AGLI Recortes de Prensa   Jueves 4  Noviembre  2021

De pifia en pifia, el gobierno se encamina al desastre
​Sus intentos de camuflar la realidad del país, fracasan ante la dura realidad de una España en crisis de valores y en las manos del progresismo bolchevique
Miguel Massanet. diariosigloxxi 4 Noviembre 2021

En realidad existe una evidente diferencia entre la visión idílica de quienes nos gobiernan a golpe de decretos y prescindiendo de cualquier relación con la oposición, y lo que está sucediendo a nivel de los ciudadanos, que se ven ante una situación en la que se nos pinta un porvenir, en manos de las izquierdas que ocupan el poder, que difiere en mucho de lo que los economistas, el Banco de España, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y aquellos encargados de fiscalizar el cumplimiento de nuestros compromisos con la CE desde Bruselas, están diciendo, informando, recomendando o advirtiendo, en cuanto a determinadas cuestiones de alto interés para la recuperación de la nación española y la mejora del estatus de sus habitantes.

Un Gobierno, invadido por las feministas, que está dando la medida de lo que son capaces de hacer estas señoras cuando se les da oportunidad de desarrollar sus ideas que, evidentemente, difieren en mucho de lo que se referiría a igualar a las mujeres en cuanto a derechos, salarios, puestos de trabajo y responsabilidades de mando con el sexo masculino, dando una pobre impresión de su capacidad, su formación, su objetividad y sus cualidades para estar en condiciones de ponerse a la par con aquellos a los que han sustituido en sus funciones administrativas, sin que la ciudadanía haya podido encontrar mejora alguna sino, todo lo contrario, una serie de decisiones fanáticas, con ideas absurdas sobre lo que debería constituir la base de una verdadera equiparación de sexos, prescindiendo de la sensatez e intentando adaptar el léxico, las expresiones gramaticales y el pensamiento a una nueva forma en la que el neutro desparece para pasar a una farragosa y absurda duplicidad del femenino y masculino, que no tiene otro resultado que empobrecer el idioma y convertirlo en algo incómodo y poco práctico.

Convertir la pretendida educación sexual de los menores, llevándola a situaciones absurdas como es la de intentar que niños de menos de siete años empiecen a formarse en un tema que no entienden ni les preocupa, en una fase de su vida en la que la sexualidad está ausente y sus prioridades nada tienen que ver con un sexo que todavía no ha empezado a constituir una de sus preocupaciones. ¿Estamos, pues hablando de una corrupción de menores? O de una visión poco inteligentes de despertar en unos niños una panorámica que en nada puede mejorar su educación y sí anticipar sensaciones que ya la vida les enseñará cuando llegue la pubertad. Parece ser que, lo que pretenden estas feministas de izquierdas, en su afán de destacarse y venderse como personas capacitadas es, simplemente, intentar imponer a la fuerza un régimen matriarcal, que en nada tiene que ver con la equiparación, en derechos de deberes, entre ambos sexos.

Lo cierto es que la mentira, como arma de propaganda escogida por el socialismo comunista que está al frente del país, se ha asentado en todos los ministerios, hoy en fase de campaña preelectoral, para recuperarse del descrédito al que les ha llevado la gestión del Covid19, sus continuos fracasos ante los tribunales de justicia y sus errores en materia económica, social, industrial y constitucional, que han tenido como consecuencia el ser rectificados desde el TC que, con tres sentencias rotundas, ha desmentido al señor Sánchez y a sus asesores, respecto a la legalidad del estado de alarma que pretendió convertir en un café para todos, relegando en las autonomías unas funciones que no les correspondían y que, en realidad, debió de asumir el Gobierno.

Mientras, el señor Pedro Sánchez presumía de que, en la reunión del G20, había contactado, apenas unos instantes, con Joe Biden y de ello sacó la conclusión de que las relaciones, evidentemente poco fluidas, entre España y los EE.UU, estaban normalizadas; aquel mismo día, el señor Biden, había ordenado el traslado de las fuerzas de reacción rápida que mantenía en la localidad de Torrejón de Ardoz, se trasladaran a una nueva localidad italiana, una decisión que va a significar una pérdida muy importante para la economía de aquella localidad española. Una de las pifias que demuestran la forma tendenciosa con la que se nos vende a los ciudadanos la acción gubernamental.

España sigue teniendo dos problemas graves que no puede dejar de considerar, si es que espera afrontar el futuro con una cierta garantía de estabilidad del país. Uno, el del separatismo, cada vez más en auge, convencido de que tiene al Gobierno a sus órdenes y de que su camino hacía una independencia está asegurado, mientras Sánchez siga en el poder. Otro es el del problema de las energías, agravado últimamente por el hecho de que Marruecos no permita que llegue el gas de Argelia a través del gasoducto que pasaba por territorio marroquí. Ello supone que, desde hoy, los suministros de gas van a tener que llegar licuados en trasportes marítimos, una circunstancia que comporta unos importantes costes adicionales y no garantiza que, en todo momento, dispongamos del gas preciso para el suministro demandado por la nación española. Por otra parte, existe un problema que, sin duda alguna, va a suponer un enfrentamiento entre los comunistas de Diaz y los socialistas de Sánchez, por el distinto criterio que predomina en cada una de las formaciones sobre el alcance de lo que deberá ser lo que ellos denominan como “derogación de la reforma laboral” del PP,promulgado a instancia de Bruselas.

Todos sabemos que, aparte de lo que digan al pueblo los ministros del Gobierno, una serie de engaños convenientemente adobados para que el ciudadano no vea que, la reforma laboral, no va a consistir nada más que un lavado de cara, con poco jabón, del acuerdo; de modo que Bruselas no ponga objeciones, como ocurriría si en los aspectos fundamentales se empleara la tijera por parte de comunistas y socialistas. Sinembargo, no podemos considerar como una cuestión menor el que se les vuelva a dar a los sindicatos, hoy apenas reconocibles, la facultad de intervenir en los convenios colectivos que afecten a sectores o zonas geográficas, si bien es posible que se excluyan de la obligación de que asistan a los convenios de empresa. El hecho de que se les privara de esta facultad, aparte de que teniendo un gobierno de izquierdas no suele ser propicio a que saquen a los trabajadores a la calle, se da la circunstancia de que ellos cobraban por asistir y, a la par, tenían la fuerza de poder presionar a los empresarios con más facilidad de lo que estaba en la mano de los distintos comités de empresa, en el caso de convocar paros durante la tramitación de convenios sectoriales.

Pero donde existe el verdadero peligro de que esta izquierda social-comunista pueda prolongar su estancia al frente del Gobierno, por absurdo que nos pueda parecer, se lo deberemos, de seguir el rumbo que en la actualidad mantiene el señor Casado del PP, a la eterna cuestión de las envidias, los recelos, las camarillas y las ambiciones que se producen en el seno de los partidos y que, en la mayoría de ocasiones en las que no existe un control férreo sobre estas complicadas situaciones, son capaces de dar al traste con todas las posibilidades electorales que pudiera tener el partido en el que, estos corpúsculos, puedan llegar a entorpecer la acción y las posibilidades de aquellas personas válidas y con prestigio, que tuvieran serias posibilidades de ser elegidas para los cargos de la Administración y, entre ellos, el de Jefe del Gobierno, pudieran tener posibilidades de éxito.

La señora Ayuso ha sabido bregar con un problema que parecía que la iba a superar. Tuvo la valentía de convocar elecciones a la Comunidad Madrileña, anticipándose a una moción de censura que intentaba apartarla del poder. Ya consolidada y vencedora en los comicios, ha estado dirigiendo el tema de la pandemia del Covid19 con mano diestra y sin dejarse amilanar por la campaña, a cara de perro, que Sánchez y su gobierno iniciaron en su contra, sin que sus esfuerzos fueran capaces de asustarla y hacerla desistir de sus esfuerzos en pro de la ciudadanía madrileña.

No parece que, en Génova, se alegraran demasiado del protagonismo de la presidenta de la comunidad y es posible que, en ocasiones, la Dirección del PP hubiera preferido que Ayuso fracasara. Ahora, ante lo que parecería una consecuencia lógica del buen hacer de la señora Ayuso, el señor Casado, influido seguramente por sus asesores, en lugar de allanar el camino para que la señora Ayuso pudiera ser la presidenta del partido en Madrid, ha emprendido una campaña subrepticia, pero que todo el mundo conoce, para evitar que la señora Ayuso pueda dirigir el partido en Madrid, jugando su baza a favor del señor alcalde de Madrid, una persona capaz, preparada pero que, en cuestión de prestigio y méritos no está a la altura de su rival, la presidenta de la comunidad. En todo caso, la más elemental prudencia hubiera dejado la resolución de este enfrentamiento al Congreso que se debía celebrar en Madrid, pero, como a Casado no le interesa que se celebre, ya ha maniobrado para que se retrase. Un tema que puede acabar muy mal.

Una fea cuestión que ya le ha costado al PP la pérdida de dos puntos en intención de voto y, el peligro de que, de radicalizarse pudiera inclinar a una parte importante del electorado, todos aquellos que siguen descontentos por las ambigüedades de la actual directiva, por las concesiones que se les hacen a los socialistas o por las desviaciones respetos a los valores de siempre del PP de Fraga Iribarne, que se decidan saltarse la costumbre para votar a un partido, VOX que, de momento, está dando muestras de sensatez, preparación, amor a la patria, actitud beligerante en contra del comunismo que nos amenaza, actividad fructífera presentando recursos ante el TS y el TC, que han venido dando sus buenos resultados, con una mayoría de ellos fallados a favor de los recurrentes, algo que no sucede en el caso del PP y de otros recursos formulados por el resto de los partidos del arco parlamentario. Injustamente proscritos, deberemos reconocer que, el señor Abascal y su grupo, están dando evidentes muestras de estar capacitados para asumir la gobernanza de la nación española.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos que, en esta España atribulada, o se opta por una actitud más agresiva en contra de las fuerzas políticas que están intentando desmembrarla y entregársela a las izquierdas o deberemos renunciar a que todos los logros que se han ido consiguiendo, a través de los años, en esta nación acaben escurriéndose por las alcantarillas de este viejo comunismo, resucitado por los bolivarianos, que amenaza, cada vez con más fuerza, con hacerse en dueño de la nación, lamentablemente más pendiente de que las fuerzas del centro y derecha se decidan a reaccionar de una forma contundente en un último intento de evitar el caos que la victoria de las izquierdas nos traería a este país.

El mal de España

Agustín Valladolid. vozpopuli.es 4 Noviembre 2021

No sé cómo juzgará la historia a Angela Merkel cuando llegue la hora de hacer el balance definitivo de su gestión. Hoy, muy cerca ya de su jubilación política, la canciller alemana sigue demostrando casi a diario que es una rara avis en un mundo cuajado de advenedizos que no ven más allá de la última encuesta que les sirven con el desayuno sus asesores. A las cumbres del G-20 en Roma y a la del clima en Glasgow, Merkel acudió acompañada del que será con toda probabilidad su sucesor, el socialdemócrata, y por lo tanto adversario ideológico, Olaf Scholz. La noticia ha sido tratada con la naturalidad que suele acompañar a las prácticas muy consolidadas por la prensa germana. Aquí, sin embargo, ha pasado casi desapercibida. Quizá tras aplicar el criterio de que lo que es imposible no puede ser noticia; o sea, por economía de esfuerzos. Quizá, porque el relato con el que hemos terminado tragando en España es el de la legítima prevalencia de la confrontación ideológica frente a la utilidad del acuerdo.

La gran diferencia entre Alemania y España no es la productividad, ni la deuda, ni el déficit, ni el paro, todas ellas variables en las que los teutones podrían darnos algún que otro consejo. No, la gran diferencia entre Alemania y España es el compromiso de país de sus dirigentes, el predominio del interés común, la superioridad cívica del pacto entre diferentes, la altura de miras de los Brandt, Scheel, Schmidt, Kohl… Merkel. La gran ventaja de Alemania y otros países europeos respecto a España, es la derivada de haber protegido el consenso como herramienta de superación de los problemas; aún más en momentos críticos como el actual. Mientras en el sur el enfrentamiento a cara de perro ha sido durante las últimas décadas la práctica política predominante, los vecinos del centro y norte de Europa han gestionado la discordia con mucha más sensatez e inteligencia, estableciendo el pragmatismo como uno de los ejes principales de la gestión pública.

David Trueba escribía hace unos días un interesante artículo en El País en el que entre otras cosas decía esto: “En España se suele decir que los niños vienen al mundo con una reforma laboral bajo el brazo. Por desgracia, esto oscurece la verdad. La sombra sobre ese niño español que aterriza por aquí es la sensación real de que se enfrentará a un mercado de trabajo precario, mal regulado y dominado por sectores de enorme provisionalidad”. Tiene razón Trueba, pero sus argumentos se quedan a mitad de camino, en las consecuencias, sin rozar a las causas. Y es que las sombras a las que se refiere Trueba no solo oscurecen el futuro del trabajador; también el del empleador, y del conjunto del país.

El mercado de trabajo es precario porque precaria es nuestra estructura económica; está mal regulado porque en España subsisten tics regulatorios y monopolios de facto más dignos de las autocracias que de sociedades avanzadas. Está dominado por sectores de enorme provisionalidad porque llevamos décadas instalados en la provisionalidad, con más de 50 reformas laborales lastrando nuestro crecimiento y no sé cuántos modelos educativos diseñados bajo la premisa de desmontar el anterior; modelos con marcado acento ideológico cuya gran aportación al progreso del país ha consistido en formar a legiones de estudiantes en materias sin futuro y sin apenas conexión con las necesidades reales del mercado laboral.

Mequetrefes intelectuales
Los males de España, muchos y profundos, el nuevo paso atrás al que parece estamos irreversiblemente condenados, a despecho del optimismo oficial, se asientan en el sistemático proceso de expulsión de la política de los más sensatos, de los que han demostrado mayor capacidad, de los dispuestos a sacrificar sus ambiciones para así servir mejor a su país; encuentran sentido en lo que algún trabajo reciente ha calificado como “la perniciosa tendencia” a que los partidos colonicen el Gobierno y el Gobierno, a renglón seguido, colonice el Estado; tienen explicación racional en la inhabilitación sistemática del acuerdo como “bien democrático” y útil instrumento para compartir “ambiciosos objetivos”.

Los grandes males de la España de hoy tienen su origen en la promoción de mequetrefes intelectuales que proceden y han hecho su carrera en las estructuras de los diferentes partidos y que dedican sus mejores esfuerzos a impedir que alguien más capaz y brillante les deje sin puesto y sin salario. Gentes huecas que disparan a discreción consignas huecas contra aquellos que se atreven a desmentir, con datos incontestables, sus eslóganes huecos. Tipos que subidos en un pedestal de supina ignorancia se atreven a rebatir con su habitual batería de insultos las recomendaciones del gobernador del Banco de España; o llaman ingrato a Cándido Méndez cuando el exsecretario general de UGT apela a la necesidad de ser más eficaces a la hora de gestionar los fondos europeos o recuerda que en el plan de reformas enviado a Europa no aparece la palabra “derogación”.

Merkel se llevó a su adversario político a Roma y a Glasgow. Mario Draghi ha conseguido incorporar a su plan de recuperación a casi todo el arco parlamentario de su país. El resultado inmediato del consenso logrado por el primer ministro italiano es una economía que, diez años después, vuelve a crecer más que la española, atrae inversiones y crece, según la agencia de calificación Fitch, con “una fuerza sorprendente”. Entretanto, Pedro Sánchez concedía una entrevista a La Repubblica para decir que “España e Italia pueden ser los motores de la recuperación europea”. Y lo peor no es que tal afirmación hoy esté lejos de ser verdad; lo peor es que nadie le ha creído. Lo peor es que casi nadie parece dispuesto a confiar en esta España a garrotazos, en este país que concede más importancia a sostener una coalición táctica -y en la que crece por días la desconfianza- que a consolidar y presentar en Europa un proyecto homogéneo de país.

La postdata: el segundo error político de Almeida
Tenía que pasar y ha pasado. Cuando José Luis Martínez-Almeida aceptó el puesto de portavoz del PP nacional, compatibilizándolo con el de primer regidor de Madrid, algunos opinamos que se equivocaba al situarse antes de tiempo en una posición de riesgo que podía truncar una prometedora carrera política. Lo que nadie imaginaba es que tiempo después el edil madrileño iba a prestarse como ariete para debilitar la posición de una crecida Isabel Díaz Ayuso, una torpe maniobra que de no corregirse a tiempo puede echar por tierra las futuras aspiraciones electorales del propio Pablo Casado.

En el origen de los tiempos, Almeida pesaba más que Ayuso. Hoy, es indiscutible que es Ayuso la que pesa más que Almeida. No aceptar esa nueva realidad, y asumir el papel asignado por Génova para debilitar a la presidenta de la Comunidad, puede convertir aquella decisión equivocada en el mayor error de su vida. Eso sin contar con otra derivada que en cualquier momento puede pasarle factura: la escasa atención que Almeida presta a problemas que están derivando en serios enfrentamientos entre vecinos e inquilinos ocasionales en muchos distritos. Me refiero al de los pisos turísticos ilegales, que incumplen abiertamente la normativa y cuya proliferación está provocando un serio deterioro de la convivencia en muchas comunidades sin que el ayuntamiento de Madrid cartas en el asunto (seguiremos de cerca este asunto).

Bable y Babel
Cristina Losada. Libertad Digital 4 Noviembre 2021

En el Parlamento de Asturias hay ya suficientes votos para reformar el actual Estatuto a fin de incluir la oficialidad de la lengua asturiana. Los diputados del PSOE, Podemos e IU, más el diputado de Foro Asturias recientemente persuadido, suman, si nada se tuerce, los 27 votos necesarios para que la región forme parte del núcleo de autonomías con políticas lingüísticas para fomentar lo que sus Estatutos llaman "lengua propia", lo cual, con un recto sentido del lenguaje, significa que el idioma español, aunque se hable igual o mayoritariamente allí, queda en el deslucido papel de "lengua impropia". O, por decirlo con la franqueza de los nacionalistas propiamente dichos, en el odioso papel de la "lengua invasora" que hay que erradicar porque no es la propia del terruño.

Naturalmente, el presidente asturiano quiere tranquilizar a los que temen que la oficialidad del bable produzca los mismos efectos excluyentes que en autonomías de todos conocidas. Barbón ha prometido que el modelo lingüístico será "amable" y basado en la "voluntariedad" y que no se exigirá prácticamente para nada. Pero añadió un inquietante condicional: será así mientras el PSOE gobierne. De modo que los socialistas se presentan como garantes de que una legislación que se proponen desarrollar no tenga las consecuencias que ha tenido en todas las regiones de España en las que se aplica desde hace años. Esto, señor Barbón, no puede ser y, además, es imposible.

El bable va a ser oficial y por tanto cooficial junto al español, y lo primero que hay que decir de la cooficialidad de lenguas en España es que se trata de una gran mentira. El término cooficialidad sugiere la existencia de una igualdad y un equilibrio que la realidad española desmiente. La lengua que el Estatuto establece como propia deviene en la única oficial, mientras la lengua común de los españoles se relega a la esfera privada. Eso es lo que ha ocurrido en la práctica, con leyes lingüísticas crecientemente intolerantes hacia el español. Y en Asturias, con los socialistas o sin ellos, no puede suceder nada muy distinto. Para la estructura autonómica, disponer de una lengua distinta al español es un instrumento de poder y, como tal, tiene tendencia expansiva.

Y costosa. Pero qué importa el coste, si están en juego las esencias. Más cuando hay esencias que resultan muy beneficiosas para algunos. La "lengua propia", erigida en única lengua oficial, funciona como un elemento proteccionista, como una barrera "para los de fuera" en todo el ámbito público, especialmente en los empleos, tan cotizados por muchos ciudadanos. Y "los de fuera" no tienen por qué ser estrictamente foráneos: son todos los que no pasen por el aro. La idea que resulta atractiva para una parte del público es que hay ciertas ventajas que sólo estarán accesibles para los que certifiquen que son de la tierra. El uso de la "lengua propia" viene a ser el certificado. El que no la use termina siendo extranjero. En su propia tierra. A eso se dirige Asturias, y detrás, los que vengan. Estamos en la ronda del café lingüístico para todos.

El cuento del bable
Julio Valdeón. larazon 4 Noviembre 2021

Soy medio asturiano por elección y por parte de madre. Bajo las peñas del concejo de Lena y Quirós, entre el Gamoniteiro, Peña Ubiña, el bosque del Mofosu y Llagüezos, también entre Lastres, Gijón, Torimbia y Llanes, reposan parte de los placeres y los días de mi infancia. Con mis abuelos merendé mil veces tortilla y filetes rebozados en los prados de la Cobertoria, bajo cuyas faldas vivían como espectros algunos de los últimos osos y lobos de la cordillera. Tuve familiares que hace más de un siglo salieron hacia la Argentina. Otros trabajaron en la epopeya del canal de Panamá, entre las nubes sulfurosas del paludismo. Uno regresó rico. Otro desapareció en el México de Carranza, Zapata y Villa. Mi bisabuelo materno cazó rebecos y corzos en esos montes, comerció con madera y trigo y levantó negocios. Conocía las matas como Dersu Uzala la cuenca del río Ussuri.

Gente, buena gente, que asistió a la llegada de la electricidad, las oleadas de la inmigración y los cupos para librarse de la guerra en África, el Far West de la minería, la Huelgona, la II República, la Revolución del 34, la Guerra Civil, la dictadura franquista, la Constitución del 78… Hubo militares, maestras, empresarios, policías, médicos, ingenieros industriales y de minas, ganaderos, secretarios de juzgado, mineros, historiadoras, economistas, y vecinos de Grado, Oviedo, Pola de Lena, de Palaciós y de Gijón, de San Feliz y de Cienfuegos… y nadie, nunca, ni por asomo, habló en bable. Un invento mítico, trucho, que buscan imponer los mayordomos de los jardines clientelares y los coleccionistas de agravios mientras fomentan la ruptura del demos y desprecian la koiné.

Con la excusa de recuperar una lengua que acaso hablaron los ángeles o los dioses, desde luego no los hombres, no como un idioma, Asturias gesta la enésima quimera identitaria. Para solaz de caraduras y alegría de ingenuos, que confunden las lenguas y dialectos con sujetos con obligaciones y derechos. Por supuesto para desazón de las personas comprometidas con un país libre de capillas etnolingüísticas, regadas por unos presupuestos siempre rumbosos con toda clase de letales idioteces.

El historiador mexicano Fernando Cervantes defiende la Hispanidad y desmonta la leyenda negra
El escritor señala las aristas positivas del proceso de conquista desde el punto de vista religioso, cultural y económico
Mamela Fiallo. https://gaceta.es/ 4 Noviembre 2021

Desmontar la leyenda negra contra España es un compromiso de pocos historiadores hispanoamericanos. Pero uno de ellos lo ha hecho recientemente, y nada menos que lo expuso ante la BBC, medio perteneciente a lo que alguna vez fue el eterno rival de España en la conquista de los mares: el imperio británico.

«Es absurdo hablar de genocidio en el contexto de la conquista de América», destacó el historiador mexicano Fernando Cervantes, quien relató cómo sucedió el proceso que dio lugar al mayor proceso de evangelización, de acuerdo a la evidencia disponible.

Respecto a la supuesta conversión forzosa, Cervantes cuestiona enfáticamente: «¿Cómo iban a imponer el cristianismo por la fuerza? ¿Con qué recursos si poblaciones como las de México tenían 20 millones de habitantes, y los españoles eran 1.000 escasos y 12 frailes?»

Si bien no lo destaca en su entrevista, el Cardenal Sandoval de México explica cómo el proceso de evangelización fue un reto en México, dada la sencillez de los frailes franciscanos -que hacen votos de pobreza-, versus lo ostentosos que eran los sacerdotes prehispánicos.

Para destacar su poder, nada menos que el conquistador Hernán Cortés se puso de rodillas y besó el manto de un fraile. De esa manera, él, con su armadura y poderío como guerrero quedaba subyugado al poder de los religiosos que podían consagrar.

Además, la brutalidad de las prácticas de los mexicas -mejor conocidos como aztecas- los muros de cráneos y los sacrificios humanos, sumado a los tributos exigidos y el aislamiento de rutas de comercio (sobre todo en el caso de los tlaxaltecas), lograron el rechazo de los pueblos vecinos que se convirtieron en el 99 % de los soldados que lucharon para lograr la caída de Tenochtitlán. Apenas el 1 % del aquel ejército eran españoles peninsulares. Vale destacar, además, la participación del africano Juan Garrido, sobreviviente de la noche triste.

En cuanto a la esclavitud, Cervantes detalla que era la excepción y no la norma. Precisamente porque la ley castellana prohibía la esclavitud. Por tanto esclavizar era jurídicamente un crimen. Por eso Cristobal Colón tuvo que parar en un calabozo.

Los Reyes Católicos ordenaron que los indígenas esclavizados fuesen devueltos a su lugar de origen con la estricta orden de no permitir que nadie los revendiera. Los indígenas eran por definición vasallos y no podían ser esclavizados. Mediante una cédula real, la Reina Isabel la Católica dejó expresa la orden de garantizar no solo su libertad, sino su derecho a propiedad como señores de sus tierras.

Cervantes explica que la escuela marxista de los años 60 y 70 fue la que sembró el relato que el sistema de extracción de oro era el fundamento del imperio, pero asegura que realmente nunca lo fue. De hecho, es mayor la riqueza que se quedó en América que aquella que fue extraída.

Aclara que para los indígenas de América el oro y la plata no eran moneda; no significaban un poder económico. Eran estrictamente metales decorativos que sabían trabajar. No les llamaba la atención desde el punto de vista económico. No tenían moneda sino que empleaban el trueque.

En su obra Conquistadores: una historia diferente, Cervantes destaca el testimonio de Alejandro von Humboldt, el geógrafo y explorador alemán que viajó a la Nueva España a principios del siglo XIX y que describió a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios.

De hecho, la obra impresa por Columbia University, “La Nueva España, 1680-1809: un análisis a partir de las cajas reales”, incluye el testimonio de Humboldt, en el que destacó la extraordinaria riqueza de la Nueva España (hoy México) en el periodo español y su gran desarrollo en el siglo XVIII.

Contrario al relato de que “se llevaron todo el oro”, Humboldt estimaba el volumen anual de la producción minera en alrededor de 23 millones de pesos, el de la agricultura en 29 millones y el de las manufacturas entre 7 y 8 millones. De modo que la agricultura superaba a la minería.

Además, la extracción era orientada primordialmente hacia el mercado interno y sólo los tintes comerciales, algo de azúcar, algodón, especias y condimentos se enviaban a Europa (lo que en promedio representaba en los años de paz alrededor del 20 % del total de las exportaciones). Es decir, el 80 % se quedaba en América.

La riqueza de la Nueva España era tal que se convirtió en el centro de la civilización occidental. Humboldt viajó a lo que es hoy Estados Unidos. Fue a las ciudades más sobresalientes, como Boston, Filadelfia, y Nueva York, pero aseguró que México era en esa época 20 veces más grande y muchísimo más importante, con una prosperidad realmente notable.

La deuda inglesa empobreció a Hispanoamérica, no España
Esto desmonta el mito que la región fue empobrecida, al punto de que muchos anhelan haber sido colonizados por los ingleses y no descendientes de los conquistadores españoles. Pero la realidad es que fue precisamente la corona inglesa parte del empobrecimiento de la región.

La deuda en la que incurrieron las jóvenes naciones para el proceso de secesión del imperio español -comúnmente conocido como independencia- requirió más de 150 años en pagarse. De modo que los británicos fueron no solo instigadores de este proceso sino que también financistas y en algunos casos, como Argentina, aprovecharon para invadir los territorios.

Por ejemplo Colombia –entonces conocida como la Nueva Granada- registra el pago de su deuda en libras esterlinas. En 1821 Francisco Antonio Zea consolidó la deuda colombiana en £ 729.342, equivalentes a 3´646.210 de pesos, dejando por fuera las £180.000 reclamadas por James Macintosh por suministros y barcos rechazados por su pésima calidad.

A la vecina Ecuador le tomó 150 años el pago de su deuda. Ante la dificultad de pagar 1,4 millones de libras, incluso estuvo sobre la mesa la posibilidad de entregar las Islas Galápagos, un tesoro único en el mundo.

El mismísimo “héroe de la independencia” Simón Bolívar decía que «Se pueden entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para que forme de estos países el centro del comercio del universo».

Por eso y más el historiador mexicano Fernando Cervantes exclama que la historia hispana es muy rica comparada con la expansión de la cultura anglosajona, más basada en el comercio y en lo material. De allí que llama a un entendimiento de las raíces comunes que tenemos todos los hispanos y de la cultura que ha surgido de ese encuentro.

La UE impulsa y financia una campaña para normalizar el uso del velo islámico
RELACIONA EL USO DEL HIYAB CON LA 'LIBERTAD'
https://gaceta.es/ 4 Noviembre 2021

La Unión Europea ha impulsado [y ha financiado] junto al Consejo de Europa una campaña para normalizar el uso del velo islámico en el continente que lleva como lemas «La belleza está en la diversidad como la libertad está en el hiyab»; «Celebra la diversidad y respeta el hiyab”; y “Mi pañuelo, mi elección”.

La campaña, que muestra a mujeres felices de llevar hiyab bajo la etiqueta #wecan4hrs, ha causado gran polémica en Francia y la denuncia de la «sumisión abierta a las costumbres islamistas» por parte de distintos cargos políticos.

«Estoy profundamente conmocionada», ha manifestado la ministra francesa para la Juventud, Sarah El Hairy, antes de asegurar que [la campaña] es «contraria los valores que defiende Francia» por preconizar el velo «como elemento identitario».

«El Islam es el enemigo de la libertad. Esta campaña es el enemigo de la verdad», ha escrito en Twitter el intelectual y posible candidato a la presidencia de Francia Éric Zemmour, que según distintos sondeos podría ser el rival de Macron en una segunda vuelta.

Desde VOX, el eurodiputado Hermann Tertsch ha denunciado que «el problema está en los barrios europeos» en los que ya «empieza a ser casi tan obligatorio [el hiyab] como en las sociedades fracasadas de donde procede». «Quién vio Turquía hace 30 años y la ve ahora sabe de qué hablo».

Ante tal revuelo, el Consejo de Europa ha decidido retirar la campaña y «pensar una mejor presentación del proyecto».

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De Draghi a Sánchez: arriba y abajo en economía y política
Miguel Ángel Belloso. okdiario 4 Noviembre 2021

La gran Amalia Blanco, que sólo tiene el defecto de ser una fanática del Atlético de Madrid, se pregunta en redes por qué la economía española crece menos que la italiana y nuestra inflación es más elevada. No sé si seré capaz de explicarlo porque la inteligencia de Amalia me supera de largo y porque en el fondo ella sabe mejor que yo la respuesta. Se llama Mario Draghi, el primer ministro de allí, al que admira tanto como yo. Con gran experiencia en banca de inversión y presidente del BCE durante los últimos seis años, Draghi es el ejemplo de líder diametralmente opuesto a nuestro mandarín Sánchez, aupado al Gobierno a través de una moción de censura impropia del espíritu constitucional con el que fue concebida, un personaje sin oficio ni beneficio, trabajando desde joven para el partido, que no ha visto una cuenta de resultados en la vida, que copió su tesis doctoral y que es un perfecto incompetente.

La biografía es muy importante a la hora de tomar las riendas de una nación. La de Sánchez es pésima, la de Draghi exuberante. El italiano ha gestionado mejor la pandemia que nuestro gobierno -allí la actividad también se deprimió intensamente, pero dos puntos menos que en España- y ya después, tuvo la decencia de nombrar una comisión técnica para impulsar la reconstrucción del país y gestionar los eventuales fondos que llegarían de Bruselas, a cuyo frente está Vitorio Colao, uno de los principales ejecutivos del mundo de los negocios.

Pero si la economía italiana crece más que la española y la inflación es menor es porque Draghi no ha perdido el tiempo. Ha desplegado un programa legislativo ejemplar, que ha pasado por una reducción de los impuestos, por una reforma radical de la Administración, a fin de rebajar el peso de la burocracia buscando paralelamente su eficacia, así como por un plan de expansión del gasto limitado exclusivamente a aquel que pueda impulsar potencialmente el PIB.

Es verdad que Italia cuenta con una ventaja en relación con nosotros, y es que su deuda, que es más elevada, está mayoritariamente en poder de ciudadanos e instituciones domésticas y que, en consecuencia, está menos expuesta al juicio de los inversores internacionales sobre su viabilidad y solvencia. No hay riesgo de que aumente la prima de riesgo, o de que, en caso de que lo haga, desate las consecuencias perniciosas que tendrá sobre España si el actual Gobierno continúa haciendo las cosas tan mal. El caso es que, después de una década, Italia crece más que España y que todo indica que así seguirá siendo en el futuro. En cuanto a la inflación, las comparaciones son odiosas, pues frente al 2,6% de allí, nosotros rebasamos el 5%. La política económica de Draghi atrae a los inversores internacionales y ha reconciliado a los empresarios y consumidores nativos con su Gobierno. Aquí Sánchez está haciendo todo lo posible para expulsarlos, castigarlos y ofenderlos.

Nunca el grado de descontento de la clase empresarial española había sido tan elevado como en estos momentos por parte de destacados líderes del Ibex o de los prebostes de la empresa familiar. Y es natural. Sus resultados corren peligro, los accionistas están inquietos, el futuro en general está plagado de incertidumbres y su patrimonio va a menos. Lo peor es que todas estas circunstancias degeneran en menor empleo y devastan el bienestar general.

Los masivos apoyos mediáticos que sostienen al presidente, ayunos de conocimientos económicos y de sentido común, no reparan en que nada es gratis en la vida. Ignoran que gobernar con comunistas pasa factura y que las discrepancias recurrentes entre las lugartenientes Calviño y Díaz no son inocuas. En Italia, el Gobierno genera confianza y no está dirigido por un sectario. En España, el Gobierno está dirigido por un sectario que no piensa en el confort general del país, sino en conservar su puesto el mayor tiempo posible.

La gestión deficiente de la crisis energética, la ley de vivienda camino de la expropiación y del control de alquileres, los devaneos públicos con la eventual derogación de la reforma laboral ante la mirada atónita de la Comisión Europea, los aumentos reiterados del salario mínimo más la subida brutal de impuestos en los últimos meses son acontecimientos que no pasan desapercibidos, ni para los consumidores ni para los inversores. Nos penalizan gravemente, algo que no sucede, por suerte para ellos, en Italia. Por eso seremos los últimos en recuperar la actividad anterior a la pandemia, si es que esto sucede a corto plazo.

La economía funciona, a mejor o peor, en función de las expectativas. Si los mensajes que lanza el Gobierno es que los impuestos van a subir todavía más, que el gasto va a seguir aumentando, que la transición ecológica proseguirá a ritmo frenético para ganar una medalla ridícula a pesar de sus efectos nocivos sobre el crecimiento, lo normal es que los consumidores retrasen su propensión a gastar y que los inversores busquen destinos menos hostiles para su capital. Las expectativas, y los incentivos ligados a las mismas, son fundamentales de cara a conseguir resultados favorables. Las que genera Sánchez y su equipo son infundadas o, lo que es peor, negativas.

Además de la propia alianza perversa instalada en la Moncloa, depender de Esquerra catalana o del PNV, probablemente el partido más pérfido de toda la historia contemporánea, por no hablar de los filoterroristas de Bildu, se paga, y además de manera casi instantánea. Por eso los costes de oportunidad en que estamos incurriendo son tremendos en comparación con el resto de los países de la UE, y desde luego con Italia. España padece un grave trastorno institucional, Italia goza en estos momentos de una apoteosis institucional. Si las instituciones no se respetan a sí mismas cumpliendo las normas, los procedimientos y las reglas se está debilitando al Estado.

Desde luego que Podemos es la pieza criminal de este escenario, pues la grey iletrada y tóxica dirigida ahora por la señora Díaz ni conoce ni tiene interés alguno por el funcionamiento institucional y menos por el orden, solo por la revolución, que en este caso es el derribo del andamiaje constitucional de 1978 y la liquidación de la Transición. El responsable de todo, sin embargo, es el presidente. Él es el primero que no siente amor institucional alguno, ni gusto por la jerarquía ni respeto por las leyes ni desde luego devoción por la democracia. Si tuviera un mínimo de dignidad, hace tiempo que debería haber dimitido después de las dos sentencias del Constitucional contrarias al estado de alarma. Por eso la comparación con Draghi es insostenible. Por eso, querida Amalia Blanco, hemos perdido en PIB per capita un 5% más que Italia, pero igualmente un 6,5% más que Francia, otro 5% más que Alemania e incluso un 3,5% más que Portugal.

Puede que los apoyos mediáticos masivos que sostienen a este Gobierno acaricien la idea de que se puede esconder estas realidades palmarias, pero lo que muestran los datos estadísticos es que los ciudadanos son bastante más inteligentes de lo que las élites creen, y de lo que la izquierda divina cavila. Y por eso están reaccionando de la única manera que pueden: dejando progresivamente de comprar, ahorrando más a pesar de la inflación y desde luego pensando en cada momento el destino ideal para invertir, lejos de este país al mando de un Gobierno y de un presidente incompatibles con una nación que merecería un destino a la altura de su historia.

'Asturies de mios amores'
Xavier Pericay. vozpopuli.es 4 Noviembre 2021

Si algo nos enseña la historia reciente de España, o sea, la que arranca con la aprobación en referéndum por amplísima mayoría, el 15 de diciembre de 1976, de la Ley de Reforma Política y llega hasta nuestros días, es que con las lenguas hay que andarse con tiento. Y no con el castellano o español, tan maleado por los políticos y tan fresco y boyante si nos ceñimos al uso que hacen de él sus hablantes, sino con lo que la Constitución denomina “las demás lenguas de España [que] serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos” y, más en general, con el “patrimonio cultural” de “las distintas modalidades lingüísticas de España”, para el que nuestra Carta Magna prescribe un “especial respeto y protección”.

Si algo deberíamos haber aprendido en estos cerca de 45 años de historia es que a ninguna formación política importa el aspecto social o cultural de una lengua cuando se trata de reivindicar su cooficialidad. Si en verdad importara a alguna, tanto el catalán como el vascuence como el gallego, que llevan ya cuatro décadas contando con abundantes y crecientes mimos institucionales –lo que incluye obscenos derroches presupuestarios e innúmeras políticas educativas, administrativas y comunicativas aplicadas con fórceps–, habrían dejado ya de ser, por su bien y el de sus hablantes, cooficiales. Porque esas formaciones no tendrían más remedio que reconocer que, tal y como reflejan todos los datos de que disponemos, el uso de cada una de esas lenguas, al igual que el prestigio cultural que pudiera corresponderles, no había hecho sino menguar y que sus políticas de supuesta normalización habían logrado justo lo contrario de lo que presuntamente pretendían.

¿Entonces?, se preguntará el lector. Aunque lo más probable es que ni siquiera llegue a preguntárselo, de tan obvio como resulta. El acceso de una lengua regional a la cooficialidad no guarda relación ninguna con nada que merezca respeto y consideración o, si lo prefieren, con nada que no sea la promoción de lo identitario entre la parroquia del lugar. Vencidas ya cuatro décadas, puede hablarse de evidencia. Y quien dice la promoción de lo identitario dice, claro, el chantaje al que se somete con semejante pretexto al Gobierno central a la hora de negociar unos presupuestos que se supone que deberían ser, como su nombre indica, Generales y del Estado. El trapicheo al que hemos asistido en estas últimas fechas da fe de ello.

La imposición del bable
De ahí que no pueda sino comprender la reticencia con que tantos asturianos ven la posibilidad de que las llingües del Principado sean elevadas al rango de cooficiales. Hoy en día, tanto el bable/asturiano como el gallego/asturiano gozan de amparo, fomento y enseñanza garantizadas mediante una ley de uso y promoción de marzo de 1998. Eso sí, en lo tocante a la enseñanza, atendiendo a los principios de “voluntariedad, gradualidad y respeto a la realidad sociolingüística de Asturias”, que son los que siempre, sobra añadir, tendrían que primar. Pero la izquierda toda, y las asociaciones e instituciones que viven de las ubres gubernamentales, están empeñadas en sustituir dichos principios por el trágala de rigor. Y es que eso y no otra cosa, como se ha comprobado a lo largo de todas estas décadas en otras regiones de España, es lo que acaba resultando, al cabo, de la mencionada cooficialidad. Lo afirmaba hace poco sin ambages Beatriz Zapico, portavoz de la Plataforma contra la Cooficialidad del asturiano: “(…) se está poniendo encima del tablero político una reforma del Estatuto que conllevaría la imposición del bable. Obligaría a que en la educación las asignaturas o parte de ellas fueran en bable, que nos dirigiésemos a la Administración en bable, y nos afectaría a nivel personal a todos, porque en el momento en que el bable fuese oficial habría que utilizarlo, saber escribirlo, saber hablarlo (…)”.

En las Cortes Constituyentes de la Segunda República, la aprobación en referéndum a comienzos de agosto de 1931 de un Estatuto de Autonomía de Cataluña en que el catalán era la única lengua oficial –el llamado Estatuto de Núria, ratificado un año más tarde por las propias Cortes, aunque notoriamente recortado y laminado en muchísimos aspectos, entre ellos el lingüístico–, tuvo dos consecuencias en el orden, digamos, preventivo. Por un lado, que el castellano figurase en la Constitución republicana, promulgada el 9 de diciembre de 1931, como única lengua oficial del Estado. Por otro, que ese mismo Estado mantuviese en el conjunto del territorio una línea de enseñanza exclusivamente en castellano. Todo por si las moscas identitarias querían hacer algún día de las suyas imponiendo lo particular sobre lo general.

Cuando las Constituyentes de 1977, que alumbraron nuestra actual Constitución, se tuvo en cuenta la primera de las prevenciones. Pero no así la segunda, en aras de una supuesta concordia con los anhelos del nacionalismo y, en concreto, del catalán. De cuanto ha sucedido después les supongo informados.

Cuotas de catalán, nuevo 'macguffin' independentista
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 4 Noviembre 2021

Ni el propio Pere Aragonès acaba de creerse que las cuotas de catalán en Netflix son una cuestión de Estado (propio). A juzgar por su intervención en la sesión de control celebrada ayer en el Parlament, el president dista mucho de considerar esa imposición a las plataformas de pago como una gran aportación al blindaje de la lengua catalana. Su tibia respuesta al siempre negativo Albert Batet (Junts per Catalunya) --el diputado intenta ser apocalíptico, por aquello de que es un convergente converso, pero el tono de voz no le acompaña--, denota que la polémica sobre la ley audiovisual española es el nuevo macguffin de la película procesista: permite avanzar en la trama identitaria, sin que tenga demasiada relevancia en sí mismo.

De hecho, la ley española ya contemplaba desde un principio esas cuotas de idiomas oficiales, pero los independentistas quieren más. Aragonès asintió ante sus socios de gobierno, para a continuación contrarrestar el pesimismo de Batet poniendo en valor los activos del catalán: “Nuestra lengua tiene un dominio lingüístico de más de 10 millones de hablantes. De las lenguas sin Estado, es la que tiene mayor uso en internet. Cuenta con una producción cultural creativa extraordinaria y de primer nivel a escala mundial”.

Le faltó decir que, posiblemente, sea la lengua sin Estado más subvencionada de forma directa, con partidas incluidas en los presupuestos de la Generalitat, o indirecta, a través de la Plataforma per la Llengua, entidad dedicada a fomentar la delación de aquellos que hablan en castellano en bares, patios escolares y universidades. En efecto, ese es el concepto de libertad que predica esa autodenominada oenegé del catalán, llamada a fiscalizar mentes, sentimientos e intimidades de los ciudadanos, no vaya a ser que nos pille en un renuncio, esto es, hablando en castellano quienes vivimos y trabajamos en Cataluña

¿Exagerado? Lo parece, pero no. La líder de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, exige vivir las 24 horas del día en catalán. Lo dice quien prefirió tragarse su orgullo secesionista y ocupar escaño en el Congreso. Lo cortés no quita lo valiente y ser cienmileurista --cobra 117.689 euros al año-- a costa de los impuestos que pagan todos los españoles, bien vale unas palabrillas en castellano. Nogueras, eso se lleva mucho, intenta hacer de antisistema dentro del sistema. Y eso a los neoconvergentes no se les da demasiado bien. De casta el viene al galgo. Que una cosa es reunirse con la CUP y otra renunciar a esa libertad de mercado que durante tantos años ha favorecido a los intereses convergentes.

Unas palabrillas en castellano que, por cierto, están vedadas en TV3. Menuda trifulca se montó cuando la serie Drama optó por protagonistas que hablaban indistintamente en catalán y castellano. Los independentistas no soportaron ese baño de realidad y montaron en cólera, asegurando que en la nostra se hablaba demasiado en español.

Drama es lo que están haciendo los socios del Govern con las cuotas lingüísticas en la ley audiovisual. Y convendría recordar que a las grandes productoras no le gustan las sobreactuaciones fuera de pantalla. Corrían los años 90 cuando el consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, amenazó con multar a las majors de Hollywood si no doblaban sus filmes al catalán. No había en aquel gobierno de Jordi Pujol más divo que Pujals --fulminó al entonces director del TNC, Josep Maria Flotats, porque no podía haber dos estrellas en el firmamento cultural catalán--, quien se tuvo que envainar su decreto de cuotas por orden judicial. En 2010, el tripartito recuperaría la medida en una ley del cine que, 11 años después, todavía no está desarrollada. Así lo denunció el jefe de la oposición, Salvador Illa (PSC), para advertir de que, antes de reclamar al Gobierno español esas cuotas que Netflix y HBO van a pasarse por el forro, hay que elevar el nivel de autoexigencia.

Terrorismo. Visita delegación europea
Las víctimas pedirán este jueves a la UE actuar contra 35 jefes de ETA por 65 crímenes terroristas no prescritos

ERNANDO LÁZARO. JOSEAN IZARRA. El Mundo 4 Noviembre 2021

Entregarán a la delegación de europarlamentarios que visita España informes en los que analizan nuevas vías para poder juzgar a los dirigentes

Las víctimas del terrorismo creen que no se ha estrujado el Código Penal para perseguir a los terroristas de ETA. Creen que el Estado aún tiene vías, herramientas y puertas que se pueden utilizar para esclarecer esos 379 asesinatos cometidos por el terrorismo etarra y que no han quedado esclarecidos. Y confían en que la visita de los eurodiputados les permita abrir el debate y se incluyan sus propuestas en las futuras recomendaciones.

Las víctimas tienen claro que son casi 70 los crímenes que aún no han prescrito. En concreto, 65, según los informes que van a aportar a la delegación de la UE que visita estos días España. Entienden que hay vías para poder juzgar a los jefes de ETA del momento. Y, según un segundo informe que también presentarán, consideran que se puede implicar a un total de 35 dirigentes de la organización terrorista que estaban al frente de la estructura etarra cuando se cometieron esos crímenes.

Recuerdan que la dirección etarra siempre era "un colectivo". Un primero fue Artapalo, compuesto por los históricos etarras Pakito, Txelis y Fiti. En los documentos que aportarán a la delegación europea, basados en textos de los servicios de información policiales, se habla del colectivo Zuba, que integraba a los responsables de las áreas militar, logística, política, internacional y de la tesorería de la banda.

Entienden las víctimas que esos jefes -algunos ya en libertad y otros gozando de ventajas penitenciarias- son responsables de los atentados porque los autores materiales o bien siguieron sus órdenes o bien no recibieron órdenes de ellos para dejar de matar.

Y estas vías y estas puertas son las que las víctimas quieren exponer ante la comisión de la Unión Europea que este miércoles inició su visita a España para conocer cómo ha gestionado y gestiona los crímenes no resueltos de ETA. Y mantendrán una serie de encuentros con víctimas, con los especialistas policiales en la lucha contra ETA, con jueces y magistrados de la Audiencia Nacional y, lógicamente, con las víctimas del terrorismo.

La condena a Anboto
Esta visita se produce a petición, hace cinco años, de la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero. Y sobre la mesa, el intento de llevar a cabo actuaciones en los juzgados contra los jefes de los autores materiales de los crímenes.

Las víctimas explicarán que en 1995 ETA asesinó al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en León con una bomba lapa colocada en su coche. En 2020, la Audiencia Nacional condenó a la dirigente de ETA Anboto, María Soledad Iparragirre, como la responsable del crimen, como la que autorizó el asesinato. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2021.

Las víctimas consideran que se abrió la puerta a las condenas de los jefes de ETA por permitir estos crímenes cuando se podía frenar. Sin embargo, las víctimas denuncian que esta vía ha quedado paralizada desde entonces cuando, siguiendo la doctrina del Supremo, podría permitir esclarecer los casos no prescritos.

El jefe detrás del autor, el responsable detrás del que activa la bomba. Una responsabilidad es la autoría mediata, por dominio de la organización, por el asesinato, y luego está lo que se llama autor de comisión por omisión, es decir, comete el delito por no haber hecho nada para evitarlo siendo el jefe del que lo perpetra.

Una sentencia desde 2016
Dignidad y Justicia denuncia que desde que pusieron la queja ante la Unión Europea, en diciembre de 2016, hace casi cinco años, el Estado sólo ha resuelto un crimen: el del comandante Cortizo.

¿Por qué no se sigue esa misma línea de la coautoría, de la comisión por omisión o la autoría mediata por dominio de la organización?, se preguntan las víctimas del terrorismo, que recuerdan también que fue precisamente esta vía jurídica la que permitió la condena de los jefes nazis en los juicios de Nuremberg.

Memoria, Dignidad, Justicia
Memorial de Víctimas: hay 311 crímenes de ETA sin resolver, el 70% de sus asesinatos
Redacción. https://rebelionenlagranja.com/ 4 Noviembre 2021

Esos asesinatos de ETA no esclarecidos suponen el 40 % de los crímenes cometidos por la banda terrorista después de 1977

El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo calcula que son 311 los crímenes de ETA sin resolver, la gran mayoría de ellos perpetrados en País Vasco y Navarra hasta 1987, y cuya impunidad se debe sobre todo a la imposición del terror en los primeros años de la democracia y a la falta de colaboración internacional.

Así lo recoge un informe elaborado por el Centro Memorial de Vitoria que ha sido entregado este miércoles a una Comisión del Parlamento Europeo que ha viajado a España para investigar las circunstancias de los asesinatos cometidos por la banda terrorista cuyos autores no han sido juzgados.

Esta comisión investigadora se desplazará mañana jueves y el viernes a Madrid para reunirse con representantes del Ministerio del Interior, jueces, fiscales y víctimas del terrorismo.

Tras ser recibidos por los responsables del Memorial y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, se les ha entregado el informe titulado «La justicia pendiente. Asesinatos de ETA no esclarecidos», en el que se explica que hasta 2011 los crímenes cuyos autores no habían sido condenados ascendían a 311.

Esta cifra corresponde a la información recopilada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el período 1978-2009 y representa el 40% de los asesinatos de la banda criminal.

El estudio constata también que un 70 % de los asesinatos no esclarecidos fueron cometidos entre 1978 y 1987, los conocidos como «años de plomo», el periodo con más atentados de ETA. Un 85,8 % de ellos tuvieron lugar en el País Vasco y Navarra.

La principal causa de la impunidad de esos crímenes es, según el Memorial, la situación de terror creada por ETA en Euskadi y Navarra, donde se buscó aislar a los cuerpos de seguridad con ataques sistemáticos contra ellos, lo que obligó a las FSE a dedicar la mayor parte de su esfuerzo y recursos a la autoprotección en detrimento de la investigación y la prevención.

Pero también señala otros factores que influyeron de forma negativa en el esclarecimiento de los asesinatos de ETA como los «desajustes en el funcionamiento de los órganos judiciales» y la «falta de colaboración internacional con las autoridades españolas».

Algunos países dieron refugio a terroristas huidos que estaban acusados por los tribunales españoles y permanecieron en ellos hasta que prescribieron las causas que tenían abiertas.

También hubo «problemas en la adaptación de las FSE al reto del terrorismo en los primeros años de la democracia», no se investigaron algunos crímenes de ETA político-militar tras su disolución en 1982, en otros casos los terroristas acusados fallecieron antes de ser juzgados y hubo dificultades para convertir los indicios policiales en pruebas judiciales.

Dentro de los casos sin resolver el Memorial cita a cinco personas secuestradas por grupos terroristas, asesinadas y nunca halladas: Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García, en 1973, Eduardo Moreno Bergareche, en 1976, y José Miguel Echeverría Álvarez, en 1980, y pide al Parlamento europeo que haga un llamamiento para conseguir información sobre la ubicación de sus restos a fin de puedan ser entregados a sus familias.

También cree conveniente que «para dar respuesta a las familias que siguen esperando justicia» se articule un procedimiento de investigación sobre los casos no esclarecidos, sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción legal de la causa.

«La jurisdicción penal, en estos casos, debe dejar espacio a la jurisdicción de la verdad y la memoria», señala el Memorial en este informe

El nacionalismo ya estaba ahí
Francesc de Carreras. elconfidencial 4 Noviembre 2021

Es opinión amplia y erróneamente compartida que los nacionalismos políticos catalán y vasco eran moderados antes de la Transición, aceptaron de buena gana la España de las autonomías prefigurada en la Constitución de 1978 y, con el paso del tiempo, se han ido radicalizando debido a la incomprensión de 'Madrid', ese ente imaginario con el que estos nacionalismos periféricos demuestran su desprecio por la realidad política de España.

Si se admite este engañoso presupuesto, la responsabilidad de los actuales conflictos territoriales no recae en estos nacionalismos identitarios sino en el Estado, en la España de los ciudadanos, que debe aceptar sus peticiones por el maltrato que han recibido Cataluña y el País Vasco. Si no hubiera sido así, los intentos de secesión fundados en un inexistente derecho a la autodeterminación de estos 'pueblos' no habrían tenido lugar.

Ciertos pasajes de la lectura del libro de memorias de Óscar Alzaga me han confirmado la impostura de esta posición. Estas memorias ('La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas', Marcial Pons, Madrid, 2021) aportan datos y argumentos que responden exactamente a su título: la democracia no surgió de la nada tras la muerte de Franco, sino que las fuerzas políticas democráticas fueron conquistando progresivamente la democracia durante los 15 años anteriores. Entre estas fuerzas, Alzaga explica con detalle la trayectoria de la que mejor conoce porque militó activamente en la misma desde su juventud: la democracia cristiana. En este sentido, el libro de Alzaga no solo aporta su memoria personal, sino, a la vez, es también un libro de historia. Por eso en el subtítulo añade "memorias documentadas".

Como es conocido, Óscar Alzaga no ha sido únicamente un político, quizás incluso este aspecto de su actividad sea el menos importante, porque básicamente ha sido un jurista desde una doble perspectiva: la académica como catedrático de Derecho Constitucional y la profesional como abogado en un destacado bufete en Madrid. Ambas facetas, por supuesto, ejercidas en grado de excelencia.

Ciertamente, además, fue un activísimo político en la oposición al franquismo y, ya en democracia, diputado por UCD hasta su disolución en 1983 y fundador y presidente del PDP, partido de signo democristiano, que abandona en 1987 cuando se retira de la vida política. En mi opinión, su gran aportación a la democracia fue como opositor al franquismo, como dirigente estudiantil encuadrado en el clandestino Izquierda Demócrata Cristiana (IDC), que encabezaba don Manuel Giménez Fernández, su gran maestro y su principal referente político.

Por todas estas razones, estas memorias centradas sobre todo en su actividad política desde 1960 aportan testimonios de primera mano de hechos tan relevantes como la reunión en Múnich de 1962 —conocida despectivamente como 'contubernio'—, la revista 'Cuadernos para el Diálogo' —de la que fue fundador y activo miembro del consejo de redacción—, así como la participación en el movimiento estudiantil antifranquista como dirigente de la UED (Unión de Estudiantes Demócratas, de signo democristiano).

En este último aspecto, son muy sugerentes los datos que suministra Alzaga sobre la influencia de la democracia cristiana española, entonces actuando en la clandestinidad, en el Vaticano —especialmente ante el papa Montini— y las relaciones con los partidos alemán e italiano de su misma ideología, entonces en el Gobierno de sus respectivos países. Esta influencia fue decisiva para contrarrestar la propaganda que el franquismo ejercía a través de su diplomacia. Esta influencia —que compartía con el PSOE de entonces, antes de Suresnes— fue probablemente la principal contribución a su lucha contra la dictadura, contribución que no podían ejercer en aquellos años los comunistas, en cambio tan decisivos en la lucha antifranquista interna. Este reparto de papeles beneficiaba a toda la oposición. En estos aspectos, el libro de Alzaga aporta datos de gran importancia que para muchos quizás habían pasado desapercibidos.

Dicho esto, enlacemos con el principio. Los partidos catalanes y vascos homólogos con la democracia cristiana española eran Unió Democràtica de Catalunya (posteriormente la Unió de CiU) y el PNV. Alzaga explica la incomodidad que ello les representaba porque ambos ya sostenían, explícita o implícitamente, no solo dar a sus territorios la consideración de naciones identitarias, sino también su derecho a separarse de España, el inexistente derecho a la autodeterminación.

Aporta Alzaga un texto del líder de Unió Miquel Coll Alentorn, que forma parte de su 'Compilació doctrinal', según el cual Cataluña y los demás países de lengua catalana (Països Catalans) constituyen una nación. Como primer paso, pueden admitir ser parte de una España federal, pero su finalidad es acabar formando una confederación. En nota a pie de página, Alzaga, no en vano jurista, hace constar que una confederación es una entidad de derecho internacional y que aquellos que la forman no están unidos por una Constitución sino por un tratado entre naciones soberanas que puede disolverse por denuncia de una de las partes (el Brexit sería un ejemplo).

En 1973, durante una reunión formal con el PNV, relata Alzaga que un joven Xabier Arzalluz reclama el derecho a la autodeterminación del País Vasco, ante la sorpresa de los presentes, incluso de Juan Ajuriaguerra, el veterano líder del PNV, que le dice a Alzaga que no se preocupe, que esto es cosa de jóvenes.

Asimismo, cuando en 1970, junto a Antón Canyellas, es recibido por Jordi Pujol para solicitarle ayuda económica de Banca Catalana para 'Cuadernos para el Diálogo', el después presidente de la Generalitat le responde que solo podría acceder a ello si 'Cuadernos' se editara en versión catalana y sus colaboradores fueran todos ellos catalanes, naturalmente escogidos por él. La nación lingüística estaba por encima de la democracia y las libertades, valores universales. Lo que interesaba a España no era del interés de Cataluña y viceversa. El nacionalismo identitario ya estaba ahí.

Porque el nacionalismo identitario es una ideología integrista, no es una ideología liberal como la democracia cristiana o el socialismo democrático. Los democristianos han sido fundamentalmente europeístas, quizá quienes más han contribuido a la Unión Europea. Alzaga recuerda las palabras de Adenauer: "Romper en Europa con el hábito de pensar en términos de Estado-nación (...) Solo es posible una época de paz y cooperación si las ideas nacionalistas se excluyen de la política". Esta frase, especialmente el último inciso, está todavía vigente aunque el viejo canciller alemán la escribiera en 1955.
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