AGLI Recortes de Prensa   Sábado 16  Octubre  2021

Un sinsentido de Estado
EDITORIAL. https://gaceta.es  16 Octubre 2021

A estas alturas de la legislatura, sólo un español que viva enchufado o con paguita puede defender que el socialismo de corte sanchista, heredero predilecto del zapaterismo, no es un enemigo de esa inmensa mayoría de ciudadanos normales que sólo quieren vivir, prosperar y cuidar de su familia sin imposiciones ideológicas. No hace falta escribir, de nuevo, la lista ya interminable de hechos que confirman que el PSOE de Sánchez sólo es una banda de incompetentes ideologizados que gobierna en compañía de enemigos de la nación. Y a una banda de incompetentes se la combate, no se la legitima. Por eso, no acabamos de explicarnos cómo es posible que el Partido Popular haya pactado un acuerdo de renovación de una serie de instituciones esenciales que no sólo arbitran, sino que se han demostrado como una parte vital de los instrumentos defensivos de la nación española.

Es cierto que la Historia reciente nos advierte con decenas de ejemplos de esa desgraciada inclinación del Partido Popular a recorrer el camino de la oposición de seda en guante de tafetán con abandono de los principios y valores de la mayoría de sus votantes. La confianza de los arriolistas —que por lo que parece jamás se marcharon del PP— en que los españoles renovarán su confianza en sus méritos como mero partido de gestión de la cosa pública es un sinsentido de Estado que ha logrado desplazar el centro político hacia la izquierda con las consecuencias nefastas que hoy ve hasta un niño de secundaria cuando, por ejemplo, le señalan con dinero público como un machista represor por el hecho de ser varón.

En más ocasiones de las que nos hubiera gustado, hemos mostrado desde este periódico los indicios sólidos de que el PP de su actual líder, Pablo Casado, fía su llegada a La Moncloa a la supervivencia del bipartidismo. Es decir, a la supervivencia de los dos partidos hegemónicos con desprecio de la primacía del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles y de su seguridad. O sea: de los principios que el sanchismo dinamita día tras día con obstinada estupidez.

Pactar con el socialismo es un error documentado en los países hermanos de la Iberosfera. Jamás sale bien. Por mencionar sólo algunos contemporáneos, el todavía líder del Partido Popular debería probar a hablar con el chileno Sebastián Piñera, hundido en las encuestas, el argentino Mauricio Macri, sometido al kirchnerismo, o con Jeanine Áñez, si es que logra comunicarse con la prisión donde el socialismo del menorero Evo Morales tiene presa a la expresidente boliviana.

Las opiniones son libres, pero los hechos son tozudos. Sólo cabe el combate contra el inútil y pernicioso socialismo. Que el centro-centradismo en el que chapotea feliz y despreocupado el actual secretario general del PP, Teodoro Garcia Egea, pacte con el socialismo desde una posición de debilidad y sumisión la renovación de instituciones claves como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, sólo puede ser una mala operación en la que los populares tienen poco que ganar y España, mucho que perder.

Los PGE, una tomadura de pelo
EDITORIAL. Libertad Digital 16 Octubre 2021

Mientras el asfixiado sector privado se ahoga, PSOE y Podemos siguen cebando el clientelismo del siglo XXI.

El Gobierno ha pergeñado los Presupuestos más populistas y fantasiosos de la democracia. En las centenares de páginas en las que se desmenuzan resulta casi imposible encontrar una cifra creíble; salvo las del gasto público: adictos al despilfarro, los social-comunistas piensan dilapidar nada menos que 458.970 millones de euros... y lo harán al más puro estilo peronista.

Siguiendo al pie de la letra el modelo kirchnerista, PSOE y Podemos no escatimarán en gastos a la hora de premiar a sus amigos y acogotar a los enemigos. Usarán el dinero del contribuyente para comprar el apoyo de los golpistas catalanes dando a Cataluña el doble de fondos para inversiones públicas que a Madrid. Ignorando por completo el interés general –y los ratios de PIB/población–, Cataluña recibirá 2.431 millones, más del doble que Madrid (apenas 1.151 millones), que recibe incluso menos que el año pasado.

El cheque cultural y el del alquiler, con los que pretenden comprar el voto juvenil, también forman parte de este escándalo. El gran objetivo de estas subvenciones insensatas es que los social-comunistas sigan extendiendo sus redes clientelares. Las pensiones, las prestaciones por desempleo, el sueldo de los funcionarios y el pago de los intereses de la deuda ya suponen el 52,96% del gasto total. La estrategia social-comunista pasa por seguir aumentando su peso año a año, por ejemplo, con una nueva subida del sueldo a los funcionarios o con la revalorización de las pensiones al paso de la subida del IPC. Así, mientras el asfixiado sector privado se ahoga, PSOE y Podemos siguen cebando el clientelismo del siglo XXI.

El Ejecutivo ha armado las cuentas de 2022 bajo la delirante premisa de que la economía española va a crecer un 6,5%, ignorando por completo las más recientes evaluaciones del INE y el FMI. Que siga obcecado en mantener ese desfasado cuadro macro no es más que otra prueba de la falta de credibilidad de estos Presupuestos.

Por el lado de los ingresos, las cuentas de la lechera del Gobierno no hay por dónde cogerlas. Hacienda dice que la recaudación será maravillosa en todos los impuestos. A pesar de la crisis energética, de la ralentización del crecimiento y de la inflación galopante, el Ejecutivo se atreve a afirmar que los ingresos tributarios alcanzarán la insólita cifra de 232.352 millones en 2022. Y no es que el Gobierno no vaya a esquilmar cuanto pueda a empresas, trabajadores, autónomos y ahorradores con nuevas subidas de impuestos, que también, sino que la economía nacional está tan agotada que no hay cómo saquearla de esa forma.

La burda treta de las cuentas del Gobierno consiste en inflar los ingresos para justificar los gastos. Otra cifra sobreestimada es la que asegura que el déficit bajará el año viene hasta el 5%. Aunque para María Jesús Montero es motivo de orgullo dejar al Estado con un agujero equivalente de 66.000 millones, ni siquiera eso logrará. Y no es que sus cuentas estén plagadas de un optimismo exacerbado, no. Es que son una auténtica tomadura de pelo.

Un Gobierno mendaz
Amando de Miguel. Libertad Digital 16 Octubre 2021

El Gobierno triangular (socialistas, comunistas e independentistas) que rige nuestros destinos está empeñado en que hemos salido de la crisis económica y entrado en la recuperación. Los más finos dicen "resiliencia". Para ocultar el embrollo, los gobernantes no dudan en manipular las estadísticas. Ya lo hicieron con el número de fallecidos a causa de la pandemia del virus chino. Ahora hemos sabido que el Ministerio de Sanidad ni siquiera secuenció los virus de las víctimas. Eso sí que es desidia estadística.

El Gobierno trata de convencernos de que la tasa de inflación de los precios entra en el campo de lo razonable o esperado. Sin embargo, ese índice no hace más que crecer día por día. Lo cual significa un empobrecimiento de la capacidad adquisitiva de la gente, más aún de la humilde (ahora se dice "vulnerable"). Los precios de la energía siguen ascendiendo de forma inexorable, lo que acabará repercutiendo en el tráfico de mercancías, esto es, en la economía toda. La combinación de la tendencia inflacionaria de los precios con el parón de muchas empresas resulta difícil de superar.

El Gobierno hace ver que controla los botellones masivos, la contribución española a la civilización del ocio. Simplemente, lo único que asegura es que siguen siendo ilegales. Pero se trata de una ilegalidad tolerada, como tantas otras.

El Gobierno hace oídos sordos a otra ilegalidad: la de la invasión de inmigrantes, explotados por las mafias de sus países de origen. Todo lo más que hacen las autoridades españolas es etiquetarlos con nombres presentables, como "migrantes" o "menas" (menores no acompañados). A diferencia de otras corrientes migratorias internacionales, esta de los ilegales no supone tanto un aumento de la población ocupada como de la población susceptible de recibir ayudas benéficas. Es decir, engrosa la clientela del Estado del Bienestar. Encima, los ilegales nutren la delincuencia, un hecho que oficialmente no se quiere reconocer. Es tan inexorable como la ley de la gravedad.

El ejercicio de la mendacidad del Gobierno se proyecta sobre otros muchos asuntos. Véase, por ejemplo, el desastre del volcán de La Palma. Después de más de dos semanas de erupción intensa y continuada de materiales tóxicos, el Gobierno ha seguido diciendo que la calidad del aire en La Palma es buena o no demasiado preocupante. Al mismo tiempo, aconseja a la población que tome todo tipo de precauciones para evitar un posible daño a su salud. No es baladí, la corriente de lava se ha tragado más de un millar de edificios, más los correspondientes huertos, invernaderos y cultivos. A la hora de redactar estas líneas, el volcán sigue escupiendo lava y gases tóxicos. ¿A qué espera el Gobierno para evacuar a otra isla una parte sustancial de la población de La Palma? Ni siquiera se asegura la continuidad de las costosas instalaciones de la observación astronómica. Es algo que no se comenta, como si fuera un secreto militar.

El Gobierno reitera que las próximas elecciones generales no están próximas; hay que esperar un par de años. Naturalmente, resulta imposible establecer la verdad sobre un hecho futuro. Sin embargo, todo hace pensar que los comicios van a tener que convocarse antes de un año. El estallido de la hecatombe económica obligará a replantear la gobernación del país. Lo malo es que el sistema de partidos es tan heterogéneo que no es posible una mayoría absoluta de votos para ninguna formación política.

El Gobierno actual es una conjunción triangular, como queda dicho. El conglomerado de socialistas, comunistas (al estilo latinoamericano) y secesionistas está condenado a no entenderse; es radicalmente autodestructivo. La oposición aparece, igualmente, dividida en tres partidos principales, cuyos dirigentes no se pueden ver entre ellos. Ganará quien demuestre más empeño en aunar voluntades y en atender al interés general de la nación. Se dice pronto, pero es una tarea dificilísima; ahora se dice "muy complicada". En realidad es muy simple, aunque muy costosa.

Decadencia institucional y reparto de cromos
Elisa de la Nuez. cronicaglobal 16 Octubre 2021

Suenan las campanas mediáticas porque el PP y el PSOE (o para ser más exactos, Pedro Sánchez y Pablo Casado) se han puesto de acuerdo para renovar una serie de órganos constitucionales. Al mismo tiempo, empiezan a sonar con fuerza las quinielas de los agraciados, normalmente juristas más conocidos por su afinidad con los partidos políticos en cuestión que por su trayectoria profesional. Nada nuevo bajo el sol, salvo la desfachatez con que se nos informa desde cuentas oficiales y medios de comunicación que por fin se va a cumplir con el mandato constitucional. Por eso conviene recordar, por ejemplo, qué es lo que dice exactamente la Constitución acerca de, por ejemplo, los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero antes debemos aclarar que el Constitucional, pese a su nombre (como el Tribunal de Cuentas) no forma parte del Poder Judicial.

Es una institución de las llamadas de contrapeso, puesto que su función principal es velar por la constitucionalidad de las leyes que salen del Parlamento –porque puede ocurrir que nuestros representantes, vaya por Dios, aprueben leyes anticonstitucionales, como bien saben los lectores catalanes— y por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, vela por el cumplimiento de la Constitución y para conseguir este objetivo tendrá que enfrentarse a los poderes públicos a los que sus decisiones no les van a hacer mucha gracia si les desautorizan y les pueden suponer un coste político. Se trata, por definición, de una institución que puede resultar incómoda para el poder, y de ahí que sea una pieza esencial en una democracia liberal representativa. No es casualidad que en democracias iliberales como la polaca sea esencial el control del Tribunal Constitucional por el partido político que gobierna (en su caso, el ultraconservador Ley y Justicia) que, como hemos visto recientemente, va dando sus frutos con la reciente sentencia en que se cuestiona la primacía del Derecho comunitario europeo sobre el nacional.

Lo mismo, en el ámbito de la fiscalización del gasto público, cabe decir del Tribunal de Cuentas y en mucha menor medida del Defensor del Pueblo, institución muy descafeinada ya que su labor de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos se limita a tramitar sus quejas y supervisar la labor de la Administración Pública con muy escasa trascendencia práctica. No es de extrañar que los ciudadanos no sepamos muy bien quién es el Defensor del Pueblo ni para qué sirve exactamente y que quien ostenta el cargo (Francisco Fernández Marugán) esté en funciones nada menos que desde 2017, cuando cesó el mandato de la titular anterior (Soledad Becerril).

Pues bien, lo que la Constitución dice es que para que el Rey nombre a los 12 miembros del Tribunal Constitucional se exigen unas amplias mayorías: cuatro son nombrados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los candidatos deben de ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Además, son designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres con la evidente intención de desvincular su renovación de los ciclos electorales. Como se desprende de lo anterior, la idea no era que se reunieran los líderes de los dos principales partidos, prescindiendo del Congreso, el Senado, el Gobierno y el CGPJ y se intercambiaran unos cuantos cromos, teniendo en cuenta además las otras instituciones a renovar para que la cosa dé más juego. Tampoco estaba previsto que los partidos jugaran con los plazos de renovación para adecuarlos a los ciclos electorales (de ahí que tarden tanto tiempo en hacerlo; el partido beneficiado en el anterior ciclo suele hacerse el remolón cuando el nuevo ciclo no le favorece). Ni mucho menos que los cromos a intercambiar ya no fueran solo los de una institución, sino que se metieran varias en el saco: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo y si me apuran alguna más que ande por ahí vacante. Así, dados los apoyos que necesita el Gobierno central por parte de los independentistas los cromos del Tribunal de Cuentas le pueden resultar particularmente interesantes y está claro que el PP no va a soltar fácilmente el Consejo General del Poder Judicial con la poderosa excusa de su despolitización previa, lógica que sin embargo no aplica en absoluto a las demás instituciones.

Con esta forma de proceder no hay que insistir en que no es nada probable que se elijan --como pretendía el legislador constituyente y ocurrió al principio de la Transición— a los mejores juristas y a los más independientes. Lo que ha venido pasando estos años, y seguirá pasando cada vez más, es que los cromos elegidos son cada vez menos juristas y más políticos o, dicho de otra manera, juristas que llevan muchos años jugando a la política de partido y cuya imparcialidad, por no hablar de otros méritos profesionales, suele ser más que dudosa. Entre otras cosas porque el procedimiento de selección no puede ser más humillante, dado que todo funciona a nivel de pasillo y de intercambio de favores. Es más que dudoso que un jurista con prestigio de verdad como tal se preste a este chalaneo, para qué nos vamos a engañar. Lo siguiente es etiquetar a los elegidos como al ganado: conservadores o progresistas, aunque más bien deberíamos decir del PSOE o del PP ya que son estos los partidos que se reparten los cromos, aunque de vez en cuando suelten alguna migaja a otros. Que lo siguiente sea el desprestigio de la institución y el cuestionamiento de todas sus decisiones no debería extrañar a nadie sensato. Ya está pasando a la vista, ciencia y paciencia de todos.

Así que no: no deberíamos alegrarnos de esta triste deriva institucional que nos va situando, nos guste o no, a la altura de democracias como la polaca. Y luego se sorprenderán nuestros partidos de la desafección ciudadana y de la falta de confianza en las instituciones. El último eurobarómetro muestra que solo el 7% de los españoles confía en los partidos políticos, muy por debajo de la media europea, que ya es baja. Pero ellos, a lo suyo.

El Gobierno pretende que Madrid se convierta en un polvorín
OKDIARIO  16 Octubre 2021

Después de permitir hace semanas una marcha nazi -pese a que fue advertida por la Policía de que podrían producirse graves incidentes- para tratar de endosar a la derecha la falacia esa del discurso del odio, la delegada del Gobierno en Madrid permite ahora que colectivos y plataformas de extrema izquierda vuelvan este sábado a las calles de Madrid para exigir la puesta en libertad del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecer a ETA, así como de otros «presos políticos». De nuevo, la Policía ha advertido de la «alta probabilidad de confontración y disturbios», algo que no parece preocupar a Mercedes González, cuyo empeño en no prohibir la marcha da la sensación de que busca que la violencia se desate en Madrid para tratar de sacar rentabilidad política del clima de tensión.

Las calles adyacentes a la céntrica plaza de Atocha de Madrid corren peligro de convertirse este sábado, de nuevo, en un campo de batalla entre miembros de la extrema izquierda y los antidisturbios de la Policía, pero la Delegada del Gobierno ha hecho oídos sordos a las advertencias policiales. Resulta absolutamente inconcebible -tanto como resultó que no se prohibiera la manifestación nazi- que se permita que grupos de radicales con un largo historial de violencia callejera -puro terrorismo urbano- puedan campar libremente a sus anchas. ¿Qué busca la Delegada del Gobierno? ¿Qué Madrid se convierta en un polvorín para echarle la culpa a Ayuso y Almeida?

Parece que la estrategia socialcomunista es lograr que Madrid se convierta en un foco de tensión permanente para endosarle la responsabilidad a la «extrema derecha»que en su opinión representa la presidenta madrileña. Como Madrid funciona, el objetivo es que la violencia se extienda por las calles para que la izquierda política pesque en río revuelto. Mercedes González -o sea, el Gobierno socialcomunista- será responsable de lo que este fin de semana pueda ocurrir en Madrid.

VOX desmonta el sectarismo histórico de la izquierda: ‘La radicalización del PSOE fue la causa principal de la Guerra Civil’

EL DIPUTADO FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS RECUERDA A LAS MÁRTIRES DE SOMIEDO
https://gaceta.es 16 Octubre 2021

El diputado de VOX Francisco José Contreras ha desmontado el sectarismo de la izquierda con la memoria histórica y ha asegurado que el nuevo proyecto de ley del Ejecutivo socialcomunista suprime en la practica la libertad de asociación, la libertad religiosa [ya que «abre la puerta a la expulsión de Los Benedictinos del Valle de los Caídos]», la libertad de reunión, la libertad de catedra, la libertad de expresión… «y establece cauces para un constante para un adoctrinamiento histórico de la sociedad».

«Fijar por decreto una interpretación partidaria de la historia, imponerla a toda la sociedad usando los instrumentos coercitivos del Estados es propio de déspotas, en los países libres el poder política no se arroga la omnisciencia histórica», ha denunciado Contreras en su intervención en el Congreso durante el debate de las enmiendas de totalidad de un proyecto de ley que amplía la ley vigente desde 2007, aprobaba bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y mantenida por el PP.

Así, ha recordado afirmaciones de Largo Caballero, líder del PSOE, en las que llamaba a la revolución. «La radicalización del Partido Socialista fue la causa principal de la Guerra Civil, y tendría que pedir perdón por ello», ha declarado, al tiempo que ha aseverado que si el Frente Popular hubiera ganado la Guerra el resultado no habría sido una democracia, sino un régimen soviético».

Además, señaló que los más insoportable de esta ley es «la jerarquización de los muertos». «Se podrá honrar a García Loca, pero a Ramiro de Maeztu; se podrá honrar a los fusilados por Yagüe, pero no a las 60.000 personas fusiladas en zona republicana simplemente por ser de derechas o católicas (…). No se podrá honrar a las enfermeras de Somiedo (Asturias), tres enfermeras voluntarias falangistas arrestadas por los milicianos, torturadas y violadas durante toda una noche y fusiladas al amanecer».

dictadura lingüística
El Ayuntamiento de Palma paga clases de catalán a los directivos de la compañía municipal de limpieza
Indalecio Ribelles. okdiario 16 Octubre 2021

El Ayuntamiento de Palma está pagando con dinero público las clases de catalán a los directivos de la empresa municipal de aguas y limpieza, Emaya. El precio de las sesiones ronda los 38 euros la hora y hay ya presupuestada una partida de 5.000 euros en esta compañía municipal para este fin.

La entidad justifica la contratación de docentes para estas clases de catalán por la incorporación en julio de 2020 de nuevo personal directivo, cuya procedencia es de fuera de las Islas, no tiene conocimiento de este idioma “y se hace necesario que lo aprenda para realizar sus funciones”, según recoge el contrato de licitación.

Precisamente fue ese mes del pasado año, cuando esta sociedad presidida por el concejal socialista, Ramón Perpinyà, incorporó al actual gerente, Manuel José Menéndez Prieto. Un ingeniero de minas, licenciado por la Universidad de Oviedo, y que carecía de cualquier titulación en catalán. No hubo problema alguno para su incorporación, pese a que la acreditación oficial del dominio hablado y escrito en este idioma, es un requisito imprescindible desde 2015 para entrar a trabajar en esta compañía pública, y así, se les exige a barrenderos y resto de personal.

Están exentos de cumplir con esta disposición, aprobada la legislatura pasada por el tripartito de socialistas, nacionalistas y Unidas Podemos que gobierna el Ayuntamiento de Palma, directivos y altos cargos de confianza de la mayor empresa municipal, con 1.400 empleados y más de 120 millones de presupuesto.

Estas clases privadas de catalán para directivos de Emaya son individuales, siempre con la misma profesora, para no interrumpir el ritmo de aprendizaje del alumno y evitar así, según Emaya, la adaptación a otro profesor.

Entre docente y alumno se habrían creado “sinergias y dinámicas muy positivas”, apunta el documento de la compañía, “lo que favorece la adquisición de los conocimientos de una forma fluida y óptima”.

La disponibilidad de la formadora permite adaptarse totalmente a la agenda del participante, que es complicada debido a las características del puesto que ocupa.

La temporalización de las clases se adapta a la disponibilidad del personal directivo, con sesiones y horarios que podrán ser de mañana o de tarde, en función de las necesidades de Emaya.

De hecho las sesiones son a la carta, dado que la formación se lleva a cabo en las instalaciones de Emaya y el coste incluye el desplazamiento del docente a las mismas.

Se realizará el número de sesiones que se considere necesario para alcanzar el nivel del idioma del destinatario de la formación de acuerdo con los objetivos marcados, sin establecer un número mínimo de sesiones y respetando el importe máximo que se determine en la adjudicación del contrato.

La formación se imparte, siempre que ha sido posible en estos años de pandemia, en modalidad presencial y con un marcado sentido práctico con simulaciones de situaciones que puedan ocurrir en el trabajo diario.

En teoría, a la finalización de las clases el directivo en cuestión, deberá ser capaz de resolver la mayor parte de situaciones comunicativas básicas y cotidianas, y producir y decodificar textos sobre temas que le son familiares, de interés personal o laboral.

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El PSOE y la violencia
Javier Somalo. Libertad Digital 16 Octubre 2021

Según El País en la Fiesta Nacional del 12 de Octubre sólo se abuchea tradicionalmente al PSOE y eso es intolerable. Debe de ser cosa de Madrid, que no se rinde, y de un sector muy ultra que, año tras año, se empeña en molestar a los presidentes socialistas. En esta última ocasión, año 2021, aplaudieron al Rey, abuchearon a Sánchez y de nuevo vitorearon a Ayuso. ¡Qué cosas!

Pero veamos cómo lo cuenta el diario dirigido por Pepa Bueno:
"La costumbre parece enquistada entre un sector minoritario de la población, sin que los líderes de las distintas ramas de la derecha en España sientan la obligación de pronunciarse. Los abucheos a los presidentes del Gobierno socialistas se han convertido en práctica tan rutinaria como suelen serlo en Cataluña los que se dirigen contra el jefe del Estado por parte de sectores muy excitados del independentismo.

(…) Rodríguez Zapatero padeció, de la misma manera, prácticas semejantes desde 2005. Solo a Mariano Rajoy lo ha eximido del vituperio ese sector del pueblo de Madrid. El disgusto expresado la tarde del martes por Margarita Robles [luego tuvo otros disgustos que le pillan a pie cambiado] pudo ser ampliamente compartido por la mayoría de los españoles.

El objeto del abucheo no pareció ser otro que el mismo impecable procedimiento democrático que hoy permite gobernar a la coalición de PSOE-Unidas Podemos y un día facultará a otro u otros partidos para hacer lo mismo: gobernar para todos".

Angels Barceló, que ahora presenta lo que antes presentaba Pepa Bueno, se lee el guion de El País y repite en la SER:
"Abucheos e insultos cuyo destinatario es siempre un presidente socialista. Empezó la lamentable tradición contra José Luis Rodríguez Zapatero. Se puso en pausa durante la presidencia de Mariano Rajoy y ha vuelto, con más fuerza, con Pedro Sánchez (…) La derecha y la ultraderecha quieren hacerse suyo el 12 de octubre. El resto son invitados incómodos a los que se puede insultar. Los abucheos no son a Sánchez, son a la democracia".

Así que la derecha española es como un paréntesis natural en esto de los abucheos, escraches y vituperios. Y un paréntesis en la democracia, claro. Cuando llega la derecha al poder se hace el silencio, se guardan las cacerolas, enmudecen los silbatos y nadie se queja porque la izquierda asume siempre los resultados electorales y espera pacientemente y sin alteraciones a las próximas elecciones. Es bien sencillo, aunque necesita tiempo y espacio, demostrar que las cosas no son así, por más que lo intenten Angels&Pepa.

Un año de violencia hasta el 11-M
Los años 2003 y 2004, de marzo a marzo, fueron especialmente violentos contra el Gobierno del PP, las sedes del partido y cualquier político que tuviera relación con sus siglas. El hundimiento del petrolero Prestige, como si lo hubiera partido en dos por el propio Aznar, y la guerra de Irak, en la que España no tuvo presencia de tropas como sí sucedió en la guerra del Golfo de 1991, abrieron la salvaje veda contra el PP con el beneplácito de muchos medios de comunicación, principalmente del grupo Prisa. Libertad Digital elaboró entonces una breve lista de agresiones que, aun resumida, sobrecoge:

21 de marzo de 2003. El PP denunció 42 actos de boicot al partido. La lista está ordenada por comunidades autónomas.

22 de marzo de 2003. Madrid. Sede del PP en la calle Génova, 13. Los "pacifistas" del No a la guerra quemaron barricadas en Madrid y trataron de asaltar la sede del PP.

23 de marzo de 2003. Nuevos ataques contra la sede del PP.

25 de marzo de 2003. El socialista Jesús Caldera condenó los ataques a las sedes del PP pero dijo preferir los huevos a las bombas. José Luis Rodríguez Zapatero pidió al PP "demostrar" que el PSOE apoya actos violentos en las manifestaciones. Al día siguiente, Zapatero comparó la ola de violencia contra el PP con la pitada que recibió González en 1993.

26 de marzo de 2003. El secretario general del PSOE de Villarrasa (Huelva) amenazó de muerte al candidato del PP.

Ese mismo día, universitarios catalanes arrojaron 700 kilos de estiércol frente a la sede del PP en Barcelona. La jornada terminó con la agresión a Alberto Fernández Díaz durante un acto preelectoral en Reus.

4 de abril de 2003. Triple ataque con cócteles molotov contra dos sedes del PP en Galicia y una oficina de la Xunta.

5 de abril de 2003. Zapatero, a Aznar: "Toda la gente que en esta semana ha salido a la calle: comunistas, pacifistas, gente de la cultura, sindicalistas, nacionalistas democráticos, ciudadanos en general, socialistas, somos todos españoles". "Eso es lo que nos une. Somos todos españoles".

6 de abril de 2003. Cuatro sedes del PP en Getxo (Vizcaya), El Vendrell (Tarragona), Mérida (Badajoz) y Coslada (Madrid) fueron atacadas de madrugada.

Hay más. Muchos ejemplos más. Pero todo desembocó convenientemente en los tres días de marzo que convulsionaron la historia reciente de España llevándose 193 vidas por delante, dejando miles de heridos y sembrando para siempre la infamia. Los atentados siguen sin autor intelectual conocido. La autoría material se achacó a unos muertos en un piso de Leganés. No se inmolaron en los trenes. Ni por Alá. Todas las sedes del PP de España fueron atacadas, asediadas, rodeadas. Nadie insultaba ni buscaba a los terroristas. Quizá todavía estaban entre los que coreaban graves consignas contra los políticos del PP. Nuestra Historia cambió de forma traumática.

Con los "indignados", la violencia que llegó al poder
Prometo completar con más diligencia —y tiempo— la lista de agresiones porque es muy extensa y merece detalle, pero cambiemos de década para abrir la siguiente secuencia en la que ya entra en acción Podemos, que hoy gobierna:

21 de octubre de 2010. Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, Somosaguas. Organizados por Pablo Iglesias y con la presencia activa de Íñigo Errejón y Rita Maestre, más de doscientos estudiantes recibieron violentamente a Rosa Díez. La Facultad estaba empapelada de insultos contra la entonces líder de UPyD.

24 de febrero de 2012. Valencia. Un numeroso grupo de manifestantes se congregó profiriendo insultos y amenazas frente al domicilio de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. También se presentaron ante el domicilio del ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

14 de julio de 2012. Madrid. La entonces delegada del Gobierno en Madrid sufrió un escrache masivo. Un millar de energúmenos concentrados ante la sede del PP en Génova acosó a Cristina Cifuentes mientras caminaba. Pese al aplomo mostrado, tuvo que refugiarse ante los tintes violentos que cobraba la persecución.

20 de marzo de 2013. Valencia. Miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Valencia se manifestaron ante la misma puerta del domicilio de Esteban González Pons. Estuvieron "aporreando la puerta durante 45 minutos", según declaró el hoy eurodiputado popular.

5 de abril de 2013. Madrid. Domicilio particular de Soraya Sáenz de Santamaría. Convocadas también por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), varios cientos de personas organizaron un sonoro escrache contra la entonces vicepresidenta del Gobierno. Su hijo de 16 meses estaba en el domicilio.

16 de diciembre de 2015. Pontevedra. Inmediaciones de la Iglesia de la Peregrina. Durante un paseo electoral un joven se acercó al líder del PP simulando la intención de hacerse una foto con él. Tras permanecer unos instantes a su lado le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Las gafas saltaron por los aires y la marca de la agresión quedó bien visible aunque el presidente no requirió hospitalización. El agresor, entonces menor de edad, ya ha sido detenido más veces por ataques violentos.

23 de abril de 2018. Badalona. Plaza de la Vila. Decenas de radicales independentistas rodearon y bloquearon el paso a Xavier García Albiol al grito de "fascista". Más de tres horas estuvo el político aguantando los insultos y escupitajos en la plaza: "Mi planteamiento era muy claro —dijo Albiol— los radicales no podían salir ganando".

Violencia desatada contra Vox, patrocinada por medios y partidos
El PP lleva muchos años sufriendo el acoso, la doble vara mediática y, a veces, la indescriptible actitud de esconder el daño para hacerse perdonar por los agresores, pero la llegada de Vox ha hecho desviar la mirada de los radicales que, en muy poco tiempo, se han empleado a fondo y con enorme violencia contra el partido de Santiago Abascal.

La cronología arranca cinco meses después de la presentación oficial del partido:
11 de mayo de 2014. Vizcaya. El primer ataque violento que sufrió VOX ocurrió apenas unos meses después de su presentación, que tuvo lugar en enero de 2014. Fue durante una mesa informativa en Las Arenas, Vizcaya. 10 proetarras lanzaron huevos y tiraron la mesa a patadas.

Reseñar toda violencia sufrida por Vox nos llevaría más espacio del que soporta un artículo. Pero está perfectamente documentada y casi todos los episodios pueden encontrarse con facilidad, y hasta con vídeo, porque el partido se ha ocupado de hacer inventario de agravios: son 72 agresiones claras entre mayo de 2014 y mayo de 2021. En muchas de ellas las piedras, botellas y huevos han volado por los aires en busca de alguna cabeza humana. Algunas de ellas han llegado a herir de diversa consideración a militantes y cargos del partido. En toda España hay sedes atacadas, coches destrozados y violentos escraches contra personas. Las amenazas de muerte han sido bien explícitas. Van algunos ejemplos de esto último:

23 de mayo de 2014. Valladolid. Campaña electoral de autonómicas, municipales y europeas de 2014, la sede Valladolid aparece con pintadas de "ETA mátalos".

15 de noviembre de 2018. Murcia. Durante un acto en el que intervenía Ortega Lara los radicales gritan: "Ortega Lara, de vuelta al zulo" o "sin piernas y sin brazos, fascistas a pedazos".

11 de enero de 2019. Barcelona. Pintadas contra Santiago Abascal: "Te mereces un tiro en la nuca".

28 de junio de 2019. Álava. Un representante de Vox recibe amenazas en presencia de su hija de 5 años: "Qué pena no tener un cargador de balas para vaciártelo encima".

5 de agosto de 2019. Baleares. En Sarriá de Ter aparecen pintadas contra Abascal y Alberto Tarradas: "Amonal para Abascal" y "Alberto Tapa Bomba Lapa".

14 de octubre de 2019. Baleares. Jorge Campos, amenazado en redes sociales: "deseo que tu familia se muera como los toros".

30 de enero de 2020. Jordi Évole dice que a Santiago Abascal "un hostión le vendría bien".

29 de abril de 2020. Pablo Iglesias, en el Congreso: "Como en el siglo pasado, el pueblo español hará desaparecer la inmundicia que ustedes representan".

25 de junio de 2020. Amenazan a Macarena Olona a través de Twitter: "Ni hilos ni hostias. Una cuerda para ahorcar a los putos nazis como tú es lo que teníamos que haber puesto en la transición. No sois personas".

A esto hay que añadir la violenta y consentida campaña de acoso sufrida durante las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo y que fue especialmente justificada por los políticos y los periodistas: a Vox le tiraban piedras porque iba a los sitios a provocar. Parece haber consenso entre el Gobierno y la jauría de políticos y medios que lo apoyan y hasta patrocinan: cuando les zurran es que algo habrán hecho…

La violencia de un cambio de Régimen
Aunque sea desde siempre —al menos desde 1917 como documenta magistralmente Roberto Villa en 1917. El Estado catalán y el soviet español—, es tras el hundimiento del petrolero Prestige (13 de noviembre de 2002) cuando la izquierda convirtió el acoso a la derecha en deporte base. Y en tiempo récord se procedió a recibir con la misma hospitalidad a Vox. Pero antes de eso hizo falta el 11-M, la negociación final con ETA y la llegada del comunismo al poder.

¿Puede un pueblo abuchear a su presidente? ¿Cuándo ha recibido un presidente del Gobierno del PSOE un directo a la mandíbula en plena calle? ¿De qué partido era el candidato que intentó asesinar ETA?

Según El País y la SER, y tantos otros medios de comunicación, sólo los presidentes socialistas sufren abucheos que, en realidad, lo son contra la democracia. Porque la derecha no está invitada al Régimen que, de nuevo, construye la izquierda para sí.

Bipartidismo: la bestia debe morir
José Alejandro Vara. vozpopuli.es 16 Octubre 2021

Lo pensaban muerto e inerme y, de pronto, vuelve a menear la cola. Un rugido estruendoso. Un pacto de intereses. Podemos y Vox, catatónicos

El monstruo del bipartidismo ha resucitado. Lo creían muerto cuando, sólo por molestar, ha mostrado sus zarpas y lanzado un rugido tan feroz como el león de la Metro. El pacto de Yuste, inesperado y eléctrico como un quiebro de Benzema, provocó sorpresa e irritación a ambos lados del tablero. Podemos, que no se entera, hizo como que sabía, mientras su lideresa Belarra patinaba, todo bochorno, en lo de Alsina. Vox se enervó sin paliativos y Ciudadanos clamó con estrafalaria ira.

Jugada redonda, aunque sin Iván, ese juguete roto, figurilla amortizada. Lo que parecía un imposible se consumó en menos tiempo del que se tarda en tirar a la papelera lo último de Almudena Grandes. Horas antes de sellar el abrazo de Yuste, con Angela Merkel de gélido testigo, Sánchez y Casado habían forzado la imagen del desencuentro, la coreografía de la distancia. Primero en el desfile de los abucheos y luego en el Congreso de los Diputados. Puro teatro. La cosa estaba en marcha desde mayo. Y se aceleró. "Esto hay que cerrarlo antes de que nazca tu hijo", le dijo Bolaños a Egea, los nuevos Guerra y Abril del conchabeo. Así se hizo. El inminente congreso del PSOE también despejó obstáculos y facilitó la entente de las instituciones, la renovación de cuatro paquidermos que estaban varados en el pantano de la indefinición y la abulia. Marugán el defensor descansará al fin tranquilo y Arnaldo, en el TC, calienta que sales.

Una jugada virtuosa y eficaz para quienes militan en la cofradía del bipartidismo. Más bien pocos. El PSOE subraya la sideral irrelevancia de Podemos, muy crecidos con los Presupuestos, y el PP jibariza a Vox, minusculiza a Cs y se erige en el puntal supremo de la derecha. Una apuesta, no obstante, llena de inconvenientes. "Casado pacta con el líder de Frankenstein". "No les importa la gente sólo los sillones". "Sueñan con un pasado que ya no existe". "Sólo piensan en repartirse el poder". Se contorsionaban las redes con furor antiguo ante el espectro del bipartidismo rampante. Lo pensaban yerto e inerme y, de pronto, vuelve a mover la cola.

¡No preocuparse!, diría el Ábalos tertuliano, es un mero espejismo, un ramalazo pasajero, un flashazo fugaz. El pas à deux de nuestra democracia quedó sepultado con la crisis del 2007 y la irrupción de los partidos menores con vocación de poder. Todo cambió, desde el vértice de la Corona hasta el mapa de la geopolítica. Mudaron los cimientos y se forzaron los ejes del edificio constitucional. Y afloró la nostalgia.

Aquellas décadas de bipartidismo forzoso que propiciaron una larga era de estabilidad social, prosperidad económica, consolidación de las instituciones, pujanza cultural, relieve internacional, flotan todavía en ciertos rincones ocultos de la memoria colectiva. La 'nueva política' resultó un fiasco. Nació vieja y artrítica y chapotea ahora entre los estertores de la nimiedad. Además, aquel sarpullido casi adolescente nos llenó todo de incontenibles politólogos, una cansina especie que hasta entonces ni existía. Un disparate acelerado e hiperventilado, como un primer acto de Jardiel. Finalmente llegó Sánchez con su Frankenstein y todo saltó por los aires. Negociar presupuestos con una colla de sediciosos o inundar de afectos y lisonjas a los primos de una banda criminal no es lo que se esperaba de aquella oleada de regeneración purificadora, de aquel vendaval catártico y renovador.

El bipartidismo funciona con relativo éxito en algunas democracias respetables como Estados Unidos o Gran Bretaña. Incluso camina sin graves tropiezos en la actual Alemania, donde a veces se encuerpa en Gran Coalición, un artefacto de eficacia loable. Es una fórmula aburrida, cierto, pero exuda serenidad. Aquí no fue posible porque la bisagra de Ciudadanos no cuajó. El bipartidismo no goza ente nosotros de una imagen encomiable, como si verse forzado a gobernar con comunistas o a mendigarle votos a Junqueras fuera una liturgia gozosa. Quizás aún tenemos grabada en la neurona colectiva el llamado turnismo de la Restauración, cuatro décadas jugando al pimpón entre Cánovas y Sagasta, conservadores y liberales repartiéndose alegremente los mandos del Gobierno como si tal cosa. Lo pintó bien Galdós en uno de sus episodios: "Dos manadas que no aspiran más que a pastar en el presupuesto (...) que carecen de ideales, ningún fin elevado les mueve. No mejorarán lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta".

Olvídense, aquí no habrá segunda edición de bipartidismo porque Sánchez, culminado su Congreso de los balidos de Valencia, en el que lapidarán fogosamente a Díaz Ayuso, se arrojará de nuevo en brazos de sus socios, gente vil y miserable, para aprobar los presupuestos y escupirá sin miramientos sobre la fábula de Yuste. Casado, sin embargo, ha emergido dichoso de la experiencia. Demostró iniciativa a lanzar el guante del acuerdo a la bancada socialista que lo recogió presurosa, sin aspavientos. ¿Por qué? No se sabe, el truco ya se verá.

El líder del PP se ha sacudido el espantajo de catastrofista, crispador, radical, 'no es no' que le enjareta el presidente del Gobierno, muy corto de epítetos desde que cambió de escribidor. El insumiso era Sánchez. En cuanto levantó el dedo del botón del bloqueo todo se ha desencallado. Ahora toca el CGPJ, quizás también apalabrado y hasta preacordado. Y luego, quién sabe, el adelanto electoral. De este enjuague, los partidos menores han salido maltrechos. Y el líder de la derecha, reconfortado y ufano. Ha recuperado el tono, algo demediado en sus últimos lances. El cartero de Casado llama dos veces. En la Convención y ahora en Yuste. Las batallas, de una en una y siempre que se vayan a ganar, advertía Lincoln.

En el mismo saco
Nota del Editor 16 Octubre 2021

Meter en el mismo saco a Podemos y Vox no deja de ser un insulto a la razón y a España. Y decir que el partido podrido es la derecha es otra incorreción. El partido podrido es una empresa de poder y como tal  carente de principios morales, éticos; solo le interesa disfrutar directa o indirectamente de la riqueza que expolian a los españoles.

El aurresku ya no es el baile de ETA
Marcel Gascón Barberá. Libertad Digital 16 Octubre 2021

Muchos españoles, me atrevería a decir que la mayoría, conocemos el aurresku por ser el baile con que se recibe a los terroristas excarcelados (ahora todos los viernes por el mismo juez que les metía en chirona) cuando regresan a seguir chuleándose de las víctimas en las calles, ya limpias de sangre, del País Vasco.

Puede que la asociación resulte simplista, pero es comprensible, y casi inevitable. El interés por los bailes y músicas regionales, sobre todo si son de otros, es limitado entre el común de los españoles. Y durante muchos años los aurreskus han salido en la tele bailados en los comités de bienvenida a los presos.

En las regiones históricas, los símbolos de las culturas autóctonas han sido, además, secuestrados por los movimientos separatistas. Déjenme decir que a esta opa hostil ha contribuido a la deserción de muchos tradicionalistas periféricos que sí se saben parte de España.

En el caso del País Vasco, sin embargo, las cosas han tenido un cariz más dramático. La conquista abertzale y jeltzale de la tradición no puede explicarse sin el éxodo masivo de decenas de miles de vascos, mayoritariamente conservadores y profundamente enraizados a su tierra, empujados a emigrar por la la acción combinada de la estigmatización nacionalista y el terror etarra.

La consecuencia de todo ello ha sido la reducción de las lenguas y demás peculiaridades regionales en Cataluña, Baleares, Valencia, el País Vasco y Galicia a meras armas políticas que las élites locales empuñan contra España, siempre con la connivencia de un establishment madrileño que sigue apostando por el apaciguamiento como forma de aferrarse al poder y calmar las aguas.

Y así hemos llegado a lo que también pasa ya con la raza. A que la lengua o ciertas costumbres denoten un cierto posicionamiento político y extrañe encontrar a alguien que tenga el catalán, el gallego o el euskera como lengua materna y sea partidario de la unidad de España.

A aclarar este malentendido y poner fin a la exclusividad que, al menos en el imaginario colectivo español, tenía la ETA sobre el aurresku ha contribuido enormemente Voxaventura, el nombre que se ha dado en tuiter a la fiesta multitudinaria de Vox.

El líder del partido, Santiago Abascal, fue recibido a su llegada al acto con un aurresku. Al elegir esta forma de darle la bienvenida, quienes concibieron la puesta en escena de Voxaventura no sólo reivindicaron la vasquidad –siempre puesta en duda por quienes quisieron matarle– de Santiago Abascal. También han limpiado al aurresku y a sus dantzaris de una identificación injusta que nos hacía ver este baile inocente como una danza fea y portadora de tortura, acoso, infelicidad y muerte.

Deslegitimar las instituciones en plena renovación
Editorial El Mundo 16 Octubre 2021

Apenas habían transcurrido 24 horas desde que PSOE y PP anunciaran su acuerdo para la renovación de varios órganos constitucionales cuando desde los partidos independentistas que sostienen a Sánchez en Moncloa y, lo que es todavía más grave, desde uno de los dos partidos de la coalición de Gobierno, Podemos, lanzaron ayer una feroz arremetida contra uno de esos organismos: el Tribunal de Cuentas. La estrategia para tratar de deslegitimar las instituciones del Estado es perversa porque erosiona la confianza del ciudadano en los puntales del sistema. Eso es lo que lleva haciendo décadas el secesionismo en Cataluña. Y es a lo que, para vergüenza de todos, se dedican también dirigentes de la formación morada, a pesar de que ocupa sillones en el Consejo de Ministros. No cabe mayor anormalidad democrática.

Con un hiperbolismo que causa hilaridad, el president Pere Aragonès se despachó comparando la decisión del Tribunal de Cuentas de tumbar el aval de la Generalitat a varios líderes independentistas del procés -entre ellos Junqueras, Puigdemont y Mas- con el fusilamiento de Lluís Companys. Por su parte, la también exaltada independentista Laura Borràs soltó que es «un síntoma más de la represión española». A la competición de exabruptos se sumó Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso, tachando de «ilegítimas» las medidas del Tribunal de Cuentas. A lo preocupante que de por sí es que desde una facción en el Gobierno se ataque de este modo a los organismos que emanan de nuestra Constitución, se suma la intranquilidad que genera la advertencia de Asens de que van a impulsar una reforma en el funcionamiento del organismo fiscalizador y a participar en la renovación de sus miembros. Subrayábamos ayer que es una buena noticia el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para desatascar la situación de interinidad en instituciones tan importantes como el Constitucional, el Defensor del Pueblo o el propio Tribunal de Cuentas. Pero advertíamos a la vez de que los nuevos nombramientos deben responder no a conchabeos espurios, sino a criterios de solvencia técnica con la elección de personas de reconocido prestigio y gran consenso. No huele bien, sin embargo, que Podemos esté tratando de aprovechar la negociación para meter sus caballos de Troya en órganos en los que no cree, como tampoco lo hace en nuestro sistema de derechos y libertades que emana de la Carta Magna del 78. Muy vigilante deberá estar el Partido Popular, que no puede aceptar lo que no comprenderían ni sus votantes ni el conjunto de la ciudadanía.

Cabe subrayar, por último, que no cabía otra cosa más que el rechazo por parte del Tribunal de Cuentas de la burla de la Generalitat. Solo nos faltaba un doble quebranto de las arcas públicas y un doble ejercicio de pura corrupción. El Govern, erigido en abogado y prestamista de los delincuentes, para exonerarles de sus multas, se quería servir del dinero de los contribuyentes que ya pagamos antes las irregularidades en la gestión de la acción exterior del independentismo.

Diez años del fin de ETA
Diez años del adiós de ETA: de 595 presos a 185, 66 ya en cárceles del País Vasco
Efe. Republica 16 Octubre 2021

Las cárceles comienzan a vaciarse de etarras: solo en esta década han dejado de estar entre rejas 373 reclusos de la banda

Fin de ETA
El 20 de octubre de 2011 un total de 595 etarras estaban en prisión en España, otros 140 en Francia. Diez años después del cese de la violencia y con la política de dispersión en liquidación, la radiografía es bien distinta: Hay 185 presos de ETA recluidos en 19 cárceles ubicadas desde Madrid al País Vasco, donde ya cumplen sus penas 66 reclusos. Los datos de Instituciones Penitenciarias confirman que las cárceles comienzan a vaciarse de etarras. Solo en esta década han dejado de estar entre rejas 373 reclusos de la organización terrorista.

El ritmo de descenso ha sido paulatino desde 2012, año el que los que salían empezaban a superar a los que ingresaban. Sin olvidar el efecto de la derogación de la doctrina Parot, que supuso en poco más de dos meses la excarcelación de 63 etarras.

Según las previsiones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en otros diez años tendrán liquidada su condena otro centenar, de forma que en 2031 quedarán en prisión 83. A más corto plazo, en un periodo de cinco años, los cálculos de la asociación sitúan a 47 presos en la calle.

Con el paso del tiempo y, sobre todo, a raíz de la disolución de ETA en 2018, el terrorismo ya no encabeza la lista de preocupaciones de la sociedad y solo las asociaciones de víctimas siguen dando la batalla contra los acercamientos y los homenajes a etarras.

Que el Gobierno vasco haya asumido este mismo mes las competencias de la gestión de sus tres cárceles ni siquiera ha levantado demasiada polvareda política. Mientras, las víctimas auguran que los encarcelados en Euskadi obtendrán pronto beneficios penitenciarios.

De hecho, el gobierno autonómico no oculta su apuesta por una política penitenciaria que potencie en general el cumplimiento de condenas en régimen abierto o tercer grado

El mapa de los presos de ETA
En 2011 los presos de ETA suponían casi el 1 por ciento de la población reclusa total de entonces, que alcanzaba los 71.000 internos. En 2021 representan el 0,3 por ciento de las poco más de 56.000 personas encarceladas en España.

Comparar las dos fotos, la de 20 de octubre de 2011 con la de 2021, da idea del paso de esta década. Hace diez años 559 reclusos estaban en 44 prisiones: 438 ya condenados y 121 en situación preventiva a la espera de juicio. En cárceles francesas había otros 140.

Además, más de la mitad de los encarcelados en España -377- cumplían pena en régimen cerrado, el más estricto.

Hoy, solo un recluso de la banda está en ese régimen. La inmensa mayoría ya están en segundo grado, el régimen penitenciario al que están adscritos los presos comunes y, por ende, casi la totalidad de población encarcelada, lo que permite solicitar permisos ordinarios de salida una vez cumplida la cuarta parte de la condena.

Y si hace diez años ningún etarra estaba en semilibertad o tercer grado, hoy son más de una veintena.
Hacia el fin de la dispersión

Pero si hay un hecho relevante que dé idea del cambio de escenario penitenciario en esta década es el fin de la dispersión, una herramienta de la lucha antiterrorista que se puso en marcha a finales de los años ochenta con el objetivo de romper la férrea disciplina por parte de la dirección de ETA e intentar facilitar la disidencia.

Durante más de tres décadas se ha mantenido la dispersión de presos, que ha logrado el aval del Tribunal Constitucional, aunque se han producido acercamientos. En 1996 el Gobierno del PP dio los primeros pasos con el traslado de una treintena de etarras y en 1999, el entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja acercó a otros 105 reclusos, 24 de ellos al País Vasco.

En total, según datos de Instituciones Penitenciarias, entre 1996 y 2004 hubo 574 traslados de etarras. A raíz del cese de ETA y hasta 2018, también con los gobiernos del PP, fueron acercados otros 229.

En ese periodo, el ministro del Interior de entonces Jorge Fernández Díaz fue muy claro ante un futuro sin la banda: "Si ETA se disuelve, en la medida que la dispersión es causa de la pertenencia a una organización terrorista, pues muerto el perro se acabó la rabia. No tendríamos por qué aplicar con carácter general a sus presos la política de dispersión".

Y ETA se disolvió en mayo de 2018 con el Gobierno de Pedro Sánchez, que anunció una nueva política penitenciaria individualizada con arreglo a esa nueva realidad sin la organización.

Desde entonces, el Ejecutivo socialista con Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior ha ordenado 270 traslados de etarras, lo que no significa que hayan cambiado de cárcel ese número de reclusos, pues en estos cuatro años algunos han variado de centro más de una vez.

De esos 270 traslados, 23 cambiaron de prisión tras concederles el tercer grado, lo que lleva aparejado legalmente el acercamiento a su familia. Siete de ellos, según los datos recopilados por la AVT, tiene penas por asesinato.

La asociación denuncia que en estos casi cuatro años de Gobierno del PSOE casi la mitad de los 203 etarras trasladados cuentan con delitos de sangre: 97 presos con 296 víctimas en 216 atentados, si bien la legislación no considera que el tipo de delito sea inconveniente para acometer un traslado de cárcel.
Uno de cada tres, en el País Vasco

Los 185 etarras encarcelados cumplen condena en catorce cárceles, treinta menos de las que en 2011 distribuían a estos reclusos. Hace apenas tres años las celdas andaluzas de nueve prisiones, las más alejadas a Euskadi, estaban ocupadas por un centenar de etarras. Desde el pasado 1 de julio no hay ninguno.

A 30 de septiembre, y según los datos de Instituciones Penitenciarias en víspera de que el Gobierno Vasco asumiera la competencia de las cárceles de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, la distribución de reclusos -puede estar pendientes la ejecución de algunos traslados- es la siguiente por comunidades autónomas: en Castilla y León hay 37 presos de la banda; Logroño, 24; Cantabria, 20; Pamplona, 13; Zaragoza, 10; Comunidad de Madrid, 7 y Asturias, 6.

A estos se suman otros 66 en País Vasco, la región que una década después del adiós a las armas acumula el mayor número de presos de ETA, mientras las prisiones madrileñas de Estremera y Aranjuez son ahora las más alejadas al País Vasco, a unos 500 kilómetros, si bien solo hay siete reclusos.

De ellos, destacan en Estremera desde hace siete meses y procedentes de Huelva, a 1.000 kilómetros, Javier Garcia Gaztelu, "Txapote" y su pareja, Iratzun Gallastegui, condenados entre otros crímenes por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Algo más, un año, va a cumplir Antonio Troitiño en la prisión de Soria tras ser excarcelado por error en 2011 y reintegrarse en la banda.

Resurrección
Nota del Editor 16 Octubre 2021

Pues vaya con el fin del nombre de unos terroristas. Han cambiado muchas veces de nombre, pero siguen ahí, nada ha cambiado, siguen amenazando, controlano
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