AGLI Recortes de Prensa   Viernes 8  Octubre  2021

El ‘bonovoto’, apoteosis de la miseria cultural de Pedro Sánchez
OKDIARIO. okdiario 8 Octubre 2021

Los 400 euros que el Gobierno socialcomunista regalará a los jóvenes cuando cumplan la mayoría de edad no es otra cosa que un intento desesperado de captar el voto de quienes acudan por primera vez a las urnas, una práctica siniestra propia de una izquierda caciquil. El bono podrá ser gastado en cine, música, libros, videojuegos o espectáculos (siempre que no sean taurinos). La iniciativa de Sánchez está inspirada en la que puso en marcha en 2019 el Gobierno socialista de Aragón, presidido por Javier Lambán, que usó en sus promesas electorales a la entonces candidata a la Alcaldía de Zaragoza y actual ministra de Educación, Pilar Alegría. La intención última de aquellas ayudas -que eran de 300 euros- no era otra que la que de conseguir que los jóvenes votaran al PSOE, como se reconoció en un cómic difundido por los socialistas.

El diálogo del cómic revela con toda crudeza el grado de inmoralidad de un partido que ha hecho exhibición de su miseria cultural: si este es el concepto de cultura e intelectualidad que defiende el socialismo español habrá que convenir que la izquierda española se ha retratado: no se puede caer más bajo. En 2019, el PSOE de Aragón reconocía sin pudor en un cómic que aquel ‘bono cultural» no tenía otra intención que comprar el voto de los jóvenes aragoneses. No tienen vergüenza y ya ni siquiera disimulan. En aquella campaña, se animaba abiertamente a «votar al PSOE» para recibir la ayuda económica.

El anuncio de Sánchez, un bono cultural de 400 euros con características semejantes al de Aragón, demuestra hasta qué punto el socialismo pasea su indigencia intelectual sin ningún recato. La ayuda se otorgará sólo a los jóvenes que cumplan 18 años, que marcan la mayoría de edad y su consiguiente derecho al voto. Alrededor de 470.000 jóvenes podrán acogerse a estos bonos, lo que supondrá un gasto aproximado de algo más de 180 millones de euros. ¿Y si, al final, ni por esas gana Pedro Sánchez? Esta gente es capaz de obligarles a devolver el ‘bonovoto’.

Con este Gobierno bolivariano, en España no se va a poner un ladrillo
OKDIARIO 8 Octubre 2021

Escuchar a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defender la tesis de que la decisión del Gobierno socialcomunista de obligar a que las promotoras privadas destinen un 30% de los inmuebles de cualquier promoción a vivienda social responde a la necesidad de corregir una «anomalía histórica» provoca escalofríos. O la secretaria general de Podemos es una ignorante pluscuamperfecta o su sectarismo ideológico la ha llevado a perder el contacto con la realidad. ¿Pero, qué promotora va a construir en España bajo estas condiciones bolivarianas? Ninguna. Resulta una hipocresía superlativa que la incapacidad manifiesta de la izquierda para cumplir sus programas en lo relativo a la vivienda pública lo paguen las empresas privadas. La ministra fue clara: una promotora que tenga intención de construir una urbanización de lujo en Sotogrande tendrá que dedicar un tercio de sus inmuebles a vivienda social a un precio por metro cuadrado infinitamente menor que el resto de viviendas. Pues va buena la señora Belarra: no habrá promotor inmobiliario que decida dar el paso, porque lo que no se le puede obligar a ninguna promotora es que asuma las pérdidas millonarias que supondría esa aventura empresarial.

El socialcomunismo se ha quitado la careta y ha llevado al extremo su dogmatismo más reaccionario. No hay un solo país del mundo, ni uno solo, donde un promotor que decida invertir en una urbanización de lujo tenga que cumplir con la obligación de perder dinero. Todo es surrealista, delirante. El Gobierno ha decidido intervenir la propiedad privada con una política de alquileres de corte comunista y, además, ha impuesto unas condiciones para la promoción de viviendas que amenaza con la retirada en pleno de la inversión, nacional y extranjera. La inseguridad jurídica que genera la anunciada Ley de Vivienda socialcomunista es tal que la oferta inmobiliaria sufrirá un recorte gigantesco, paralelo a la gigantesca agresión que el Ejecutivo ha infligido a un sector que no da crédito. En estas condiciones, ¿quién puñetas va a invertir un euro en España?

Sánchez abona el jardín de las mamarrachadas podemitas
OKDIARIO  8 Octubre 2021

En plena crisis económica, Pedro Sánchez dispara los Presupuestos con pólvora ajena -el dinero del rescate de la UE- para incrementar como nunca el gasto público. Casi la totalidad de los ministerios aumentan sus partidas, algunos de manera notable, como el de Igualdad de Irene Montero, que contará el próximo año con 516 millones de euros, un 9,4% más (65 millones de euros añadidos) y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que crece un 21,5% hasta los 4.608 millones. Es decir, un aumento de 772 millones con respecto a lo que tenía este año. En definitiva, Pedro Sánchez riega el jardín podemita donde crecen los chiringuitos populistas. Es el precio que tiene que pagar para seguir contando con el apoyo de la ultraizquierda. El incremento porcentual del Ministerio de Montero es incluso superior a algunos de los considerados Ministerios de Estado, como Interior (5,1%). El Ministerio de Consumo, de Alberto Garzón, también registra un aumento destacable, del 46,7%. Será para incentivar sus campañas contra el consumo de carne.

A partir del año que viene, Montero podrá amamantar aún más a la camada de asociaciones que se lo llevan crudo por elaborar estudios e informes marcados por su sesgo ideológico. Se van a forrar redactando memeces, como eso de que el color rosa oprime o que los niños necesitan juguetes «neutros». Más dinero para más campañas contra los «cánones sexistas» y a favor del lenguaje inclusivo. A gastar, que el Gobierno socialcomunista necesita echar más carbón a las calderas de la propaganda.

Por su parte, el Ministerio de Ione Belarra contará con 772 millones más para untar a los afines, entre los que se encuentran las asociaciones animalistas que harán negocio con los cursos de formación que tendrán que recibir quienes adquieran un perro o un gato, porque la próxima ley de Protección y Derechos de los Animales -que prohíbe la venta de animales en tiendas- establece clases obligatorias a los nuevos dueños, que deberán suscribir además un seguro de responsabilidad civil. En definitiva, los ministerios podemitas tendrán manos libres para untar a los chiringuitos morados. Dan ganas de salir corriendo y no parar.

¿ Bolivariano, podemitas, populistas, ultraizquierda, porque no comunista ?
Nota del Editor 8 Octubre 2021

Siempre tratando de diluir el peligro. Utilizan las palabras para que parezca que no son los mismos, para que olvidemos los cientos de millones de asesinados.

Corrupción electoral
Agustín García. okdiario  8 Octubre 2021

Poco ha cambiado la cosa. En el Antiguo Régimen, el rey empleaba el erario público para enriquecer a sus cortesanos favoritos; hoy, no es la fidelidad de siervos y señores la que se pretende, sino la del votante. Ni los revolucionarios franceses ni las democracias modernas han logrado superar la tentación de intentarlo con el dinero público. Y, para eso, qué mejor que los Presupuestos Generales.

Drucker, en su libro “La sociedad postcapitalista”, ponía de ejemplo la que él consideraba la compra de votos más descarada y gigantesca por medio de partidas presupuestarias que se produjo cuando, en 1990, el canciller Kohl cargó a Alemania con la mayor deuda pública en tiempo de paz a fin de comprar -con éxito- los votos de los nuevos electores en la Alemania del Este.

Drucker no conocía a Zapatero o Sánchez y quizá Kohl tuviera un motivo. El histórico proceso de reunificación requería un enorme gasto público, pero inventarse ayudas y ayudicas con fines electorales es, pura y simplemente, corrupción. No será la del Código Penal, pero el nombre es el mismo.

Ahora llegan las rebajas. Tiempo de presupuestos, tiempo de corrupción electoral. Han propuesto subir el sueldo a los funcionarios, dar ayudas al alquiler y bonos “culturales” de 400 euros con los que Sánchez da la bienvenida al censo electoral a los que cumplan 18 en 2022. Sólo falta que les manden el cheque en el mismo sobre en el que llega la tarjeta censal al cumplir la mayoría de edad, ésa que te dice la mesa y el colegio donde ir a votar.

La ventaja de manejar el presupuesto es que se pueden atraer muchos votos. Bien por el voto agradecido del beneficiado, bien porque se genera en la opinión pública la idea de que, con esas ayudas, el Gobierno soluciona un problema. No creo que sean muchos los que voten por recibir una ayuda o ver aumentado su sueldo, pero sí son muchos los que pueden llegar a creer que las ayudas del Gobierno van a servir para algo.

Y para que eso funcione, para que nos creamos que las ayudas sirven para algo y que tenemos un Gobierno preocupado por la cultura y por los jóvenes, al efecto llamada de las ayudas hay que añadir el efecto callada del periodismo sectario y del sindicalismo de temporada. Y así hemos sabido que continúan las ayudas a sindicatos (El Ministerio de Yolanda ha destinado 5,1 millones de euros a «optimizar y redistribuir los espacios de las oficinas centrales de la UGT en Madrid»). O que los medios afines, o afines de los afines (como Grupo Godó y Prensa Ibérica, dueños de La Vanguardia y el Periódico de Cataluña) han recibido 30 millones con avales del ICO

Hala, pues ya no les entretengo más que hay que ir a trabajar, que todo esto (y la luz) hay que pagarlo. Y ya sabe, usted, quién lo va a pagar…

La democracia fallida
Rafael Bardají. https://gaceta.es/ 8 Octubre 2021

Si una democracia es un sistema político basado en las elecciones libres, la separación de poderes, el respeto a los derechos básicos de la persona, la igualdad de todos ante la ley, una prensa independiente y una sociedad dinámica y que exuda instintivamente una cultura de tolerancia, está claro que como organización de la sociedad ha fracasado en España.

Para empezar, la Constitución coloca como columna vertebral a los partidos políticos, no al individuo. De ahí que, como ya he dicho muchas veces, realmente lo que se instaura en España tras la muerte de Franco es una partitocracia basada en la alternancia entre el PSOE y PP y en donde todo queda supeditado a los intereses de los partidos políticos y sus chiringuitos varios, desde fundaciones a sindicatos, todos alimentados por el erario. Cuando los partidos institucionales se ven amenazados por la aparición y crecimiento de nuevos partidos, en lugar de ponerse punto final al clientelismo partidista éste se expande para dar cabida y satisfacción a las ambiciones de cada formación política. El bipartidismo imperfecto pasa a ser mulipartidismo imperfecto. Eso explica por qué los miembros electos de los partidos se rinden al acomodo de su situación de disfrute del poder, sea mucho o poco el que tengan. Más que no ser cargo electo.

La Constitución, en lugar de colocar en el centro al ciudadano, también sirve para reforzar la estabilidad del gobierno. Es más, con el refuerzo de la ley electoral y del reglamento de las Cortes, es el grupo parlamentario, sujeto a un a férrea disciplina de voto, el eje de la dinámica parlamentaria. Y en el caso del grupo del partido que está en el poder, queda como parapeto y salvaguarda de las acciones que tome el ejecutivo. La oposición a hacer del Senado la cámara territorial para lo que fue creado, desvirtúa aún más la vida del Congreso de los diputados, donde las minorías separatistas gozan de un protagonismo desproporcionado. Listas abiertas y libertad de voto, cuestiones bien establecidas en países de nuestro entorno, contribuirían a mejorar la vida de nuestro legislativo.

La pandemia ha dejado bien claro el papel subordinado de la prensa al Gobierno. Bien con ayudas directas, publicidad institucional y/o acceso privilegiado a las deliberaciones y planes del Ejecutivo, la realidad es que, en lugar de servir como control del poder, los medios en España han elegido ser tentáculos gubernamentales. Es una mala broma que haya sido Iker Jiménez el faro de la contestación a la campaña de terror mediático desatada y alimentada desde la Moncloa con todo lo tocante al Covid y cuyo objetivo no era otro que eliminar cualquier contestación social a sus políticas, en la mayoría de las ocasiones en nada orientadas a salvaguardar la salud de los españoles sino a acrecentar su control y poder.

Con todo, quizá lo más grave sea la falta de una cultura democrática. No sólo es que la izquierda sea genéticamente revanchista y sólo entienda la acción política como la destrucción de sus adversarios, también está la carencia del más mínimo sentido de la responsabilidad. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional declara ilegal las medidas impuestas por el primer estado de alarma, tumba igualmente el cierre del Congreso y está a punto de declarar también inconstitucional el segundo estado de alarma, pero el gobierno permanece impasible e instalado en una permanente impunidad. Mientras, en Alemania, Reino Unido o Francia se dimite por copiar unos párrafos de una tesis doctoral. En Holanda se convocaron elecciones anticipadas por un varapalo judicial. Pero Spain is different y aquí el gobierno social-comunista actúa instalado en la ilegalidad con alevosía y reincidencia. En parte porque la oposición está entretenida dándose de palos entre ellos.

Decía el gran Ronald Reagan que el Estado estaba para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, no para decir cómo tenían que vivir sus vidas. Para nuestra desgracia, los españoles somos mucho más creyente en el estado que los americanos, estamos convencidos de la tarea providencial de las instituciones públicas que deben resolvernos todos nuestros problemas. Tal vez lo más llamativo de toda la pandemia haya sido la sumisión de los españoles al poder, a pesar de la sinrazón y estupidez de las acciones y decisiones de los gobernantes de uno y otro color.

La política suele ser un teatro. Y como todo teatro, se basa en la mentira pues todo son disfraces, decorados y frases pensadas para embaucar al público. A eso han llevado a nuestra democracia nuestros líderes, sus cómplices y lacayos. Y aún peor, con nuestro dinero.

Unas cuentas de fábula
El Gobierno firma unos Presupuestos muy fuertemente escorados hacia el gasto, que penalizan el ahorro y que lo fían todo a que continúe el recreo fiscal europeo
Editorial ABC 8 Octubre 2021

El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Presupuestos que pasará a la historia, con cifras récord en sus epígrafes más importantes: un crecimiento económico sin precedentes del 7 por ciento, un techo de gasto inédito, una recaudación por el Impuesto de Sociedades que no se ha visto desde 2007 (cuando en España empezaba a estallar la burbuja inmobiliaria), y una inversión pública de más de 40.000 millones, en gran parte impulsada por unos fondos europeos sobre los que pesan muchas dudas. Los beneficiarios de las principales partidas son los pensionistas y los funcionarios. También hay una serie de bonos y ayudas para los jóvenes, pero que son más fuego de artificio que realidad. Son unos Presupuestos de fábula en la cabeza de quien los haya concebido.

Hay que admitir que estas cuentas públicas en mitad de la que parece ser la última curva de la pandemia revestían una gran complejidad. El Gobierno debía acompasar la retirada de los estímulos públicos con la apertura de los distintos sectores económicos y acomodar la política fiscal a la evolución de la monetaria y a la reintroducción de las reglas de estabilidad que tarde o temprano volverán a regir. Sin embargo, el Ejecutivo parece ignorar este hecho y cree que el recreo fiscal concedido por la pandemia durará eternamente. Más aún, y teniendo la posibilidad brindada por la rectificación del INE sobre el PIB del segundo trimestre de apostar por un escenario más prudente, ha preferido seguir adelante con sus deseos.

En su presentación, la ministra de Hacienda los ha bautizado como los Presupuestos de «la recuperación justa» y no hay rastro de una senda de consolidación fiscal que debería detallarse ante los mercados para mantener una cierta credibilidad. En ese sentido, estas cuentas se parecen mucho a las que patrocinó José Luis Rodríguez Zapatero en el ejercicio de 2009, cuando proclamó su fe en el gasto público como salida a la crisis financiera global, justo antes de que la Unión Europea lo metiera en vereda y le obligara al duro ajuste de mayo de 2010.

El problema es que no sólo son unos Presupuestos muy desequilibrados hacia el lado del gasto, sino que contienen medidas que siguen penalizando el ahorro, como es la nueva reducción de las aportaciones individuales a los planes de pensiones. Tampoco nos dicen mucho estas cuentas sobre el hachazo tributario que planea Pedro Sánchez -pendiente de lo que dictamine su comisión de expertos-, ni sobre las concesiones concretas que tendrá que hacer a esa miríada de socios que se tendrán que alinear detrás del proyecto cuando este salga a subasta parlamentaria.

El controlador descontrolado
José T. Raga. Libertad Digital 8 Octubre 2021

Sin ser capaz de presagiar adónde vamos, sí me atrevo con el adónde no vamos.

Cualquier empresario reaccionaría ante este título afirmando que la empresa referida desaparecería en breve, inmersa en una quiebra de imposible salida. Pues lo mismo ocurre cuando cambiamos la empresa privada por las Administraciones Públicas controladas indebidamente por los Gobiernos, cuya su misión es gobernar y no tanto intervenir o controlar; misión que debe ser controlada por la sociedad –Cortes Españolas–.

De ese control, de cuya elusión el presidente del Gobierno es maestro, conocemos los peores resultados. También por las muchas sentencias condenatorias por actos de gobierno contra la ley.

La falacia en sus declaraciones, señor Sánchez, constituye la regla general; lo habitual. Presume de un incremento del empleo, cuando hay 3,72 millones en paro, incluyendo los 3,26 millones registrados, 239.000 en ERTE y 220.000 autónomos bajo protección. Y proclama haber vuelto a los niveles de empleo pre-pandemia. Para eso le faltarían unos 180.000 trabajadores. A cambio, el empleo público ha crecido en el último año en 169.000 nuevos empleados, totalizando 214.000 más que antes de la pandemia. Podría haber contratado a 3,50 millones de parados como empleados públicos, y España habría conseguido el pleno empleo.

Disculpen la sugerencia, porque el tema no está para bromas. ¿A dónde vamos por este camino? Me ha asustado, dado que Sánchez sólo hace turismo, que sea la ministra Díaz la que anuncie que tiene un proyecto. Su proyecto –que algunos reducen a su probable disposición a liderar Unidas Podemos– y para qué, lógicamente, con el fin de construir una España comunista, que es en lo que cree; supongo. Para eso le bastaría con flexibilizar la interpretación de los mandatos uno, tres, cinco y siete del decálogo comunista (capítulo 2 del Manifiesto de 1848).

Sin ser capaz de presagiar adónde vamos, sí me atrevo con el adónde no vamos. Y es adonde dijo el presidente que ya estábamos. Ni se ha cumplido el crecimiento del PIB – ¡ojalá quedemos en la mitad!–, ni la recaudación por impuestos/tasas –la Google en medio año ha ingresado 92 millones, cuando estaban presupuestados 968 para todo el ejercicio; o la Tobin, que en agosto había aportado 185 millones, cuando se esperaban 850–; en fin, peor imposible.

Y mucho peor y más preocupante es nuestro déficit público sobre el PIB, que en 2020 alcanzó el 11%, el mayor de los veinte países de la Zona Euro (Banco de España, boletín estadístico, agosto de 2021). Además, por qué no decirlo, porque es consecuencia de lo anterior, nuestra deuda es alarmante, alcanza ya el 120% del PIB, únicamente por detrás de las de Portugal, Italia y Grecia.

Cualquier día volverán los intereses a los créditos, quizá sin tardar demasiado: ¿quién pagará los intereses, y también la deuda a su vencimiento? Los que gobernaron para que este caos organizativo fuera así ya no estarán; incluso, en su favor, estarán olvidados. Es el signo de caridad para con el fracaso.

La gran mentira de la DGT: así nutre a las arcas del Estado con el pretexto de la seguridad vial
Jesús Esteban. Libertad Digital 8 Octubre 2021

Casi tres de cada diez euros procedentes de multas y tasas se dirigen directamente a las arcas del Estado, y no a la seguridad en las carreteras

La Dirección General de Tráfico es un rara avis dentro de los organismos públicos en España. Concretamente, se trata de un Organismo Autónomo Estatal, por lo que, de acuerdo al artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es una entidad "con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión".

En otras palabras, pese a depender del Ministerio del Interior, carece de financiación relevante procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Casi toda su actividad se nutre, por tanto, de la recaudación procedente de las tasas cobradas en 20 trámites distintos, así como de multas y sanciones de tráfico.

Pero lo más impactante de esta institución es que, además de autofinanciarse, genera beneficios. Es decir, los costes que afronta la DGT en forma de seguridad vial, campañas de concienciación o ayuda a las víctimas son bastante menores que los ingresos que el organismo logra recaudar. ¿Y qué ocurre con el excedente? Pues, en esencia, ‘se regala’ al Estado, que gasta ese dinero a su antojo, en cualquiera de las partidas presupuestarias que satisface anualmente.

Concretamente, de acuerdo con una investigación publicada en El Confidencial, la DGT recaudó un total de 5.000 millones de euros de 2014 a 2018, de los que 1.400 millones fueron transferidos al Estado. Es decir, casi tres de cada diez euros procedentes de multas y tasas van directamente a nutrir las arcas estatales, y no a mejorar la seguridad vial, que se entiende que es la principal misión de la DGT.

Estos datos ponen de manifiesto que el organismo público no está aprovechando apropiadamente todos los recursos de los que dispone para mejorar la seguridad en las carreteras. De hecho, esta práctica choca con la propia Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece que "el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones […] se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas".

En este sentido, el Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2018 de que la DGT estaría incumpliendo sistemáticamente con su obligación legal de destinar la recaudación por multas a los objetivos establecidos, y denunció numerosas irregularidades y desfases en las cuentas del organismo durante el periodo estudiado (2015). De igual manera, Hacienda lleva desde 2018 sin avalar las cuentas de este organismo.

Sin embargo, las prácticas potencialmente irregulares no han cesado y, de hecho, la DGT ejecutó en 2019 una transferencia al Estado por valor de 622 millones de euros, mucho mayor a lo habitual, que se establece por encima de los 150 millones. Este insólito traspaso, dirigido a hinchar las cuentas públicas, provocó que la Dirección General de Tráfico cerrara el balance anual en números negativos por primera vez en su historia.

Este constante ‘escape’ de recursos al erario redunda directamente en un peor servicio y carencias en seguridad vial. En primer lugar, en los últimos años se ha visto una ralentización en el descenso de las tasas de siniestralidad. Además, el descuido generalizado de la red viaria española es evidente, ya sea debido a las carencias en señalización o asfaltado, entre otros. Por otro lado, la plantilla de examinadores continúa siendo claramente insuficiente, generando periódicamente cuellos de botella e interminables retrasos para obtener el carné de conducir. De igual forma, el número de agentes de tráfico ha menguado en la última década pese al aumento del tráfico. Asimismo, según las cuentas de 2017 publicadas en el BOE, la DGT destina una parte raquítica de su presupuesto a la formación y educación, no alcanzando los 2 millones de euros, en comparación con los 308 millones dirigidos a la partida de vigilancia y control.

No cabe duda de que este organismo podría hacer frente a todos estos retos si aprovechara todos los recursos de los que dispone en vez de cederlos al Estado sin que podamos saber su destino final.

La seguridad vial ¿lo primero?
Pese a que la actividad de la DGT genera excedentes económicos de manera recurrente, este ente se ha esforzado por incrementar sus ingresos en los últimos años -en 2019, obtuvo, solo a través de multas, un millón de euros cada día- lo cual pone de manifiesto su claro afán recaudatorio.

A fin de potenciar esta recaudación, así como de mantener la incesante propaganda pro-DGT, el organismo viene implementando en los últimos años nuevos mecanismos de control como los helicópteros Pegasus (cuyas hazañas de ‘caza’ se publicitan insistentemente en los medios de comunicación) o los controvertidos radares Velolaser, casi imposibles de detectar.

Asimismo, el ente público ha implementado recientemente una flota de drones de vigilancia que, pese a su atractivo mediático y capacidad de amedrentamiento, ofrecen escasa utilidad en cuanto a control del tráfico (no pueden medir velocidades y su autonomía de vuelo es muy reducida) y suponen un potencial peligro de seguridad vial en caso de extravío o fallo en el vuelo.

Otro nuevo objetivo de la DGT, alejado de la seguridad vial, es el de la sostenibilidad medioambiental. Como ejemplo de este aspecto, destaca la campaña lanzada en verano de este año para promover la conducción a 90 km/h en autovías, para así ahorrar combustible. La propuesta fue fuertemente criticada por muchos conductores e incluso un conocido youtuber se atrevió a ponerla en práctica, poniendo en serio riesgo al resto de conductores y a sí mismo.

Por otro lado, este mes de agosto, el fiscal general para la Seguridad Vial remitió a la DGT un oficio por el cual sugería crear una red de conductores ‘chivatos’ que denuncien a otros ciudadanos que comentan una posible infracción. La forma de demostrar estos comportamientos imprudentes, que, presumiblemente, se llevaría a cabo mediante la grabación de imágenes y vídeos con el teléfono móvil, entra en obvio conflicto con la propia seguridad vial del denunciante (y contra la normativa), así como de la Ley de Protección de Datos. Por ende, la DGT aún no ha tomado nota de la propuesta y parece difícil que esta ocurrencia se convierta en realidad, aunque, conociendo sus precedentes, cualquier cosa puede esperarse de este organismo.

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Deterioro del Estado liberal español
Jesús Rul. vozpopuli.es 8 Octubre 2021

El PSOE actual, desde Zapatero a Sánchez, avanza en una concepción líquida del Estado de Derecho, eje vertebral de la democracia liberal. Con una Constitución abierta, sin separación neta de poderes y sin controles efectivos, la onda expansiva de la voluntad de poder se impone por los hechos del Gobierno social-comunista, sustentado por enemigos de la Nación, secesionistas y filoterroristas.

Los efectos disolventes son notorios: la inseguridad jurídica y el intervencionismo político de la economía ahoga la competitividad, detrae la inversión y precariza la actividad con efectos negativos en el crecimiento (informe INE) y el empleo (tasa de paro del 14,3% de la población activa, y tasa de paro juvenil del 39,5%—enero 2021—, la más alta de la UE). España ocupa el puesto 16 de 27 de los países de la UE en empleos de innovación, inversión pública en I+D y apoyo a la privada, está un 72% por debajo de la media en exportaciones de servicios intensivos en conocimiento; la obsolescencia de la ley electoral diluye la representatividad unitaria del pueblo español en las Cortes (es evidente su degradación por el socavamiento de populistas y separatistas, división, trivialidad, insultos, parcialidad, desprestigio); la manipulación política de la judicatura alcanzó máximos con la LO 4/2021 que limita las competencias del CGPJ (el Poder Legislativo y el Ejecutivo limitan la competencia del poder judicial, de “perniciosas consecuencias”, según advierte el Tribunal Supremo); la politización partidaria de la Fiscalía, dirigida por la exministra socialista Dolores Delgado, y de la Abogacía, no ya del Estado sino del Gobierno; la instrumentalización política de la comunicación, directa e indirecta, incluido el CIS de Tezanos, transmite ideología para modelar el marco mental de los ciudadanos y convertirlos en clientes electorales; la destrucción del sistema educativo español, convertido en un conglomerado atomizado, donde prima la verborrea vacua con pretensiones pedagógicas, los resultados mediocres, la ideologización y el adoctrinamiento…

La confianza en el sistema político, con instituciones politizadas, está en mínimos. La encuesta del Eurobarómetro 2021 arroja datos demoledores: el 91 % de los españoles opina que la situación económica es “mala”, y llega al 94% el pesimismo sobre el paro. Estos datos están muy por encima de la media europea. Es desoladora la pérdida de confianza en las instituciones: la desconfianza en el Congreso de Diputados (76%), en el gobierno de la Nación (74%), en la judicatura (51%).

La mesa bilateral, entre el gobierno central y la autonomía catalana, al margen de las instituciones constitucionales, es otro motivo de deterioro, pues no casa con los usos democráticos; se sitúa en el ámbito iliberal al anteponer la voluntad de poder, sin garantías de transparencia, legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.

La mesa de marras escenificó en Barcelona (15.09.2021) el primer encuentro bilateral, presidido por los dos presidentes con un ritual escénico y simbólico de dos estados soberanos. El relato difundido y la iconografía mostrada delatan las posiciones: Sánchez transmite voluntad de apaciguamiento con los nacionalistas que es el camino directo a la cesión. Pretende justificar lo injustificable apelando vagamente al diálogo y al reencuentro para que los ciudadanos, más allá del hecho falaz, se guíen por las intenciones. Por su parte, Aragonés propaga la voluntad de poder secesionista: exige amnistía por los delitos cometidos por separatistas de ERC y de Junts, exige el referéndum de autodeterminación y la independencia. Es decir, ERC se declara enemigo de la Nación española y su orden constitucional ¿cómo puede presidir una institución española como es la Generalidad y ser el máximo representante del Estado en su autonomía? ¿cómo puede Sánchez co-gobernar la Nación con un partido antiespañol? (lo ilustra el viaje de Aragonés a Cerdeña, pagado por los contribuyentes, para apoyar a un huido de la justicia).

Una mesa engañosa
Mesa de “diálogo”, para Sánchez y de “negociación”, para Aragonés. Sánchez, genuflexo ante los separatistas. Aragonés expectante de obtener más de lo posible exigiendo lo imposible. Engañosa mesa en la que una parte no reconoce a la otra salvo para sacar tajada a costa de los españoles: Sánchez necesita ganar tiempo, contar con ERC para aprobar los presupuestos, mantenerse en el poder y concluir la legislatura. Aragonés necesita ganar tiempo para afianzarse en el poder autonómico frente a Junts (antigua y nueva estirpe pujolista), aunque ante acontecimientos que afectan a la “tribu nacionalista” van unidos, “prietas las filas”, como con la detención de Puigdemont en Cerdeña por orden del Tribunal Supremo, con escenificaciones, aspavientos y violencia. El secesionismo es antitético a la democracia.

Vistas las posiciones expuestas, ambos operan al margen del principio de realidad: ambos son españoles, con responsabilidades constitucionales; ambos representan al Estado español, uno como presidente el gobierno de España y el otro como presidente de una autonomía. Ambos, como “poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1 CE).

Pero, haciendo caso omiso a su responsabilidad constitucional, Sánchez sigue con la ocurrencia del falso diálogo. Cuenta con el apoyo de Zapatero, quien en una intervención reciente en Alicante ha dicho: mantener el diálogo como “único camino lógico con Cataluña”. Este juicio de Zapatero contiene tres falacias: Una. Hay otros caminos dentro del Estado de derecho democrático, defender los intereses de España, no negociar con separatistas y tomar decisiones para que no tengan poder institucional. Dos. Los postulados lógicos se fundan en principios básicos, por ejemplo, el de razón suficiente: para sustentar este juicio debe haber algo que lo sustente racionalmente, pero no se da el caso vistas las posiciones expuestas. Tres. La mesa no es con Cataluña, sino con un gobierno autonómico independentista que sólo representa a los separatistas, fuera del orden constitucional.

Estos políticos utilizan el diálogo como reclamo, pero es una artimaña de sus intereses. Recientemente escuchaba una intervención en video de Joseba Arregui, sociólogo, teólogo, político y profesor, recientemente fallecido, en el marco del homenaje ofrecido en Barcelona por la asociación Impulso Ciudadano, en la que explicaba el sentido real y constructivo del diálogo. Decía así: “Para que haya diálogo (político) se requiere compartir un marco común (Nación española, Constitución, ley), un código de comunicación (lenguaje y gramática democrática), y un esfuerzo moral y mental”.

Tres requisitos de la comunicación humana honesta. Ninguno de los tres se da en esa mesa de la ensoñación y del engaño. Es una mesa de la añagaza humanista del diálogo (Sánchez) y de la negociación por más poder antiespañol hasta el desbordamiento (Aragonés) y la amenaza de unilateralidad (Puigdemont).

Después de esta primera reunión protocolaria, con bombo y platillo, viene la parte oscura de los encuentros bilaterales discretos, ocultos. ¿de qué hablarán? ¿con qué cesiones intentará el gobierno apaciguar la ambición secesionista?

Esta mesa bilateral ¿a quién beneficia? En primer lugar, a los participantes: socialistas, comunistas y separatistas. No percibo ningún beneficio para la vertebración de la Nación española ni para los derechos de los españoles, así como tampoco para el progreso económico condición del progreso social. Es más, al profundizar en la fragmentación, que es lo que esperan obtener los separatistas y lo que Sánchez está dispuesto a dar en aras de esa idea destructiva del plurinacionalismo, España queda varada en el ruido interminable de las cuitas internas alimentadas por la división creciente, caldo de cultivo en la espiral de degradación. Es lo más opuesto a la unidad de Estado necesaria, mantenida en el tiempo, para acometer reformas estructurales correspondientes a la 5ª revolución industrial. Desde el siglo XIX hemos llegado siempre, tarde y mal, a los cambios estratégicos de las revoluciones industriales, obstaculizados por liderazgos ineficaces, tribalismo político e insolvencia.

Proceso de desguace
España, una Nación histórica en proceso de desguace político lingüístico y cultural en beneficio de las élites localistas, de los separatistas, de la partidocracia, de los globalistas. La división creciente y la falta de eficacia en los factores competitivos contribuyen al desprestigio de España en el mundo, y su posición de poder dentro de la UE está cada día más debilitado.

De seguir en este proceso regresivo, olvidémonos se ser un actor global de civilización hispánica en un mundo en transformación, con el eje de poder mundial desplazado del Atlántico al Pacífico, que fue el “lago español” desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, y que en su costa occidental desde California a la Patagonia se habla español. Muchas naciones hispanoamericanas, en lugar de aprovechar este valioso activo de unidad cultural, se entregan también al fraccionamiento indigenista y las guerras identitarias que otros aprovechan para sus intereses de dominación.

Y eso que los indultos iban a amansar a los 'indepes'...
Alejandro Tercero. cronicaglobal 8 Octubre 2021

Hace casi cuatro meses que el Gobierno concedió los indultos a los presos del procés y la medida de gracia no podía haber cosechado un fracaso más rotundo que el que ha obtenido.

A pesar de que nos prometieron que la liberación de los cabecillas del golpe al Estado de 2017 allanaría el camino de la convivencia en Cataluña, esta no solo no ha mejorado sino que, en muchos aspectos, ha empeorado.

Esta semana lo hemos constatado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cuando una turba de nacionalistas arrasó una carpa de la entidad constitucionalista S’ha Acabat.

Lo más grave no es el ataque en sí, sino la impunidad con la que actuaron los violentos y la (falta de) respuesta de las autoridades universitarias.
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La dirección de la UAB, encabezada por el rector Javier Lafuente Sancho, se limitó a publicar un comunicado de dos frases en el que apelaban a “la convivencia pacífica” y la “libertad de expresión”.

Además, decían, el equipo de gobierno “rechaza la situación de tensión que se ha vivido y lamenta la instrumentalización ideológica que se hace del campus universitario por parte de determinados partidos políticos”.

Es decir, ninguna condena a la violencia indepe (“tensión”, dicen sin que se les caiga la cara de vergüenza) pero, eso sí, una crítica vil a los partidos que salieron en defensa de los agredidos.

A la consejera de Universidades, Gemma Geis --la misma que llamó “fascista” a la AEB por propugnar el bilingüismo en los exámenes de Selectividad-- le faltó tiempo para suscribir “al 100%” el comunicado. Y la diputada de la CUP Eulàlia Reguant --el partido ultra que facilitó la investidura de Pere Aragonès (ERC) en mayo-- aplaudió a los agresores.

Por supuesto, lo de llamar a los Mossos para proteger a los estudiantes constitucionalistas --que son acosados una y otra vez desde hace años-- ni se lo plantea el señor Lafuente. De hecho, si tomamos como referencia el comunicado, no sería descabellado conjeturar que el rector considere que, en el fondo, los de S’ha Acabat se merezcan estos ataques por provocadores.

Tiene guasa que, en cambio, hace apenas dos semanas Lafuente se sumara al resto de rectores de las universidades públicas catalanas en un comunicado conjunto y contundente en defensa del prófugo expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras ser detenido y puesto en libertad en Italia.

Que Lafuente aún siga como rector de la UAB es una infamia. Como también lo es que todavía haya, entre los constitucionalistas que defendieron los indultos a los líderes del 1-O, quienes se nieguen a reconocer la pifia histórica que supuso tal ocurrencia.

El peor enemigo de Cataluña
EDITORIAL. Libertad Digital 8 Octubre 2021

La UAB: lo peor de una sociedad enferma
Lo ocurrido en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) este miércoles es una prueba escalofriante de la degradación moral de la sociedad catalana en general y de sus universidades en particular. Por culpa del nacionalismo, lo peor que les ha podido pasar.

No hace tantos años, escenas y gritos como los de este miércoles en la UAB eran impensables en España, salvo en el País Vasco dominado por la ETA. Hoy, sin una banda de asesinos imponiendo el terror, unos universitarios son de todas formas capaces de acercarse a un grupo de compañeros y gritarles "Pim, pam, pum, que no quede ni un!", grito que no es necesario traducir y que habrían firmado los cachorros de ETA en los años más negros del terrorismo.

Los niveles de intimidación y violencia que ha impuesto el nacionalismo en Cataluña son totalmente incompatibles con la democracia y la libertad. En Cataluña, la mitad de la población vive sin poder expresarse en libertad, sin poder siquiera hablar en el idioma mayoritario de la región y sometida a discriminaciones sin cuento.

Si la actitud de los niñatos aprendices de terrorista de la UAB es despreciable, muchísimo peor es la de la propia institución, que no sólo les dejó campar a sus anchas impidiendo la entrada al campus de los Mossos sino que, un día después, emitió un comunicado vomitivo en el que culpaba a las víctimas de la agresión, en la peor tradición de los más despreciables regímenes totalitarios.

Quienes han perpetrado ese comunicado infame son indignos de ostentar responsabilidad pública alguna. Es completamente aberrante, pero por desgracia una constante en las regiones infectadas de nacionalismo, que los encargados de la formación de la juventud se sirvan de su inmerecida posición para convertir los centros de enseñanza en semilleros de fanatismo y odio.

La educación, el periodismo, la cultura y la política dan de continuo ejemplos de la devastación que ha llevado a Cataluña el nacionalismo, sin la menor de las dudas el peor enemigo de esa tierra a la que tanto dice amar.

Cataluña, una democracia iliberal

José García Domínguez. Libertad Digital 8 Octubre 2021

Otra vez, y va la enésima, una agresión violenta de jóvenes educados en la cultura del catalanismo, también otra vez y también la enésima en un campus universitario, contra otros jóvenes educados en la misma devoción oficial, si bien disidentes. Huelga decir que las autoridades, empezando por las académicas, han mostrado de nuevo su íntima complacencia con el proceder de los atacantes por la vía siempre habitual en estos casos: el silencio administrativo. Un silencio que la prensa doméstica, prietas las filas e impasible el ademán, se ha apresurado, obedeciendo la norma consuetudinaria local, a seguir al disciplinado modo. Resumiendo, lo de siempre.

Para entender el muy particular orden intimidatorio, algo ya institucionalizado, que de facto se ha acabado instaurado en ese territorio, hablar de fascismo resulta tan exagerado como poco útil a fin de describir lo que allí ocurre. Y es que en Cataluña no se puede negar que perviva un sistema político democrático. Así, los separatistas gobiernan, y de modo legítimo, porque una mayoría de los electores, aunque muy escuálida, les otorgó su confianza en las urnas. Hasta ahí, nada que objetar. Sin embargo, ese hecho incuestionable, que el sufragio universal resulte ser la única palanca que facilita la alternancia en el poder, no significa que ese territorio se pueda definir hoy como una democracia liberal homologable a las del resto del continente europeo.

Y es que la democracia liberal, la única que realmente existe, se asienta no sólo en el principio del derecho efectivo al sufragio, sino, y sobre todo, en el insoslayable respeto a la desafección, ya sea individual o colectiva, frente al corpus ideológico propio del poder establecido. Respeto por completo ausente en Cataluña. Y no sólo por parte de unos niños, los de la CUP y los de las juventudes de los otros dos, que van a jugar a los escamots a la hora del patio en la universidad. Ese desprecio forma parte hoy del núcleo doctrinal del movimiento catalanista todo. Es una bilis ecuménica que emana del mismo presidente de la Generalitat y que desciende como la lava hasta el último alborotador callejero de la ANC o de los CDR. El fascismo murió en 1945. La democracia iliberal, en cambio, solo acaba de nacer. Y Cataluña es su cuna.

Ofensiva de las universidades públicas catalanas contra el español: buzones para denunciar a profesores

Los rectores catalanes se alinean con la consejera de Universidades para señalar a los docentes que practican el bilingüismo.
Pablo Planas (Barcelona). Libertad Digital 8 Octubre 2021

Los rectores catalanes se alinean con la consejera de Universidades para señalar a los docentes que practican el bilingüismo.
Alumnos en una clase en la Universidad de Barcelona. | Europa Press

Los rectores de las universidades públicas catalanas funcionan al unísono en materia de política lingüística. La Consejería de Investigación y Universidades, la posconvergente Gemma Geis, manda y ellos obedecen. Así, la orden de controlar y señalar a los profesores que imparten sus clases en español o que utilizan indistintamente el español y el catalán se sigue a rajatabla en todos los centros públicos. Sin fisuras.

Es más, en la Universidad de Lérida han dado un paso al frente. Hay buzones para las quejas de los estudiantes y está en estudio la instalación de un buzón para las quejas relacionadas con los profesores que imparten las clases en español, según ha reconocido la propia universidad a El Mundo.

Todas las universidades públicas no sólo asumen el mandato de la consejería de elaborar listas con los profesores que utilizan el español sino que tal actividad ya se llevaba a cabo antes de la orden. Las autoridades académicas arguyen que lo que intentan evitar es que haya clases en las que se consigne el catalán como lengua docente y que después se cambie al español por la petición de algún alumno o alumnos venidos de fuera de la región.

Que los rectores están en sintonía con las tesis separatistas más estrictas se comprueba por el contenido, tono y temática de sus comunicados conjuntos. El pasado 24 de septiembre, la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) emitía una nota en la que pedía la puesta en libertad de Puigdemont, que pocas horas antes había sido detenido en Cerdeña. "Como universidades del sistema público tenemos el compromiso, recogido en nuestros estatutos y en nuestra tradición histórica, de velar por los valores democráticos, los derechos fundamentales y las libertades públicas que caracterizan el espacio europeo al que pertenecemos", apuntaba una nota en la que también se abogaba por "la deliberación y el diálogo como herramienta para la resolución de los conflictos políticos".

Apoyo a la ANC
Un par de semanas antes, los mismos rectores mostraban su apoyo a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con ocasión de la fiesta regional, la Diada del 11 de septiembre. Y a finales de marzo de este año los rectores Joan Guàrdia (UB), Javier Lafuente (Universidad Autónoma de Barcelona), Francesc Torres (Universidad Politécnica de Cataluña), Jaume Casals (Universidad Pompeu Fabra), Quim Salvi (Universidad de Gerona), Jaume Puy (Universidad de Lérida), María José Figueras (Universidad Rovira i Virgili), Josep A. Planell (Universidad Abierta de Cataluña, de gestión privada) y Josep Eladi Baños (Universidad de Vich, de gestión privada) suscribían un manifiesto en el que exigían el indulto para los golpistas, a los que calificaban de "presos políticos".

Con estos antecedentes no es de extrañar que en la última nota emitida por la UAB en relación al ataque separatista a estudiantes constitucionalistas de S'ha Acabat! ni se mencione el ataque, ni que el ataque fue llevado a cabo por elementos separatistas y de extrema izquierda y que las víctimas fueron miembros de S'ha Acabat!.

Tampoco sorprende el celo lingüístico en contra del idioma español. A modo de ejemplo, la profesora universitaria que se vio obligada a dimitir de su cargo por un tuit en el que instaba a la violencia durante el pasado 11 de septiembre, Núria Pla, era la vicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). "Ganas de fuego, de contenedores quemados y de aeropuerto colapsado", decía su mensaje.

Los 18.000 muertos olvidados por la cobardía de ERC
Un nuevo libro de César Alcalá destapa la represión en la retaguardia catalana de la Guerra Civil durante sus primeros diez meses, cuando se maquillaron las cifras “para disimular la barbaridad cometida”, asegura el ensayo
César Alcalá. larazon 8 Octubre 2021

Ante los representantes de la CNT-FAI, Lluís Companys comentaba: “He de deciros que la CNT y la FAI, no han sido nunca tratadas como se merecían por su verdadera importancia. Siempre habéis sido perseguidos duramente, y yo, con mucho dolor, pero forzado por las realidades políticas, que antes estuve con vosotros, después me he visto obligado a enfrentarme y perseguiros. Hoy sois dueños de la ciudad y de Cataluña, porque solo vosotros habéis vencido a los militares fascistas”.

Una declaración de intenciones de Companys pronunciaba el 20 de julio de 1936, horas después de estallar la Guerra Civil. Es muy claro su pensamiento cuando afirma que “hoy sois dueños de la ciudad y de Cataluña”. El poder estaba en sus manos. Se lo entregó directamente a sus amigos anarquistas. ¿Por qué? Porque gracias a ellos era presidente de la Generalitat. El 20 de noviembre de 1932 se convocaron las únicas elecciones a la Generalitat durante el periodo de la Segunda República. En aquella ocasión las ganó y fue presidente Francesc Macià, fallecido el 25 de diciembre de 1933. De los 85 escaños posibles, ERC consiguió 56. Tras la muerte de Macià, fue el anarcosindicalismo el que aupó a la presidencia a Companys. Y, por ello, les entregó el poder. Les debía mucho más a estos que a sus compañeros de ERC o a los de Estat Català. Así, el anarcosindicalismo se convirtió en el dueño de la situación.

En “Informe confidencial. Situación política en Cataluña a los tres meses del pronunciamiento militar”, conservado en el Archivo General Militar de Ávila se describe claramente la situación en la que vivió Cataluña los diez primeros meses de la Guerra Civil: “Esta preponderancia a los hombres de la FAI se debe a la cobardía de la Esquerra, la cual se sometía por completo al dictado de los anarquistas, y a la falta de una política que el PSUC, por su razón de partido formado por la fusión de otros cuatro, no podía imponer entonces a causa de su juventud orgánica”.

Esta cobardía supuso que el 20 de julio de 1936 hubiera 40.000 miembros de la CNT-FAI dominando las calles de Barcelona. Son los llamados “incontrolados” que dominaron la vida cotidiana barcelonesa. Estos cenetistas eran muchas cosas, pero nunca fueron incontrolados. Siempre lo tuvieron todo muy controlado. Eran los milicianos de Companys. Su ejército. El poder estaba en manos de ellos no solo porque Companys así lo decidió, sino porque eran los únicos que podían controlar la calle. La Generalidad tenía los mossos de escuadra, pero solo con estos no la dominaban. Necesitaba a los anarcosindicalistas para ser más fuertes y controlar la situación una vez aplacado el alzamiento militar.

Estos personajes no tenían escrúpulos. Estaban acostumbrados a matar. Por eso fueron los encargados de ejecutar, en un primer momento, a todos aquellos que se habían levantado contra la república y, posteriormente, a los demás ciudadanos de la retaguardia catalana. La lealtad de Companys a la CNT-FAI no solo fue para mantener su cargo como presidente de la Generalitat. Esta también pasó porque ellos hicieran el trabajo sucio. Lo que llamamos represión anarcosindicalista. Companys, cuando se cansó, organizó un golpe de estado. Inculpó a la CNT-FAI y al POUM y se alió con el PSUC. Esto ocurrió durante los hechos de mayo de 1937. Companys no tenía, a priori, las manos sucias. Habían sido los anarcosindicalistas a espaldas de la Generalitat. La realidad es que estos actuaron gracias a la Generalitat, pues los dejó moverse impunemente en toda Cataluña.

Esto lo sentenció a muerte en 1940. Al creer que nunca perderían la guerra, pensó que todo quedaría impune. Y ahí se equivocó. Como escribió Francesc Cambó: “El fusilamiento fue un inmenso error de Franco. ¿Injusto? Él, el 6 de octubre del 34 había cometido igual delito que los militares… y fue indultado. En 1936 él hizo fusilar a todos los militares sublevados”.

Esos fusilamientos, creyéndose por encima del bien y del mal y sin acordarse de que salvó la vida gracias a la benevolencia de unos hombres que consideraron era mejor condenarlo a prisión, es lo que nadie le perdonó una vez terminada la Guerra Civil.

La necesidad hizo que la Generalitat se implicara con el anarcosindicalismo. De ahí que les pagara el sueldo a más de 90.000 milicianos de la CNT-FAI. Era el ejercito particular de Companys. También se daban cada día 80.000 raciones de comida y otros tantos equipos. A parte de permitirles saquear lo que quisieran, lo alimentaba para tenerlos contentos.

Los anarcosindicalistas tuvieron el poder de la calle, de las colectivizaciones, de la represión, del bien y del mal, con el apoyo directo e indirecto de la Generalitat de Cataluña y, en particular de su presidente Lluís Companys. Por eso, cuando el informe del que hemos hablado comenta que “la situación política de Cataluña se manifiesta dentro de un proceso caótico con tendencia a empeorar”, no estamos de acuerdo.

No era un proceso caótico, todo lo contrario. Podía parecerlo desde fuera, pero no era verdad. Companys tuvo controlada la situación hasta fingir que se le fue de las manos. A los anarcosindicalistas tampoco se les descontroló. El problema fue de cansancio. Cuando este llegó decidió eliminarlos. De ahí los hechos de mayo de 1937. Con lo cual él siempre dominó la situación y tuvo las manos limpias del pillaje y la represión que se produjo en Cataluña. Un plan perfectamente elaborado y que le salió bien.

Es por eso que no podemos hablar de incontrolados. Fue un invento que les vino bien a Companys y a sus acólitos. Decir que no podían hacer nada porque eran “incontrolados” era lo más fácil. Así se presentaba Companys, ante los suyos, como una víctima del sistema. Según los dirigentes de la Generalitat, estos anarcosindicalistas habían tomado el poder a sus espaldas y hacían lo que querían. La realidad era muy diferente. Fueron muy selectivos con la represión y no asesinaron a nadie que no “mereciera” ser asesinado. Todo estuvo muy controlado, pactado y seguían un método muy bien trazado.

De ahí que la represión en la retaguardia fue maquillada. Se buscó la manera para disimular la barbaridad cometida. Ahora podemos decir, sin equivocarnos, que la cifra oficiosa de 8.352 asesinados durante la Guerra Civil se queda muy corta con lo que realmente pasó. La cobardía de unos y el instinto asesino de otros provocaron un mínimo de 26.606 muertos en la retaguardia catalana. La mayoría fueron inscritos en el registro con “causa de la muerte” muy diferentes a la realidad.

La cobardía de ERC no se debió al sometimiento dictado por los anarcosindicalistas. Esto fue fruto de la incompetencia de Lluís Companys. Dejó hacer a sus amigos porque sabía perfectamente que eran profesionales y llevarían a cabo su hoja de ruta sin ensuciarse las manos. Esta fue su cobardía. No entregarse a los anarcosindicalistas, sino no tener el valor de llevar a cabo sus pretensiones políticas e ideológicas y dárselo a terceros. La cobardía de unos y el instinto asesino de otros provocaron esos 26.606 muertos. Esta es la realidad de los que se vivió en la retaguardia catalana los diez primeros meses de la guerra civil.

 


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