AGLI Recortes de Prensa   Domingo 10  Octubre  2021

Los presupuestos y la inflación
Unas cuentas públicas tan expansivas no dejan margen de maniobra al Gobierno si se produce un cambio en la política monetaria de la Unión Europea
Editorial ABC 10 Octubre 2021

La apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por unos Presupuestos expansivos para 2022 resulta muy arriesgada cuando gran parte del mundo está sufriendo el impacto de una crisis de precios de la energía que casi nadie vio venir. Europa, muy dependiente del exterior en términos energéticos, es una de las áreas que acusan un mayor impacto. En cuanto a España, y en función de nuestros antecedentes, lo más seguro es que, como ya ocurrió con el Covid, seamos uno de los países que peor encajen el golpe.

El riesgo de unas cuentas públicas tan alegres es que la realidad nos obligue a cambiar de caballo en mitad del río. La inflación, que en nuestro país se sitúa en un 4 por ciento interanual, ya está provocando cambios globales. Decenas de países han subido sus tipos de interés. En las últimas semanas lo han hecho naciones del entorno europeo como Rusia, Noruega, Polonia y la República Checa. Por su parte, en los mercados emergentes lo han hecho Corea del Sur y Nueva Zelanda, y en Iberoamérica han subido sus tasas Argentina, Chile, Perú, Brasil y Colombia. Una queja que se está generalizando entre los analistas de las economías emergentes es que los bancos centrales de EE.UU. y Europa están tardando demasiado en retirar sus estímulos, y eso distorsiona aún más los flujos de capitales, provocando mareas y resacas monetarias.

La Reserva Federal ha anunciado que a partir de noviembre reducirá su expansión cuantitativa y que en 2022 empezará a subir sus tipos de interés. En cambio, el Banco Central Europeo mira con parsimonia la situación. Sus analistas consideran que la inflación debería estar todavía un buen tiempo muy por encima del 2 por ciento para compensar los muchos años que ha estado por debajo de esa cifra. Su apuesta es que el coste de una retirada prematura de los estímulos es mayor que el de una retirada tardía, como subrayó en mayo el economista jefe del Banco de España.

Una de las líneas rojas que se han trazado respecto de la inflación son los llamados ‘efectos de segunda vuelta’: el traslado injustificado del incremento de precios a las rentas. En el pasado, las rigideces de la economía española garantizaban que nuestro país siempre exhibía un elevado diferencial de inflación respecto a los países del norte. Hoy, algunos economistas creen que la indexación de la economía se ha reducido y eso mitigará el impacto de la inflación. En el pasado, el 80 por ciento de los salarios estaban en convenios que tenían cláusulas automáticas para protegerse de la inflación. Hoy ya no sería así. Y aunque los sindicatos se están moviendo para reinstalarlas, los expertos creen que cuando eso ocurra el brote inflacionario habrá remitido.

Habiendo llevado la política monetaria a sus límites con los tipos negativos y la expansión cuantitativa, la única capacidad de reacción ante un imprevisto será modificar la política fiscal. No olvidemos que la política monetaria es común a los países del euro, pero la fiscal es de cada nación. Esto genera asimetrías. Por ejemplo, y a diferencia de las españolas, las pensiones alemanas no se actualizan según la inflación, sino con una fórmula que incluye el crecimiento de la productividad y diversos factores de sostenibilidad. El resultado es que desde 2003 los jubilados alemanes han venido perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué pensarán cuando vean lo que sucede en España? ¿Qué tipo de políticas favorecerán? Una política fiscal moderada en una coyuntura tan delicada hubiese mostrado una mayor prudencia ante nuestro socios europeos.

La burbuja del gasto público
Jesús Banegas. vozpopuli.es 10 Octubre 2021

Es un lugar común -con pocas afortunadas excepciones- de la política y los medios de comunicación considerar el gasto público como algo necesariamente bueno y como tal todo aumento del mismo, tanto agregado como particularizado, es bien visto; mientras que lo contrario se desprecia.

Para los socialistas de todos los partidos cualquier contención o reducción del gasto público -incluidos los más evidentes despilfarros- es un anatema y la palabra eficiencia la ignoran o la repudian. En política, lo que “da categoría” es gastar, sin más; la financiación del gasto, su utilidad relativa y la eficiencia de su uso les “importa un comino”.

Ni que decir tiene que si quienes crean riqueza –de la que se extrae el gasto público-, es decir los empresarios, se comportaran de igual manera que los políticos socialistas de todos los partidos cualquier país se arruinaría; cosa que sucede con frecuencia y salta a la vista, convirtiéndose así en estados fallidos.

Los más solventes historiadores de la economía mundial, con nuestro Gabriel Tortella a la cabeza, concuerdan con el hecho histórico del triunfo de la socialdemocracia y sus consecuencias. Habiendo conseguido realizar todos sus sueños políticos, el socialismo democrático ha pagado un precio tan alto en cuanto a la financiación del gasto público -imposición fiscal y deuda pública al limite– que ya no puede llegar más lejos.

Asumiendo el lugar común del pensamiento económico serio sobre los límites y posibilidades de supervivencia del estado de bienestar dos muy dotados y perspicaces ensayistas –director y editor de The Economist-, John Micklethwait y Adrian Woolldridge, publicaron un libro titulado La cuarta revolución (2014) como sucesora de la tercera: la invención del moderno estado de bienestar. Para los autores, ante la evidencia de la imposibilidad del sostenimiento del mismo, debido a tres factores incuestionables: deuda publica insostenible, envejecimiento y rendimientos decrecientes de la función pública, no hay mas remedio que afrontar una nueva revolución institucional para evitar:

Un crecimiento insostenible del estado que, además, reduce gradualmente la libertad.
Los grupos de presión que se ven favorecidos por un estado en expansión.
Que el estado haga promesas que no puede cumplir.

Atestiguando sus razonamientos, los autores señalan que su cuarta revolución ya ha sido ensayada con éxito en Suecia, aunque aún está lejos de recuperar su nivel relativo previo a la crisis de su estado de bienestar. ¿Qué reformas han hecho los suecos?. Veamos algunas.

Disciplina fiscal y deuda pública muy contenida.
Externalización privada de la gestión del gasto público.
Privatización y libre competencia en sanidad y educación.

La competencia público–privada en la provisión de servicios públicamente financiados, ha dinamizado la economía y exportado con éxito sus experiencias.
Generalización del vale estatal con la provisión privada de los servicios.
Sistema de pensiones autofinanciado sin posibilidad de recurso a déficit financiables por la nuevas generaciones.

La función pública -salvo los jueces- no tiene más derechos laborales que los demás trabajadores.
Las percepciones por desempleo están limitadas y descienden en el tiempo, hasta alcanzar un tercio de las mismas asociado al cumplimiento de tareas sociales y, en caso de incumplimiento, se pierde el derecho.

Las reformas suecas se pueden resumir en dos grandes principios: el estado no gasta lo que no ingresa sin ahogar la actividad económica y la eficiencia del gasto público –reforzada con la privatización de su gestión- ha devenido eje de la labor del gobierno.

Todo indica que con España al borde del precipicio de su estado del bienestar, estamos en unas pésimas manos para imitar a Suecia

¿Alguien ha escuchado en el actual Gobierno otro mensaje que seguir incurriendo en déficit fiscales, acrecentando una deuda publica ya insostenible, despilfarrando el gasto y despreciando su gestión privada? ¿Habrán sentido curiosidad por lo sucedido en Suecia? Todo indica que con España al borde del precipicio de su estado del bienestar, estamos en unas pésimas manos para imitar a Suecia.

Con la excusa de los criterios más laxos en cuanto a disciplina fiscal de la UE con motivo de la covid, el Gobierno responsable de un descontrol presupuestario sin fin sigue acrecentando la deuda pública hasta niveles -como % del PIB- nunca vistos desde el año 1902. Solo la pertenencia al sistema monetario del euro está evitando que España haya devenido un estado fallido.

Nuestros progresistas, incapaces de sentir -como debieran- pánico al precipicio en el que está situado el sector público, siguen envalentonados defendiendo sus gastos y menospreciando la eficiencia de la gestión: hacer más y mejor cosas con menos recursos.

España necesita con urgencia una cura de responsabilidad política en el manejo de los recursos públicos siguiendo las descritas buenas prácticas suecas, amén de:

Practicar el presupuesto base cero: no ejecutar gasto público alguno sin verificar previamente su razón de ser previa y examinar, de ser necesario, su dotación que solo muy excepcionalmente debería aumentar.

Revisión a la baja, cuando no suspensión, de todo tipo de subvenciones; a los medios públicos de comunicación, a partidos políticos ( salvo a campañas electorales, muy tasadas), sindicatos, organizaciones empresariales, ONG´s y de cualquier tipo.

Tratar con generosidad fiscal el mecenazgo de la sociedad civil.
Revisar a fondo situaciones tan disparatadas e injustas como un sistema sanitario excelente con bajos salarios y un pésimo sistema educativo con muy elevadas remuneraciones.

O los políticos socialistas y la sociedad española que le vota se reforman: olvidando sus enfermizas apelaciones al incremento indiscriminado del gasto público y comenzando a interesarse por la oportunidad y eficiencia del mismo, vigilando el desempeño económico del Gobierno o, como ya sucediera gobernando Zapatero, se nos impondrán desde fuera soluciones más drásticas y mucho peores… que aún estamos pagando.

La indiscriminada generosidad del Banco Central Europeo financiando nuestro despilfarro a costa de la austeridad y seriedad de los países ajenos a nuestras prácticas tercermundistas no va a durar siempre. Claro que para interesarse por este razonamiento haría falta pensar a medio plazo y por el bien de España; nada más ajeno a la visión y los intereses personales de quienes nos gobiernan.

"Ni Gobierno ni crédito ni patria": la tragedia de España
Carlos Sánchez. elconfidencial 10 Octubre 2021

Existe un raro consenso entre los historiadores económicos en que las dos únicas reformas tributarias verdaderamente importantes realizadas en España durante los dos últimos siglos —antes no se podía hablar de un sistema fiscal coherente ni, por supuesto, moderno— fueron las de 1845 y 1977. Es verdad que los intentos por modernizar la Hacienda pública venían ya desde la "contribución única" del marqués de la Ensenada, pero hubo que esperar a que un militar y primer gobernador del Banco de España, Ramón Santillán, junto a Alejandro Món, a la sazón ministro de Hacienda, pusieran en marcha una reforma modernizadora que, entre otras cosas, incorporó muchos elementos de la Hacienda francesa y aunó rasgo del sistema tributario de Castilla y Aragón.

Hasta 1845, como ha escrito el historiador Gabriel Tortella, el sistema fiscal español era un mosaico desordenado y asistemático que violaba todos los principios: no solo estaban exentas las clases privilegiadas, sino que la Iglesia y la nobleza tenían a menudo prerrogativas cuasi-fiscales; es decir, recaudaban en nombre propio rentas que se parecían mucho a los impuestos. La fiscalidad, decía Tortella, "variaba de unas regiones a otras" [¿les suena?] "e, incluso, había impuestos específicos de una ciudad o comarca con nombres tan pintorescos como la "renta del bacalao" o las "siete rentillas". Se gravaba, incluso, la paja y sus utensilios.

No es de extrañar que los militares a quienes se encargó unas décadas antes que hicieran una historia de la guerra de la Independencia describieran, con infinito dolor, la tragedia de España: "En mayo de 1808 ni teníamos naves ni ejércitos; ni armas ni tesoro; ni crédito ni fronteras; ni gobierno ni existencia política: en una palabra, no había patria". Esta desgarradora descripción es la que vino a intentar resolver la reforma Mon-Santillán, pero lo cierto es que se quedó corta y el Estado siguió arrastrando continuos déficits que llevaron a la Hacienda pública en varias ocasiones a la bancarrota. De hecho, habría que esperar al trienio 2005-2007 para encontrar un escenario de superávit fiscal, pero para eso fue necesario crear una colosal burbuja inmobiliaria que cuando estalló —casi todas lo hacen— acabó por arrastrar al paro a millones de trabajadores y, de nuevo, a provocar un enorme aumento de la deuda pública que aún hoy sigue lastrando el crecimiento (122,8% del PIB).

Una reforma inconclusa
Probablemente, porque aquella reforma fiscal de 1977 del profesor Fuentes Quintana, uno de esos personajes imprescindibles en la historia económica de España, quedó inconclusa. Desde entonces, todos los gobiernos han puesto parches.

La tendencia ha sido aumentar el gasto público, sin duda necesario para paliar las enormes deficiencias de la dictadura en prestaciones sociales e inversión pública, sin tener en cuenta el marco fiscal. Algo que explica los continuos déficits presupuestarios. En definitiva, la utilización de las cuentas públicas como un mecanismo de compra de votos. En unas ocasiones, bajando impuestos de forma irresponsable cuando ni la coyuntura económica ni las necesidades sociales ni el marco presupuestario lo requerían; y, en otras ocasiones, aumentando el gasto público de forma ineficiente solo para complacer a determinados segmentos de electores. O, simplemente, para garantizarse el Gobierno de turno una mayoría parlamentaria suficiente.

La tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado es la prueba del algodón. La oposición no colabora con el Gobierno que los presenta porque la discusión presupuestaria forma parte del agitprop electoral, mientras que el Ejecutivo de turno desprecia a los grupos de oposición no aceptando enmiendas porque simplemente son ajenas al bloque de la mayoría. Ni que decir tiene que el encanallamiento no solo produce presupuestos inerciales, en muchas ocasiones incoherentes en diferentes partidas, que van acumulando en el tiempo serias carencias. Precisamente, porque el parlamento ni vigila la ejecución de las cuentas públicas ni es capaz de identificar insuficiencias presupuestarias.

Es decir, de esta manera se cercena de raíz una de las esencias de las democracias, que tiene que ver con la autonomía del parlamento frente al Gobierno correspondiente. Un principio que es todavía más importante cuando se trata de la ley más importante de todas las que se tramitan, ya que afecta a todos los órdenes de la vida. Y que hoy es especialmente relevante porque en un contexto de cesión de soberanía hacia las instituciones supranacionales, en particular la política monetaria y comercial, el presupuesto es el mayor y mejor instrumento de política económica.

La casa por el tejado
Pierdan toda esperanza de que esto vaya a cambiar. La inexistencia de una Oficina parlamentaria permanente para vigilar el gasto público, la guerra incivil que vive la política española a escala nacional, el hecho de que el sistema de partidos esté siempre en modo electoral, la ausencia de instituciones capaces de realizar estudios analísticos de la política presupuestaria no en términos cuantitativo, sino también cualitativos (la Airef lo está empezando a hacer) impiden conocer la eficiencia del gasto público o, incluso, determinar si el sistema fiscal es el más adecuado para financiar lo que se propone para no comenzar a construir la casa por el tejado.

Sin embargo, todavía hay una oportunidad. Los presupuestos del 2022, que la siguiente semana entrarán en el parlamento, son excepcionales por muchas razones. Primero, porque muy probablemente serán los últimos de esta legislatura. Lo que más le gustaría a Sánchez es que Unidas Podemos abandonara el bloque de la mayoría para dejar a Yolanda Díaz a la intemperie por falta de visibilidad, y por eso no se romperá el Gobierno. Tampoco Sánchez quiere aparecer como culpable de la ruptura, y por eso unos y otros se aguantan. Aun así, parece más que probable que en algún momento de 2022 el camino de la coalición de gobierno tenderá a bifurcarse. Y en segundo lugar, porque parece claro que serán los últimos presupuestos plenamente expansivos en mucho tiempo. No solo por la llegada de los fondos europeos, sino porque en toda Europa —en la derecha y en la izquierda— existe la coincidencia de que no es el momento de introducir ajustes, como lo demuestra el hecho de que las reglas fiscales seguirán suspendidas en 2022. Tampoco el BCE tiene intención de reducir de forma relevante sus estímulos monetarios.

Es por eso por lo que un buen análisis de las políticas públicas, tanto desde el lado de los gastos como desde la vertiente de los ingresos, puede ayudar a suavizar los ajustes que a partir de 2023, sí o sí, tendrá que hacer la economía española. La experiencia ha demostrado que es más eficaz hacer las reformas progresistas, no reaccionarias como a veces Casado propone, cuando la economía se encuentra en una fase expansiva que hacerlas a machamartillo en un contexto de bajo o nulo crecimiento. No solo porque se convierten en procíclicas, es decir, ahondan la crisis, sino, sobre todo, porque hacerlas cuando la economía va bien favorece los acuerdos políticos. Con las calles levantadas ningún partido tiene incentivos para tomar decisiones difíciles. El PP lo sabe bien por su estrategia durante la anterior crisis económica.

Un error histórico
Y este es, precisamente, el problema. Los presupuestos se presentan como una gran envolvente financiera, como una mera acumulación de gasto público, pero siguen sin identificar una estrategia de país a largo plazo. En particular, en materias como la industria (se confunde dar subvenciones con una política industrial) o la política de vivienda, convertida en una suerte de puja para ver quién da más por alquilar un piso o por poner suelo público a disposición de promotores privados sin que las plusvalías beneficien a la comunidad.

Probablemente, porque uno de los errores históricos ha sido confundir tomar medidas para resolver problemas concretos (bajar los impuestos de la electricidad o dar unos cientos de euros a los jóvenes para que lo gasten en cultura) con hacer política energética o política cultural. Muchas medidas no hacen política, simplemente la hacen más discrecional y arbitraria. Introduciendo, además, una enorme incoherencia e inconsistencia fiscal.

Esto hace que los presupuestos —nada menos que 550.484 millones de euros en 2021— sean simplemente de naturaleza incremental. De lo que se trata es de decir a la opinión pública que se ha gastado más que el año anterior, con lo que pierden su enorme potencia transformadora. Para el Gobierno de turno es más fácil satisfacer las demandas de determinados colectivos con enorme capacidad de presión, ya sea el automóvil, la construcción, el turismo o el transporte, que hacer políticas estratégicas a largo plazo para reindustrializar el país, que es lo que está detrás de la despoblación y de los problemas colaterales que generan las migraciones interiores hacia lugares con mayores expectativas de empleo. Todos pastan del presupuesto, que decía Galdós.

Es decir, se aprueban sin definir qué especialidad productiva es a la que España puede aspirar en un mundo globalizado en el que la división del trabajo es la clave de bóveda del sistema económico. Y saldrán adelante, incluso, sin aclarar si el sistema público de prestaciones sociales se puede financiar con un sistema impositivo con serios problemas de credibilidad y manifiesta incapacidad para aumentar los recursos públicos porque muchas bases imponibles han sido agujereadas para satisfacer la presión de los lobbies. Una cosa es hacer política científica y de investigación y otra muy distinta es dar subvenciones a diestro y siniestro.

Pierdan la esperanza, más de lo mismo, aunque con mucho más dinero. Como ha dicho en alguna ocasión Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, las ayudas europeas solo serán un parche sin una política fiscal estratégica y reformista. Séneca lo advirtió hace mucho tiempo: Si no sabes hacia dónde se dirige tu barco, ningún viento te será propicio.

Viva21: Vox presenta Agenda para España
Abascal en Viva 21: Vox es la alternativa a Sánchez frente al «relevo» que sería el PP
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 10 Octubre 2021

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reivindicado este sábado como la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez porque su partido no quiere ser «simplemente» un «relevo» del socialismo, como lo serían otros, en alusión al PP, al que no ha nombrado.

Unas manifestaciones que ha realizado a los periodistas durante la fiesta «Viva 21», que Vox celebra durante todo el fin de semana en Madrid como un evento abierto a familias, con atracciones temáticas que representarán a cada una de las provincias, y que concluirá mañana con la presentación por parte de Santiago Abascal de «Agenda España».

«No queremos ser simplemente un relevo del socialismo, queremos presentar una alternativa. Unos dicen que quieren llegar a la Moncloa, pero no sabemos para qué quieren llegar», ha proclamado.

A su juicio, esos «prometen las mismas políticas y derogaciones que fueron imposible de llevar adelante con 200 escaños; ahora quieren que los españoles crean que van a hacerlo con 100».

Frente a ese «simplemente relevo» que sería el PP, su partido plantea una alternativa, que es la «Agenda España», cuyas propuestas presentará mañana en la segunda jornada de «Viva 21», ha añadido.

Y ha explicado que con esta fiesta Vox quiere convocar a los muchos españoles que «nos han hecho resistir» y «dar esperanza e ilusión a millones de personas en España» para que vean que es posible una alternativa.

Lo han querido hacer con un «gran abrazo» para reivindicar la unidad en la diversidad de España.

Porque, según ha indicado Abascal, a Vox «se le ha pretendido acusar de muchas cosas, entre ellas de partido uniformador», pero su partido es, a juicio de su líder, el que «está mas cerca de las tradiciones locales, de las peculiaridades».

«No nos hacen falta 17 parlamentos para amar a España de manera íntegra, tal y como es», ha enfatizado Abascal antes de adelantar que la «Agenda España» que presenta este domingo es una propuesta frente a las globalistas y separatistas y contraria al plan de Pedro Sánchez.

De este modo, ha resaltado que su agenda «es el plan del fortalecimiento de España, de la libertad, de la prosperidad de los españoles... En definitiva, el del sentido común en el que se identifica una mayoría de la sociedad»


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Sánchez se hace franquista y chavista a la vez
EDUARDO INDA. okdiario 10 Octubre 2021

Corría 1964, España se encontraba en el umbral del desarrollismo y a Franco no se le ocurrió mejor idea que parir una Ley de Arrendamientos Urbanos que dejaba literalmente en pelotas a los propietarios de viviendas. Nacía la renta antigua que impedía echar de por vida a unos inquilinos que, además de todos los ademases, observaban encantados de la vida cómo no se les podía atornillar el alquiler más allá de lo que marcaba el Índice de Precios al Consumo (IPC). En consecuencia, los arrendatarios se convertían en los propietarios de facto del inmueble, ya que no sólo podían seguir empotrados a precios de risa hasta que espichasen sino que, además, gozaban del derecho a dos subrogaciones: hijos y nietos.

Gracias al nuevo ídolo de Pedro Sánchez, el dictador naturalmente, los dueños experimentaban la misma sensación que el que tiene un tío en América, que ni es tío ni es nada. Es más, poseer un piso sometido a la renta antigua era ruinoso, ya que te tenías que hacer cargo de los gastos de mantenimiento y de comunidad. Ruina sobre ruina porque las más de las veces la suma de estos dos conceptos representaba más importe del que te abonaba el morador. Vamos, que palmabas pasta.

Miguel Boyer acabó con este sinsentido en 1985 derogando la renta antigua. Millones de propietarios respiraron aliviados y el mercado inmobiliario comenzó a situarse por fin en niveles próximos a lo que era habitual en el resto de Europa. La medida del celebérrimo ministro de Economía socialista, por aquellos tiempos más famoso por su relación con Isabel Preysler que por su gestión política, acabó también con la picaresca: muchos inquilinos que se mudaban a una casa en propiedad porque les había ido bien en la vida, y por tanto, no la ocupaban realmente, fingían seguir viviendo en ella pero en realidad la disfrutaban sus hijos. Hasta se dieron casos en los que se falsificaron certificados de defunción para que el inmueble pasase a los descendientes. Basta con echar un vistazo a periódicos de la época para atestiguar que no exagero.

Pedro Sánchez, que sigue siendo el mismo tío de derechas de toda la vida por mucho que ahora vaya de progre, ha optado por el modelo franquista para acabar con la inaccesibilidad de los más jóvenes a una vivienda digna por un precio razonable. Y lo ha hecho imitando al dictador a instancias, cosas veredes, de Podemos: se penalizará fiscalmente a los dueños de menos de 10 casas que se nieguen a congelar los alquileres y directamente se obligará a bajarlos a los que posean más de 10. ¡Ah! y se disparará el IBI un 150% a quienes mantengan pisos vacíos siempre y cuando, eso sí, tengan en propiedad más de cuatro.

Primera consecuencia: ni su padre va a invertir un euro en inmobiliario. Segunda: se irá a tomar viento un sector que proverbialmente ha sido uno de los grandes motores económicos de un país, el nuestro, que carece de un tejido industrial potente. Tercero: volverá el dinero negro a este mundillo porque siempre habrá quienes pongan como condición sine qua non para alquilar que le pagues hasta el límite en A y el resto en crudo. Cuarto: el experimento acabará igual que en París y en Berlín, como el rosario de la aurora. En la capital federal alemana la oferta oficial de alquiler se ha desplomado un 60%, la gente prefiere no arrendar su propiedad porque no les renta al llevarse todo o casi todo el coste de mantenimiento y los impuestos o hacerlo por detrás, en billetes. Quinto: el aviso que lanzamos al resto del mundo es que en España la seguridad jurídica es papel mojado, una filfa, un cuento chino. Un drama, en resumidas cuentas, que provocará la consiguiente fuga de capitales. Tiempo al tiempo.

Esta chusma comunista que nos gobierna, lo de socialcomunista es ya un recuerdo del pasado, va a por todas dejando reducida a la condición de aprendices a esos viejos jerarcas de la URSS que prohibían el libre mercado, salvo naturalmente para ellos que sí gozaban de productos de lujo de todo tipo traídos de estraperlo de Occidente. Ese peligro público que es la ministra de Derechos Sociales, mi paisana Ione Belarra, una batasunilla incrustada en Podemos, dejó entrever el miércoles que estamos más cerca de la Revolución de 1917 en Rusia que de la Europa posmoderna de 2021: “El 30% de las promociones se destinará a vivienda pública”. Cuando el cómplice periodista de la Ser le preguntó si eso significaba, por ejemplo, que si se edificaba una promoción “en Sotogrande”, urbanización de lujo por antonomasia, tres de cada 10 pisos o chalés deberán ser de protección oficial, lo que toda la vida de dios se ha dado en llamar VPO, la respuesta no se hizo esperar: “Por supuesto”.

Eso significa, si los planes de estos locos resentidos salen adelante, que alguien que invierta 500.000 euros en una vivienda, un millón, 2 ó 3, tendrá que resignarse a tener en el piso de abajo o en el de enfrente a un muchacho que llegó a nuestra tierra como mena y al que la Administración protege con el mismo celo con el que castiga a los españoles. O a gente de malvivir que abandonó el poblado chabolista en el que no pasaban precisamente hambre porque traficaban con drogas. Ya se sabe que la tontuna burocrática en el por otra parte siempre necesario mercado de vivienda pública beneficia muchas de las veces a millonarios que viven en B y carecen de ingresos en A. Sea como fuere, el parón que esto va a provocar en la construcción y promoción puede ser la puntilla que le faltaba a una economía que está peor de lo que nos cuentan por mucho que falseen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A más, a más, conviene no olvidar que el español es desgraciadamente clasista y no le gusta convivir con los que tienen menos que él. Lo cual provocará, insisto, que no se haga una puñetera promoción nueva.

Sánchez es Franco pero también Chávez. Ya se sabe que los extremos se tocan. Ahora se dedica a comprar votos como si no hubiera un mañana, una de las peores prácticas que puede acometer un político. Empleará 200 millones de nuestros impuestos para adquirir el sufragio, o al menos intentarlo, de los 454.000 chicos y chicas que nacieron en 2004 y a los que entregará un cheque de 400 euros para actividades culturales. En este elenco se incluyen los libros, el teatro, los museos, en definitiva, la cultura de verdad, pero también esos videojuegos que dejan turulatos a nuestros hijos. Otra de las incógnitas es si se incluirán en el chequevoto esos toros que van camino de abolirse a tenor de lo que recoge esa otra animalada que constituye la Ley de Protección Animal que dejará de otorgar la condición de peligrosas a razas tan pacíficas como los rottweiler o los pitbull. Dijeron que “sí”, luego que “no”, más tarde que “tal vez” y parece que finalmente será “no”. Si Goya, Picasso, Ortega y Lorca resucitasen corrían a gorrazos a esta chusma por incultos.

La lista de la compra de Sánchez no termina ahí, ya que promete otro chequevoto de 250 euros mensuales a millones de jóvenes para lograr la ansiada emancipación con una vivienda de alquiler. Con esta medida podría lograr comprar el sufragio de millones de españoles, teniendo en cuenta que la franja de edad va de los 18 a los 35 años y que para poderlo percibir tan sólo es necesario acreditar unos ingresos brutos inferiores a los 23.752 euros anuales. Un universo gigantesco teniendo en cuenta, además, que la economía sumergida supera el 20% en España. Esta broma nos costará miles y miles de millones de euros, no los 400 kilos al año de los que habla este pinochesco Ejecutivo. Ocurrirá como con el cheque bebé de Zapatero, que fue el inicio de una carrera por el despilfarro de dinero público que nos condujo a la intervención por parte de Bruselas, Fráncfort y Berlín, a un default del que aún no nos hemos recuperado y a una crisis mayor que la de nuestros socios comunitarios en términos relativos y, lo que es peor, también absolutos.

Lo de comprar votos nos retrotrae a esa España caciquil de Romanones en la que los ricos de los pueblos pagaban a la gran masa por el color de las papeletas que introducía en las urnas. Obviamente, siempre ganaban los mismos. Es un remedo de ese Plan de Empleo Rural (PER) y de esos EREs que no eran sino un acto de robo de dinero público para garantizarse la reelección mediante políticas asquerosamente clientelares. Algo parecido a lo que sucedió en esa Venezuela del narcodictador Hugo Chávez, que empleó buena parte del dineral que ingresaba el país cuando el petróleo estaba a 150 dólares para tener a sueldo el sentido del sufragio activo de los 10 millones de ciudadanos más pobres de la nación. Sobra decir que el ladrón y asesino venezolano ganó elección tras elección con este método, aderezado por otro más sucio si cabe, que consistía en meter papeletas del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) en las urnas como si no hubiera un mañana. Lo que por estos lares se conoce como pucherazo.

Sánchez, que va camino de convertirse en un autócrata modelo Putin o versión Erdogan, nos arruinará con esta ley del alquiler y con los chequevotos. Que se preparen promotores, constructores, capataces, obreros y demás actores del entorno inmobiliario porque la bofetada será de aúpa. Qué tiempos aquellos en los que socialistas sensatos y honrados como Joaquín Leguina construían decenas de miles de viviendas sociales generando un círculo virtuoso que hacía crecer la economía, daba trabajo a las empresas y sacaba del paro a cientos de miles de personas. En lugar de renovar ese modelo, el presidente del Gobierno ha optado por la política clientelar, tan poco efectiva como tremendamente efectista. Seguramente recuperará cientos de miles o millones de apoyos en las urnas, pero perderá para siempre el respeto de la gente seria por cacique y por derrochador. Al final, ocurrirá lo de siempre, lo que ya vivimos con Zapatero, que vendrán los hombres de negro a poner orden en nuestras cuentas con una terrorífica a la par que acelerada cura de adelgazamiento. La historia de siempre cuando gobiernan los socialistas, perdón, los comunistas, porque ahora ya está claro quién manda en el Gobierno. Vuelve Franco, resucita Chávez y se vuelve a poner de moda ese Romanones que creíamos definitivamente superado. No sé si volvemos a la España de 1964, a la de 1915 o a la tercermundista Venezuela de nuestro tiempo, pero la cosa pinta mal ética y económicamente. Muy mal.

Franquista como insulto
Nota del Editor 10 Octubre 2021

Cada segundo que sufrimos bajo la bota del comunismo, separatismo, indpendentismo, se engrandece mas la figura de Franco. El señor bajito del bigote nos libró durante muchos años de estos miserables que siguen empeñados en ganar la guerra que causaron y perdieron.

Inmersión lingüística
La Ley de Educación de Armengol vulnera las sentencias del Supremo y el Constitucional al imponer el catalán
Miquel Ángel Font. okdiario 10 Octubre 2021

La Ley de Educación de Baleares que ahora ha iniciado su tramitación parlamentaria contradice diversas sentencias judiciales que se han producido en Cataluña por dejar el español como residual y practicar la inmersión lingüística en catalán. También es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional. La ley balear que ha presentado el Govern del pacto de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol, salvo cambios durante su debate en el Parlament, posibilita que el 100% de las materias se impartan en catalán.

En diciembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una histórica sentencia en la que obligaba a todas las escuelas públicas de la comunidad a dar un 25% de las asignaturas en castellano. Esta resolución todavía no se ha aplicado. En marzo del presente año emitió otra sentencia en la que en base al mismo criterio tumbaba dos proyectos lingüísticos de dos colegios que solo contemplaban el catalán como lengua vehicular.

Aparte está la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que obliga a contemplar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en una proporción razonable.

Antes de todos esto está la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que marca la obligatoriedad de que las administraciones donde existe otra lengua oficial al margen del castellano garanticen que éste sea lengua vehicular en la enseñanza. Por esta sentencia se declaró inconstitucional buena parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la misma se decía que “el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

La Ley de Educación de Baleares aprobada por el Consell de Govern el pasado mes de mayo blinda la enseñanza en catalán y relega el castellano a un segundo plano. El PSOE es consciente de que esta ley puede ser tumbada por la Justicia y por ello ha intentado introducir una enmienda a su propio proyecto con la finalidad de dar más presencia al español en la enseñanza. Sin embargo, la formación soberanista Més, socia del PSOE en Govern, ha rechazado de forma rotunda la enmienda que de momento no figura en el texto que ahora está tramitando el Parlament.

El primer proyecto de Ley de Educación presentado por la Conselleria de Educación, en manos del PSOE, equiparaba el catalán al castellano, algo que indignó a los socios soberanistas de Més en el Ejecutivo. La Conselleria de Educación que preside Martí March tuvo que rectificar. Modificó la ley e introdujo nuevos artículos para reforzar la imposición del catalán en la educación.

La Ley Balear de Educación se apoya en la Ley Celaá, la Lomloe, que tras aceptar una enmienda de PSOE, ERC y Podemos, quitó el español como lengua vehicular en la enseñanza. En el texto que ahora tramita el Parlament, el castellano desaparece como lengua vehicular, una categoría que sólo se le concede al catalán. Se afirma en el proyecto de ley que el catalán es la lengua vertebradora de la enseñanza. El castellano queda como lengua de enseñanza y aprendizaje, lo mismo que el inglés.

En otro artículo, el 133, se especifica que “se debe garantizar el uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística”.

Voz acudirá al Constitucional
De esa forma se eleva a categoría de ley el denominado Decreto de Mínimos ahora en vigor y que obliga a dar al menos el 50% de las horas lectivas en catalán. Pero no sólo esto. La nueva ley, también por exigencia de la formación soberanista, facilita que el 100% de la enseñanza sea en catalán. “Los centros educativos, para que la lengua catalana propia de las Islas Baleares mantenga la función de referencia y de cohesión social, pueden implementar estrategias educativas de inmersión lingüística”, dice el proyecto de ley. En definitiva, que los centros escolares pueden impartir el 100% de las asignaturas en catalán y relegar el español.

Vox, de momento, es el único partido que ha presentado una enmienda a la totalidad a la nueva Ley de Educación de Baleares al tiempo que ha confirmado la interposición de una denuncia ante el Tribunal Constitucional en el caso de que se apruebe. Así lo ha confirmado este misma semana la diputada Idoia Ribas del Grupo de Vox en el Parlamento de las Islas Baleares. La diputada ha señalado que se trata de una ley «en la que no hay nada que pueda salvarse. Es una aberración tanto en a nivel educativo como de libertades lingüísticas».

Para Ribas «esta ley acaba con el esfuerzo y la excelencia, premia la mediocridad». Ha insistido en que «blinda por ley la imposición del catalán en la Educación. Ya no será un decreto como hizo el Partido Popular, la inmersión lingüística vendrá impuesta por ley y se continuará vulnerando el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en una de las lenguas oficiales de la Comunidad».

 


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