AGLI Recortes de Prensa   Viernes 1 Octubre  2021

IPC desbocado, otro triunfo del socialismo
EDITORIAL. https://gaceta.es 1 Octubre 2021

Desde finales del año pasado, cuando la benéfica idea de que la vacunación masiva iba a provocar un reinicio de las economías semiparalizadas por la pandemia, los memorandos de las empresas de inversión alertaban de que la nueva normalidad sería anormal por el aumento de la demanda y la disminución de la oferta, sobre todo en lo que se refiere a la escasez de las materias primas, es decir, de los suministros. Si no saben de lo que hablamos, llenen el depósito de su coche —si es que las restricciones medioambientales le permiten moverlo—.

La economía pandémica, alertaban aquellos informes, no se comporta como una crisis académica, en la que la recuperación es lenta y, de alguna manera, sostenible. Las ganas de los supervivientes, alentados por las estrategias comunicativas de los Gobiernos, de volver a la situación precovid, iba a provocar una situación de cuello de botella que impone un aumento de la inflación que en último término siempre pagan los consumidores. Y esto aquí como en Washington. Aunque aquí, por las especiales características de España y la cantidad de mano de obra parada que dificulta el aumento de los salarios, un IPC desbocado sea más grave que allá. No sólo en lo económico, sino en lo social. Véase la actualización de las pensiones mientras la resiliente (con perdón) generación de los boomers ya está a las puertas de exigir sus derechos adquiridos después de una vida entera de trabajo.

La pregunta pertinente es si todo esto lo sabía el Gobierno. Si la manada de asesores de los que disfruta Pedro Sánchez y pagamos todos los españoles, le había advertido de los efectos perniciosos de lo que estaba por venir (y que ya está aquí) y de las medidas con sentido de Estado que habría que tomar para el reinicio. Si se lo advirtieron, de nada sirvió. Sólo un ejemplo: ¿en una situación evidente de escasez de suministros y aumento de la demanda, sobre todo de la demanda china (que paga al contado y jamás regatea), a un gobernante serio se le ocurriría poner en peligro las relaciones con Marruecos por cuyo territorio pasa buena parte del gas argelino que necesitamos por un quítame allá el covid a un terrorista del Polisario?

Pero así funciona el socialismo y en buena medida, también Europa. Una Europa que mientras no encuentra un solo chip en el mercado, manda —huevos— una delegación a Hungría para medir su calidad democrática. Socialismo y burocracia son dos sistemas que una y otra vez, y ya llevamos 104 años en el caso del socialismo, triunfan siempre a la hora de empeorar la vida de sus gobernados. Unos gobernados que ya hemos sido advertidos de que la mejor solución no es bajar impuestos, reducir las administraciones o alentar la actividad empresarial, sino que trabajemos —los que tengamos empleo— hasta que reventemos o nos muramos. Mejor lo segundo. Cuidado con los reventones, gobernantes del futuro.

No diremos lo de «es la economía, estúpidos» que gritó el jaranero presidente Clinton cuando logró equilibrar el presupuesto de los Estados Unidos. Y no lo diremos porque no todo es economía y menos en esta España fracturada, invadida y en erte con la luz, el gas y la gasolina por las nubes. Suministros escasos que no pagan, entre otros, el presidente del Gobierno que se obstina en transiciones ecológicas feministas digitales a ninguna parte. En esta ocasión es más pertinente el inmortal suspiro del Conde de Romanones: «¡Joder, qué tropa!».

Incompetencia y despilfarro de Sánchez
La deuda pública marca récord de 1,42 billones en el segundo trimestre

Redacción. https://rebelionenlagranja.com 1 Octubre 2021

A los mensajes propagandísticos del gobierno de Sánchez le responden los datos de la realidad económica.

Ya no son solo los precios de la tarifa electrica, inasibles para familias y empresas, o la subida descontrolada de la inflación y los efectos que tendrá esa inflación sobre el poder adquisitivo de los españoles y sobre el gasto público. Ahora se confirma otro dato demoledor para la encomia española: la deuda pública se dispara.
La deuda pública española marcó un nuevo récord en el segundo trimestre al situarse en 1.424.692 millones de euros, una cifra que equivale al 122,8 % del PIB, según los datos publicados este jueves por el Banco de España.

Al cierre de junio, la deuda del conjunto de las administraciones públicas superaba en 31.617 millones la del cierre del primer trimestre -que ya fue máximo histórico-, aunque el ratio de PIB bajó 2,5 puntos (en el primer trimestre fue del 125,3 % del PIB).

Con respecto al segundo trimestre de 2020, la deuda pública se incrementó en 133.661 millones, 12,5 puntos de PIB.
Mientras el gobierno se ocupa de las matrias, los españoles se arruinan.

La dignidad pisoteada
José T. Raga. Libertad Digital 1 Octubre 2021

A lo peor que nos estamos acostumbrando en el siglo XXI, con dolor para muchos, es a que sujetos que se prodigan en los medios, y especialmente los políticos, utilicen términos cuyo significado desconocen o tergiversan torticeramente.

Las más de las veces es una ostentación de la ignorancia, pero en otros la ignorancia o la mala fe, buscadas de propósito para engañar, se convierten en un mal social. Sus opiniones acaban influyendo en las decisiones sociales.

Tengo en mente unas manifestaciones del señor presidente del Gobierno, de hace apenas unos días, cuando se gloriaba en una comparecencia, tras el Consejo de Ministros, enunciando las razones de peso para uno de los acuerdos tomados.

¿Fue sólo torpeza? Porque, de entre el cúmulo de asesores, que pagamos todos los españoles, cabría elegir un grupito que corrigiera sus escritos, evitando así presunciones de lo que no se puede presumir.

El acuerdo del Consejo del que presumía era la elevación del SMI en quince euros (15,00 €), lo cual, reservándome mi opinión respecto a aquellos afectados que buscan trabajo sin éxito, suponía un incremento mensual, en las nóminas de quienes estuvieran contratados por un SMI –y siguieran contratados después del aumento–, de quince euros. Pero no otra cosa objeto a esa decisión, salvo mi reserva mencionada.

El verdadero problema del anuncio de tal medida, en palabras del presidente, fue la razón de ser, la motivación, el porqué de la decisión del Consejo, de la que asumía su protagonismo. Desearía ser fiel al texto de la declaración, aunque aseguro serlo en los términos que me produjeron escándalo.

El acuerdo sobre el incremento del SMI lo fundamentó el presidente en que era una cuestión de justicia social y de dignidad del trabajador. Personalmente, me he sentido ultrajado, y, quizá bajo ese influjo, pregunto: ¿era necesario que justificara la decisión? ¿No le bastaba con mandar? Y, puestos a justificar, ¿no encontró otros motivos menos ofensivos?

Me consta que a la izquierda le gusta poner apellido a la justicia, sin tener en cuenta que la justicia lo es por sí misma, con un sentido tan absoluto como cuando hablamos de lo justo. ¿Puede explicar al pueblo español qué entiende por justicia social? Ya sé que hablan de justicia social, justicia distributiva, justicia popular, justicia democrática… Yo, sinceramente, preferiría Justicia a secas.

El segundo término como soporte para la elevación del SMI fue dignidad. Convirtiéndolo, además, en una suerte de mercancía, a la que incluso le pone precio. ¿Pueden quince euros comprar la dignidad de un trabajador?

El trabajador más indefenso, el más humilde, tiene una dignidad propia igual que la suya, señor presidente. Y la tiene por sí mismo, como persona humana, no por una ley ni por acuerdo del Consejo de Ministros.

Su declaración ha pisoteado la dignidad; precisamente, aquello que por naturaleza no distingue ricos de pobres; una igualdad que rige para todos los seres humanos.

Vox compara la Ley de Memoria Democrática con el Ministerio de la Verdad de Orwell: "Es totalitaria y sectaria"
Maite Loureiro. Libertad Digital 1 Octubre 2021

Presentan en el Congreso una enmienda a la totalidad por "invisibilizar a quienes fueron asesinados por la izquierda".

Vox continúa con su batalla para acabar con cualquier ley de memoria histórica. El partido ha presentado una enmienda a la totalidad de la nueva Ley de Memoria Democrática que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez al considerarla "totalitaria" y "sectaria".

El partido califica la norma de "propaganda" y denuncia que su finalidad es "inculcar en las mentes de los españoles la ecuación según la cual izquierda equivalió y equivaldrá siempre a democracia y libertad, y derecha a fascismo y represión". Denuncia, además, la creación de un Consejo de la Memoria que "recuerda siniestramente" al Ministerio de la Verdad de la novela 1984 escrita por George Orwell.

En defensa de la Transición
En el escrito registrado en la Cámara de 15 folios, el partido reivindica la Transición española por su carácter reconciliador: "Se acordó un borrón y cuenta nueva moral y judicial. Derecha e izquierda convinieron tácticamente no arrojarse a la cara las culpas y crímenes de los años 30, prefiriendo centrarse en la construcción de un futuro de concordia", afirman.

El partido de Abascal denuncia que ese "espíritu de juego limpio histórico" fue "disipándose" con los años, comenzando ya al final del Gobierno de Felipe González, continuado después con la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que el PP de Mariano Rajoy no derogó cuando tuvo mayoría absoluta, y culminando ahora con la nueva Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez.

Recuerdan que el "sectarismo" de la ley impulsada por Zapatero, que todavía sigue en vigor, ha sido también denunciado por intelectuales como Federico Jiménez Losantos, presidente del Grupo Libertad Digital, por Francisco Sosa Wagner, Fernando Savater, Stanley Payne, Antonio Escohotado, Andrés Trapiello, Joaquín Leguina o Luis Alberto de Cuenca.

Una ley "totalitaria", "sesgada" y "maniquea"
El texto recoge que "una Ley de Memoria resultaría totalitaria cualquiera que fuese la visión de la Historia impuesta por ella" y sostiene que, esta ley en concreto, es "espectacularmente sesgada y maniquea" por "invisibilizar" a las víctimas que fueron asesinadas por la izquierda, lo que a su juicio supone "matarlas por segunda vez".

"La Ley implica que podrá conmemorarse a García Lorca, pero no a Ramiro de Maeztu, a José Antonio Primo de Rivera o a Melquíades Alvárez; sí a los fusilados por Queipo de Llano pero no a los ejecutados en Paracuellos o los centenares de asesinados en los trenes de la muerte de Jaén, o en los barcos de la muerte de Santander o Bilbao".

El texto continúa denunciando que con la nueva norma podrán recibir homenajes "las Trece Rosas, pero no las enfermeras de Somiedo o las hermanas Dolores y Consuelo Aguiar, que sufrieron la misma suerte" y que "se podrá exaltar al golpista Lluis Companys, pero no al carmelita Manuel Alcaraza".

Combatir la manipulación de la izquierda
Vox denuncia que la nueva norma "adoctrinará a la ciudadanía" en una "visión maniquea de la Historia sustentada por el Gobierno" y combate lo que considera una manipulación de los hechos por parte de la izquierda, especialmente de la II República, la Guerra Civil, el franquismo o la Transición: "Es falso que la Segunda República fuese una espléndida democracia derribada en 1936 por una torva conspiración fascista", aseguran.

"La principal amenaza a la estabilidad de la Segunda República vino siempre, no de la derecha, sino de una extrema izquierda anarquista" y "fue la bolchevización del PSOE lo que abocó a la República a un final violento" como demuestra el golpe de Estado de 1934, recogen en su escrito en el que concluyen que "la Segunda República se autodestruyó como régimen democrático antes de que la sublevación del 17 de julio de 1936 le diese el golpe de gracia".

PP: la convención intranscendente
EDITORIAL. Libertad Digital 1 Octubre 2021

Ese Casado que añora Cayetana Álvarez de Toledo es necesario para el PP y para una España que no puede permitirse dos años más de social-comunismo.

La noticia más llamativa de los tres días que ya han transcurrido de la Convención Nacional del Partido Popular ha sido que Nicolas Sarkozy ha sido condenado por financiación ilegal menos de 24 horas después de haber compartido escenario con Pablo Casado. Sin duda, es una de las operaciones de marketing político más torpes que se recuerdan.

No obstante, aunque haber invitado a un Sarkozy sobre el que estaba a punto de pronunciarse un tribunal es un error bastante obvio, ese no ha sido el principal traspié de un evento que no está siendo sino un intento poco lucido de reafirmar un liderazgo que sólo parece cuestionar... el propio Pablo Casado, comido por los complejos que lastran al PP cuando se pone a ser la derecha sin remedio.

En la política actual, el liderazgo no se demuestra haciéndose uno acompañar de las viejas glorias de su propio partido, algunas tan tóxicas como Mariano Rajoy, gran culpable de que Pedro Sánchez esté en la Moncloa y formidable destructor del centro-derecha nacional. El apoyo de Rajoy o de José María Aznar no aporta nada, por estar más que descontado y porque ya hace mucho que no son líderes influyentes en España, ni siquiera entre el centro-derecha, especialmente en el caso de quien se dejó sustituir por un bolso en un momento crítico para la Nación.

Actualmente, con otras formaciones disputando al menos una parte del electorado al PP, para asentar el liderazgo de un partido como el de Casado hay que ofrecer ideas nuevas y poderosas, coraje, un análisis claro de los problemas y, muy especialmente, planes lo más concretos posible para darle la vuelta a una situación nacional que cada día es peor.

Nada de eso se está viendo en la Convención; lógico, cuando los mejores talentos del partido están o bien condenados al ostracismo –Cayetana Álvarez de Toledo– o bien se ven perseguidos por la dirección de Génova y prácticamente obligados a una suerte de exilio o, al menos, a vivir permanentemente a la contra –Isabel Díaz Ayuso–.

Si Casado quiere afirmarse como el líder de su partido y del centro-derecha, lo tiene bastante fácil: tal y cómo decía Álvarez de Toledo este jueves en Es la Mañana de Federico, le bastaría con ser el que fue; el que transmitía mensajes claros y valientes, el que se enfrentaba al separatismo y a la izquierda, el que estaba dispuesto a librar la guerra cultural. En suma: el que propuso una alternativa liberal que le hizo ganar un congreso contra el aparato del partido y la entonces todopoderosa Soraya Sáenz de Santamaría.

Ese Casado es necesario para el PP y para una España que no puede permitirse dos años más de social-comunismo.

Por el buen camino
Nota del Editor 1 Octubre 2021

El Partido Podrido va por el buen camino para terminar de desaparecer. Esperemos que los daños colaterales no lleguen a ser la destrucción de España por los comunistas y sus quates separatistas y filoterroristas con la colaboración indispenble del partido podrido.

Estimado lector, si todavía no apoya a Vox, no se olvide de apagar la luz antes de que se la corten.

Con los médicos objetores
Ricardo Ruiz de la Serna. https://gaceta.es/ 1 Octubre 2021

La peor de todas las traiciones que puede perpetrarse es la traición a los propios principios y valores, es decir, a uno mismo. El último recurso del hombre libre, cuando han cedido todas las barreras que la razón alza frente la barbarie -el derecho, las humanidades, el arte- y se ha vuelto la espalda a la fe y la inteligencia, ese último bastión de la dignidad es la objeción de conciencia. Es el último cartucho para salvar la condición humana de la turba vociferante y la opinión del gentío. Por supuesto, esto implica un modelo de ser humano con convicciones. Se trata de la forma de rebeldía más auténtica y, por eso mismo, más revolucionaria. Por eso, todos los regímenes totalitarios la temen. Por eso la persiguieron los comunistas, los fascistas y los nacionalsocialistas. Por eso, debemos hoy defenderla y celebrarla.

El gobierno está trabajando en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Pretende coartar el derecho de los médicos a objetar en conciencia cuando se les requiera la práctica de un aborto. ¡Qué tiempo disparatado nos ha tocado vivir! Se proclama como “derecho” poner fin a la vida del concebido no nacido, se considera parte de la “salud” matar a una criatura en el vientre de su madre y se pretende dificultar la objeción a los médicos que quieren dedicarse a salvar vidas en lugar de acabar con ellas.

Hemos llegado a un punto en nuestra civilización en que cualquier animal vale más que un ser humano. Nos conmueve más el sufrimiento de un cachorro que el descuartizamiento o la aspiración de un feto humano. Se pretende castigar penalmente a quienes se congregan para rezar en las puertas de las clínicas abortistas. Orar por la vida -las dos vidas, la de la madre y la de su hijo- se considera una forma de violencia, pero asaltar una capilla o acosar a unas monjas como se hizo en la Jornada Mundial de la Juventud se tiene por protesta legítima. Se sacrifican vidas humanas en aras de una pretendida libertad que se ensaña con los más indefensos de todos los seres humanos. Tal vez una cultura en que se mata a los recién nacidos, a los enfermos terminales, a los discapacitados, a los ancianos abandonados a su suerte, no merezca sobrevivir.

Por eso, ante esta nueva ofensiva de la cultura de la muerte, es reconfortante leer comunicados como el del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, cuyas palabras son felizmente lúcidas. “El reconocimiento de la objeción de conciencia no es solo una exigencia ética sino también constitucional. La objeción siempre debería quedar amparada por la posibilidad de acogerse a la no realización de actos gravemente contrarios a la propia conciencia. Reconocer esta primacía es también saber que la justicia es mucho más que las leyes y que hay derechos fundamentales que toda norma debe siempre respetar”. Dejen que estas palabras resuenen en este tiempo de muerte: “la justicia es mucho más que las leyes”. Cabría añadir que, si las leyes son injustas, no cabe hablar de justicia sino sólo del poder coactivo del Estado, convertido ya en tiránico.

Se pretenden hacer listas de médicos objetores. Los comunistas, los fascistas y los nazis también gustaban de esas listas. Dan facilidades cuando hay que acosar a alguien. Lo simplifican todo cuando hay que ir a buscar al domicilio o al lugar de trabajo. Una de las primeras cosas que la Gestapo incautaba en los países ocupados eran los registros policiales. Las tiranías más sanguinarias del siglo XX fueron posibles gracias al desarrollo de la tecnología y la burocracia. Los pretextos siempre son los mismos -las garantías, la seguridad, el ejercicio de los derechos de todos- al igual que las consecuencias: el acoso, el linchamiento, la persecución, el estigma y otras tantas cosas. Algunos obispos españoles asistentes a la sesión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ya han advertido que crear un registro de médicos objetores “sería atentar contra la libertad de la persona”.

La defensa de la vida -de las dos vidas, la de la madre y la de la criatura- es la gran cuestión de nuestro tiempo. Por esa causa, vale la pena sacrificarse, asumir riesgos, jugársela. Hay que apoyar a esos médicos con todos los recursos que se puedan allegar: fondos, servicios jurídicos, tribunas y medios para defenderse, la actividad parlamentaria de oposición a una -o, más bien, otra- ley injusta y totalitaria. El médico que objeta es una persona que se atreve a afirmar su conciencia y que se niega a traicionar sus principios. En nuestro tiempo, la coherencia y la integridad hay que protegerlas como se protegería el último pozo de agua en un desierto.

Permítanse un gesto de dignidad.
Póngase del lado de esos médicos que prefieren salvar vidas a quitarlas.
Allí nos vemos.

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1-O, el día de la victoria

Alejandro Tercero. cronicaglobal 1 Octubre 2021

Este viernes se cumple el cuarto aniversario del 1-O y, como cada año, el independentismo lo conmemorará como si hubiese sido una victoria para sus intereses. Un discurso que, sorprendentemente, asume la mayor parte del constitucionalismo.

Tal vez ha llegado la hora de que los catalanes no nacionalistas se dejen de remilgos y empiecen a desembarazarse de los complejos que les han lastrado durante décadas.

Seamos claros, cuanto más tiempo pasa, más claro queda que el 1-O fue una derrota incuestionable del independentismo y un éxito sin precedentes del constitucionalismo. Triunfo del que debería enorgullecerse.

La actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil frente a las hordas de nacionalistas violentos que trataban de impedir por la fuerza la aplicación de las órdenes judiciales es --me consta-- motivo de orgullo para muchos ciudadanos de Cataluña. Y, como tal, debería conmemorarse.

Sería un error ceder la celebración de esa efeméride al independentismo, como se ha hecho con el 11 de septiembre. Especialmente por una parte de la izquierda. Al fin y al cabo, en 1714 se enfrentaban dos modelos de Estado que en la actualidad tendrían su equivalencia en la socialdemocracia --que, de facto, se aplica en todas las democracias occidentales-- y los ultraliberales confederalistas --hoy, trasnochados--. Y, por suerte para Cataluña, ganaron los primeros.

El 1-O supuso un punto de inflexión sin vuelta atrás. En los años anteriores, el independentismo había arrasado impunemente con todo lo que se le ponía por delante. Durante años, los radicales avanzaron hacia la secesión sin apenas oposición. Basta con recordar el referéndum separatista del 9 de noviembre de 2014, ante la indecente inacción del Gobierno de Rajoy; los innumerables desplantes de los dirigentes nacionalistas a las decisiones judiciales sin ninguna consecuencia; las infames jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlament, e incluso el asedio salvaje a la comitiva judicial en la Consejería de Economía del 20-S.

Pero con el ejemplar comportamiento policial del 1 de octubre de 2017, avalado por la justicia, todo empezó a cambiar. El Estado, tras años de ausencia, reapareció en Cataluña. La mitad de los cabecillas del intento de golpe al Estado fueron capturados, encarcelados y condenados (solo los indultos a los sediciosos han enturbiado y desbaratado algunos de los avances en la convivencia que se habían logrado). La otra mitad huyó cobardemente y sigue fugada vagando por el extranjero con el desasosiego permanente ante el riesgo de una posible extradición. El Estado se atrevió, por fin, a aplicar el 155 (corto y superficial, es cierto, pero rompió un tabú que duraba décadas). Los promotores del primer referéndum son perseguidos por su responsabilidad patrimonial. Y un presidente de la Generalitat ha sido inhabilitado sin contemplaciones por incumplir la ley reiteradamente.

Con el 1-O, todo cambió para mejor. Y así deberían celebrarlo los catalanes constitucionalistas.

El Gobierno vasco se hace con el control de las tres cárceles vascas y del futuro de 67 etarras
Las víctimas desconfían de los nacionalistas del Gobierno vasco, que lleva meses hablando de que el mayor número de presos posible esté en la calle.
J. Arias Borque. Libertad Digital 1 Octubre 2021

Los tres centros penitenciarios ubicados en el País Vasco ya están bajo el control del Gobierno de Vitoria. De este modo, la comunidad vasca se convierte en la segunda región española que gestionará las prisiones ubicadas en su territorio –Cataluña tiene esta competencia transferida desde diciembre de 1983–, una posibilidad que venía recogida en el Estatuto de Autonomía de Guernica, aprobado en 1979.

Este viernes 1 de octubre se completa el acuerdo alcanzado en abril entre la administración central y la vasca, parte del peaje político pagado por el Ejecutivo Sánchez a los nacionalistas por el apoyo que el PNV le da en el Congreso de los Diputados en momentos clave. Un pacto cuya cuantía podría cuantificarse en algo más de 70 millones de euros y que, además, entrega la titularidad de las cárceles de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa).

Para más inri, el Ministerio del Interior pagará íntegramente la construcción de la nueva cárcel de Zubieta (Guipúzcoa), que cuando esté terminada pasará a titularidad autonómica en sustitución de la de Martutene, que entonces volverá a manos del Gobierno central. El coste de esta cárcel es de 39 millones de euros –según el pliego de construcción aprobada el pasado mes de marzo– y la previsión es que esté finalizada en primavera de 2023.

Con el control de estas prisiones, el Gobierno vasco también pasará a controlar buena parte del destino de los aproximadamente 1.300 presos que hay en su interior. Entre ellos, según los datos que ha podido recabar Libertad Digital, hay 67 que pertenecen a la organización terrorista ETA, todos ellos acercados en los últimos años, desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa.

Exactamente, hay 22 en la prisión alavesa de Zaballa, 9 en el centro penitenciario de Basauri, 13 en la cárcel de Martutene, uno en el ala psiquiátrica del centro hospitalario Aita Menni de Mondragón (Guipúzcoa) y otro en el centro Besarkada Etxea, en Vitoria, destinado a personas con un VIH avanzado que no cuentan con apoyo familiar. Otros ochos etarras se encuentran en libertad vigilada en sus domicilios por diferentes circunstancias personales.

A estos números hay que sumar los traslados aprobados pero que por cuestiones burocráticas todavía no han hecho efectivos. Son otros 13. Se trata de 6 terroristas de ETA cuyo cambio de cárcel al País Vasco fue aprobado el pasado 31 de agosto (2 irán a Zaballa y 4 a Basauri) y los 7 etarras cuyo traslado a prisiones vascas ha sido aprobado este miércoles 29 de septiembre (1 a Zaballa, 4 a Basauri y 2 a Martutene).

Las víctimas del terrorismo llevan meses preocupadas por lo que pueda significar el hecho de que el futuro de estos etarras dependa del PNV, sobre todo porque algunos dirigentes del partido nacionalista llevan tiempo anunciando que su política de prisiones se centrará en tratar de que el mayor número de presos estén en la calle para readaptarse a la sociedad. Temen que esto signifique que los etarras salgan por la vía rápida.

La consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, lo dejó claro hace unos meses durante un pleno monográfico sobre prisiones en el Parlamento de Vitoria, en el que dijo que la prisión será una "opción extrema" que se empleará cuando "no exista otra alternativa". El objetivo de su plan es que el 40 por ciento de los presos puedan cumplir sus penas en régimen abierto, una cifra sensiblemente más alta que el 28 por ciento que se da en todo el territorio nacional.

Premio a la Tolerancia
Antonio Robles. Libertad Digital 1 Octubre 2021

Siguen mandando los mismos, y los mismos excluidos siguen siendo silenciados.

Este viernes, 1 de octubre, se entregarán los Premios a la Tolerancia, instituidos en 1995 en Barcelona. Son el reverso de la intolerancia colectiva del 1 de octubre de 2017. Los primeros premian la ciudadanía, en el segundo se jaleó el derecho a decidir contra la ley y contra el derecho soberano del resto de los españoles.

Ha llovido desde entonces, pero nada ha cambiado. Siguen mandando los mismos, y los mismos excluidos siguen siendo silenciados.

Seguramente la mayoría desconozca el Premio a la Tolerancia y, por el contrario, esté aburrida de que le secuestren todos los días el telediario con la monserga del referéndum secesionista. Una anomalía de nuestros medios, empeñados en ignorar el derecho a decidir la lengua escolar de los hijos de la otra mitad de los catalanes.

Porque durante décadas esa otra Cataluña fue ignorada. Como ahora, donde la mesa de negociación sólo se entabla con la casta desleal, en detrimento de la Cataluña leal.

No viene de ahora, este XXVII Premio a la Tolerancia ha sido y es uno de tantos vestigios de la exclusión nacionalista. Hubo un tiempo en que oponerse al nacionalismo catalanista era motivo suficiente para ser excluido socialmente bajo los estigmas al uso: facha, ultraderechista, lerrouxista, franquista, etc. Mantras que han demostrado una gran eficacia excluyente. Hubo un tiempo en que denunciar esta impostura estaba vetado en los medios. Por entonces sólo había información en papel, TV y radios. No existían ni medios digitales ni RRSS. En ese ecosistema opresivo, a los pocos que se atrevían a oponerse sólo les asistían su coraje y la honda de Goliat. Pues bien, la Asociación por la Tolerancia fue la humilde honda de Goliat contra el nacionalismo. Y su manera de legitimar mediáticamente el derecho a la ciudadanía en esa sociedad opresora fue la creación de los Premios a la Tolerancia.

La idea no surgió como un fin, sino como un medio. Puede que le reste grandeza a un premio que hoy día es respetado por sus ideas y por el elenco de sus premiados, pero la desesperación de aquellos primeros militantes neutralizados por la prensa, zaheridos por la propaganda del régimen e ignorados por la propia población necesitaba un enganche con la sociedad para expandir sus ideales. Tenían ideas razonables, pero no credibilidad social para legitimarlas socialmente. Necesitaban referentes éticos intelectuales con credibilidad y presencia mediática. La composición del jurado y los premiados podían romper el cerco nacionalista a sus ideas. Y acertaron. En realidad, buena parte de esos referentes fueron clave para crear años después Ciudadanos. No era por casualidad, Tolerancia había sido la nave nodriza de otros muchos movimientos sociales de la Resistencia.

La entrega de los premios de este año será especial. La pandemia impidió entregarlos en los dos últimos años por razones sanitarias. Por ello, el XXVI Premio Tolerancia otorgado a Dolça Catalunya (2020), y el XXVII, a Iñaki Arteta, se darán conjuntamente este viernes en el Hotel Tryp Apolo de Barcelona a las 19:15 h.

Dolça Catalunya nació en 2013 como blog, y desde entonces no ha dejado de crecer e influir. Con humor, sorna y sin casarse con nadie. Su firma es el anonimato, la manera más infranqueable para neutralizar la exclusión social de sus miembros. Hoy es el digital más leído de Cataluña. Y el más odiado por el secesionismo.

El director vasco Iñaki Arteta ha sido y es un baluarte contra el blanqueamiento del terrorismo etarra. El arte al servicio de las víctimas y de la verdad.

Estos son los 27 premiados hasta la fecha: Iván Tubau, Fernando Savater, Francesc de Carreras, Gregorio Peces-Barba, Agustín Ibarrola (¡Basta Ya!), Félix de Azúa, Albert Boadella, Baltasar Garzón, Antonio Muñoz Molina, Arcadi Espada, Rosa Díez, Mario Vargas Llosa, Carlos Herrera, Antonio Mingote, Xavier Pericay, Regina Otaola, Félix Ovejero, Victoria Prego, Inger Enkvist, José Luis Bonet, Joseba Arregi, Ana Moreno, Maite Pagazaurtundúa, Teresa Freixes, Dolça Catalunya e Iñaki Arteta.

Gracias, Tolerancia.

La Generalidad destina 1.000 millones de euros al año a gastos para promover el separatismo
Un informe de la organización constitucionalista Impulso Ciudadano detalla el despilfarro identitario de la administración autonómica catalana.
Pablo Planas (Barcelona). Libertad Digital 1 Octubre 2021

Mil millones de euros. Una cifra redonda que la Generalidad de Cataluña destina a gastos identitarios para el fomento de una "construcción nacional" de carácter excluyente. Son, según el informe "A más nacionalismo, menos servicios" elaborado por la entidad Impulso Ciudadano, las "partidas hipernacionalistas", dinero que se detrae de las áreas sociales para engordar el proyecto nacionalista y financiar un grueso entramado de intereses.

Impulso Ciudadano calcula que la Generalidad destina cada año 517 millones al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; 253 a TV3 y Catalunya Ràdio; 48 millones a la "acción exterior" ("embajadas", viajes para difundir el procés, invitaciones y agasajos a figuras internacionales...); 32 al Consorcio de Normalización Lingüística y otros 31 millones a diversos programas de promoción del catalán y erradicación del español; 6,8 para el defensor del pueblo autonómico (que acaba de pedir un "indulto anticipado" para Puigdemont); 6 millones para el departamento de comunicación de Presidencia de la Generalidad y 5,6 millones al Consejo Audiovisual de Cataluña para que diga que los informativos de TV3 son los más plurales de todos. A estas partidas habría que sumar, además, las subvenciones a medios afines y la inserción de propaganda "institucional" en los mismos, que es una forma de subvención encubierta.

Según Impulso Ciudadano esos gastos identitarios impiden dedicar recursos a servicios básicos como la enseñanza no doctrinaria, la sanidad, la atención a dependientes y ancianos, la vivienda social o las infraestructuras.

A bote pronto, y según el análisis de la citada entidad, con esos millones se podrían construir 3.234 viviendas públicas para alquiler social, contratar a 3.167 médicos de Atención Primaria, a 3.775 profesores de Secundaria, se podría construir un hospital con seiscientas camas, pagar las sesiones completas de quimioterapia de 4.272 pacientes, comprar 769.230 dosis de la vacuna de Pfizer o 697.674 de la de Moderna y un largo etcétera.


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