AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 6  Octubre  2021

Útiles e inútiles
EDITORIAL. https://gaceta.es/ 6 Octubre 2021

Hoy, el Tribunal Constitucional ha dado la razón —otra vez— a los servicios jurídicos de VOX y ha sentenciado la ilegalidad del cerrojazo del Parlamento que siguió de inmediato al primer Estado de Alarma —también ilegal— y que impidió el control parlamentario vulnerando los derechos de los diputados. Impedir ese derecho fue impedir que los españoles, en un momento crítico para la salud —física y mental— de cientos de miles de ellos y para la economía de millones de personas, pudieran ejercer a través de sus representantes el control a un Gobierno que por ideología permitió la celebración de un infectódromo como el 8-M; por ideología negó la expansión de la enfermedad («del que sólo habrá uno o dos casos») y que por afán totalitario logró que la Presidencia del Congreso en manos de Meritxell Batet cerrara la actividad parlamentaria para no rendir cuentas por su catastrófica e improvisada gestión ideológica de la pandemia.

En momentos de máxima gravedad es cuando hay que extremar el control del Gobierno, de cualquier gobierno, algo que es de sentido común y que lo entiende hasta el tertuliano sectario más desnortado al que habría que oír si la pandemia hubiera ocurrido con un Ejecutivo que no fuera de izquierdas.

Y si esto lo entiende hasta un adolescente con tik-tok, la pregunta pertinente es cómo es posible que el partido de Santiago Abascal fuera el único que recurrió ante el Constitucional el cerrojazo ilegal del Parlamento y la limitación absoluta de los derechos de los diputados, que son los derechos de los españoles.

En democracia, los partidos políticos son herramientas para la participación de los ciudadanos en la vida pública. Si una herramienta es inútil, si en tiempos de grave quebranto no cumple con su cometido esencial de trabajar, vigilar y oponerse lealmente a cualquier desviación totalitaria del poder, ¿de qué sirve? Y lo que es peor, ¿a quién le aprovecha su existencia pagada con el dinero de nuestros impuestos?

Son preguntas que tendrá que responder, entre otros, pero sobre todo, el líder formal de la Oposición, Pablo Casado, que se negó a recurrir el cerrojazo a todas luces ilegal. Por desgracia, la respuesta de Casado no llegará pronto. Habrá que esperar a que termine de consolidar su liderazgo reestructurando las baronías regionales, alimentando el arrinconamiento del español en Galicia y pactando ensayos presupuestarios con los socialistas. Vamos, el liderazgo de lo inútil.

Con Sánchez, este invierno se nos va a hacer muy largo
OKDIARIO 6 Octubre 2021

El incremento de la luz sigue imparable, ahora paralelo al incremento del gas. La última subasta mayorista ha situado su precio por encima de la barrera psicológica de los 100 euros y el de los contratos cerrados para noviembre se ha ido a los 109,00 euros. Una progresión imparable que se trasladará en breve a la factura de la calefacción en España, cuando llegue el frío. El escenario no puede ser peor: desde que Sánchez anunció las medidas para reducir el recibo eléctrico, el precio ha crecido un 25%, lo que significa que, si continúa subiendo, como parece inevitable, el próximo mes se habrá comido toda la rebaja. Quiere decir que el plan de choque del Gobierno socialcomunista habrá saltado por los aires. Y de ahí hasta finales de año, el incremento seguirá siendo imparable, dejando en papel mojado la promesa de Pedro Sánchez de que a finales de este 2021 pagaremos lo mismo que en 2018. A estas alturas, parece evidente que, una vez más, las palabras del presidente del Gobierno se las llevará el viento.

Lo que resulta un sarcasmo es que la reforma de Sánchez se haya traducido en que el pasado fin de semana la electricidad vendida por Francia tuviera prioridad en el uso de fuentes de energía frente a la de las centrales verdes o renovables españolas, que son las más baratas. Y es que el Gobierno ha establecido una fórmula de fijación de un pseudo impuesto para las eólicas y solares que oscila en los 110 euros/MWh, lo que ha expulsado a las verdes más económicas dando prioridad a energías como la producida por las centrales francesas. Toda una demostración de hasta qué punto la gestión del Gobierno para contener el precio del recibo es un descomunal disparate.

Parece evidente que el Ejecutivo se está viendo sobrepasado en su probada incapacidad e impericia. Entre lo que nos cuesta la luz y el gas y los que nos está costando este Gobierno de aficionados, el invierno se nos va a hacer muy largo

Pedro y Europa
Emilio Campmany. Libertad Digital 6 Octubre 2021

El último sartenazo del Tribunal Constitucional al Gobierno, declarando inconstitucional el cierre de las Cortes decretado por la presidenta socialista del Congreso de los Diputados so pretexto de la pandemia, es ya sólo uno de tantos. No sólo, sino que el Tribunal Supremo está que fuma en pipa por los obstáculos que el Gobierno pone a que los golpistas sean entregados por las autoridades europeas para que puedan ser juzgados debidamente. Si a eso se añade la negativa a reformar el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que han exigido tres de las cuatro asociaciones de jueces y la misma Europa, se ve a las claras que el Ejecutivo tiene un conflicto con el Estado de Derecho.

Los medios de izquierda han acusado a Casado de flirtear con la extrema derecha por comparar al Gobierno de Sánchez con los de Polonia y Hungría por su radicalidad. Y sin embargo el presidente del PP tiene más razón que un santo. Y esta última sentencia del Constitucional lo corrobora. El Gobierno polaco ha establecido un tribunal disciplinario con la idea de sancionar a los jueces que fallen contra el Gobierno. El cierre del Congreso que decretó Meritxell Batet es un atentado contra el Estado de Derecho y los valores democráticos de la Unión Europea tan grave como el de Polonia. El de Hungría ha prohibido que se instile a los menores de edad la cultura LGTBI en los colegios, algo bastante razonable y más conforme con los valores de la Unión Europea que la pretensión que aquí se tiene de inculcarla sin el consentimiento de los padres.

Entonces, ¿por qué la Unión Europea no mete a España en el mismo saco que a Polonia y Hungría? Para empezar, Sánchez, haciendo honor a su cobardía proverbial, recula de inmediato cuando atisba alguna crítica proveniente de fuera, como hizo cuando quiso reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ y se dispararon las alarmas en Bruselas. Encima, en Europa creen que el Gobierno de Sánchez es socialdemócrata, propio de uno de los pilares de la Unión (el otro es la democracia cristiana), como si Sánchez fuera un Olaf Scholz. La realidad es que Sánchez no es más que un figurín relleno de serrín en manos de los comunistas. Y a Scholz jamás se le ocurriría gobernar en coalición con Die Linke.

Va a costar mucho trabajo arrancarle la venda a la Comisión Europea para que vea lo que, por ahora, no quiere ver. Pero, por antipático que resulte denunciar a tu propio Gobierno ante las autoridades comunitarias, habrá que hacerlo, porque los valores europeos que vulnera nuestro Ejecutivo son al menos tan importantes como los que supuestamente se conculcan en Polonia y Hungría. Y poner de relieve que esos valores, como la independencia judicial o la separación de poderes, se están quebrantando día tras día en España es indispensable para protegerlos aquí y en el resto de Europa.

Y de paso no vendría mal que en Bruselas se enteraran de que el PSOE nunca ha tenido mucho de socialdemócrata.

¿Quién expulsará a Sánchez?
Agapito Maestre. Libertad Digital 6 Octubre 2021

Todo está tranquilo en España. Todo es paz de cementerio. Todo en este Gobierno es ilegal, ilegítimo y anticonstitucional. Pero todo, absolutamente todo, está controlado por Sánchez. La calle está bajo control gracias a la ayuda que le prestan los sindicatos, las patronales, los exterroristas, los separatistas, los estalinistas, los rufianes y gente de ese calado. ¡La calle! Ya sólo es un triste callejón para que hagan sus cambalaches las elites sindicales, patronales y políticas. Amordazada la protesta contra el poder en el espacio público, puede decirse que la sociedad civil española no existe. No está desaparecida ni acobardada. Ojalá. La sociedad española ha quedado reducida a un gentío. Es mera muchedumbre para consumo conspicuo de basura televisiva, futbolística o botellón.

Pero lo más grave no es que la calle esté controlada por el Gobierno, sino que la Oposición está amaestrada por Sánchez. ¡No sé qué habrán pactado Casado y Sánchez en la obscuridad! Lo cierto es que Sánchez ha conseguido algo inédito en un régimen sedicentemente, como decían los periodistas de Franco, democrático: reducir a la Oposición a tareas menores en el Parlamento. El PP no moviliza a la ciudadanía para expulsar al Gobierno más ilegítimo de los últimos cuarenta años. Casado con sus líos personales solo aspira a heredar el poder, y Abascal concentra su actividad en llevar a los tribunales las acciones, cada día más ostensiblemente ilegales, del Gobierno. Eso no es suficiente. La cosa se juega en la calle. El Parlamento y los tribunales de justicia son poca cosa para derribar la democradura montada por Sánchez y los separatitas-comunistas. O la Oposición moviliza lo poco que queda de España o tendremos dictadura sanchista para mucho tiempo. O la Oposición canaliza la protesta contra un régimen casi dictatorial o tendremos que pensar que vive muy a gusto entre sus vanidades (tengo la sensación de que los de la Oposición son aún más vanidosos que los del Gobierno).

También el llamado cuarto poder, la prensa y los medios de comunicación, está al servicio de Sánchez. ¡Miserable prensa! Nadie espere mucho de esto. Nunca en España había existido un control de los medios tan férreo por parte del Gobierno como ahora. Ni siquiera los medios de la derecha están dispuestos a dejar espacios para voces disidentes. El discrepante está perseguido. La palabra disidencia ha desaparecido del régimen político de Sánchez. La caza de brujas en provincias da miedo. Me cuentan cosas terribles sobre la prensa regional, incluida la de Madrid. Los periódicos y los grandes medios de comunicación son para los de siempre, para los políticamente correctos, o sea, para los arrastrados. Gente sin columna vertebral.

Hasta los periódicos gratuitos son de Sánchez. Leo uno que me dan en el metro y no salgo de mi asombro, pero me basta para hacerme cargo de la muerte de España. Echense a temblar si un sociata de El País, de Academia, de Universidad, o de cualquier mamandurria al servicio del poder, dice: "No sé cómo se puede vivir en España con tanto ruido; creo que el silencio es un derecho". ¡Cuántas veces habrá repetido esa mala metáfora uno que metió Cela en la Academia de la Lengua para pagarle no sé qué favor! Este profesor del silencio, o sea de la nada, ha hecho escuela entres sus amigotes de sillón académico y trinque por darle lustre a unos señoritos analfabetos. ¡Cuánto daño han hecho a la cultura española estas almas bellas! ¿Almas bellas? Quizá les concedo mucho a estos siervos voluntarios. Son los arrastraos de toda la vida. Teman lo peor, si oyen que un viejo sociata, un anciano podemita o similar, dice con la boca chica: "Me gustaría un acuerdo nacional para discutir cómo se gasta el dinero de la ayuda europea". Ya es tarde, hombre, para esas declaraciones vacías. Eso antes, escribidores de novelones malos, cuando todavía había alguna posibilidad de salvar un país agónico. Ahora esos golpes de pecho de beatonas culturales son ridículos, anacrónicos y tan extemporáneos como citar al cobarde de Azaña y su relamida prosa. Todo eso está fuera de lugar. Se os ha pasado el tiempo de la protesta. Sólo sois arrastraos del Gobierno de Sánchez. Tampoco los llantos cínicos de los intelectuales y escritores nos salvarán del tipo de la Moncloa.

Desengáñense, queridos lectores, España no tiene salida. Sus mejores cabezas están fuera del territorio o marginadas. Sin discurso político y sin acciones democráticas en la calle no hay salida. ¿Entonces quién expulsará del poder al dictadorzuelo Sánchez? Quizá sea una pregunta retórica; pero si no lo es, nadie responda que las urnas. Eso es una ingenuidad. Creo que lo echarán los mismos que pusieron a Rodríguez Zapatero en la calle; y, además, creo que lo harán no tanto para defender el régimen democrático como para librarse de su nefasta gestión económica. Sánchez, como Zapatero en el pasado, está poniendo en grave riesgo los intereses económicos de la Unión Europea y más allá. Al tiempo.

Sánchez saca adelante los PGE, descuartizando los derechos constitucionales
¿Cómo es posible que, como ya se puso en práctica en el caso del coronavirus, para un mismo país, se establezcan diversos grados de ciudadanía?
Miguel Massanet. diariosigloxxi 6 Octubre 2021

“El totalitarismo será siempre una tentación, las decisiones se toman más rápido que en democracia”, Albert Jacquard.

No por esperado resulta menos sorprendente el hecho de que, para asegurarse el poder durante algún año más, nuestro presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, se deje arrastrar por los comunistas de Podemos y los separatistas, tanto catalanes como vascos, hacia un terreno peligroso, una deriva que lleva a España directamente hacia un totalitarismo estatal en el que las libertades ciudadanas cada vez quedan más restringidas, más fiscalizadas y, por supuesto, más alejadas del espíritu y las normas de nuestra Constitución de 1.978.

¿Cómo es posible que, como ya se puso en práctica en el caso del coronavirus, para un mismo país, se establezcan diversos grados de ciudadanía? Para una nación que no está federada ni confederada y que, por tanto, todos los ciudadanos, aunque residan en comunidades distintas, en temas de una importancia social, económica, financiera y tan ligada con los derechos de propiedad como es la vivienda, los alquileres como rédito de ella, el progreso de la actividad constructiva y, en consecuencia, el de las múltiples actividades directamente ligadas a ella, puedan estar sometidos a distintas normativas, según la comunidad en la que residan, en cuanto a unos límites de los alquileres, evidentemente arbitrarios si se dejan en manos de los diversos gobiernos comunitarios, de modo que se creen desigualdades que no estén establecidas de una manera natural por la oferta y la demanda de cada una de las autonomías?

¿Estamos en una democracia parlamentaria o se están utilizando los métodos propios del sistema dictatorial, de hacer tabula rasa de todos los derechos constitucionales y las garantías de un Estado abierto, donde se respecta la propiedad individual, se permite un mercado libre y la libertad de precios, amén del derecho de los ciudadanos a poder disponer de sus bienes, inversiones y negocios de una manera autónoma? Y todo ello, siempre que se les permita a los promotores el poder orientar sus negocios en orden a conseguir el máximo rendimiento posible, sin intervención ni potestad de ningún organismo administrativo público, que pudiera ponerle trabas a semejante derecho. Otra cosa sería que, sobre tales beneficios se deban aplicar los impuestos pertinentes, siempre que se atengan a unos porcentajes justos, que no afecten a la estabilidad y marcha de cada empresa.

A cambio de obtener el placet de aquellos partidos, con presencia parlamentaria, que le vienen apoyando en la labor de ir restando poder a la Constitución, siempre que ello venga satisfaciendo sus intereses espurios, relacionados con la utópica ilusión de conseguir una independencia de Cataluña y, con menor intensidad, aunque no con menos ambición, de la llamada Patria Vasca; el señor Sánchez, pese a haber mareado la perdiz hasta el último momento, ha acabado por ceder en un punto, sobre el que todavía queda pendiente una sentencia del TC aclarando, como lo ha hecho en cuanto a el primer estado de alarma, que se produjo como consecuente del Covit 19, declarándolo ilegal, en lo relativo a una experiencia de este tipo que ha tenido lugar en Cataluña, respecto a un recurso que pone en cuestión, tanto la posible falta de competencias como el impacto en el derecho a la propiedad privada.

Claro que la jugada política es la que se repite en cada ocasión en la que, el ejecutivo del señor Sánchez, como hizo en el caso del Covid 19, se ve en peligro de que algo que decida como gobierno de España pueda, en un futuro no lejano, salpicarle, en el caso de que los tribunales o la misma inercia de las repercusiones económicas, demostrasen que la medida tomada era improcedente, contraria a derecho, o un error económico garrafal. Lo que pueda repercutir el hecho de que se limiten los alquileres en ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid o cualquier otra donde el precio del solar constituya ya, de por sí, una parte importante del coste total de la edificación, de modo que para conseguir un rendimiento adecuado que compense los riesgos de cualquier inversión, unido a los gastos financieros y a las cargas fiscales inherentes a este tipo de negocios, se constituyan en una barrera para la iniciación de proyectos nuevos a cargo de empresas inmobiliarias o de constructores individuales.

Y puede que nos ayude a tomar con pesimismo el futuro, lo que viene ocurriendo estos días en España con el precio de la electricidad, los problemas a los que nos enfrentamos con el suministro del gas, unido al optimismo descarado de una señora Calviño para quién hay cosas que “no deben sorprendernos” y otras que se las dejamos a la CE para que sea ella la que nos saque las castañas del fuego, evidentemente, para todo aquello para lo que no tiene respuesta o para que acudir a lo que piensan en la UE, le permite esquivar lo que opina ella al respecto. Eso sí, ha sacado pecho de los buenos resultados en materia de desempleo, algo que como es sabido se ha convertido en un pim, pam, pum volátil, que varía de una manera constante y que lo mismo puede dar un salto en un sentido como en otro, en el caso de que, como es posible que ocurra, volvamos a tener una crisis como consecuencia de que el incremento de costes para las empresas en las que, el nuevo salario mínimo, repercuta de una manera negativa en la cotización a la Seguridad Social o el gran impacto del aumento incontenible del precio del megawatio/hora, haga que la factura energética mensual se constituya en algo imposible de sostener ante una competencia con sus rivales de otras naciones.

Y la pregunta que cualquier ciudadano se viene haciendo, respeto al hecho de que el Gobierno esté constantemente aumentando la presión fiscal sobre el pueblo. Si pagamos un IVA, un IBI sobre las viviendas, un IRPF, una serie de impuestos añadidos sobre la factura de la luz para financiar unas energías alternativas que no vemos que sean capaces de sustituir a las nucleares que, sin embargo, están destinadas a desaparecer; mientras el Estado español paga facturas diarias de 90.000 euros por la energía que importamos desde las nucleares de Francia que, como quien dice, las tenemos a las puertas de nuestras fronteras. Ajustes, nos anuncia la señora Calviño, una ministra que parecía la más sensata pero que, por desgracia, se abreva en la misma política que la ministra comunista Díaz, que sigue la senda de ir subvencionando ERTES de empresas sin futuro alguno, en lugar de tomar medidas de apoyo para aquellas que, a causa de la pandemia, tuvieron que bajar la persiana, aunque eran de las que tenían todas las probabilidades de tener éxito.

Y cambios en el Ejército, mediante los cuales el socialismo en el poder va retirando, paso a paso, a aquellos mandos que les resultaban sospechosos de ser de derechas o afectos a ella, para irlos sustituyendo por jefes militares adeptos al socialismo, así cualquier posible presión por parte del Ejército en cuanto a la entrega de España al filo-comunismo, quedaría alejada de toda posibilidad. El relevo es la sustitución, como Jefe del Estado Mayor de la Defensa, del general Miguel Ángel Villarroya (cesado a consecuencia de una polémica por las vacunas en la Fuerzas Armadas) por el almirante don Teodoro López Calderón parece indicar que se va en esta dirección.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos congratulamos de las últimas resoluciones del TC, la primera: “El Pleno del TC por unanimidad avala la vigencia de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales dictadas por el Tribunal Supremo contra Puigdemont” y la segunda: “El Pleno del TC estima el recurso de amparo de Vox contra la suspensión de los plazos en el Congreso de los Diputados y declara que se ha vulnerado su derecho fundamental de participación política”. Sigue, el poder judicial en todas sus vertientes de TS y el TC, siendo el que nos da la esperanza de que, de alguna manera, se vaya a manteniendo el espíritu constitucional, contra los esfuerzos de las izquierdas intentando llevarnos a un régimen autoritario, similar al de la Venezuela de Maduro.

Hoy, el canciller alemán Adenauer, es quien nos facilita la frase adecuada: “Caer no es peligroso ni vergonzoso, pero permanecer arrodillado es ambas cosas”.

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Perry Mason es de VOX
Miquel Giménez. vozpopuli.es 6 Octubre 2021

No cabe la menor duda. La ley es de derechas, los tribunales son fachas y Perry Mason de VOX

Pedro Sánchez y los planetas políticos que orbitan a su alrededor – o al revés, que todo puede ser – comparten un rasgo fundamental: el desprecio por las leyes. No es extraño en aquellos que desean destrozar el orden constitucional para cambiarlo por una extraña república federal, de género, casoplón en Galapagar, sueldazos de escándalo y gobernada por todos, todas y todes. De ahí que VOX sea su enemigo máximo, porque el partido de Abascal se caracteriza por emplear la ley precisamente para ir derribando el constructo Frankenstein. Tienen los de VOX el criterio de acudir a la justicia cuando observan que este gobierno se aleja de la legalidad. Y les suelen dar la razón.

A Sánchez le han tumbado no menos de cuarenta y ocho decretos en lo que va de legislatura, han declarado ilegales los dos estados de alarma y le han dicho que cerrar el parlamento no era de recibo. Prácticamente todo lo que se ha hecho desde Moncloa y que se nos vendió como la única alternativa. Era imprescindible. Pero todo era humo, como el famoso comité de sabios. Como maniatar a los representantes legítimos de la nación. Como convertirnos en muñecos de ventrílocuo en los balcones, aplaudiendo. Como criticar al Zendal, como no visitar ni un solo hospital o residencia de ancianos durante el confinamiento. Como ordenar el cierre indiscriminado de miles de comercios, condenándolos a la ruina. Como aumentar impuestos cuando toda Europa los bajaba. Como endilgarnos discursos a la Castro en la televisión pública.

Pero los servicios jurídicos de VOX fueron presentando papeles y más papeles ante una justicia que, aunque lenta, una vez puesta en marcha, no conoce descanso. Porque, a pesar de vivir en un país que tiene memoria de pez, uno recuerda las aquiescencias ciudadanas e incluso populares con algunas de las tropelías cometidas en época de confinamiento, salvo las del partido verde. A los social comunistas, igual que a separatas o bilduetarras, les cabrea enormemente que no se les permita crear una ley habilitante como la que permitió a Hitler alcanzar el poder total. O aquella constitución ful que encumbró a Chávez. O a las leyes que desde la República permitían, so pretexto de protegerla, cerrar diarios y encarcelar a sus propietarios.

Los defensores del exprópiese chavista vierten a diario toneladas de basura sobre esta formación porque saben que a la democracia solo la salva la ley y los políticos que la defienden. Por eso quieren un Consejo General del Poder Judicial en el que solo manden los suyos, por eso se han apropiado de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, por eso retuercen medidas de gracia excepcionales como las del indulto, por eso esgrimen palas de sepulturero ante jueces y tribunales. No se les escapa que solo enterrando el principio de ley y justicia para todos podrán conseguir su meta ansiada, a saber, una sociedad totalitaria en la que las leyes se hagan y deshagan a criterio del comité central. Porque no se trata tan solo de vivir en un estado de derecho. La Rusia de Stalin tenía leyes, y la dictadura de los Jemeres rojos, o el Tercer Reich antes citado. Aquí lo que se ventila es que el marco legal sea democrático, imparcial, igual para todos los ciudadanos y no se incline ante el ministro o el diputado de turno.

Yo creo que a ojos de la banda de Sánchez el célebre abogado Perry Mason debe parecerles un facha de toda fachidad. Uno de VOX, un cayetano, un señoritingo al que hacerle escraches cuando en el juicio se dirija al testigo y le diga si no es más cierto que el saco del occiso se encontraba en la cajuela de su carro. Porque aquellos telefilmes inolvidables de nuestra infancia, con un Raymond Burr insuperable y aquel doblaje iguanero entrañable, nos enseñaron a toda una generación de españolitos que las leyes están para ser cumplidas, aunque los pillos se esfuercen en burlarlas para esconder sus fechorías. Este es el dique que ha de contener al actual gobierno y a todos los que le habrán de suceder. Sin ley no existe igualdad y sin esta no puede haber democracia. Lo saben en Moncloa. Vaya si lo saben.

Por eso consideran a Perry Mason de VOX.

El Constitucional retrata al Gobierno: inútil en la pandemia y liberticida
Sánchez coartó ilegalmente libertades fundamentales degradó la democracia y no frenó además al virus. Con ese balance, debería dimitir o convocar Elecciones de inmediato.
Editorial ESdiario  6 Octubre 2021

Todas las decisiones políticas que adoptó el Gobierno durante la pandemia fueron inconstitucionales y tuvieron unas consecuencias gravísimas en términos sanitarios, económicos y democráticos. Ésta es la conclusión que se deriva de las resoluciones del Tribunal Constitucional que, a falta de detalles concretos, ya han trascendido.

En síntesis, el TC ha concluido que el confinamiento total, el cerrojazo al Parlamento, la falta de control al Gobierno y la célebre "cogobernanza" fueron ilegales, redujeron libertades, degradaron el Estado de Derecho y, en definitiva, no fueron democráticas.

Y además, conviene resaltarlo, no sirvieron para contener al virus, dándose una lamentable paradoja: España es de los países con más mortalidad del mundo, pese a haber padecido las restricciones más extremas. E ilegales.

El respaldo del Constitucional al Supremo, en lo relativo a la validez de las euroórdenes del juez Llarena torpedeadas por la Abogacía del Estado, y su previsible visto bueno a la prisión permanente revisable criticada por PSOE y Podemos; cierran un círculo de adversidades para Sánchez y hacen una enmienda a la totalidad de su gestión desde marzo de 2020.

Dimisión o Elecciones
En condiciones normales, todo ello debería tener unas consecuencias políticas inmediatas y muy serias: adoptar medidas inconstitucionales y, pese a ello, hundir la economía de un país como nadie en Europa, exige dimisiones y probablemente un adelanto electoral.

Por mucho menos en España se han impulsado mociones de censura, se han bloqueado investiduras y se han justificado alianzas nefandas como las que mantiene el PSOE con Podemos, Bildu o ERC. Si no pasa nada ahora, será un indicio más de lo que denunciado por el Constitucional: a la degradación institucional descrita en sus resoluciones le seguirá una impúdica indiferencia del Gobierno, cuando no un ataque al Tribunal en su escalada de acoso a la Justicia.

Caso Puigdemont: El Constitucional avala al Supremo y desautoriza a la Abogacía del Estado
Redacción https://rebelionenlagranja.com/ 6 Octubre 2021

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la vigencia de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales dictadas por el Supremo contra el expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, huido de la Justicia española desde octubre de 2017.

Fuentes del tribunal de garantías informan de que el Pleno ha acordado en un auto rechazar los recursos de Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig contra las resoluciones del Supremo que acordaron emitir las órdenes de detención.

En concreto, contra las resoluciones de 14 de octubre y 4 de noviembre de 2019, en las que se acordaba emitir, en la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena, ordenes nacionales, europeas e internacionales de detención contra los procesados en rebeldía, así como los autos sucesivos que confirman esas decisiones iniciales.

Dice el tribunal que la decisión de no suspender la vigencia de las órdenes de detención impugnadas en amparo se basa en una consolidada doctrina constitucional, que niega la suspensión cautelar en el procedimiento de amparo de las medidas provisionales de prisión o que impacten en el derecho a la libertad personal.

El Constitucional sostiene que suspender en la pieza de cautelares del recurso de amparo del Tribunal Supremo una medida cautelar, adoptada por un órgano de la jurisdicción ordinaria, supone una resolución anticipada del fondo del recurso.

La decisión del Constitucional supone un espaldarazo a la instrucción del juez Llarena y al propio Tribunal Supremo, más aún tras los acontecimientos de los últimos días provocados por la detención de Carles Puigdemont el pasado 23 de septiembre.

Llarena ha insistido en dos ocasiones al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que la euroorden está activa y, por tanto, vigente ante «determinadas informaciones» que sostenían lo contrario, una tesis que defiende el equipo jurídico de Puigdemont.

De hecho, la postura del Constitucional va en la línea de la manifestada por el juez Llarena, quien explicó al tribunal italiano que las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecen que la presentación de una cuestión prejudicial comporta la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie. Pero subrayó que esa misma recomendación añade que «la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria» por lo que aquí «se estará a lo que decida el órgano jurisdiccional nacional», esto es, el Tibunal Supremo.

Y añadió que la orden de prisión y la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) de Puigdemont «tienen una indiscutible naturaleza cautelar» porque «son decisiones que sirven a que el evadido quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que -hasta ahora- ha estado impedido por la fuga».

Al respecto, las autoridades judiciales italianas no dudaron de la vigencia de la orden de detención contra Puigemont, aunque Italia no ha arrestado a Comín y Ponsatí cuyas euroordenes están también vigentes -como ayer recordó Llarena- y que estos días han estado en Cerdeña acompañando al expresident catalán en su vista judicial.

Precisamente este lunes la corte de Sassari acordó suspender el procedimiento sobre la entrega a España de Puigdemont a la espera de que se pronuncie la justicia europea sobre su inmunidad y la cuestión prejudicial.

El ministro Iceta y el castellano
José García Domínguez. Libertad Digital 6 Octubre 2021

El ministro Iceta, de Cultura, de Deportes y del PSC acaba de declarar que entre sus objetivos prioritarios figura el de proteger la producción cultural "en lenguas distintas del castellano". Nada nuevo bajo el sol. Y es que, mucho antes de verse ministro, la prioridad de Iceta ya era subvencionar cualquier cosa en cualquier lengua distinta del castellano. Es lo que hizo cuando, en su condición de concejal cunero por Cornellà, población donde, empezando por el alcalde, nadie hablaba idioma distinto del español, consiguió, al alimón con José Montilla, que el 100% de la producción cultural sufragada por el municipio se expresara en una lengua distinta del castellano.

Hito que igual ayudó a repetir en el caso de la Generalitat, tras mostrarse en extremo complaciente con los filólogos trabucaires de la Esquerra y su obsesión paranoica por limpiar de la más mínima impureza castellana el suelo patrio del País Petit. Los nacionalistas catalanes, e Iceta lo es en la intimidad, creen que de la cantidad saldrá la calidad. Y que, por tanto, todo se reduce a un problema de chequera. Pero se equivocan. La cultura catalana de hoy en día no vale nada, absolutamente nada, pese a llevar cuatro décadas recibiendo una lluvia interminable de dinero público. Eso sí que es una verdadera lluvia dorada.

En cambio, hace sesenta años, y sin caerle ni un céntimo institucional, exhibía un nivel medio muy digno, con individualidades de gran talla. El propio inventor de ese cuento chino llamado Països Catalans, el valenciano Joan Fuster, era un escritor y ensayista notable, de primer orden. Ahora mismo, no le llega a la suela de los zapatos nadie en esa innúmera cofradía de escribas vernáculos acogidos de por vida a la sopa boba cultural subvencionada.

Por lo demás, yo pensaba que los nacionalistas catalanes eran lo peor porque aún no conocía a los gallegos. Pero, ahora que vivo entre ellos, empiezo a dudar. Con decir que la jefa del BNG, cierta Pontón, acaba de proponer, y en serio, que una parte mollar de los fondos Next Generation se destine a promocionar otra lengua distinta del castellano... Ya solo falta que la idea llegue a oídos de Iceta.

Fascismo eres tú
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 6 Octubre 2021

A riesgo de que algún revisionista histórico reivindique la catalanidad de Bécquer, versionemos su famosa rima XXI (el siglo que nos toca vivir): “¿Qué es fascismo? ¿Y tú me lo preguntas? Fascismo eres tú”.

Abrió la veda del consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, usando y abusando de ese concepto, que el independentismo más recalcitrante ha banalizado, para referirse a una asociación que defiende el castellano en la selectividad. Que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le diera la razón es un detalle insignificante para la neoconvergente, pues a su juicio, la justicia también es intolerante.

Sea por casualidad, sea porque el ambiente universitario está hiperventilado, minutos después de que Geis defendiera sus insultos contra la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) en el Parlament y los hiciera extensivos a los grupos de la oposición que le llevan la contraria, radicales independentistas acosaban y destrozaban una parada de la asociación estudiantil S’Ha Acabat ante la pasividad del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). No es la primera vez que ocurren hechos similares en este centro, donde el derecho a la libertad de expresión solo se concede a quienes muestran afinidad con la ideología independentista imperante. Discrepar, lo demostraron ayer los acosadores, no está permitido.

Está claro que en las universidades catalanas se ha pasado del libre pensamiento al pensamiento único. Lo denunciamos ya cuando a Geis se le ocurrió la feliz idea de “monitorizar” el idioma que utilizan los profesores. Doce centros, entre ellos la UAB, inclinaron la cabeza ante la consejera, que representa el poder establecido, el establishment, el orden hegemónico, el régimen imperante.

Señalar al disidente tiene un nombre. Hacer una cruzada contra quienes cuestionan el discurso oficial, también. Y atacar a intelectuales no adeptos al Gobierno de turno rememora tiempos infames. Hace unos días, haters secesionistas machacaban en las redes sociales a todo un catedrático de Derecho por discrepar de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, tras la detención del fugado en Italia. Se da la circunstancia de que este jurista siempre ha cuestionado las elevadas condenas de los dirigentes del 1-O. Pero se movió un milímetro de las consignas impuestas por Waterloo. Y eso no lo puede tolerar la santa Inquisición procesista. La genuina tiene sus orígenes en la llamada “Catalunya Nord”.

En Cataluña ocurren cosas asombrosas. Ellos, los que mandan, llaman a la movilización social mientras disfrutan de sus sueldos cienmileuristas. Y los otros, los que se han creído que las revoluciones se pueden hacer desde el poder o que se puede ser antisistema dentro del sistema, obedecen. Luego ocurren sucesos como los de la UAB. Lo del apreteu, apreteu! de Torra a los CDR caló hondo. Hasta el punto de que, hoy, el prestigio de los Mossos d’Esquadra está por los suelos. No por su falta de profesionalidad, sino por la utilización partidista que ha hecho el Govern de este cuerpo policial en los últimos años. ERC y Junts criticaron el vandalismo en las calles de Barcelona tras dos macrobotellones en las fiestas de la Mercè, y exigieron más eficacia policial. No hace tanto, callaban ante la quema de la ciudad por parte de quienes protestaban por la sentencia del 1-O.

Para rizar el rizo, quienes utilizan alegremente la palabra fascismo para criticar a los no independentistas, secundan ahora una campaña contra las obras de teatro en castellano de la cartelera catalana. ¿Qué será lo próximo? ¿Preguntar sobre el idioma en el que los ciudadanos mantienen relaciones íntimas? ¡Oh, sí!

Los malos hablan español
Ramón de España. cronicaglobal 6 Octubre 2021

Aún recuerdo la época en que, en las ficciones audiovisuales en catalán, cuando alguien se expresaba en castellano era porque se trataba de un zoquete o, con más frecuencia, de un delincuente. Era una manera, no muy sutil, de decirle a la audiencia que quienes no hablaban la (supuesta) lengua propia del país (donde el castellano, por cierto, se habla más que el catalán) eran gente de poco fiar y, probablemente, mal vivir. Dentro de la vileza de la maniobra, eso sí, había cierta sutileza que, a veces, permitía que el mensaje calara sin hacer mucho ruido. Faltaban bastantes años para que el racismo y el odio adquirieran carta de naturaleza gracias a personajes siniestros (y algo ridículos) como Toni Albà (el imitador del Emérito), Jair Domínguez (el niño del machete) y demás cazadores de ñordos a sueldo de TV3, que ahora, cuando no se les ocurre nada mejor, claman Puta España o bromean con esa gracia que Dios les ha dado sobre ocupantes, colonos y demás ralea. Curiosamente, el último en alimentar a la bestia xenófoba no ha sido ninguno de los sospechosos habituales, sino un inocente mago muy popular entre el público en general y la gente menuda en particular que se hace llamar Mag Lari, a quien ahora le busca las cosquillas la justicia por haber incurrido en un posible delito de odio.

La cosa tuvo lugar --¿dónde, si no?-- en un programa de TV3 titulado Au Pair y que consistía en que, durante un día, un famosillo local --o sea, alguien del que nadie ha oído hablar más allá del Ebro-- tenía que bregar con unos cuantos críos levantiscos y tratar de que entraran en verde sin necesidad de brearlos a sopapos. Para entretener a los cuellicortos que le habían tocado, el Mag Lari se disfrazó de calamar gigante --o de mamarracho, según se mire-- y, en un momento dado, pasó del catalán al castellano arguyendo que de esa manera daba más miedo. Podría haber hablado en catalán con acento ruso o chino, como en las películas malas de espías, pero optó por el español, no sé si para garantizarse futuras apariciones en TV3, donde esas gracias se contemplan con un agrado considerable, o porque es un lazi radical (algo de lo que, hasta el momento, no había dado ninguna muestra). Evidentemente, en la nostra no se le encendió la luz roja a nadie, dado que ahí son mayoría los que piensan que el español es el idioma de la mala gente, pero una asociación particular llevó el caso ante la justicia y ahora el mago está siendo investigado por posible delito de odio.

Los defensores del sujeto aseguran, claro está, que ya están los españoles de nuevo sacando las cosas de quicio: son los mismos que, cuando un guardia civil le pide a un patriota que se pase al castellano porque acaba de llegar de Albacete y no le entiende, se lo toman como una ofensa personal y un insulto a la sagrada lengua local. Eso que hace el picoleto es muy grave, pero que un adulto introduzca en las mentes infantiles el concepto de que el español es el idioma de los malos se les antoja lo más normal del mundo: los delitos de odio, como todo lo demás, solo transitan en una única dirección. Y no nos olvidemos de la libertad de expresión, que para los lazis obedece a la ley del embudo: si tú me insultas, es un delito de odio, mientras que, si yo te insulto a ti, lo mío es libertad de expresión de la buena; si tú quemas mi bandera, eres un fascista, pero si yo quemo la tuya es porque soy un antifascista; y así sucesivamente.

El caso Mag Lari es de chichinabo y dudo que tenga mucho recorrido judicial, pero es útil para recordar que los hechos y las palabras pueden tener consecuencias. Preguntado por su postura al respecto, el mago disfrazado de calamar no ha dicho ni pío y hace bien: que se reserve para el juez

El separatismo busca silenciar a Ignacio Garriga por denunciar las consecuencias del multiculturalismo en Cataluña
al mismo tiempo que impulsa un cordón sanitario a VOX
https://gaceta.es 6 Octubre 2021

El separatismo y la izquierda pretender silenciar al presidente del grupo parlamentario VOX en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga, sancionándole por incumplir, a su juicio, el Código de Conducta de la Cámara catalana al denunciar la situación de deterioro e inseguridad que sufren los barrios a consecuencia de la inmigración ilegal.

La Mesa ha admitido este martes el escrito que han presentado PSC-Units, ERC, Junts, la CUP y los comuns para iniciar un procedimiento de verificación y un informe en la Comisión del Estatuto de los Diputados ante un «posible incumplimiento» del Código de Conducta por parte del dirigente de VOX.

El Código especifica que la Mesa puede optar por una amonestación pública, una multa de 600 a 12.000 euros o, «si considera que la infracción es muy grave, puede proponer al pleno que acuerde la suspensión temporal en el ejercicio de la función parlamentaria».

En la solicitud los grupos han señalado que durante el Debate de Política General de la semana pasada Garriga «formuló una serie de afirmaciones vinculando delincuencia con inmigración [ilegal] haciendo identificación expresa de la nacionalidad de los presuntos responsables».

Así, los grupos, que al mismo tiempo impulsan un cordón sanitario a los diputados de VOX, a los que no dejaron presidir ninguna comisión y, según denuncia el partido, muchas veces no invitan a reuniones y discriminan por su posicionamiento político, pretenden que nadie denuncie en el Parlament la oleada de delitos de inmigrantes ilegales, la mayoría de origen magrebí.

El objetivo es que no se denuncien los robos, atracos y tiroteos que se han convertido en escenas habituales en la región y poner una «mordaza» a la formación para que no pueda decir que en Cataluña «se debe recuperar la seguridad de los barrios reforzando la dotación y los recursos de los agentes de Policía, exigir la expulsión de forma inmediata de los ilegales, cerrar todos los centros de menas y devolverles con sus padres en sus países de origen, y eliminar todo tipo de subvenciones publicas a ONG y entidades que promocionan la inmigración ilegal».

En su discurso de la pasada semana, Garriga recordó la detención el pasado mes de septiembre de dos marroquíes de 23 y 31 años por agredir sexualmente a una chica menor de edad con discapacidad en Rosselló (Lérida), el linchamiento multitudinario [el 28 de agosto] de inmigrantes magrebís a una persona mayor en Salt (Gerona) y la detención de un argelino el 30 de agosto en Lérida por robar a varias ancianas de forma violenta, entre otros casos casos de violencia de inmigrantes ilegales.

Violencia callejera
Un informe de Europol frente a la ‘concordia’ de Sánchez: «En España aumenta la violencia separatista»
Pelayo Barro. okdiario 6 Octubre 2021

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha dejado claro que apuesta por la concordia para resolver los problemas del separatismo. Sin embargo, la concordia no cala en las calles: un informe de Europol señala que la violencia separatista ha aumentado tanto en Cataluña como en el País Vasco.

Esa receta de la concordia anunciada por Sánchez cuando propició el indulto a los golpistas presos por el 1-O no ha dado resultados, tal y como se ha podido comprobar recientemente con las imágenes de Barcelona ardiendo de nuevo por protestas separatistas. El caos de inseguridad generalizado en la ciudad ha llevado incluso a los Mossos d’Esquadra a advertir de que han perdido «el control de las calles».

En el País Vasco tampoco han sembrado concordia los acercamientos de etarras (ya van 198), ni la permisividad con los homenajes a miembros excarcelados de la banda terrorista. De hecho, al menos en lo que tiene que ver con el separatismo en el País Vasco, la violencia ha aumentado tal y como refleja el informe European Union Terrorism Situation and Trend report 2021 (Informe de tendencias y situación del terrorismo en la Unión Europea) que realiza la organización policial supranacional Europol.

«Aumento de la violencia»
En el epígrafe dedicado a los movimientos separatistas en España, Europol señala que se «ha experimentado un incremento de la violencia y actividad separatista en 2020 comparado con el año previo». Y todo, a pesar de que durante semanas se produjo un confinamiento total de la población, así como meses de restricciones a las reuniones y toques de queda nocturnos.

«Algunos separatistas parecen motivados por narrativas más violentas y consecuentemente han llevado a cabo una serie de actos violentos, reflejando un giro hacia tácticas más agresivas en el escenario separatista español», relatan los expertos de Europol en el documento.

Añade el informe que «los militantes separatistas han llevado a cabo un total de nueve ataques que fueron clasificados como terroristas. Los actos involucraron incendios provocados, el mayor de ellos fue el perpetrado por miembros de Segi en apoyo a presos de ETA en huelga de hambre». Europol recuerda que Segi es una organización «que forma parte de ETA» y está «proscrita» en la Unión Europea.

Se alimenta de la extrema izquierda
Europol señala, además, que el separatismo vasco «ha expandido su alcance a través de añadir demandas clave para los ambientes de extrema izquierda». Eso les ha permitido «expandir su base social» de apoyos.

Por otra parte, Europol da por desaparecido el movimiento separatista violento Resistencia Galega, que «cesó su actividad desde el arresto de sus dos líderes». «Las capacidades del grupo han disminuido por una falta de liderazgo estratégico que ha llevado a la desafección entre los restantes miembros», concluye.

Además, Europol señala que la violencia de extrema izquierda y el anarquismo han crecido en toda Europa. En 2020, los ataques vinculados a esta ideología radical han sido superiores a los cometidos por la ultraderecha.

Vox lleva el informe a la UE
El informe de Europol, y sus puntualizaciones sobre España, han llegado hasta el Parlamento Europeo. Vox ha llevado, junto a otros grupos, una consulta en la que señala que la UE debe «abordar el fenómeno paneuropeo de la violencia de extrema izquierda que amenaza a personas con diferentes opiniones».

«En España, durante el período preelectoral, una oleada de disturbios violentos protagonizados por grupos de extrema izquierda causó una calamidad generalizada y dejó decenas de heridos», recuerda Vox a la Eurocámara, en referencia de las graves agresiones contra el acto de la formación durante la precampaña madrileña del 4M. Agresiones en las que participaron activamente miembros de seguridad de Podemos.

«¿Piensa el Consejo abordar la violencia de extrema izquierda en las políticas internas, del mismo modo que ha abordado el «terrorismo político, incluida la amenaza de extrema derecha o izquierda» a través de la política exterior?», ha preguntado el grupo de eurodiputados en los que participa Vox.
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