AGLI Recortes de Prensa   Lunes 25  Octubre  2021

El Gobierno engendra un déficit estructural insostenible
José María Rotellar. Libertad Digital 25 Octubre 2021

Son unas cuentas insostenibles en el medio y largo plazo basadas en el aumento desmedido y estructural del gasto y en una recaudación que se antoja fantasiosa.

Tras la aprobación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por parte del Consejo de Ministros, María Jesús Montero, acompañada de todo su equipo, presentó el proyecto PGE para el año 2022 en el Congreso de los Diputados ante la presidenta del Congreso y de las Cortes, Meritxell Batet, de manera que ya ha comenzado su tramitación parlamentaria.

Posteriormente, el Gobierno ha enviado a Bruselas el plan presupuestario 2022, donde recoge las principales medidas en gastos e ingresos, plasma la política económica que desea aplicar y expone los supuestos empleados. Lo recogido en dicho documento no hace sino incrementar la preocupación ya percibida con la presentación de los PGE, pues muestra que se trata de unas cuentas insostenibles en el medio y largo plazo: el gasto se dispara de manera alarmante y estructural amparado en el deseo de alcanzar una recaudación que se antoja fantasiosa, con el objetivo de elevar la presión fiscal española hacia niveles medios de la UE, cuando se olvida de emplear el esfuerzo fiscal, donde España es uno de los países europeos con este indicador en sus niveles más altos.

Eso le lleva a plantear un incremento de impuestos de más de 15.000 millones de euros, donde incluye una recaudación extra de 400 millones de euros por el alza del Impuesto de Sociedades que no parece que pueda llegar a darse, al tiempo que planea incrementar la exigencia tributaria a través del informe del comité de expertos que ha reunido, con el foco puesto en la llamada armonización tributaria, que no es otra cosa que el elemento con el que quieren obligar a Madrid a subir impuestos.

Toda esta política tributaria que avanza, poco a poco, hacia la confiscatoriedad trata de compensar el incesante y fuerte aumento del gasto público, que lo hace como nunca antes lo había hecho, consolidando, en muchos casos, gasto incrementado temporalmente por la pandemia, pero que el Gobierno parece que va a consolidar como estructural, aunque sea en otros conceptos, pero sin reducir el montante de dicho gasto total.

En este sentido, es preocupante el fuerte incremento del gasto en capítulo I, que se incrementa en 632 millones de euros y que pasa a suponer un 5,5% del presupuesto total en 2022 frente al 4,8% de 2021, con un incremento del 3,1%, que recoge la subida del salario del 2% a los empleados públicos y el fuerte incremento del empleo público. Esto tiende a la insostenibilidad.

Gasto insostenible también es el de la Seguridad Social, que parte de una situación muy compleja en sus cuentas: la transferencia de la AGE aumenta hasta 36.227 millones de euros en 2022, un incremento de 5.064 millones, de manera que ya representa una quinta parte de sus ingresos (que no es más que déficit reclasificado de la Seguridad Social a su financiador, la AGE).

Todo ello no hace sino aumentar el desequilibrio de las cuentas públicas, haciendo que el déficit estructural sea cada vez superior, cuando lo que tendría que suceder es todo lo contrario: disminuir, porque es el gran mal de la estabilidad presupuestaria española, que crece desde un -3,8% de déficit estructural en 2020 (que ya había crecido respecto a 2019) hasta un -4,5% en 2022, consolidándose, por tanto, un crecimiento insostenible de gasto estructural, que hace todavía más insostenible el déficit estructural.

Es más, si tenemos en cuenta que estamos calculando ese saldo presupuestario estructural sobre el PIB, el incremento de dicho desvío es mucho mayor, al ser el PIB nominal de 2020 de 1,1219 billones de euros y el de 2022 está estimado en 1,3126 billones de euros, con lo que ese déficit estructural pasará de 42.632,2 millones de euros en 2020 a 59.067 millones en 2022, es decir, un incremento de 16.434,8 millones de euros, algo insostenible de por sí e incompatible con las recomendaciones europeas de reducción del déficit estructural.

El Gobierno, no obstante, sigue manteniendo, y ha vuelto a hacerlo al presentar el proyecto de PGE en el Congreso, que las cuentas se van a cumplir, que España va a crecer, como poco, a ese ritmo, que los ingresos se alcanzarán, que el gasto no se sobrepasará y que los objetivos de déficit y deuda se respetarán, pero es difícil que sea así; todo parece indicar que va a causar un daño importante en la economía en el medio y largo plazo. Con el gasto estructural que va a consolidar y el incremento del desajuste presupuestario que puede derivarse de la ficción de las previsiones realizadas, puede que, desgraciadamente, el desequilibrio presupuestario sea más hondo, más permanente y más duradero, que es cuando Bruselas exigirá importantes recortes al no haber hecho reformas el Gobierno español.

Casado nos mintió a todos
EDITORIAL. Libertad Digital 25 Octubre 2021

La insistencia de Pablo Casado todos estos meses en asegurar que no pactaría con Sánchez una renovación de los órganos constitucionales si no se llevaba a la práctica con criterios únicamente profesionales era sólo una pose para ganar tiempo y tratar de orillar a VOX en uno de los grandes asuntos de Estado. Llegada la hora de la verdad, Casado y Sánchez han pasteleado a placer y se han repartido los puestos de los órganos constitucionales que tocaba renovar, con una desvergüenza que los iguala como un par de políticos sin escrúpulos a la hora de incumplir sus promesas.

Félix Bolaños por parte del PSOE y Teodoro García por el del PP pactaron la renovación del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional introduciendo en a personajes identificados absolutamente con sus respectivos partidos, para que no queden dudas de a quién van a servir desde sus nuevas responsabilidades.

La torpeza tradicional del PP cada vez que se presta a negociar con los socialistas estos pactos contranatura ha alcanzado esta vez niveles de auténtica vergüenza ajena, como demuestra perfectamente el caso de Margarita Mariscal de Gante. La hasta ahora magistrada del Tribunal de Cuentas, ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar, era el principal azote de los independentistas por su tesón en la formación de las causas por malversación durante el proceso secesionista, que desembocaron en una fuerte condena a Artur Mas y al procesamiento de otros 34 altos cargos independentistas. No es casual que en la Generalidad hayan recibido con júbilo su sustitución, que Sánchez y sus socios separatistas habían situado en su punto de mira.

Los populares dicen aceptar la salida de Mariscal de Gante para despolitizar el órgano de cuentas por su pasado remoto en un Gobierno popular, pero aceptan para ese puesto a petición del PSOE al abogado que defendió a Podemos en el caso Neurona, sobre financiación ilegal de la formación chavista, y representó a la amiga de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, en sus cuitas con la Justicia. ¿Dónde está la despolitización por la que Casado y Teodoro tanto dicen luchar?

Pero el colmo del despropósito es la designación de un personaje como Ángel Gabilondo para el puesto de Defensor del Pueblo, un nombramiento cuya aceptación por parte de Casado solo puede entenderse como una bofetada intencionada a Isabel Díaz Ayuso, que rechazó de plano en su día tal posibilidad por el constante juego sucio del triste candidato socialista a la presidencia de Madrid durante la pasada campaña electoral.

El pacto alcanzado esta semana no fortalece la independencia de la Justicia sino que la desprestigia aún más. Pero el PP de Casado prefiere entregar a la izquierda el control de las instituciones siempre que pueda utilizar esos pactos en sus venganzas internas y presentarse ante la sociedad como el único partido en el ámbito de la derecha con posibilidades de gobernar.

Casado mintió a todos los españoles cuando dijo que iba a sacar la política de las instituciones judiciales. Lo que han hecho él y Teodoro García es esta semana es emporcarlas todavía más.

Reconstrucción o caciquismo
Editorial ABC 25 Octubre 2021

Si había alguna duda sobre la arbitrariedad con que el Gobierno iba a proceder al reparto de los fondos procedentes de Bruselas, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha lanzado una nueva señal sobre los criterios, puramente políticos, cuando no sectarios, que van a guiar su distribución. Como informamos en páginas de Economía, cuatro comunidades autónomas -casualmente gobernadas por el PSOE y sus socios de legislatura- han sido las afortunadas en la tómbola organizada por Yolanda Díaz para dinamizar el mercado laboral a través del SEPE, sobra añadir que a través del «mecanismo excepcional de concesión directa» y en función de «las razones de interés público que determinan la improcedencia del concurso público». En total son nueve millones de euros, a repartir por el servicio de empleo en las cuatro regiones -Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura- que según Díaz más necesitan del aliento económico que aportan los fondos comunitarios. Las regiones gobernadas por el PP no han tardado en detectar esta cacicada, publicada en el BOE con las justificaciones más peregrinas, y en denunciar la absoluta falta de control por parte de una Conferencia Sectorial cuyos criterios han sido ignorados por quien se presenta ante la opinión pública como embajadora del diálogo y los acuerdos. Hay diálogo, pero selectivo.

Desafortunadamente, no es la primera vez que la izquierda, ahora diversificada entre la socialdemocracia en la que de manera táctica se envuelve Pedro Sánchez y el sindicalismo que enarbola Yolanda Díaz, utiliza los fondos públicos como mero fermento de los votos que luego cosecha en las elecciones, ya sea para satisfacer a ‘los más vulnerables’, cautivos de sus proyectos asistenciales; a los grupos de edad que considera más permeables a su populismo de talonario, jóvenes y pensionistas, o a los territorios en los que según sus cálculos puede lograr votos o apoyos parlamentarios. Nada sale gratis al contribuyente, y menos aún en la actual coyuntura, marcada por una recesión que aún no ha terminado, ahora prorrogada por la crisis de las cadenas internacionales de abastecimiento y el alza del precio de la energía.

No le quedan muy lejos a Yolanda Díaz los sindicatos, con los que hace piña y frente común, para conocer de primera mano cuál fue el destino de las ayudas al empleo que durante años se perdieron por el sumidero de la corrupción en Andalucía, ni queda tan lejano en el tiempo el caso, más que indiciario, del rescate de Plus Ultra durante una pandemia en la que miles de autónomos y pequeñas empresas se quedaron sin ayudas directas, a la intemperie provocada por los estados de alarma inconstitucionales que decretó el Gobierno de Sánchez. La izquierda española siempre ha sabido a quién ayudar y cómo hacerlo, siempre a costa de la recuperación económica de la nación y en beneficio propio, de forma directa o indirecta. A esta fórmula le llama ahora el Ejecutivo «recuperación justa». Las políticas de gasto, castigo fiscal e intervención del libre mercado no contribuyen a enderezar el rumbo de nuestra maltrecha economía, y tampoco el reparto sectario de unos fondos comunitarios que la UE ha comenzado a liberar para transformar el país, no para que el Gobierno, cuyos planes de reconstrucción siguen siendo alto secreto, perpetúe el caciquismo.

Los sin poder no podemos nada y no damos ni una
Pedro de Tena. Libertad Digital 25 Octubre 2021

Llevamos una semana, en realidad meses o años ya, que los sin poder, que decía Vaclav Havel, no sabemos cómo digerir. Reducidos al papel de espectadores por una estructura de lo político que confina a los más, los ciudadanos del bronce platónico, o sea, los que trabajamos y destaca a los menos, los que administran y gobiernan – más o menos como siempre -, los ciudadanos sin apellido compuesto de las democracias occidentales, España entre ellas, esperamos alguna reconsideración de la marcha hacia el abismo que llevamos.

El libro El poder de los sin poder de Havel, un pensador y literato metido a político, tiene más de 40 años y se escribió en 1978, diez antes de la perestroika que acabó, formalmente, con el comunismo soviético. Pero, ojo, no acabó con el chino ni con el cada vez menos larvado y creciente en Occidente ni con el emergente en Iberoamérica y África. En ese libro, cita a Solzhenitsyn y su conferencia en Harvard de 1978 para ponernos en guardia sobre la propia democracia occidental, incapaz de hacer frente al mal, esto es, el comunismo, el aniquilador "científico" del individuo y la persona.

Decía el ruso que la miopía de las democracias reside en quienes admiten que no se pueden "aplicar criterios morales a la política. Así mezclamos el bien y el mal, lo derecho y lo torcido y damos oportunidad para el triunfo absoluto del Mal en el mundo. Por el contrario, sólo los criterios morales pueden ayudar a Occidente contra la estrategia bien prevista del mundo del comunismo. No hay otros criterios. Las consideraciones prácticas u ocasionales de cualquier clase serán barridas inevitablemente por la estrategia comunista."

¿Qué queda en España de criterio moral? Fíjense en lo del canario podemita, Alberto Rodríguez, que dice que le han quitado el acta de diputado y el sueldo porque es de origen pobre, tiene un apellido descompuesto y es canario. Pero de la agresión al policía ni media palabra, todo es patraña, dice y grita el coro de sus grillos: ¡Prevaricación judicial derechista! Y coge y se va de Podemos. Anda y, ¿por qué? Cambio de ciclo, canta. No dice una verdad ni cuando se equivoca, pero nos enteraremos.

O reparen en los pactos sustanciados por el principal partido de la oposición, Casado y Teodoro, tanto monta, con los socialistas más mentirosos y ruines de la historia reciente, Sánchez y Bolaños – que se tutean con las mentiras de los asesinos de ETA y sus 200 presos, que ya se excarcelarán, se abrazan a todo lo antiespañol y se codean con las maletas venezolanas -, y se reparten de manera indecente y a la vista los puestos en tribunales e instituciones mostrando a dónde ha llegado el error de hacer de los partidos el único eje de la democracia.

Mejor aún, fíjense en las manos de quien estamos en el caso Ghali, que es el caso del gas y de la electricidad. Aquí, los sin poder estamos acojonados con el pillaje del recibo de la luz. Pero apenas distinguimos que Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, ya no es principalmente española y tiene su sede en las Islas Caimán con fondos de inversión, uno australiano, al fondo. Repsol está en manos de JP Morgan y otros fondos de inversión. Endesa está controlada por el Ministerio de Economía Italiano y su gigante energético Enel. De esto no se habla, no.

Vivimos en una España desvertebrada, perturbada y descolocada en la que ser ciudadano de a pie y ser moral, esto es, respetar la continuidad histórica de una nación a la que se aporta futuro y alma con la familia, el trabajo y las ideas y aspirar a que los comportamientos relevantes y mayoritarios sean morales por convicción democrática, no sólo no sirve de nada ni es respetable, sino que puede perjudicar seriamente.

Estoy deseando que lleguen las próximas elecciones porque ya tengo claro lo que voy a votar. Mi papeleta electoral, sólo una gota de agua, pero muy necesaria, va a apoyar a España como nación compartida y común encajada en la civilización occidental y la vuelta de la moralidad desterrada por la asquerosidad del tráfico político. No, no esto no es la resurrección de una supuesta una tercera España, sino una nueva España que tenemos que descubrir en y desde nosotros mismos sin miedo y sin complejos.

Me despiertan y me enteran de que en el municipio poco poblado de Artiega, en la Jacetana, al norte de Zaragoza y cerca de Ejea de los Caballeros (creo que antes se decía Egea), han contratado a un estudiante de Filosofía que ejerce como un Sócrates local. No está todo perdido. Para los que, además de periodistas, disponemos del título de Licenciado en Filosofía, acaba de abrirse una hermosa puerta. Siempre de salida, claro.

(La malvada Mar Gijón me dijo por el güasap que uno de sus cometidos es el de estudiar la "memoria histórica" del lugar. La verdad, se me cortó el cuerpo. No damos ni una.)

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El abrazo de Junqueras y Otegi a favor de ETA retrata a Pedro Sánchez
Que el Gobierno permita manifestaciones a favor de ETA con sus socios indultados y que en ellas se insulte a las víctimas es lo más triste e ignominioso que se ha visto nunca.
Editorial ESdiario  25 Octubre 2021

El indignante abrazo de Junqueras y Otegi en una manifestación en favor de los presos de ETA, con presencia de Podemos y de todos los aliados del Gobierno del PSOE; culmina una semana trágica para la dignidad de las víctimas y el respeto a la memoria democrática de España, tan manoseada en otros caso más remotos y tan denigrada en otros tan recientes.

Pero, sobre todo, es un doloroso resumen de las consecuencias de haber vinculado la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de su Gobierno a unos socios tan contrarios a la Constitución, al espíritu democrático y a la simple humanidad que cualquier persona decente siente por el prójimo objeto de las peores crueldades.

Junqueras es un condenado por sedición en el Tribunal Supremo que, gracias al indulto del Gobierno por su dependencia para casi todo de ERC, puede acudir al País Vasco a apoyar la liberación de terroristas con delitos de sangre e, incluso, ponerlos también en la categoría de "represaliados" en la que él mismo se incluye.

Y Otegi, que no ha escondido nunca que su respaldo a Sánchez obedece en exclusiva a intercambiarlo por favores a los presos y más poder para Bildu, es decisivo incluso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo que le da una ascendencia sobre el Ejecutivo simplemente insoportable.

Los insultos de los manifestantes a los valientes representantes de las víctimas, de la asociación COVITE, que acudieron a la manifestación a protestar; son el triste resumen de todo, y en especial de la pasividad de un presidente que no tenía que haber permitido una manifestación así y debería acabar con una alianza hiriente con esos socios.

La casualidad le ha jugado una mala pasada al Gobierno de Sánchez en la semana de mayor blanqueamiento de Otegi y Bildu: mientras en Moncloa se ha querido resolver su complicidad con el terrorismo con unas simples palabras de “dolor” del líder batasuno, varios hechos han derribado esa artera campaña de marketing:

Primero fueron las palabras del propio Otegi diciendo que su apoyo a Sánchez se debe, en exclusiva, a sacarle a cambio la liberación de 200 presos de ETA. Después ha sido la negativa de Bildu a condenar el terrorismo en el Parlamento Vasco. Y, finalmente, se ha conocido que en noviembre llegará a España la delegación del Parlamento Europeo designada para pedir explicaciones sobre los 400 crímenes de ETA aún sin aclarar: esa comisión se aprobó a finales de 2020, pero la pandemia retrasó su puesta en marcha hasta ahora.

Queda además otro dato sobre la mesa para entender que las cesiones ya han llegado y que Sánchez ya empezó a pagar el precio de su propia investidura desde la moción de censura en 2018: casi 300 terroristas han tenido beneficios penitenciarios de todo tipo desde esa fecha. Quizá por eso permitieron la indecente manifestación a favor de ETA, encabeza por sus socios indultados y blanqueados.

El reparto
Alfonso Ussía. https://gaceta.es 25 Octubre 2021

Nada personal, ni de lo otro, tengo contra Teodoro García Egea, el número dos del Partido Popular. Tres días atrás, y en el jardín de la casa de Mazcuerras de un amigo del alma, organizamos un atractivo y apasionante campeonato de lanzamiento bucal de huesos de aceitunas. Elegimos – y no es publicidad encubierta- las aceitunas de manzanilla con hueso de la razón social “La Española”, por aquello de la tradición y el patriotismo. La carne de la olivas es muy sabrosa, y los huesos, recios y resistentes. Éramos diez los competidores, y quedé el último. Mi mejor lanzamiento apenas alcanzó los 150 centímetros de distancia, y el esfuerzo dinamitó mis posibilidades. Con esto quiero decir que admiro a quien ha conseguido ser en diferentes ediciones Campeón de Murcia de este complicado deporte, en el que se unen la fuerza de la lengua, el dominio del acto de la expulsión y el alarde orbital del hueso lanzado, que debe mantener un rumbo creciente al principio y una caída en diagonal para lograr una marca victoriosa. Eso sí, me gustaría que don Teodoro fuera más simpático y empático, como la portavoz Cuca Gamarra, que siempre habla enfadadísima. Esos modales han sido la causa de muchas desdichas en la historia del PP. Que sus dirigentes parecen distantes y secos, muy proclives a olvidar la simpatía arrolladora y gracia natural de su admirado José María Aznar.

La debilidad demostrada por don Teodoro y don Pablo Casado abre de par en par las puertas de una debilidad más acentuada

Don Teodoro se ha reunido con el representante de Pedro Sánchez, el señor Bolaños, para renovar los cargos de algunas instituciones constitucionales, como el Tribunal Constitucional y el de Cuentas, entre otros. No resulta estético que los dos partidos –por ahora-, más poderosos de España se repartan el equilibrio de la Justicia como si fueran cromos de su exclusiva propiedad. Visto el resultado de las reuniones, mucho me temo que a don Teodoro y al Partido Popular se la han metido, nuevamente, doblada.

En el Tribunal de Cuentas, los consejeros responsables de aclarar los gastos del llamado “Procés” y reclamar la devolución de las importantes cantidades malgastadas por los independentistas, se han visto relevados. La evidente malversación de caudales públicos, los gastos de las embajaditas catalanas en el exterior que hemos pagado todos los españoles y la actividad del actual fiscal, que ha sido desactivado, abre las puertas de la confusión más desbordada. Parece que la renovación del Tribunal de Cuentas ha sido pactada entre el PSOE, ERC, y el partido de Puigdemont, con don Teodoro presente con voz, pero sin voto. La postura del PP respecto a la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial era la justa y necesaria. Que fueran los jueces, y no los partidos, los encargados de llevarla a cabo. Pero visto el resultado de estas reuniones, se da por hecho que el CGPJ será renovado por el dedo de dos partidos políticos, y que será el PSOE quien será representado por la mayoría de sus miembros. Porque la debilidad demostrada por don Teodoro y don Pablo Casado abre de par en par las puertas de una debilidad más acentuada. Asi que “vosotros os quedáis durante dos años con la mayoría del Constitucional, y a cambio nosotros, los socialistas y comunistas, acaparamos durante cinco años la mayoría del Consejo General del Poder Judicial”.

—Me parece justo y equilibrado-, ha dicho don Teodoro, el hueso rudo de roer.

Duro de roer, pero roído.

Y todo queda entre ellos.

Es urgente retornar a la prosperidad y el orden pre-sanchista
El mismo 40º congreso del PSOE, no ha resultado, como se esperaba por todos, un paseo de rosas para el señor Sánchez
Miguel Massanet. diariosigloxxi 25 Octubre 2021

"La fórmula sagrada del positivismo: el amor como principio, el orden como fundamento y el progreso como meta”, Auguste Compte.

En este totum revolutum que nos ha tocado vivir en el que parece que, en España, todo anda desquiciado, que no hay el más mínimo entendimiento entre los políticos que, incluso, dentro de cada formación, de izquierdas y derechas, se echan los trastos a la cabeza los unos con los otros en su afán de destacarse, de conseguir posicionarse mejor o de descabalgar al oponente para reforzar su propia posición, con la particularidad de que, las bases, los ciudadanos de a pie, están empezando a impacientarse ante semejante estado de cosas que, pese a la euforia de nuestros ministros y presidente del Gobierno, no parece que se estén dando ninguna de las señales económicas, sociales, financieras o políticas que puedan confirmar de alguna manera de que España ha iniciado su recuperación y que se pueda dar por finalizada la crisis del Covid 19 que, si bien parece que va amainando , todavía queda por ver si las nuevas cepas del virus, como la recientemente aparecida, Delta plus, en Valencia, no van a ser el prólogo de una nueva pandemia que nos retrotraiga a nuevas crisis sanitarias.

Como parece que es habitual que suceda, ante retos de una importancia vital para la marcha de nuestras empresas, como son el grave problema energético que estamos padeciendo con un aumento desquiciado del precio de la energía eléctrica y, parece ser, que le va a seguir otro del gas, añadiendo, en este caso particular, la probabilidad de que para este invierno no tengamos suficiente suministro de este producto para nuestras calefacciones y consumos industriales. Dos temas que ya vienen produciendo efectos en la economía de los españoles con el anuncio de la elevación del precio de los artículos de nuestros supermercados de alimentación, el cierre de algunas empresas que no pueden asimilar los nuevos costes energéticos y la paralización de otras, como empresas de automóviles, como es el caso de la Renault, que ha tenido que suspender la fabricación de un número elevadísimo de coches debido a que le faltan componentes para sus líneas de montaje.

Se ha estado repitiendo hasta la saciedad, tanto desde los grupos de técnicos en la materia como desde la ciudadanía que, si no son técnicos, al menos son capaces de sumar dos más dos, algo que para nuestros ministros parece que les es imposible. Cuando tenemos a una ministra incapaz de entender que, el suprimir la reforma laboral que, a instancias de Bruselas, tuvo que implantar el PP y que ha sido una de las mejores que se pudieran haber hecho, viene la señora Yolanda Díaz, muy comunista ella, a enfrentarse con su propio gobierno para amenazar con ser ella, motu propio, la que iba a dar el do de pecho retirando la reforma que entonces se hizo.

Las consecuencias pueden ser de tal magnitud, tanto en cuanto desde Bruselas, que siguen insistiendo en que se debe profundizar más en aquella primera reforma, que sea muy posible que se tomaran, la derogación de aquella medida, como un acto de rebeldía contra la normativa europea, que pudiera influir de una manera determinante en lo relativo a loas ayudas económicas que debiéramos seguir recibiendo de la parte que se nos asignó del pastel financiero, aunque no de forma indiscriminada y condicionada, evidentemente, al cumplimientode ciertos requisitos que se nos exigen para que podamos seguir recibiendo los fondos de ayuda que nos fueron asignados en el reparto comunitario.

Es evidente que vamos a pagar caro y, con toda probabilidad, durante muchos años la política izquierdista, evidentemente radicalizada y politizada en contra de las centrales nucleares que, como se está demostrando, son las mejores, menos contaminantes, más productivas y las únicas capaces de cubrir las necesidades de España, muy lejos de todas estas energías alternativas, carísimas, con muchos problemas en cuanto a su localización, verdaderos atentados ecológicos y que están muy lejos de poder cumplir con lo que se pide de ellas y es que sean capaces de cubrir las necesidades de todo España, su industria, su comercio , sus instalaciones sanitarias y las necesidades correspondiente al consumo de la ciudadanía y los municipios de toda la nación.

Pero, según el ramillete de feministas y “feministos” que hoy ocupan la Moncloa, todo va bien, la recuperación es un hecho, y los meses que, todos los ciudadanos de a pie (no se sabe si por una enfermedad ocular de rápida transmisión desconocida hasta ahora) vemos con preocupantes nubes negras respecto a la economía, la crisis energética, el incremento absurdo de nuestra Deuda Pública, la posibilidad de que el desempleo se agudice debido al encarecimiento de la producción y recolección, distribución y venta de los productos de primera necesidad que, al parecer amenazan con ser los primeros que se van a encarecer si no hay un milagro que lo evite.

La señora Yolanda Diaz ya fue objeto de un escrache por parte de sus propios correligionarios que la llamaron traidora, le dijeron que no se sentían representados por ella y que lo que tenía que hacer era dimitir ¡Los comunistas de su mismo partido fueron los que la abuchearon, un hecho insólito en la política española! En realidad se da la extraña paradoja de que, estas izquierdas problemáticas, de tendencias abiertamente absolutistas y que abominan de cualquier partido político que no acepte su supremacía, son, a la vez los que buscan subvertir el orden,, suplantar la Justicia y cambiar las reglas constitucionales mediante trucos, interpretaciones interesadas, cambios y subterfugios para que lo establecido en la Carta Magna, de hecho, quede fuera del hacer político de esta rara asociación, sin duda peligrosa, formada por comunistas y socialistas que, si por separado ya son de temer, cuando se juntan tenemos las condiciones esenciales para la implantación de la tiranía y la, subsiguiente dictadura.

El mismo 40º congreso del PSOE, no ha resultado, como se esperaba por todos, un paseo de rosas para el señor Sánchez. Son muchos los problemas que ha de afrontar el país para que todo el socialismo se muestre de acuerdo con la deriva del actual Gobierno, siete días después de terminado el cónclave todavía se nota la crisis existente en el seno del partido socialista.

El caso, que nunca se debiera de haber producido, cuando la señora Meritxel Batet, presidenta del Congreso, primero se hizo la longuis en cuanto a la aplicación de la decisión del TS y, luego, ante la evidencia de que no estaba en condiciones de enmendarle la plana al alto tribunal, tuvo que retirarle el escaño a Alberto Rodríguez, el empedernido “rastras” comunista, que pretendía salir de rositas después de haber pateado a un policía, cuando ya formaba parte como congresista, de la élite legislativa ¡Dios nos perdone por permitir que sean elegibles personas de semejante catadura! Y, metidos, como se dice, en harina no dejaremos de comentar el comportamiento de uno de estos indultados del Gobierno, que ya advirtieron que no renunciaban a sus artimañas separatistas, el señor Oriol Junqueras, que parece que ha dado un paso más en cuanto a lo que estima defendible y a aquellos derechos que se atribuían los gudaris de la banda ETA, asistiendo, hombro con hombro de este etarra primado por el gobierno de Sánchez, que le permite homenajear a los criminales que asesinaron vilmente a más de 800 personas inocentes, y de las que, todavía, quedan varios centenares que no han sido juzgados y castigados por sus crímenes violentos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no acabamos de asimilar el que, en Cataluña se consienta, se permita y se considere como algo normal que, las revueltas, cualesquiera los motivos que las produzcan deban de ser toleradas, soportadas y respetadas por la policía cuya función primordial es la de mantener el orden, acatar el mandato constitucional y defender a los ciudadanos en general de los excesos violentos de quienes valiéndose de la violencia, la fuerza y el número pretenden convertir las calles en campos de lucha y revolución.

El hecho de que las fuerzas del orden público, de Cataluña, con las que nos identificamos plenamente, deban de salir a la calle para reclamar sus derechos y el que debería ser fundamental, el de que sus actuaciones, en lugar de provocar medidas disciplinarias de castigo o judiciales en su contra, debieran de estar protegidos por unas leyes y unos reglamentos que les preservaran de ataques, denuncias o infundios que, como sucede ahora, les impiden actuar como debieran, siempre atenazados por el miedo a ser enjuiciados por acciones que constituyen el simple cumplimiento de su función de mantener el orden, como agentes de la autoridad.

El TC desmonta Frankenstein
Antonio Martín Beaumont. larazon 25 Octubre 2021

Pedro Sánchez se ha vestido de estratega para asegurar el resto de la legislatura con unos nuevos Presupuestos. Y, justo ahora, PSOE y PP han logrado una entente que desenreda la renovación de cuatro relevantes órganos de nuestra Carta Magna: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos.

Lo que hace unos días parecía imposible se ha logrado de forma súbita. Y ello aunque, políticamente hablando, el pacto desmonta el mantra con el que el Gobierno ha justificado su alejamiento del PP o sus decisiones unilaterales en temas cruciales para el país, como la educación, la reforma laboral o las pensiones, por mencionar algunos asuntos que van más allá del mero interés partidista y en los que jamás se debería obviar al centro derecha, que representa a una buena mayoría de españoles.

Además, este espíritu de acuerdo entre socialistas y populares adquiere mayor relevancia por coincidir con una nueva entrega de esos “episodios nacionales” del dúo Pimpinela gubernamental que coloca al Consejo de Ministros en la picota. De hecho, si no fuera porque está firmemente instalada la creencia de que ambos coaligados no desean que la legislatura se acorte, podría decirse que vivimos un ambiente de adelanto electoral.

¿Puede verse mayor tensión? Que Podemos anuncie denunciar penalmente a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, por cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que ha inhabilitado a quien fuera número tres de los morados, Alberto Rodríguez; que una ministra, líder de los morados, Ione Belarra, acuse de “prevaricar” a los jueces, no son meras trifulcas dentro del guirigay ideológico constante en el que vive el PSOE con los socios y costaleros que eligió Sánchez para perdurar en La Moncloa. Es impensable tratar de aguar la gravedad de este salto político.

No es lógico pensar que Sánchez desee romper la coalición que firmó para ser investido presidente. Tampoco le interesa la ruptura al combativo trío de mujeres que lidera el comunismo populista: Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero. Pero si lo hiciese, el presidente tendría dos caminos, ambos arduos para él: el de afrontar las urnas para medir la opinión de los españoles o el de buscar una nueva mayoría parlamentaria, como ha hecho para renovar los órganos constitucionales, que le permitiese moderar sus políticas y discurso.

Porque el pacto PSOE-PP para renovar, por ejemplo, un órgano tan vital como el Tribunal Constitucional en los tiempos que corren, con Podemos que busca imponer desde el mismo Gobierno un modelo que no cabe en la Constitución, deja en cueros las necesidades con las que Sánchez juguetea para justificar su gusto por abrazar a la izquierda radical y al independentismo. No es que Sánchez no disponga de otra opción que el bloque Frankenstein: es que ésa es su apuesta. De hecho, en el Congreso de los Diputados el presidente sólo ha dirigido su mirada a Pablo Casado para trámites en los que necesita mayorías cualificadas. Léase, por ejemplo, el CGPJ. Y ello tras explorar la tentativa de rebajar dicha mayoría.

Los pactos de Estado entre el Gobierno y el principal partido de la Oposición no existen porque Sánchez los desprecia. Su mandato depende de Podemos, ERC o Bildu, las formaciones antisistema, porque él así lo quiere. La voluntad del presidente del Gobierno ha elevado a esas fuerzas a la condición de costaleros preferentes, con blanqueo incluido del líder de izquierda abertzale Arnaldo Otegi, personaje de largo recorrido de militancia terrorista en ETA.

Lo sorprendente es que, para remontar el vuelo, Sánchez pretenda enarbolar la bandera socialdemócrata con sus alianzas tóxicas. De la mano del populismo comunista y el secesionismo, el plan está abocado al desastre. Obliga al país a correr enormes riesgos. Muy claros, además, pues implican la ruptura de nuestras reglas de convivencia llevando España a la crispación, el frentismo y la inestabilidad política.

La maldición de la guerra civil
Amando de Miguel. Libertad Digital 25 Octubre 2021

Diríase que la actual democracia española no es más que la guerra civil con otros medios, incluidos los de comunicación.

Es sabido que, en todo el mundo, la guerra civil española de 1936 supuso un formidable estímulo para los intelectuales o los que aparentaban serlo. En España, ese acontecimiento tuvo tal fuerza, que pervive hasta hoy mismo en la confrontación de las ideas políticas. Es como una maldición: el espantajo de la guerra civil continúa vivo en nuestro país. Eso es así, a pesar de que, en el último siglo, ha sido la nuestra una de las naciones que más se ha transformado en otros muchos órdenes. Da igual. Los españoles hacemos todo lo posible por revivir la lucha a muerte entre las "dos Españas", enfrentadas hasta el paroxismo en 1936; "los hunos y los otros", como dijo Miguel de Unamuno. La cosa venía de lejos. Hace más de dos siglos, Mariano José de Larra señaló que "este país es el de los exabruptos".

No es algo espontáneo, sino cultivado desde el poder. Actualmente, funciona, por ejemplo, una ominosa "ley de memoria democrática", por la que se fomenta el ansia de los iconoclastas por derrumbar los símbolos de los que se alzaron contra el Frente Popular de 1936. Resultó que triunfaron los nacionales o franquistas, pero la "memoria democrática" trata de reescribir la historia. Se propone, nada menos, hacer como si la guerra la hubieran ganado los rojos o republicanos. No es de ahora; la absurda pretensión empezó a funcionar en los amenes del franquismo y siguió con la llamada Transición. A saber, había que hacer un continuo duelo por el fusilamiento de Federico García Lorca por los nacionales, y silenciar el de Ramiro de Maeztu por los rojos. La estatua de Francisco Franco, en los Nuevos Ministerios de Madrid, se sustituyó por la de Francisco Largo Caballero. Los dos Franciscos personificaron los respectivos bandos de 1936.

La imposible pretensión de la "ley de memoria democrática" es que la guerra civil la habrían ganado los republicanos. A veces, las fantasías se realizan. El Gobierno actual de España es la viva reencarnación del Frente Popular de 1936: la triple alianza entre socialistas, comunistas y separatistas con un parecido fanatismo.

Bien, ahora, España es, felizmente, una democracia. Pero, manifiesta el curioso matiz de que, en las Cortes, son legales ciertos partidos políticos, que no intentan representar a todos los españoles. Expresamente, encarnan, solo, a una parte territorial de ellos: los vascos, los catalanes, los navarros, los de Cantabria, los de Teruel, etc. Es una dinámica más propia de la confrontación de 1936, solo que, por fortuna, sin violencia. Diríase que la actual democracia española no es más que la guerra civil con otros medios, incluidos los de comunicación.

El caso liminar es el de Bildu (que, en vascuence, significa algo así como "convento"). No, solo, representa a los vascos, sino a los terroristas vascos de la ETA; ya, es particularismo. Aun así, se convierte en socio del Gobierno de España y lo más probable es que acceda al Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, con manifiestas pretensiones de independencia.

Lo peor es que, en la España de hoy, resucita el espíritu de odio y exclusión, que caracterizó el planteamiento de la guerra civil. Para la izquierda gobernante, todos los demás son "fachas", esto es, exterminables. No se espere que el amasijo gubernamental se sienta a gusto con los símbolos de la nación española, la bandera y el himno. En la práctica, solo, se evocan en los actos militares y los de un partido minoritario, como Vox. Ya, es desgracia que lo "nacional" sea, solo, una parte de la nación. El error lo estableció el bando franquista en la guerra civil y, ahora, revive.

Resulta extraño que ningún Gobierno socialista se haya atrevido a demoler el Arco de la Victoria (de los "nacionales"), sito en la Moncloa de Madrid. Precisamente, fue ese el único lugar en el que las fuerzas republicanas, con la ayuda de las "brigadas internacionales" (básicamente, comunistas), lograron contener el ataque de los franquistas. Esa misma excepción nos avisa del carácter vacilante que tiene, ahora, la confrontación de los dos bandos de la guerra civil. En la historia, uno no puede saltar sobre su propia sombra. A la sociedad, no le es posible seguir viviendo mucho tiempo de ficciones, por mucho que el carácter colectivo de los españoles sea tan propicio a la fabulación. Definitivamente, lo nuestro es la literatura.

Ante tantas tensiones políticas, la tentación de los españoles todos sería seguir el consejo de los catalanes: pleguem. En castellano, no existe un verbo para dejar, gozosamente, de esforzarse en la tarea que corresponda (la feina).

Política lingüística
El Parlament balear impone el catalán a policías, guardias civiles y demás funcionarios del Estado
Miquel Ángel Font. okdiario 25 Octubre 2021

La obsesión del pacto de izquierdas de Baleares que lidera la socialista Francina Armengol con la imposición del catalán en todos los ámbitos de la sociedad no cesa y cada semana hay declaraciones, propuestas, mociones o nuevas decisiones sobre esta cuestión. Ahora el Parlament balear ha aprobado una propuesta por la que se impone el conocimiento del catalán a los funcionarios del Estado que trabajan en Baleares y entre ellos a los guardias civiles y policías nacionales.

Fue el pasado miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales cuando la Cámara Balear aprobó la propuesta sobre la obligatoriedad de los funcionarios de atender a los ciudadanos en la lengua que soliciten de las dos oficiales que hay en la comunidad autónoma, el español y el catalán.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de toda la izquierda, PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y de la formación regionalista el PI. El Partido Popular se abstuvo y curiosamente la formación Vox, muy sensible con estos temas de la lengua, no asistió a la Comisión. El único partido que votó en contra fue Ciudadanos.

La propuesta aprobada consta de varios puntos y el primero de ellos sostiene que se debe garantizar el derecho de opción lingüística de los ciudadanos de poder relacionarse en lengua catalana con la Administración General del Estado en el territorio de las islas Baleares. Se añade que este derecho deriva de la declaración de oficialidad de la lengua (artículos 3.2 de la Constitución y 4.1 del Estatuto de Autonomía) de acuerdo con la jurisprudencia del Tribuna Constitucional.

Este punto no es el polémico puesto que se refiere al derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán si así lo solicitan. El punto problemático es el número cuatro donde habla de la obligación del funcionario a utilizar el catalán bajo amenaza de sanción si el ciudadano lo pide.

Concretamente afirma que «se debe garantizar la observancia del principio de conducta del artículo 54.11 del Estatuto básico del empleado público de atender al ciudadano en la lengua oficial que solicite, impidiendo en caso contrario cualquier discriminación por razones de lengua con exigencia de la responsabilidad disciplinaria que se pueda derivar como falta muy grave, según el artículo 95.2.b del Estatuto básico del Empleado público».

Desde Ciudadanos se ha explicado que el voto en contra de la propuesta responde a que la misma implica indirectamente que los funcionarios del Estado que trabajan en Baleares deben saber catalán para poder atender a los ciudadanos en esta lengua si así lo solicitan.

El conocimiento del catalán es un requisito para poder trabajar en la Administración Autonómica de Baleares, un requisito que deben reunir tanto los celadores como auxiliares y administrativos e incluso los médicos y enfermeras. El requisito afecta sólo a los funcionarios de la comunidad autónoma puesto que el Govern no tiene competencias para dictar normas sobre el personal de la Administración Pública del Estado.

La propuesta aprobada por el Parlament sobre la imposición del conocimiento del catalán a los funcionarios del Estado no pude tener en principio mucho recorrido. De todos modos muestra la intencionalidad del pacto de izquierdas de imponer el conocimiento del catalán a los funcionarios del Estado que trabajen en Baleares aunque ello requeriría una decisión del Gobierno de la nación.

El pasado 21 de septiembre el Parlament ya aprobó una propuesta para instar a la Delegación del Gobierno a instalar, en lugar visible en todas las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y cuarteles de la Guardia Civil en Baleares carteles para informar del derecho de utilizar ambas lenguas oficiales -catalán y castellano- y del derecho que tienen los usuarios a realizar todas las gestiones en cualquiera de las dos lenguas. Fue una propuesta presentada por los soberanistas de Més per Menorca. También se aprobó instar a Aena y a Autoridad Portuaria de Baleares a instalar, en todos los aeropuertos y puertos de las Islas, carteles para informar sobre este derecho.

COMUNIDAD VALENCIANA
El juez anula una resolución de la Generalitat Valenciana por estar solo en valenciano
EFE. Alicante. El Mundo  25 Octubre 2021

La ciudadana había instado esa resolución siempre en castellano y el juez declara "nulo de pleno derecho" todo el expediente tramitado, "al haber impuesto la Administración unilateralmente la lengua valenciana"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha anulado una resolución de octubre de 2019 de la Conselleria de Justicia por estar dictada solo en valenciano cuando la ciudadana que había instado esa resolución se había dirigido siempre en castellano a la Administración.

Además de anular esa resolución, el juez estima el recurso de la demandante en toda su extensión, reconoce su derecho a que se reclasifique su puesto de trabajo -motivo por el cual había impugnado ante la Conselleria- e impone el coste de las costas procesales a la Administración, con un tope de 500.000 euros.

La demandante impugnó una resolución de la Conselleria de Justicia en la que se desestimaba un recurso anterior contra la modificación de la clasificación de su puesto de trabajo como auxiliar de enfermería.

El juez considera "nulo de pleno derecho" todo el expediente tramitado, "al haber impuesto la Administración unilateralmente la lengua valenciana, sin respetar la opción por la lengua castellana utilizada por el ciudadano".

"La tramitación del expediente pone de manifiesto que la lengua utilizada por la Generalitat Valenciana para dar respuesta tanto a la solicitud como al recurso de la parte actora ha sido el valenciano -añade-, cuestión perfectamente legítima y amparada por la normativa estatal y autonómica sobre el uso de las lenguas autonómicas cooficiales junto con el castellano".

"El problema jurídico" se plantea cuando en el expediente se ve "claramente" que "en absolutamente todas" las ocasiones en las que la parte recurrente se ha dirigido a la Administración demandada "lo ha hecho utilizando únicamente la lengua castellana, y sin embargo, la respuesta que le ha dado la Administración autonómica ha sido únicamente en lengua valenciana, sin respetar el derecho de opción lingüística del expedientado", añade el juez en su sentencia, facilitada por el TSJCV y que adelanta este lunes Las Provincias.

Insiste, además, en que "el uso de la lengua valenciana por cualquier Administración ubicada la Comunidad Valenciana es perfectamente legítimo. De hecho, este mismo Juzgado ha dictado varias sentencias en valenciano cuando así lo han solicitado de común acuerdo las partes litigantes".

El juez recalca en su fallo que "lo que ya no está tan claro es que cuando un ciudadano se dirige repetidas veces a una Administración en lengua castellana reciba como única respuesta una contestación dada en otra lengua que no es la elegida por el ciudadano". Esta actuación administrativa, recuerda el instructor, "ha sido declarada inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional; y también por el Tribunal Supremo y el TSJ en la Comunidad Valenciana".
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