AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 22  Septiembre  2021

La izquierda y los neonazis: Vox no es extrema derecha
Diego Vigil de Quiñones.okdiario 22 Septiembre 2021

Como ustedes habrán podido ver en todos los medios, el pasado sábado hubo una manifestación por el barrio de Chueca en la que unos pocos participantes lanzaron mensajes tremendos contra “maricas” y “sidosos”. La estética de la marcha era de lo que solemos entender por neonazi (cruz celta, etc). La Delegación del Gobierno, salvando su responsabilidad, ha informado de que la convocó una asociación de vecinos para protestar por la agenda 2030/2050. El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que eran unos descerebrados y que la manifestación “apesta a cloaca socialista”. La idea ha ido tomando fuerza en las redes y las radios: Carlos Herrera apuntó a un “atrezzo del enésimo bulo que alimenta el PSOE y Podemos para compensar el descrédito de episodios como el de Mondragón [el homenaje a Parot] y estigmatizar a sus rivales del centroderecha”, y Federico recordó los antecedentes marlaskistas de la “navajita plateá, el bulo del culo” y algo más.

De casi toda la vida, pero especialmente desde tiempos de Zapatero, la izquierda ha exagerado de mala manera sobre los partidos de la derecha, con frecuentes acusaciones de fascismo, extrema derecha etc. Antes de la existencia de Vox, las exageraciones de ese tipo iban referidas al PP, si bien sólo para personas o casos concretos y sin que los medios serios adjetivaran de ultraderechista o extrema derecha al entorno del PP. Desde que existe Vox, la cosa se ha recrudecido, y con frecuencia vemos la calificación de ultraderecha para referirse al partido de Abascal.

Si se indaga un poco la realidad subterránea de la extrema derecha en España, se puede conocer fácilmente que existen grupos abiertamente fascistas o cercanos al nazismo, en muchos casos relacionados con la afición ultra de algunos clubes de fútbol (con la aquiescencia de parte de los presidentes de los clubes de futbol profesional). Dichos grupos siempre han hecho la calle, a veces con eco mediático como el asalto a la librería Blanquerna, los homenajes a la división azul, actos el 20N, etc. Desde que existe Vox, dichos grupos no han ocultado su hostilidad al partido verde al considerarlo parte del sistema constitucional. La extrema derecha, en el sentido convencional del término, eran y son esos grupos. Comparado con ellos, ni Vox ni el PP tienen nada de extrema derecha. El hecho de que ahora un grupo de este tipo haya protagonizado una manifestación es la confirmación de que la extrema derecha existía, pero no estaba en Vox (como explicó en su día el act tank Qveremos en un post muy leído).

Cuando se exageran las cosas la realidad suele negar los discursos exagerados. En España, la extrema izquierda y parte de la izquierda exquisita suele equiparar a conservadores, liberales y neoliberales con fascistas. La mera verificación con lo que son unos y otros no resiste comparación. De extrema derecha han sido tildados en la prensa española desde Trump a Bolsonaro, los partidos en los gobiernos de Polonia y Hungría, o el emergente líder ultraliberal argentino Javier Milei (protagonista de algunas noticias estos días). A veces incluso son capaces de meter en el saco a Aznar o Isabel Díaz Ayuso.

El ruido mediático generado en torno a la “marcha nazi” hace caer por tierra este relato patético y siniestro: no es posible que tanto los fascistas como los liberales sean extrema derecha. Me parecería extrañísimo que la manifestación será una creación de la cloaca. Pero el eco a la misma sí lo es. Un eco que hace caer en contradicción al relato de la izquierda, pues demuestra que la extrema derecha existe, pero fuera de Vox.

La tercera enmienda: separación de poderes
Jesús Rul. vozpopuli.es 22 Septiembre 2021

Si la Justicia fuera un poder independiente, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPG, al inicio del curso judicial (6.09.2021), no hubiera hecho el discurso denunciando las interferencias, obstáculos y dejaciones de los partidos que resultan “insostenibles para la judicatura y para la sociedad”. Pone en evidencia una carencia nuclear de la Constitución: la separación neta de los poderes del Estado.

Si las Cortes fueran un poder independiente, representando la soberanía de los españoles titulares de la Nación y sus poderes, esa “mesa” inventada por Sánchez con los separatistas catalanes no sería posible. Está fuera de la Constitución: el Ejecutivo español no tiene competencias para negociar bilateralmente con separatistas, porque su objetivo en la mesa es la autodeterminación y la independencia.

La Constitución española de 1978, fruto del consenso entre izquierdas, derechas y nacionalistas después del franquismo, fue un logro de civilización democrática, aunque contenía déficits, ambigüedades y contradicciones que se han hecho patentes con el tiempo. Es, como todas las constituciones, un producto epocal, esto es, expresión de un contexto socio histórico. La Transición y la España democrática era la oportunidad para superar la división de las dos Españas, enfrentadas hasta llegar a la guerra civil e integrar a los nacionalismos vasco y catalán. La primera lacra se fue superando con estándares democráticos, desarrollo económico e infraestructuras, pero han emergido fuerzas antiliberales populistas, neocomunistas y partidos antisistema, al calor de la crisis financiera global de 2007, con voluntad de abolir el orden constitucional y pugnan con empeño contra los valores e instituciones del Estado: unidad de la Nación, libertades individuales, propiedad privada, libertad de empresa, monarquía parlamentaria, independencia judicial…

El Estatuto de la polémica
Los nacionalistas hace tiempo que han roto con la Constitución; utilizan las instituciones autonómicas como plataformas de diferenciación desleal y de secesión. El sistema constitucional cedió en marzo de 2006 al romperse el consenso constitucional de la Transición con la aprobación por el Congreso del nuevo estatuto de Cataluña con los votos favorables del PSOE, CIU, PNV, BNG, IU y ICV. Fue recurrido al Constitucional por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco autonomías (Murcia, Rioja, Aragón, Valencia y Baleares). Estatuto infumable con más artículos que la propia Constitución, aprobado por STC 31/2010, sin consenso, de 6 contra 4, cuyos votos particulares son ejemplo de coherencia lógica y rigor jurídico frente a una sentencia más “política” que garante de la Constitución.

Así las cosas, se vuelve imperativo acometer enmiendas a la Constitución para garantizar su plena vigencia contra las presiones políticas e insuficiencias acreditadas del TC. Después de cuatro décadas son notorios los efectos de desnaturalización y degradación de la integridad del Titulo Preliminar.

La 3ª enmienda, después de las dos primeras relacionadas con la vinculación a la UE, debería crear el sistema de separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, porque actualmente tenemos un sistema de división funcional de poderes con interferencias, condicionamientos, dependencias políticas y déficits de representatividad democrática más allá de la legal de los escaños. Tanto es así que quien controla el ejecutivo, controla el legislativo y condiciona seriamente el CGPG y el TC. Cuando esto sucede, prevalece la voluntad de poder sobre los derechos individuales y la seguridad jurídica. Nos ha pasado otras veces con otras constituciones, como la de 1876 y la de 1931, con efectos funestos para la seguridad, la libertad, la vida y el desarrollo.

A continuación, se proponen algunos criterios —susceptibles de integrar en nuestro ordenamiento constitucional a través de la modificación constitucional prevista en el art. 167 CE—, inherentes a la doctrina de separación de poderes entre legislativo y ejecutivo, y del poder judicial con arreglo a las recomendaciones de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa). Contienen los valores de la cultura democrática: control del poder político y condiciones de representatividad ética.

Para ser creíble la separación de poderes, procede en primer lugar:
Delimitar el carácter normativo de la Constitución. Suprimir los arts. 147.1, 148.2, 149.3, 150, 151 y 152 CE. Estos artículos son una anomalía que resta valor normativo apriorístico a la Constitución. Han sido una vía atípica de modificación constitucional que la ha desvirtuado, por la puerta de atrás, al margen de las vías de reforma constitucional del Título X. Vía abierta a la normatividad constitucional entre los partidos estatales y los nacionalistas en la cesión competencial a través de los Estatutos y transferencias de competencias a cambio de votos en las Cortes, cuya lógica socaba la Nación y precariza al Estado. Han primado los intereses partidarios y la voluntad secesionista contra los intereses de la Nación de españoles.

Criterios de reforma constitucional: separación de poderes y representatividad:
Poder legislativo: “Las Cortes Generales representan el pueblo español y están formadas por el Congreso y el Senado” (art. 66.1).

Sistema mixto de circunscripción electoral (adaptar y modificar Título III, capítulo 1º CE). Mitad de escaños uninominales (habría que crear los distritos) y sistema mayoritario a una vuelta. Otra mitad por provincias y sistema proporcional de listas de partidos y mayor media. El elector dispone de 2 votos, uno de circunscripción uninominal y el otro de circunscripción provincial como ahora (es un sistema de representación proporcional personalizada. Es el modelo vigente en Alemania).

Con relación al Senado, como “Cámara de representación territorial” (art. 69.1 CE), corregir su disfuncionalidad actual con representatividad de la ciudadanía de los distintos territorios (provincias y autonomías), mediante el sistema electoral proporcional personalizado, sucintamente expuesto, eliminando la actual designación partidista de senadores por los órganos de gobierno autonómicos que “no representan al pueblo español” como el más reciente de Susana Díaz (puerta giratoria del PSOE en su estrategia de poder en Andalucía), y competencias específicas y concurrentes con el Congreso según esta triple clasificación:

--Supremacía sobre el Congreso: control político y económico de autonomías, diputaciones y ayuntamientos, control de órganos con funciones territoriales.
--Igualdad con el Congreso. Leyes que afecten específicamente a los territorios. Comisiones mixtas para dirimir disparidades.
--Segundo plano con el Congreso. Segunda lectura de leyes del Congreso y autorización de tratados internacionales.

Partidos con implantación nacional por encima del 60 % de las provincias y con un mínimo del 4 % del total de votos nacionales para obtener escaño.

Listas abiertas de candidatos de partidos.

Compatibilizar legislaturas de 4 años con elecciones bianuales de la mitad de los miembros de las Cortes Generales. A la mitad de la legislatura es el pueblo soberano quien decide validar, cambiar o matizar la orientación de las políticas en la distribución de escaños y mayorías parlamentarias.

Fórmula canónica de acatamiento constitucional. Expresiónobligada, pública y formal, de sometimiento y sujeción a la Constitución. Binaria: sí o no, sin más. Instituir el perjurio por su incumplimiento probado.

Eliminar la inmunidad parlamentaria. Suprimir el art. 71.2 y 3 CE. Diputados y senadores como representantes tienen las mismas garantías del Estado de Derecho que los representados (ciudadanos españoles).

Poder ejecutivo: Gobierno y Administración. “El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y de la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria…” (art. 97 CE).

Elección y cese del presidente de gobierno. Dos opciones: mantener el sistema actual de elección con mayoría absoluta del Congreso (propio del modelo continental), o mediante elecciones específicas a la presidencia del gobierno con sistema de doble vuelta entre los dos candidatos con más votos (este sistema de corresponde con el modelo presidencialista). El cese, en el primer supuesto expuesto, según el art. 101 CE, por pérdida de confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento, y, en el segundo supuesto, al terminar el mandato o por juicio político y destitución por mayoría absoluta del Congreso.

La responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno según el art. 102 CE, exigible ante el Tribunal Supremo.

 Limitación de mandados. Máximo dos mandatos (8 años).

 Competencias exclusivas e intransferibles del Estado. Reordenar y cerrar las competencias entre el Estado (art. 149 CE) y las Autonomías (art. 148 CE). Reasignar competencias transferidas al Estado en coherencia con la Nación española, unitaria y autonómica: además de las del art. 149 CE, seguridad (ejército, policía, Guardia Civil, titularidad de las policías autonómicas), unidad jurisdiccional, administración de justicia y prisiones, cuerpos de funcionarios A y B, economía, educación (desde infantil a universidad y formación profesional), inspección de educación (supresión por anómala de la Alta Inspección), seguridad social, sanidad, cultura.

 Prerrogativa de gracia. Los indultos son concedidos, en su caso, por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo previa solicitud motivada del Gobierno.

 Administración Pública (art. 103 CE). El mérito y la capacidad, con evaluación profesional e independiente, es el criterio de acceso y permanencia en la función pública hasta el nivel de director general.

Poder judicial. Jueces y Magistrados. “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al Imperio de la ley” (art. 117 CE).

El Título VI de la Constitución (Poder Judicial) se ajusta bastante a las propuestas de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa en materia de Derecho), excepto lagunas y carencias que han sido utilizadas por el intervencionismo político.

Composición del Consejo General del Poder Judicial. Añadir al art. 122.3 lo siguiente: “…De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, elegidos por sus pares” (eliminar: en los términos que establezca la ley orgánica). En coherencia con el Apartado 3, del Informe sobre la Independencia del sistema judicial: Los órganos de nombramiento y consultivos, Comisión de Venecia —CV—, marzo 2010.

Presupuesto del Poder Judicial. La independencia del sistema judicial guarda relación con los recursos suficientes en coherencia con el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Añadir un punto al art. 122: “El Estado asignará recursos financieros suficientes al sistema judicial, según criterios objetivos y transparentes para el buen funcionamiento, independencia y estabilidad” (Informe citado de la CV, apartado 7).

 Mérito, independencia y prestigio de Jueces y Magistrados. Añadir un apartado al art. 122 CE “el nombramiento y la carrera profesional de los Jueces y Magistrados se basarán en el mérito, evaluado a través de criterios objetivos en el marco de la ley” (Informe citado de la CV, apartado 2).

Añadir un párrafo al final del art. 117.1 “Las decisiones judiciales independientes exigen capacidad de resolver sin restricciones ni ser objeto de influencias, incitaciones, presiones, amenazas o intervenciones indebidas, directas o indirectas de todo tipo” (Informe CV, apartado 8).

Adoptar un sistema claro de separación de poderes es posible para la consolidación constitucional. Concierne a los partidos comprometidos con España y su futuro. Demorar estos cambios por intereses ideológicos y partidarios alimenta el deterioro actual, cronifica los separatismos, da alas a los populismos disolventes que medran en las instituciones por el decisionismo político. El control del poder político es el instrumento constitucional para la salud democrática de las sociedades libres.

España, el antisemitismo y el Meridiano de Durban
Marcel Gascón Barberá. Libertad Digital 22 Septiembre 2021

Madrid debe unirse a las democracias que han boicoteado este nuevo aquelarre israelófobo.

Hace 20 años, la ONU organizó en la ciudad sudafricana de Durban la Primera Conferencia Mundial sobre el Racismo. Pese a tener como objetivo declarado la lucha contra el "racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia", la cita resultó ser desde el principio un acto de repudio contra Israel lleno de manifestaciones antisemitas. Elaborado bajo patrocinio de la teocracia antisemita iraní, uno de los textos preparatorios acusaba a Israel de estar perpetrando contra los palestinos "un nuevo tipo de apartheid", "un crimen contra la humanidad" y "una forma de genocidio". La Unión Europea vetó estas expresiones de la declaración final de la cumbre, cuya agenda obsesivamente antiisraelí fue marcada por una serie de países musulmanes y sus aliados antioccidentales en África.

Pero las hipérboles aventadas de forma exclusiva contra el único Estado judío (por los representantes de dictaduras abiertamente xenófobas y racistas que son responsables de limpiezas étnicas y miles de asesinatos) dominaron las sesiones plenarias. En una de ellas, el presidente de la OLP condenó las «políticas racistas de Israel". Otro adicto al crimen político que descalificó a la única democracia de Oriente Medio fue el dictador cubano Fidel Castro, que habló del "genocidio que se está perpetrando contra nuestros hermanos palestinos".

Las cosas tomaron un cariz aún más inquietante en el foro de ONG que se organizaba en paralelo. Libres de la obligación de disimular que atemperaba a sus mecenas políticos, activistas de estas organizaciones distribuyeron caricaturas con temas antisemitas canónicos, en las que aparecían judíos de nariz aguileña aferrándose a fajos de billetes o con los colmillos ensangrentados. El despliegue de antisemitismo fue igual o más evidente en las calles de la ciudad, por las que miles de activistas liderados por militantes palestinos exhibieron pancartas con lemas como "Hitler debió terminar su trabajo" y gritaron eslóganes como "Muerte a los judíos", mientras los manifestantes más emprendedores vendían ejemplares de Los protocolos de los sabios de Sión.

El aquelarre se clausuró con la adopción de la llamada Declaración de Durban, un texto muy moderado, visto lo ocurrido en el Centro de Convenciones de la ciudad. La declaración tiene, sin embargo, un detalle revelador: Israel es el único Estado del mundo al que se condena (como fuerza de "ocupación extranjera"). La cita de Durban –de la que se retiraron indignados Israel y Estados Unidos– es importante por varios motivos, como bien está señalando en los últimos días la organización ACOM, líder en España en la lucha contra el antisemitismo. En primer lugar, supuso un señalamiento arbitrario y exclusivo de Israel y del sionismo con pocos precedentes en un foro internacional de ese nivel. Por otra parte, Durban fue escenario de una exhibición de antisemitismo clásico avalada por la ONU y por decenas de Gobiernos, algo que no se había visto en el mundo desde la liberación de Auschwitz.

Además de revelar la naturaleza antisemita del antisionismo, la Conferencia de Durban dio curso a la estrategia de deslegitimación de Israel más utilizada hoy día por quienes niegan el derecho del Estado judío a exisitir o defenderse –lo que es, en última instancia, lo mismo–. Esta estrategia consiste en camuflar las razones menos confesables de los denunciadores permanentes de Israel, tanto en el mundo islámico como en Occidente, en un lenguaje de legalidad y derechos humanos mucho más vendible entre el público no radicalizado.

Israel es, para cualquier observador honrado, un Estado democrático con estándares humanitarios extremadamente altos, sobre todo si se comparan con los que imperan bajo los regímenes que culpan al Estado judío de todos los males. Pero esto no les importa lo más mínimo a los abogados del antisionismo acuñado en Durban. Su plan de acción requiere presentar a Israel como una entidad monstruosa, culpable de políticas racistas como las del apartheid y de crímenes contra la Humanidad comparables al Holocausto, para justificar los boicots con los que quieren dejarle sin capacidad para comerciar, prosperar y defenderse.

De esta forma, el antisionismo pretendidamente humanitarista trabaja codo con codo con las organizaciones terroristas que, hoy patrocinadas por la casi nuclearizada Irán, siguen atacando al Estado judío con globos incendiarios que provocan incendios, misiles y atentados indiscriminados contra soldados y civiles. Llevando a La Haya a los mandos militares israelíes por las operaciones de defensa en Líbano o Gaza, como exigen muchas ONG, o forzando un embargo en Estados Unidos sobre la venta de armamento a Israel, como piden algunos demócratas, el antisionismo de Durban quiere maniatar al Gobierno de Jerusalén, lo que dejaría a los israelíes a merced de regímenes y grupos terroristas que tienen la aniquilación de los judíos entre sus prioridades programáticas.

La Conferencia de Durban ha tenido ya dos reediciones. La de 2009 fue boicoteada por diez democracias, y catorce Gobiernos occidentales rechazaron participar en la de 2011. Este miércoles se celebrará la tercera reedición –coincidente con el vigésimo aniversario de a cumbre original–, nada menos que en la sede neoyorquina de la ONU. Como en ocasiones anteriores, dictaduras que esconden la represión implacable contra sus propios pueblos en condenas histéricas, y a menudo antisemitas, de Estados Unidos e Israel llevarán la voz cantante en Durban IV, como se conoce esta edición 20º aniversario. Estados Unidos, Australia, Canadá, Israel, el Reino Unido, Hungría, Holanda, Austria, República Checa, Alemania, Francia, Bulgaria, Italia, Croacia, Nueva Zelanda y Chipre ya han anunciado que no acudirán.

En la lista de democracias europeas que han rechazado dar legitimidad con su presencia a este nuevo intento de demonizar a Israel por parte de algunas de las autocracias más crueles del planeta no está España. El Gobierno de Pedro Sánchez haría bien en atender a los precedentes de la conferencia y sumarse la boicot. España debe estar junto a las demás democracias y no al lado de satrapías que instrumentalizan la causa del antirracismo para perseverar en su obsesión judeófoba de destruir a Israel.

La necesidad para España de hacer lo correcto es particularmente acuciante en el contexto actual. Envalentonadas por sus éxitos recientes, y ante la apatía de Occidente, las potencias antidemocráticas parecen expandir su influencia en muchas partes del mundo. Israel vuelve a enfrentarse a la amenaza del terrorismo de Hamás y Hezbolá, y un Irán más radicalizado que nunca avanza con paso firme en su programa nuclear. Más grave aún: desde una perspectiva estrictamente europea, resulta que manifestaciones como las de Durban, en las que se lamentaba que Hitler no consumara su obra, se convirtieran en habituales en el continente durante la última guerra de Gaza. Con la excusa de Israel, cubierto en kefias y banderas palestinas y enarbolando el discurso de Durban, una nueva hornada de antisemitas ha conseguido que los judíos vuelvan a tener miedo en las sinagogas, los comercios y las calles de Europa.

España debe dejar claro urgentemente que está en el lado correcto del Meridiano de Durban.

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Presupuestos y coacciones
Si Sánchez no consigue aprobar los nuevos presupuestos con ERC y el PNV, porrogar los actuales podría no ser suficiente para acabar la legislatura. La amenaza europea sigue vigente
Editorial ABC

El Gobierno inició ayer las conversaciones con los distintos grupos políticos para tratar de pactar los presupuestos generales del Estado de 2022. Con el PP, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunió casi a título de inventario y por mera estética parlamentaria porque, como publicó ayer ABC, el Ejecutivo ni siquiera ha tenido la cortesía de remitir al partido de Pablo Casado ni un solo documento. Ni quiere negociar absolutamente nada con el PP, ni Génova respaldará los presupuestos de Pedro Sánchez. Así que por esa vía todo fue pura retórica. Sin embargo, sí fue relevante la reunión que mantuvo Bolaños con Gabriel Rufián, ya que la única obsesión de Sánchez es que ni ERC ni el PNV presenten una enmienda a la totalidad de los presupuestos para, al menos, poder iniciar la tramitación de la ley, y luego debatir con ellos enmiendas parciales a través de cesiones de corte soberanista.

Emerge de nuevo el eterno paripé negociador entre partidos de la izquierda mediante un cortejo político que suena a repetición y, desde luego, a la puesta a punto de un nuevo chantaje de los partidos nacionalistas e independentistas contra el Estado, incluido Bildu. En estos momentos, y tras la afinidad demostrada por Sánchez y Pere Aragonès en la ‘mesa de diálogo’, nada hace pensar que ERC vaya a frustrar la legislatura a Sánchez, y la negociación terminará siendo una mezcla de teatro político y claudicación. No obstante, hay en el PSOE quien no olvida que en 2019, durante la primera legislatura de Sánchez tras la moción de censura, ERC decidió no respaldar los presupuestos y forzó las elecciones. De hecho, ya advirtió ayer Gabriel Rufián de que el Ejecutivo tendrá que «sudar» para aprobar las cuentas públicas.

La segunda derivada de esta negociación atañe a un cariz más político que económico con ERC. Esquerra da por descontado un trato financiero privilegiado para Cataluña en detrimento de las demás autonomías. Por eso su esfuerzo se basará ahora en imponer a Sánchez una agenda que pase por el reconocimiento del catalán en Europa o una aplicación de la ley de ‘memoria democrática’ a la medida de la Generalitat. Por ejemplo, transfiriendo, o haciendo desaparecer la comisaría de Policía de la Vía Laietana de Barcelona, a la que ERC considera un símbolo de la represión franquista. Al margen queda la financiación, donde Cataluña exige un trato preferente del que ayer alertaron juntos los presidentes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, uno del PP y otro del PSOE, en una alianza de intereses contra cualquier agravio que les perjudique. «No hay igualdad ante los españoles, y eso hay que corregirlo», concluyeron Juan Manuel Moreno y Ximo Puig, conscientes de que ERC y el PNV van a pasar el platillo durante la negociación.

Existe también una confusión generalizada en torno a la trascendencia de estos presupuestos. Desde una perspectiva política, Sánchez se ha empecinado en asegurar que si fracasase y no hubiese nuevos presupuestos, podría prorrogarlos ‘sine die’ y concluir la legislatura para no tener que adelantar elecciones. Técnicamente, puede ser así. Pero la variable económica altera seriamente el panorama: sin unas nuevas cuentas públicas, sin una reforma laboral, o sin un pacto realista sobre las pensiones, España difícilmente podrá recibir los 75.000 millones de euros comprometidos por Europa. El plan de Sánchez sí tiene fisuras, y ERC y el PNV lo saben. Los presupuestos ya no son así un arma con el que el PSOE pueda manejar a la oposición a capricho con la sartén por el mango, sino la herramienta de sus socios para una nueva remesa de coacciones con las que sacar tajada.

¿República independiente de Cataluña? ¡No, gracias!
La desidia de nuestros gobernantes ha permitido que los independentistas todavía no se hayan dado por enterados de que están empeñados en una lucha de antemano perdida
Miguel Massanet. SX 22 Septiembre 2021

“Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos", Heath Ledeger.

En ocasiones los españoles volvemos la mirada hacia atrás y nos preguntamos por qué hemos sido capaces de tirar por la borda un estado de bienestar que, a algunos, seguramente les parecía poco, a otros por el simple hecho de estar gobernados por la derecha, les repateaba el hígado y al resto, sin duda una mayoría, nos parecía un don de Dios poder disfrutarlo en paz, sin amenazas aparentes y con un ambiente ciudadano en el que predominaba el entendimiento entre las personas, unas buenas relaciones, la posibilidad de encontrar un trabajo y, por encima de todo, el hecho de que existía un clímax, entre la ciudadanía, donde predominaban los avatares de la vida cotidiana, el gusto por lo familiar, el disfrute cultural y la despreocupación por la política y los políticos lo que, de por sí, ya era una señal de normalidad y la demostración de que, la España de entonces, era un lugar privilegiado en el que la ciudadanía se encontraba a gusto, en un entorno general de prosperidad y optimismo.

El por qué todo ello se ha ido por el desagüe de una pretendida reforma de la sociedad, urdida por grupos antisistema, revolucionarios, progresistas y comunistoides importados de otros países y, el hecho cierto de que ello ha sido el causante de que, todo aquel esplendor del que gozábamos en paz y tranquilidad, haya desaparecido en tan solo unos pocos años, para ser sustituido por un grave desencuentro entre unos y otros españoles, resucitando el viejo concepto de las dos Españas que tanto sufrimiento nos trajo, tanta miseria y tantos años de falta de entendimiento motivados por las consecuencias de una contienda entre españoles que, si nos atenemos a los hechos, todavía no se ha conseguido que los descendientes de los protagonistas de aquella guerra civil hayan olvidado y perdonado, dejando aparte unos agravios y rencores que ya deberían haberse superado, después de más de 80 años de aquellos tristes y macabros acontecimientos; la realidad es que no somos capaces de encontrarle una explicación plausible ni, tampoco, porque no decirlo, estamos interesados en meternos en disquisiciones que nada aportan al estado actual de nuestra deteriorada democracia.

Y si ya estamos en desacuerdo con el actual Gobierno del Estado, compuesto por unos políticos poco interesados en acabar con los problemas de la nación y que anteponen, de una manera harto egoísta, sus interés partidistas, sus ambiciones personales, sus ideas revolucionarias puestas al servicio de una causa importada de los paraísos comunistas del resto del mundo, que ha fracasado en todas las naciones en la que se ha experimentado, pero que sigue alimentando a los descontentos, rencorosos, reformistas sectarios y demás activistas que no creen en la democracia y sus reglas y piensan que la forma de cambiar el mundo sigue estando en la revolución y la violencia que ella comporta.

Así y todo, dentro del mismo Estado español, todavía podemos encontrar ejemplos de lo que puede empeorar la situación de la ciudadanía si nos queremos fijar en lo que sucede en algunas comunidades del país que, no contentas con los problemas de tipo general que les afectan como miembros de la nación española, se están buscando otros más complejos, menos entendibles y, por supuesto que debido a un concepto equivocado de lo que son y han sido, a través de la historia, sus relaciones de dependencia con el resto de la nación, se han inventado ilusorias aspiraciones, fraudulentas interpretaciones históricas y absurdas e ilegales pretensiones soberanistas que ya hace años que debieran haber sido cortadas de raíz, pero que la desidia de nuestros gobernantes, de uno y otro color, ha permitido que los independentistas catalanes y vascos, todavía no se hayan dado por enterados de que están empeñados en una lucha, de antemano perdida, contra la nación española.

Y hete aquí que, los españoles ( los que nos sentimos como tales) que residimos en tierras catalanas y que tenemos la calificación de catalanes, estamos envueltos en un país desconcertante en el que la mitad busca la independencia, otra parte no la quiere, casi todos estarían encantados con más autogestión y, prácticamente todos, sienten una aversión poco justificada, pero alimentada por los políticos catalanes soberanistas, en contra de Madrid, de la monarquía, el resto de autonomías, a las que culpan de restarles ayudas del Gobierno y de “robarles” la parte de su riqueza, mediante los impuestos, para favorecer en un gesto compensatorio, a las comunidades de menos recursos. Por supuesto no tienen razón y las estadísticas oficiales de la aportación quecada comunidad hace a la tesorería del estado, se evidencia que la comunidad madrileña aporta más que la catalana que, a su vez, recibe más ayudas del Estado y es la que tienen más concesiones y transferencias en relación a las restantes autonomías.

Empezando por el gobierno de la Generalitat y por el Parlamento catalán ya tenemos motivo para encontrar en ambas instituciones una mayoría de independentistas, que no se entienden entre ellos, cuya única finalidad es conseguir el auto gobierno de Cataluña. Algo inconcebible en un país democrático en el que la voluntad popular mayoritaria y, lo que es más importante, nuestra Carta Magna no permiten estos atentados a la unidad nacional. Sin embargo, es el propio Gobierno del Estado quien muestra su incapacidad para evitar esta situación y, en el colmo de la desvergüenza, se presta a negociar de tú a tú con los separatistas, en una ilegal y absurda mesa igualitaria.

Pero ¿qué está sucediendo, mientras tanto, en Barcelona y las principales ciudades de la comunidad? Evidentemente una falta absoluta de autoridad por parte de las autoridades. Si en Barcelona, la alcaldesa ha decidido convertir a la ciudad en un experimento marxista leninista, olvidándose de que nuestra Constitución defiende el libre mercado y la propiedad privada, mediante actuaciones de tipo totalitario que van, desde limitar arbitrariamente el importe de los alquileres a gravar con tasas especiales los pisos vacíos o poner plazos para que el propietario deba ofrecer en alquiler la vivienda a imponerle la obligación de arrendar a cualquier persona que no sea de su agrado que le pida alquilarla. Ella, la alcaldesa Colau, hace y deshace siguiendo su filosofía de que las leyes estatales que no le parezcan bien no las va a cumplir, algo que se ha tomado muy en serio, y lo cierto es que sigue fiel a este principio. Los tribunales le van tumbando, una tras otra, estas ilegalidades, pero hay muchas personas o comerciantes que no quieren enfrentarse o no tienen medias suficientes para costearse un juicio, que ceden ante estas bellaquerías de la alcaldesa.

La policía catalana pasa por su Vía Crucis diario, debido a que la falta de autoridad en la que se la sitúan impidiéndole emplear medidas disuasorias para luchar contra los que alteran el orden, las reprimendas que reciben en cada ocasión en la que emplean, moderadamente, la fuerza, la colocan en una posición de clara desventaja numérica y de medios de defensa adecuados en los casos de grandes manifestaciones o agrupaciones ciudadanas.

El hecho de que la educación, tanto primaria como secundaria o universitaria, esté copada y dirigida por el soberanismo catalán, hace que una parte más politizada de la juventud catalana se haya educado en un ambiente rebelde, de lucha contra el orden establecido y de nulo respeto por las leyes y la autoridad, lo que viene causando situaciones, como la que tuvo lugar en un reciente “botellón”, celebrado en el recinto universitario, al que acudieron una verdadera multitud de jóvenes que no se limitaron a divertirse, sino que el alcohol y las drogas los soliviantaron hasta el punto de empezar a ejercer el vandalismo causando graves destrozos, hubo peleas y se habla de que también se produjo una violación. La policía quiso poner orden y el resultado, patético, fue que acabó por tener que salir corriendo del lugar, perseguida a botellazos y pedradas por una turba de energúmenos, que se habían constituido en los vencedores de aquel encuentro tan desigual.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos menos de llegar a la decepcionante conclusión de que estamos en una nación donde, en algunas partes de ella, la autoridad ha desaparecido, los delincuentes están a sus anchas y la policía, que debiera de poner orden en las calles, está completamente desautorizada para usar las medidas de contención y ataque de que dispone debido a que, los políticos de izquierdas y separatistas, no permiten su uso y, así las cosas, nos encontramos que en Cataluña quienes están en el poder son los mismos que dan alas a todas estas bandas de facinerosos callejeros. Una juventud a la que se le enseña a desobedecer, a enfrentarse a la autoridad y a incumplir las leyes que, queramos o no, va a ser la que, un día, coja el relevo a quienes dirigen actualmente esta autonomía. Dios coja confesados a aquellos ciudadanos que deban bregar con ellos.

Hoy acudimos a Stefan Zweig para que nos ilustre con su docta opinión: “Nada torna a la gente más desnaturalizada e insubordinada que una larga y constante ociosidad".

Cien nazis en Madrid importan más que 250.000 en el País Vasco
Daniel Rodríguez Herrera. Libertad Digital 22 Septiembre 2021

¿Crece la homofobia en España? No lo creo, pero si así fuera, la culpa sería de la izquierda.

Si uno tuviera que juzgar lo sucedido este fin de semana a través de los medios progresistas y las televisiones, si me perdonan la redundancia, lo más grave que ha sucedido ha sido una manifestación de alrededor de un centenar de nazis por las calles de Madrid. Por Chueca, nada menos. Mientras, ha tenido que ser la sociedad civil la que lograse que se desconvocara una suerte de feria festiva pensada como excursión familiar a la que llevar a los niños y cuyo objetivo era homenajear a Parot, uno de los mayores asesinos en serie que ha tenido que sufrir este país. La manifestación en contra de un asesino, recibida con todo tipo de insultos y lanzamiento de objetos contundentes, no ha ocupado un minuto de telediario y sólo ha llegado a los digitales porque pusieron en duda, otra vez, que quienes siempre fueron víctimas de ETA volvieran a ser víctimas de quienes han pertenecido y votan a ETA.

En todo caso, los homenajes a Parot se han celebrado, pero de una forma menos descarada, sin que nadie dijera una palabra más alta que otra. Algunos desvergonzados, como Lo País, llegan a hablar de la desconvocatoria del acto principal en Mondragón como si fuera un mérito de los Gobiernos de PNV y PSOE, que no han movido un dedo para impedirlo. Porque entra dentro de la normalidad del País Vasco que se celebre a asesinos y que el partido que organiza estas alegres algaradas reciba un cuarto de millón de votos y sea fundamental en la investidura del presidente del Gobierno. En cambio, que cien nazis que cuentan con el rechazo unánime de todos los partidos se paseen gritando barbaridades por el barrio madrileño de Chueca merecía abrir telediarios y justificar los grandes aspavientos necesarios para que nadie viera en qué consiste el día a día en esa sociedad enferma y nauseabunda que es la vasca.

Vox no sólo no apoya a esa pandilla de neonazis, porque es una pandilla, sino que los ha acusado de socialistas, que para Vox y quienes lo votan es el peor insulto que se puede proferir. En cambio, Bildu organiza y apoya todo tipo de homenajes y actos en los que los terroristas de ETA son los héroes y no los villanos. Bildu, un partido nacionalista y socialista, que ha sido el brazo político de una banda armada, que justifica y glorifica la violencia política, es lo más parecido a una organización nazi que existe en España. No son Hitler, como tampoco quienes se declaran orgullosos comunistas hoy día son Stalin. Pero son blanqueados por medios y políticos porque se declaran de izquierdas, dicen preocuparse mucho por el calentamiento global y sus votos han sido necesarios para que María Chivite y Pedro Sánchez gobiernen Navarra y España. A cambio, tenemos que escandalizarnos de la pandilla basura a la que el PSOE permitió pasearse por Madrid.

Porque esa manifestación se realizó porque la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez así lo quiso. Es mentira que no supieran nada. Tan falso es que acudieron los antidisturbios, algo que no sucede cuando una asociación de vecinos congrega a los cuatro gatos que congregan siempre. Tan falso como que la persona que la convocó es perfectamente conocida por la Policía, y bastaba acudir a las redes sociales de la asociación convocante para ver a un montón de sospechosos habituales como convocantes, desde España 2000 a la organización heredera de Hogar Madrid. Allí acudieron agencias y teles con las cámaras encendidas, porque nadie sabía quiénes eran estos tipos, claro. La mejor prueba de que esto se ha permitido a propósito es que Mercedes González se niega a dimitir, algo que haría si de verdad creyera que la engañaron y que, por tanto, es demasiado inútil para el cargo que okupa. Pero no, sigue y seguirá colocada ahí porque ha hecho precisamente lo que el PSOE quiso que hiciera.

La homofobia existe, claro que sí. Pero si algo demuestra la performance de Chueca es que los homófobos de verdad son una pandilla minúscula. Su mensaje nos llega porque lo permite el PSOE y el progresismo se encarga de ejercer de altavoz. Nadie se hubiera enterado de la existencia de esta concentración minúscula de no ser por los medios de mucho progreso. Cien nazis en todo Madrid no son un problema. El problema es tener a otra panda de nazis a los que votan 250.000 personas, que gobierna instituciones y cuyo apoyo es fundamental para que la izquierda gobierne. Pero de eso no hablemos, que ponemos en riesgo la convivencia y buscamos la confrontación. Dar un altavoz en prime time a los ultrasur no. Eso es perfectamente correcto. Porque es lo que le viene bien al PSOE, no hay más. ¿Crece la homofobia en España? No lo creo, pero si así fuera, no miren a Vox como la causa. Miren a Telecinco, Lo País, El Panfleto de Escolar. Miren al PSOE y a Podemos. Son ellos los únicos que permiten a cien nazis llegar con sus patéticos gritos a los salones de todos los españoles.

Déjame, que yo te lo cuento
Ignacio Centenera. okdiario  22 Septiembre 2021

Ya intuíamos, y comentábamos hace unos meses, que a la vuelta de verano vendría el acelerón mediático del PSOE para recuperar lo perdido (en las encuestas) durante más de año y medio de gestión del gobierno socio-comunista.

Si hasta ahora se afrontaron temas de la agenda más izquierdista, aprovechando el desenfoque que producía una gestión propagandística y desleal de la pandemia, en adelante los esfuerzos del partido, y del Gobierno, se centrarán en la impúdica exhibición del líder y en la carga, justificada o no, contra los adversarios políticos de la derecha. ¿Y los problemas reales? Parece que abordarlos con lealtad constitucional, con criterios de efectividad y eficiencia y sin ventajismos seguirá sin ser una prioridad.

La mesa de diálogo de Cataluña, que ha sido el principal foco desde el comienzo de curso, es el pilar sobre el que los dos Pedros han edificado un gran engaño; y no solo para fingir entre ellos, sino sobre todo para engañar al resto. Sánchez va a utilizarla para hacer creer que está pacificando a los indepes y que, si bien no entran en el redil constitucional, están abandonando la vía unilateral y rebajando la violencia. La realidad es que las ínfulas (criminales) se las rebajó la justicia y que los indultos y las continuas dádivas de Sánchez son pasos en la dirección contraria; pasos, eso sí, que tiene que continuar dando para seguir donde está. Aragonès por su parte quiere hacer creer a Junts -y si puede incluso a la CUP- que está ahí para seguir la agenda de exigencias radicales que conducen a la separación efectiva. Esa fabulación, especialmente en lo que se refiere a la amnistía, se la tienen que creer en la propia ERC para que el personajillo no pierda el sillón de la Generalitat que muchos de los suyos piensan que le viene grande y que debiera estar ocupado por alguien con más peso… y volumen. En fin, la conclusión del encuentro es que han acordado que no hay necesidad de concluir nada, sino que basta con estar sentados negociando, sin plazos y casi sin objetivos-. ¡No levantarte de la silla es la mejor manera de que no te la quiten!

Para el segundo objetivo del despliegue mediático, que es la desconsideración y negación del adversario, se continúa con la barrila del bloqueo en la renovación del CGPJ y los cargos constitucionales, y, además, se aprovechan otras culebras de fin de verano, como los problemas del PP en Madrid y los frecuentísimos incidentes de homofobia en la capital.

A la vista de los medios, la disputa por la presidencia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid es de lejos el primer problema de los españoles. Los medios son, obviamente, imparciales observadores, pero de antemano ya han dejado certificada la aviesa condición de los candidatos y la falta de liderazgo del líder nacional.

Los diez profesores universitarios que contradicen a Geis: “No hay problema lingüístico”
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 22 Septiembre 2021

Los docentes consultados por Crónica Global valoran la decisión de la consejera de Universitats de fiscalizar el idioma que se utiliza en las aulas, una medida que algunos desconocían

¿Existe un problema lingüístico en las universidades? Diez profesores y catedráticos explican su experiencia a Crónica Global, después de que la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, haya decidido fiscalizar el idioma que se utiliza en las aulas universitarias para ver la frecuencia con la que los docentes pasan del catalán al castellano. Todos ellos coinciden en que la convivencia lingüística no genera problemas.

Geis presidió el lunes una reunión de la Comisión de Política Lingüística del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), donde se acordó “hacer un seguimiento semestral” para garantizar el cumplimiento sobre el uso de la lengua de docencia recogida en el plan docente del estudio oficial, que se hace público antes de la matriculación de los estudiantes. Asistieron representantes de las 12 universidades de Cataluña y del alumnado.

El catalán, mayoritario
Sin embargo, el propio departamento admite que “la lengua catalana continúa hoy siendo de uso mayoritario en la docencia universitaria y supera el 50% en los estudios oficiales de grado”. Así, “la fuerte internacionalización de la universidad, con un aumento de la oferta de asignaturas en castellano y terceras lenguas, especialmente en los estudios oficiales de máster y doctorado, no ha provocado en ningún caso la reducción del número de asignaturas que se imparten en catalán”.

Por tanto ¿existe un problema lingüístico en las universidades? ¿Las medidas de Geis responden a la reunión mantenida con Plataforma per la Llengua? La autodenominada oenegé del catalán arremetió hace un año contra las universidades, donde asegura que han aumentado las quejas lingüísticas. Los profesores y catedráticos consultados por este medio coinciden en que la realidad es mucho menos problemática que lo que la Generalitat quiere dar a entender. Algunos de ellos desconocían las medidas acordadas entre las universidades y el Govern.

"Ningún problema en 25 años"
“No he tenido jamás un problema al respecto en ninguna de mis clases en mis 25 años de docencia”, asegura el catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Nieva-Fenoll. Explica que la lengua es de libre elección para el profesorado al elaborar el plan docente de la asignatura para el curso siguiente. “Así el alumnado puede decidir qué idioma escoge. Si después el profesorado, ya en el curso, cambia arbitrariamente la lengua, se perjudica a todo el alumnado, particularmente al que no es bilingüe. Por tanto, es adecuado que se introduzcan garantías del cumplimiento del plan docente en materia lingüística”.

“La realidad, no obstante, es bastante más relajada en los grados. La mayoría de profesores que somos bilingües impartimos la asignatura en la lengua prevista, pero contestamos las preguntas en la lengua que nos las formulan. Personalmente lo entiendo como un servicio al ciudadano en una democracia, en la que la Administración debe hablar siempre la lengua que elija el ciudadano, y no al revés”.

Aprendizaje rápido
Según Nieva-Fenoll, “en la universidad, el profesorado es la Administración, lógicamente. Y esta conducta no da problemas dado que la enorme mayoría del alumnado es también bilingüe, y siendo el castellano y el catalán lenguas románicas muy próximas, incluso si un alumno mantiene voluntariamente su monolingüismo, en pocas semanas de presencia en Cataluña entiende inevitablemente el catalán de manera suficiente. Sucede incluso con alumnos extranjeros. Si catalán y castellano no fueran lenguas tan próximas, sí podría haber inconvenientes”.

En los posgrados, la situación “es bastante diferente. En varios de ellos, el alumnado es extranjero, mayoritariamente hispanoamericano, Brasil inclusive. La realidad es que resulta muy difícil mantener la lengua catalana como lengua de docencia”. No obstante, “como también hay alumnos catalanes, cuando estos utilizan su lengua, les contesto, como siempre, en esa misma lengua. Y siempre pregunto si me han entendido los demás, y si no es así, repito la respuesta en castellano. Además, con esos alumnos se produce la misma situación que en el grado: en pocas semanas, entienden suficientemente el catalán”.

"Mala idea"
Reticente a la intervención de la Generalitat se muestra el catedrático de Derecho Constitucional de la UB Xavier Arbós. “Me parece mala idea. La autonomía universitaria incluye la facultad de cada universidad de verificar el cumplimiento de sus normas. Que evidentemente se tienen que cumplir, pero esta iniciativa entra forzadamente en un ámbito delicado”.

Ricardo Flores-Fillol, profesor de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), tampoco cree necesario ningún seguimiento: “Desde mi experiencia, las lenguas conviven bien. Yo no he tenido problemas. Lo ideal es que las asignaturas se den en el idioma que se anuncian para que los estudiantes se planifiquen bien. El único problema que puede surgir es que sea difícil para los que quieren seguir las clases en castellano porque hay menos”.

En este sentido, explica que las asignaturas en grado de Economía de la URV se dividen en un 66% en catalán, un 23% en castellano y un 11% optativo en inglés. “De todas maneras, al final, diría que muy pocos estudiantes deciden las matrículas en función de la lengua. Más bien lo hacen en función de horarios o por otros motivos”, añade Flores-Filoll.

¿Y el inglés?
“No me consta que en la UPC haya problemas con la elección de idioma en el día a día. De todas maneras, hay cuestiones que pueden afectar a estudiantes no familiarizados con el catalán", afirma el profesor de Telecomunicaciones y Aeroespacial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Alejandro Rodríguez. Un ejemplo: "La información de las asignaturas (fichas) que los profesores hemos tenido que generar en catalán, castellano e inglés. Solo está disponible para los estudiantes en catalán en algunos centros, como en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeronáuticos de Castelldefels. Las normativas generales, como la académica de grado y máster, están disponibles en castellano y catalán”, explica.

Montserrat Ginés, profesora jubilada del departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de la Comunicación de la UPC, corrobora que el idioma “nunca fue un problema, en la UPC al menos. Un alumno de universidad debería poder moverse fácilmente en las dos lenguas. No solo esto. Es una ventaja para los alumnos que han sido escolarizados en catalán al 100% que estén en un ámbito universitario donde el bilingüismo sea normal y corriente. Les beneficia mucho si no tuviéramos el Govern que tenemos”.

A su juicio, hay otro problema que requeriría mucha atención de parte del vicerrectorado de calidad y en cambio no le consta que sea así: “El uso del inglés. Al menos no se atendió nunca durante mis años de profesora cuando yo impartía docencia en ese idioma”.

Exámenes en cualquier lengua
“Imparto mis clases en catalán y así se anuncia y se cumple. Una buena parte de los materiales jurídicos está en castellano y ello no supone ningún problema”, indica Joan-Francesc Pont, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UB. “Si un alumno me pregunta en castellano, le respondo en castellano. No ha habido nunca un problema lingüístico en mi clase”.

El catedrático permite hacer los exámenes en cualquier lengua que él entienda. “A veces, los alumnos que han asistido a mis clases en catalán me preguntan tímidamente si pueden hacer el examen en castellano. En esos casos, esbozo mi mejor sonrisa y contesto: ‘Por supuesto que sí’. Me duele que se sientan obligados a preguntarlo”.

Isabel Fernández Alonso, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), advierte de que “encargar informes sobre qué profesores catalanohablantes cambian de lengua para que los estudiantes de intercambio les entiendan es lo que nos quedaba por ver. La universidad tiene problemas muy serios, que son los que deberían ocuparnos”.

“En 20 años no he visto un solo problema de este tipo. La realidad de las clases es bilingüe. Muchos profesores, aunque den clases en una lengua, responden en las dos, según cómo formule la pregunta el alumno. ¿Se les sancionará por ello?”, se pregunta.

Un tema sensible
El profesor de la Facultad de Filosofía de la Universitat Ramon Llull Armando Pego considera que “es un tema más sensible, pero responde al procedimiento general de control y vigilancia sobre cualquier aspecto de la vida universitaria. Como todo en la burocracia, reviste de metodología ‘científica’ y de finalidades ‘legales’ el control ideológico. Donde dice ‘garantizar’ quiere decir ‘controlar’: los exámenes, las competencias o las lenguas”. Pego da “las clases sobre todo en catalán, con incursiones bilingües”. Nunca ha tenido problemas.

Paris Grau, profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona (UB), es contundente. “Lo único que hace la Generalitat es buscar enfrentamiento, señalar públicamente a profesores. Los tics autoritarios y dictatoriales por parte del Govern van en aumento”.

“Imparto las clases en catalán y respondo a los alumnos en la lengua en la que me preguntan –añade--. Los trabajos y los exámenes los pueden realizar en cualquier lengua que yo entienda. Es más, alumnos catalanohablantes realizan sus trabajos en castellano”. Grau afirma que “nunca” ha tenido problema alguno, ni si las lecturas eran en catalán o en castellano o si él cambiaba de uno a otro.

¿Controlar el idioma garantiza la calidad?
Según Patricio García Mínguez, profesor de Económicas en la UB, imparte las clases en castellano, pero “los estudiantes utilizan uno u otro idioma en clase”: “Yo respondía en el que me preguntaban hasta hace un par o tres de años. Desde entonces solo lo hago en castellano”.

En sus asignaturas “hay grupos en catalán, castellano e inglés. Los exámenes se redactan en castellano e inglés. Las respuestas están casi siempre en castellano o inglés, raramente en catalán. Entiendo que los profesores hemos de respetar el idioma anunciado (como todo el resto del plan docente). No creo que controlar el idioma sea el mejor control de calidad posible. Quizá sí el más fácil”.

El Govern hará un seguimiento del uso del catalán en las universidades
 
cronicaglobal 22 Septiembre 2021

Los centros universitarios entregarán a la Generalitat informes semestrales para evitar que el profesorado cambie de idioma en clase

La Consejería de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña y las 12 universidades del sistema universitario catalán han acordado hacer un "seguimiento semestral" para garantizar el cumplimiento respecto al uso de la lengua de docencia de la asignatura elegida en el plan docente del estudio oficial, que se hace público antes de matricularse los alumnos.

La consellera Gemma Geis (JxCat), que presidió este lunes la reunión extraordinaria de la Comisión de Política Lingüística del Consell Interuniversitari, ha explicado que el Govern secesionista y las universidades han reafirmado "el compromiso de garantizar los derechos lingüísticos de los estudiantes y el profesorado", así como asegurar el mantenimiento de la lengua de docencia de las asignaturas durante todo el curso, según sostiene el comunicado de la Generalitat.

Las universidades elaborarán informes semestrales que entregarán al departamento, donde se recogerán todas las "incidencias" que se produzcan sobre cambios en la lengua de docencia, así como los cambios y motivaciones de estas variaciones, y se hará un seguimiento del cumplimiento general de las lenguas de docencia en los diferentes planes docentes.

"Radiografía"
Según Geis, se podrá hacer "una radiografía real y serena del alcance de las afectaciones existentes y sus causas", así como del "cumplimiento" de la lengua de docencia en los centros.

La comisión del Consell Interuniversitari ha constatado que las universidades están "comprometidas" con el acuerdo suscrito en abril por el que se comprometían a mantener la lengua de docencia indicada en los planes y guía docentes de los estudios oficiales, y que señalaba que si había un cambio debía informar al estudiantado con antelación suficiente y, si es posible, ofrecerle alternativas.

La lengua catalana es de uso mayoritario en la docencia universitaria y supera el 50% en los estudios oficiales de grado, y el departamento señala que la fuerte internacionalización de la universidad, con un aumento de la oferta de asignaturas en castellano y terceras lenguas, especialmente en másters y doctorados, "no ha provocado en ningún caso la reducción del número de asignaturas que se imparten en catalán".
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