AGLI Recortes de Prensa   Jueves 28  Octubre  2021

Crisis del coronavirus
No hay dos sin tres: el Constitucional también tumba el segundo estado de alarma de Sánchez
Agustín de Grado. okdiario 28 Octubre 2021

No hay dos sin tres. El Tribunal Constitucional tumba también el segundo estado de alarma que el Gobierno socialcomunista impuso durante seis meses consecutivos bajo el pretexto de combatir la pandemia del coronavirus porque su prórroga sin control parlamentario no tuvo un «carácter no razonable o infundado». El fallo llega después de que también fueran declarados contra la Constitución el primer estado de alarma y el cierre del Congreso que le siguió durante las primeras semanas. Tres sentencias, todas tras recursos de Vox, que hunden la estrategia jurídica desplegada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Como en las dos sentencias anteriores, el Constitucional considera que el estado de alarma violó derechos fundamentales, más allá de tratarse de limitaciones derivadas de la necesidad de atajar la propagación del Covid. Además, fulmina la cogobernanza de la que alardeó Sánchez ya que, explica la sentencia, el Gobierno no podía delegar en las comunidades autónomas la imposición de restricciones a derechos fundamentales, como el de movilidad o reunión, porque es competencia exclusiva del Gobierno.

La sentencia no cuestiona la duración del segundo estado de alarma, sino «el carácter no razonado o infundado» del Congreso para imponerlo durante seis meses consecutivos sin que pudiera ser evaluado cada cierto tiempo, al estar en juego derechos fundamentales y no conocerse cómo evolucionaría la pandemia en un plazo tan dilatado.

Al contrario que con el primer estado de alarma, que se prorrogaba cada quince días, con el segundo el Gobierno determinó un período de seis meses que fue aprobado por la mayoría Frankenstein que sostiene al Gobierno en el Congreso. Harto de las penalidades que la oposición le hacía pasar cada vez que tenía que renovarlo cada quince días, Sánchez sacó adelante en una sola votación el segundo estado de alarma, que se prolongó del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021.

El recurso del partido conservador al segundo estado de alarma llevaba semanas sobre la mesa de los magistrados. El presidente, Juan José González Rivas, les había dado la posibilidad de presentar aportaciones al ponente, Antonio Narváez, para buscar una sentencia con el mayor respaldo posible. El objetivo: intentar no repetir la ruptura en dos que la sentencia del primer estado de alarma provocó en el tribunal, ya que el resultado de la votación fue de de seis votos a cinco.

De poco ha servido este mayor tiempo para la reflexión porque el resultado ha sido de seis votos a favor y cuatro en contra, entre ellos el del presidente. La sentencia cuenta con votos particulares contrarios del presidente Juan José González Rivas, y los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Como sucedió tras la sentencia del primer estado de alarma, el Gobierno tendrá que proceder ahora a devolver el importe de las multas impuestas durante los seis meses de un estado de alarma que ahora ya es, en firme, inconstitucional. Se impusieron 41.426 sanciones y, aunque sólo se tramitó el 9,9%, Hacienda recaudó 69 millones. Cantidad que ahora tendrá que volver al bolsillo de los multados.

Nuevo varapalo constitucional a Sanchez
Nuevo varapalo del TC a Sánchez: el segundo estado de alarma también fue inconstitucional
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 28 Octubre 2021

Pedro Sánchez actuó durante la gestión de la pandemia al margen de las garantías constitucionales. Lo hizo con ocasión la declaración del primer estado de alarma y lo hizo con ocasión de la declaración del segundo estado de alarma. Nunca gobierno europeo alguno recibió reveses de tal magnitud de su Tribunal Constitucional, y mucho menos en materia de derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional ha declarado, tal y como adelantaron la mayoría de los expertos en Derecho Constitucional, plenamente inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia.

El Pleno del tribunal de garantías ha estimado así el recurso de amparo de Vox, lo que supone el tercer golpe contra la estrategia jurídica del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la emergencia sanitaria, tras declarar inconstitucional el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria.

La declaración del estado de alarma durante seis meses es una de las cuestiones que han provocado la inconstitucionalidad del decreto. El artículo 116 de la Constitución establece con toda claridad que la declaración del estado de alarma podrá abarcar un período de 15 días, prorrogable por otros tantos. Sin embargo, Sánchez decretó la excepcionalidad constitucional durante un período de seis meses. El objetivo, era no tener que someterse al control parlamentario cada 15 días, cada vez que hubiera procedido declarar la prórroga. Lo que en el fondo hizo el gobierno fue, en consecuencia, evadir el control del Congreso de los Diputados.

Es ese periodo lo que el tribunal considera inconstitucional al no haberse ejercido un control parlamentario eficaz ni periódico del Congreso sobre esta medida, que es más relevante aun cuando se trata de una crisis sanitaria.

El otro motivo que ha justificado la estimación del recurso es la denominada cogobernanza, un invento de Sanchez para hacer dejación de sus responsabilidades constitucionales y transferir a las comunidades autónomas, sin control parlamentario y sin previsión de reversión, competencias no delegables, cuales son las cedidas para limitar de derechos fundamentales que no correspondía adoptar a las autonomías.

El Gobierno acordó con carácter permanente la delegación a las autonomías sin reserva alguna de la supervisión efectiva o de la eventual avocación al propio Gobierno, de lo que los gobiernos autonómicos pudieran actuar en sus respectivos territorios.

La ilegalidad como costumbre
Más que una enmienda a la totalidad del Tribunal Constitucional al estado de alarma, lo ocurrido es una auténtica moción de censura jurídica, y por triplicado, al sanchismo
Editorial ABC 28 Octubre 2021

Tres sentencias del Tribunal Constitucional vinculadas al estado de alarma decretado por Pedro Sánchez por la pandemia, y tres derrotas sin paliativos que, además, son el relato más contundente posible contra una forma de gobernar basada en la ilegalidad. Ahora sí, puede decirse que Sánchez ha hecho de la inconstitucionalidad una costumbre. Y que aunque ya no vaya a surtir grandes efectos jurídicos porque resulta imposible retrotraer en el tiempo a los millones de españoles que quedaron recluidos en sus casas, y expuestos a una cogobernanza autonómica abusiva durante seis meses, la segunda sentencia que considera ilegal el estado de alarma sí es una desautorización definitiva de Sánchez. No convocará elecciones porque la hemeroteca y la asunción de responsabilidades políticas le dan tan igual como la legalidad vigente. Y porque el Gobierno ya ha dado por amortizadas las consecuencias políticas del primer fallo que tumbó su estado de alarma. Por eso, la segunda sentencia le parecerá aún más irrelevante.

Sánchez no se marchará, pero el retrato que hace el Tribunal de su concepción del Estado, del valor que concede a un Parlamento prácticamente secuestrado durante meses, y de la labor de fiscalización del Gobierno por parte de la oposición, es demoledor. Pocos presidentes en el planeta actuaron con tan poca transparencia durante la pandemia, con un criterio tan autoritario e intervencionista, y con una utilización tan caprichosa de la legalidad como Sánchez. Y los que lo hicieron no se caracterizan precisamente por su marchamo democrático.

La izquierda volverá a argumentar que el TC está viciado por su mayoría conservadora y por factores ideológicos, pero a buen seguro no incidirá en la letra pequeña. Por ejemplo, que el presidente del TC, propuesto en su día por el PP, ha votado por enésima vez con el bloque progresista; y que la vicepresidenta, avalada por el PSOE, ha considerado ilegal el segundo estado de alarma, igual que hizo con el primero. Y tampoco incidirán en que el magistrado Andrés Ollero, conservador, antiguo diputado del PP, y que consideró legal, útil y oportuno el primer estado de alarma, juzga ahora abusivo el segundo. Estas consideraciones caerán en saco roto en la izquierda, porque de lo que se trata es de manipular a la ciudadanía, defender a Sánchez a ultranza, y seguir estigmatizando al Tribunal acusándolo de seguir órdenes de la derecha política. Pero los votos no engañan.

Es el Gobierno quien debe plantearse de una vez por todas dejar de afirmar que sus medidas contra la pandemia fueron proporcionadas y necesarias, y que salvaron vidas. Porque por mucha buena fe que pusiera contra la pandemia, el Estado tiene normas y no se usan de manera torticera, como sostenía el recurso de Vox que ha triunfado. Esta vez al menos el Gobierno ya no ha arremetido contra los magistrados ni les ha acusado de «hacer elucubraciones doctrinales». Aquel ataque contra la primera sentencia fue inmisericorde, injusto, y demostrativo de que el PSOE solo entiende el poder desde la sumisión de los poderes legislativo y judicial. Con todo, lo más grave es que se lleguen a normalizar tanto los reveses del TC al Gobierno, como si la costumbre dejase de ser noticia. Porque el adormecimiento social frente a conductas ilegales del Gobierno sería el mejor salvoconducto para que se siga maltratando la Constitución lo que reste de legislatura. Más que una enmienda a la totalidad del TC al estado de alarma, lo ocurrido es una moción de censura jurídica al sanchismo. Aquel que se valió de una única frase en una sentencia para echar del poder al PP, hace ahora caso omiso a tres durísimos fallos del TC contra él. La cosa es no darse por aludido.

El póker inconstitucional del sanchismo
Guadalupe Sánchez. vozpopuli.es 28 Octubre 2021

El Tribunal Constitucional ha identificado la misma pulsión totalitaria en varias resoluciones: el Ejecutivo sustrajo su actuación del control y supervisión de los contrapesos

Todas las herramientas jurídicas escogidas por el Ejecutivo de Sánchez para enfrentar la pandemia violaron la Constitución. Tras declarar inconstitucional el primer estado de alarma y estimar los dos recursos de amparo formulados por Vox contra el cierre del Parlamento y la suspensión de los plazos reglamentarios, este miércoles le tocó el turno al estado de alarma decretado en octubre y a su aberrante prórroga de seis meses.

Era la crónica de una inconstitucionalidad anunciada y no sólo por el hecho de que ya se declarase en julio la del primer estado de alarma. Lo abultado de la duración escogida - nada menos que medio año – y la experiencia previa vivida, con un Gobierno que utilizó en su propio beneficio partidista el poder extraordinario que se le confirió para combatir la muerte y la desgracia, hacían ya presagiar cuál iba a ser el modus operandi de Pedro.

Y no defraudó. A la arbitrariedad en el modo de obrar de la que ya hizo gala durante la primera ola, se le sumó la dejación de funciones durante la segunda. Se lavó las manos, cual Poncio Pilatos, delegando en los líderes autonómicos las competencias que la ley que regula los estados excepcionales reserva al presidente del Gobierno. Si salía mal, el marrón se lo comerían otros, mientras que si salía bien él se arrogaría los triunfos. Y para ejemplo, su intento de apropiarse de la exitosa campaña de vacunación gestionada por las autonomías. Vacunator, como lo bautizó mi estimado Carlos Herrera.

La trascendencia de este reguero de decisiones contrarias a nuestra Carta Magna radica en que, tras todas y cada una de ellas, el Tribunal Constitucional ha identificado la misma pulsión totalitaria: el Ejecutivo sustrajo su actuación del control y supervisión de los contrapesos. Sánchez nos confinó física y democráticamente. Dejó en suspenso tanto nuestras libertades como al mismísimo Estado de derecho. Aquello fue una dictadura sanitaria en todo su esplendor.

En un artículo que escribí para este medio aquel aciago día en el que se votó la prórroga en la Cámara Baja, llamado: “España salta al vacío”, ya advertí de la importancia de que las prórrogas se aprobasen por plazos cortos puesto que, a menor duración, mayor capacidad de controlar al Gobierno en el ejercicio de los amplios poderes que le confiere la ley para las situaciones de crisis. La infección del virus de la tiranía ha de erradicarse cuanto antes y seis meses es tiempo suficiente como para parasitar todo el entramado institucional e incluso gangrenar parte del mismo.

Resulta por lo tanto incomprensible que la práctica totalidad del Congreso, con la excepción de Vox y Foro Asturias, no se opusiera en bloque: Ciudadanos no se limitó a votar a favor, sino que también contribuyó al eslogan pueril de que con ello estaban salvando vidas. El Partido Popular se abstuvo, aunque alguno de sus barones autonómicos exigió una nueva prórroga para “brindar seguridad jurídica”. Es una lástima que Casado se dejase arrastrar por la facción del partido que confunde moderación con complicidad, seguidismo o inanidad. Le han convencido de que éste era el camino más corto a Moncloa y eso es algo que, ahora mismo, está por ver. El peor gobierno de la historia y las encuestas no son para lanzar cohetes.

Con la excepción de la formación que lidera Abascal, el resto contribuyó a que el Gobierno se excusase en la sanidad para dinamitar los contrapesos ideados por el sistema para evitar los abusos de poder. Y también a que el sanchismo siguiera propagando la falsa dicotomía entre salud y ley. Aún recuerdo amargamente las palabras de la ministra Robles asegurando que “no era el momento para debates jurídicos”. Y desde entonces ahí siguen instalados, tildando de negacionista de la pandemia y ultraderechista a todo aquél que cuestione la legalidad de lo que perpetraron mientras se colapsaban las UCIS y a los españoles se les impedía despedirse de sus muertos. Hasta al mismísimo Tribunal Constitucional le han endilgado la etiqueta.

Sánchez solo apareció tres veces por la sede de la soberanía nacional durante el medio año que duró el estado de alarma. Mantener que una mayor periodicidad y una mejor rendición de cuentas era irreconciliable con la lucha contra la pandemia sólo puede defenderlo un necio fanatizado. La democracia no es incompatible con la salvaguarda de la salud y de la vida, nunca lo ha sido. Quien le diga lo contrario para justificar la actuación del Gobierno es un negacionista del Estado de Derecho.

Lo cierto y verdad es que el sanchismo instrumentalizó la pandemia para relegar a las instituciones democráticas a un segundo plano. No hay más. Esto es, en resumidas cuentas, lo que ha concluido el Tribunal Constitucional en las cuatro sentencias dictadas sobre el estado de alarma. Un auténtico póker de inconstitucionalidades. Algo que a muchos les parecería gravísimo si hubiera sucedido en Polonia pero a lo que no le dan trascendencia alguna cuando ocurre aquí, en su país. Lo lógico en esta situación es que el Gobierno dimitiese y se convocasen elecciones. Pero ya sabemos que eso es algo que no va a suceder, aún menos en este caso, en el que la mayoría de la oposición le ha dado a Pedro una coartada.

Lo que los juristas decíamos al Gobierno
Teresa Freixes. larazon 28 Octubre 2021

Por tercera vez el Tribunal Constitucional ha apreciado inconstitucionalidad en las regulaciones adoptadas por el Gobierno y ratificadas por la mayoría parlamentaria que lo sustenta relativas a las medidas tomadas en los estados de alarma que han estado vigentes durante la pandemia.

La verdad es que, vistos los precedentes y los argumentos de las dos anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, no resulta extraño que, en esta tercera, se vuelva a calificar de contrarias a la Constitución las medidas «estrella» que contenían las disposiciones legislativas afectadas.

En el segundo estado de alarma, las dos grandes innovaciones fueron, por una parte, su duración, de seis meses en una prórroga que dejaba un gran margen de actuación al Gobierno por el mínimo control parlamentario que en ella se establecía y, por otra, la descentralización generalizada de la decisión de las medidas concretas a tomar, que se delegaban a las Comunidades Autónomas bajo la peculiar denominación de «co-gobernanza»

Pues bien, a falta de poder contar, todavía con el texto de la sentencia del TC (aunque sí con el comunicado de prensa que emite este órgano dando cuenta de la decisión y de los principales motivos que la fundamentan), ambas medidas «estrella» han sido declaradas contrarias a la Constitución.

Sucintamente, la falta de control parlamentario regular y normalizado, como ha tenido lugar en otros países democráticos, como en Francia o Bélgica, no se ha considerado apropiada ni proporcionada por parte del TC. No ha sido, pues, la duración de la prórroga de 6 meses lo que, por sí sola, ha generado la inconstitucionalidad, sino su falta de consistencia y de coherencia, puesto que, además, ni tan siquiera se conocían las medidas concretas a tomar puesto que se delegaban en las comunidades autónomas.

El TC también considera que esa delegación general y permanente, durante toda la duración del estado de alarma, a las autoridades autonómicas, sin supervisión efectiva y sin que se estableciera la posibilidad de avocación en el Gobierno no es conforme a lo que se dispone en la Constitución y la Ley orgánica que de ella deriva. La sentencia no ha sido tomada por unanimidad, sino por mayoría de 6 magistrados sobre los 10 con que en estos momentos cuenta el Tribunal Constitucional. Ello, aparte de evidenciar la disparidad de criterios jurídicos en el seno de este órgano, no plantea más problemas que los que en determinados ámbitos seguramente se generarán, calificando de política la decisión e intentando deslegitimarla, como sucede demasiado a menudo en estos últimos tiempos. Mi opinión es totalmente la opuesta, puesto que es precisamente un ejercicio de transparencia y de responsabilidad, en el marco del principio de seguridad jurídica, el que podamos conocer cómo se ha pergeñado una decisión de tal trascendencia y los argumentos que han conducido a la misma. En otros países en su Consejo Constitucional, no existen los votos particulares ni se puede conocer cómo se forman las mayorías y minorías en la emisión de las resoluciones, sin que ello constituya merma alguna de legitimidad respecto de la decisión que se tome.

La sentencia del TC se ajusta al Informe que la Comisión de Venecia ha adoptado en relación con las medidas que los Estados han venido tomando para hacer frente a la pandemia. En este Informe se insiste en que cualquier medida que se tome ha de ser proporcionada y ha de tener suficientes garantías para prevenir los abusos y, también, que la situación de excepcionalidad, justificada para poder hacer frente a la emergencia, no puede suponer que los principios propios del Estado de Derecho se pongan en entredicho, puesto que, en democracia, es necesario equilibrar la normalidad y la excepción.

Por último quiero señalar que con las sentencias que el TC ha venido emitiendo respecto de la aplicación del estado de alarma, el Alto Tribunal ha marcado las pautas para el futuro. Lo que muchos juristas veníamos diciendo, acerca de la necesidad de contar con una mejor legislación al respecto, queda reforzado con estas opiniones del TC puesto que queda en evidencia la insuficiencia de la Ley orgánica de 1981, cuando era imposible prever que una emergencia sanitaria obligara a tomar unas medidas que no se contemplaban ni esa ley, ni en las leyes reguladoras de la salud o seguridad pública. Le queda, pues, al legislador, un importante camino a recorrer al respecto.

Sólo cabía oponerse y Casado no lo hizo
https://gaceta.es 28 Octubre 2021

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara la ilegalidad del segundo Estado de Alarma es, sin duda, un bofetón anunciado al Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo que, en toda la historia democrática española, ha usado —y todavía usa— con más ahínco la ilegalidad como instrumento de poder.

Pero el bofetón no es sólo para este Gobierno ilegítimo, sino para todos los partidos que aceptaron, ciegos algunos, vagos y tibios, otros; ensoberbecidos en su odio a España, los demás, que los derechos de los españoles fueran pisoteados de manera ilegal durante seis meses por un Gobierno y un Parlamento con una querencia totalitaria tenebrosa.

No dejemos que se olviden los nombres de los partidos que apoyaron aquella fechoría o que se abstuvieron a la hora de defender la Ley como pilar del Estado. Aunque quizá sea menos tedioso para el lector que escribamos los nombres de las dos únicas formaciones que aquel lamentable día de octubre de 2020 se quedaron solas en la defensa cerrada de la Constitución y las libertades y derechos de los españoles: VOX y Foro Asturias.

Es en días como hoy cuando mejor entendemos la fortuna que tuvieron los españoles, todos, los que votaron a VOX y los que no, en que el partido de Santiago Abascal sacara más de 50 escaños y pudiera presentar recursos de inconstitucionalidad vetados a otras formaciones menores. Si VOX no hubiera sacado esa fuerza, el camino al desastre habría quedado expedito.

A excepción de VOX y de Foro Asturias, todos los demás partidos, desde el ‘sí’ de Ciudadanos hasta la abstención del Partido Popular, fueron cómplices aquel día, como lo fueron en tantas prórrogas del primer y también ilegal Estado de Alarma, de un absoluto rapto de la Constitución. Que el todavía líder de la Oposición, Pablo Casado, diga ahora que advirtió a Sánchez de la inconstitucionalidad de la medida excepcional, sólo ahonda en su responsabilidad a la hora de elegir la tibieza antes que oponerse, con un ‘No’ rotundo, al avance ilegal del totalitarismo en España.

Ante la ilegalidad, sólo cabía oponerse, Casado. Lo demás son excusas. Excusas malas y, lo que es peor, excusas no pedidas que sólo son manifestaciones de culpa. De grandísima culpa.

Casado miente: el PP se abstuvo en el segundo estado de alarma
VOX SE OPUSO A UNA MEDIDA 'desproporcionada, arbitraria e inútil'
https://gaceta.es/ 28 Octubre 2021

«Advertí a Sánchez en el Congreso que su alarma era un estado de excepción encubierto para evitar el control judicial y parlamentario». Esta ha sido la afirmación del líder del PP, Pablo Casado, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado este miércoles inconstitucional el segundo estado de alarma, dando la razón a VOX.

El pleno se ha decantado por declarar su inconstitucionalidad por seis votos contra cuatro, y considera que el plazo de seis meses de prórroga tuvo un carácter no razonable o infundado.

Los magistrados han declarado inconstitucional el segundo estado de alarma que fue decretado por el Gobierno en octubre de 2020 [y que contó con la abstención del PP y el voto en contra de VOX y del único diputado de Foro Asturias]. También ha declarado inconstitucional el nombramiento de autoridades competentes delegadas.

La sentencia cuenta con votos particulares contrarios del presidente Juan José González Rivas, y los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, y supone un nuevo revés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En su intervención, el líder de VOX anunció el recurso de inconstitucionalidad: «Traen a esta Cámara una ilegalidad, un estado de alarma de seis meses, un estado de excepción encubierto que pretende liminar la libertad de circulación y la libertad de reunión«.

Así, Abascal afirmó que interpondrían, como así hicieron, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el alcance temporal y por la naturaleza del estado de alarma que llevó el Ejecutivo al Parlamento». «Es de seis meses porque lo que buscan es hurtar el control parlamentario», añadió. En este sentido, aseguró que el estado de alarma que el Gobierno propuso era «una medida desproporcionada, arbitraria e inútil que solo pretende adormecer, anestesiar y domar aún más a una sociedad española que está cansada y está desesperada».

El Foro de Sao Paulo: más de tres décadas de tiranía, destrucción y amenaza a la libertad
una organización criminal que representa un peligro para la democracia
Alejandro Peña Esclusa. https://gaceta.es/ 28 Octubre 2021

El Foro de Sao Paulo (FSP) representa un peligro para la democracia, las libertades y los derechos humanos en toda la Iberosfera. Han transcurrido 31 años desde su reunión fundacional a la cual acudieron originalmente 68 fuerzas políticas pertenecientes a 22 países latinoamericanos y caribeños, tres décadas en las que ha pasado por tres etapas:

La primera etapa, desde 1990 hasta 1998, fue un período de sobrevivencia y estabilización, puesto que la dictadura cubana y el marxismo en general quedaron afectados por la desintegración de la Unión Soviética.

La segunda, desde 1998 –cuando Hugo Chávez ganó las elecciones en Venezuela–, fue una fase de expansión gracias a los petrodólares recibidos desde Caracas; financiamiento que ha quedado plenamente comprobado con las recientes confesiones de Hugo “El Pollo” Carvajal. El propio Foro de Sao Paulo denominó este ciclo como su «década dorada» dado que llegaron a tener 14 presidentes iberoamericanos gobernando simultáneamente.

La tercera se inició después de la destitución de Manuel Zelaya en Honduras, en el año 2009, cuando el Foro de Sao Paulo comenzó a perder elecciones como resultado de sus malas gestiones gubernamentales y escándalos de corrupción. En esta fase –que sigue actualmente su curso– al FSP le cuesta ganar elecciones limpiamente, por lo que está implementando otros mecanismos para acceder al poder que incluyen protestas vandálicas o brisitas bolivarianas, el fraude electoral y la guerra jurídica o «lawfare».

En pocos meses se definirá si Iberoamérica cae en manos del FSP o si, por el contrario, el continente podrá recuperar plenamente la democracia. Actualmente, existen siete países iberoamericanos gobernados por partidos de derecha o centro-derecha: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Uruguay; y otros siete gobernados por socialistas: Argentina, Bolivia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. El Foro de Sao Paulo pretende inclinar la balanza a su favor por medio de triunfos electorales –reales o fraudulentos– en Chile, Colombia y Brasil, en orden cronológico.

En cuanto a Centro-América, Honduras tendrá elecciones presidenciales este 28 de noviembre. Xiomara Castro, esposa del expresidente depuesto Manuel Zelaya, es la candidata del Foro de Sao Paulo y pretende ganar los comicios para sumar un nuevo país al eje castro chavista.

Para los electores iberoamericanos es de vital importancia conocer qué es y cómo funciona el Foro de Sao Paulo, puesto que cuando votan por uno de sus candidatos no eligen a un postulante autónomo, sino a un representante de una organización internacional que impondrá un modelo de tiranía y de destrucción como ha quedado demostrado en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La ventaja que tienen los integrantes del Foro de Sao Paulo sobre los sectores democráticos es que aquellos trabajan coordinadamente, aunque constituyan una minoría; mientras que éstos operan dentro de su propio territorio nacional. Para subsanar esta desventaja urge que todos los movimientos democráticos de la Iberosfera establezcan una alianza regional para protegerse de los embates del Foro.

Además de la labor política es necesario también abordar los aspectos culturales e ideológicos ya que el Foro de Sao Paulo no solo busca el control de nuestras naciones, sino también demoler los principios y los valores de nuestra Civilización Judeocristiana Occidental como prerrequisito para imponer su proyecto de dominación.

Muchos pensaron que el comunismo había desaparecido luego de la caída del Muro de Berlín, una falsa percepción que permitió al FSP crecer y fortalecerse hasta convertirse en la amenaza que representa hoy en día. Afortunadamente, cada vez existe mayor conciencia sobre este desafío, lo que constituye una esperanza para hacer de la Iberosfera una región pujante de desarrollo, libertades y progreso.

*Alejandro Peña Esclusa es autor de ‘La guerra cultural del Foro de Sao Paulo’

Mucho me temo que el trágico destino de España, va a ser la balcanización, la pobreza, y el comunismo más trasnochado.
Paco Sande. Periodista Digital 26 Octubre 2021

Se han hecho con el Poder Judicial, y van a por el Rey, que es el Jefe del Estado. La separación de poderes se ha ido a tomar por saco…

Blanquean asesinos y criminales.

Ahora mismo hay diputados y ministros con sentencias y la Sala de lo Penal hace mutis por el foro.

La policía que acude a disolver los botellones, son atacados, con botellas piedras o cualquier objeto que encuentren a mano, por los jovencitos, que se siente impunes porque saben que en el supuesto caso de ser detenidos a las dos horas están en la calle, mientras que si un policía les revienta la boca de un porrazo, puede arruinar su carrera y su vida para siempre.

Y eso no es lo peor, estamos siendo invadidos por magrebíes y marroquís, que cometen toda clase de desmanes y fechorías, desde insultar, o incluso pegar, a cualquiera que crean que los está mirando mal, hasta asaltar y violar a mujeres -.hecho éste que ocultan, tanto el Gobierno, como las autoridades, por orden de ese Gobierno-, como la prensa más apesebrada que ha existido jamás en España. Éstos también se saben impunes y se sienten los amos, y bajo esta premisa son capaces de reventar a golpes a cualquiera que les diga algo, aunque este cualquiera sea un policía, como ocurrió recientemente en el autobús de Zaragoza.

Y en el capitulo de los impuestos, agárrense: además de cobrarnos impuestos hasta por el viento y el sol, y no es una broma, este impuesto lo podemos ver reflejado en la factura de la luz, se inventan nuevos impuestos.

Si alguna vez tienen tiempo y ganas cansar el cerebro, estudien esta factura de la luz y verán como el mayor gasto son impuestos sobre alguna cosa. Impuestos que ellos suman al coste real de la luz y al final nos cobran el IVA de toda la suma, o sea, nos cobran un impuesto a los impuestos, je, je.

Y en las donaciones: aquí también se han inventando la formula para cobrar el mismo impuesto dos veces. Hasta ahora, en una donación, el que recibía dicha donación era el que tenía que pagar el impuesto correspondiente, por ser el beneficiario de una ganancia.

Pero a partir del primero de enero de 2022, esto cambia: el que recibe la donación seguirá teniendo que pagar el impuesto correspondiente a esa ganancia, pero el donante tendrá, a su vez, que pagar un impuesto por dicha donación como si esa donación se hubiese tratado de una venta. Así, con un par, en frio, y aquí no pasa nada, porque Gobierna el Partido de los pobres… ¡Pobres, si, pobres españoles, la que nos espera!

Alemania, con 80 millones de habitantes tiene 150.000 políticos y España con 47 millones tiene 445.000 políticos, más consejeros, asesores, senadores, concejales, y cualquier nombramiento que se pueda meter en cualquier chiringuito ad hoc, para el pariente, amiguete o compadre de turno.

Desde enero de 2020 hasta ahora, se han creado en España, más de 150.000 puestos de “trabajo” de empleo público.

El sector público se ha convertido ya en la mayor agencia de empleo…de España. Tanto derroche en la contratación publica, ha hecho que este sector sea un pozo sin fondo…el gasto que esto conlleva es inmenso, la deuda crece, el dinero no llega para nada, y el Gobierno exprime al pobre contribuyente igual que a un limón.

Y aquí no pasa nada…

El español medio se ha acomodado al sistema y no va a salir de su zona de confort hasta que sea demasiado tarde.

A los jóvenes, -que ahora son jóvenes hasta los cincuenta- les interesa más los botellones y los festivales que la política o la suerte que pueda correr España, y, además, creen que lo más intelectual y lo más cool, es votar a la izquierda, aunque no tienen ni pajolera idea de como es el partido o siquiera el nombre de los políticos que lo conforman.

Los «adultos» estamos divididos al 50%, los que la vemos venir y aquellos que, como los jóvenes, se creen que votar a la izquierda les da un toque intelectual – normalmente estos suelen ser indoctos, o «titiriteros»-

Y los más mayores, los pobrecillos, suelen ser los más sensatos y suelen votar a la derecha, pero ya no están para salir a la calle a manifestarse o empezar una revolución, como hacen los «jóvenes» de la izquierda…

Así que, si dios no lo remedia, esto acaba peor que Venezuela.

Mucho me temo que el trágico destino de España, va a ser la balcanización, la pobreza, y el comunismo más trasnochado.

Con los polacos has dado, Ursula
Małgorzata Wołczyk. https://gaceta.es 28 Octubre 2021

Los españoles, como ninguna otra nación, pueden entendernos a los polacos en nuestras conversaciones con los «terroristas» de Bruselas.

Desde hace unos meses tenemos la impresión de que no hablamos con socios, ni con aliados. Ni siquiera son conversaciones dentro de la familia europea, sino que, simplemente, los altos comisarios de la UE nos apuntan con un arma a la cabeza y nos chantajean sin parar. La Unión Europea actual no es aquella a la que entramos en 2004 y con la que soñamos después de años de encarcelamiento en una prisión comunista. Podría aventurarme a decir que no es covid-19 el mayor problema de Europa, sino… alzheimer. Europa ha perdido la memoria, y lo ha hecho con total premeditación. Polonia y Hungría, que quieren ayudar a Europa a recuperar la memoria de sus raíces y valores se han vuelto de repente los enemigos número uno para las autoridades, las elites globalistas y sus medios de comunicación. Europa habla constantemente de «derechos humanos» pero, paradójicamente, se ha olvidado por completo de qué es el hombre porque ha rechazado la antropología cristiana.

Se nos acusa de muchos «crímenes» contra la democracia, pero el 19 de octubre en Estrasburgo, cuando el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki explicó con brillantez y punto por punto por qué se trataba de acusaciones falsas, nadie de los altos comisarios le respondió. La única respuesta que recibió fue una lluvia de insultos en una sesión del Parlamento Europeo que tenía como fin humillar al primer ministro y a Polonia y doblegarnos a la agenda ideológica de la izquierda. En el pasado, como dicen nuestros eurodiputados, los tecnócratas al menos buscaban dar explicaciones o fingían buscar respuestas a las preguntas legítimas de los polacos. Desde hace unos meses solo se nos amenaza e insulta. Parece que el Parlamento Europeo esta en la etapa donde «todo vale» y por eso a nosotros, los polacos, se nos trata como si fuéramos forajidos, los del pueblo «fuera de la ley». Incluso nos han bloqueado el dinero del Fondo de Recuperación que nos corresponde y lo hacen de manera totalmente ilegal.

No hay límite de anarquía que no cruzarían, porque el objetivo es solo uno: derrocar al Gobierno conservador polaco que no se somete ante el nuevo soft-totalitarismo de la izquierda. Después de todo, la UE actual tiene más que ver con las visiones narcóticas de la revuelta del 68 que con el proyecto de los padres fundadores. Sí, la triste verdad es que Polonia también tiene sus traidores en el PE que están dispuestos a sacrificar la soberanía estatal para recuperar el poder en Polonia y subordinar el país a superiores extranjeros.

Es el partido de Donald Tusk el que se comporta como los separatistas en España. Son ellos quienes producen un sinfín de mentiras sobre el supuesto régimen opresor polaco (que según ellos persigue a las personas LGBT y a las mujeres). Aunque son la minoría ruidosa en Polonia, su voz es la única que se presenta en las televisiones españolas o en los principales periódicos del mainstream europeo. Como bien saben los españoles patriotas, los conservadores resultamos como los nuevos leprosos. Pronto nos darán campanas para que cuando pasemos por una ciudad avisemos de nuestra venida.

Pueden pensar en muchas más cosas para intentar intimidarnos y derribarnos, pero ya estamos acostumbrados a luchar contra los totalitarios: cada polaco tiene un miembro de la familia que fue asesinado en nombre de una esvástica o una hoz y un martillo. Hoy resulta que se le puede escupir al primer ministro polaco en nombre de estrellas doradas sobre un fondo azul. Sin embargo, Morawiecki, a pesar de su corta edad, tiene un pasado verdaderamente heroico en su biografía. Ya en su juventud, fue golpeado y perseguido repetidamente por la policía comunista por las actividades de oposición de su padre -Kornel Morawiecki. Su padre fue el fundador y líder de «Solidaridad Luchadora» y fue una figura destacada de la oposición comunista polaca. Joven Morawiecki (nacido en 1968) también participaba en las actividades de la oposición anticomunista. Cuando tenía 15 años, los agentes lo secuestraron en la calle, lo llevaron al bosque, lo amenazaron con armas y le ordenaron que cavara su propia tumba. Le llegaron a amenazar con que su hermana mayor podría ser violada por perpetradores desconocidos y que su padre sería encontrado y asesinado. Soportó todos los ataques, insultos y golpizas.

No es de extrañar que Morawiecki haya conservado una paciencia y una dignidad admirables también en la sesion del Parlamento. ¿Cuántos de esos eurodiputados que lo insultaron pueden presumir de una biografía igualmente heroica que el primer ministro polaco?

Morawiecki personifica lo que más valoro en mi Polonia: la virtud de la fidelidad a sus raíces y el coraje. Tiene 4 hijos (dos naturales y dos adoptados), por lo que sabe que no se trata de cuestiones políticas, sino del futuro de Europa para nuestros hijos y nietos. Desde 1968, el código cultural de Europa fue cambiando, pero los polacos no estarán de acuerdo con esa perversión, porque hemos pagado un sacrificio muy alto de sangre para ahora caer en el relativismo y el nihilismo de Occidente. No permitiremos la agonía de la civilización europea.

Sí, obvio, somos eslavos pero eslavos latinizados, romanizados y cristianizados. Por eso nuestra patria es mucho más amplia que las fronteras de nuestro país. No solo luchamos por la soberanía de Polonia, estamos luchando por la soberanía de Europa. Ronald Reagan dijo en su discurso político ante el parlamento británico en 1982 que Polonia no es ni este ni oeste, sino el centro de la civilización europea, a la que los polacos tambien contribuyeron con su cultura y ante todo, con su «increíble oposicion a la opresión».

Espero que perseveraremos en esa oposición hasta el final…

La Audiencia condena a Bárcenas a 2 años de cárcel y al PP por la reforma en 'B' de Génova
El tribunal condena al Partido Popular como responsable civil subsidiario por el delito cometido por su extesorero pero le absuelve del delito contra la Hacienda Pública.
La Abogacía pide las agendas de ministros de Aznar para cotejar donaciones a la caja B
Gema Huesca. vozpopuli.es 28 Octubre 2021

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por los pagos de un millón de euros en 'B' que hizo al despacho que reformó la sede del partido en la calle Génova. El tribunal, que también condena al partido como responsable civil subsidiario del delito cometido por Bárcenas, concluye que los pagos al despacho Unifica se hicieron “al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”.

El tribunal que juzgó los hechos -que proceden de la causa conocida como 'papeles de Bárcenas'- condena también a dos años y nueve meses al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García. Por contra absuelve a otra de las socias del despacho, Laura Montero, y al exgerente del Partido Popular Cristóbal Páez por prescripción del delito. En lo que respecta al Partido Popular, que también se sentó en el banquillo por estos hechos, le condena como responsable civil subsidiario de 123.669 euros de Luis Bárcenas por el impuesto de sociedades de 2007 pero pero le absuelve de delito fiscal.

La sentencia concluye que Bárcenas, que tendrá que hacer frente al pago de una multa de 1,2 millones de euros, fue cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública por los pagos a la empresa que reformó la sede del Partido Popular. Le atribuye además delito continuado de falsedad en documento mercantil aunque le aplica la atenuante de confesión de los hechos. Cabe recordar que el exgerente del PP se comprometió a colaborar con la Justicia apenas semanas antes de que arrancase este juicio proveniente de una causa que comenzó investigando el magistrado Pablo Ruz.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Fernanda García y que suma 454 páginas, concluye que las obras que se ejecutaron entre los años 2005 y 2010 para remodelar la sede del PP se costearon, en parte, con dinero que provenía de la caja B del partido y que controlaron los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Del mismo modo, también arremete contra los principales socios del despacho Unifica, a quienes les acusa de haber trabajado con "un doble sistema de pagos en A y en B" apoyándose para ello en facturas ficticias.

El fallo explica que los ahora condenados no solo modificaron la certificación final de las obras sino que también pactaron que se aplicaría un descuento por parte del despacho de arquitectos de entre un 7% y un 8% del importe total de todos los trabajos desarrollados durante esos años. El resultado era un ahorro tanto para el partido como para Unifica, la cual, además, contabilizó los ingresos percibidos en los ejercicios que no correspondían.

Facturas falsas y pagos en B
Así, la Justicia concluye que en 2007 el despacho defraudó 123.699 euros, que es la parte relativa a los pagos que el PP hizo "en metálico" y por la que ahora se le condena al partido. Del mismo modo, se apoyan en las anotaciones del exsenador del partido ya que coinciden con las partidas que pagaron al margen de lo estipulado en las facturas. Según el fallo (que exonera a Bárcenas del delito de apropiación indebida por cosa juzgada) por la reforma de la cuatro plantas se pagaron un total de 621.580 euros.

En otros casos, como ocurrió con lo relativo a algunas obras de la segunda planta (destinada al a los dirigentes del PP de Madrid) directamente ni se contabilizaron y se costaron desde la caja B del PP. Así pues, la sentencia (que hace un análisis pormenorizado de las obras acometidas en todas las plantas del edificio) concluye que el importe total de las cantidades abonadas por Bárcenas a Unifica por las obras “al margen de la facturación y la contabilización oficial, y no declarados a la Hacienda Pública”, ascendió a 1.072.000 euros.

En lo que respecta a la documental que Bárcenas entregó en un dispositivo de almacenamiento, el tribunal sentencia que la pericial practicada “viene a corroborar” su reconocimiento como autor de los documentos. "De la pericial expuesta ha de concluirse en la acreditación de la ausencia de manipulación de los ficheros contenidos en el pen drive aportado por el Sr. Bárcenas, y por tanto en la integridad del soporte informático y de la información contenida en el mismo", reza el fallo.

La validez de los papeles de Bárcenas
Sin embargo, no otorgan la misma validez a las anotaciones manuscritas en las que reflejaba el flujo de entrada y salida de la bautizada como "contabilidad extracontable". Al respecto, el tribunal difiere de las conclusiones alcanzadas por el inspector jefe de la Gürtel, Manuel Morocho y se apoya en el peritaje de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para concluir que no pueden dar una "validez total" al conjunto de todos los documentos debido a "la falta de explicación o explicación contradictoria o poco lógica de Bárcenas", cuando fue preguntado por dichos apuntes.

Ahora bien, tampoco desacreditan este medio de prueba. Al contrario, explican que, de la valoración conjunta, concluyen que como documento contable carece de valor en su integridad pero que algunos de los acontecimientos que recoge "son reales o verosímiles". "Como apuntó la defensa de Unifica, los papeles de Bárcenas no tienen por qué ser todo verdad o todo mentira, cabe otra opción, y es que sólo sea verdad alguna anotación Esto es lo que ha ocurrido aquí, que determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas", concluyen.

No obstante, el tribunal no entra a analizar otros aspectos determinantes de la investigación de los famosos papeles, precisamente porque todavía sigue en curso en la Audiencia Nacional; en concreto, la parte relativa a las donaciones de los empresarios de la caja B. De este modo, no analizan los famosos pagos en negro que Bárcenas anotó en sus libretas y que salpicaban a la excúpula del partido, incluidos los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Todos ellos declararon en el juicio que esa supuesta caja B era falsa, aunque alguno sí confirmó el pago en metálico por parte de Bárcenas a una víctima de terrorismo en julio de 2001 o al exconsejero de Salud de Navarra Calixto Cayesa.

"Como conclusión: los papeles de Bárcenas son expresivos de los apuntes contables internos de una parte de las donaciones privadas recibidas en la formación. No puede darse validez a la integridad de su contenido, porque son incoherentes y contienen muchos errores. Solo ha de considerarse verosímiles las anotaciones o apuntes que se corresponden con hechos y acontecimientos reales acreditados por otras pruebas", sentencia el fallo.

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La obsesión enfermiza con la reforma laboral
Miguel Ángel Belloso. okdiario 28 Octubre 2021

El activismo se caracteriza por una determinación feroz y una propaganda sin desmayo. Estas son las virtudes que adornan a Podemos, el socio de Sánchez en el Gobierno, y las está empleando a fondo con motivo de la derogación de la reforma laboral, caballo de batalla al que dio pie el presidente cuando firmó el pacto de coalición que lo mantiene en el poder sin calibrar las consecuencias en un escenario insólito alterado por la pandemia, la crisis económica correspondiente y luego las ayudas condicionadas de la Unión Europea.

En aquellos momentos de euforia con la Moncloa a su alcance, Sánchez -cuyo interés por la economía equivale a cero- no reparó en que la reforma laboral del PP fue una de las exigencias que impuso Bruselas a Rajoy en 2012 a cambio de proporcionarle los fondos necesarios para sanear el sistema financiero: 100.000 millones de los que al final su usaron casi 60.000. Esto no figuró nunca por escrito, pero fue una sugerencia lo más parecido a una orden. Y la razón de por qué fue así es que la Comisión Europea conoce desde hace tiempo con desolación que nuestro país lleva décadas arrastrando tasas escandalosas de paro. Más que cualquier otro de la Unión.

Es alarmante que tengamos un índice de desempleo juvenil cercano al 40% y que los empresarios no encuentren la manera de cubrir en estos momentos 300.000 puestos de trabajo. Cuando suceden estos desarreglos colosales en un país civilizado es porque las instituciones que ordenan el mercado laboral no funcionan. No hay ninguna otra clase de explicación. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recomendado a los empresarios que la solución a la falta de mano obra es que los jefes suban los salarios y que mejoren las condiciones laborales, digamos que la empatía. Esto suena bien a simple vista, pero el mercado no funciona de este modo.

Los empresarios retribuyen a sus empleados en relación con el valor añadido que potencialmente van a aportar a la compañía, descontados los impuestos y las cotizaciones sociales correspondientes, y además tropiezan con la competencia desleal del Estado, que paga más a los funcionarios por puestos de trabajo fijos e inamovibles donde no se mide la productividad, ha elevado el salario mínimo por encima de lo que en algunos sectores resultaría apropiado para asegurar la viabilidad de los negocios y además ofrece un esquema generoso de subvenciones a los parados que bloquea de hecho su incorporación a la economía legal fomentando la sumergida.

La enfermedad endémica del sistema laboral español es responsabilidad principal del Partido Socialista, que es el que más tiempo ha gobernado el país desde la instauración de la democracia. En los años noventa, todavía con González en la Moncloa, se instaló entre la opinión pública la idea equivocada de que el PSOE se había desviado de sus raíces y que había emprendido políticas liberales. Pero esto no fue cierto en absoluto. La política de González en lo que se refiere al mercado laboral consistió en mantener las rigideces normativas del pasado y fomentar el poder omnímodo de los sindicatos, que con la ayuda de la vicepresidenta Díaz están dispuestos a recuperar a toda costa. Esto que digo fue mucho más evidente después del éxito de la huelga general de 1988, que fue objetivamente perniciosa para el progreso de la nación, y a la que González reaccionó de manera apocada y letal.

El PSOE fue el que se inventó los contratos temporales, con Joaquín Almunia como ministro de Trabajo. Era la única respuesta posible para desatascar el mercado y oxigenar a las empresas conservando al mismo tiempo la dictadura sindical, pero abocando a que cualquier ajuste desembocara en pérdidas cuantiosas de empleo que podrían haberse evitado con reducciones salariales o cambios en las condiciones laborales a fin de salvar las compañías con la menor pérdida de mano de obra posible.

Si hay tanto paro en España desde tiempo inmemorial es porque el coste del despido sigue siendo elevado, porque el sistema educativo -también responsabilidad de los socialistas- es inadecuado de cara a la empleabilidad, y porque el modelo fiscal apenas estimula el emprendimiento y el mundo de los negocios. En 2012 y como consecuencia del rescate al sector financiero, el PP de Rajoy aprobó una reforma laboral que estableció la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, que restó facultades a la negociación colectiva y que por tanto reprimió ligeramente el poder secular de los sindicatos, que la experiencia y las causas legales pendientes enseñan que ha degenerado con frecuencia en comportamientos turbios y luego en asuntos políticos de su poca incumbencia como apoyar la liberación de los presos etarras -como sucedió el pasado domingo en el País Vasco-. Es decir, que se dedican a cualquier menester menos al que deberían honrar: contribuir a la mayor creación de empleo posible.

En los tiempos que corren, con una inflación desbocada, que puede llegar en diciembre al 5% en términos interanuales por el aumento de los precios de la energía, de las materias primas, del transporte y por un colapso de las cadenas de suministro, lo más conveniente sería conservar la reforma laboral del PP, que tampoco fue para tanto, pero que ayudó a crear tres millones de empleos de la época. Sobre todo conservarla porque fue una imposición de la Unión Europea, que sigue muy interesada en que no se corrompa, como ha indicado el comisario Paolo Gentiloni, el representante de los hombres de negro, en la visita de esta semana a España, que ha sido providencial para la vicepresidente Nadia Calviño -que es la que pelea con Díaz para que los eventuales fondos de Bruselas lleguen a buen puerto- pero que habrá comprobado con estupefacción el espectáculo de un Gobierno descoyuntado sin claridad de ideas.

En estos momentos inciertos, las empresas necesitan más flexibilidad que nunca, requieren políticas que faciliten el funcionamiento de las compañías, precisan de un alivio en la regulación que impide su capacidad operativa. Las pretensiones de Yolanda Díaz y de los sindicatos son las contrarias. Suprimir las posibilidades de contratación temporal, limitar la posibilidad y el alivio que para muchas empresas suponen las subcontratas o reforzar la negociación colectiva es el camino más directo para la destrucción masiva de empleo en cuanto el ciclo económico se dé la vuelta, y hay cada vez mayores alertas de que esto puede suceder más pronto que tarde.

¿Por qué motivo no se deja al empresario y al empleado establecer libremente las condiciones de trabajo? Al contrario de lo que pretende Podemos, hay que caminar hacia un sistema que permita que el contrato de trabajo entre la empresa y el empleado pueda regular todos los aspectos de su relación laboral excepto aquellos que tengan que ver con sus derechos fundamentales. Hay que decapitar la negociación colectiva y fortalecer la prevalencia del convenio de empresa. Por una razón evidente. Porque es sencillamente deshonesto que incluso cuando la economía pueda crecer por ejemplo este año en torno al 5%, la tasa de paro no baje del 14%.

La derogación de la reforma laboral, considerada como un ‘casus belli’ por parte de Podemos y su insigne representante la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha hecho aflorar la contradicción más notable de este gobierno dirigido por un socialista radical acompañado por comunistas, que es una situación insólita en Europa, y de cuyas discrepancias supongo que toman buena cuenta allí por mediación de Gentiloni. El problema es que nos jugamos mucho dinero en esta apuesta disparatada, que afrontamos una cuestión de supervivencia en la que, a estas alturas, parece imposible conciliar la estabilidad del Ejecutivo con la recepción de las ayudas prometidas que Sánchez espera como un salvavidas para su reelección. Sánchez es un pistolero, ¡cierto!, por eso no creo que esté dispuesto a arriesgar su pellejo.

El día de la república de Cataluñistán
Pablo Planas. Libertad Digital 28 Octubre 2021

Los independentistas catalanes son grandes aficionados a las efemérides. Cualquier día de cualquier mes celebran la efeméride de una jornada histórica en la larga lucha por la república de Cataluñistán. Más allá del 11 de septiembre, del 23 de abril, del 1, 6 y 15 de octubre o del 25 de diciembre, fechas todas ellas de óbitos, derrotas y golpes de Estado, todos los días del calendario están marcados para el separatismo por alguna proclama, discurso, suceso, tiroteo, trinque, partida o regreso. Un 16 de agosto le reventó un forúnculo en la ingle a Artur Mas, un 12 de agosto se celebró la paella de Rahola con Trapero y Puigdemont, un 25 de julio confesó Jordi Pujol que era un evasor fiscal. Y así ad nauseam.

La agenda del separatismo catalán es un inabarcable compendio de días para el recuerdo, de citas con la historia, de momentos cumbre, de pasajes inolvidables, de instantes sublimes, de oportunidades y de ocasiones propicias a las remembranzas. Un no parar, la apoteosis del acabose desde Roger de Llúria a Roger Torrent pasando por Rull, Turull y Junqueras.

Sin embargo había un día del año que al separatismo le hacía tan poca gracia que prefería mirar para otro lado, una fecha proscrita, un día no día. Nos referimos al 27 de octubre, fecha en la que Colón a llegó a Cuba, se fundó Ámsterdam, los calvinistas quemaron vivo a Servet, se inauguró el Metro de Nueva York, Amy Winehouse publicó el álbum "Back to black" y el parlamento autonómico de Cataluña proclamó la república catalana hace ahora mismo cuatro años.

Desde el golpe de Estado hasta ayer, el separatismo se había centrado en celebrar el 1 de octubre de 2017, el día del referéndum ilegal. También recordaba el 3 de octubre, cuando los piquetes separatistas forzaron una huelga para protestar contra la mesurada, cabal, profesional y democrática actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil de la antevíspera. Y el inevitable 11 de septiembre de 1714, fecha en la que, según la historiografía catalana 'línea Madonna es de Palafrugell', Cataluña dejó de ser el Estado esférico y completo que nunca ha existido para sucumbir a los pies de los caballos de la malvada y malaya España.

El 27 de octubre, el parlamento catalán, extensión del Zoo de Barcelona, proclamó la república independiente del helado de postre cada día, pero el espectáculo fue tan lamentable, patético y deprimente que ni siquiera los historiadores de la causa separata se habían atrevido a reivindicar tal efeméride. Tal vez fuera porque el mismo día se aplicó el benemérito artículo 155 de la Constitución. O porque los golpistas fueron incapaces de arriar las banderas de España que ondeaban en las azoteas del "Parlament" y del "palau" de la Generalidad, tal era el canguelo que les acongojaba.

Durante toda la tarde de aquel día TV3 mantuvo un recuadro en su pantalla con el plano de la bandera de España en la sede de la Generalidad a la espera del "momentum" en el que un propio retirara la enseña nacional. No se dio el caso, tal vez porque no es lo mismo colgar una bandera separatista en el campanario de una iglesia que descolgar la bandera de España de un edificio oficial. Sea como fuere, el 27 de octubre fue el día en el que el golpismo catalanista chocó con la realidad y naufragó en las rocas de su palmaria incompetencia.

Pero hete aquí que el hecho de que los Mossos d'Esquadra hayan detenido este miércoles al exvicepresidente del parlamento regional Josep Costa ha reactivado al separatismo. Costa se había negado a acudir a una cita con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado 15 de septiembre. Se le investiga por una denuncia de Fiscalía relativa a la tramitación en la mesa de la cámara de propuestas contra la Corona y a favor de la autodeterminación. Pero el señorito dijo que no le apetecía comparecer ante los jueces "españoles", que pasaba de la Justicia del "Reino", que él estaba por encima del sistema judicial "español". Y a diferencia del resto de los investigados, se dedicó a sacar pecho en el Twitter del tamaño de sus pelendengues mientras sus colegas, más modositos, le decían al magistrado que sólo iban a contestar a las preguntas de sus letrados.

La dirección política de los Mossos ha decidido ejecutar precisamente este miércoles la orden del TSJC con data 25 de octubre, cosa que ha dado pie a la plana mayor del separatismo sector Puigdemont a asegurar que el Estado profundo y de las cloacas había celebrado la efeméride de la aplicación del 155 con la detención del tal Costa, un verdadero muchacho inofensivo. Paranoias separatas, mendaces falacias, alucinaciones indepes, chorradas como la copa de un pino que penetran en el sistema comunicativo del catalanismo como dogmas de fe. Un par de horas después de la detención del bizarro Costa no hay un solo separatista que no comulgue con la teoría de que las garras del Estado han arrojado a su colega a las mazmorras españolas en día tan señalado y por ser el día que es. Que nadie sufra. Josep Costa ya está en libertad. No ha pasado ni una hora detenido y anuncia que demandará a la juez por detención ilegal. No tienen vergüenza.

Mucho más que un pacto: Bildu es el socio estratégico de Sánchez
OKDIARIO. 28 Octubre 2021

Si los socialistas pactan en Navarra con Bildu no será porque no tenían otra opción, pues Navarra Suma les ha ofrecido de forma reiterada su apoyo con la condición de que abandonen el brazo de los proetarras. Sin embargo, el pacto con Bildu en el territorio foral tiene una dimensión nacional, porque forma parte de esa retroalimentación de intereses entre el socialismo y los herederos de ETA. Sánchez necesita el apoyo de Bildu para sacar adelante los Presupuestos y, en contrapartida, Bildu logra en Navarra que salga adelante su propuesta de financiación local, lo que permitirá a los de Otegi tener manos libres sobre una partida de 271 millones de euros destinados a los municipios forales. El Gobierno socialcomunista y separatista de Navarra logró el pasado martes un acuerdo con Bildu para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad foral para 2022, pero a cambio de pasar por el aro de las exigencias filoetarras.

Para que luego diga el PSOE que no hay ningún pacto con Bildu. Pues que expliquen cómo es posible rechazar el apoyo de Navarra Suma y seguir atado de pies y manos a los proetarras. La explicación es sencilla: Sánchez necesita a Otegi y Otegi necesita a Sánchez. Por eso, cuando las voces más cándidas o mentirosas de la izquierda dicen aquello de que el Gobierno no puede excarcelar a los presos etarras, habría que recordarles lo que ocurrió en Cataluña. Los golpistas fueron trasladados a las prisiones catalanas donde las competencias en materia penitenciaria están transferidas. ¿Qué ocurrió? Pues que antes de ser indultados por Sánchez se pasaron más tiempo fuera que dentro de la cárcel. Con los presos etarras, tres cuartas partes de lo mismo. Primero se les traslada a prisiones del País Vasco y, como también acaban de ser transferidas las competencias, de aquí a nada los veremos campar a sus anchas. Y si no, al tiempo. ¿Que no hay pacto entre el PSOE y Bildu? Mucho más que eso. Lo que hay es una alianza estratégica

Sánchez da a Bildu el control de 271 millones en Navarra para lograr el pacto presupuestario
Carlos Cuesta. okdiario 28 Octubre 2021

El PSOE acaba de cerrar un nuevo acuerdo con Bildu, en este caso, para garantizar la aprobación de las cuentas públicas en Navarra. El pacto ha venido ordenado directamente por Pedro Sánchez y forma parte de los acuerdos conjuntos entre los proetarras y el Gobierno central. Ni Bildu ni el PSOE han querido dar pistas de lo pactado bajo la mesa. Pero, efectivamente, se ha regado la voluntad de los hombres de Otegi para conseguir su apoyo a las cuentas públicas: el pacto presupuestario va de la mano de una remodelación de la financiación local que permitirá a Bildu reorganizar una partida de nada menos que 271 millones de euros destinados a los municipios forales.

El Gobierno socialcomunista y separatista de Navarra logró el pasado martes un acuerdo con Bildu para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad foral para 2022. Y fuentes parlamentarias navarras confirman a OKDIARIO que el regalo a Bildu por parte de la presidenta navarra, la socialista María Chivite, ha sido sonado: la entrega a los proetarras de una de sus principales exigencias, la remodelación de la financiación local.

El Gobierno de Navarra ha aceptado diseñar un nuevo modelo de financiación para ayuntamientos y concejos y ha entregado su supervisión y control final a Bildu. El texto será tramitado en el Parlamento foral, pero cuenta ya con el apoyo mayoritario de la cámara para salir adelante de forma definitiva.

Y la versión oficial no niega que se trata de un triunfo de los proetarras: “Seguimos la hoja de ruta el Acuerdo Programático del Gobierno de Navarra. Abordar en un primer momento el nuevo modelo de financiación local, que era una necesidad y hace años que se estaba reclamando, y que se hará a través de tres leyes. Y una vez resuelto este problema, habrá que abordar la problemática de secretarios e interventores, y la problemática de las comarcas, las competencias y sus órganos de gestión”, ha afirmado recientemente Jesús Mari Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación.

Financiación a los servicios de las entidades locales
El nuevo esquema liga una parte de la financiación a los servicios que prestan las entidades locales y destaca el papel de hasta 29 “municipios tractores” por todo el territorio. Pero alberga varios regalos para Bildu. Por un lado, pretende reservar fondos “solidarios” para los municipios pequeños, donde Bildu cuenta con implantación. Y, además, eleva la cifra total a repartir en 2022 hasta los 271,7 millones de euros, 16,4 más que en 2021. El supervisor final de esa nueva norma y del reparto será nada menos que Bildu, un partido que basa su auge precisamente en el poder local.

La norma modificará igualmente los actuales componentes del reparto. Para ello, creará el Módulo de Servicios y el Fondo de Cohesión Territorial. Y, en todo ello, de nuevo, la mano de Bildu será determinante. Y, por si fuera poco, desaparecerá nominativamente la aportación por corporativos o la Carta de Capitalidad de Pamplona, algo que permitirá extraer fondos con destino a las plazas privilegiadas por la mano de los proetarras.

Así, los 189 municipios de menos de 1.000 habitantes podrán recibir en 2022 hasta 26,7 millones para su financiación, un 15% más que en el presente año; los 62 de entre 1.001 y 5.000 habitantes, 58,2 millones, con un auge del 9%; los 19 de entre 5.001 y 25.000 habitantes, 72 millones, un 13% más; Tudela 13,9 millones, con un avance del 21%; y Pamplona 86,35 millones, un 2% menos.

Todo ello, entra en el esquema y la estrategia de Bildu. El acuerdo se ha cerrado, además, en plena entrega del PSOE nacional a los planes de Bildu. Y en pleno reconocimiento por parte de los socialistas de un supuesto avance de Bildu hacia posturas, según ellos, más democráticas. Traducido: en pleno blanqueamiento de los pactos entre el PSOE y Bildu.

Un día os juzgaremos nosotros a vosotros
Teresa Giménez Barbat. okdiario 28 Octubre 2021

No lo digo yo, claro. Lo dice un pàio en Twitter, un tal Salvador. Está de malhumor porque han detenido a Josep Costa, ex vicepresidente del Parlament y ex diputado de Juntspelcàrrec, por requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Costa no se presentó a declarar el pasado 15 de septiembre ante el juez que investiga a la anterior Mesa de la cámara catalana por desobediencia al Tribunal Constitucional. El hombre, recuperando aquella tradición del govern de reírse de los requerimientos, coleccionarlos y hacerse fotos con ellos, manifestó que no reconocía la autoridad del tribunal. Es más, añadió que él no trataba con represores analfabetos e ignorantes de la separación de poderes. En fin, esas cosas que no les gusta oír a los jueces y fiscales normales. Da casi ternura esa pataleta viendo cómo han acabado tradicionalmente (ya podemos hablar de tradiciones. A la altura casi del caga tió) estos arrebatos de los separatistas. El resto de miembros de la mesa, que al parecer tienen pelín más en la Tierra los pies, sí que fueron a declarar.

¡Qué tiempos aquellos cuando aún no habían caído en que determinadas fanfarronadas tienen consecuencias! ¡Y qué duro montar el pollo y que nadie vaya a aclamarte y reivindicarte! Muchas llamadas a la movilización para que apenas tengas un centenar de personas en la puerta. Mucha tranquilidad en este bonito día de finales de octubre, y sólo una señora dando un poco de color con una estelada. No sabemos su nombre, pero, para que salga un relato bonito, la llamaremos “Sra. Laieta”.

No sé si algún día nos juzgarán a nosotros (doy por entendido que se refiere “a los míos”). Pero de momento se dedican al esoterismo y al nopuedesercasualidadísmo. Dirigentes de Juntspelcàrrec como Carles Puigdemont, Elsa Artadi, Jordi Sánchez, Laura Borràs y un selecto etc. se han apresurado a vincular esa detención con el cuarto aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia de 2017. Esa que duró dos segundos. Ya me imagino un comité de brujos y brujas entre jueces y fiscales removiendo la olla y haciendo coincidir sus actuaciones con fechas súper simbólicas para sus encausados.

Nuestra presidenta del Parlament, Laura Borrás, esa que ha intentado recientemente acomodar la Ley para que no actúe contra ella, ha cogido el Vuitton y se ha presentado en el tribunal para visitar al detenido. Pero no ha podido ser porque «el presidente del TSJC ha dicho que no entre en el edificio». Intolerable. Ay si la dejaran, de cuántas leyes y mandangas iba a desembarazarse para que cosas como esta no sucedieran nunca más. Porque no están hechas más que para fastidiarles. Una gran conspiración que se demuestra mirando el calendario: «hoy es 27-O», ha señalado, ominosa. «Han detenido al exvicepresidente del Parlament. El estado no se olvida».

Yo tampoco. Ni yo ni más de la mitad de catalanes. Esos que toda una Ministra de Justicia como Pilar Llop ignora y desprecia. Cuando le preguntan en reciente entrevista si ella hubiera propuesto los indultos a los condenados por el procés responde que considera buenos: “…todos los instrumentos legales y constitucionales que tenemos para destensar la relación con Cataluña”. ¿La relación de quién con quién? Señora Llop, lo que se debería destensar es la relación de una parte de Cataluña con la otra. Y eso no puede ser posible indultando a quienes cometieron contra la otra parte esa afrenta monumental que se repartió, como es sabido, en diferentes fechas. Una de ellas ese 27 de octubre que esos conspinanoicos suponen que ha conducido, por hilo astral, a la detención del Sr. Costa.

A mí que me juzguen jueces independientes, que no independentistas.

Tribunales
El Tribunal Supremo tumba el decreto de Armengol que regulaba el catalán en la sanidad pública balear
EDUARDO COLOM. Palma. El Mundo 28 Octubre 2021

El Govern dio dos años al personal sanitario para acreditar el nivel de catalán si querían conservar derechos laborales. Los jueces lo han anulado.
El Tribunal Supremo ha cerrado la vía judicial por la que el Govern balear quería validar su decreto dictado en 2018 para regular el uso del catalán en la sanidad pública. Una norma que no establecía como requisito inmediato el uso de la lengua catalana entre el personal sanitario pero que daba a este colectivo dos años para adquirir y acreditar competencias lingüísticas básicas.

El alto tribunal ha reafirmado una sentencia anterior dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que ya invalidó por motivos normativos aquel decreto promulgado por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol.

El gobierno balear recurrió aquella sentencia ante el Supremo, que ahora ha dictado un auto de inadmisión de su recurso al considerar que la impugnación no reúne los requisitos formales para ser atendido.

El auto, al que ha tenido acceso este diario, no entra al fondo de la cuestión. Rechaza el recurso y zanja el recorrido judicial de uno de los decretos más polémicos de cuantos se han dictado bajo la actual coalición de izquierdas que gobierna Baleares desde el año 2015. Impone además las costas al gobierno autonómico.

En enero de 2020, el TSJB anuló el decreto autonómico, estimando así una demanda presentada por el sindicato de funcionarios CSIF.

La organización sindical entendía que el decreto sobre el uso del catalán en la sanidad discriminaba la igualdad en el acceso al empleo público.

En virtud del decreto, cualquier aspirante podía ser admitido en los procesos de selección, independientemente del nivel de catalán que poseyera, y obtener una plaza fija. Sin embargo, se introducía la obligación de acreditar el nivel requerido de catalán (B1) en un plazo máximo de dos años tras la obtención de la plaza.

El personal que no lo hiciera, si bien conservaría el puesto, perdería el derecho a participar en procedimientos de movilidad o a la mejora en las retribuciones derivadas del complemento de carrera profesional. Es decir, una merma económica.

El CSIF denunció que esta medida constituye "una sonora vulneración de los derechos de los trabajadores al servicio de la administración". Además, consideraba que "la lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Es decir, que la lengua se tuviera como mérito pero no como un requisito que penalizara a los profesionales y pudiera provocar una merma en la calidad de la sanidad.

El TSJIB dictaminó en 2020 que al privar a los empleados del derecho a carrera profesional el Govern incurría en nulidad y que, asimismo, la prohibición al derecho a la movilidad era "evidentemente desproporcionado".

El tribunal balear, que, sin embargo, sí defendió el encaje legal de exigir conocimientos de catalán a los funcionarios públicos, aludía igualmente a que estos requisitos ya están regulados por una ley de función pública y por tanto no podían introducirse de forma extraordinaria para un colectivo concreto a través de un decreto diferenciado.
Polémica

La exigencia del uso del catalán en la sanidad ha protagonizado una encendida polémica en Baleares. Hasta el punto de que fue el germen de movimientos cívicos en contra de la fijación como requisito del uso de la lengua catalana por parte de la comunidad sanitaria, con manifestaciones en las calles de las islas.

También ha sido criticado por grupos catalanistas y por los socios estratégicos de Armengol en el Govern (los nacionalistas de Més per Mallorca), que defienden a ultranza que el catalán debe ser un requisito.

De hecho, recientemente se han avivado las protestas y las campañas para presionar al colectivo sanitario para que catalanice sus servicios, llegando a abrir expediente a una doctora acusada de no haber atendido a una paciente catalanoparlante, un extremo negado por el servicio público de Salud.

Ahora se abre un escenario de incertidumbre sobre lo que pasará con la acreditación del catalán en el sector sanitario, especialmente después de que el decreto lleve aprobado más de dos años.

De hecho, algunas fuentes del sector apuntan al hecho de que la Ley de Función Pública es más exigente en cuanto al conocimiento del catalán por parte de los empleados públicos, por lo que, en la práctica, la anulación de la exención de dos años contemplada por el decreto podría convertir el catalán en requisito.

La marcha del odio
José María Nieto Vigil estrella digital 28 Octubre 2021

El pasado sábado tenía lugar en San Sebastián, sin ningún tipo de recato ni respeto alguno hacia las víctimas del terrorismo de la banda criminal ETA, la marcha en defensa y a favor del acercamiento de los presos etarras a las cáceles vascas.

La convocatoria, hecha por la red de apoyo a los presos de ETA (Sare) –una de las plataformas de reivindicativas y más activas de la banda de asesinos-, contó con el apoyo, no ya de los sindicatos y formaciones abertzales habituales, sino con la presencia de representantes del PNV, Podemos, UGT y, llegados desde Cataluña como paladines de la defensa de la libertad de expresión frente al estado español, de destacados dirigentes de ERC y PxCat. Oriol Junqueras, Josep Rull o Raúl Romeva destacaron especialmente en la teatralización de lo que representan los apoyos que el gobierno de Pedro Sánchez recibe para, sin escrúpulos ni prejuicios, apoltronarse en la Moncloa y sacar adelante todas sus iniciativas de gobierno. Ahora tocan los Presupuestos Generales del Estado, mañana Dios dirá.

De lo acontecido por la avenida de la Concha y el boulevard de Donosti, quedan instantáneas que deberán estar presentes por siempre en la memoria colectiva de todos los españoles. Los allí convocados y partícipes representan lo más execrable y deleznable del arco parlamentario nacional y regional vasco y catalán. Todos estos partidos comparten un mismo objetivo, la aniquilación del estado español y con él, el de la monarquía en España. Lo peor de todo, si es que puede haber algo peor, es que se reclamaba el acercamiento de los asesinos condenados por crímenes de sangre y extorsión al pueblo vasco.

No era una reunión en defensa de la independencia del país Vasco, ni tan siquiera para reclamar el derecho a su propia soberanía, algo asumible y aceptable desde la perspectiva del Estado Social, Democrático y de Derecho en el que vivimos, es que se hizo una vergonzosa y repugnante apología del terrorismo perpetrado durante décadas. Es decir, una incitación al odio, a la violencia y a la xenofobia por cuestión ideológica. La memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas se convertían en papel mojado y en una burla al imperio de la ley, legítima y constitucionalmente establecido en nuestra Carta Magna y en el código penal.

La burla y la altanería demostrada, la chulería y el desafío soberbio exhibido, la arrogancia y la prepotencia mostrada, es un insulto para los que murieron víctimas del odio, para las miles de familias cuyas vidas fueron arruinadas, para los centenares de heridos de vidas mutiladas, para los cientos de miles de españoles extorsionados por los secuaces del símbolo del hacha y la serpiente, para tantísimos españoles que tuvieron que marcharse de la tierra que les vio nacer y, por supuesto, para tantísimos compatriotas que han visto y siguen viendo vista comprometida su existencia en aquella tierra española, tan española como cualquier otra región de nuestra Patria.

No estoy dispuesto, al menos a nivel personal, a callar, guardar silencio y dejar de expresar mi más enérgica condena y repulsa hacia el gobierno del todavía Reino de España. Es una ignominia, una profanación de la verdad, una infamia y un oprobio hacia los perseguidos, asesinados y condenados a una vida de dolor y sombra, por parte de los que empuñaron la pistola y jalean y homenajean a estos criminales juzgados y condenados.

Pero de igual modo, convertidos en sus cómplices, por atender a sus imperativos e intolerantes exigencias, a todos aquellos que les permiten su descaro e insulto, con sus negociaciones y claudicaciones, ante su permanente afrenta.

Yo acuso al gobierno de Pedro Sánchez de ser un gobierno felón, acuso a la formación Podemos, que también participa del ejecutivo de Moncloa, al Partido Nacionalista Vasco por su “generosa comprensión” hacia los asesinos de manos tintadas en sangre, a la UGT del País Vasco y a cuantas organizaciones participaron en la “marcha del odio”, de enaltecimiento del terrorismo, de deshonrar a las víctimas, de difamar a las asociaciones de víctimas del terrorismo y de calumniar a los que frente a ellos estamos.

Es verdaderamente lacerante y sangrante el daño causado durante esta convocatoria en nombre del rencor, la saña y el encono hacia los inocentes. Es inadmisible y de todo punto intolerable.

“Paso a paso en el camino a casa” –rezaba en eusquera el lema de la convocatoria-. Y es que, queridos lectores, el guión y la narración de lo ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá en el futuro está siendo escrito por esta gentuza. Desde el 1 de octubre, la gestión de las cárceles vascas está en manos del gobierno antiespañol de Ajuria-Enea, o lo que es lo mismo, en manos de los nazionalistas que el sábado jalearon consignas a favor de los presos vascos, Esto nos llevará a asistir a escenas todavía más hirientes, más contundentes, como son la excarcelación de los asesinos, la concesión de permisos y todo tipo de ventajas carcelarias a estos falos gudaris.

Por su parte, el acercamiento masivo de los reos criminales al País Vasco está siendo un elogio a la locura y al narcisismo presidencial. Más de doscientos genocidas han sido beneficiados de la rendición y la compra de apoyos por parte de nuestro “ilustre” presidente ante las impenitentes e impúdicas reclamaciones de los biduetarras y sus primos catalanes.

Toda una farsa que merece mi condena, rechazo, denuncia y que espero, Dios mediante, pase factura al bello Don Pedro. Ojalá las urnas le den un escarmiento como merece, quiera Dios, pero sobre todo los españoles, que los votos le manden a casa con el recado de que en España, la mofa y el pisotear a las víctimas del terror, tiene su escarmiento y su justa recompensa.

Hoy, como ayer y como siempre, mi pulso no temblará, ni mi voz se quebrará, a la hora de defender la Memoria, la Dignidad y la Justicia de las víctimas.

Rodríguez Zapatero y el mal radical
Santiago Navajas. Libertad Digital 28 Octubre 2021

Zapatero y Sánchez, Otegi y Junqueras son muestras paradigmáticas de lo que Kant denominó el mal radical.

José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que ya no hay terrorismo en el País Vasco. Pero David Chamorro, estudiante de la Universidad del País Vasco, fue apalizado en el campus por ser español y constitucionalista. No hay terrorismo en el País Vasco defiende Rodríguez Zapatero para legitimar sus acuerdos y abrazos con Bildu, pero a los asesinos de ETA que salen de la cárcel los reciben en sus pueblos entre homenajes y loas por ser gudaris (soldados) y presos políticos, mientras gritan a las víctimas de sus atentados "vosotros, fascistas, sois los terroristas". No hay terrorismo en el País Vasco, argumenta Rodríguez Zapatero, pero los constitucionalistas no pueden dar mítines en Bilbao o San Sebastián sin ser increpados, insultados y agredidos. Parece, por tanto, que Rodríguez Zapatero entiende por ausencia de terrorismo que a él no le den palizas, le reciban los nacionalistas como a un gudari y pueda dar tranquilamente mítines en Sestao como si fuera Caracas.

David Chamorro fue agredido brutalmente por quince encapuchados tras intentar organizar la defensa del constitucionalismo en su universidad vasca. Para socialistas como Rodríguez Zapatero, que haya un gueto ideológico en el País Vasco controlado por los nacionalistas de izquierda mediante la violencia no es terrorismo. Para socialistas como Rodríguez Zapatero, en el País Vasco se disfruta de tanta democracia y libertad como en Venezuela. Para socialistas como Rodríguez Zapatero, denunciar estos casos de acoso político significa banalizar el mal y lo que hay que hacer es apoyar a Otegi, que se abraza con Junqueras en una marcha a favor de que los socialistas liberen a todos los etarras que siguen en la cárcel, a pesar de que siguen sin resolverse cientos de delitos de ETA.

En dicha marcha se lee un comunicado a favor de la defensa de los derechos humanos. Es célebre que José Luis Rodríguez Zapatero cree sinceramente que Otegi es un hombre de paz. Claro que también lo piensa de Nicolás Maduro. Haciendo un guiño a la manoseada memoria histórica: el diario progresista El Sol titulaba el 8 de marzo de 1936 en referencia a un discurso de Adolf Hitler en el Reichstag: "Pocas veces se ha oído tan vibrante y tan sincero el amor a la paz", y el 30 de septiembre de 1938 el conservador ABC abría en portada con "Jornada histórica para la humanidad. En Múnich, aseguran la paz de Europa cuatro hombres de buena voluntad: Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier".

Nosotros también tenemos nuestros cuatro hombres de buena voluntad: Otegi, Junqueras, Zapatero y Sánchez. El problema es que la buena voluntad no sólo es compatible con la acción malvada, sino que muchas veces es su más siniestra coartada. Chamberlain y Daladier se dejaron engañar aunque en su descargo cabe tener en cuenta que los nacional-socialistas todavía no habían cometido sus crímenes más salvajes, aunque los habían anunciado. El caso del líder inglés y el político francés son ejemplos de la banalidad del mal tematizada por Hannah Arendt, ya que se dejaron llevar por clichés y consignas que les impideron ver el siniestro esplendor de la maldad nazi. Sin embargo, Zapatero y Sánchez amparan a Otegi, y la atmósfera de intimidación y violencia política que rodea a Bildu. Tanto por aritmética parlamentaria como por complicidad ideológica. No por casualidad fue Rodríguez Zapatero el que ha rehabilitado a los totalitarios políticos de su partido, Largo Caballero y Álvarez del Vayo, ambos rendidos admiradores de la genocida URSS. Zapatero y Sánchez, Otegi y Junqueras son muestras paradigmáticas de lo que Kant denominó el mal radical: una propensión consciente para realizar daño a seres humanos a los que se ha despojado de su consideración de personas y se les ha demonizado como enemigos.

Educación
Ante Protección de Datos
Denuncian la web para delatar el uso del castellano en la universidad por vulnerar los derechos de los docentes señalados
GERMÁN GONZÁLEZ. Barcelona. El Mundo  28 Octubre 2021

Hablamos Español teme que la página creada por Plataforma per la Llengua sirva para la "intimidación" de profesores al conseguir sus datos de forma irregular

Primera ofensiva contra el intento del independentismo de excluir el uso del castellano en las universidades catalanas. La asociación Hablamos Español ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad Plataforma per la Llengua y los sindicatos estudiantiles Federació Nacional Estudiants de Catalunya (FNEC) y el Sindicat Estudiants dels Països Catalans (SEPC) por la creación de una web en la que se insta a denunciar a profesores universitarios que impartan las materias en castellano.

"La página web cumpliría con las obligaciones a la hora de tratar la información personal de los usuarios que presenten las quejas. Sin embargo, en la medida que dichas denuncias incorporen los datos que permitan la identificación de profesores que empleen el español en sus clases se deberá garantizar que en ningún caso se utilicen para otro fin que no sea transmitir a las autoridades de la Administración Universitaria competentes los hechos que se hagan figurar en las quejas", señala la denuncia. Además, Hablamos Español considera que existe el riesgo de que el listado de docentes a partir de las quejas se use para "su señalamiento público".

Por eso consideran que Protección de Datos debe intervenir para evitar "cualquier listado de aquellos profesores" que "pudiera derivar en su intimidación o discriminación por el hecho de usar uno de los dos idiomas cooficiales en la Comunidad Autónoma". En este sentido, la entidad remarca que la web está creada "para respaldar una campaña para denunciar situaciones que según estas entidades no respetan el derecho a recibir la enseñanza en catalán dentro de los Universidades de las Comunidad Autónoma de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares".

Sobre el funcionamiento de esta página que permite identificar a profesores por no usar catalán, Hablamos Español recuerda que la web creada por Plataforma per la Llengua y el resto de entidades soberanistas "presenta un formulario sencillo y rápido en el que el denunciante facilita sus datos, su correo electrónico y explica su caso concreto. El servicio redirigirá a los estudiantes a una dirección concreta de su universidad para asegurar que sigan el protocolo establecido por cada institución".

Por eso remarcan que los creadores de la web específica para universidades de habla catalana deben dejar claro para qué destinarán la base de datos creada con el listado facilitado por los denunciantes que expongan su queja pero también con los nombres de los docentes que aparecen en ellas, ya que es información sensible que afecta a particulares. Los denunciantes consideran que se debe garantizar un uso correcto de los datos.

Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, aseguró a este medio que "por discriminación o incitación al odio no podíamos denunciar, porque según dicen se ajustan a las asignaturas que esta previsto dar en catalán" y añadió que la web se dedicada a canalizar las quejas hacia las universidades "que son las que deciden". Pese a esto señaló que "a las quejas, darán el consentimiento los delatores para el tratamiento, pero si elaboran ellos un listado de profesores con datos personales, ya está advertida la Agencia Española de Protección de Datos" por si existe alguna irregularidad.

Más allá del escarnio público al que se verían sometidos los profesores de las denuncias soberanistas, un mal uso de información concreta, como sus nombres, podría suponer una vulneración de la Ley de Protección de Datos que daría lugar a imponer sanciones económicas a las plataformas independentistas que crearon la web, tras la correspondiente tramitación del expediente administrativo. Todos los registros creados con los datos obtenidos deben tener una finalidad concreta ajustada a la normativa y los responsables de la página deben avisar a las personas que los facilitan su derecho a cancelación o rectificación de esa información personal.

La web impulsada por Plataforma per la Llengua y los sindicatos estudiantiles independentistas permite a los alumnos de las universidades de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana denunciar «cambios de lengua» en las asignaturas que cursan, como por ejemplo que un profesor imparta la clase en catalán per cambie al castellano al dirigirse a un estudiante para facilitar la comprensión de la materia. Para denunciar, los alumnos deben rellenar diversos campos en un cuestionario como facultad, carrera, asignatura y grupo se ha producido la «vulneración lingüística», además de los comentarios para argumentar lo que consideren.

Estas denuncias se envían a los «buzones de quejas lingüísticas» de las universidades catalanas. Algunos de ellos están en activo desde hace años mientras que otros se habilitaron después de una orden de la Generalitat para que estos centros educativos elaboren informes semestrales sobre «incidencias lingüísticas» en las aulas y los presenten ante la administración catalana.

El bable será cooficial al sumarse Foro Asturias a PSOE, Podemos e IU
El nuevo estatuto incluirá la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano.
Agencias Libertad Digital 28 Octubre 2021

Finalmente, tras semanas de debate, el nuevo Estatuto asturiano incluirá la cooficialidad del bable. En realidad, contemplará la oficialidad de dos hablas: el asturiano y el gallego-asturiano.

El gobierno de Adrián Barbón ha conseguido recabar el apoyo de Foro Asturias: su portavoz y secretario general, Adrián Pumares, confirmó este miércoles durante la segunda sesión del Debate de Orientación Política, que va a votar a favor de una reforma del Estatuto de Autonomía que incluya la oficialidad del bable.

Para ello Pumares reclamó que el Estatuto recoja que la Ley de Normalización que desarrolle la oficialidad exija para su aprobación los tres quintos de la Junta General. Una ley que para Foro debe respetar la realidad sociolingüística de Asturias y el "principio irrenunciable de la voluntariedad y la no imposición en ninguna esfera de la vida de los asturianos y asturianas; incluyendo, claro, la vehicularidad de la lengua asturiana".

Además, reclaman una Ley de Impulso Demográfico que incorpore medidas inmediatas y ayudas directas a la natalidad, por hijo nacido, y sostenidas en el tiempo. Además, de eliminar 'de facto' el impuesto de sucesiones, bonificándolo hasta el límite de un millón de euros, y una reforma del IRPF "que evite la fuga de nuestros profesionales y de talento empresarial".

El Gobierno asturiano ha abierto este año el diálogo con otras fuerzas para reformar el actual Estatuto e incluir la oficialidad. Están a favor de la reforma el PSOE (20 diputados), Podemos (4) e IU (2). Suman 26 votos, pero para una reforma de ese tipo se necesita una mayoría reforzada de 27 votos de los 45 escaños que componen el parlamento autonómico, por lo que el voto del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, es clave.

El otro diputado que fue elegido en la lista electoral de Foro pero que ha sido expulsado del partido, Pedro Leal, ya ha dicho que votará en contra de la oficialidad.

El mayor frenopático del mundo
Nota del Editor. 28 Octubre 2021

Lo que va quedando de España no es una torre de Babel, es un frenopático. Y como el precio de la electricidad sube desbocado, el ultimo que apague la luz de las tienieblas

Netflix en catalán
José García Domínguez. Libertad Digital 28 Octubre 2021

Ocurre que el objetivo del doblaje del cine al catalán es hacer país. Pero el objetivo de Netflix, ¡ay, es hacer dinero.

Esquerra Republicana de Catalunya, partido centenario fundado en su día por Macià, Companys y Tarradellas, acaba de amenazar formalmente al Gobierno de España con tumbar los Presupuestos Generales del Estado, lo que forzaría en inevitable consecuencia un inminente adelanto electoral de imprevisible desenlace, si en Netflix no echan más pelis en catalán. El nivel del independentismo actual, qué le vamos a hacer, es el que es. Ocurre que el objetivo del doblaje del cine al catalán es hacer país. Pero el objetivo de Netflix, ¡ay, es hacer dinero. Y de ahí que las plataformas de cine por streaming, incluida la excelente y muy barcelonesa Filmin, no muestren demasiado entusiasmo por las pequeñas lenguas locales.

Un desapego que, en el caso concreto de Netflix, lleva a que ni tan siquiera ofrezca en su catálogo las versiones dobladas que subvenciona a fondo perdido la Generalitat. En concreto, dispone esa empresa de 326 títulos en su oferta con versión subtitulada en catalán a cargo del erario autonómico. Pero ni gratis, por lo visto, las quieren. Vifredo Pareto, uno de los grandes padres de la Sociología, de la Estadística Aplicada y del fascismo italiano, estableció un principio muy recurrido hoy por los economistas de todo el mundo, el célebre que lleva su apellido, según el cual una medida política o económica es óptima, o sea deseable y correcta, si no perjudica a nadie y, como mínimo, beneficia a alguien, aunque solo sea a una persona.

De ahí que el fondo de la demanda de la Esquerra a mí no me parezca improcedente. Por lo demás, estoy seguro de que pronto veremos Netflix en catalán. Y ello será así solo gracias a que la lengua catalana posee la inmensa suerte, fortuna de la que carecen infinidad de otras pequeñas lenguas en Europa y el mundo, de disponer de una potente estructura de Estado a su servicio, tan potente que pueden negociar de tú a tú con una multinacional como Netflix con garantías ciertas de éxito. Algo que, al carecer de esa poderosa fuerza estatal a su disposición, ni podrían soñar los defensores de otros muchísimos idiomas. Y esa estructura de Estado se llama España.

Docentes por la Libertad Lingüística y AMPAS inician una campaña de captación de fondos para acudir al TSJ
Elisa Gil2. https://vegabajadigital.com  28 Octubre 2021

Presentarán un recurso contencioso administrativo contra los Proyectos Linguísticos de Centro

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística(PDLL) y AMPAS de la Vega Baja han iniciado una campaña de captación de fondos para presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) contra las resoluciones de los Proyectos Linguísticos de Centro (PLC), por considerar que son contrarios a derecho y como continuación de los recursos de alzada “ignorados por el Gobierno Valenciano”.

Así lo ha anunciado desde la plataforma, el docente Miguel Ángel Robles. Para ello, Robles ha informado de que la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística (PDLL) se ha constituido como entidad jurídica en el Registro Nacional de Asociaciones lo que les va a permitir a partir de ahora establecer líneas de actuación que hasta ahora no podía realizar.

Robles ha explicado que “a partir de ahora iniciaremos un programa de actividades informativas, de divulgación y de acción social; colaboraremos con cuantas asociaciones defiendan los mismos intereses que nosotros en favor del derecho a elegir la lengua en el proceso educativo y las encaminadas a eliminar todos los obstáculos y requisitos que limitan esta libertad; buscaremos extender nuestro radio de acción a todos los territorios afectados por esta fiebre contraria al idioma común, pues entendemos que es en la educación donde se han propuesto inocular el rechazo al español como meta para alcanzar objetivos que son políticos, no educativos, y que los profesores tenemos un relevante papel que jugar, pues se está poniendo en jaque la calidad educativa del sistema; optaremos a ayudas públicas cuando sea necesario, posible y esté justificado y esperamos que nuestra vida, como asociación que pretende evitar la exclusión / eliminación del español como lengua vehicular de enseñanza y de comunicación entre españoles, sea muy corta, señal de que los objetivos se han cumplido”.

En este sentido, y ante la falta de respuesta y “desprecio” por parte de la Conselleria de Educación a los recursos de alzada presentados por cerca de mil familias contra los PLC, mayoritariamente en la comarca, la plataforma ha decidido acudir al TSJ, ha indicado Robles.

Campaña de recogida de fondos para poder seguir litigando con un gobierno que restringe derechos a sus ciudadanos

“Sabemos que confían en que la fatiga y el coste dinerario nos hagan desistir, en claro fraude democrático, pero creemos que la educación de nuestros hijos y la dignidad de todos como ciudadanos de pleno derecho van a hacer inútiles sus cálculos. Por tal razón presentamos una campaña de recogida de fondos para poder seguir litigando con un gobierno que restringe derechos a sus ciudadanos. El número de recursos va a ser muy limitado pues los costes son inasumibles y los elegidos serán una representación de las diferentes casuísticas que se han producido”.

Es por ello, que la PDLL y AMPAS Vega Baja hacen “una llamada a toda la sociedad civil, particulares, empresas, comercios, grupos culturales, entidades deportivas, educativas, sociales, festivas, etc. para que se sumen a nosotros y hagan una donación, la que sea, que ayude a los padres a sufragar estos recursos que van en favor de la convivencia de todos los valencianos y para hacer efectivo el respeto de los derechos consagrados por las leyes que nos hemos dado. Nos gustaría que además de colaborar económicamente hagan publicidad de nuestra demanda y orgullosa ostentación de su gesto; que superemos la barrera de silencio y miedo a la Administración, que actuemos con plena conciencia de nuestros derechos y deberes cívicos”.

En número de cuenta en donde realizar las aportaciones para la recaudación de fondos está en Caja Rural Central y es el siguiente ES89 3005 0011 6726 8596 6323
 


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