AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 3  Noviembre  2021

El problema es grave, ¡pero tenemos la solución!
Ignacio Centenera. okdiario  3 Noviembre 2021

Cuando estábamos en el periodo más duro del Covid-19, cuando se multiplicaban los contagios, se colapsaban los hospitales y se lamentaba una terrible cifra de decesos, hubo algunas personas que se atrevieron a decir que la pandemia no se podía abordar únicamente desde un punto de vista médico y sanitario, olvidando que había que gestionar los impactos sociales y económicos.

Pero la diversificación de la orientación y de los esfuerzos era tan políticamente incorrecta que en general los gobernantes, e incluso muchos países en su conjunto, no se atrevieron a abordarla. En España, por ejemplo, de los muchos órganos y poderes institucionales que tenían responsabilidad en la gestión de la pandemia, un número muy pequeño se atrevió a, sin descuidar o incluso liderando la organización y atención sanitaria, minimizar el impacto económico, defendiendo la libertad de los ciudadanos, y en especial de los trabajadores, autónomos y empresarios. Por ello, incluso una persona concreta recibió un reputado premio internacional. ¿Saben de quién hablamos? Bien, pues luego volvemos con ella.

Porque hemos constatado que el mundo estaba más preparado para sufrir un escalofriante incremento de fallecimientos que un parón económico general y, más en concreto, en la organización del comercio. No hay frivolidad en reconocer que de alguna manera la muerte forma parte de la vida, y que por ello tenemos más interiorizada su existencia que la de las crisis económicas con las que, en la arcadia feliz que es la vida en el primer mundo, no nos apetece contar.

Pues eso, la economía y el comercio mundial, que como en la Teoría del Caos son muy sensibles a la variación de las condiciones, están ahora sufriendo la interrupción en la producción de algunos bienes o el cierre masivo de fronteras, puertos y vías de comunicación que ha desajustado los canales de abastecimiento. Y a la vez, esta situación ha puesto de manifiesto carencias y dependencias en determinados sectores y en determinadas geografías. Por ejemplo, más del 40% del gas que precisa Europa viene de Rusia o más del 80% de los microchips se fabrican en Corea del Sur y en Taiwán (esto último es una de las razones del interés de China por anexionarse este pequeño país que es menos del 0,4 % de su territorio).

El proceso de estabilización y ordenación del caos lo liderarán los gigantes asiáticos, que no tienen complejos en corregir ineficiencias cortando por donde haya cortar y recomponiendo el atavío, aunque sea con burdo recosido remendón; EEUU tirará de su pragmatismo, aunque se obligue a intervenir con prácticas de cirujano estético. Europa, como no, irá al rebufo; y España al rebufo del rebufo, enfocándose en leyes sociales y laborales comunistas que dificultan cualquier avance o corrección económica, además de coartar la libertad individual, haciendo bandera, en Glasgow o donde sea, de un ruinoso ecologismo, y preocupándose de porque en Halloween los niños se han vestido de brujas, y no de brujos o de brujes.

Tenemos en nuestro país un reto enorme, ya que corremos riesgo de empobrecernos para décadas, y, ante la referida inoperancia del gobierno, hace muy bien Pablo Casado en plantearlo con su brutal crudeza. Ahora bien, también tiene que trasladar a los ciudadanos que el PP tiene una receta para enderezar el rumbo y que se parece mucho a la que desde hace tiempo se aplica en la Comunidad de Madrid.

Casado no tiene otra que dejar la racanería con la que el partido está tratando a Isabel Díaz Ayuso y colgarse de sus innegables logros. Más aun, cuando la presidenta madrileña, que fue de los pocos dirigentes que aplicó con éxito una versión libre de la gestión del Covid, ha demostrado que no se acompleja ante el progresismo, al que ha conseguido vencer en toda regla, arrastrando al PP, después de la victoria del pasado mayo, al pico de adhesión y estimación de votos.

Cuando en la Primera Guerra Mundial el general Allenby se hizo cargo del Ejército expedicionario inglés en oriente próximo no dudo en apoyar y promocionar al indisciplinado Lawrence de Arabia, que había conseguido que las irregulares tropas del príncipe Faysal tomaran el puerto de Áqaba. Cuando Lawrence le agradeció su apoyo alabando su clarividencia, el general contesto: -No soy un hombre brillante, pero reconozco algo bueno cuando lo veo.

La batalla de la plusvalía: la oportunidad de Vox
Diego Vigil de Quiñones. okdiario 3 Noviembre 2021

Sin lugar a dudas, la noticia fiscal más importante de la semana pasada fue el anuncio de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula algunos artículos de la Ley de Haciendas Locales relativos al cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, popularmente conocido como plusvalía municipal. La reacción de la prensa servil con el régimen ha sido unánime: en lugar de celebrar una victoria de los ciudadanos frente al fisco, sólo han destacado la pérdida recaudatoria que ocasionará la sentencia a los ayuntamientos (¡pobres ayuntamientos!). El Gobierno no ha tardado mucho en anunciar que se trabajará en una solución normativa para volver a dar plena vigencia al impuesto. Más allá, el alcalde de Madrid se ha quejado de la imprevisión del Gobierno al respecto. Al parecer, el alcalde capitalino no tiene nada que cuestionar del impuesto. Al igual que a otros socialistas de todos los partidos, lo único que le preocupa es la pérdida recaudatoria.

El impuesto de plusvalía municipal constituye hoy un gravamen muy pesado en la vida de la gente. Se paga al transmitir o heredar un bien. Allí donde las buenas políticas han logrado suprimir el impuesto de sucesiones entre padres e hijos, la plusvalía obliga a pagar grandes cantidades de dinero a la gente cuando se mueren sus personas más cercanas, de modo que heredar sigue siendo muy gravoso por culpa de la plusvalía. Por otra parte, la plusvalía convierte en una operación muy compleja el cambio de residencia de mucha gente: en España vendes una casa por 100, y te compras otra por los mismos 100 y no puedes hacerlo sin añadir un diez por ciento para impuestos.

Pese a la dureza del impuesto, ningún partido asentado lo cuestiona. Sólo un partido nuevo y sin las ataduras clientelares del poder, ha propuesto suprimirlo. Tal es el caso de Vox, que desde su ascenso meteórico en el otoño de 2018 dejó claro en sus famosas “cien medidas para España” que quería suprimir el impuesto de plusvalía municipal.

Una postura que se puede defender en dos frentes. Por un lado, cuando se discuta en las Cortes el nuevo impuesto, puede votar que no y dejar en evidencia al PP apoyando el impuesto. Por otro, hay que recordar que la plusvalía es un impuesto potestativo: la Ley de Haciendas locales exige a los Ayuntamientos cobrar el IBI, el IAE y el impuesto de circulación, pero la plusvalía la puede cobrar o no cada Ayuntamiento (Art. 59), y de hecho existen ayuntamientos que no la cobran. Vox podría llevar en su programa para las próximas municipales la supresión de la plusvalía en todos aquellos ayuntamientos donde logre gobernar o determinar el Gobierno municipal. Evidentemente, ello implicaría reducir los gastos municipales en la cuantía suficiente para prescindir del ingreso de la plusvalía, cosa que Vox también debe atreverse a defender.

Dado que la práctica totalidad de partidos con representación parlamentaria tienen importantes intereses municipales creados (gastos superfluos, empleados públicos vinculados a los partidos, contratos públicos no siempre necesarios a favor de empresarios de la red), ningún partido va a querer suprimir dicho impuesto. En cuanto haya respaldo normativo, volverán a cobrarlo. La única esperanza para combatir la plusvalía hoy por hoy es Vox, el único que se opone a este impuesto.

La situación generada por la sentencia del TC es una oportunidad para Vox. Una oportunidad que puede hacerle único en las próximas municipales, abriendo un nuevo cauce de desplazamiento de voto hacia Vox (también desde la izquierda).

Reforma laboral: engañar a la UE, a Podemos o a los dos
EDITORIAL.  Libertad Digital 3 Noviembre 2021

Es difícil encontrar un texto tan cargado de vaguedades, eufemismos e inconcreciones como el comunicado que, tras la reunión que ha mantenido este martes Pedro Sánchez con las ministras de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emitido la Secretaría de Estado de Comunicación en el que se anuncia pomposamente la "derogación" de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy en 2012.

Para empezar, se supone que la derogación de la reforma laboral de 2012 era algo que ya habían acordado hace años PSOE y Podemos en sus acuerdos de gobierno y que, en cualquier caso, resultará inevitable tanto si se quiere "reformar", "actualizar", "adaptar" o "profundizar" en la senda liberalizadora en la que tan tímidamente se embarcó la reforma de Fátima Bañez, como si, por el contrario, se quiere llevar a cabo una reforma que implique una marcha atrás y hacer aún más rígido nuestro ya de por sí encorsetado mercado laboral.

Dicho de otra forma: Lo que se trataba era de despejar las dudas de si el gobierno iba a decantarse por una reforma que, respetando la primacía de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, simplificara las modalidades de los contratos y profundizara en la flexibilidad del mercado laboral -tal y como le reclama la Comisión Europea- o por el contrario atendería las retrogradas, rígidas y empobrecedoras reclamaciones de Podemos, consistentes en devolver el protagonismo a los sindicatos mediante el establecimiento, entre otras cosas, de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, de tal forma que la empresa no pueda descolgarse del convenio cuando su situación económica lo reclame.

El comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación, no aclara, sin embargo, nada en ese sentido, alternando párrafos en los que bien podría dar a entenderse que es la Comisión Europea y la ministra Calviño los que han arrimado la ascua a su sardina, con otros párrafos en los que, por el contrario, parecería que es la podemita Yolanda Díaz la que se ha salido con la suya.

Ante esta persistente disyuntiva, lo que tiene que tener presente Pedro Sánchez es aquella máxima de Lincoln según la cual "puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo". Y es que, por mucho que Pedro Sánchez y el comunicado de marras pretendan convencernos de que esta derogación de la reforma laboral del 2012 va a satisfacer tanto las reclamaciones de la Comisión Europea como las que le hace la extrema izquierda podemita, ambas cosas son, sencillamente, incompatibles.

No menos presente debe tener el presidente del gobierno el riesgo que corre en función de quien sea finalmente el engañado: Así, si descafeína el cambio reclamado por Podemos se arriesga a que sus socios de gobierno le dejen de sostenerle en la poltrona; pero si es la Comisión Europea a la que, finalmente, Pedro Sánchez hace caso omiso, corremos el peligro -tal y como le ha advertido Pablo Casado- de que la Comisión Europea bloquee definitivamente los fondos de reconstrucción.

En cualquier caso resulta delirante que, en unos momentos en los que a España le cuesta crear puestos de trabajo a causa de su persistente rigidez en el mercado laboral -uno de los más encorsetados de Europa- , ahora nos planteemos una vuelta atrás y una mayor rigidez en el mercado laboral que tendría un coste para nuestro desarrollo económico muy superior a la mera pérdida -por importante que sea- de la ayuda de nuestros socios comunitarios. En esas estamos con un presidente que duda en si engañar a la Comisión Europea, a Podemos o -lo que en él también es posible- a los dos.

Hacia la correcta municipalización del Estado
Amando de Miguel Libertad Digital 3 Noviembre 2021

El "Estado de las autonomías" ha terminado por ser un nuevo centralismo con tintes autoritarios.

Durante el siglo XIX y casi todo el XX, España se organizó como un Estado centralista, común a varios regímenes políticos. La dotación de los servicios públicos se concentró en las capitales de provincia. Al final, se benefició, sobre todo, Madrid y las ciudades costeras, las receptoras de una intensa migración interior.

A partir de 1978, con la llamada Transición democrática, se experimentó un nuevo enfoque: la descentralización del "Estado de las autonomías", por contradictoria que pueda parecer esa expresión. No ha sido, precisamente, un éxito, al aumentar, desproporcionadamente, la burocracia pública y, lo que es peor, el clima de corrupción de las minorías gobernantes. Recuérdese que los casos más sonados de manejo interesado de los fondos públicos, durante los últimos decenios, se han dado en la escala "autonómica" (regional).

En uno y otro modelo, se mantuvo inamovible la red de municipios, como si fuera una inevitable herencia de la naturaleza. Son, ahora, más de ocho mil; cantidad que, apenas, ha variado a lo largo de los dos últimos siglos. En el entretanto, se ha producido un enorme trasvase de población campesina a las ciudades. Un resultado ha sido el doble y complementario fenómeno de la "España vaciada" y el de la "España congestionada". El economista Román Perpiñá lo dibujó, cabalmente, hace mucho tiempo. Es decir, son varios miles los municipios con términos, prácticamente, despoblados, en contraste con el apiñamiento de algunos centros urbanos y, sobre todo, de las grandes capitales. Es una forma de desigualdad, verdaderamente intolerable. Me temo que no se la haya planteado el Ministerio de Igualdad.

Una solución al problema sería la organización del Estado de otra manera. Primero, habría que realizar una gigantesca concentración municipal. Los Ayuntamientos pasarían de más de ocho mil a unos quinientos. Esta última estructura significaría que los municipios contendrían una media de unas 10.000 personas. No solo habría que consolidar muchos pequeños pueblos y aldeas en unidades más parecidas a las comarcas o a las "cabezas de partido". Sería necesario, además, segregar, administrativamente, grandes barriadas y núcleos anejos a las grandes metrópolis, para constituir las nuevas localidades municipales. No sería de nueva planta, sino entidades ya existentes. Esos "cortes" geográficos supondrían, en algunos casos, la superación de las unidades provinciales y aun regionales.

La nueva estructura haría más viable el deseo de acercar, residencialmente, los contribuyentes al Estado, como prometió, y no consiguió, el sistema "autonómico" de 1978. Habría que cuidar mucho de no repetir la degradación de los Gobiernos regionales corruptos. El "Estado de las autonomías" ha terminado por ser un nuevo centralismo con tintes autoritarios, al no contar con el suficiente control de los grandes cuerpos de la Administración Pública.

En los Ayuntamientos de tamaño medio, sería posible alojar servicios públicos, hoy, ausentes de los pequeños pueblos y poco eficientes en las constelaciones metropolitanas. En esa malla de nuevas localidades sería posible, por ejemplo, la dotación de una adecuada red de ferrocarril, en gran medida, de "cercanías". El nuevo sistema abarataría el suelo industrial y de oficinas, al tiempo de suavizar la actual congestión del tráfico automóvil en los centros metropolitanos.

La reforma propuesta se basa en la mala experiencia, derivada tanto del centralismo como del "autonomismo". La instalación de los servicios públicos en la red de nuevos municipios los haría más rentables y, sobre todo, más susceptibles de un control democrático. Los ciudadanos verían al Estado más cerca y más eficiente.

Es lógico pensar que la estructura actual de las regiones "autónomas", dominadas por los grandes partidos políticos (sobre todo, los de corte nacionalista), se opondría a la reforma sugerida. Por eso mismo, se antoja necesaria. Al menos, nadie me negará el absurdo de que el Estado español tenga que seguir subsistiendo con un tejido de más de ocho mil municipios. Se trata de una reminiscencia del inveterado sistema caciquil, que, sencillamente, no la podemos seguir pagando. En otros países europeos cercanos hace tiempo que realizaron las oportunas reformas de consolidación de las unidades municipales.

¿ Control democrático ?
Nota del Editor 3 Noviembre 2021

Eso de la democracia es un cuento chino. Para comprobarlo, sólo tiene que asistir a una comunidad de vecinos, lo más parecido a una fiesta en el patio del frenopático. Algunos de los asistentes se dedican a hablar de asuntos de los que no tienen ni idea, otros a largos circunloquios para satisfacer sus ganas de hablar, sin llegar a decir algo de interés.

En el mundo de los profesionales de la política sucede algo parecido, sujetos que no tienen ni idea se dedican a generar problemas donde no los había y a proponer soluciones que los empeora, eso sí, siempre salen ganando porque con el dinero de algunos (otros consiguen esconder su bolsillo), compran voluntades contra los derechos de los demás y así siguen moviendo su rebaño. Puede que haya alguna excepción y algún alcalde sea honesto, eficaz y ecuánime, pero el hombre la la lámpara no consigue verlo por parte alguna.

Y así vamos empeorando: la seguridad jurídica, es otro cuento chino. Un ciudadano conduce a 60Km/hora en una zona de 50 (límitee decidido por un tipo, y sin que conste justificación ni reclamación alguna) y la D.G de T(ributos) le suelta una multa de 100E, el mismo importe al chófer de Ortega que al pensionista autónomo. El dr cum fraude se pasa la c.e. por donde le da la gana, el t.c. falla que ha sido así, inconstitucional, y el miserable sigue en el Falcon; menos mal que quienes recuperen lo pagado por las multas, ahora declaradas ilegales, votarán a Vox. Y luego vienen los alcaldes "profesionales" que en vez de vigilar y mantener a raya a los infractores, llenan el paisaje urbano de badenes (trampa mortal para los trasladados en ambulancias con la médula machacada o los camiones bien cargados de los bomberos),  de bolardos en las aceras para que los viandantes se rompan las rodillas y en caso de urgencia nadie pueda estacionar, dejan las defecaciones de perros para que los videntes vayamos andando mirando al suelo, creen puestos de trabajo ficticio para que los automovilitas sufran, sigan siendo expoliados y los profesionales de las visitas a domicilio (fontaneros, albañiles, carpinteros, etc.), pierdan el tiempo (que paga el consumidor) cambiando el ticket de la ORA (menos mal que aún no vuelven los serenos), aborten planos de urbanismo con principios de mercado persa, algunos erijan monumentos a los asesinos y otros tumben las estatuas de nuestros héroes defensores de España..

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Inmadurez y desastre a la española
Jesús Salamanca. diariosigloxxi  3 Noviembre 2021

¿Alguien se acuerda ya del enfrentamiento de Alberto Rodríguez y Belarra con la presidenta del Congreso de los Diputados? ¿Y del encontronazo de la «jefa» de Podemos con «la Yoli»? ¿Y de los roces de la «marquesa» con otros miembros de Unidas Podemos? ¿Se acuerdan de los condenados o en puertas de serlo que han acabado en el «Ministerio de la Señorita Pepis»? ¡Qué mala memoria tenemos en este país!

¿Cuántas huelgas han convocado los sindicatos por la descomunal subida de la luz? ¿Cuántos ciudadanos se han manifestado por la condena al sindicato sectario de obreros y cuyo pago se ha hecho con cargo al patrimonio sindical, en vez de cargarlo al suyo personal?

Nos cuentan cuatro sandeces del G20, reproducen tres mentiras del fraudulento y mentiroso presidente, bajan unos euros el precio de la luz, reparten dividendos Inditex y el Banco de Santander, cobra 662M de ese dividendo el filántropo, Amancio Ortega… y todo se nos olvida. Eso sí, el clan de indocumentados de Unidas Podemos salta a la yugular de Ortega por esos dividendos, como si no hubiera nada más importante ni entendieran por qué los cobra y por qué esa cantidad. Limando asperezas, ya contaba mi amigo socialista que «Total, si sólo cobra 662M más que nosotros. ¿Habrá algún desalmado que envidie eso?».

Lo mejor de todo es que estamos en la semana en que se puede conocer la condena a Íñigo Errejón y su previsible inhabilitación, al igual que en el momento en que PSOE y Unidas Podemos van a confrontar sus desavenencias con los otros grupos del Gobierno «Franki»: golpistas catalanes, terroristas bilduetarras, corrompidos nacionalistas, republicanos de la línea de «Terra Llivre» y demás aventureros del no producir y buen vivir. Si el diputado inhabilitado no rebaja la tensión e Irene Montero no suaviza las envidias contra «la Yoli» y la propia Belarra, el polvorín está garantizado. Y, ante la situación de desastre e irresponsabilidad gubernamental, la ciudadanía está obligada a mantener seca la mecha y proporcionar la chispa.

Lo único que sabemos de cierto es que Alberto Rodríguez no va a pedir la dimisión de Batet, asustada donde las haya. Y es que, de un patinazo como el suyo, así como de la atrevida petición de explicaciones al Tribunal Supremo, sólo se sale desde la ignorancia y el analfabetismo de unos políticos como Adriana Lasta o Rafael Simancas; en otro caso, tratándose de un político con formación como Batet, la vergüenza ajena y personal se arrastra por los siglos de los siglos.

Desde la ejecutiva del PSOE ya han saltado y se han alzado voces contrarias a mantener la coalición con los adocenados comunistas de Yolanda Díaz, Garzón, Belarra, Echenique, Monedero y demás pandilla indocumentada; es más, no faltan quienes prefieren convocar elecciones o prorrogar presupuestos ante la cadena de sentencias que se avecinan tras el canto del «Pollo» Carvajal. Ni Felipe González ni Alfonso Guerra compran la mula a Pedro «El mentiroso»: saben que esa mula es coja y soltera, por lo que nadie arrienda las ganancias.

El sector empresarial y un gran sector político también han montado en cólera al comprobar que Pedro Sánchez, por su cuenta y riesgo, ha aumentado en un 50% la aportación de España al Fondo Verde del Clima. Pero no lo ha dicho en España sino en el COP26. Brutal chulería que España pagará cara, salvo que el Gobierno que releve a los actuales comunistas y socialistas consiga anular esa insensatez más propia de una persona fraudulenta y acomplejada que de un presidente de Gobierno digno y responsable.

Quédense tranquilos porque, aunque no lleguen ayudas a La Palma ni haya ayudas para las riadas en Valencia ni se paguen los destrozos de rebaños por la prohibición de la caza del lobo, sí las habrá para los Fondos raros, empecinamientos del Club de Bilderberg (Club del misticismo y la conspiración) y antojos del terrorista, George Soros, aunque haya que sacar los dineros de debajo de las piedras.

De lo poco que estoy seguro es de que al diputado inhabilitado le ha sentado a cuerno quemado lo de perder el sueldo, la poltrona y la capacidad de que le escuchen los medios de comunicación amañados. También tengo plena seguridad de que sus compañeros le han dejado tirado: han protestado con la boca pequeña y han echado lágrimas de cocodrilo, pero eran los primeros interesados en que desapareciera de sus filas.

Si bien en Unidas Podemos no contaba eso de la imagen cuando eran «simples vándalos», ahora que son «vándalos señoriales», sí que cuenta mucho. Y ahí llegamos.

Bruselas marca el camino a Sánchez con su misión para desenmascarar a Bildu
Javier Ruiz de Vergara. España. esdiario 3 Noviembre 2021

A la misma hora en que, este miércoles, el portavoz de Bildu acceda a la tribuna del Congreso para revalidar su apoyo a los Presupuestos Generales del Gobierno; y de que el PSOE normalice una vez más al brazo político de ETA como uno de sus socios estables de legislatura, una delegación de eurodiputados aterrizará en España para evitar, in extremis, uno de los propósitos de la coalición progresista: dar cerrojazo precipitado al historial sanguinario de la banda etarra.

Apenas unos días después de que el PSOE diera por bueno la petición de disculpas de Arnaldo Otegi a las víctimas, una mascarada que el propio líder batasuno desmontó después al reconocer el precio a su apoyo a Sánchez es la excarcelación de los terroristas etarras, llega la Comisión de la Verdad, los hombres de negro de Bruselas para tratar de arrojar luz a los 379 asesinatos sin resolver. Eso, mientras Bildu presume de sus pactos con el Gobierno.

La delegación, que preside la francesa Agnés Evren, y que integran Alex Agius (Malta), Vlad Gheorge (Rumanía), Tatjana Zdanoka (Letonia) y Korma Zlotowski (Polonia), no viene ni mucho menos de visita protocolaria. A ellos les acompañan en sus visitas a Madrid y Vitoria los eurodiputados españoles Dolors Montserrat, Cristina Maestre, Maite Pagazaurtundúa y Jorge Buxadé. Cabe recordar que el PSOE votó en contra de esta iniciativa en el Parlamento Europeo.

Bruselas activa su Comisión de la Verdad sobre ETA y coloca a Otegi en el disparadero

Pocos políticos y muchos expertos con décadas de historial en la primera línea contra ETA a los que el Gobierno progresista nada ha escuchado ni atendido en estos dos últimos años.

Así, los eurodiputados se van a reunir con los mandos clave en la lucha antiterrorista: el general-jefe de Información de la Guardia Civil, Valentín Díaz Blanco; y con el comisario general de Información, de la Policía, Eugenio Pereiro.

Otegi, en la "mascarada" de Bildu para allanar las excarcelación de los presos terroristas a cambio de su apoyo a Sánchez.

Pero, además de con los mandos policiales, los europarlamentarios mandatados por la Eurocámara van a mantener una intensa ronda de entrevistas que ha generado notables expectativas entre las víctimas. En concreto, la delegación de Bruselas escucharás las opiniones y experiencias del magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral; Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Juan Pablo González-Herrero, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid; así como del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y del fiscal antiterrorista, Marcelo de Azcárraga.

Junqueras "indulta" a Sánchez y certifica que Moncloa queda tutelada por Esquerra

Por último, esta Comisión de la Verdad tiene previsto escuchar las reivindicaciones de las propias víctimas, entre ellas el presidente de la Fundación de Víctimas, Tomás Caballero; la presidenta de la AVT, Maite Araluce; y la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

La misión europea llega en un momento decisivo en la agenda de las víctimas. Con las prisiones ya en manos del PNV y Bildu pisando el acelerador para cobrar a Sánchez el peaje por su apoyo. Y la casualidad ha querido que el brazo político de los terroristas vaya a escenificar que revalida su apoyo al líder del PSOE cuando la misión llegada desde el corazón de Europa trata de impedir que la democracia española eche el telón del olvido y la impunidad sobre 379 asesinatos sin resolver.

Como repiten estos días las eurodiputadas Dolors Monserrat y Maite Pagazaurtundúa, dos de las artífices principales de este paso decisivo de la UE, se trata de la gran "asignatura pendiente". En concreto, 379 asignaturas pendientes con nombres y apellidos.

ETA y las víctimas
Manuel Toscano. vozpopuli.es 3 Noviembre 2021

‘Lo que más temo del fin de ETA, cuando venga, es que triunfe la simplona y cómoda creencia de que sin atentados ya todo es admisible’. Así se pronunciaba Aurelio Arteta en una entrevista concedida al ABC en 2007, años antes de que la organización terrorista anunciara el cese definitivo de sus actividades delictivas. Las palabras del filósofo, que ha dedicado muchas a páginas a reflexionar sobre el terrorismo y el nacionalismo vasco, suenan hoy premonitorias: ‘Se quiere olvidar que un crimen terrorista no es un crimen cualquiera, sino un crimen político (…). Además de condenar el asesinato habrá entonces que atreverse a juzgar la causa por la que se asesinó, porque no puede reemprenderse la convivencia sobre las mismas creencias que la han echado a perder’.

Es inevitable acordarse de lo dicho por Arteta al ver los aplausos que ha cosechado la llamada ‘declaración del 18 de octubre’. El comunicado leído por los líderes de Bildu y Sortu, Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez, ha recibido los parabienes sin reservas de los partidos que forman la coalición de gobierno, alguno de los cuales no dudó en calificarlo de valiente. Para Ione Belarra es ‘un paso sin precedentes de la izquierda abertzale’ al poner ‘en el centro el dolor de las víctimas de ETA’. Errejón saludó las declaraciones como un avance muy significativo, pues cierran un ciclo político de violencia y ‘marcan un compromiso claro de reconocimiento de las víctimas y de apuesta por vías exclusivamente democráticas’. Por su parte, la ejecutiva socialista, por boca de su portavoz, valoró muy positivamente que reconozcan el sufrimiento causado y que se comprometan a mitigar el dolor de la víctimas. Nada de lo cual puede extrañarnos, puesto que el actual gobierno ha recabado los votos de los abertzales, de la investidura a los presupuestos, tratándolos como socios parlamentarios perfectamente legítimos. Celebrar el paso es tanto como absolverse a sí mismos por tales tratos.

En realidad, lo más llamativo de la declaración del 18 de octubre es lo mucho que se parece al penúltimo comunicado, de abril de 2018, en que ETA reconocía el daño causado. Allí la banda terrorista se refería específicamente a sus víctimas, como ahora hace Otegi, aunque en ambos casos se deja claro que éstas no son más que una parte de todas las víctimas provocadas por el conflicto. Si los cotejamos, hay pasajes prácticamente copiados, como cuando dicen que ‘nada de eso debió producirse jamás o prolongarse tanto en el tiempo’ (o una cosa u otra, supongo). Si querían marcar distancias con ETA, podían haber hecho algo mejor que cortar y pegar de sus comunicados. Por lo demás, hay pocas diferencias de fondo entre ambos textos: la violencia terrorista sigue siendo ‘estrategia armada’, que hay que situar en el marco del famoso conflicto, cuya resolución pasa por el reconocimiento de los derechos nacionales de Euskal Herria, etcétera, etcétera.

Como vivimos tiempos sentimentales, el gran paso de la izquierda abertzale estaría en este punto en que se dirige a las víctimas: ‘Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades’. Nada nuevo, como digo, pues los propios etarras ya aseguraban en aquel comunicado que sentían de veras tanto dolor. Por dispuestos que estemos a celebrar la efusión de buenos sentimientos, hay que preguntarse en qué se concreta ese compromiso de los abertzales con las víctimas. ¿Cómo se compadece ese enorme dolor por las víctimas con los homenajes multitudinarios que tributan a los victimarios, a quienes cometieron asesinatos, secuestros, extorsiones o actuaron como cómplices de los asesinos, recibidos o recordados en muchas localidades vascas como verdaderos héroes y mártires por la causa? Uno puede lamentar el daño causado, admitiendo con todo su necesidad; distinto es arrepentirse, que implica que nunca debió hacerse. Pero ambas cosas son incompatibles con honrar y festejar a quien deliberadamente causó tanto mal. ¡Obras son amores! Mientras continúen los homenajes tales declaraciones no serán más que palabrería.

'Justicia restaurativa'
En realidad, no es cuestión de si creemos o no en la sinceridad de las declaraciones abertzales, pues a lo que debemos resistirnos es al guión que se está imponiendo sobre el final del terrorismo. El dichoso relato, como saben. Con su habitual perspicacia, José María Ruiz Soroa le puso hace tiempo un nombre inmejorable: ‘La estrategia de las lágrimas’. De acuerdo con ella, el crimen terrorista sería un asunto privado o personal, que concierne fundamentalmente a la víctima y al criminal, donde lo importante es atender al sufrimiento de las víctimas, a las que hay que ofrecer comprensión y atención psicológica para superarlo. El terrorismo queda así despolitizado y reducido a su faceta más humana. Ese marco trae todo un vocabulario a caballo entre lo religioso y lo terapéutico, donde cobran sentido términos como ‘perdón’, ‘reconciliación’ o ‘reconocimiento’. Lo hemos visto a propósito de la llamada ‘justicia restaurativa’, que promueve los encuentros personales entre víctimas y presos, ahora de actualidad gracias a la película de Iciar Bollaín.

Hay que convenir con Ruiz Soroa en que estamos ante una estrategia de lo más inteligente, retóricamente muy efectiva, puesto que maneja con ventaja la sensiblería ambiental y el cálculo interesado. Una vez puesto el foco sobre el dolor y el sufrimiento de las víctimas, nada nos impide extenderlo a otros, a los propios terroristas presos y a sus familiares, puesto que también son seres humanos que sufren. Por eso aquel comunicado de ETA recordaba que ‘se ha padecido mucho en nuestro pueblo’ y Otegi habla del reconocimiento de ‘todas, absolutamente todas las víctimas’. Si el sufrimiento es lo que caracteriza a las víctimas, todo el que ha sufrido a causa del conflicto puede ser considerado una víctima. Se difuminan así las diferencias entre víctimas y victimarios, reunidos todos en su humanidad doliente; de paso igualamos ‘todas las violencias’, como si fuera lo mismo la del pistolero etarra que la de los agentes de policía. Si me apuran, hasta la propia sociedad vasca puede ser vista como una gran víctima, necesitada de terapia y reconciliación.

El perdón tiene una naturaleza personal, casi íntima, como alguna vez he señalado aquí: ni puede darse en nombre de otros ni cabe exigirlo, pues nadie está obligado a perdonar. Como tal, es una decisión que concierne únicamente a las víctimas, que resiste mal bajo los focos de la vida pública. Como ciudadanos debería preocuparnos algo bien distinto, a lo que Joseba Arregi se refirió como ‘la verdad objetiva de las víctimas’. Recientemente fallecido, pocos tienen como él una trayectoria ejemplar en defensa de las víctimas del terrorismo; es uno de esos ‘traidores’ de los que habla el documental de Jon Viar, que abandonaron el mundo nacionalista para defender la democracia y la libertad de sus conciudadanos. Pues bien, Arregi sostenía que esa verdad no hay que buscarla en las opiniones de los asesinados, en las manifestaciones de sus familiares o en lo que digan los diferentes portavoces de las asociaciones de víctimas, sino en el hecho de que fueron perseguidos y asesinados por razones políticas; que sus asesinos perseguían crear un clima de miedo e intimidación en buena parte de la sociedad, eliminando a sus adversarios ideológicos, para imponer un proyecto nacionalista excluyente, contrario a las libertades individuales y al pluralismo social.

No podemos pensar entonces en la memoria de las víctimas haciendo abstracción de ese significado político, como tampoco cabe hurtar el adjetivo ‘terrorista’ para hablar sólo de violencia. Ni una cosa ni la otra son inocentes. Tampoco se puede olvidar que el terrorismo no eran sólo los comandos, sino que disponía de todo un entramado político e ideológico, con amplios apoyos sociales, todo ello al servicio de la visión de una sociedad vasca étnica e ideológicamente homogénea, donde no tienen cabida los no nacionalistas o los discrepantes. No parece que los herederos de ETA hayan rechazado ese proyecto ni roto con la historia de terror que tiene detrás. Por eso es falso que, en ausencia de violencia, todos los proyectos sean legítimos en una sociedad democrática; es tanto como pensar que los medios violentos no guardan relación con los fines políticos profundamente injustos que los justificaron. Pues hay fines que son radicalmente incompatibles con las condiciones de una sociedad libre y plural.

De lo que se sigue una verdad inconveniente en el panorama político de la actual legislatura: no se puede hacer política como si ETA no hubiera existido, como si no hubiera sido el más encarnizado enemigo de la democracia constitucional en España. Según explicó Arregi en uno de sus últimos artículos, las víctimas están ahí para recordárnoslo.

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