AGLI Recortes de Prensa   Viernes 17  Septiembre  2021

Sin etiquetas gana Vox
 Marcel Gascón Barberá. Libertad Digital.  17 Septiembre 2021

A raíz de la denuncia (falsa) de Malasaña, Vox ha sido víctima de una nueva ola de calumnias patrocinadas por el Gobierno. Partiendo de la premisa, nunca justificada, de que los de Abascal promueven el odio a las minorías sexuales, el Ejecutivo y sus medios-altavoz han querido atribuir a Vox una suerte de autoría moral de la pretendida agresión.

La estrategia es clara: si la existencia de un partido está detrás de hechos tan abominables como las palizas homófobas, todo vale contra ese partido; desde las pedradas a la ilegalización.

Que la denuncia se haya demostrado falsa es un revés puntual para esa estrategia, pero no cambia nada sustancial a medio plazo. El Gobierno perseverará en la demonización de Vox, que le da justificación para seguir negándole un tratamiento justo en las instituciones y los medios.

Silenciar el discurso real de Vox y deformar la imagen del partido que llega al público es fundamental para el Gobierno y sus redes clientelares. Pero también para esa parte dominante del PP que vive atenazada por el miedo a que le llamen facha y se conforma con su papel en el guión que escribe la izquierda.

Una normalización del mensaje de Vox atraería a muchísimos más españoles a las tesis que defiende el partido, que son dinamita pura para los consensos y mentiras oficiales en que se sustentan estructuras de poder hasta ahora no cuestionadas. (Pienso, por ejemplo, en la idea, asumida también por el PP, de que CCOO y la UGT cumplen alguna misión social y representan a los trabajadores).

Aunque a algún lector u oyente de esta casa pueda parecerle raro, millones de españoles no han escuchado hablar a uno de Vox más que con los cortes, glosas y subtítulos maliciosos que les ponen periodistas hostiles. Y la realidad no tiene nada que ver con la caricatura que de los dirigentes del partido le llega a esta parte, quizá mayoritaria, de la población.

Escuchar una entrevista en que se deje hablar a Macarena Olona, Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal o cualquier otro líder nacional o diputado de Vox deja en muy mal lugar a la gran mayoría de dirigentes políticos del resto del arco parlamentario.

Por un lado, la gente de Vox está más preparada que casi todos los políticos de izquierda, por mucho que se insista en el cliché de Vox como partido de los estúpidos y los incultos. Luego está la claridad, de intenciones y opiniones. Por comparación, un PP que modula sus discursos según la cadena o la región en la que hable, o el viento que señale el anemómetro de las encuestas, queda como un partido de adolescentes con problemas de identidad en búsqueda perpetua de referentes (Merkel, a veces Macron e incluso, en las malas tardes, Alfonso Guerra).

Por si fuera poco, la realidad no deja de dar la razón a Vox, como se ha visto últimamente en inmigración (ver lo que decía y dice Ana Oramas de Canarias o la invasión migratoria de Ceuta) o sobre una creciente violencia en las calles, que ya reconocen los grandes medios y los expertos.

El problema para los de Abascal es que la mayoría de los electores nunca llegarán a saber lo que él y sus compañeros de partido han dicho de estos temas. ¿Qué debe hacer Vox, además de crear plataformas de comunicación propias como la Gaceta y seguir aprovechando las que tiene abiertas? En mi opinión, poca cosa. Sin renunciar a crecer, a liderar la derecha o incluso el Gobierno, Vox debe tener presente que su aportación a la vida pública española con los 52 diputados que tiene ahora ha sido decisiva y tremendamente benéfica, y no dejaría de serlo aunque perdiera escaños en las elecciones que vienen.

Con su intensa actividad en los tribunales y una red de organizaciones satélite que ya ha logrado ensanchar por la derecha el campo de juego de nuestra democracia, Vox es, más que un mero partido político, un fenómeno social. Su gestión debe pensarse a largo plazo, y sin exagerar la importancia de lo meramente aritmético.

Por ello creo que lo acertado es mantener a salvo de cálculos electorales el discurso de principios que hasta ahora ha definido al partido. Y atemperar, de cara a comicios venideros, una euforia preelectoral que ya ha empañado resultados que se habrían considerado excelentes de no haber venido lastrados por expectativas hinchadas.

Quienes sí hemos tenido la oportunidad, la curiosidad o el interés de escuchar sin prejuicios a Vox podemos hacer algo más: exponer, con exactitud y de forma desinteresada, los planteamientos del partido en los temas clave. Es sorprendente la cantidad de gente que se siente representada por un partido al que tenía por facha cuando el mensaje le llega sin etiquetas.

La contra-revolución
Rafael Bardají. https://gaceta.es  17 Septiembre 2021

Nos guste o no, España está viviendo una revolución. De corte socialista en lo económico; de ideología comunista en lo social; y de fragmentación separatista en lo territorial. De una manera inimaginablemente acelerada y escondida tras el manto del miedo que se ha inoculado en los españoles con la pandemia.

Frente a la ruina que nos promete el Gobierno del precio de la energía más caro de nuestra Historia, de los impuestos más altos de nuestra Historia y del gasto público menos productivo de nuestra Historia; frente a la ideología que niega las obviedades fisiológicas básicas y que confunde sexo y género, que aspira a adoctrinar a todos los niños y niñas, “hijos del Estado”, que quiere dejarnos sin jamón para picotear y que preferiría que rezáramos en las mezquitas en lugar de nuestra iglesia; frente a quienes reniegan de España pero bien que se amamantan de ella; frente a todo eso sólo nos queda Vox, la única fuerza política que defiende la identidad española, el trabajo de los españoles, la familia y la libre educación.

Rajoy transformó el PP de Aznar en un partido sin valores. Pablo Casado lo ha llevado a defender sólo uno: hacerse con el poder como sea y con quien sea, pero llegar al poder. Alguien ha dicho que, si recurriéramos a la metáfora del coche en la carretera, la izquierda española andaría desbocada, bien por encima del límite de 120 Km/h. Mientras que el PP sería la socialdemocracia que marcha a 120, respetando las señales. Da igual; lo que está claro es que Génova prefiere pactar con el socialismo a atarse a Vox. Lo hará en Andalucía con los presupuestos y lo repetirá a nivel nacional en cuanto el PSOE se lo permita.

En cierta medida, habida cuenta de las fuerzas en presencia, la defensa por parte de Vox de una España sensata, tolerante y próspera, no rendida a los cánticos de la izquierda y la progresía, puede llevar a recordar la gesta de Leónidas y sus 300 frente a las huestes de Jerjes. Y, sin embargo, para ganar esta guerra civil 2.0 a la que la izquierda nos aboca, mal haría Vox en caer en el síndrome de las Termópilas. Cierto, Leónidas resistió ferozmente; Leónidas resistió con honor; pero su sacrificio resultó finalmente inútil. Persia les derrotó y llegó hasta Atenas.

Hay quien puede creer que más vale honra sin barcos que barcos sin honra, en la estela del quijotesco almirante Casto Méndez Núñez, pero enfrentarse a los panzers de la nueva izquierda española a la usanza de la caballería ligera polaca, sólo significaría el triunfo de la revolución social-comunista y más separatismo. Vox tiene que ser más inteligente. Desquiciar a la izquierda sirve para el propósito de sacar pecho y hacer saber que “aquí estamos”. Sin complejos. Pero no puede ser el objetivo estratégico. Machacar a la derechita cobarde, inane y traidora -o como se quiera adjetivar- sirve para sacar el coraje que llevan dentro los hombres y mujeres de Abascal y distinguirse de un centroderecha que, en realidad, es la prolongación moderada de la izquierda. Pero tampoco puede ser el objetivo último.

El objetivo último de Vox debe y tiene que ser vencer a la izquierda seduciendo y atrayendo a sus filas a los descontentos del PP y C’s y a todos aquellos que se sienten traicionados por una izquierda que se ha quitado la careta y que vive a cuerpo de rey mientras suelta migajas al resto, que no hace lo que dice y que sólo piensa en vivir a costa de los demás.

Y en este juego no valen ni los “patas negras” ni los herederos del Santo Oficio. Seducción, generosidad y atracción van unidas. Y Vox tiene que saber plantearse cómo resultar más seductor ante más gente y en un clima hostil en el que todos los medios querrán manipular su relato. El reto de Vox es construir una gran tienda donde cuanto más quepan, mejor. Encerrarse en su reducto le alejaría de su potencial éxito y, lo que es peor, condenaría a España a su extinción.

Sánchez, por bulerías
OKDIARIO 17 Septiembre 2021

Debería estar parapetado en La Moncloa preocupado por una subida exponencial del precio de la luz que amenaza con desmontar todas sus mentiras, pero lo cierto es que Pedro Sánchez está como unas castañuelas, cantando por bulerías al comprobar hasta qué punto el PP ha hecho una tormenta en un vaso de agua a cuenta del anuncio de Isabel Díaz Ayuso de aspirar a la presidencia del partido en Madrid. En un partido normal, el asunto se hubiera resuelto con un simple comentario del tipo «al fin y al cabo es la presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de nuestros principales activos», pero en el PP son especialistas en hacerse el harakiri. Esa proverbial tendencia a enredarse ante un asunto que no debiera dar más de sí está causando un daño objetivo en una formación que, pese a que Tezanos diga lo contrario, había logrado lo que hace cinco meses parecía imposible: colocarse al frente de las encuestas y erigirse en sólida alternativa de Gobierno.

En dos semanas, el PP ha logrado endulzar la vida de Pedro Sánchez que, como revela OKDIARIO, no sale de su asombro al comprobar tan torpe maniobra. Dicen que no da crédito ante el inmerecido regalo que ha recibido de su principal adversario político. Asiste estupefacto al serial de la guerra intestina del PP de Madrid y no se pierde ninguno de sus capítulos. En pleno frenesí ha llegado a decir: «¡Se han vuelto locos!». Reúne a los afines y se parten de risa al comprobar el grado de estupidez política que alcanza la pugna entre Génova y la Puerta del Sol.

Que el PP alegre la vida de Sánchez merece una seria reflexión, porque si hay alguien que no merece un palmo de ayuda o de ventaja es el presidente del Gobierno. Haría bien el PP en hacer cuánto antes propósito de enmienda, no vaya a ser que lo de Tezanos se convierta en la profecía autocumplida.

Lo del CIS es corrupción
EDITORIAL. Libertad Digital 17 Septiembre 2021

Atendiendo a los resultados que ha cosechado en prácticamente todas las convocatorias electorales de los últimos años, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), costeado por todos los españoles con sus desaforados impuestos, ya tendría una credibilidad más bien limitada.

Pero no se trata sólo de eso. Una encuesta puede diferir de otra por múltiples razones: pequeñas variaciones en la muestra o el método pueden llevar a diferencias sustanciales en el resultado final. Sin embargo, cuando un único sondeo nada a contracorriente de todos los demás y, sobre todo, de cualquier lógica política que no sea el interés de aquel que lo encarga, es bastante probable que la divergencia sea no de orden técnico sino político. De amaño político.

Para escándalo general entre la opinión pública y los medios no serviles al Gobierno, es a eso a lo que se dedica una institución que, aunque siempre se ha visto sometida a crítica por su enfeudamiento al gobernante de turno, nunca se había sumido en el descrédito en que la ha hundido el indeseable José Félix Tezanos. Afortunadamente, el descaro y la chapucería son tales que ya, más que indignación, los barómetros del CIS provocan carcajadas.

Ahora bien, que las trampas sean groseras e ineficaces no quita que el comportamiento de Tezanos no sea bochornoso y puede que hasta delictivo –a ver en qué queda la encomiable denuncia de Vox–. En cualquier caso, es groseramente inmoral, repugnantemente antidemocrático y propio de una república bananera o bolivariana.

Lo peor, no obstante, es que no se trata de una excepción sino de la norma: Pedro Sánchez y sus secuaces socialistas han ocupado las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio. Lo han hecho con empresas públicas entregadas a amigos; con la Fiscalía General del Estado, ocupada por una perra de presa del sanchismo, y pretende hacerlo con los jueces. Todo aquello que toca lo pudre con una rapidez inusitada.

Lo que están haciendo Sánchez y sus esbirros como Tezanos con el CIS y demás instituciones es una forma especialmente abyecta de corrupción, apesta a totalitarismo del s. XXI y es peor para la democracia que los casos de corrupción económica que suelen copar las portadas de los medios de referencia; de referencia para los estudiosos de la desinformación.

El PSOE, partido corrupto por antonomasia (con permiso de la extinta CiU), está haciendo lo que suele pero en circunstancias especialmente dramáticas para la Nación, lo que hace que la amenaza que representa, junto con sus socios o aliados comunistas, golpistas y proterroristas, sea de una gravedad igualmente extraordinaria.

De la traición considerada como una de las bellas artes
Iván Vélez. https://gaceta.es 17 Septiembre 2021

«La composición de un buen asesinato exige algo más que un par de idiotas que matan o mueren, un cuchillo, una bolsa y un callejón oscuro. El diseño, señores, la disposición del grupo, la luz y la sombra, la poesía, el sentimiento, se consideran hoy indispensables en intentos de esta naturaleza». Las palabras reproducidas aparecen en el libro Del asesinato considerado como una de las bellas artes, obra que el ácido Thomas de Quincey entregó a la imprenta un lustro después de que tan extravagante miembro de la aristocracia inglesa, publicara las Confesiones de un comedor de opio, sustancia que conoció mientras estudiaba en el Worcester College.

La obra, atravesada por un agudo y macabro sentido del humor, echa a andar describiendo los crímenes de John Williams, y constituye una suerte de exquisito reglamento criminal. De Quincey, por ejemplo, aconseja escoger sujetos que gocen de buena salud para desplegar ante él todo el arte, una de las bellas artes al decir quinceyano, asesino. Asesinar sí, pero cuidando las formas, tal y como queda expuesto en el que es, acaso, el pasaje más célebre de la obra: «Si uno empieza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente».

Vienen estas evocaciones literarias a cuento, porque lo ocurrido esta semana en el Parlamento de Cataluña presenta ciertas analogías con algunos de los pasajes que dan cuerpo al libro referido. Dos son, por ejemplo, bien que respaldados por poderosas facciones políticas, mediáticas y económicas, los sujetos dispuestos -el calificativo se lo dejamos al lector- a consumar un asesinato, el de la nación española, objetivo planteado en una mesa, llamada de diálogo, en la cual se ha perdido la «buena educación». Una puesta en escena envolvente del mercadeo de la soberanía española o, cuando menos, de la consolidación de privilegios, sujeta a gestos y a símbolos, los presentes y los ausentes, cargados de un simbolismo de los que mi compañero Manuel Beas, maestro del protocolo, podría ilustrarnos en profundidad. La retirada de la bandera española en el curso de una ceremonia que en todo momento trató de establecer una aparente equiparación entre dos naciones, la española y la fantasmagórica república catalana, fue el punto culminante de una jornada que habla a las claras de hasta qué punto el rehén del golpismo que pernocta en La Moncloa está dispuesto a traficar con algo que no le pertenece. Un tráfico, término que empleamos por la enorme carga de corrupción política aparejada a la asunción de una negociación bilateral, en pie de igualdad, entre un gobierno nacional y uno regional, para el cual, ningunos de los negociantes está autorizado, pues ninguno de ellos puede poner sobre la mesa lo que no les pertenece. Aragonés es, en rigor, el más alto representante del Estado en Cataluña. Aragonés preside la Generalidad de Cataluña, no una nación política, pues la Comunidad Autónoma de Cataluña no tiene semejante condición, por mucha bilateralidad que se imposte.

Existe, no obstante, y de nuevo regresamos a De Quincey, «la disposición del grupo» o, por mejor decir, la de muchos grupos, para erosionar la nación con objetivos localistas y, por ende, disolventes. Los ya aludidos, escudados tras el genuflexo Sánchez y su ufano anfitrión Aragonés, pero también otros. De hecho, en un ejercicio de mimetismo que, al cabo, servirá para legitimar las maniobras del Gobierno y el golpismo catalanista, acaso por la vía de la reforma de la Constitución en un sentido federalizante que, en realidad, sería confederalizante, ya se reclama la puesta en marcha de mesas semejantes. En este empeño se halla, por ejemplo, el blasinfantista Juan Manuel Moreno Bonilla, habitual usuario del vocablo «cogobernanza», tan próximo al anhelo de la España multinivel, aventado por el Gobierno, y veterano integrante de un Partido Popular que cuando gozó de la mayoría absoluta no se atrevió a socavar los cimientos -educativos, propagandísticos, paradiplomáticos-, sobre los que se asienta la mesa de la traición que, acompañada por una escenografía cinematográfica y un rótulo tan cursi como el de la «agenda del reencuentro», se ha exhibido, de impúdica manera, ante el conjunto de la nación.

El plan de Gobierno del comunista Castillo: adoctrinar en las corrientes marxistas a las nuevas generaciones
ENTREVISTA A GIULIANA CALAMBROGIO, EXPERTA EN EDUCACIÓN
Rodrigo Saldarriaga. https://gaceta.es 17 Septiembre 2021

Cuando el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) -la organización terrorista más sanguinaria que ha existido en el país andino- desató su “guerra popular” contra la “democracia burguesa” a la que despreciaban, habían pasado cerca de diez años desde que sus fundadores, profesores de ciencias sociales, habían abandonado las aulas y retirado a la clandestinidad, donde planearían su asalto al poder mediante asesinatos, coches bomba y mutilaciones.

Su cabecilla, Abimael Guzmán -que murió en prisión este sábado 12 de setiembre-, había sido profesor de Filosofía en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga -en la sierra peruana-, y su plan inicial, tras separarse del PCP original, era apoderarse de las facultades de educación presentando a sus cuadros a elecciones de consejo estudiantil. Al fracasar por esta vía, Sendero Luminoso abandonó las formalidades y se dedicó a la “escuela militar”, pero jamás renunció al adoctrinamiento en las aulas. De hecho, uno de sus organismos de financiación y captación de militantes fue una academia preuniversitaria.

Conversamos con Giuliana Calambrogio, licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra (España) y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (Lima), sobre la batalla ideológica que se avecina en la educación peruana, sobre todo tras el reconocimiento de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenate) -un sindicato magisterial vinculado al maoísmo y al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso-, y las pretensiones del Ejecutivo de modificar la Ley de la Carrera Pública magisterial y de descentralizar el currículo, lo que revelaría un plan del gobierno de Pedro Castillo de adoctrinar en las corrientes marxistas más ortodoxas a las nuevas generaciones de peruanos a través de la escuela pública.
Algunos analistas políticos advierten que existe una batalla ideológica en la educación peruana, y que esta vez no puede perderse, como ocurrió el siglo pasado y permitió la captación de docentes y estudiantes que terminaron engrosando las filas de grupos subversivos. ¿En verdad existe una como tal?

Dentro del magisterio hay una batalla ideológica que se arrastra desde las reformas educativas que se dieron durante la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado [de corte prosoviético], y luego se agudizaron muchísimo, sobre todo en las facultades de formación docente que se adscribieron al “Pensamiento Gonzalo”, que es la ideología marxista-leninista-maoísta que da cuerpo a las ideas de Sendero Luminoso. Si hay un gran componente ideológico dentro de la formación de los docentes en el magisterio. Ahora, muchos docentes no se sienten representados por el Sutep [Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú], por eso ahora algunos están tratando de legalizar este nuevo sindicato que es una fachada del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, compuesto por docentes formados bajo este pensamiento, que no han hecho sino acrecentar desde las aulas esta dicotomía, en términos marxistas, entre el ‘proletariado’ y la ‘burguesía’, que no es otra cosa sino buscar una confrontación entre las clases altas y medias capitalinas y los grupos sociales más vulnerables que sufren del abandono del Estado. Lo cierto es que, a pesar del crecimiento económico de los últimos treinta años, este no se ha visto reflejado en esta parte de la población peruana, no ha habido las ayudas sociales suficientes para terminar con estas desigualdades. Y aquí tienen un caldo de cultivo para sus ideas.
¿Cómo una doctrina tan radical continúa teniendo tanto éxito para infiltrarse en las universidades y el magisterio? ¿Cómo se ha podido camuflar o edulcorar?

La izquierda marxista-leninista-maoísta, que en el Perú también se suscribe como mariateguista, en memoria del pensador comunista peruano José Carlos Mariátegui, tiene claro que, para conquistar una revolución, que ha fracasado a través de las armas, puede optar por otro camino, de largo plazo, pero muy efectivo, que es el de la subversión educativa. Es decir, utilizar a la educación como herramienta ideológica. Inspirados por Gramci, enarbolan que la revolución será cultural o no será, y fueron tomando las facultades de educación, como es el caso de la Universidad de la Cantuta, un centro emblemático que forma docentes para el magisterio. Las universidades que una vez se suscribieron a la subversión han vuelto a ser tomadas ideológicamente. Y no solo estas, en otras como la Pontificia Universidad Católica del Perú, que podríamos creer que tiene sus principios más claros, han suscrito un revisionismo histórico, el cual ha implicado todo un cambio cultural en las generaciones de los últimos 20 años, a quienes se les ha educado que el terrorismo fue un conflicto social, donde los terroristas se presentan como guerrilleros en lucha de unos ideales, que equivocaron el camino tomando la violencia, cuando realmente no hubo ninguna equivocación, sino que siguieron un plan y una ruta trazada sin ningún remordimiento. Este revisionismo, esta nueva forma de ver la historia, y que es enseñada tanto en aulas de universidades nacionales, muchas de ellas de tradición marxista, como en privadas que aparentemente son más de corte liberal, ha contribuido a que haya toda un ala del magisterio influida en estas ideas.

La generación que ha nacido a finales de los 90 y principios del 2000 no ha vivido en carne propia el terrorismo, y muchos de sus profesores universitarios o de posgrado son parte de esta corriente revisionista. ¿Sus enseñanzas distorsionadas, apoyándose en el desconocimiento de sus alumnos, ha sido fundamental para que ahora se minimice tanto el terrorismo comunista? ¿Dónde queda la función del Ministerio de Educación?

Ha sido crucial. Vemos además que mucha gente que se dedica a la actividad docente suelen ser profesionales que no han estudiado pedagogía, sino ciencias sociales, y que tienen una visión totalmente ajena de lo que debería ser la formación pedagógica. Y el Ministerio de Educación no ha mantenido al margen las ideologías de las aulas, todo lo contrario. Muchos de sus funcionarios son egresados de facultades que enseñan neomarxismo. Entonces, los funcionarios del Minedu, quienes tendrían que ser parte del equipo fiscalizador de la labor docente, son cómplices de esta nueva ideologización de la juventud.

¿Qué se podría hacer para liderar un combate ideológico efectivo contra este pensamiento que busca apoderarse de la conciencia de los peruanos más jóvenes?

En la Comisión de Educación del Congreso disuelto inconstitucionalmente en 2019 por el expresidente Martín Vizcarra, se estaba trabajando un informe respecto a las infiltraciones ideológicas en las escuelas y universidades, informe truncado por esta disolución inconstitucional. El Congreso que le sucedió, del 2020, no tuvo la voluntad de continuarlo. La Comisión de Educación actual, presidida por el congresista Esdras Medina [Renovación Popular], tiene una intención clara de retomar estas investigaciones y realizar una labor de fiscalización y sanción por las faltas que han cometido los funcionarios los últimos lustros. Esperemos que esta labor de fiscalización y contrapeso político se haga, y se tiene que hacer por el bien de una democracia sana, y además para conseguir realmente que exista un nivel educativo en el Perú que sea el adecuado. Por otro lado, vemos que de parte de la sociedad civil hay colectivos que piden el retorno a clases presenciales, y también quieren defender la democracia de estos embates ideológicos, porque no debe extrañarnos para nada todos estos vínculos que tienen funcionarios del Ejecutivo con Sendero Luminoso, con el Movadef. Lo que nos queda como ciudadanos es seguir organizándonos de manera coordinada y responsable y esperar que el Congreso haga los contrapesos, porque no podemos permitir que la educación sea utilizada como una herramienta política para inocular ideas perversas en la mente de niños y jóvenes con el fin de destruir la democracia peruana.

Sánchez sucumbe ante ERC, Podemos y su propio interés personal
Ni los propios independentistas se han puesto de acuerdo sobre la verdadera finalidad de esta mesa
Miguel Massanet. diariosigloxxi 17 Septiembre 2021

“La gran fuerza del estado totalitario es que obliga a los que temen imitarlo”, Adolf Hitler.

Cuando es el propio señor Illa, líder de la oposición del Parlamento catalán, quien afirma que “desde el principio se sabía que ésta era una mesa de diálogo entre gobiernos”, huelga más aclaraciones, más interpretaciones y más suposiciones respecto a lo que se está tramando en esta “mesa de diálogo”, denominación bajo la cual se nos intenta hacer tragar a los españoles que se busca reconducir las relaciones de España con la díscola, irresponsable y abiertamente antiespañola Cataluña sin que, como intenta hacernos creer el señor Pedro Sánchez, renunciar a ninguno de los principios y valores establecidos en nuestra Constitución de 1978.

En realidad, los separatistas catalanes han conseguido de la Moncloa que se establezca una “mesa petitoria” en la que, el Gobierno de España, lo único que tiene que hacer es ir cumpliendo, con más o menos premura, el programa de peticiones encaminadas a lograr la independencia de los catalanes dentro de un plazo que, seguramente, ya tienen convenido con este gobierno socio-comunista que tenemos en nuestra nación.

Sólo la cobardía del resto de comunidades regidas por socialistas y la falta de una idea clara de lo que tiene en mente el PP (VOX si parece que lo tiene claro) sobre que tipo de España es la que quiere defender y si se va a conformar con lo que este gobierno actual pretende hacer, o sea, tratar con Cataluña para irle dando subvenciones, traspasos, concesiones e inversiones millonarias, mientras el resto de comunidades, menos favorecidas, más necesitadas y con unas infraestructuras en peores condiciones que las catalanas, se ven obligadas a ver como se las pospone en beneficio de aquella de las autonomías que más rebelde se han mostrado y que siguen haciéndolo, mientras se revela cada día más agresiva en contra del resto de la ciudadanía española; puede explicar, de una forma medianamente entendible, el que no haya una revuelta unánime en contra de esta actuación, evidentemente parcial y vergonzosa, que el ejecutivo de Sánchez está pergeñando sin el menor asomo de sonrojo, en perjuicio de la igualdad y de lo que debería ser una política de compensación en la que se favoreciera a los más débiles aunque debiera de reducirse las ayudas a los más fuertes.

Ni los propios independentistas se han puesto de acuerdo sobre la verdadera finalidad de esta mesa, ni los componentes, con presencia de algunos de los que van a participar que tienen deudas pendientes con la justicia y, sin embargo, el señor Sánchez va a consentir que se sienten a la misma mesa en la que el va a participar. Muchos españoles se preguntan, conociendo lo que el señor Aragonés tiene en mente y que, tampoco, ha tenido ningún interés en ocultar, ¿qué es lo que Pedro Sánchez espera sacar de esta reunión, cuáles son las ventajas que piensa conseguir, si excluimos la que el chantaje separatista le ofrece, a cambio de concesiones soberanistas, consistente en ayudarle a aprobar los PGE para el año que viene.

Quizás no nos hayamos percatado todavía de que, el actual gobierno de España, está apoyado por una serie de partidos de diversa índole política, especialmente de cariz soberanista, que hacen que los socialistas, que no tienen mayoría, se encuentren en una posición inestable, variable, volátil y de continua evolución que les hace depender del humor de sus aliados en el Congreso que, por cierto, no siempre coinciden en lo que son sus preferencias y lo que quieren exigir al Gobierno, para seguirle dando su apoyo. Esto está motivando que, no precisamente de forma muy diplomática, ni con muchos miramientos y preocupación por lo que establece la Constitución en cada caso, se está procediendo a una deriva paulatina hacia una izquierda más extrema, que se va notando en varios ataques referentes a la propiedad privada, a la libertad de contratación, a los derechos inherentes a la propiedad que suponen, como está sucediendo con este asalto a los beneficios de las eléctricas, con claro componente de tipo incautatorio, para solucionar un problema que, en todo caso, ya hace tiempo que colea y que le hubiera correspondido a la Administración pública el haber tomado medidas, con tiempo, no a última hora como está sucediendo, para evitar que el tema de la tarifa eléctrica se haya convertido, de la noche a la mañana, en uno de los problemas esenciales para toda la economía de la nación.

Estamos viendo el auge que, dentro del mismo Gobierno está experimentando la ministra de Trabajo comunista, la señora Yolanda Diaz y, al propio tiempo, como una ministra que nos daba la sensación de una mayor sensatez y sentido común, la señora Nadia Calviño, parece que se va encogiendo, achicando y, por encima de todo, se está prestando a hacer de comparsa de la política de Sánchez; mientras escuchamos como la señora ministra de Política Social, Ione Belarra, comunista también, se manifiesta encantada de que, a las eléctricas les recorten los beneficios, algo que no se cómo se los van a explicar a los accionistas de dichas compañías, españoles como ella que, sin comerlo ni beberlo, van a ver como sus acciones pierden valor gracias a una ocurrencia gubernamental.

Y en la misma línea de supeditación del señor Pedro Sánchez a quienes le tienen cogido de sus partes pudendas, separatistas y comunistas, observamos con preocupación, como se está reactivando una campaña en contra de la monarquía, que ya parece que se ha convertido en algo habitual que, en cierto modo, también tiene un componente claro de desviación de la atención de los españoles hacia temas que los puedan distraer de problemas de tanta gravedad como está siendo el del consumo eléctrico. Si ya va siendo una postura insostenible para el presidente del Gobierno, su oposición sistemática y evidentemente de carácter antimonárquico, de impedir que el ex monarca Carlos I pueda regresar a España, adornándose con frases tan “exquisitas” como: “Felipe VI es bueno porque no ejerce, Carlos I es malo, pero aquí estamos los republicanos para salvar la democracia”.

¿Los republicanos? Que sepamos, señor Sánchez, en España no estamos en un régimen republicano, sino que constitucionalmente, estamos en una democracia en forma de monarquía parlamentaria. Si el propio presidente del Gobierno no se entera de este principio tan elemental, es evidente que los españoles nos encontramos ante un gravísimo problema de identidad.

Y por si faltara un detalle de cómo valora el presidente del gobierno español al monarca Felipe VI, basta ver como este año le otorga “permiso” a SM para que vaya a Barcelona a la entrega de despachos a los nueves jueces (el año pasado se lo prohibió) “Es bueno que el Rey vaya a Cataluña”, como si el jefe del Estado español necesitase pedir permiso para desplazarse a cualquier lugar del Estado español. Malos vientos para la democracia y peores para el futuro político de nuestra nación, que corre peligro de irse degradando a medida que, por medio de decretos ley, se va vaciando de contenido una parte de nuestra Constitución y la función parlamentaria, dejando para el final, el golpe de estado definitivo para convertirnos en una dictadura al estilo de las hispano-americanas, como las presididas por Ortega o por Nicolás Maduro.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, en tanto que a don Juan Carlos I, al que todavía ningún tribunal ha condenado por nada, no puede venir a España, aquí se les da el mejor trato posible y reconocimiento a aquellos independentistas que fueron juzgados y condenados por el TS y que, para más INRI, cuando, sin rubor alguno, han repetido hasta la saciedad que no estaban arrepentidos de su sublevación contra España; se les ha concedido, en contra de los informes del propio TS y del Consejo de Estado, el indulto de sus penas. Hoy están sueltos y paseando libres por esta parte de España, Cataluña, de la que quisieron apoderarse que, sin duda alguna, continua y va a continuar para siempre, siendo España.



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Gestos contra la Nación
Emilio Campmany. Libertad Digital 17 Septiembre 2021

A estas alturas de legislatura, hay dos o tres cosas claras. Una es que lo único que sabe hacer Sánchez es subir el salario mínimo interprofesional. Todo lo demás es aire, humo, fuegos de artificio y teatro. La reforma laboral de Rajoy, que iba a derogar, ahí sigue incólume. La armonización fiscal con la que iba a cargarse la autonomía madrileña duerme en un cajón. La brutal subida de impuestos a "los ricos" sigue sin materializarse. Lo de la luz está por ver en qué queda. Es verdad que sacó a Franco del Valle de los Caídos y que aprobó la enésima ley de educación, pero eso no es gestión, es sólo ideología. Y luego está la negociación con el independentismo catalán.

También sabemos que el independentismo está dividido. Para el prófugo de Waterloo es esencial alcanzar la independencia para poder volver. Los republicanos creen que es pronto. No tanto porque Sánchez no sea lo suficientemente débil, sino porque se han dado cuenta de que los catalanes están demasiado divididos y todavía hoy, a pesar de las toneladas de propaganda vertidas sobre ellos, la mitad siguen sintiéndose españoles. Por ahora, se conforman con gestos. Y ya hemos visto que eso es lo que mejor se le da al secretario general del PSOE, siempre que se puedan retransmitir por televisión. Por eso está dispuesto a acudir a la mesa de negociación y así vender a su electorado no haber cedido en nada sustancial a la vez que ha intentado arreglar el conflicto con la única herramienta posible en el siglo XXI, el diálogo.

Esto puede ser para muchos una buena noticia, pero para eso haría falta que los gestos, los símbolos y las formas fueran irrelevantes. Y es verdad que en muchos asuntos lo son, pero en esto, cuando está en juego la unidad nacional, pueden ser lo que más importe. Que el Gobierno de España se reúna con el Gobierno de Cataluña de igual a igual, como si una cumbre entre líderes internacionales se tratara, no es baladí. Que el presidente del Gobierno acepte como representante de los catalanes a quien únicamente quiere representar a una parte de ellos no es intrascendente. Que quien nos encarna a todos incline la cabeza ante la senyera, corrigiendo el supuesto error de no hacerlo cuando fue recibido por Torra, es igualmente una humillación porque el presidente no lo hace con el resto de banderas autonómicas, las de tantos otros españoles, de igual clase que los catalanes. Que pase revista a unas supuestas tropas catalanas significa reconocer que la región dispone legítimamente de un ejército diferente al español, sujeto a una autoridad distinta de la prevista constitucionalmente y que no es otra que el rey. Y, por último, que permita que se retire la bandera de España cuando quien va hablar es el presidente de la Generalidad es un insulto a todos los españoles, incluidos los catalanes, que se sientan representados por ella. Todo esto no son nimiedades por el mero hecho de no tener traducción inmediata en el Boletín Oficial del Estado. Son ofensas a las que nos somete el presidente que hemos elegido entre todos. Y encima nos las hace a sabiendas de que nada se arreglará. Tan sólo las hace para seguir ostentando el cargo que tan indignamente ocupa. Es mucho peor de lo que parece.

El asesino, el juez y el presidente
Miguel Gutiérrez. okdiario 17 Septiembre 2021

Hacía frío en Irún la mañana del 2 de noviembre de 1978. José Luis Legasa Ubiría abrió la puerta de su vehículo y bajó, junto a su hermano Miguel, a inspeccionar unas obras de la nueva variante que se estaba construyendo en la zona norte de esa localidad. A José Luis, empresario y constructor, se le habían adjudicado unos trabajos en aquella remodelación de los accesos a Irún.

Dos años antes, en mayo de 1976, había denunciado ante la policía francesa el intento de extorsión de ETA, el llamado impuesto revolucionario, chantaje habitual con el que la banda terrorista financiaba sus operaciones y la subsistencia de sus comandos operativos. Aquella denuncia supuso la detención en Francia de Francisco Javier Aya Zulaica, alias Trepa, y otros dos colaboradores suyos, miembros de la red de extorsión en Bayona de la organización terrorista. José Luis no lo sabía, pero aquellas detenciones supusieron su condena a muerte.

Nada más bajar del vehículo, tres miembros del comando Argala le dispararon cinco tiros por la espalda, uno de ellos en la cabeza. Cuando cayó al suelo le remataron a quemarropa con un disparo más. Su hermano Miguel forcejeó con los asesinos y resultó herido en una pierna. Aquel fue el primer asesinato de Henri Parot, alias Unai, y el primer atentado del que fue uno de los comandos más sanguinarios de ETA, el comando Argala, compuesto exclusivamente por ciudadanos de nacionalidad francesa.

Pero Henri Parot no se detuvo ahí. Acababa de empezar su carrera como el mayor asesino de la historia de España. A aquel atentado en Irún le sucedieron 22 más. La especialidad de Parot fue el coche bomba y el tiro en la nuca. Tras José Luis Legasa vendrían las bombas de la calle Alcalá de Madrid al jefe militar del Cuarto del Rey, la DG de la Guardia Civil, Cuartel General del Aire y Cuartel General de la Armada, la matanza de la casa cuartel de la GC en Zaragoza (11 asesinados, cinco de ellos niños), otra vez la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, un tiroteo en la calle Atocha de Madrid donde murió el teniente coronel José Martínez Moreno, el asesinato del general Guillermo Quintana Lacaci, Cristóbal Colón de Carvajal, la fiscal Carmen Tagle… Y así, hasta 32 asesinatos probados, y sospechoso de casi 30 más por los que nunca ha sido condenado.

Henri Parot fue detenido finalmente el 2 de abril de 1990 cuando pretendía colocar un nuevo coche bomba, con más de 300 kg de amonal, con el que pretendía volar la Jefatura policial de Sevilla y medio barrio más. Fue condenado a casi 4.800 años de prisión por todos sus crímenes. Saldrá de prisión en julio de 2029.

El Gobierno de Sánchez, a través del ministro del Interior, el juez de la Audiencia Nacional en excedencia, Marlaska, acercó a Henri Parot en mayo de este año desde la prisión de Puerto III, en Cádiz, a la de Mansilla de las Mulas, en León. La excusa de este acercamiento es que el asesino Parot “aceptaba la legalidad penitenciaria”. No hablaba del arrepentimiento, pues este asesino jamás ha confesado arrepentirse de ninguno de sus actos, más bien al contrario. Tampoco hablaba de la colaboración con la justicia en la resolución de los más de 400 asesinatos que están pendiente de resolver.

Parot no ha colaborado en toda su condena con el Estado, al contrario. Ha intentado fugarse, ha seguido haciendo proselitismo de la banda armada y de la necesidad de continuar la lucha mediante bombas cada vez más potentes y sigue defendiendo el asesinato indiscriminado como herramienta política para alcanzar la independencia del País Vasco.

Para el juez Marlaska, aceptar la legalidad penitenciaria es suficiente para obtener privilegios si eres un asesino etarra. Extraño argumento este, el de aceptar la legalidad. Como si la legalidad no debiéramos aceptarla todos los ciudadanos. Es evidente que si no la aceptas acabarás en prisión. Dura lex, sed lex. Salvo que te llames Henri Parot y estés condenado a más de 4.000 años de prisión.

Este 18 de septiembre está convocado un acto de homenaje a este asesino en Mondragón. Cuenta con el permiso municipal correspondiente concedido por su alcalde del PNV. Con la anuencia del consejero de Interior del Gobierno vasco, también del PNV y de la subdelegación del Gobierno nacional en la provincia, designado por el Gobierno de Sánchez y Marlaska.

El juez Marlaska asegura que no dispone de ningún instrumento legal para prohibirla. Un hombre que ha conculcado la ley en el cese de Pérez de los Cobos, que se ha saltado la ley de refugio y asilo y la convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño en las deportaciones de menores en Ceuta, o que justificó la patada en la puerta para acabar con una fiesta ilegal. Ese hombre no encuentra justificación para detener el homenaje a un asesino como Henri Parot.

Es evidente que la revictimización y humillación que sin duda sufrirán las familias de los 32 asesinados por Parot, el enaltecimiento del terrorismo que significa homenajear al máximo asesino de una banda terrorista, la dignidad de las víctimas que prometió proteger, no parecen, a ojos de Marlaska, y del presidente Sánchez, suficientes argumentos jurídicos, pese a formar parte de la Ley de protección a las víctimas del terrorismo, o figurar en el artículo 578 el Código Penal.

Desde este 18 de septiembre ya no conoceremos a Henri Parot solo por ser el mayor asesino de la historia de España, o el que da doctrina, con su nombre, a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo por el que la redención de penas por beneficios penitenciarios se aplicaba respecto a la pena total y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión. A partir de entonces será conocido también como el día de la infamia Parot. Una infamia consentida por un juez en excedencia, con el permiso de un Presidente de Gobierno. Un asesino infame, para un juez y un presidente, igual de infames.

Miguel Gutiérrez
Diputado de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de la formación liberal en las Comisiones de Interior y Defensa. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Cs.

Menospreciar a las víctimas
Ramón de Villota. vozpopuli.es 17 Septiembre 2021

El homenaje al terrorista Parot, responsable de 39 asesinatos, se sustituye por concentraciones contra la pena de muerte. La ofensa a las víctimas, permanece

La primera mención que tuvimos de los delitos de odio en nuestro ordenamiento, y por la existencia de los crímenes de ETA, fue el enaltecimiento del terrorismo. Así, el artículo 578 recoge: “El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 -se refiere a los delitos de terrorismo- o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses”. En los párrafos siguientes se sigue indicando: “Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado”.

Este artículo, en vigor en la redacción actual desde el 2015, se ha sobrepasado en diversas ocasiones en los homenajes a etarras. Y este sábado estaba convocada una marcha en Mondragón en alusión a los 31 años que lleva cumpliendo condena Parot, por los distintos delitos que causaron 39 muertes. La presión política y alguna razón todavía por desvelar ha llevado a los convocantes a suspender el acto y sustituirlo por concentraciones en plazas de pueblos contra 'la cadena perpetua'. Con la desconvocatoria se ha evitado tambén la posibilidad, muy cercana a la realidad, de que se cometiera el mencionado delito lo que abriría las puertas a que sus responsables fueran investigados por ello.

Derecho al honor y la imagen
La redacción de este artículo fue muy polémica en su momento porque podía colisionar con la libertad de expresión y de manifestación, pero se ha entendido que la libertad de expresión y de manifestación, siendo derechos fundamentales, no pueden servir para afectar a otros derechos. La propia Constitución recoge, dentro del apartado referido a sus límites, en su artículo 20: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Y unos párrafos antes: “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Con estos mimbres, lo que hubiera podido ocurrir este sábado en Mondragón, o en las concentraciones que van a sustituir a esta marcha, tiene unos límites muy precisos, puesto que la excusa del cumplimiento efectivo de condena de 31 años por parte de Parot no puede implicar que sus víctimas sean menospreciadas. Además de que parte de origen de una circunstancia engañosa. La doctrina Parot no es contraria a que las penas de prisión puedan ser elevadas, sino que resuelve una cuestión muy concreta sobre nuestros beneficios penitenciarios.

En su momento, los beneficios penitenciarios hacían que se redujeran penas, desde su cumplimiento teórico, no real, en atención a un cambio en la interpretación de la norma. Esto tenía importancia en las penas de centenares de años; si bien existe un tope de años para su cumplimiento, las reducciones de condena se debían cumplir desde esos centenares de años, y no desde la fecha prevista de excarcelación. Esto fue lo que indicó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no debía realizarse, ya que en el momento de la entrada en prisión por dichas condenas la fecha desde la que se contaba el beneficio de la reducción de condena era otra, la de la efectiva salida de prisión.

A día de hoy los beneficios de reducción de condena no existen y ahora mismo el máximo de cumplimiento efectivo de las condenas es de 40 años de prisión permanente revisable, sin perjuicio de que las sanciones han de cumplirse atendiendo al ordenamiento legal vigente en el momento de la comisión del hecho delictivo.

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