AGLI Recortes de Prensa   Jueves 23  Septiembre  2021

Fantasía negociadora y dialogante
Amando de Miguel. Libertad Digital  23 Septiembre 2021

La Mesa de Negociación y Diálogo (MND) entre los Gobiernos de España y Cataluña ha sido un éxito de propaganda, aunque de momento no haya llegado a ninguna conclusión sustancial. Se anota la primera reacción del presidente de Andalucía (la región más extensa y poblada de España), quien se apunta al rito de una MND.

La tendencia es clara. Una tras otra, las distintas regiones de España irán exigiendo su MND correspondiente. Será la mejor forma de que cada una, por boca de su presidente, exponga su particular memorial de agravios. Al final, se tiende a un modelo político más parecido al de Suiza, aunque más progresista y constituido por españoles. Por ejemplo, las regiones bilingües tratarán de colocar su lengua propia como la oficial y única para la Administración Pública, incluida la enseñanza. No digo que sea una decisión acertada; al revés, me parece un disparate y creará ulteriores conflictos. Mi misión es la de señalar tendencias, inscritas en la inercia de los acontecimientos. Es lo que llamo "fantasías". Las aplico a la "negociación y diálogo", a falta de palabras más evanescentes, porque así ha sido la primera mesa entre los Gobiernos de España y Cataluña. Suena a capitulaciones.

Las decisiones de las MND serán tan dispares y disparatadas que se impondrá la tarea de elaborar una nueva Constitución, ya digo, en línea de la de Suiza. Es una nación modélica en casi todos los sentidos, aunque parezca un tanto aburrida. Desde luego, la Constitución de 1978 no se cumple del todo. La prueba está en el trato privilegiado que da el Gobierno al País Vasco (con Navarra) y a Cataluña. Claro, los partidos nacionalistas de esas regiones son necesarios para que gobierne el Partido Socialista Obrero Español. El modelo suizo implicaría, para España, salir de la Unión Europea (el Spexit), para situarse al margen, como el Reino Unido o Rusia. La comunidad autónoma andaluza, un suponer, debería decidir si debe clausurar las bases militares estadounidenses sitas en su territorio, y si debe plantear la anexión de Gibraltar. El Peñón no es ya una plaza estratégica de interés militar y sí un nido de negocios ilícitos. Su estatuto de colonia dentro de Europa es una anacronía.

Entiendo que el vigente sistema autonómico es un despropósito en varios sentidos. Es demasiado oneroso y, sobre todo, hace que aumenten las desigualdades territoriales, aunque no sean tan fuertes como las italianas. Las llamadas comunidades autónomas (que no son, propiamente, ninguna de las dos cosas) representan una ampliación y puesta al día del viejo esquema de oligarquía y caciquismo. Ha llegado el momento de que las regiones españolas decidan su futuro. Debe quedar claro si desean acogerse a la soberanía del pueblo español o cabalgar por cuenta propia.

Comprendo que, para el presidente del Gobierno de España, tan guapo como indolente, supondrá una lata reunirse con las MND de los 17 presidentes autonómicos. Pero, una vez encetado el pastel de las mesas con dos banderas, no queda otro remedio que pasearse, patrióticamente, por España. No se me oculta que la generalización de las MND va a herir el sentimiento de primacía que caracteriza a los indepes catalanes. Así pues, algún detalle habrá que tener para contentarlos. En su día, gozaron de las primeras autopistas. El Gobierno invirtió la intemerata en acondicionar el puerto franco de Barcelona. El cual cuenta con un calado mucho menor que los de Cartagena, Algeciras o Cádiz, pongo por caso. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido más verdadera que ninguna otra. Se le seguirán dándole privilegios para que no se agrave la tradicional melancolía de los catalanes que mandan. Es lo que, popularmente, se traduce como "la pela". Después de todo, la peseta fue la creación de un prominente liberal catalán, Laureano Figuerola, en 1868. Se llamó peseta porque en Barcelona se había acuñado una moneda, la peseta (= piececita), en la época de la ocupación francesa de Napoleón. Ya se sabe que los catalanes que mandan son tan sentimentales que se conforman con "la pela" procedente de Madrid.

Si mi fantasía no le gusta, lector curioso, tengo otras, si bien todas ellas son menos irónicas y más cruentas que esta.

La luz: Sánchez socava el mercado y la libre empresa
Miguel Ángel Belloso. okdiario 23 Septiembre 2021

La verdad es que desde que dirige El País la inefable Pepa Bueno y está al cargo de la opinión Jordi Gracia no ya es que sea el periódico global, sino que es una caja de sorpresas. Como todo el resto de la prensa progresista, está encantado con la intervención del Gobierno en el mercado eléctrico, porque la subida imparable de los precios les sacaba de los nervios. ¿Por qué un gobierno progresista consiente semejante atropello? Se preguntaban ofendidos.

Como son encantadores, el otro día especulaban con que de no haber dado Sánchez un paso adelante “el encarecimiento de la electricidad amenazaba con abrir una fractura social de inquietantes semejanzas a la protagonizada en Francia por los chalecos amarillos o a las movilizaciones que había sufrido Europa del Este a raíz del aluvión migratorio de 2015”.

Así piensan estas mentes portentosas a las que traiciona el subconsciente. Porque, en efecto, si está explosión del precio de la electricidad hubiera sucedido con un Gobierno de derechas, hace tiempo que habría habido muertos.

A cambio de haber evitado este escenario patibulario, el presidente Sánchez ha socavado los cimientos de la economía de mercado y, a la vez, el espíritu genuino de las sociedades libres y abiertas. Su decisión de purgar a las eléctricas recortando arbitrariamente sus beneficios tendrá unas consecuencias nocivas para la reputación del país.

Siendo esto básicamente criminal, lo peor es cómo el presidente ha presentado públicamente la medida. Asegurando que las compañías del sector tenían unos beneficios exorbitados, diciendo que se podían permitir el recorte manu militari de sus excedentes y que el bien común exigía un reparto equitativo de los costes para arreglar el dolor causado por el capitalismo salvaje.

Sólo se me ocurre una frase para definir esta clase de desarreglos intelectuales, y es que avanzamos con paso firme hacia el comunismo, algo que no es demasiado sorprendente si tenemos en cuenta que la vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de escribir que el Manifiesto de Marx es una joya de la historia.

¿Quién se considera capacitado, y menos un presidente de un estado occidental, para afirmar que las empresas -que están obligadas a lograr el mayor beneficio posible- ganan más de la cuenta? ¿Quién es para obligarlas a perjudicar a sus accionistas, entre ellos ciudadanos corrientes que han invertido directamente en ellas o a través de fondos de pensiones, aunque no sean conscientes?

El signo fatal del comunismo es el asalto a los derechos de propiedad, y esto es lo que ha perpetrado Sánchez porque sencillamente no cree en el mercado o tiene, como máximo, un concepto utilitarista del mismo. La confiscación de la cuenta de resultados de las sociedades señaladas por la acusación popular destruye la seguridad jurídica, retraerá la inversión exterior -que es crucial para el desarrollo de la nación- y sienta un precedente para el resto de las empresas brillantes y excelentes que, de acuerdo con la tesis oficial, obtengan beneficios considerados excesivos -y por tanto punibles- por el moralismo militante de la progresía nacional. Supongo que Mercadona o Zara pueden darse por avisadas, porque de quien dirige el Estado en estos momentos se puede esperar cualquier cosa.

Después del latrocinio del Gobierno sobre los beneficios de las eléctricas, las empresas del sector han caído a plomo en bolsa. Su cotización ha bajado más de ocho mil millones perjudicando a la gente que había hecho sus cálculos de ahorro, de rentabilidad, de futuro, esos a los que, por utilizar el lenguaje oficial, tienen el mismo derecho que el resto a no quedarse atrás. Según todos los bancos de inversión, el Gobierno ha aumentado la incertidumbre regulatoria y la prima de riesgo asociada a las inversiones en España, y ha ejecutado este desafuero ante la mirada impasible de la vicepresidenta Calviño, teórica guardiana de las esencias. ¿Por qué no se marcha? ¿Qué le ata a La Moncloa si ya no puede hacer más el ridículo?

El futuro de un país depende de las expectativas que genere el Gobierno de turno, de la previsibilidad de sus políticas, de la seguridad del sistema judicial, de la flexibilidad de las empresas para competir. Pero todas estas condiciones inexorables para alcanzar el éxito son completamente ajenas a la estrategia de Sánchez. Seguro que a buena parte de la opinión pública ayuna de conocimientos económicos y sobrada de propaganda le parece perfecta la intervención oficial con el propósito muy poco factible de doblegar el precio de la luz. Ignora los enormes inconvenientes que entraña, los perjuicios que ocasionará y el balance tremendamente negativo de esta apuesta en favor de una falsa justicia social y un impostado interés común.

Puede que siga llegando inversión a España porque la economía va a continuar pujante durante un tiempo, pero desgraciadamente mucho menos de la que podría venir si tuviéramos un Gobierno decente y bien orientado. La única regla imperturbable de la ciencia económica es muy sencilla: la gente, los ciudadanos, los inversores, los empresarios responden a los incentivos. El señor Sánchez los ha destruido todos. A partir de ahora, será el Gobierno el que dicte lo que hay que ganar, los beneficios correctos y los extras que al parecer corren a cargo de los parias de la tierra. Es un escenario terrible.

Como bien ha escrito el experto Pedro Mielgo, el Ejecutivo ha decidido cambiar las reglas del mercado energético a mitad de partido, sin previo aviso, sin discusión, sin diálogo y con poco sentido. Ha decidido castigar las energías limpias y baratas -las hidráulicas, las renovables y la nuclear- y además en plena transición energética. La decisión de limitar el incremento de la factura del gas no es otra cosa que lo que se hizo a partir de 2001 y hasta 2013 -igualmente con los socialistas en el poder- con el famoso déficit de tarifa: aplazar a los consumidores el pago de unos costes reconocidos que ha habido que sufragar después con intereses.

Y se ha incurrido en todo este pandemonio para cumplir la estúpida y falaz promesa de Sánchez de que la luz sería a final de este año tan barata como en 2018; para satisfacer a los socios comunistas del Gobierno, que llevan tiempo porfiando por minar a las compañías energéticas -así como por crear una empresa pública al efecto- y para aliviar la presión diaria de todas las televisiones, incluso las adictas, sobre el precio de la luz.

Hay que esperar que las empresas impugnen la arbitrariedad del Ejecutivo en los tribunales y naturalmente que ganen el pleito. ¿Creen que esto le importa a Sánchez? En absoluto. Le da igual todo. Para cuando los tribunales diriman, y si hay suerte, ya no estará en el Gobierno. Esto no habrá evitado sin embargo haber causado un daño enorme al prestigio y la imagen exterior de la nación, haber sido la comidilla apestosa de toda la banca de inversión del planeta, haber disuadido miles de millones de inversión extranjera y haber difundido entre la opinión pública el mensaje letal para el futuro de España de que las empresas son nocivas, que roban, y que en cambio el Estado, que regularmente es el obstáculo para la prosperidad, ha pasado a convertirse en la única solución.

Ni Europa ni las eléctricas: el escandaloso precio de la luz es cosa de Sánchez
Editorial ESdiario  23 Septiembre 2021

Si primero señaló a las empresas eléctricas e imponerles un “impuesto al beneficio”, el Gobierno ha intenta ahora fijar el foco en Europa para hacerla responsable del precio de la luz, pidiéndole la adopción de medidas que reduzcan el sobrecoste confiscatorio que ahora mismo tiene.

La respuesta negativa de Bruselas es razonable, como sin duda ya sabía el Gobierno antes de cursar la petición, con la única intención de desviar la atención y disimular la responsabilidad propia en el tarifazo. Que es la mayor de todos los actores y beneficiarios de este auténtico atraco al alicaído bolsillo del ciudadano y empresario medio de España.

Un gran negocio
Lo cierto es que, con la escalada de precios que hoy fijará el megavatio hora en 165 euros, el Gobierno va a recaudar este año 15.000 millones de euros: una cifra casi idéntica a las ganancias anuales conjuntas de Iberdrola, Naturgy y Endesa, las tres grandes operadoras del sector.

Y lo cierto es que el Gobierno tiene capacidad de intervención sobre el 70% del recibo, los correspondientes a impuestos, cargas y peajes que nada tienen que ver con el consumo de energía ni con las tarifas de las eléctricas: en definitiva, el mayor recaudador con este “tarifazo” es el propio Gobierno. Y también el máximo interesado en disimular su responsabilidad y beneficio en este negocio.

En realidad, le bastaría con reducir el IVA al 4% y sacar del recibo y meter en los Presupuestos todos los costes que le añade: desde las primas de las renovables hasta la compensación a los sistemas eléctricos insulares, en Baleares y Canarias.

Y afrontar la reducción de gastos que supondría la pérdida de esos ingresos o atreverse a crear un impuesto más, al margen del recibo de la luz, con el coste que ello tendría ante una sociedad extenuado por el afán recaudatorio público.

Con el sistema actual, en resumen, el Gobierno se lucra como nadie, sin riesgos ni inversiones, buscando falsos culpables o responsables a medias mientras engorda su cuenta corriente y desecha la adopción de soluciones al alcance de su mano.

El Gobierno degrada el Parlamento
La estampida de ministros en la sesión de control es un golpe bajo a la democracia
Editorial La Razón  23 Septiembre 2021

El Parlamento no es una institución más en el sistema. Es el símbolo de la soberanía nacional, la expresión de la ciudadanía. No hay democracia íntegra sin que las Cámaras ejerzan su función con plenitud. Es uno de los tres poderes del Estado en pie de igualdad con los otros. Es el «abc» en un régimen de Derecho. Sentir el deber de recordarlo refleja el estado en que se encuentra el respeto a los equilibrios y la institucionalidad. El Gobierno ha demostrado con hechos que tiene el propósito de marginar la incidencia del Congreso y el Senado en la vida pública. Es un escenario sensible para el Ejecutivo como caja de resonancia de la exigencia de responsabilidades y como tal un elemento propicio a dimensionar las vulnerabilidades e ineficiencias de su gestión. Silenciado, minimiza desgaste y riesgos. No hay una pizca de elucubración o desproporción en el juicio a la reincidencia de un Ejecutivo obsesionado por amortiguar lo que sucede de puertas para dentro del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

La sesión de control de ayer en el Congreso fue la expresión reiterada de una contumaz desconexión del gabinete de coalición con la democracia. Solo seis de los veintidós ministros se sometieron a las preguntas de la oposición en un pleno que acercó el parlamentarismo a una caricatura. No hubo explicación ni disculpa ni un mínimo gesto del respeto como el que faltaron todos los responsables ministeriales que escaparon de su responsabilidad con excusas varias. Se trata de una pertinaz desafección que deparó el insólito e inconstitucional cierre de las Cortes durante el estado de alarma, que supuso de facto amordazar la voluntad popular y alentar la arbitrariedad del gobierno de socialistas y comunistas.

Que el TC medita censurar la violación de los derechos de los diputados en aquellas fechas debería acarrear renuncias, pero es tal el grado de perversión de los valores que apenas si provocará un sonrojo o, en cambio, activará una nueva campaña contra las magistrados. Recordar además que se cumplen siete años sin debate sobre el estado de la nación, el segundo más importante tras el de Presupuestos, es añadir otro elemento al perfil de una gobernanza en rebeldía con las obligaciones con el Legislativo, que son sus deberes constitucionales. El empeño en desactivar las cámaras es muy grave, pues representa la voluntad de mandar de espaldas al pueblo, sin el pueblo y por lo que se ve contra el pueblo. Pero no se equivoque el presidente, degradar la democracia no garantiza el poder indefinido.

El Gobierno huye del control parlamentario
EDITORIAL. Libertad Digital 23 Septiembre 2021
El Ejecutivo social-comunista desprecia al Legislativo casi tanto como la independencia del Poder Judicial.

Si de algo ha servido la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados es para poner en evidencia el absoluto desprecio del Ejecutivo social-comunista a todo tipo de control, incluido el parlamentario. Y no sólo porque los ministros, como han hecho en muchas otras ocasiones, se hayan negado a responder o hayan respondido con evasivas a las preguntas de la oposición, sino porque sólo han estado presentes seis de los 22 que conforman el Gabinete Sánchez.

El hecho de que Pedro Sánchez esté de viaje en Nueva York justifica la ausencia del presidente, así como la del ministro de Exteriores. Más discutible, sin embargo, es la del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sido justificada por la erupción del volcán en La Palma, algo que, por otra parte, puede ser visto como la mejor razón para que hubiera asistido y dado información sobre cómo se está gestionando el desastre, que la infame ministra Maroto denominó "espectáculo maravilloso".

Lo que no es de recibo es la espantada de los demás ministros, empezando por los de Podemos. Así, han quedado sin respuesta prácticamente la mitad de las preguntas inscritas en el orden del día.

Que no sea del agrado del Ejecutivo tener que dar explicaciones sobre la ominosa mesa de diálogo con el Gobierno secesionista catalán –incluido el indecente episodio de la retirada de la bandera española de una sala de la Generalidad– no es razón para la huida, como tampoco lo son, por muy espinosas que sean para Podemos, las revelaciones del Pollo Carvajal sobre Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Lo peor de este antidemocrático desprecio al control parlamentario es que llueve sobre mojado. A este respecto, recuérdese el parón parlamentario que decidió la Mesa del Congreso el 19 de marzo del año pasado, cinco días después de que el Gobierno decretase un inconstitucional estado de alarma. Precisamente el Tribunal Constitucional ultima en estos días una sentencia que, con toda probabilidad, dictaminará que aquel injustificable cerrojazo al Congreso fue una vulneración del derecho al control del Gobierno por parte del Poder Legislativo.

Si a todo lo anterior sumamos el caso omiso que el Gobierno ha hecho a la enésima advertencia de la Unión Europea contra la designación política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cabe afirmar que el Ejecutivo social-comunista desprecia el control del Poder Legislativo casi tanto como la independencia del Poder Judicial.

Sea anatema
Carlos Esteban. https://rebelionenlagranja.com  23 Septiembre 2021

Todo diputado de Vox es un fascista, el término mágico, de imprecisa definición, que hace buena cualquier agresión y despoja de cualquier derecho o presunción de humanidad. No es una opinión, es un hecho, y por eso hemos oído gritarlo en el sagrado recinto de la voluntad popular sin que a su presidente se le mueva un músculo.

En general, la izquierda, como conjunto de seres de luz, está facultada, obligada casi, a definir a su manera, en el tono airado que considere oportuno y el nivel de decibelios que le permitan sus pulmones llamar a todos los diputados ajenos a su grupo “delincuentes” (Pablo Iglesias Turrión) o a Vox “estercolero” (el niño Errejón) o a una de sus diputadas “pija y mala persona” (Joan Valdovì).

Ser de izquierdas es eximente de cualquier violencia verbal y de muchas físicas, un sobreentendido que no ha hecho falta codificar por obvio y que todos han aceptado hasta la fecha. En cuanto a la causa de esa secular exención de responsabilidad, la doctrina está dividida. Hay quien lo achaca a la idiotez congénita y el complejo de inferioridad de la derechita española, otros a la hegemonía cultural de larga data de la banda siniestra y, por último, una minoritaria pero ingeniosa escuela aventura que el mecanismo de indulgencia es el mismo que usan los cuerdos con los maniáticos recalcitrantes o los adultos con los niños que no han llegado a la edad de la razón.

En cualquier caso, este extraño privilegio y esa curiosa tendencia al pataleo grosero y violento en sede parlamentaria de la izquierda viene de antiguo. Ya el primer socialista que se aupó al Congreso en España, Pablo Iglesias (nomen omen), dirigiéndose al entonces presidente del Consejo de Ministros, el conservador Antonio Maura, el 7 de julio de 1910 amenazó: “Hemos llegado al extremo de considerar que, antes que S. S. suba al Poder, debemos llegar hasta el atentado personal”. El atentado personal se produjo dos semanas más tarde, por cierto.

También es de rigor citar, por lo pintoresco, el caso de Indalecio Prieto, dirigente socialista y futuro ministro de Defensa, cuando esgrimió una pistola cargada el 4 de julio de 1934, amenazando con ella a un diputado derechista.

Chiquilladas, en fin, que uno recuerda con una sonrisa, con esa misma indulgencia con que se pasa por encima de los asesinatos indiscriminados de ETA que, al fin, se definían como marxistas leninistas y, como tales, no podían ser del todo malos. Porque los malos, los ontológicamente malos, los tutsis que hay que aplastar como cucarachas por el hecho de existir, los judíos cuya mera presencia envenena el Reich, es Vox. Y la presidente del Congreso lo ha entendido perfectamente, como lo ha entendido la turba de periodistas lacayunos y genuflexos.

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Parot-Sánchez: tras la inmensa felonía
Carlos Dávila. okdiario   23 Septiembre 2021

La complacencia del Gobierno de Sánchez con el asesino Parot no ha sido inocente: ¡qué va, ha sido premeditada! De entrada, y para que nos vayamos enterando, veinticuatro horas después de aquella algarada terrorista, Aizpurúa, hoy portavoz de Bildu en el Parlamento, y antaño, no tan lejos, editora de un par de periódicos, Egin primero, ahora Gara, que llevan decenios a encubrir, cuando no festejar los crímenes de la abyecta banda, se plantó en la emisora de cabecera, Radio Euskadi, para adelantar que la postura de su coalición a la aprobación de los Presupuestos del dúo social-comunista empieza a ser favorable. Esa es la primera consecuencia, sólo la que se ve, de la complicidad de Sánchez con el criminal Henry (ahora se hace llamar Unai, o sea pastor de vacas), pero hay más e incluso más significativas. Sánchez, ya se sabe, no escatima en medios ni en martingalas de disimulo, así que para aguar en toda su intensidad el fuego del homenaje, aprovechó una muy dudosa manifestación, dicen que pronazi, para asentar en toda la panoplia de medios afectos, cada día en mayor medida mamporreros suyos, que el auténtico peligro no es una ETA que, afortunadamente, ya ha dejado de matar, sino este florecimiento, de grupos fascistas que, en opinión de su socio, Pablo Iglesias, “o les derrotamos o nos derrotan”.

De forma que, dado que eso de la ETA ya se ha hecho viejuno y nuestros jóvenes ni siquiera saben de qué se trata, lo sugestivo es ahora mismo convertir, vía propaganda pagada por nosotros mismos, todo lo que no está representado en el Consejo de Ministros, en escoria fascista, hasta nazi que era la ideología que mataba gente. Esa es otra derivada, pero aún queda por reseñar una tercera: la que este psicópata narcisista ha introducido en las instituciones, de forma que éstas (estoy refiriéndome a la Judicatura) se guardan mucho de llevar la contraria al jefe. La decisión de la Audiencia Nacional llamándose Pilatos en el caso Parot, es una de las más repulsivas desde que se creó este organismo. Por no decir nada, desde luego, del sometido Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ya es de hecho, una pata más de la política de olvido y utilización que ha emprendido Sánchez para usar a los facciosos humanicidas de ETA.

Una y otro, Audiencia y tribunal, deberían haber enrojecido de vergüenza en la hora en que redactaron los correspondientes bodrios. ¿Por qué? Sus protagonistas lo saben, pero se lo recuerdo para que, si es posible, les salgan ampollas en las manos que firmaron esa indecencia. En uno de sus constantes apariciones en los tribunales, sobre todo en la Audiencia Nacional, Parot reveló sin ambages, sin arrepentimiento alguno, que, efectivamente, él había rematado personalmente en el suelo a la fiscal Carmen Tagle después de haberle ametrallado sin piedad. Años después, los de ahora, sus colegas, jueces y fiscales, aceptan el homenaje al pistolero que asesino a la heroica profesional. Otro colega más, el hoy ministro del Interior, el indigno Maral, se ha sumado, por la vía de su aprobación, al homenaje a Parot. Ya no es el mismo que en 2014, no hace tanto tiempo, impidió que una de las causas contra el criminal, probablemente la del atentado contra el capitán general de Madrid, Quintana Lacacci, fuera prácticamente archivada; al revés, incoó un procedimiento que engordó el volumen de años de cárcel, 4.700 años, que ya acumulaba Parot. De aquel momento, rememoro uno de los argumentos del entonces magistrado: “No hay un solo motivo que haga pensar en que el citado haya pedido perdón por sus actos”. Como suena.

Ahora mismo Sánchez ha articulado una enorme estrategia para disfrazar los horrores que sus del momento perpetraron contra todos los españoles. Por eso, no hay engaño posible: Sánchez ha organizado una campaña terrible, terrible por lo que tiene de oprobiosa, para enterrar para siempre a las novecientas víctimas de ETA, a todos los heridos y a los cientos de familiares hoy todavía espantados porque ni siquiera el Estado ha investigado quiénes fueron sus ajusticiadores. Encima, para mayor inri, la campaña la disfraza con sanas palabras como misericordia (esa se la ha copiado al Papa Francisco) y perdón. En su patológica mente sólo anida el permanecer, aunque sea con los votos de los filoterroristas. El objetivo es Franco, y los supuestamente renacidos grupos de ultraderecha. ¿Por qué no desvela la Policía quiénes son, quién los convoca y quiénes les financia? La respuesta es clara: sirven al poder. ¿Hasta el punto de estar trufados por agentes o agentillos del CNI? El que diga que no, que se presente en la puerta de vestuarios. Este cronista no lo hará. La felonía de Sánchez sirviéndose de Parot por un lado y los descerebrados fascistas por otro, está perfectamente articulada. Se trata, cara a las próximas elecciones, de presentarse ante los electores como paradigma de la resistencia democrática, como adalid del respeto a los usos de la convivencia occidental. Día llegará en que acuda a cualquiera de los platos embellecidos que le preparan sus conmilitones, y proclamará: “¡O Franco o yo!” ¿Lo ven tan lejos, tan imposible? No sean bodoques, lo tiene todo pensado. Su felonía en el homenaje a Parot, únicamente forma parte de su objetivo final: disolver España y homologarla a la Venezuela del increíble mendrugo, hijo del golpista Chávez, Maduro. Ambos, por cierto, cobijadores de ETA.

Un Senado lleno de traductores
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN. ESP 23 Septiembre 2021

El PSOE apoyó ayer una proposición de Junts per Cataluña en el Senado para reformar los reglamentos de la Cámara y permitir que el catalán, igual que otras lenguas del país, puedan emplearse "en los plenos, en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria".

De este modo, cuando un senador leridano o guipuzcoano se dirija a sus compañeros andaluces, extremeños o gallegos, podrá hacerlo no en el idioma que les es común, sino en la lengua cooficial de su región.

El disparate es un gesto inútil que no sacia ni atempera en ningún caso las aspiraciones nacionalistas, y sólo servirá para crear más gasto y burocracia, llenando el Senado de traductores a cambio de casi un millón de euros al año.

Para colmo, la iniciativa aprobada obliga al reconocimiento de España como "Estado plurinacional", lo que supone relanzar una propuesta del primer Pedro Sánchez que había quedado aparcada por los socialistas.

Delirio plurinacional
El giro de guion en el PSOE podría estar provocado por las cesiones que, de cara a la galería, le exige ERC a cambio del apoyo a sus presupuestos. Pere Aragonès tiene que presentar en Cataluña que Sánchez no es el ogro centralista que pregona Junts, y qué mejor forma para hacerlo que adherirse a una reivindicación del partido de Puigdemont.

Cometen un error de calado los socialistas al allanarse ante el victimismo nacionalista y al incorporar al debate público cuestiones que deberían estar superadas. Seguimos enzarzados en acalorados debates de qué es una nación y una nacionalidad, en si los senadores deben seguir las sesiones con auriculares como si estuvieran en la ONU, en un momento que necesita altura de miras, en medio de una crisis tremenda y sin haber salido aún de la peor pandemia de los últimos cien años.

Las lenguas están para entenderse y no para echárselas unos a otros a la cabeza. Hay mil formas de reconocer la condición plurilingüe de España que no pasan precisamente por llenar de traductores el Senado y convertirlo en una torre de Babel. Preocupa que el Gobierno, con tal de no perder sus votos, esté dispuesto a dar alas a quienes tienen por aspiración última detonar el sistema político desde dentro.

La ridícula defensa del español en España
Javier Caraballo. elconfidencial  23 Septiembre 2021

El español es, por definición apócrifa, la segunda lengua más hablada del mundo que solo recibe reproches allí donde nació. Anotémoslo como una más de nuestras peculiaridades como país, dentro de los complejos que compartimos, a los que nos hemos habituado, igual que ocurre con la historia o con los símbolos, desde el Descubrimiento de América hasta la bandera roja y gualda, como si los españoles tuviésemos que estar pidiendo perdón constantemente. La cuestión es que cada vez que se plantea un debate sobre el uso del español en España, lo primero que se echa de menos es que haya alguien que defienda sin complejos el uso de la lengua común.

Ha empezado a ocurrir ahora a raíz de la tramitación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que aplicar las directrices de la Unión Europea, ignorante del complejo que existe en España con el español. Si la lógica europea intenta regular que las grandes plataformas audiovisuales reserven la mitad de sus producciones a proyectos europeos, y dentro de esa cuota que la mitad sea en la lengua común de cada país, en España se pretende que la ‘cuota nacional’ se divida a su vez entre cuatro, porque de lo contrario se estará agraviando a las lenguas cooficiales del Estado, el gallego, el vasco y el catalán. Si pensamos en los intereses mundiales de las multinacionales a las que se va a dirigir esta ley, Amazon Prime, Netflix, HBO o Disney, podemos sonrojarnos al imaginar la cara de estupefacción que pondrán al comprobar que el país que pone más problemas es el único de la Unión Europea cuyo idioma hablan 500 millones de personas en todo el mundo.

Como podrá adivinarse, la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez proviene de sus socios parlamentarios nacionalistas, fundamentalmente de los independentistas de Esquerra. La disputa surge de un punto del borrador de la Ley General de Comunicación Audiovisual que dice así: “Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal reservarán a obras audiovisuales europeas al menos el 51% del tiempo de emisión anual de su programación. Como mínimo el 50% de la cuota prevista en el apartado anterior se reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas”.

A partir de esa literalidad, el Gobierno de Pere Aragonès ya ha filtrado en la prensa catalana que en el último encuentro con el presidente Pedro Sánchez, que fue previo a la llamada ‘mesa de diálogo’, le hizo llegar la disconformidad con ese borrador. La ‘petición’ —o como quiera entenderse— de Pere Aragonès a Pedro Sánchez ha sido que la ley no se aborde en el Consejo de Ministros hasta que no exista un acuerdo previo con los independentistas catalanes. Según el Consejo Audiovisual de Cataluña, la mitad de la cuota de producciones que le corresponda a la lengua española en esa ley debe destinarse a proyectos audiovisuales en catalán, vasco o gallego. También se ofrece la posibilidad de que ese porcentaje se determine en función “del peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales”. Insistamos en el absurdo, teniendo en cuenta a quién se dirige la ley: una calculadora en la mesa de proyectos y producciones de las plataformas multinacionales para calcular las cuotas ‘made in Spain’, como si el mundo empezara en los Pirineos y se extinguiera, al sur, en el estrecho de Gibraltar y, al oeste, en Finisterre.

Además de la ridiculez del debate cuando se contempla desde ese punto de vista de Amazon, Netflix o HBO, para quienes la lengua española es uno de sus principales mercados, todo este embrollo se reduce internamente al falso prejuicio que se ha establecido en España sobre el castellano. Las cuatro décadas de democracia han normalizado completamente el uso del vasco, el gallego y el catalán en sus respectivas comunidades autónomas, como se recoge en la Constitución, y resulta inaceptable que cada debate se siga planteando como si esas lenguas estuviesen amenazadas, ignoradas o perseguidas entre quienes las hablan. Más bien al contrario, si el cumplimiento de la Constitución está en riesgo en la actualidad es por el acoso al que se somete al castellano, sobre todo en Cataluña. Con demasiada frecuencia se olvida que lo que dispone la Constitución es que “todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo” (artículo 3). Que nadie pase por alto el uso de la conjunción: el deber ‘y’ el derecho.

¿En cuántas oposiciones autonómicas se vulnera ese precepto? El vasco, el catalán y el gallego son lenguas cooficiales porque, en el mismo artículo constitucional, se especifica que “también serán oficiales” en sus respectivas comunidades autónomas, pero, a diferencia de la lengua común, los españoles no tienen el deber de conocerlas. Y decir esto, que es defender lo que sería una obviedad en cualquier país del mundo con una lengua común como la española, no presupone una ofensa para ninguna de esas lenguas cooficiales, más que en la mente obtusa de un nacionalista. Un gallego, un vasco o un catalán pueden estar orgullosos de su lengua como los andaluces pueden estarlo de su habla, con mutuo respeto y la máxima consideración. Y todos juntos, como españoles, deben oponerse a este intento constante de menospreciar la lengua común por parte de los nacionalistas. Aunque tengamos que caer en este ejercicio ridículo de tener que defender el español en España.

La humillación del español en España
La normalidad y la convivencia entre el castellano y el catalán ya solo son posibles en la vida cotidiana. A los independentistas debe molestarles hasta eso
Javier Caraballo. elconfidencial 05/11/2020

Ni legítimo, ni honesto ni inteligente. Un Gobierno no puede negociar con aquello que no le pertenece, como el uso del castellano, lengua oficial del Estado, en todo el territorio español; no puede comerciar con “el deber de conocerla y el derecho de usarla” de todos los españoles, como recoge el artículo 3 de la Constitución. Ninguna legitimidad parlamentaria autoriza a un Gobierno a mercadear con los derechos constitucionales a cambio de un puñado de votos. Ni es honesto incluir en la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado la depreciación del uso del castellano en Cataluña a cambio de que los independentistas catalanes apoyen esas cuentas. La consideración del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, al igual que el catalán, no es un asunto menor, una cesión al alcance de un Gobierno necesitado de votos en el Congreso, como si fuera la inversión de un tren de cercanías.

Pero es que tampoco es inteligente ni efectivo porque socialistas y populares ya han tropezado demasiadas veces en la misma piedra; los dos partidos que, salvo en los primeros años, se han turnado en el poder en estas cuatro décadas de democracia española saben bien que todo problema se acaba multiplicando cuando se intenta contentar a quien se muestra insaciable, desleal, excluyente y, además, se pavonea de serlo.

La nueva polémica se refiere al principio de acuerdo que ha alcanzado el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos con Esquerra Republicana para que esta apoye los Presupuestos a cambio de que se suprima en la nueva Ley de Educación que el castellano es “una lengua vehicular” en la enseñanza. La modificación es muy significativa, porque lo que les molesta a los independentistas es que la Ley de Educación diga que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” en la enseñanza en España.

Cualquiera que no esté familiarizado con esta polémica —si no es español, directamente, se frotará los ojos— no entenderá muy bien dónde está el problema, porque se garantiza la protección del catalán al mismo nivel que el castellano; pues justamente ahí, en que no se persigue la equiparación sino la progresiva desaparición del castellano de las aulas en Cataluña. Debe tenerse en cuenta que ya en la actualidad, con los modelos de inmersión, la única asignatura que se imparte en castellano en la gran mayoría de los colegios catalanes es la de Lengua Castellana, en ‘cumplimiento’ del mínimo exigible de que el 25% de la enseñanza se haga en la lengua oficial del Estado.

En esas circunstancias, de claro predominio del catalán en las aulas sobre el castellano, ¿por qué le parece tan importante a Esquerra eliminar de la ley que el castellano es “una lengua vehicular”? La única explicación está en la intención de acallar a los tribunales de Justicia y evitar las condenas reiteradas contra la progresiva degradación y el acoso que sufre el castellano en Cataluña. Tan persistente ha sido el conflicto que, con seguridad, existen muy pocos temas en España sobre los que haya más jurisprudencia que en este.

Muchas de las sentencias que existen en los tribunales, desde el Tribunal Superior de Cataluña hasta el Tribunal Supremo, pasando, obviamente, por el Tribunal Constitucional, se producen por la educación, pero también por las prohibiciones y sanciones a las que se somete a empresarios, comerciantes o consumidores catalanes que defienden su libertad para anunciarse, comprar o vender en castellano. Es decir, casi toda la jurisprudencia acumulada en cuatro décadas se produce por las constantes agresiones que ha sufrido la lengua española en Cataluña y la necesidad de los tribunales de salir en su defensa.

En todas las sentencias contrarias a los excesos contra el castellano, siempre repiten la misma lógica, que la legítima potenciación del catalán en una sociedad bilingüe, con dos idiomas vehiculares reconocidos, no puede determinar la exclusión del castellano como lengua docente. Más o menos, se repite siempre esta lógica del Tribunal Constitucional cuando analizó el estatuto de autonomía: “Nada impide que el estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que esta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza”. En suma, que los tribunales de Justicia en España siempre han velado por la igualdad del castellano y el catalán en el sistema educativo de Cataluña y es, precisamente, la igualdad lo que irrita al nacionalismo.

Si el origen y la justificación de la política de inmersión lingüística de Cataluña fue la represión que había sufrido el catalán durante los 40 años del franquismo, ya puede afirmarse que, en el mismo tiempo, los gobiernos nacionalistas en Cataluña han superado o igualado a la dictadura en la represión del otro idioma. No viene mal, en este sentido, este fragmento del ensayo de Eduardo Mendoza, ‘Qué está pasando en Cataluña’, sobre algunas verdades y muchas falsedades con las que se justifican a diario tantas atrocidades. Dice así: “El catalán como lengua de uso no estuvo prohibido. Tampoco estuvo autorizado".

"Alguien definió el franquismo como una dictadura mitigada por el general incumplimiento de la ley. Era una peculiaridad jurídica de la dictadura establecer unas normas estrictas y permitir que se incumplieran, sin renunciar a la posibilidad de aplicarlas cuando lo estimara oportuno. Con el uso de la lengua catalana fuera del ámbito privado ocurrió así. En la vida cotidiana, el castellano y el catalán convivían buenamente”. La humillación del español en España, que no otra cosa supone que el Congreso elimine de una Ley de Educación su carácter de lengua vehicular, nos devuelve a la misma realidad que con el franquismo; la normalidad y la convivencia entre las dos lenguas ya solo son posibles en la vida cotidiana. A los independentistas debe molestarles hasta eso.

La Generalidad elaborará listados de profesores universitarios que den las clases en español
Las universidades deberán enviar información sobre las lenguas que se utilizan en clase a la administración autonómica.
Pablo Planas. Libertad Digital  23 Septiembre 2021

Nueva maniobra de la Generalidad para erradicar el español de la enseñanza. Esta vez se trata de imponer los restrictivos criterios lingüísticos de la inmersión en las doce universidades públicas que operan en Cataluña. La consejería de Investigación y Universidades, en manos de Gemma Geis, de Junts per Catalunya (JxCat), ha llegado a un acuerdo con los rectores, en su mayoría separatistas, para elaborar listados de profesores que den las clases en español.

El propósito de la Generalidad y sus rectores es impedir que los profesores se pasen del catalán al español a petición de los alumnos y aumentar el número de clases en catalán. Hasta ahora, los universitarios catalanes saben de antemano en qué idioma se dan las asignaturas y pueden elegir grupo en función de sus preferencias o habilidades lingüísticas. Ocurre que muchas veces no escogen bajo ese criterio sino en función del horario. Una vez en el grupo, si la mayoría de los estudiantes lo acuerda, se pasa del catalán al español o al revés.

En los últimos tiempos, medios de comunicación afectos al proceso separatista y alumnos independentistas han emprendido una campaña para denunciar que la mayoría de los cambios de idioma se producen del catalán al español. Se quejan también de que si hay una minoría de alumnos que no entienden el catalán, los profesores optan en su mayoría por dar las clases en español.

De ahí la iniciativa de la Generalidad y los rectores, acordada esta semana en el Consejo Interuniversitario de Cataluña. Los rectores, que se han caracterizado por su apoyo al proceso separatista, tratan de imponer el catalán como lengua oficial, pero la libertad de cátedra faculta a los docentes a emplear el español si así lo desean. En los grados, es mayoritario el uso del catalán (en un 77%) frente al español y el inglés, situación que cambia en el caso de los estudios superiores o másteres, que se dan mayoritariamente en español por la presencia de estudiantes venidos del resto de España y del extranjero.

La instrucción de la Generalidad a las universidades es que elaboren informes cada seis meses en el que se recoja de manera prolija la información sobre el idioma utilizado por los profesores así como los cambios de idioma no previstos.

Cataluña activa un plan para llevar la inmersión en catalán a la universidad
Exige a los centros que informen cada seis meses a la consejería sobre la lengua que se usan en sus clases los docentes
Esther Armora. ABC  23 Septiembre 2021

Arranca el curso escolar y académico en Cataluña y el Govern de ERC y Junts ya ha destapado sus cartas sobre la estrategia que desplegará en los próximos meses para afianzar el uso del catalán en los entornos escolares –en las aulas ya lo ha conseguido con la inmersión– y en la universidad.

Veinticuatro horas antes de que la Plataforma per la Llengua, la ONG que espía a los alumnos en el patio, presentara su nueva campaña para ‘catalanizar’ las relaciones sociales de los menores a través de sus referentes lingüísticos (padres, docentes, amigos,...), avanzada por este diario en su edición del 15 de septiembre, los rectores, capitaneados por la consejera Gemma Geis, acababan de cocinar en el marco del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) su estrategia para «inmersionar» en catalán la universidad.

En una reunión mantenida el pasado martes por la tarde los responsables académicos dieron luz verde a un plan para fiscalizar el uso de las lenguas que se hace en la docencia de las universidades catalanas, tal y como informó ABC en su edición digital del mismo día.

Quejas de algunos estudiantes
El anuncio llega tras las quejas de algunos estudiantes que habían pedido clases en lengua catalana y acabaron recibiéndolas en castellano, y ante el retroceso del uso de la lengua autonómica en las clases de máster. Es también la culminación de un acuerdo cerrado el pasado abril por el Consejo Interuniversitario en el que las universidades reafirmaron oficialmente su compromiso con el uso del catalán. De hecho, el catalán es «la lengua propia y oficial» de la universidad, aunque, a diferencia de lo que ocurre en la escuela, donde se impone un modelo prácticamente monolingüe en esta lengua, en el ámbito académico el profesor tiene libertad para utilizar en clase cualquiera de los idiomas oficiales en la comunidad (catalán y castellano). También el inglés, en función de la planificación del centro. Del mismo modo, los alumnos tienen la misma libertad para expresarse en ambas lenguas en sus actividades académicas.

El plan acordado esta semana por la consejería y las doce universidades públicas prevé controlar por primera vez el uso de las lenguas en la docencia universitaria. En concreto, propone realizar un seguimiento semestral para garantizar que se acaba impartiendo la asignatura en la lengua que consta en el plan de docencia.

Así, según las nuevas instrucciones del gobierno catalán, las universidades deberán elaborar informes cada seis meses que entregarán a la consejería, donde se recogerán todas las incidencias que se produzcan sobre cambios en la lengua de docencia. La Generalitat quiere, según arguye, que las clases universitarias se impartan en la lengua que aparece en los planes y no haya cambios de última hora para «garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos y el profesorado», aunque subyace de fondo una «intencionalidad política».

De hecho, los últimos informes lingüísticos de la Generalitat constatan, por un lado, que la lengua autonómica gana peso progresivamente y se mantiene como lengua de uso mayoritaria en los grados, pero que «la batalla del catalán» se ha perdido definitivamente en los másteres, donde el castellano sigue siendo la lengua hegemónica. En estos estudios, el impacto del catalán es menor debido a la vocación internacional que tienen, ya que atraen a un gran número de estudiantes extranjeros, especialmente de países latinoamericanos.

2.960 asignaturas en catalán
Los datos del último Informe de Politica Linguïstica, consultado por ABC y que refiere al curso 2018-2019, constatan un aumento sostenido de las asignaturas en catalán en los grados, donde sigue siendo lengua de uso mayoritario por parte del profesorado. Según las citadas estadísticas, desde el curso 2014-2015 se han ganado 2.960 asignaturas en catalán, un 21,5 por ciento más. Sin embargo, –y así lo admite la Generalitat– el castellano no está dispuesto a ceder terreno a la lengua autonómica pese a las estrategias del Govern.

La universidad catalana no quiere renunciar a su internacionalización por imperativo político. Sabe que gran parte de los alumnos que atrae para este tipo de formación proceden de latinoamerica. Según datos facilitados por la Generalitat, en el 77 por ciento de los estudios de grado que se imparten en Cataluña la lengua de docencia es el catalán, mientras que el uso del castellano oscila entre un 12 y un 25 por ciento, y el del inglés se mueve en cifras similares, pese a que su presencia en las aulas ha aumentado progresivamente en los últimos cursos.

En el caso de las clases de máster, el impacto del catalán es menor –se ofrece en esa lengua cerca del 55,3 por ciento de las clases en el total de universidades–, aunque en algunos centros como la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona o en la Universidad de Barcelona (UB), la presencia del castellano en estos estudios supera a la del catalán desde hace años. En el primer centro, en el cuso 2019-2020 (el último del que se dispone de datos) de las 12.459 horas de docencia de máster que se impartieron, el 30,5 por ciento fueron en castellano, frente al solo 7,9 por ciento que se usó el catalán. El resto se impartieron en terceras lenguas, mayoritariamente el inglés.

En la UB, el castellano supera también al catalán en horas de docencia –40.430 horas (47,5 por ciento), frente a 26.777 horas (31 por ciento) en la lengua autonómica–. Cataluña es, después de Madrid, la comunidad que recibe más alumnos de otras comunidades. Esta cifra ha aumentado ligeramente en los últimos años –el curso 208-2019 había registrados 13.719 estudiantes de otras comunidades en Cataluña, lo que supone un 8,22 por ciento del total; frente a los 12.263 que había en el curso 2014-2015 (7,44 por ciento)–.

El número de estudiantes extranjeros también ha ido al alza. El curso 2014-2015 se matricularon en las universidades catalanas 9.095 estudiantes exranjeros, un 5,4 por ciento del total; cifra que el curso 2018-2019 aumentó hasta los 12.239 alumnos, un 7,1 por ciento con respecto al total. La llegada de alumnado extranjero a los másteres ha sido también un factor común en las universidades públicas catalanas. El curso 2017-2018 , un total de 10.147 alumnos de máster (37 por ciento) procedían de otros países y 3.429 (17,6%) del resto de comunidades españolas. El grueso de los alumnos extranjeros que cursan posgrados procede de Latinoamérica, seguido de Europa y Ásia.

Intranquilidad entre el profesorado por la intromisión del Govern
El plan aprobado por el Govern de ha sembrado la intranquilidad entre el profesorado que lo intuye como una «clara intromisión» de la administración en los campus. Docentes de la UPF y la UB consultados por este diario expresaron ayer su «indignación» por la estrategia de la Generalitat para fiscalizar el uso de las lenguas en el ámbito académico. La decisión de la Generalitat llega un día después de que la ONG que espía a los alumnos en los patios presentara su estrategia para ‘catalanizar’ las relaciones sociales de los menores. Tal como avanzó ABC en su edición del día 15 de septiembre, la entidad pretende que los padres y docentes inculquen ‘conciencia lingüística’ a sus hijos y alumnos-

El Senado ampliará el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Alta
Redacción. https://www.rebelionenlagranja.com 22 septiembre, 2021

El PSOE ha dado su visto bueno a la toma en consideración de una propuesta de reforma del Reglamento del Senado promovida por JxCAT para poder usar sin restricciones el catalán, el gallego y el euskera en toda la actividad parlamentaria de la Cámara, ahora limitado el debate de mociones en el pleno.

El apoyo del grupo socialista a la iniciativa garantiza que podrá ser estudiada por la Comisión de Reglamento de la Cámara Alta, al sumar a sus votos mayoritarios los de las formaciones nacionalistas e independentistas y también los de los senadores autonómicos de izquierda que conforman el grupo de la Izquierda Plural.

El rechazo de los senadores del grupo popular, de Ciudadanos y Vox anunciado durante el debate plenario será insuficiente para parar la toma en consideración cuando finalice el plazo para la votación telemática a última hora de la mañana.

Al defender la reforma, el portavoz de JxCAT, Josep Lluís Cleries, ha recalcado que universalizar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado «no va contra nada ni contra nadie» y frente a quienes critican que la medida pueda acarrear un coste de casi un millón de euros ha dicho que «normalizar» en la Cámara el empleo de estas lenguas «nunca puede considerarse un derroche».

Por el contrario, la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, ha rechazado en un discurso muy vehemente convertir el Senado en una «torre de Babel de idiomas que no entendemos» salpicada de «auriculares y traductores» y cuyo coste, que ha calificado de «disparate», no deben asumir los españoles.

El propio Cleries ha calculado en unos 950.000 euros el coste económico de la reforma reglamentaria, pero la senadora popular ha alertado de que podría triplicarse, como ya ocurrió en 2010, cuando se auguró que permitir el empleo de lenguas cooficiales en el debate de mociones supondría 70.000 euros al año y ahora la institución paga 300.000 euros por intérpretes y traductores.

El debate ha estado salpicado de referencias a la condición de Cámara Territorial del Senado, principal argumento de JxCAT para defender la modificación, pero también de alusiones a la política lingüística de la Generalitat en Cataluña, donde según los portavoces del PP, Cs y Vox no se respeta a los castellanoparlantes.

Sánchez Camacho ha criticado especialmente a Cleries que definiera España como un estado «plurinacional y plurilingüe», algo que ella no cree cierto, y si bien ha asegurado que el PP defiende todas las lenguas cooficiales, también ha remarcado que la Constitución dice en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial y que las demás lo son en sus respectivas comunidades.

Al coste económico también se ha referido el portavoz de Vox, Jacobo González Robatto, quien ha dicho que gastar «un millón de euros en un capricho es una auténtica barbaridad» en tanto que la senadora de Cs María Ponce Gallardo ha pedido a JxCAT que proteja los derechos «maltratados» de los castellanoparlantes en Cataluña.

La propuesta, que podrá ser sometida a enmiendas y modificaciones en la Comisión de Reglamento, plantea cambiar el Reglamento para que el catalán, el gallego y el euskera se puedan utilizar en todos los plenos, incluidas las sesiones de control con preguntas al Gobierno, así como en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria.

Busca igualmente dar un completo respaldo al uso «oral y escrito» de estas lenguas, extendido incluso a las publicaciones del Senado y a los escritos que se presentan en su Registro.

La senadora socialista Margarita Adrio ha anunciado el voto favorable de su grupo tras invocar el enriquecimiento que las lenguas suponen en el patrimonio cultural del un país y ha considerado que es preciso avanzar en su empleo en el Parlamento.

Del mismo modo ha avalado la toma en consideración ERC, cuyo senador Josep Maria Reniu había advertido de que «muy pocos creen de verdad» que el Senado sea un Cámara Territorial y que supondría «un desprecio absoluto» no votar a favor.

Del mismo modo, el senador del PNV Imanol Landa ha apuntado que se trata de una «cuestión política y de sentido común» y los senadores de Izquierda Confederal han coincidido en que no se pretende más que reconocer una realidad que ya se da en la sociedad.

Universidades catalanas al servicio del independentismo
María Jesús Cañizares. CG 23 Septiembre 2021

Recordando a Unamuno, está claro que Gemma Geis vencerá, pero no convencerá. Tiene un doble rodillo: el independentista, que por lo visto lleva a los rectores universitarios a callar ante las injerencias del Govern. Y el gubernamental, que proporciona a la consejera del ramo la capacidad de fiscalizar, léase controlar, la actividad docente. ¿Dónde queda la libertad de cátedra? ¿Y el espíritu crítico? ¿Qué ha sido de la universidad como espacio vedado a las injerencias políticas?

Geis, gerundense reclutada por Junts per Catalunya (JxCat) para hacerle la competencia a una Marta Madrenas en horas bajas, ha determinado que el ámbito universitario debe estar sometido al yugo de los intereses independentistas. En una decisión absurda, porque supone crear un problema donde no lo hay, la consejera de Investigación y Universidades ha decretado “hacer un seguimiento” --alguien debería hacer un diccionario de eufemismos procesistas-- del idioma que se utiliza en las aulas.

El motivo no es que el uso del catalán --que es lo que en realidad preocupa a la neoconvergente, no los derechos lingüísticos de toda la comunidad universitaria o la calidad de la enseñanza-- retroceda en las aulas, pues los propios datos de la consejería apuntan a que se mantiene como idioma mayoritario. La razón de ese nuevo alarde de intervencionismo es la reunión que Geis mantuvo con Plataforma per la Llengua, esa entidad paragubernamental dedicada a espiar el idioma que utilizan los escolares en sus horas de recreo y que es capaz de condicionar las políticas lingüísticas de toda la Generalitat.

La autodenominada oenegé del catalán también es conocida por señalar e incitar a la delación, incluidos los alumnos que se quejan cuando se pasa del catalán al castellano en las universidades. La consejera, genuflexa ante esta asociación hipersubvencionada, ha informado a los representantes de 12 universidades catalanas que, semestralmente, analizará si el bilingüismo universitario, que simplemente refleja la realidad catalana, se ajusta al corsé que ella pretende imponer.
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Lo peor de todo es que los rectores de esos centros sucumban a ese control. Que no protesten y den carta blanca al consejero de turno para endurecer las normas lingüísticas en una universidad, pretendidamente internacional y abierta, pero que lastrada por el nacionalismo provinciano de Junts per Catalunya, tiene visos de convertirse en una institución cerrada y sumisa al poder.

Tampoco es que sorprendan demasiado medidas de este calibre, procediendo de una consejera que tilda de "radical" y "fascista" a la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) por defender el castellano en la selectividad. Una defensa avalada por la Justicia, aunque ya se sabe que el grado de cumplimiento de las sentencias judiciales por parte del establishment separatista es bastante ínfimo cuando no se ajusta a sus intereses.

Y si grave es que los rectores callen ante la gubernamentalización universitaria, especialmente dramático es que los alumnos castellanohablantes pidan disculpas o se avergüencen por pedir una aclaración en su idioma cuando la clase es impartida en catalán. El aparato independentista es potente y difunde a los cuatro vientos los casos de estudiantes quejosos con el salto del catalán al castellano. No trascienden, por el contrario, la postura de profesores y alumnos que no se atreven a cuestionar normas lingüísticas cada vez más estrictas. Diez años de procesismo provocan ese tipo de mordazas sociales.

Lamentar, por último, que una buena idea, como era la creación de una Consejería de Investigación y Universidades, se haya convertido en un nuevo chiringuito al servicio del agitprop neoconvergente. Eso sí, con los manejos de Geis se caen muchas caretas. La transversalidad de JxCat esconde las preferencias neoliberales de esta formación, pero el fichaje de un asesor, contrario a bajar las tasas universitarias y favorable a privatizar el sector público, dice mucho de Geis. El nuevo hombre de confianza de la consejera duró 72 horas. Pero el mandato de la gerundense se está haciendo eterno.

Crónicas desde el frenopático
Nota del Editor 23 Septiembre 2021

Todos estos disparates contra el español, no proceden de gentes cuerdas y razonables, no, proceden del gran frenopático donde pastan numerosos profesionales de la política, y así seguirán hasta que la gente, razones por medio, no apoye a Vox.

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