AGLI Recortes de Prensa   Sábado 6  Noviembre  2021

Enchufados o empleados
Agustín García. okdiario 6 Noviembre 202

‘Cañones o mantequilla’, preguntaba Samuelson para explicar el coste de oportunidad o, como dirían los que saben, la frontera de posibilidades de producción en una economía. Nosotros no tenemos al Nobel de Economía para asesorarnos pero tenemos al doctor Sánchez y al ministro de Seguridad Social y globos sonda, que también tienen su particular versión del ‘cañones o mantequilla’. La pregunta que ellos se hacen es ‘enchufados o empleados’ y ya sabemos, aunque no lo digan, cuál es su respuesta.

Sólo en gastos generales (personal y mantenimiento) de la estructura ministerial del Gobierno PSOE-Podemos, nos gastamos al año 1.225 millones más de los que nos gastábamos con Rajoy. Así, Sánchez puede tener el séquito de asesores más grande de la democracia y más ministerios que nadie, no le vayan a faltar palmeros cuando vuelva de Bruselas.

Pero, ahora que andan con el presupuesto, se acuerdan de que no llega para pagar las pensiones y nos dicen que van a subir las cotizaciones un 0,5%. No se les ocurre otra cosa, como por ejemplo, reducir gasto. Eso es de neoliberales y enemigos de los servicios públicos. ¡Vade retro, austericidas!

Con la subida de medio punto de las cotizaciones no llegará ni para pagar dos días de pensión, pero servirá como cuña para futuras subidas (ya lo verán) y, lamentablemente, también servirá para desincentivar el empleo, especialmente en una economía, como la nuestra, que ya ocupa en Europa la cuarta posición por arriba en impuestos sobre el empleo y cotizaciones. Y subiendo.

También sabemos que reducir la estructura ministerial no solucionará todo el déficit de las pensiones. Pero son dos buenos ejemplos de las prioridades del Gobierno. Mejor una medida que dificulte el empleo que otra que suponga reducir gasto. Que se aprieten el cinturón los demás, a los enchufados, ni tocarlos.

El informe La solución para el sistema de pensiones español, publicado por Civismo (Pomés, 2016), resumía en cuatro las soluciones que tiene el sistema de pensiones español: subir cotizaciones, reducir prestaciones, retrasar la edad de jubilación (y de cotización) y optar progresivamente por una alternativa al sistema de reparto: la capitalización de la pensión de jubilación. Mientras las tres primeras son recetas fáciles de ejecutar, aunque muy dolorosas para trabajadores y pensionistas (y con negativos impactos en el crecimiento económico), la cuarta es la solución audaz a practicar imitando a Chile, EEUU, Canadá, Suecia, Suiza, Islandia, Australia, Israel, Holanda o Estonia por poner algunos ejemplos. Pero no, aquí preferimos seguir dando una patada adelante a un sistema que sabemos que es insostenible.

Y para esto tantos asesores…

Pedro Judas Sánchez y Yolanda Mata Hari
Jimmy Giménez-Arnau. okdiario 6 Noviembre 202

Si se diera a la gentuza el poder de gobernar, ésta se lo entregaría, a su vez, a una dictadura, encabezada por demagogos, como Iglesias, que buscan controlar el pensamiento, reprimir los derechos humanos y corromper las instituciones, con el único propósito de transformar una gran nación histórica en una república bananera. Sánchez, otro que tal baila y que hace suya cualquier insensatez que le propongan, también reclutó gentuza a granel, sacándose de la manga un lunático Gobierno de coalición, para no tener que salir por pies de Moncloa. Dos refranes le definen: dime con quién andas y te diré quién eres, o/y, el codicioso y el tramposo, fácilmente se conciertan… Si los partidos conservadores -que claman contra la ruina que genera el sanchismo- no se unen, un tirano zumbado e impopular, como Judas Sánchez, que es abucheado cada vez que pone un pie en la calle, podría seguir gobernando.

¿Cuál es el objetivo de celebrar nuevas elecciones en España? Desde luego, no el de permitir que esta gentuza nos gobierne. La finalidad de los comicios sería decidir las acciones en pro de la sociedad y en contra de quienes no la corresponden, por su desobediencia y total falta de respeto a la Constitución y al orden legal, sería decidir qué clase de gente gobernará a 47 millones de españoles. Gobernar, sí, pero nunca arbitrariamente, como hace Judas Sánchez, porque eso también es tiranía, sino estando sujeto a un control constante y transparente, bien distinto al que nos tiene acostumbrado la zafia coalición. España necesita un Gobierno que no amenace a la prensa libre, ni nos fría a impuestos, un gabinete que reduzca el obsceno gasto de 23 ministerios que nada solucionan, una estructura estatal solvente que no dilapide los fondos que maneja y pueda asistir a los damnificados de La Palma, con hechos y no con promesas de Judas Sánchez, que jamás cumple con lo que promete.

Afortunadamente, para quienes sueñan con que en un cercano futuro habrá elecciones, ha aparecido en la escena política una Mata Hari de ocasión, que atiende por Yolanda Díaz, a la que apenas le falta perfeccionar el exótico baile balinés para reencarnarse en la célebre espía. Porque Yolanda no pasa de ser una provinciana espía comunista, que el ex vicepresidente en fuga y siempre traicionero Iglesias, introdujo en el Gobierno para dinamitar la coalición. Yolanda llegó al Gobierno con la misión de metérsela doblada a Sánchez. La agente doble, mujer sagaz donde las haya, cumplió con su tarea y alborotó un gallinero dado a las peleas de gallinas. Apagó los cacareos de Calviño y erizó el plumaje de las cluecas, Ione e Irene, que ya no pintan un pimiento en el gabinete. Desde que Yolanda, emulando a Mata Hari, sedujo a Sánchez, la que gobierna es la gallega. Juró derogar la reforma laboral, pero la UE la frenó en seco y no hay derogación posible. Aunque Mata Hari y Judas no admitan su fracaso, se han cachondeado de nosotros.

La realidad ha pulverizado las pancartas que tenían previsto sacar en las próximas elecciones estos trileros: “Mata Hari y Judas Sánchez derogaron la reforma laboral”. Y una mierda pinchada en un palo, que sería la pancarta más sincera.

Los valerosos denunciantes de la corrupción andaluza
Pedro de Tena. Libertad Digital 6 Noviembre 202

Acaba de conocerse la sentencia del último caso de Invercaria en el que estaba implicado, como acusado, el ingeniero industrial, experto en finanzas y profesor universitario con un extenso currículo profesional, Cristóbal Cantos Sánchez de Ibargüen. Se trata de un bizarro jerezano que un día de hace muchos años, casi diez, decidió denunciar el comportamiento amoral e ilegal de los directivos de Invercaria, una de las empresas públicas señeras del régimen socialista instalado en Andalucía desde 1982.

Invercaria pertenecía al entramado administrativo externo de la Junta que se conoce como Administración paralela que había logrado colocar en su seno a 35.000 personas, según la UGT, sin que hubieran tenido que pasar por las exigencias habituales a que son sometidos los funcionarios de carrera, a veces cobrando mucho más que ellos.

Desde esa atalaya de inversiones, se manejaban cientos de millones de euros de una forma más que arbitraria con el fin de beneficiar escandalosamente, en demasiados casos, a empresas amigas del régimen. Cuando la presión política se acercó a sus directivos, una de ellos, la ex presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, decidió justificar las pasadas decisiones irregulares con informes inventados a posteriori.

Cristóbal Cantos fue quien denunció estos desmanes y su completa victoria de ayer -ha quedado absuelto en todos los procedimientos con los que le persiguió la Junta en tiempos del PSOE -, no elimina la tristeza por haber tenido que sacrificar casi diez años de su vida en interminables procesos judiciales. Ha cumplido con su deber de ciudadano y de empleado público pero ha tenido que dedicar muchos recursos y esfuerzos para conseguirlo.

No es el único perseguido con saña tras haber denunciado casos de corrupción. Me acuerdo ahora de Guillermina Bermejo, José Luis Roldán, Teodoro Montes, Jaime González, Roberto Macías o Luis Escribano, (perdón a los demás) por poner sólo algunos ejemplos.

Pero el caso de Cristóbal Cantos, con el que hablé ayer y al que felicité por su victoria moral y su capacidad de resistencia y dignidad, ha sido especial por el encono de la cúpula socialista de Invercaria en arruinarle la vida. Ya conté una vez que Laura Gómiz, ya advirtió al perseguido Cantos que con aquella actitud se iba a enmerdar la vida penal, social, profesional e incluso civilmente. Dicho y hecho.

"Si nos denunciáis, lo primero que perderéis es el trabajo porque os vamos a despedir (lo que hicieron con Cantos). Lo segundo, perderéis la tranquilidad personal y familiar porque os freiremos a demandas judiciales, penales y civiles, como hicieron con Cantos. Lo tercero, os arrancaremos de las entrañas el horizonte profesional impidiendo que encontréis un trabajo digno. Y lo cumplió. Cuando Cantos encontró un puesto de trabajo tras años de paro, el PSOE pidió que que lo echasen.

Y siguió su amenaza: "Lo cuarto, lograremos vuestra imputación y si es posible, vuestra condena por no haber denunciado antes los hechos o haberlos denunciado tímidamente. (En el caso de Cristóbal Cantos, se encontraron motivos de imputación en que el perseguido sólo dedicó medio folio a descalificar unas inversiones que luego Invercaria promovió desoyendo sus advertencias. Cantos fue efectivamente imputado".

Recordemos aquella famosa frase lapidaria que la expresidenta de Invercaria pronunció en las grabaciones que Cristóbal Cantos le hizo como único medio de que la verdad saliera a la luz: "'Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización (Invercaria)". Y así era.

Casi diez años después, hay un nuevo gobierno en la Junta del que se ha esperado un cambio mucho más intenso en usos, costumbres y procedimientos de modo que nunca más volvieran a ocurrir los hechos que han teñido de corrupción 36 años de gobiernos socialistas.

De este gobierno y sus socios depende ahora que todos estos hombres y mujeres que han visto sus vidas muy dañadas por haber sido defensores de los comportamientos éticos exigibles en una democracia sana y haber denunciado tropelías, enjuagues, ilegalidades y saqueos del dinero público, vean que su determinación moral valió la pena, que con su conducta han mejorado la salud ética de su comunidad y que, a pesar de sus consecuencias personales, el cambio es posible.

Visto lo visto y sabido lo sabido, no podemos ser optimistas. Si esto sigue así, ¿qué merecerá la pena?

Los crímenes de ETA
Francisco Marhuenda. larazon  6 Noviembre 202

La ofensiva permanente del terrorismo de ETA nunca fue una lucha política, como pretendió un sector de la izquierda radical española, sino una acción criminal contra una democracia con el objetivo de lograr la independencia del País Vasco e imponer una dictadura comunista. No hay ningún atisbo de dignidad, sino la repugnante actuación de sujetos como Arnaldo Otegi y sus amigos los pistoleros de la banda. Muchas familias fueron destrozadas y la sociedad española sufrió mucho con el goteo de atentados y secuestros que buscaban amedrentarnos para conseguir sus fines. No sucedió, pero sus herederos, muchos de ellos colaboradores y dirigentes de la banda como Otegi, quieren reescribir la historia e impedir que se esclarezca lo sucedido con centenares de atentados sobre los que se desconoce quiénes fueron los autores. Es triste que la izquierda esté más preocupada por la manipulada memoria histórica sobre la Guerra Civil y el Franquismo que por lo que sucedió en una época más reciente. No se puede perdonar a los que no piden perdón y se sienten orgullosos, además, de lo que denominan eufemísticamente “lucha armada” con el fin de encubrir su actuación criminal. No se puede olvidar a las víctimas y sus familiares.

La inmensa mayoría de la sociedad quiere que se resuelvan los crímenes de ETA. Es lo mínimo que se les puede exigir a unos indeseables que merecerían pudrirse en una cárcel y que su partido fuera ilegal. No es posible, aunque sería una muestra de madurez democrática, pero no podemos ni perdonar ni olvidar. La izquierda política y mediática utiliza la cantinela de que se pedía a la banda que abandonaran las armas y se integrara en las instituciones. Lo que nunca pude imaginar es que esto significaría que un tipo repugnante como Otegi se convertiría en un interlocutor del Gobierno. Es incomprensible que se quiera pasar página por intereses estrictamente partidistas. Nunca ha sido una sorpresa saber que ETA contaba con apoyo electoral, porque Hitler consiguió, incluso, ganar unas elecciones. No lo es saber que criminales como los hermanos Castro, Chávez, Maduro, Mussolini, Stalin…, por poner algunos ejemplos, contaban con apoyo popular. Hasta la mafia o los cárteles de droga disponen de fervorosos seguidores, pero nunca se puede blanquear a este tipo de gentuza.

Gentuza, indeseables, terroristas, asesinos.
Nota del Editor 6 Noviembre 2021

Hay algunos que tienen la manía de minimizar, y como es español no andamos escasos de palabras adecuadas, parece que quieren blanquear el terrorismo.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Zapatero, Sánchez y los muertos de ETA
Jesús Cuadrado. vozpopuli.es 6 Noviembre 2021

La banda fue derrotada policialmente por la democracia española, ahora soportamos sus victorias políticas gracias a la 'desbandada socialista'

Los objetivos etarras los van alcanzando PNV y Bildu en las negociaciones presupuestarias con Pedro Sánchez. Lo anticipó Xabier Arzalluz: “No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacudan el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recojan para repartirlas”. Aunque habría poca cosecha que repartir sin la cooperación de los que disfrazan a Arnaldo Otegi de “hombre de paz” desde el PSOE.

Zapatero y Sánchez banalizan ETA en el sentido de la filósofa Hanna Arendt, como una forma de hacerse el tonto sobre su pasado criminal y sobre su trascendencia actual. Derrotada policialmente por la democracia española, ahora soportamos sus victorias políticas gracias a lo que el historiador Santos Juliá denominó “desbandada socialista”, el abandono de responsabilidades constitucionales frente al secesionismo.

La cesión de la gestión de la Seguridad Social al nacionalismo vasco es parte de la hoja de ruta independentista sobre creación de estructuras de Estado en el País Vasco. El documento del gobierno vasco Hacia un Sistema Propio de Seguridad Social y Pensiones para la CAV y Navarra detalla los pasos a seguir. Cuando el sanchismo, el político y el mediático, nos mienta con un “no se rompe la caja común, solo se trata de la gestión”, recuérdese lo que está escrito, negro sobre blanco.

Los nacionalistas explican que, tras la experiencia acumulada con la gestión, pasarán a “la creación de un marco propio de Seguridad Social, incluyendo la capacidad legislativa y regulatoria en la materia”. Solo necesitan un poco más de presidente Sánchez haciéndose el despistado para que, “en la perspectiva de ir creando una Seguridad Social vasca en fases sucesivas”, el secesionismo pueda garantizarse la inmediata sustitución de “las instituciones del Estado por las de Euskadi”. Y sin tocar la Constitución.

Cumplidos diez años del cese de la vía terrorista a la independencia, coincidiendo con la manifestación en San Sebastián de todos los socios de Sánchez en solidaridad con los presos etarras, el periodismo sanchista se esforzaba en ocultar la voz incómoda de victimas y críticos con el nacionalismo. En La Sexta, por ejemplo, Iñaki López cortó en seco una entrevista a Jon Viar, autor de Traidores -una película sobre los que abandonaron la organización criminal-, en el momento en el que éste iniciaba su crítica a las cínicas declaraciones de Otegi. Lo que el joven cineasta vasco y otros desenmascaran es la versión hipócrita que se quiere imponer sobre la historia de un terrorismo con fines exclusivamente nacionalistas.

El propio Otegui, reconvertido por Zapatero en un pacifista, se explica sin tapujos cuando propone que para acceder a la policía municipal se exija nivel B2 de euskera para evitar que “aspirantes con vinculaciones e ideas ultraderechistas y autoritarias colonicen la propia policía vasca”. Que, con ideas como esta, se ubique a EH Bildu en “la izquierda” es un misterio más de las relaciones entre nacionalismo vasco radical y moderado.

El documentalista Iñaki Arteta recoge el testimonio de un empresario al que los terroristas secuestraron y dieron un tiro en una pierna. Él mismo se pregunta por qué a sus dos hermanos no les pasó nada. “Ellos se habían afiliado al PNV para protegerse”, se responde. Testimonios que tocan el nervio de relatos tramposos sobre el final de la violencia que intentan ocultar, y desprestigiar, la función decisiva de organizaciones como Basta Ya, Foro de Érmua o Gesto por la Paz.

Lo que avala y banaliza el PSOE es una “memoria instrumentalizada” al servicio del proyecto independentista. En el final de la lucha armada, Gara, un medio del entorno etarra, escribió sobre la nueva etapa: “vencerá quien convenza, primero a los suyos y luego al resto”. Y en eso está hoy centrado todo el nacionalismo vasco.

El mundo batasuno
Para ganar, necesitan ubicar el terrorismo en el contexto de un supuesto conflicto entre el “pueblo vasco” y el Estado español, en la “teoría del conflicto”. El lendakari Iñigo Urkullu maniobró para limpiar los organismos públicos para la memoria de quienes procedían de la lucha contra ETA, como Txema Urquijo de Gesto por la Paz, y sustituirlos por otros procedentes del mundo batasuno de Elkarri y Lokarri, como Jonan Fernández. Descaradamente, como se explica en la obra de varios investigadores ETA. Terror y terrorismo, organizaron el reparto de nueces en la nueva etapa sin atentados.

Con abundante financiación y medios públicos, el secesionismo vasco sigue un plan medido. Desde el sector académico, con el militante Daniel Innerarity al frente, se fabrica una sociología al servicio del relato nacionalista: “El conflicto vasco existe en la medida, bajo la forma y con la intensidad con que es sentido por la ciudadanía”. Ya se encargan ellos de poner en las estanterías los sentimientos convenientes. Si existió la lucha armada, “fue porque no se respetan los derechos de este pueblo”, martillean sin descanso.

Cine amigo y manipulaciones
Se persigue que todo encaje, sea en el Museo de la Paz de Guernika, con una traducción del “conflicto” como la persecución de la identidad del “pueblo vasco” perseguida por España a lo largo de los siglos; en el cine amigo -La pelota vasca o Lasa y Zabala-; o en unidades didácticas manipuladoras implantadas en la enseñanza obligatoria. Todo, con mayor o menor “ingenuidad”, conectado a la estrategia nacionalista.

En este contexto se entiende por qué les tapan la boca a todos los que estorban al pensamiento único instalado. Insobornables víctimas como Consuelo Ordóñez y Maite Pagazaurtundúa, incombustibles contra el discurso nacionalista como Fernando Savater y Rosa Díez, o heroicos traidores a ETA como Mikel Azurmendi son peligrosos para el independentismo porque a ellos no se les escapa que los terroristas asesinaban contra el Estado de Derecho, contra la democracia española, contra España.

Les silencian porque son el dique decisivo contra el relato legitimador independentista del nacionalismo vasco. Evidencian la comunidad de objetivos entre PNV-Bildu y ETA, sea para conseguir que quienes se sientan españoles sean vistos como hostiles contra lo vasco, o para desprestigiar a quienes participan en política si no es desde el nacionalismo y su sumisión a él. Sin olvidar su aspiración común a conseguir estructuras propias de un Estado en el horizonte de una No-España.

A fecha de hoy, no se les pueden negar logros políticos. Algunos parecen milagrosos, como que el independentismo alcance un 60% de representación parlamentaria donde el euskobarómetro detecta un escaso 20% de electores que se declaran secesionistas. O como imponer que el euskera sea de hecho la lengua vehicular en la enseñanza obligatoria de una sociedad en la que el castellano es la lengua materna de más del 80%, a pesar de las graves consecuencias para los alumnos demostradas.

Cuando finalmente se haga el balance de daños del sanchismo, se podrá comprobar el nivel de destrozo provocado por la banalización del independentismo vasco protagonizada por Zapatero y Sánchez. Y no será un buen momento.

Memoria, dignidad, justicia
Los eurodiputados dejan España apenados por los derechos pisoteados a las víctimas de ETA
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 6 Noviembre 202

La delegación de eurodiputados que durante tres días se ha reunido en Vitoria y Madrid con jueces, fuerzas de seguridad y víctimas para recabar información sobre los 379 asesinatos de ETA no resueltos han concluido su visita desolados, al constatar con sus encuentros que se han «pisoteado» algunos derechos de las víctimas: «Merecen que ya no se les humille más».

«Hemos sentido el sufrimiento y la frustración de las víctimas, lo compartimos», ha resumido la diputada europea francesa Agnès Evren, presidenta de la delegación de esta misión, aprobada en enero de 2020 y pospuesta en varias ocasiones por la pandemia, tras recibir el Parlamento Europeo una denuncia sobre los más de 300 atentados sin resolver.

Junto a Evren, otros tres diputados europeos han integrado esta delegación: el socialdemócrata maltés Alex Agius Saliba, el liberal rumano Vlad Gheorghe y el conservador polaco Kosma Zlotowski. A ellos se han sumado, como acompañantes, otros cuatro eurodiputados españoles: Dolors Montserrat (PP), Cristina Maestre (PSOE), Maite Pagazaurtundua (Ciudadanos) y Jorge Buxadé (Vox).

La sede del Parlamento Europeo en Madrid ha sido el último escenario de la visita, donde Evren ha comparecido antes los medios de comunicación antes de regresar a Bruselas. En un plazo de tres meses máximo harán publico un informe de «recomendaciones» con decisiones a adoptar en la sede de la comisión.

Ese informe tendrá como objetivo «ayudar» a aclarar lo sucedido y «aligerar» el dolor de las víctimas.

«Me comprometo a estar a la altura», ha garantizado Evren, antes de dejar claro que ellos no han venido a España a hacer política, y que su única «obsesión» es defender el interés de ciudadanos españoles que son también europeos.

La delegación ha subrayado su reconocimiento al esfuerzo de la lucha antiterrorista y del sistema judicial contra esta impunidad, si bien apuntan a que los crímenes sin resolver -la mayoría en País Vasco y Navarra entre 1978 y 1987- contaron con trabas en la investigación, pues se perpetraron en una sociedad «sometido al terror».

De las informaciones que han recabado de víctimas, fuerzas de seguridad, estamentos judiciales y otros organismos como el Defensor del Pueblo, la delegación europea ha tomado nota de varias realidades como el hecho de que haya países que no han cooperado con España y que terroristas se hayan «aprovechado» de esta situación hasta la prescripción del delito.

«Entre las observaciones que nos han hechos llegar muchos han reconocido que se dan beneficios a terroristas que no han colaborado con la Justicia«, ha añadido Evren que ha repetido en varias ocasiones el lema de los colectivos de víctimas «verdad, dignidad y justicia».

Preguntada por los homenajes a etarras, la presidenta de la delegación europea ha admitido que este denuncia es compartida por todas las asociaciones de víctimas. «Es un motivo de sufrimiento para ellas, este tipo de homenajes es algo indignante«.

Memoria, Dignidad y Justicia
65 crímenes sin resolver podrían ser juzgados si se acusa a los jefes de ETA
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 6 Noviembre 202

Dignidad y Justicia aporta a la misión europea un documento con los 35 líderes de la banda vivos que ordenaban los asesinatos

La delegación de eurodiputados que está visitando España para pedir el esclarecimiento de los crímenes de ETA que aún no han sido juzgados, se reunió ayer con la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, impulsora de la misión mediante una denuncia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde denunciaba la existencia de 379 asesinatos de la banda terrorista ETA sin resolver.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia entregó formalmente a la delegación de eurodiputados un documento donde se demuestra la existencia de 65 asesinatos impunes de ETA desde 1990 que aún no habrían prescrito con sus auténticos autores e inductores.

En un apartado denominado “autores detrás del autor” recoge los nombres de los etarras y el enlace de los artículos donde se les vincula con la participación de esos crímenes.

Portero les ha trasladado también que se puede juzgar a hasta 35 jefes de de la organización criminal por los 65 asesinatos aún no prescritos y sin resolver.

Dignidad y Justicia denuncia que hay 400 familias europeas que siguen esperando justicia, multiplicando por cuatro el umbral máximo de 5 años de impunidad que “está reconocido como sufrimiento inhumano”. Además, “ETA continúa torturando hoy a todas esas familias con muy graves consecuencias morales, psicofísicas consolidadas en el tiempo» y subraya que es el Estado el que falla al “no poner remedio y regala, literalmente, beneficios penitenciarios en vez de exigir en primer lugar el Derecho a la justicia, a la verdad para esas familias que revele una colaboración real en la justicia de todos los asesinados».

El documento demuestra que ETA está fuertemente jerarquizada y que los distintos dirigentes que ostentan el mando de cada Zuba o Comité de Dirección “saben quién apretó el gatillo o quién colocó el explosivo hasta el último de esos casi 400 asesinatos”.

El documento denuncia que nunca ni un solo preso de ETA que haya pedido acogerse a beneficios penitenciarios ha revelado ni un solo nombre detrás de esos asesinatos sin resolver y “es algo en lo que el Estado español tambiénfalla”.

Dignidad y Justicia denuncia que las familias padecen al ver además cómo esos terroristas son excarcelados sin haber colaborado con la justicia y se les recibe como a héroes en el País Vasco.

Dignidad y Justicia ha aportado un listado de 35 jefes de ETA que tenían el férreo dominio de la organización. “Son más autores que los propios ejecutores finales de los asesinatos” porque, recuerda que si el ejecutor final no asesinaba podía ser sustituido por otro, eran fungibles, intercambiables, la víctima no se salvaba. Pero, si la ZUBA acordaba detener una campaña de asesinatos, los ejecutores fungibles se detenían y eso sí salvaba a la víctima».

Esos 35 dirigentes de ETA que están vivos, muchos de ellos libres. Mientras, 379 crímenes están impunes de los cuales 65 no han prescrito aún. De esos 35 jefes de la banda, 9 están en prisión y han sido acercados a las cárceles del País Vasco en el último año y medio por parte del Ministerio del Interior.

Terrorismo
La delegación de la UE constata los beneficios a etarras que no colaboran para esclarecer los asesinatos no resueltos
FERNANDO LÁZARO. Madrid. El Mundo  6 Noviembre 202

Comparten la "frustración" de las victimas ante la "impunidad" y piden "que no se les humille más"

Se van con las ideas más claras. Se van comprobando la "frustración" de las víctimas del terrorismo ante la "impunidad" de los 379 crímenes cometidos por ETA que están sin resolver.

Agnès Evren, la eurodiputada francesa que ha presidido la delegación europea que ha visitado España en los últimos tres días para conocer los casos no resueltos, fue clara: "Compartimos la frustración de las víctimas. Nos vamos conmovidos profundamente. Reconocemos el trabajo de jueces y policías". Expuso posibles deficiencias en las investigaciones de estos crímenes, sobre todo los de los años 80. "En esa etapa había falta de medios y falta de colaboración internacional". Y también destacó durante su intervención que los delegados han constatado que se dan "beneficios" a miembros de ETA y dirigentes de la banda terrorista, pese a que "no están cooperando" en el esclarecimiento de los asesinatos pendientes.

Durante los encuentros, los peticionarios de esta visita (la asociación Dignidad y Justicia) han puesto sobre la mesa posibles vías para investigar a 35 jefes de ETA que podrían ser acusados de los 65 crímenes de ETA aún no prescritos. La asociación de Daniel Portero entregó a todos los eurodiputados un informe con todos estos casos.

"Ha sido una visita difícil y dolorosa", apunta la presidenta de esta delegación ante los medios. "Las víctimas necesitan justicia, verdad, dignidad. Las víctimas quieren que no se les humille más. No buscan venganza, solo Justicia", insistió. Evren expuso la coincidencia de todos los testimonios sobre la nueva victimización de las víctimas cada vez que hay un homenaje a etarras excarcelados: "Las víctimas necesitan saber quién ha matado a los suyos. Cada homenaje es otra victimización".

Informe con conclusiones
Explicó que en el plazo de tres meses elaborarán un informe de conclusiones en el que aportarán "sus recomendaciones" para atender las necesidades de las víctimas que será votado en el Parlamento Europeo. "Estamos por y para las víctimas", explicó la eurodiputada francesa, que defendió el relato que pueda salir sobre estos hechos como una herramienta más para contar la verdad de lo que han sufrido las víctimas.

Resaltó que, además de la falta de medios y de la falta de colaboración internacional, durante los años 80 había una sombra de terror que embargaba de silencio a la sociedad vasca. Puso en valor también la situación judicial que en España está abierta pero parada sobre las posibles investigaciones a los dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad. E insistió: "Pedimos memoria, dignidad, Justicia y que se sepa toda la verdad, que se acabe con la impunidad. Apostamos por ayudar a las víctimas a aligerar su dolor y frustración, esta ha sido una misión extremadamente positiva".

Antonio Salvá: «Que vayan a por la cúpula, a por quién ordenó asesinar a mi hijo. Si se tira del hilo se llega al ovillo»
C. S. Macías. larazon 6 Noviembre 202

El 30 de julio de 2009 una bomba lapa de ETA asesinó a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, ante el cuartel de la Guardia Civil de Palmanova, en el municipio de Calviá. La banda terrorista había colocado además un segundo artefacto en otro de los vehículos de la Guardia Civil estacionados en la zona, pero fue encontrado esa tarde, enfrente del antiguo cuartel de la Benemérita y fue explosionado por los TEDAX de manera controlada. El caso de Diego Salvá y Carlos sigue sin resolverse.

El padre de Diego, Antonio Salvá asegura que tiene una «pequeña esperanza» desde hace seis meses. Y es que, existe una sospecha, en el sur de Francia, en la que, por «analogía de explosivos» se podría hacer una acusación. «Tenemos un hálito de esperanza, pero no lo sé, depende ya de los jueces y si los extraditan a España para interrogarles, no lo sé», destaca Salvá, quien un día lo dejó todo para entrar en política (Vox) «por mi hijo».

El padre de Diego, trasladó a la delegación de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo durante su encuentro con las víctimas del terrorismo la necesidad de impulsar que esos 379 asesinatos se esclarezcan. A Salvá le pareció bien que vinieran los eurodiputados para que así «molesten, que incordien y que nuestros magistrados y autoridades se den cuenta de que todavía tienen muchísimo trabajo. Yo pienso que, si se tira del hilo, se llega al ovillo». Salvá contó a la misión su caso particular y les agradeció el que hubieran venido y, «si pueden hacer algo para activarlo, que lo hagan», fue su petición.

Y es que, por el doble asesinato de Palmanova «no ha sido condenado nadie». Salvá repasa lo ocurrido ese día y cree que los etarras, debieron poner un contemporizador para hacer volar el coche patrulla en el que montó su hijo y luego se fueron. «Podrían haber montado una masacre tremenda», indica y le consta que, durante semanas se controló de forma «tremenda» a todos los que salían de la isla. «A veces pienso que pudieron huir en un barco privado, porque para eso no hay un control tan exhaustivo».

En el caso del atentado de Palmanova no sabe por qué no se ha conseguido atrapar aún a los autores porque, según destaca el padre de la última víctima de ETA, «me consta que la Guardia Civil ha investigado una barbaridad y, hasta incluso hace dos años creo que tenían dos o tres guardias que se dedicaban a ello en cuerpo y alma».

“Doctrina Nuremberg”
Salvá dice que hay una cosa que él no comprende del caso de su hijo: «No han aplicado la “doctrina de Nuremberg”, que es ir a por la cúpula, a por quién ordenó el asesinato»: Responsabilizar a esa cúpula, que se sabía quién era, quién dio la orden entre los que estaría Mikel Karrera, «ATA» que está en el sur de Francia. «En Nuremberg se juzgó a quien dio las órdenes, no a los ejecutores. No sé por qué no se ha ido a por ellos», insiste. Y es que un informe policial indicaba que ATA daba las órdenes en ETA cuando se ordenó atentar en Palmanova. De este auto de procesamiento se dio traslado a Francia que lo mantiene paralizado desde hace seis años, sin que la Fiscalía lo impulse ni insista en ello, advierten desde Dignidad y Justicia.

Aunque es escéptico y sabe que, la misión del Parlamento Europeo «no tiene mucho poder para hacer nada», solo el efecto de «remover conciencias» e insiste en apuntar «a la cúpula» porque «si se va a la cúpula, se llega abajo».

Salvá recuerda que los comandos de ETA no actuaban por iniciativa propia ya que «seguían una disciplina de hierro» y asegura que, le extrañaría muchísimo que, aquellos que apretaron el botón, «no estuvieran ahora mismo pisando moqueta».

El padre de la última víctima de la banda terrorista tiene perfectamente estudiado cómo, en el mundo de ETA, hay un frente que es el de los presos, que han hecho el trabajo sucio, y los demás, han pisado moqueta gracias a ellos. «Los familiares lo saben». Subraya que el PNV, además, intenta «sacar tajada» porque tiene como enemigo político a Bildu, luchando por liderar la causa de los presos, la transferencia de las cárceles al País Vasco que, afirma, ha supuesto para las víctimas «otra nueva traición» . Por ello, Salvá advierte del riesgo de que se pueda volver a imponer otra vez la «doctrina Bolinaga impuesta por el PP» por la que los etarras obtendrían certificados médicos y empezarían a salir a la calle. «Yo auguro que en cinco años las cárceles estarán vacías, por desgracia. Ojalá me equivoque».

La “línea recta” de ETA
«Encontrar los autores materiales, afrontarlo con la verdad por delante es algo muy importante para una víctima», afirma Salvá. Asegura que a él ETA no le engaña: «Los conozco cómo actúan desde que fui a vivir a Navarra en 1975; siguen una línea recta y de esa línea caminan gracias a los gobiernos, porque se lo permiten. Es mucho peor ver la traición de los que mandan que la de ellos, porque ellos van con la cara descubierta y sin mentir», sentencia.

Eso sí, tilda de “supuesta ficción” la posibilidad de que los etarras encarcelados lleguen a delatar o ayudar a resolver los más de 300 crímenes sin autor. “Eso no lo vamos a ver” y apunta: “La clave está en los juzgados”.

Así ataca el Govern los derechos de los padres para blindar la inmersión
La Generalitat no desobedece, recurre las sentencias con el argumento de que las familias no tienen legitimidad para cambiar un proyecto lingüístico, sin atreverse a cuestionar el castellano
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 6 Noviembre 202

Detrás de la soflama nacionalista del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, quien insta a desobedecer las sentencias que obligan a escolarizar a los alumnos también en castellano, hay un departamento que recurre esas resoluciones con argumentos muy astutos. Según los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, a los que ha tenido acceso Crónica Global, el Govern niega la legitimidad de las familias para cambiar el proyecto lingüístico de todo un centro escolar, pero no entra en el fondo, es decir, que no cuestiona que el castellano también deba ser lengua vehicular, más allá del debate sobre los porcentajes. Dicho de otra manera, la consejería niega la potestad de los padres, no solo a elegir el modelo educativo, sino a defender sus derechos.

Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado seis proyectos lingüísticos donde el castellano no alcanza ni el 25% de las horas lectivas, tal como ordenan diversas sentencias. A los dos primeros proyectos anulados del pasado mes de marzo, se han sumado cuatro nuevos centros educativos. Se trata de la Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera (centro público); la Escola Frangoal de Castelldefels (concertado), Escola Aura de Reus (concertado), Institut Els Pallaressos de Els Pallaressos (centro público), Escola Bogatell de Barcelona (público) y Escola Josefina Ibañez de Abrera (público).

Habrá más sentencias
“Pero habrá más. Este noviembre se esperan dos nuevas resoluciones”, explica José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, entidad que asesora a las familias que reclaman su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Y hay más recursos. Lejos de explicar qué fórmula se utilizará en los centros para adaptar los proyectos lingüísticos a las resoluciones judiciales, el consejero Cambray instó a “rebelarse” contra las mismas.

A juicio de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), lo lógico es que reconozcan que tanto catalán como castellano son lenguas vehiculares y garanticen en todos los cursos escolares que se impartan al menos un 25% de materias en castellano o en catalán con independencia de la realidad social del entorno del centro educativo. Ana Losada, presidenta de esta entidad que también apoya a los recurrentes, ve bastante postureo en las declaraciones del consejero pues, según afirma, “las sentencias se cumplen, los proyectos se anulan y ellos recurren. Ni los directores se van a enfrentar a multas y a las advertencias del tribunal, ni el conseller va a perder su puesto de trabajo”.

Recursos del Govern
En este sentido, este medio ha accedido a las alegaciones presentadas por la Generalitat ante el TSJC, así como en el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. El Govern incide en la legitimidad de los padres para impugnar un proyecto lingüístico que, según indican, no solo afecta a un alumno, sino a todo el centro. Esto es, “la falta de legitimación activa del recurrente, dado que esta pretensión excede del reconocimiento de una situación jurídica individualizada de los hijos del recurrente, al tener efectos generales para todos los alumnos del centro”.

Considera la Generalitat que otras sentencias del Supremo avalan ese planteamiento. “Concluyeron que, en lo que se refiere al uso de las lenguas vehiculares en la escuela, solo se tiene legitimación activa para el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas y no para ejercer pretensiones de alcance general”.

Por tanto, “el recurso de casación que se prepara no discute la pretensión principal resuelta por el apartado 2 del fallo de la sentencia (reconocimiento del derecho de los hijos del recurrente a recibir durante su enseñanza obligatoria, junto con sus condiscípulos, en el centro y curso en el que sigan sus estudios, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular en proporción razonable), sino que se dirige exclusivamente contra el apartado 3 del fallo, en el que se anula el proyecto lingüístico de toda la escuela”.

Matiz relevante
El matiz, a juicio de José Domingo, es muy relevante, pues “no entra en el fondo, sino que ataca la legitimidad de los padres, el aspecto formal. No se atreven a negar que el castellano también debe ser lengua vehicular, sino que niegan a los padres el derecho a poner impugnar. No pueden elegir el modelo educativo ni defender sus derechos”. Domingo confía en que el Supremo avale esa legitimidad.

La Generalitat asegura cumplir con la “conjunción lingüística”, esto es, que los alumnos adquieren plenas competencias comunicativas y lingüísticas de las lenguas oficiales al final de la educación Primaria, independientemente de la lengua familiar de los alumnos”. Por ello, entienden que “la pretensión del recurrente de fijar el uso del castellano como lengua vehicular en una proporción equivalente o paritaria con la lengua catalana no está justificada, ni se ampara en ninguna norma legal o reglamentaria, no ha estado nunca reconocida por ninguna resolución judicial, ni tampoco resulta justificada atendiendo a la realidad social en la que se aprecia un retroceso del conocimiento y el uso de la lengua catalana”.

"Un informe no cerrado"
En el caso de la Escuela de Llagostera (Girona), los padres recurrentes indican que “en lo que hace referencia a la realidad sociolingüística de la zona, se ha de entender que el catalán está plenamente normalizado. De hecho, en el propio proyecto lingüístico se reconoce que el curso 2018-19 (curso de la encuesta), el 60,2% de las familias de los alumnos son de lengua materna catalana, el 28,7% de lengua materna castellana y el 11,1% de lengua materna extranjera”.

En sus alegaciones en otro proceso de impugnación escolar relativo a la Escola Vinya del Sastret (Sant Esteve de Sesrovires) --pendiente de resolución--, la Generalitat invoca los informes elaborados por el Consejo de Evaluación de Cataluña (CEC), un órgano al que hizo referencia Cambray el pasado jueves para asegurar que, en 2006, el 56% del alumnado se dirigía siempre o casi siempre en catalán al profesorado, un porcentaje que ha bajado hasta el 39% en 2021. La interacción entre alumnos, del 67% al 21%. Fuentes de la Consejería de Educación han rehusado facilitar ese estudio porque aseguran que “no está cerrado”.

En esa demanda, el Govern adjunta el Informe técnico sobre el conocimiento de las lenguas catalana y castellana del alumnado de Cataluña, con fecha de marzo de 2020 y elaborado por el CEC, en el que se asegura que en Cataluña "no hay dos grupos diferenciados respecto al aprendizaje de las dos lenguas cooficiales, ya que el alumnado que obtiene buen rendimiento en una competencia lingüística también lo hace en la de otra lengua". Asimismo, afirma que "a lo largo de la escolarización obligatoria, el sistema educativo catalán es capaz de minimizar las diferencias de rendimiento en lengua castellana que se producen dentro de una misma escuela". Y que "la proporción de alumnado que no logra la competencia lingüística en lengua castellana no es atribuible al modelo lingüístico aplicado en Cataluña, dado que el porcentaje situado en nivel bajo es muy parecido al del alumnado que no logra la competencia en lengua catalana".

Impulsar el bable en Asturias costará más que mantener la red de residencias de ancianos: 70 millones
Pelayo Barro. okdiario 6 Noviembre 202

Las estadísticas y los sondeos de opinión en Asturias son contundentes: una gran mayoría de los asturianos dan la espalda a la cooficialidad del bable. Sin embargo, el PSOE y Podemos, junto con Izquierda Unida y el apoyo de Foro Asturias –el partido fundado por Francisco Álvarez-Cascos–, insisten en sacar adelante un proyecto que, según cálculos, podría alcanzar un gasto público de alrededor de 70 millones de euros. Una cifra que, por contextualizar, es superior a los 69 millones de euros que se gasta el Principado en el mantenimiento de toda la red de residencias de ancianos públicas de Asturias, la región más envejecida de España.

Los 27 diputados que han mostrado su apoyo a votar la cooficialidad del bable anticipan que Asturias se sumará al club de comunidades autónomas con una lengua propia. Pero como denuncia buena parte de la sociedad civil asturiana e insisten en la Junta del Principado los grupos de Vox o PP, lo que se va a impulsar en Asturias es una «lengua de laboratorio».

Vox dirige en Asturias la contraofensiva contra la cooficialidad del bable. El Gobierno asturiano la ha denominado «cooficialidad amable», para tratar de sumar apoyos insistiendo en que la reforma de la ley hará hincapié en el derecho a hablarlo y no a la obligatoriedad de conocerlo. Sin embargo, desde Vox consideran que esa declaración es poco menos que un caballo de Troya, una forma de incluir la obligatoriedad por la puerta de atrás en base a futuras leyes. Normativas que, como ha advertido el portavoz de Vox en Asturias, Ignacio Blanco, podría obligar en un futuro a que «en tu negocio tendrás que atender en llingua». El pasado mes de mayo, los diputados de Vox abandonaron el parlamento asturiano en protesta por el uso que desde Podemos se hacía del bable en la Cámara, sin que sea una lengua oficial.

Según los cálculos de los promotores de la cooficialidad, que el bable sea lengua generaría alrededor de 30.000 empleos en Asturias. Precisamente las 30.000 personas que se manifestaron en octubre en Oviedo a favor de la cooficialidad. Sin embargo, lo que ninguna de esas plataformas ha explicado hasta ahora es el coste que supondrá para las arcas públicas poner en marcha la cooficialidad, impulsar el bable y acomodarlo en la estructura de la administración pública.

Mientras el Gobierno defiende que ese coste será prácticamente inapreciable, desde la Plataforma contra la Cooficialidad advierten que podría alcanzar una cifra que ronda los 70 millones de euros anuales. El cálculo se basa en la estimación media del gasto público que se registra en comunidades con lenguas cooficiales, que van acompañadas de partidas ocultas y gastos imputados a otros programas.

Según el estudio realizado por la Plataforma contra la Cooficialidad, el coste medio por habitante que se destina a las lenguas cooficiales es de entre 46 y 49 euros, por lo que con una población que supera ligeramente el millón de habitantes, eso supondría unos 50 millones de euros. A ello habría que sumarle la partida de adecuación de la administración local -ayuntamientos- al bable, que según ese estudio superaría los 7 millones de euros.

Poner en marcha una lengua cooficial, en términos burocráticos, supone un desembolso extra. El estudio hace referencia al caso de Bruselas, donde el flamenco se unió como oficial al francés -la lengua más utilizada en esa región- generando una serie de costes que, trasladados a Asturias, el estudio eleva a unos 14 millones de euros en los primeros 5 años de desarrollo de la cooficialidad.

Ese coste de 70 millones de euros, por darle un contexto, supone el coste de 16.500 plazas de educación escolar o de 23.500 operaciones hospitalarias. Es superior también a los 69,7 millones de euros que el Principado ha consignado en los presupuestos actuales para los gastos corrientes y de servicio de la red de residencias de mayores. Una de las asignaturas pendientes en la región más envejecida de toda España. Con los nacimientos bajo mínimos, con el triple de fallecimientos que nacimientos, con más de 100.000 jóvenes que han abandonado la comunidad en las últimas dos décadas, el Principado se enfrenta al invierno demográfico más acusado del país. Las cifras muestran que Asturias puede considerarse casi como un espécimen en peligro de extinción.

Así ataca el Govern los derechos de los padres para blindar la inmersión
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 6 Noviembre 202

Detrás de la soflama nacionalista del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, quien insta a desobedecer las sentencias que obligan a escolarizar a los alumnos también en castellano, hay un departamento que recurre esas resoluciones con argumentos muy astutos. Según los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, a los que ha tenido acceso Crónica Global, el Govern niega la legitimidad de las familias para cambiar el proyecto lingüístico de todo un centro escolar, pero no entra en el fondo, es decir, que no cuestiona que el castellano también deba ser lengua vehicular, más allá del debate sobre los porcentajes. Dicho de otra manera, la consejería niega la potestad de los padres, no solo a elegir el modelo educativo, sino a defender sus derechos.

Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado seis proyectos lingüísticos donde el castellano no alcanza ni el 25% de las horas lectivas, tal como ordenan diversas sentencias. A los dos primeros proyectos anulados del pasado marzo, se han sumado cuatro nuevos centros educativos. Se trata de la Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera (centro público); la Escola Frangoal de Castelldefels (concertado), Escola Aura de Reus (concertado), Institut Els Pallaressos de Els Pallaressos (centro público), Escola Bogatell de Barcelona (público) y Escola Josefina Ibañez de Abrera (público).

Habrá más sentencias
“Pero habrá más. Este noviembre se esperan dos nuevas resoluciones”, explica José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, entidad que asesora a las familias que reclaman su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Y hay más recursos. Lejos de explicar qué fórmula se utilizará en los centros para adaptar los proyectos lingüísticos a las resoluciones judiciales, el consejero Cambray instó a “rebelarse” contra las mismas.

A juicio de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), lo lógico es que reconozcan que tanto catalán como castellano son lenguas vehiculares y garanticen en todos los cursos escolares que se impartan al menos un 25% de materias en castellano o en catalán con independencia de la realidad social del entorno del centro educativo. Ana Losada, presidenta de esta entidad que también apoya a los recurrentes, ve bastante postureo en las declaraciones del consejero pues, según afirma, “las sentencias se cumplen, los proyectos se anulan y ellos recurren. Ni los directores se van a enfrentar a multas y a las advertencias del tribunal, ni el conseller va a perder su puesto de trabajo”.

Recursos del Govern
En este sentido, este medio ha accedido a las alegaciones presentadas por la Generalitat ante el TSJC, así como en el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. El Govern incide en la legitimidad de los padres para impugnar un proyecto lingüístico que, según indican, no solo afecta a un alumno, sino a todo el centro. Esto es, “la falta de legitimación activa del recurrente, dado que esta pretensión excede del reconocimiento de una situación jurídica individualizada de los hijos del recurrente, al tener efectos generales para todos los alumnos del centro”.

Considera la Generalitat que otras sentencias del Supremo avalan ese planteamiento. “Concluyeron que, en lo que se refiere al uso de las lenguas vehiculares en la escuela, solo se tiene legitimación activa para el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas y no para ejercer pretensiones de alcance general”.

Por tanto, “el recurso de casación que se prepara no discute la pretensión principal resuelta por el apartado 2 del fallo de la sentencia (reconocimiento del derecho de los hijos del recurrente a recibir durante su enseñanza obligatoria, junto con sus condiscípulos, en el centro y curso en el que sigan sus estudios, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular en proporción razonable), sino que se dirige exclusivamente contra el apartado 3 del fallo, en el que se anula el proyecto lingüístico de toda la escuela”.

Matiz relevante
El matiz, a juicio de José Domingo, es muy relevante, pues “no entra en el fondo, sino que ataca la legitimidad de los padres, el aspecto formal. No se atreven a negar que el castellano también debe ser lengua vehicular, sino que niegan a los padres el derecho a poner impugnar. No pueden elegir el modelo educativo ni defender sus derechos”. Domingo confía en que el Supremo avale esa legitimidad.

La Generalitat asegura cumplir con la “conjunción lingüística”, esto es, que los alumnos adquieren plenas competencias comunicativas y lingüísticas de las lenguas oficiales al final de la educación Primaria, independientemente de la lengua familiar de los alumnos”. Por ello, entienden que “la pretensión del recurrente de fijar el uso del castellano como lengua vehicular en una proporción equivalente o paritaria con la lengua catalana no está justificada, ni se ampara en ninguna norma legal o reglamentaria, no ha estado nunca reconocida por ninguna resolución judicial, ni tampoco resulta justificada atendiendo a la realidad social en la que se aprecia un retroceso del conocimiento y el uso de la lengua catalana”.

"Un informe no cerrado"
En el caso de la Escuela de Llagostera (Girona), los padres recurrentes indican que “en lo que hace referencia a la realidad sociolingüística de la zona, se ha de entender que el catalán está plenamente normalizado. De hecho, en el propio proyecto lingüístico se reconoce que el curso 2018-19 (curso de la encuesta), el 60,2% de las familias de los alumnos son de lengua materna catalana, el 28,7% de lengua materna castellana y el 11,1% de lengua materna extranjera”.

En sus alegaciones en otro proceso de impugnación escolar relativo a la Escola Vinya del Sastret (Sant Esteve de Sesrovires) --pendiente de resolución--, la Generalitat invoca los informes elaborados por el Consejo de Evaluación de Cataluña (CEC), un órgano al que hizo referencia Cambray el pasado jueves para asegurar que, en 2006, el 56% del alumnado se dirigía siempre o casi siempre en catalán al profesorado, un porcentaje que ha bajado hasta el 39% en 2021. La interacción entre alumnos, del 67% al 21%. Fuentes de la Consejería de Educación han rehusado facilitar ese estudio porque aseguran que “no está cerrado”.

En esa demanda, el Govern adjunta el Informe técnico sobre el conocimiento de las lenguas catalana y castellana del alumnado de Cataluña, con fecha de marzo de 2020 y elaborado por el CEC, en el que se asegura que en Cataluña "no hay dos grupos diferenciados respecto al aprendizaje de las dos lenguas cooficiales, ya que el alumnado que obtiene buen rendimiento en una competencia lingüística también lo hace en la de otra lengua". Asimismo, afirma que "a lo largo de la escolarización obligatoria, el sistema educativo catalán es capaz de minimizar las diferencias de rendimiento en lengua castellana que se producen dentro de una misma escuela". Y que "la proporción de alumnado que no logra la competencia lingüística en lengua castellana no es atribuible al modelo lingüístico aplicado en Cataluña, dado que el porcentaje situado en nivel bajo es muy parecido al del alumnado que no logra la competencia en lengua catalana".

Losada (AEB): "El catalán ha sustituido a los políticos presos en la tensión nacionalista"
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 6 Noviembre 202

Ana Losada ve bastante postureo en las declaraciones del consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray quien, el pasado jueves, instó a "rebelarse" contra las sentencias judiciales que han enmendado, hasta la fecha, seis proyectos lingüísticos de centros escolares catalanes por excluir el castellano como lengua también vehicular en la enseñanza. "El catalán ha sustituido a los políticos presos en la tensión nacionalista. Pero las sentencias se cumplen, ni los directores se van a enfrentar a multas ni el conseller va a perder su puesto de trabajo", afirma en declaraciones a Crónica Global la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que ha asesorado a los padres que reclaman el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano.

Asimismo, AEB hizo una intensa labor de investigación que se saldó con la revisión de 2.214 proyectos y la constatación de que ningún centro analizado cumplía con el mínimo del 25% de horas en castellano impartidas en asignaturas troncales, tal como ordenan diferentes sentencias judiciales.

"Hacen ver que se van a rebelar"
“Las declaraciones del consejero van en el sentido de aparentar que no quieren cumplir las sentencias e intentan provocar al resto de votantes de su partido, es decir, al votante nacionalista. Hacen ver que se van a rebelar. La realidad es que las sentencias se cumplen todas, los proyectos lingüísticos se anulan y ellos recurren", explica Losada.

Es el caso de la Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera (Girona), cuyo proyecto lingüístico acaba de ser anulado. "Se envió una circular a los padres en la que se aseguraba que esa sentencia era desconocida por el centro, que no iba con ellos, cuando fue emitida hace un mes, el departamento la conoce y, seguramente, el centro la desconoce porque la consejería no le ha informado", señala.

Falsa emergencia
En efecto, en esa circular enviada a las familias por el director se indicaba que "en referencia a la noticia aparecida ayer, día 3 de noviembre, en los medios de comunicación, relativa a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la cual anula el Projecte lingüístic del centre, os comunicamos las consideraciones siguientes: 1. El Departament d'Educació aún no ha recibido la sentencia. 2. El texto aparecido en los medios de comunicación no representa la totalidad del texto de la sentencia; el objetivo de los periodistas ha sido publicar un titular. 3. En su momento, el Departament d'Educació tendrá orientaciones e instrucciones relativas a si se debe cambiar o revisar el Projecte lingüístic del centro, si es el caso. Debido a que se trata de un proceso de lenta resolución, a medida que el centro disponga de más información, la comunicaremos a las familias".

"Lo que ocurre con la lengua catalana --añade Losada-- es que sustituye a los políticos presos. Antes se mantenía la tensión en el mundo nacionalista con el encarcelamiento de los políticos. Ahora que están en la calle, buscan una nueva forma de tener a su electorado activo y alerta". Gracias a ello se crea "la falsa idea de que hay una emergencia lingüística sobre el catalán", un extremo que la AEB ha demostrado que en el currículo lectivo es precisamente lo contrario. Se apuesta, precisamente, por el monolingüismo catalán.
Recortes de Prensa   Página Inicial