspensión de empleo, pero no generar, lógicamente, actividad económica, por mucho que se empeñen en escribirlo en un decreto. Ahora que la pandemia ha de ir remitiendo y las necesidades de gasto ligadas a ella también, quieren prolongar la expansión de ese gasto con la excusa de la economía verde, para, dicen, evitar una gran recesión tras la pandemia. ¿Por qué no exploran el liberalizar más los mercados, bajar impuestos y permitir a la economía productiva que genere riqueza y empleo? Esto es lo único que hace sostenible a la economía por sí misma, y no el desmedido gasto público que la sostiene artificialmente hasta que no se pueda gastar más porque el nivel se vuelva difícilmente sostenible. Creemos que eso no puede pasar, y es difícil, desde luego, pero de seguir así puede ocurrir, o, al menos, una derivada de traslación a elevada inflación por incremento del dinero en el sistema si es que los bancos centrales tuviesen que acudir al rescate del sobreendeudamiento.

Es inútil: pueden hacer ingeniería contable y excluir del cómputo de déficit y deuda el gasto en economía verde y digital, pero no dejará de ser deuda, que habrá que financiar, de manera que los inversores y los mercados la tendrán en cuenta. En nombre de “lo verde” quieren aumentar el gasto, como en nombre de “lo verde” han encarecido el recibo energético, donde más del 55% del coste se debe al intervencionismo público, entre peaje de distribución, subvención a las renovables, moratoria nuclear e impuestos, con el mercado de derechos de emisión como uno de los grandes elementos responsables del aumento del precio de la energía.

Por supuesto, que hay que tratar de cuidar el medioambiente y respetarlo al máximo posible, pues nuestro mundo es el lugar en el que vivimos y hemos de tratar, además, de legarlo en las mejores condiciones posibles a las generaciones venideras. Ahora bien, verde, sí, pero caro, no; y, desgraciadamente, el 90% de los que se envuelven en la bandera medioambiental sólo apuestan por todo lo que es caro, desdeñando las soluciones limpias y baratas, como la energía nuclear en lo relativo al campo energético. Los intervencionistas eligen siempre los elementos más caros porque son los que les dan la excusa para gastar más, cobrar más impuestos e intervenir más en la economía, aunque sea todo lo contrario de lo que necesita la economía para ser próspera. En definitiva, utilizan la economía verde y la supuesta defensa del medioambiente como mera herramienta, como excusa, no como objetivo, pues su único y verdadero objetivo es expandir el intervencionismo por toda la economía, con un gasto desmedido, un déficit crónico y una deuda abultada. Cada persona, cada gestor público tiene una enorme responsabilidad desde el lugar que ocupe, para tratar de evitar esta hemorragia de gasto y deuda crecientes: puede optar por unirse a quienes quieren expandir más el gasto o por quienes, sensatamente, saben que para mantener lo esencial hay que reducir todo lo que no sea imprescindible y volver a niveles de gasto previos a la pandemia. Ni verde, ni azul, ni rojo: ortodoxia, matemáticas y sentido común, eso es lo que necesita la economía.

El papel de la oposición
José Marco. larazon 14 Septiembre 2021

Las encuestas electorales dibujan un descenso sostenido y consistente del respaldo del electorado al PSOE de Pedro Sánchez. Seguro que a Pedro Sánchez no le gusta el panorama, pero seguro que está convencido de que puede cambiar el rumbo. En este año se completará la vacunación de la población y si es necesario, se suministrará una dosis de refuerzo a la población más vulnerable. Es imposible saber qué ocurrirá en los próximos años, pero parece probable que a pesar de las posibles nuevas variantes y de otras resistentes a las vacunas, la situación siga mejorando. El año 2022 será también el de la llegada definitiva de los fondos europeos. Acoplado con la reducción de los efectos de la pandemia, hay razones para pensar que estamos en una senda firme de recuperación económica. En julio de 2023, finalmente, una vez establecidos estos dos cambios, llegará la Presidencia española de la Unión Europea. Sánchez tendrá la ocasión de rodearse de la elite de la UE y escenificar su papel de líder de la Europa unida. Ese es el gran plan para llegar a las elecciones, a finales de 2023 o principios de 2024, en mejores condiciones de las que se encuentra ahora.

Seguro que la oposición conoce todos los fallos que tiene este plan. El probable éxito de la vacunación no debería hacer olvidar el gigantesco esfuerzo de las Comunidades ni el descontrol y la negligencia trágica del Gobierno en la gestión de la pandemia. Los fondos europeos van a tener un sesgo político particular, y difícilmente paliarán la incapacidad de Pedro Sánchez para flexibilizar, reformar y modernizar la economía española. Se crecerá, sin duda, pero menos de lo que se podría, con una creación de empleo débil y precario –fuera del muy artificial empleo público–, y con unos programas sociales cada vez más frágiles ante una economía deficitaria y endeudada. Y en cuanto a la UE, Sánchez podrá presumir de europeísmo supremo, pero su proyecto político lleva incorporada la demolición de un Estado nación, y no de los menores de la Unión. Eso no contribuye a su prestigio entre las elites dirigentes europeas, poco partidarias de las aventuras de alto riesgo de las que tanto gusta el presidente español.

Existen por tanto suficientes elementos para articular una oposición crítica a la estrategia del gobierno social-podemita en los próximos dos años. Otra cosa es elaborar una posición constructiva sobre algunos elementos clave, para los que ni siquiera el éxito de Madrid ofrece pistas clave, como pueden ser el empleo, la sostenibilidad de los programas sociales, la demografía, la inmigración, la energía, la Corona o el experimento fallido del Estado de las Autonomías. Y queda el conjunto de leyes y programas de pura ideología, destinados a un cambio cultural o de régimen, como las de género, la de Memoria Histórica y la futura de Memoria Democrática, que requerirán alternativas meditadas y verosímiles y no sólo parches y negaciones. No hace falta que la oposición trabaje conjuntamente en esto. Lo que hace falta es que cada partido elabore sus propuestas con energía y con claridad y las presente a un electorado harto del social-podemismo.

España, nación constitucional
Tomás Torres Peral. larazon 14 Septiembre 2021

Recientemente se ha propuesto la idea de la «España multinivel» concepto que, como otros muchos, quedan inicialmente indeterminados a la espera de su feliz acogida por parte del electorado. Relacionada con la supuesta «Nación de naciones», con la no menos hipotética «España plurinacional», con la muy indeterminada «reforma en sentido federal de España» así como con la engañosa «España plural», la «España multinivel» se nos presenta como una nueva ¿otra más? fórmula para resolver el encaje de las «nacionalidades históricas» con el resto de España, como si eso no fuera una cuestión constitucionalmente resuelta.

Con una u otra fórmula, se nos sugiere que lo que lo conveniente es avanzar en el Estado de las Autonomías hacia un Estado federal, unas veces modificando la Constitución, otras sin tal reforma, pero siempre incrementando, aun más, las competencias autonómicas en detrimento de las comunes o centrales, como si los problemas territoriales de España se redujeran a la selectiva cesión de un puñado de competencias administrativas. La cuestión es de mucho más calado, lo que realmente persiguen algunos es modificar, o cuando menos, relativizar, de hecho o de derecho, el artículo 2 de la Constitución, negando o desvalorizando el «carácter nacional de España».

Simultáneamente con lo anterior, se observa un gradual proceso de «desnacionalización» de la administración central de España. Ha desaparecido el carácter nacional de innumerables organismos públicos que han sido sustituidos por sus equivalentes «estatales», permitiendo que algunas autonomías se apropien del adjetivo «nacional» para adjudicárselos ilícitamente a su propia administración.

Tan erróneo proceder ha propiciado que, y son sólo algunos ejemplos, el Instituto Nacional de Meteorología se convirtiera en la Agencia Estatal de Meteorología; que el Instituto Nacional de Industria se transformara en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales; que Hacienda creara su Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que, incluso el BOE, se convirtiera en otra Agencia Estatal. Estas inundan nuestra administración central soslayando su verdadero «carácter nacional».

No parece casualidad que nos hayamos quedado sin Selección Nacional de Fútbol, convirtiéndose en una insípida «roja». No hace demasiado el Ministerio de Defensa lanzó una campaña titulada «Símbolos del Estado Español» en lugar de la más correcta «Símbolos Nacionales de España». Mientras tanto, algunas autonomías ponen el adjetivo «nacional» hasta en la sopa.

En mi opinión, urge reivindicar el carácter nacional de España y de los distintos organismos públicos dependientes del Gobierno Central, destacándose su vinculación nominal con la Nación Española, porque el Estado, como estructura jurídica de la Nación española, lo forman todas la administraciones públicas incluidas las autonómicas y locales, no solo la central.

La actual obsesión de algunos por negar la Nación Española, y circunscribir lo español exclusivamente a lo meramente estatal, es algo que debe ser rechazado por inconstitucional.

Nuestra Constitución es concluyente al declarar que la misma «se fundamenta en la Nación española», lo que fue objeto de amplísimo consenso en el debate constituyente, de manera que incluso la Minoría Catalana del Sr Pujol, en su enmienda 104, propuso: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España». El carácter nacional de España no puede estar pendiente de la necesidad temporal de unos pocos votos anticonstitucionalistas. Ello es contrario al más elemental espíritu constitucional. Parece necesario recordar que los valores, principios y normas constitucionales deben ser interpretados conforme al carácter nacional, y no meramente estatal, de España.

Es conocido que el lenguaje no solo se usa para denominar conceptos previamente existentes, sino que es el propio lenguaje quien crea conceptos nuevos, que sin él, no existirían. El lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite tanto la adquisición de nuevos conocimientos como el desarrollo de nuevas formas de pensamiento, de manera que es relativamente fácil poder actuar, mediante la hábil y sagaz utilización del lenguaje, en las creencias y conductas de los receptores, sobre todo, de los más débiles y menos ilustrados. Por ello, resulta de gran interés para algunas fuerzas políticas la perversa utilización del lenguaje para corromper los correctos conceptos sociales políticos, lo que se ha venido consintiendo irresponsablemente.

A algunos políticos les gustaría que España se convirtiera –partiendo de su presunta plurinacionalidad– en una mera superestructura, tal y como deseaba Prat de la Riba, simplemente jurídica, cuasi artificial y que exclusivamente se limitara a coordinar los intereses «nacionales» de aquellas comunidades que voluntariamente lo desearan. Una especie de libre confederación de naciones ibéricas soberanas, es decir, la destrucción de la actual España y de la vieja Nación Española.

La supuesta «plurinacionalidad de España», la hipotética «Nación de naciones», o incluso la indeterminada «España multinivel», tan solo serían posibles si respetasen que la única Nación política existente es la española y, en caso contrario, sería necesaria la preceptiva modificación constitucional. En modo alguno sería legítimo que se obtuviera por la vía de los hechos consumados, o por decisión de unos pocos.

La Nación Española, que goza de una especial relevancia constitucional, y que no es patrimonio de una parte de la sociedad, sino de todos los españoles, no puede ser marginada ni repudiada de las denominaciones de nuestros organismos comunes. Es un enorme fraude a la Constitución que hay que denunciar. No podemos dejar en manos de las minorías no constitucionalistas la concepción y percepción de la Nación Española.

Sobre el Foro Libertad y Alternativa
Miguel Henrique Otero. https://www.estrelladigital.es  14 Septiembre 2021

El pasado jueves 9 de septiembre participé en el acto de presentación, en Madrid, de la Fundación Foro Libertad y Alternativa. Tras las brillantes intervenciones de Fernando García-Capelo Villalva, Alejo Vidal-Quadras Roca e Inma Castilla de Cortázar Larrea, me correspondió tomar la palabra como orador de cierre del encuentro. Como señala el Manifiesto Fundacional de este movimiento, Libertad y Alternativa se ha propuesto constituirse en un factor que articule la lucha, ahora mismo dispersa y atomizada, en defensa la democracia liberal, el imperio de la ley, los derechos humanos, la economía de mercado y, en términos generales, las libertades ciudadanas y políticas.

Me enfoqué en ofrecer a los asistentes, un panorama del estado de la democracia y las libertades, en varios países de América Latina. Como sabemos, las realidades hoy y las perspectivas para los próximos meses y años son, en extremo, preocupantes.

No seguiré aquí el mismo orden en el que expuse los distintos casos en Madrid, porque siento el deber de comenzar por Nicaragua. La noticia de que el régimen-monstruo de Ortega y Murillo ha dictado una orden de arresto sobre el escritor Sergio Ramírez significa un empeoramiento radical de la ferocidad de esa dictadura. Quiero insistir en esto: en términos simbólicos y políticos, Ramírez representaba el límite: el ciudadano irreprochable sobre el que no se atreverían a actuar. Pero, traspasado este umbral, todo lo que puede esperarse, de aquí en adelante, no es sino persecución, detenciones, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.

En Nicaragua está en proceso un programa de destrucción sistemática de partidos y organizaciones políticas, de prisión de los dirigentes y candidatos, de fabricación de expedientes a cualquiera que se oponga o resista a la dictadura. A Ramírez, que por fortuna se encuentra fuera de su país, le acusan de incitar al odio y la violencia, la misma acusación que se utiliza en Venezuela para mantener las cárceles llenas de presos políticos. Pero el horror no se dirige solo a los políticos. A semejanza del régimen de Maduro, también se persigue a organizaciones humanitarias y grupos que realizan trabajo social no lucrativo. Se ilegalizan sus entidades, se les prohíbe recibir apoyo internacional, se detienen a sus miembros y se destruyen las modestas instalaciones en las que trabajan. ¿Cuáles son las consecuencias de estas acciones? Que familias que viven en situación de pobreza o de extrema pobreza dejan de recibir apoyo por parte de las organizaciones arrasadas. El régimen aspira al poder ilimitado de la pareja criminal, se propone aniquilar toda forma de disidencia o rechazo, silenciar a la sociedad, para así imponer un poder total, donde nada ni nadie escape a su control.

¿Dice algo la izquierda, los grupos progresistas, los movimientos antisistema, los integrantes del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla? Ni una palabra. Son sus activos cómplices. Mientras la crueldad adquiere la categoría de primera política del Estado de Nicaragua, en Cuba, los cuerpos de seguridad del castrismo continúan con las prácticas que han ido refinando a lo largo de 62 años de dictadura, y que en las últimas semanas se han enfocado en el secuestro, la desaparición, los juicios secretos y sumarios, así como la tortura a músicos, artistas, periodistas y dirigentes sociales, mientras la hambruna crónica a la que han sometido a la sociedad cubana desde hace décadas se profundiza con virulencia insólita, en los cuerpos debilitados de sus víctimas.

Mientras esto ocurre, la vida de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, enterrada en una mazmorra en La Paz, pende de un hilo, sometida y amenazada por unas instituciones controladas por Evo Morales. En Perú, Pedro Castillo ya ha comenzado a dar los primeros pasos para cumplir con el doble propósito de arrasar con las libertades y con la actividad empresarial privada del país, al tiempo que Gustavo Petro en Colombia, Lula Da Silva en Brasil, y un cocktail de izquierdistas y progresismos chilenos insólitamente enajenados de la realidad, se preparan para tomar el poder en cada uno de estos tres países.

En el acto de Madrid insistí en que nos enfrentamos a una fuerza, la de los enemigos de la libertad, que no está focalizada ni actúa con una estrategia local sino que, por el contrario, está dispersa y activa en toda la esfera iberoamericana y más allá. Es una red inmensamente poderosa que cuenta con el apoyo de regímenes enemigos de la democracia, como los de China, Rusia e Irán, con el impulso permanente y corrosivo de redes sociales y medios de comunicación, y con una miríada de movimientos, supuestamente creados para luchar por unas determinadas causas, pero que no son sino tapaderas de otro propósito, que es la destrucción de las libertades y el Estado de Derecho.

Esa red cuenta, además, con una entidad equivalente a una casa matriz, que es el Foro de Sao Paulo, organización fundada en Brasil, en 1990, y que hoy afilia a más de 120 partidos políticos, y a decenas de movimientos y organizaciones de activistas, los llamados movimientos antisistema, hábiles en la promoción del malestar, la desvirtuación de las instituciones, la creación y diseminación de noticias falsas y, como ya vimos en Chile, Ecuador y Colombia, expertos en crear situaciones de desorden público y violencia callejera. Al Foro de Sao Paulo ha venido a agregarse ahora el Grupo de Puebla, que es, a un mismo tiempo, derivación y continuidad del primero.

Los saqueos ocurridos en los gobiernos de los Kirchner en Argentina, de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Lula Da Silva en Brasil, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, y del clan Ortega en Nicaragua; los acuerdos y operaciones conjuntas de las narcoguerrillas de Colombia y el poder venezolano; los enormes tentáculos y caminos insospechados que tiene la industria del lavado de dinero, que alcanza a varios países de Europa y Asia, todos son elementos que nos colocan ante una perspectiva muy compleja de la lucha que debemos afrontar: no se trata de un adversario político o ideológico, sino de un cartel internacional cuya capacidad de disfrazarse, cuyos usos perversos de la comunicación, cuyas tácticas de reclutamiento, cuyo oportunismo para desestabilizar y cuyas tramas de financiamiento, regidas por la opacidad, lo convierten en un voraz animal de mil cabezas, expansivo y astuto, y que tiene la facultad de aparecer y reaparecer en los lugares más inesperados.

Son estos algunos de los desafíos, así lo dije en Madrid, a los que nos toca enfrentarnos hoy, mañana y a lo largo de los próximos años.

De comunistas, blanqueos y fosas comunes
Jorge Vilches. vozpopuli.es 14 Septiembre 2021

Este Gobierno solo legisla sobre dos cosas: la subida de impuestos y el blanqueamiento ideológico de sus amigos. Pedro Sánchez nos está colocando a la altura de los países totalitarios y autoritarios. No solo quiere poner el poder judicial a sus órdenes, como dice la Unión Europea, sino que, a contracorriente de los vientos occidentales democráticos, se dedica a blanquear el comunismo.

A la espalda de la maltrecha democracia española cae ahora la “Ley de Memoria Democrática”, que excluye la condena del comunismo y olvida a sus víctimas. Nos quieren hacer creer que esa ideología no ha sido defendida por personas y partidos que han ejecutado o justificado la muerte de millones de personas.

Yolanda Díaz nos hizo un spoiler con el prólogo al “Manifiesto comunista”, ese mismo que inspiró a todos los enemigos de la libertad, la democracia, el pluralismo y los derechos humanos. Uno de ellos acaba de morir: Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta, y que se consideraba “la cuarta espada del marxismo”. La “primera” era Marx, claro.

Bueno, pues en una tribuna del diario favorito de este Gobierno se leía que ese tipejo “lideró a los fanáticos de Sendero Luminoso con la rabia de los pobres sumada a la formación académica de los ricos”. Cada palabra es una mentira para blanquear. Sendero Luminoso se dedicó a asesinar a los homosexuales por sus “prácticas degradantes y promiscuas”. Más de 500 personas fueron ejecutadas solo entre 1989 y 1992 por su orientación sexual. ¿En serio la mezcla de pobreza y formación académica aconseja el asesinato de gays?

Esto priva de humanidad, de existencia, a los que padecieron el terror comunista allí donde mandasen los amigos de Stalin, incluida Rusia. Allí estuvieron cientos de españoles en los gulags.

En España es una vergüenza el tratamiento que tienen las diversas variantes del comunismo. Una muestra, como decía, es la Ley de Memoria Democrática. Este proyecto es un batiburrillo de contradicciones, en el que se considera que solo son víctimas aquellas personas que sufrieron el franquismo y el nacionalsocialismo. Esto priva de humanidad, de existencia, a los que padecieron el terror comunista allí donde mandasen los amigos de Stalin, incluida Rusia. Allí estuvieron cientos de españoles en los gulags.

Este proyecto ideológico, además blanquea a la URSS y su papel en la Guerra Civil como si hubiera sido una potencia democrática empeñada en el mantenimiento de una república basada en los derechos humanos. Nada dice dicho proyecto legislativo de la exaltación actual de los estalinistas en la Guerra Civil, incluidas las Brigadas Internacionales, que vinieron a España a aprovechar el río revuelto y proclamar un Estado comunista satélite de la URSS.

¿Qué tiene que pasar en España para que el comunismo ocupe la casilla de ideologías sangrientas, en cualquier momento histórico, en todo el mundo y a tiempo completo? No puede alegarse que hubo comunistas que aceptaron la democracia de su país, como pasó con el PCE en la Transición. Pero no hay que olvidar que esos mismos justificaban entonces la dictadura en Cuba, por ejemplo, o en la actualidad en Venezuela. Incluso que muchos comunistas de hoy “entienden” a ETA, a los GRAPO y al FRAP, y prefieren hablar con sus herederos políticos antes que con el PP.

La ley de Memoria Histórica ya ha sido un fracaso. De los 23 millones destinados en quince años tan solo 7,5 millones se han dedicado a exhumar fosas comunes. Pedro Corral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, tuvo la ocurrencia de preguntar en el ministerio por las cifras en atención a los gastos. La respuesta fue: “hay cosas que no se pueden preguntar". ¿Por qué? Porque no lo saben. La manguera tiene agujeros que riegan las macetas de intelectuales y académicos que hacen campaña a favor de socialistas y podemitas, y los campos de asociaciones de memoria vinculadas al PSOE -dice Pedro Corral-, a IU, PCE, UGT, CCOO y ERC para su financiación.

Por cierto, si el PP llega al poder solo puede hacer dos cosas: derogar esa ley ideológica y dejar la historia a los historiadores, o bien elaborar una norma en el sentido que indicó el Parlamento europeo en 2019. Una ley para construir identidad europea sobre el rechazo a los totalitarismos, a todos, incluido el comunista, a las dictaduras y a quienes las justifican, e investigar y condenar sus asesinatos.

Estaría bien que la relación de Sánchez con la Unión Europea no fuera solo económica, de receptor de fondos, sino también de integración en el espíritu de la democracia actual. Sí; aceptar ese sistema que pretende alejarse de todo tipo de crímenes y violencias, y que no distingue delitos de autor ni intenta blanquear a socios de gobierno por estar un rato más en el poder.

María Saavedra: España no practicó genocidio con los pueblos de América’
Josep María Francàs. https://rebelionenlagranja.com 12 Septiembre 2021

Conversación tranquila de @jmfrancas con María, Saavedra (@MariaSaavedraI), profesora de la Universidad CEU San Pablo y directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano.

JMF: ¿Tal mal lo hizo España en América que tiene que purgarlo?
MS: Ni lo hizo tan mal, ni tiene sentido purgarlo ahora. Si así fuera, prácticamente toda Europa tendría que hacer una reflexión sobre su pasado y pedir perdón por las guerras en las que se ha involucrado: desde la antigua Grecia, hasta todas las naciones europeas que, con la expansión colonialista del siglo XIX dieron marcha atrás en derechos humanos que España había promovido en el siglo XVI.

JMF: ¿Qué derechos humanos?
MS: En el siglo XV, la práctica habitual de los reinos europeos era que en territorios no incorporados al cristianismo se podía esclavizar a sus habitantes. Lo mismo sucedía en el mundo islámico y en Asia. Y, por supuesto en América: los grandes estados prehispánicos practicaban la esclavitud de sus enemigos. Y los reyes de España, cuando comienzan la colonización de América (las Indias), asumen el mandato del Papa Alejandro VI de evangelizar a los habitantes de las tierras descubiertas. Esto implica dos realidades muy importantes: 1) hubo conquista armada, que era lo habitual en ese tiempo. 2) Como uno de los objetivos de la colonización era evangelizar, tras unos pocos años de dudas, se declaró que todos los habitantes del Nuevo Mundo tendrían la condición jurídica de súbditos libres de la corona castellana. Y aquí está lo realmente novedoso. Fue un enorme avance en el desarrollo de esos derechos humanos.

JMF: ¿Súbditos libres? ¿Hasta cuando duró la esclavitud en el mundo si es que se ha acabado?
MS: Los indios americanos fueron siempre libres, aunque con la consideración de menores de edad: esto implicaba ventajas, y también alguna desventaja. La parte positiva fue que gozaron de una especial protección por parte de la Corona, que llegó a establecer (y esto es inédito en la Historia) la figura del “Protector de Indios” en cada demarcación administrativa; sobra explicar cuáles eran las funciones de la persona que desempeñaba tal cargo. Además, Felipe II llegó a dictar una ley que señalaba castigos más duros para españoles que para indios por el mismo delito. Las desventajas fueron que en algunos casos se les consideraba menos aptos para diversas funciones, como cargos administrativos o de gobierno de alto nivel. En cualquier caso, esto era impensable para cualquier otra nación colonizadora de los siglos XV y XVI. La esclavitud africana, la más frecuente, puesto que no había en el continente africano naciones que pudieran proteger a sus integrantes, comienza a ver su final cuando los ingleses (principales comerciantes de esclavos) prohíben el tráfico de esclavos africanos. Estamos ya en el siglo XVIII. Francia en la Revolución francesa, liberó a los esclavos de Haití; pero cuando Napoleón llegó al trono, anuló esa norma, y los recién liberados fueron de nuevo esclavizados. Esa realidad fue tremendamente traumática. Y no, la esclavitud tristemente no ha terminado. La trata y el tráfico de personas convierten en esclavos a personas más vulnerables de países en vías de desarrollo. Las fórmulas son diferentes: mujeres -y a veces niñas- que son obligadas a ejercer la prostitución, niños soldados en países africanos, explotación de mano de obra infantil en países asiáticos…

JMF: Entonces, ¿a qué viene ese odio a Colón y a tantos colonizadores hispanos?
MS: Habría que distinguir casos y países. Si miramos lo que está sucediendo en Estados Unidos, no tiene ningún sentido histórico. Colón nunca estuvo allí. Pero si bien es cierto que casi la mitad sur de los EEUU fue parte del virreinato de la Nueva España (México), allí no hubo ni esclavitud de indios ni, desde luego, genocidio, que es una de las acusaciones que hoy se hacen desde allí a Colón. Genocidio supone una voluntad de exterminio por motivos de raza, religión o cultura. Y España no lo practico con los pueblos nativos de América. Sí que hay una voluntad de exterminio en cambio, en la “Conquista del Oeste”, tan edulcorada por el cine americano. Esa conquista se hizo a costa de los pueblos nativos de el norte de América, que eran expulsados de las tierras de sus antepasados, y si se negaban a marcharse eran eliminados. Lo curioso es que los ataques se dirigen no solo a Colón, sino a personajes dela talla de Junípero Serra, que dedicó su vida, marcada por una dura enfermedad, a las misiones en las Californias. ES decir, un hombre que renuncia a una vida más o menos tranquila en la isla de MAllorca para lanzarse a recorrer cerca de 9.000 km fundando misiones que son la base de ciudades tan importantes como pueda ser la actual San Diego. Aquella misión dedicada a San Diego de Alcalá fundada por Serra es hoy una de las ciudades más emblemáticas de la costa Oeste, y sede de la 6ª Flota estadounidense.

JMF: ¿Qué más hizo ‘distinto’ España en el descubrimiento y conquista de América?
MS: Son muchos elementos pero yo me quedaría con tres: una legislación protectora del indio; una extraordinaria labor de desarrollo cultural y social, y la creación de un mundo mestizo. Las Leyes de Indias son un modelo de sociedad garantista desde el punto de vista legal. En el momento en que la reina Isabel declara que aquello no va a ser una “factoría”, al modo griego, que era el sistema de los portugueses (crear enclaves costeros para traficar con productos del interior) sino una incorporación de reinos a la corona castellana, sigue más bien el modelo romano. Hay una guerra de conquista, pero una vez terminado el conflicto bélico en cada zona se “hispaniza” aquel territorio. Es decir, se le dota de una lengua, un sistema de escritura, una cultura urbana, etc. Y esto sin eliminar aquellos aspectos prehispánicos que no fueran incompatibles con la práctica cristiana. A través de una serie de leyes y ordenanzas, desde Isabel I hasta los reyes de la Casa de Borbón (en menor medida que los Austrias) se dicta un inmenso cuerpo legislativo que en todo caso es favorable al indígena. Llama mucho la atención que en las ordenanzas al gobernador de la Española en 1501, al igual que en las Leyes de Burgos de 1512 se establezca una regulación laboral absolutamente adelantada a su tiempo. En ella se exponían como medidas a tener en cuenta los horarios de trabajo y descanso, la prohibición de hacer trabajar a mujeres embarazadas y a niños… y muchas otras realidades que hoy tenemos asumidas, pero que en el siglo XVI eran impensables. En cuanto a la labor educativa y social, baste decir que cuando la América española se independiza, España había creado en América cerca de 30 universidades. Y cada ciudad fundada por españoles (que forman una gigantesca red por todo el territorio, se establecía hospital colegio y otros tipos de realidades sociales, como casas de acogida, orfanatos, etc. Por último, ese mundo mestizo. Un ejemplo sirva para explicar esto: En el III Concilio Limense, celebrado en 1583 bajo la presidencia de Santo Toribio de Mogrovejo, se decide la impresión de un catecismo redactado en las “tres lenguas oficiales” del virreinato: quechua, aymara y castellano.

JMF: Yo hablo de España, ¿existía ya España o debería hablar de Castilla?
MS: Quién apoya a Cristóbal Colón en su primer viaje de descubrimiento es Isabel como reina de Castilla. A partir de Carlos I podemos hablar de España, puesto que recoge toda la herencia de sus abuelos, los Reyes Católicos. Y el proyecto político de estos era recuperar la monarquía Hispánica, la España que nació con los visigodos sobre las bases dejadas pro el imperio romano.

JMF: ¿Qué personajes son clave para entender cómo se produjo la actuación de España en América?
MS: Sin duda, en primer lugar la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Junto a ella, el rey Fernando. A partir de este matrimonio, sus sucesores en el trono van adaptando la nueva realidad que se conoce en América a las bases asentadas por los Reyes Católicos. También cabría señalar, en España, al Cardenal Cisneros, fiel continuador de la política de los monarcas. Y en el continente americano, es fundamental la orden de los dominicos, con figuras como Fray Pedro de Córdoba, Antonio de Montesinos, y el propio Bartolomé de las Casas, que aprendió de aquellos cuál era la forma correcta de tratar a los indios. Otro personaje fascinante, desde mi punto de vista, es Vasco de Quiroga: fue miembro de la Audiencia de México, luego ordenado sacerdote y nombrado obispo de Michoacán, trató de convertir en realidad la “Utopía” de Tomás Moro, con la fundación de sus pueblos-hospitales.

JMF: Mil gracias María, me has descubierto un mundo más que nuevo. Un beso.
MS: Vale. Muchas gracias.

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¿Ilegalizar a Vox?
Cayetano González. Libertad Digital 14 Septiembre 2021

¿Qué puede suceder si Sánchez decide iniciar ese camino? Evidentemente, tendría que producirse una reacción social sin precedentes.

Hace cuatro meses, el presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo en una entrevista en ABC: "No tengo dudas de que en la hoja de ruta totalitaria está la ilegalización de Vox". Hace cuatro días –en plena campaña contra su partido por lo que luego resultó ser un bulo: la supuesta agresión a un joven homosexual en Malasaña– insistió en un Twitter en la misma idea: "Llevan meses cocinando la ilegalización; por eso nos sitúan en el foco de todos esos montajes, desde balas inexistentes a agresiones de diseño".

¿Se ha vuelto un poco paranoico el líder de Vox?, puede que se pregunten algunos. ¿Cómo se van a atrever Sánchez y sus secuaces a ilegalizar a un partido que tuvo 3.656.979 votos en las últimas elecciones generales, que cuenta con 52 diputados en el Congreso y representación en la mayoría de los ayuntamientos y de Parlamentos autonómicos?, pueden preguntarse otros.

La respuesta a esas dudas es muy sencilla. Sánchez, como ya ha demostrado con creces, es capaz de hacer lo que haga falta con tal de seguir en el poder. Si las encuestas siguen señalando –como lo hacen todas, salvo las de Tezanos, desde la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid el pasado mayo– que el PP, con la suma de Vox, tendría mayoría absoluta para gobernar, el inquilino de la Moncloa no se quedará de brazos cruzados y, en ese escenario, la forma de hacer saltar por los aires esa alianza es sacando del mapa político a uno de los actores.

¿Se atreverá Sánchez? Quien se ha atrevido a pactar, a llegar a acuerdos con los herederos políticos de ETA; quien ha concedido un indulto a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por intentar dar un golpe de Estado, ¿por qué no se va a atrever a aplicar la Ley de Partidos a una formación que puede ser clave para echarle de la Presidencia del Gobierno?

Es decir, se aplicaría la Ley de Partidos, la misma que se utilizó para ilegalizar a Batasuna, al partido de Ortega Lara, víctima del secuestro más largo de ETA. ¿Eso le importaría algo a Sánchez? En vista del trato que dispensa a Bildu; de lo compungido que se mostró hace unos meses, en la tribuna parlamentaria, al dar el pésame a la izquierda abertzale por la muerte de un etarra en prisión; del desprecio con el que trata a la tercera formación a nivel nacional, no parece que eso sea un obstáculo para alguien que tiene como objetivo prioritario la permanencia en el poder al precio que sea.

Por eso hace bien Abascal en avisar de esa posibilidad, que evidentemente sería un escándalo y un atropello. Las democracias son ante todo unos regímenes de opinión pública, por eso todo lo que sea alertar de la posibilidad de que el Gobierno promueva la ilegalización de Vox es un acierto.

¿Qué puede suceder si Sánchez decide iniciar ese camino? Evidentemente, tendría que producirse una reacción social sin precedentes, empezando por el resto de formaciones del espectro del centro-derecha, es decir, el PP debería ser el primero en movilizarse y oponerse a esa hipotética ilegalización. No ya sólo porque le podrían privar de un socio necesario para formar gobierno, sino porque en ese escenario con ribetes totalitarios, ¿quién asegura a los populares que los siguientes no van a ser ellos?

Sánchez sabe que puede ilegalizar unas siglas, pero no las ideas que ese partido defiende, ni a sus casi cuatro millones de votantes. De ahí que, aparte de los avisos a navegantes, sería prudente que los dirigentes de Vox fuesen pensando en fórmulas alternativas para ponerlas en marcha, caso de que el Gobierno social-comunista decida ir a por ellos.

Sánchez no se cansa de 'dialogar' con sus socios golpistas
EDITORIAL. Libertad Digital 14 Septiembre 2021

En muy pocos días se sabrá lo que el separatismo arrancará a Sánchez a cambio de mantenerlo en la Moncloa unos meses más.

Finalmente, parece que Pedro Sánchez asistirá a la primera reunión de la ominosa mesa de diálogo con los partidos separatistas catalanes, a los que debe la poltrona.

Es cierto que las reyertas internas en el separatismo, que han desembocado en choques violentos como los de la Diada, desvirtúan unas negociaciones a las que pretenden dar un marchamo de bilateralidad para la celebración de referéndum. Pero lo importante no es que las distintas facciones del secesionismo anden a sillazos, sino que han sido convocadas por el Gobierno para una serie de reuniones cuyo propósito es hacer saltar por los aires el orden constitucional.

Acierta Adriana Lastra (por supuesto, involuntariamente) cuando afirma que "lo importante no es el quién, sino el qué". En efecto, lo sustancial no es que Sánchez acuda o deje de acudir a un encuentro con sus socios golpistas, sino que los haya convocado a una mesa de negociación que solo tiene como objetivo la destrucción de la Nación.

En todo caso, el Gobierno social-comunista enviará una nutrida representación a negociar con lo peor de la casta política catalana. De paso, la Generalidad recibirá numerosas prebendas económicas y competenciales, para escarnio de otros Gobiernos regionales con mayores necesidades de inversión y un sentido de la lealtad infinitamente mayor.

En muy pocos días se sabrá lo que el separatismo arrancará a Sánchez a cambio de mantenerlo en la Moncloa unos meses más. Lo más vergonzoso es que el Gobierno ceda a este chantaje en nombre de todos los españoles, a través de unas negociaciones bilaterales que suponen, en sí mismas, un desafuero anticonstitucional.

Es tu vida, estúpido
Enrique García-Máiquez. https://gaceta.es  14 Septiembre 2021

Lejos de mí insultar a nadie, y menos a mis inteligentes —y misericordiosos— lectores. Ni siquiera por el estremecimiento estético de la estupenda aliteración del título, que ha salido de casualidad. En realidad, imito las formas, un poco faltonas, de Bill Clinton cuando dijo: «Es la economía, estúpido». La izquierda sí se gasta esas maneras (y esas acciones) con sus votantes, a los que trata regular, pero como ellos le ríen las gracias…

Los políticos más conservadores deberían advertir a sus votantes que en las elecciones no se decide sólo de economía —que también—, sino de todo lo que atañe a nuestra vida más propia. Los partidos políticos pretenden regular nuestra memoria, nuestro consumo energético, nuestra reproducción, nuestra educación familiar y hasta qué prejuicios no podemos tener y cuáles son fundamentales que tengamos. Es mucho más bestia y global, pero en la base sigue estando la vieja advertencia de que te preguntes a quién le comprarías un coche usado. No vaya a ser que estemos votando a políticos a los que no aceptaríamos ni el regalo de un coche nuevo. P. G. Wodehouse dice de un personaje: «No le creerías ni aunque diga la verdad». Aplíquese a Sánchez.

Lo he visto claro frente a la televisión con las imágenes de los tumultos en Barcelona, ya tan consuetudinarios. Antaño, los nacionalistas levantaban castellers y sincronizaban sardanas. Ahora desmoronan sociedades y desquician economías. Recordé entonces que Edmund Fawcett, el escritor progresista que ha investigado el conservadurismo en Conservatism. The Fight for a Tradition, en un momento dado, se pone condescendiente y acepta que haya gente a la que le importe la autoridad: los monjes y los soldados, dice. Oh, qué va. Nos importa a muchos más.

Hace años circuló una encuesta que decía que lo que los alumnos de institutos y colegios públicos echaban en falta del sistema educativo era, sobre todo y precisamente, la autoridad. No la tengo a mano, pero mi experiencia como profesor la confirma al 100%. Es lógico. Su ausencia impone la ley del más fuerte, mientras que la autoridad permite que se dé a cada uno lo suyo; y cada uno son, sumándose, todos. Los alumnos vienen a aprender, a trabajar y a forjarse un futuro, no a perderlo oyendo o padeciendo las estupideces (ahora sí) de un bárbaro. Es su vida, como decíamos.

La inmensa mayoría de la gente es normal; y quiere vivir vidas sin comisarías de policía quemadas ni políticos haciendo posturitas mientras arden nuestra economía y el edificio social.

La gente tiene que percibir que la política no es un circo estanco de discursos eufónicos y brillante cartelería, sino que influye en su vida. En ese momento muchos automatismos de voto o de opinión saltarán por los aires. Ya está pasando y el caso más evidente fueron las últimas elecciones catalanas: consta que hubo un trasvase considerable de voto nacionalista catalán a Vox en aquellos pueblos y barrios más castigados por la inmigración ilegal y la inseguridad. De golpe, la vida cotidiana de la gente dirigía su voto por encima de los eslóganes, los prejuicios y los grandes discursos ideológicos, incluso aunque los compartían. Se había percibido que era la vida propia lo que estaba en la picota y que eso es prioritario.

La inmensa mayoría de la gente es normal; y quiere vivir vidas sin comisarías de policía quemadas ni políticos haciendo posturitas mientras arden nuestra economía y el edificio social. Cuando se abran las últimas compuertas del sentido común, esto va a cambiar de abajo arriba.

Separatistas con todo pagado
Pablo Planas. Libertad Digital 14 Septiembre 2021

Jordi Pujol jamás pagó ni un triste café en sus tiempos de presidente de la Generalidad. Nunca llevaba dinero encima. Así que o le invitaban u obligaba a abonar las cuentas a sus guardaespaldas con dinero de su propio bolsillo. Era una de las consecuencias del gran honor de ser escolta del patriarca moderno del catalanismo. Pasados los años, y en un intento desesperado por desviar la atención sobre los trapicheos de sus hijos, el hombre llegaría a confesar que él mismo era un delincuente económico. Había hecho de la supuesta austeridad monacal una coartada. Ahora los Pujol son, según un auto judicial, una banda de delincuentes, vulgares chorizos.

Claro que en comparación con besugos como Artur Mas, Puigdemont, Torra o Aragonès, el nen barbut, Jordi Pujol era un pedazo de estadista, un personaje de una calidad intelectual inalcanzable para sus sucesores. Imagínense lo cutres que son para que Pujol se haya convertido en un titán de la política. Sin embargo, todos le han imitado con gran éxito en eso de ir por la vida con todo pagado, como profetizara Francesc Pujols.

La habilidad de los Mas, Torra y Puigdemont para vivir del pueblo es una cosa proverbial, contratada, irrefutable. No les ha temblado el pulso en el momento de recortar partidas destinadas a los servicios sociales, la sanidad, la gente mayor o la que no tiene recursos, al tiempo que engordaban los presupuestos de TV3, inflaban la nómina de altos cargos, abrían embajadetas por medio mundo o montaban unas oficinas de expresidentes dignas del maharajá de Kapurthala. Mas, Torra y Puigdemont cobran auténticas morteradas en calidad de expresidentes, disponen de guardaespaldas, chóferes, secretarias, despachos, parque móvil y toda clase de regalías a costa del pueblo llano. ¿Su mérito? Haber conducido Cataluña a la ruina, haber expulsado a miles de empresas, haber generado paro y pobreza, haber enfrentado a los catalanes, haber mentido y haber engañado a los ciudadanos, a todos y aún más a sus crédulos votantes. Y ahí están, trincando sin parar y como si no hubiera un mañana.

No hay más que ver algunas de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil a Puigdemont con sus ayudas de cámara. Este lunes contaba Crónica Global las maniobras del prófugo para abonar los gastos de un viaje a Perpiñán, donde soltó un mitin junto a Torra y Mas sobre la terrible represión que dicen sufrir los tres. Puigdemont quería que pagara la Unión Europea y para eso estaba dispuesto a pedir a dos consejeros de la Generalidad que le enviaran una carta solicitando un encuentro. "Hay que pedir a los consejeros [de la Generalitat] Puigneró y Tremosa una carta pidiendo la reunión que tendremos en Perpiñán, con fecha de esta semana. Es por si alguien del Parlamento Europeo me pide explicaciones de mi desplazamiento", escribe Puigdemont a Alay, el mismo que se reunió en Rusia con espías de Putin. El subordinado pregunta: "¿Ellos lo saben?", y Puigdemont replica: "No, no se lo dije. No es problemático. Es una carta que me envían para poder acreditar, si alguien me pide sobre el viaje. ¿O se paga desde la Oficina?". La "Oficina" es el chiringuito a todo tren que la Generalidad ha dispuesto para el fugado en calidad de expresidente autonómico.

Como se puede apreciar, el caso era evitar a cualquier precio rascarse el bolsillo, aunque el acto protagonizado por los tres expresidentes, lejos de tener un carácter institucional, fue una de esas performances del separatismo para vender la burra de que Cataluña es una nación oprimida, cuando no es nación ni se oprime a nadie. Todo lo contrario. Y más cuando se es independentista con todo pagado. Pero si hasta la señora de Puigdemont cobra del erario público gracias a la presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet y gran amiga del expresidente, a quien solía agasajar en una minúscula marisquería de la citada población que es el puerto de Arrebatacapas. Pagando el pueblo, obviamente.

Abascal acompañará este sábado en Mondragón a las víctimas del sanguinario etarra Parot
en una concentración en repulsa al homenaje que recibirá el terrorista
https://gaceta.es/ 14 Septiembre 2021

El líder de VOX, Santiago Abascal, arropará este sábado en Mondragón al diputado de su partido Francisco José Alcaraz en una concentración en repulsa al homenaje que recibirá el etarra Henri Parot, recluso en la cárcel de Villahierro (León) condenado a casi 4.800 años de prisión.

La red ciudadana Sare quiere homenajear a Parot en una marcha de 31 kilómetros, los mismos años que lleva en la cárcel el miembro de ETA condenado por 40 asesinatos.

Entre los atentados que se le imputan, Parot es responsable del coche bomba explotado junto a la casa cuartel de Zaragoza, donde fallecieron once personas, entre ellas el hermano y las dos sobrinas de Alcaraz.

Nada más conocer la noticia del homenaje al etarra, Alcaraz anunció su intención de concentrarse frente a ellos. «El 18 de septiembre los proetarras quieren hacer un homenaje al que puso la bomba a mi familia, el terrorista más sanguinario de ETA. Si el Gobierno no lo para, allí estaré en Mondragón con las víctimas y españoles que me quieran acompañar», anunció.

Alcaraz recibió inmediatamente una ola de solidaridad por parte de sus compañeros de VOX en el Congreso, muchos de los cuales tienen previsto viajar el sábado a Mondragón encabezados por Abascal para mostrar su repulsa al homenaje.

En cualquier caso, el portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, ha confiado en que el Gobierno no permita ese acto de «enaltecimiento del terrorismo» y, si es prohibido por la justicia, envíe a «los mejores efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» para impedir que se celebre.
Movilización contra la subida de la luz

Además, el líder de VOX acudirá el domingo día 19 a la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad en contra de la subida del recibo de la luz.

VOX defiende que España debe contar con capacidad para generar su propia energía para no depender de terceros países. Y para ello apuesta por potenciar la energía nuclear, que define como «limpia y segura».

Entre sus iniciativas parlamentarias, el partido ha propuesto en el Congreso una bajada del IVA en la factura eléctrica al 4 por ciento y la supresión del Impuesto Eléctrico o ayudas a pymes, autónomos o regantes.

El acoso a los jueces en Cataluña: se han ido 172 desde 2017
Hay 106 vacantes para un total de 837 plazas judiciales en toda la autonomía
Javier Gallego. Barcelona. larazon 14 Septiembre 2021

El acoso del independentismo a los jueces en Cataluña se ha ido acentuando a medida que avanzaba el «procés» y está teniendo como principal consecuencia un reguero de salidas en el colectivo judicial. En balance, desde 2017 hasta hoy, se han marchado un total de 172 jueces y, actualmente (según el último recuento de finales de 2020), el número de vacantes es de 106 para un total de 837 plazas judiciales (es decir, un 12,66 %, lo que supone que una de cada 10 unidades judiciales no está cubierta por un juez titular).

El goteo de marchas de jueces sigue sin cesar y, este 2021, se han computado ya 26 salidas, aunque habría que añadir que, según se desprende del último concurso, se marcharían 10 magistrados de Cataluña y solo vendría uno a la autonomía. Además, en el último concurso de jueces del 6 de septiembre, de 195 plazas vacantes en toda España, 58 estaban en Cataluña, un 29,74 %.

Unos datos más que elocuentes sobre la situación del colectivo judicial, en el punto de mira de todo el independentismo (desde los activistas más radicales hasta el propio Govern) y bajo permanente amenaza. De hecho, el incremento de ataques contra las sedes judiciales y, directamente contra algunos jueces (como contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena), ha obligado a movilizar a los Mossos d’Esquadra (operación «Toga») para dar protección al colectivo.

Este clima parece lejos de remitir tal y como reflejan los propios datos, pero también porque todavía hay multitud de causas judiciales abiertas contra dirigentes políticos y activistas independentistas. A medida que se vaya dilucidando caso a caso, los jueces regresarán a estar en el ojo del huracán.

Como muestran los datos, el acoso ha ido «in crescendo» a medida que la Justicia se ha visto obligada a entrar en acción para frenar el «procés». Se pasó de 21 salidas de jueces en 2017 a 40 en 2018 (cuando la cruzada contra los jueces se disparó por el encarcelamiento de los líderes del «procés»).

Esta salida acaba perjudicando a los propios ciudadanos. En este sentido, Cataluña es una de las autonomías con menor número de jueces por cada 100.000 habitantes: 10,82 (cuando la media nacional es de 11,97), solo superada por Castilla La Mancha, Navarra, País Vasco y Murcia.

Consultado por este diario, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña, Pablo Baró, observa la evolución de los datos en los últimos cuatro años «con tristeza y cierta resignación» porque «los números no mejoran, sino que están igual o peor que en año 2017». «La falta de adopción de medidas supone dar carta de naturaleza a un problema cronificado en esta comunidad y que solo se explica desde la beligerancia del Govern hacia el Poder Judicial, intensificada en los momentos álgidos del ‘procés’ y que no termina de desaparecer», afirma.

«Y aunque los jueces sigamos desempeñando nuestras funciones con la misma dedicación y profesionalidad, la existencia de tantas vacantes supone un perjuicio en último término al ciudadano, quien es el principal afectado por la pasividad del Ministerio de Justicia para resolver este problema», añade.

Pero no solo es un problema para los jueces. Los datos son similares para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios. Hay 158 vacantes de LAJ de un total de 657 (24,04 %), mientras que en la escala de funcionarios, los interinos (50,74 %) superaban a los titulares (49,26 %).


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