AGLI Recortes de Prensa   Martes 9  Noviembre  2021

Confesión de parte
Jesús Banegas. vozpopuli.es.  9 Noviembre 2021

Gracias a la perspicacia periodística de Mercedes Serraller hemos podido saber, como merecida noticia principal de primera página de Vozpópuli de hace unos días, que el Gobierno español en su escrito a la UE sobre los deberes que se impone para recibir sus fondos confiesa que: los obstáculos que opondrá al desempeño de la función empresarial no serán desproporcionados.

Es bien sabido que en la economía de mercado la creación de riqueza está felizmente en manos de los empresarios, mientras que la economía planificada comunista genera pobreza a raudales extinguiendo la actividad empresarial. Entre ambos paradigmas económicos se sitúa el socialismo democrático de nuestro tiempo magistralmente descrito por el profesor Jesús Huerta Soto como: “Todo sistema de agresión institucional y sistemática en contra del libre ejercicio de la función empresarial”.

El Gobierno español, seguramente sin haber leído dicha definición, no solo la aplica sino que además la predica en voz alta, con el matiz -para evitar ser tildados de comunistas- de que sus impedimentos no serán desproporcionados. Esta confesión de parte nos viene decir que no se trata de hacer imposible por completo la función empresarial, sino solo limitarla hasta que sea posible mantenerla con vida, aunque sea malamente. Menos mal que las empresas que han inventado, fabricado y distribuido la vacuna de la covid -de la que tanto presume Sánchez- no han podido ser obstaculizadas para evitar que las produjeran; al fin y al cabo estaban, felizmente, fuera del alcance de su política obstruccionista.

Entre los socialismos de nuestros días existen gradaciones: los de los países ricos son más amistosos con sus empresas que nuestro social-comunismo y por eso crean más riqueza y empleo. Veamos algunos ejemplos domésticos:

Según el Economic Freedom of the World, 2021 Annual Report del Fraser Institute, España ocupa la posición 96 en el mundo en legislación laboral y la 105 por el tamaño económico del estado, gracias al socialismo.

La estructura impositiva española, a diferencia de la de los países europeos más ricos castiga el trabajo, el ahorro y la inversión, a cambio de menores impuestos indirectos –IVA–, medioambientales y tasas fiscales.

La fiscalidad laboral de España -según la OCDE– es de un 33,9% sobre el coste laboral, un 40% más elevada que la media del 24,4%.

La proliferación normativa -obviamente obstaculizadora de la función empresarial- en España, siendo descomunal, crece sin cesar.

La unidad de mercado, un bien esencial para el desarrollo y expansión de las actividades económicas, ha devenido -gracias al social-nacionalismo- un reino de taifas con sus correspondientes “fielatos” políticos.

La innovación –“hija de la libertad y madre de la prosperidad”– sufre en España mas represión política que en los países que debiéramos imitar para bien.

Miremos ahora al país tecnológicamente más avanzado del mundo, con pleno empleo y más rico, EEUU, gracias a que el socialismo allí está entrando con retraso, al menos hasta ahora:

La renta per cápita de EEUU, que en 1970 era un 20% más elevada que la de la UE, es ahora un 54% superior.

La legislación laboral facilita enormemente la creación de puestos de trabajo, con unas cotizaciones empresariales a la seguridad social que son un 37% de las de la UE y un 27% de las españolas.

La innovación empresarial está a la orden del día en ausencia de “obstáculos proporcionados” y con ella la permanente renovación de sus tejidos productivos –ausente de Europa y España- y el cada vez mas incuestionable liderazgo mundial.

EEUU disfruta de un verdadero mercado único, algo inexistente en la UE y en la propia España, que catapulta el éxito y lo convierte en ecuménico.

Tres cuartas partes del capital riesgo de todo el mundo se invierte en EEUU.

El tándem Zapatero-Sánchez
Hasta principios de este siglo, España venía de converger en renta per cápita y empleo con la UE con un nivel de deuda moderado. Pero con la llegada al poder del socialismo del siglo XXI –Zapatero & Sánchez– y la puesta en marcha de sus obstáculos proporcionados a la función empresarial, los resultados obtenidos han sido desastrosos. He aquí un resumen de los mismos, como suma de los datos acumulados de los años de gobierno de ambos:

España, que en el último medio siglo –con la salvedad de la Transición que conllevó un retroceso del 7%– estuvo convergiendo con la renta per cápita media de la UE hasta alcanzar un 97,64% si sitúa ahora en el 85,41% -como en 1965– tras una caída “socialista” del 15,11%, parcialmente compensada por el gobierno de Rajoy.

Si a comienzos del siglo XXI la tasa española de desempleo se situaba en la media de la UE, con Zapatero se duplicó y aunque desde entonces ha descendido, sigue siendo el doble que la europea.

La deuda pública de principios de siglo se ha triplicado como % del PIB hasta alcanzar el nivel alcanzado al comenzar el siglo XX.

La relación causal entre los obstáculos socialistas al libre desempeño de la función empresarial y los pésimos resultados cosechados por su autores no ofrece dudas y sin embargo, como si se tratara de un juego infantil, en el Gobierno andan irresponsablemente enfrascados y disfrazados de buenos –menos obstáculos- y malos –más obstáculos- enemigos del desempeño empresarial, sin reparar en sus consecuencias para la creación de riqueza y empleo. Hasta que la sociedad se haga cargo de los estragos causados y vote en consecuencia.

Más impuestos: la brutal escalada recaudatoria de un Gobierno clientelar
El abuso de la plusvalía se suma a otras subidas de impuestos y precios para asfixiar a los hogares y las empresas, mientras el Gobierno presume de "social" sin serlo.
Editorial ESdiario  9 Noviembre 2021

El Consejo de Ministros aprobó el lunes, en una reunión anticipada por el festivo del martes en Madrid, el nuevo impuesto de la plusvalía, tumbado hace dos semanas por el Constitucional al considerarlo confiscatorio: para esto, al parecer, no importa "legislar en caliente", algo que se repudió hace apenas una semana tras el brutal crimen del niño Álex en Lardero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vanaglorió antes de su aprobación urgente en la clausura del Congreso del PSOE andaluz este fin de semana, sin ninguna autocrítica ni disculpa y, al contrario, presumiendo entre aplausos de su rapidez para restituir el “sablazo” que da a los Ayuntamientos entre 2.300 y 2.500 millones de euros cada año.

La nueva plusvalía permitirá al contribuyente elegir entre dos fórmulas cuando los alcaldes, en 6 meses máximo, adapten sus ordenanzas: bien fijando el pago con arreglo al valor catastral en el momento de la venta del inmueble; bien comparando el precio de venta con el de compra. En ambos casos, se paliará al menos el efecto más perverso de la anterior plusvalía: el abono de cantidades inmensas sin tener en cuenta la inexistencia de ganancia en la compraventa.

Sánchez falsea los datos: España ya paga más impuestos que Japón o Suecia

No obstante, sigue siendo un impuesto injusto, del mismo espíritu que Patrimonio o Sucesiones, porque grava doblemente al contribuyente: en una compraventa ya se tributa el dinero recibido en el IRPF; lo que convierte la plusvalía en un recargo injusto que permite a los Ayuntamientos crear y mantener a menudo estructuras municipales innecesarias.

No es solo la plusvalía: el sistema fiscal roza ya lo confiscatorio, y se suma al alza de los precios de casi todo para asfixiar a hogares y empresas

La plusvalía forma parte del mismo sistema tributario asfixiante para el contribuyente que eleva el esfuerzo fiscal de los españoles al TOP 5 mundial: lo que paga un ciudadano en España con arreglo a su renta supera a la práctica totalidad de los países europeos, incluyendo los escandinavos.

Y pese a ello, se ultima ya una reforma fiscal que elevará la carga aún más con la excusa de que se pagan menos impuestos que en Europa: el Gobierno hace esa cuenta, artera, alegando que la “presión fiscal” es hasta siete puntos inferior a la media de la Unión Europea.

Un infierno fiscal
En realidad, lo que es inferior es el número de contribuyentes por el paro desmedido y la economía sumergida, lo que hace que el porcentaje de la recaudación en el PIB sea menor que en Europa, aunque los contribuyentes activos paguen más que casi nadie.

Si a este abuso se le suma otros en marcha o a punto de aprobarse, con las cotizaciones, los peajes y la inflación a la cabeza; la conclusión no puede ser más inquietante: el Gobierno, en el peor momento económico posible para millones de hogares y empresas, se ha lanzado a una kamikaze escalada recaudatoria con la que mantener la ficción de su inexistente "escudo social" y pagarse su insoportable clientelismo.

Alternativa contra alternancia
LGI. https://gaceta.es 9 Noviembre 2021

Detectar todo aquello que está mal, estudiarlo en profundidad y ofrecer soluciones a los españoles, eso lo que consigue que un partido se constituya en alternativa de gobierno.

Vamos a los hechos. En las últimas semanas, VOX ha presentado tres trabajos de una dimensión desconocida hasta ahora en la batalla cultural en España y en la Iberosfera. El primero, el documental de la Fundación Disenso ‘Desenmascarando al Foro de Sao Paulo’ en la que voces relevantes del mundo hispano como María Corina Machado, Zoé Valdés, Eduardo Bolsonaro o Aldo Mariátegui, alertan de los métodos y la estructura de esa internacional castrochavista que ampara, alienta y financia con dinero de oscura procedencia y bajo la dirección de Cuba, el avance del comunismo en América Latina y en España.

El segundo, la Agenda España, una bateria descomunal de principios y medidas en defensa de los españoles normales frente a la Agenda 2030 de las oligarquías globalistas a las que está rendido —y vendido— el Gobierno socialcomunista. Y el tercero, la convocatoria, junto al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, del I Encuentro Frontera Sur en Canarias sobre inmigración ilegal y su íntima y peligrosa vinculación con el islamismo.

Ambas iniciativas de VOX, insistimos, desconocidas en la batalla de las últimas décadas contra la narrativa del consenso progre, inciden en el estudio de dos de los enemigos más feroces de la soberanía nacional y de nuestra identidad occidental y judeocristiana. Sólo la disección de las causas y de los efectos perversos de las descabelladas políticas migratorias y de las tácticas de contemporización con el monstruo comunista, permitirá a los españoles dotarse en un futuro, esperemos que próximo, de los instrumentos necesarios para frenar esta deriva hacia el empobrecimiento de España como nación.

Más hechos. En las mismas semanas en las que VOX se presenta como alternativa de gobierno, el Partido Popular malvive en una guerra civil intestina fruto de un choque de egos, ambiciones personales y oscuros movimientos de jefes de gabinetes de presidencia. Todo lo anterior mientras los barones regionales del PP coquetean con el socialismo, mendigan sel apoyo de la izquierda a sus presupuestos regionales o asisten con una sonrisa, como el presidente popular de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a convenciones socialistas promarroquíes en las que se insulta a cualquiera que se oponga al consenso progresista en materia de inmigración. El mismo consenso que llama «aliado y amigo» a un país que alienta un asalto a nuestra soberanía nacional.

Lo factual es que el Partido Popular ha vuelto a la táctica rajoyana de no hacer nada salvo desplazar un poco más el centro a la izquierda y esperar a que el socialismo haga lo que mejor sabe hacer: todo mal. Una táctica arriesgada hoy, en esta España fracturada, empobrecida, invadida y rehen de nacionalistas y comunistas, que no es la de tiempos de Zapatero cuando todavía podíamos malvivir de las rentas de la burbuja de los 90.

Los hechos confirman que el Partido Popular ha decidido que los límites de la batalla cultural contra la izquierda son las fronteras de su propio ombligo. Mala decisión de Casado y pésima decisión para Casado. España necesita con urgencia una alternativa, no una alternancia. Y eso también es un hecho.

La imperiosa necesidad de reducir el gasto público
José María Rotellar. okdiario 9 Noviembre 2021

Desde que Sánchez llegó al Gobierno y, especialmente, desde que formó uno de coalición con Podemos, su empeño en incrementar el gasto público es una cuestión que aparece en cada declaración gubernamental. Cuando gobernó con profusa utilización del real decreto, aprobó medidas que venían a suponer casi 10.000 millones de euros de manera estructural, en aquello que el Ejecutivo llamó los viernes sociales y la oposición bautizó como viernes electorales, pues fueron decisiones tomadas con carácter previo a la celebración de las elecciones de abril de 2019, una vez ya convocadas las mismas.

Entonces, paralelamente, se recordó que España haría bien en no incrementar su gasto y que, además, debería reducirlo. La propia Comisión Europea le pidió al Gobierno español que redujese el déficit estructural en 0,65 puntos sobre el PIB, es decir, en 7.826 millones de euros, porque le preocupaba el mantenimiento de ese componente estructural cuando se llegase a una situación de intensa caída del ciclo económico, donde la coyuntura ya no permitiría mitigar tanto el desequilibrio presupuestario. Nada de eso hizo España; si en 2019 se contuvo algo el gasto se debió a que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) le fue devuelto al Gobierno en febrero de 2019 al aprobarse la enmienda a la totalidad, de devolución al Ejecutivo.

Una vez que ganó las elecciones en abril de 2019, a los pocos días envió a Bruselas la actualización del plan de estabilidad, donde insistía en que su objetivo sería aplicar las medidas de subidas de impuestos e incremento de gasto recogidas en su fallido proyecto de presupuestos. Bruselas, entonces, ya alertó de que el gasto crecería más que lo reflejado por el Gobierno y que la recaudación, por el contrario, no aumentaría tanto, motivo por el que solicitaba ajustes.

Y así, gobernando todavía con la prórroga presupuestaria de los PGE de 2018 -del Gobierno del PP- continuó el Ejecutivo de Sánchez, exponiendo su deseo de aumentar gasto e impuestos, aunque no lo hubiese podido concretar del todo hasta el momento, más allá de algunas medidas peligrosas por el lado del gasto y absurdas por el lado de los impuestos, mientras la economía se ralentizaba de manera, cada vez, más intensa.

Tras este itinerario, al desatarse la crisis económica derivada del coronavirus, el Gobierno sólo supo reaccionar con propuestas de más gasto y más impuestos, cuando, por el lado del gasto la economía no soporta ya más que siga creciendo el mismo, pues el déficit se torna en inviable, y por el lado de los ingresos supondría aplicar una política fiscal muy contractiva, que perjudicaría mucho al poder adquisitivo de los ciudadanos y que haría caer más todavía la producción y el empleo.

A comienzos de mayo de 2020 la vicepresidenta Calviño y la ministra de Hacienda -Montero- presentaron la actualización del programa de estabilidad enviado a Bruselas el último día de abril. En él, se veía ya un deterioro muy importante tanto de la actividad económica y del empleo como de las cuentas públicas españolas. Así, el Gobierno preveía que el PIB todavía estuviese en el IVTR-2021 casi seis puntos por debajo del nivel que había alcanzado en 2019, además con un elevado desempleo, cosa que, pese al fuerte rebote en el corto plazo, parece confirmarse en la perspectiva de final de año desde los diez meses y medio que ya llevamos consumidos de 2021.

Esa caída de la actividad y del empleo tuvo su lógica repercusión sobre la recaudación, que descendió en los impuestos indirectos y se mantuvo algo más en el IRPF debido a los ERTE. Por tanto, déficit y deuda se han ido incrementando, aunque sólo fuese por el juego de los estabilizadores automáticos (más gasto por prestaciones por desempleo y menos ingresos por caída de actividad económica). Eso nos lleva a un déficit público casi del 11% del PIB en 2020 -el impacto extraordinario de la reclasificación de la deuda de la SAREB aportó alrededor de un punto, con un incremento brutal del gasto público en 54.765 millones, que hizo escalar el peso del gasto público sobre el PIB casi diez puntos, hasta el 51,5%, mientras los ingresos cayeron en 25.711 millones de euros, con un descenso del 5,3%.

Pues bien, sobre ese escenario ya de por sí sombrío, en lugar de tratar de que su efecto sólo tuviese impacto en 2020, por las medidas excepcionales adoptadas y el juego de los estabilizadores automáticos, el Gobierno no ha dejado de incrementar el gasto estructural -como el del ingreso mínimo vital, que debería haberse quedado en algo temporal, no permanente como lo aprobaron- y que ahora quiere seguir aumentando en los estos presupuestos de 2022.

Eso ha llevado a que el déficit, tras reducirse de manera clara, hasta el equilibrio presupuestario, en la era de Aznar, que dejó el impulso de la inercia que permitió conseguir los primeros saldos positivos, ahora haya vuelto a los niveles en el que lo dejó Zapatero, con un componente negativo estructural mucho más elevado, justo lo contrario de lo que demanda la Comisión Europea.

El objetivo del Gobierno siempre ha sido incrementar el gasto, y es lo que ahora, tras la pandemia, quiere consolidar crónica y estructuralmente. España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. El problema sanitario no ha sido por falta de gasto, sino por mala gestión al no anticiparse con medidas tempranas que hubiesen evitado el colapso de la sanidad y que habría permitido no tener que adoptar medidas económicas tan duras como las que hemos sufrido. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible, especialmente los directos y las cotizaciones sociales, aunque fuese a costa de redefinir con los indirectos el mix impositivo, que son mucho más neutrales para la actividad económica. Nadie discute el gasto coyuntural derivado de la pandemia, pero sí el hecho de que se esté convirtiendo el grueso del mismo en estructural, ahora acompañado de múltiples cheques a los jóvenes con los que se les convertirá en personas subsidiadas en lugar de abrirles el camino de las oportunidades para un buen desarrollo profesional por ellos mismos, sin que dependan de nadie.

Sin embargo, Sánchez parece apostar por todo lo contrario: subir el gasto -en contra de la recomendación de todas las instituciones nacionales e internacionales, que piden un reequilibrio de las cuentas públicas en cuanto pase el efecto de gasto motivado por la pandemia- e incrementar impuestos directos -a diferencia de lo que hacen Alemania e Italia, que van a aplicar cuantiosas rebajas en el IRPF-. España no puede subir el gasto, porque no tiene margen para ello, y una subida de los impuestos directos sólo agravará el problema, porque hundirá más la economía y el empleo y, con ello, la recaudación. El “gastar, gastar y gastar” que enfatizó el Gobierno en su momento, supone ruina, ruina y más ruina.

No puede ser que siempre que hay un problema económico el Gobierno mire sólo hacia el lado de los ingresos. El Ejecutivo, y toda la sociedad, debería mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel del mismo que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese “gasto, gasto y gasto” se traduce por “impuestos, impuestos e impuestos”, y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecerá a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio.

Por ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda, del entorno del 120% del PIB, hay que reducir gasto. No es una elección, sino una imperiosa necesidad que habrá que hacer más temprano que tarde y que cuanto más se retrase, más recorte supondrá, de una manera más dura y, posiblemente, entonces, vendrá ordenado desde fuera, en cuanto vuelvan a activarse las reglas fiscales. Nuestra estructura económica no soporta este nivel de gasto, y si queremos recuperarnos no se pueden subir los impuestos, especialmente los directos. Si no somos capaces de darnos cuenta de esto y el Gobierno se empeña en su error, el estancamiento de nuestra economía, desde el nivel de empobrecimiento de estos años, puede durar mucho tiempo, aunque ahora el rebote a corto plazo -rebote ya atenuado, como vemos a través del INE- nos oculte, en parte, el problema, que está ahí y cada día más enquistado.

Bruselas amenaza con cerrarnos el grifo de la deuda
editorial. OKDIARIO 9 Noviembre 2021

Es cierto que el Ejecutivo socialcomunista contará por tercer año consecutivo con la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea mantiene con el fin de permitir a los Gobiernos de los estados miembros un mayor gasto público con el que hacer frente a la crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia de Covid-19 e impulsar la recuperación. Todo eso es así, pero no lo es menos que la UE mantiene una estrecha vigilancia sobre las cuentas públicas de España, que es la nación con mayor volumen de déficit público de toda la UE y la cuarta con una deuda más elevada. La receta que el Ejecutivo de Sánchez ha prometido a Bruselas aplicar para solucionar el problema es sencilla: reducir el déficit por la vía de subir los impuestos, pero ese mensaje no ha colado. Y es que los altos niveles de déficit y de deuda de España preocupan en la UE.

La advertencia por parte de las autoridades comunitarias es cristalina, como informa OKDIARIO: si el déficit público español sigue desbocado, lo que no va a hacer el BCE en ningún caso es seguir comprando nuestra deuda eternamente, porque eso sería contribuir al derroche del gasto, algo que naciones como Alemania, Austria, Holanda, Suecia o Dinamarca no van a permitir. Estos países ya han advertido de que no van a sufragar la ‘fiesta’ y que la primera condición es que España se aplique las mismas recetas de austeridad que se aplicaron ellos, de modo que si Sánchez no ataja el déficit, el Banco Central Europeo nos irá cerrando el grifo de la deuda. Y si eso ocurre, España va a tener un problema descomunal. Porque es verdad que la pandemia ha hecho un roto a todas las economías comunitarias, pero no lo es menos que nuestro país, a diferencia de otros, se ha dedicado a gastar como si no hubiera un mañana a cuenta de las ayudas del fondo de rescate. Y eso en Bruselas no cuela. Cuando te enseñan una tarjeta amarilla y constatan que no hay propósito de enmienda, las consecuencias pueden ser fatales.

El dinero de Europa, al servicio de Sánchez
Editorial La Razón 9 Noviembre 2021

Era mucho esperar de un Gobierno sostenido por la izquierda que escapara a la tentación del uso clientelar de los fondos de reconstrucción europeos. En este sentido, las señales que venían de La Moncloa eran claras. Ni verdaderos mecanismos de transparencia en la elección de los proyectos, ni criterios acordados con la oposición y las comunidades autónomas sobre su distribución territorial ni, mucho menos, guías públicas generales con las condiciones de acceso a la financiación de las empresas concernidas. Pero, con todo, sí cabía esperar del Gobierno algo de contención, aunque sólo fuera porque en el seno de la UE figuran algunos países, los que tienen las economías más sólidas, en los que el manejo político del dinero de los ciudadanos está sometido a unos procedimientos de supervisión institucional que dificulta su mal uso.

De ahí, que la pretensión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de condicionar la llegada de las ayudas europeas a que las distintas comunidades destinen una parte a sufragar y mantener unas llamadas «oficinas de igualdad» provinciales no sólo nos parezca que está absolutamente fuera de razón, sino que puede convertirse en la excusa plausible que buscan esos «países frugales» para imponer condiciones adicionales a la entrega del dinero acordado.

Porque no hablamos de instaurar mecanismos de protección de los derechos de la mujeres, que ya existen en España, además, en los tres niveles de la Administración, sino de una medida populista, marcada ideológicamente y que busca réditos electorales entre aquellos sectores feministas radicales que, hasta ahora, escapan a la órbita del PSOE. No es sólo un desideratum, que acarreará un gasto público completamente innecesario, sino que envía a la opinión pública el mensaje demoledor de que todos los grandes anuncios sobre la trascendencia de unos fondos que habrían de hacer de España una de las sociedades más avanzadas en el campo de las tecnologías de la comunicación y de la nueva economía electrónica, no eran más que burda propaganda.

No es, por supuesto, lo que esperaba la sociedad española de unas inversiones europeas que, por otra parte, el Gobierno nos ha vendido como el bálsamo de Fierabrás de todos nuestros desequilibrios financieros. No. Lo que España necesita es unos gestores capaces de identificar dónde están las fortalezas tecnológicas de nuestra economía, para potenciarlas, y dónde es preciso invertir para que el tejido empresarial sea capaz de competir en los mercados internacionales con otras armas que no sean los bajos salarios. El dinero de Europa no puede estar al servicio electoral de Pedro Sánchez, por más que se disfrace de supuestos derechos sociales, sino del interés general de los españoles, que no pasa por erigir nuevos monumentos onerosos a la burocracia pública.

O sube el pan o sube VOX
José Muñoz Clares. Periodista Digital 6 Noviembre 2021

Depende de quién hable: si el perro habla sube el pan, la electricidad, los impuestos, los beneficios de la banca vampira o cualquier otra cosa que no queremos que suba. Para que suba VOX basta con que hable Casado, que dormita convencido de que le basta esperar para que la cuadrilla infame que ocupa el poder caiga y luego él recoja los frutos como el PNV, esa derechona supremacista y casposa, recogió durante décadas la cosecha que ETA sembraba y regaba con sangre. Por no hablar de esa otra derechona catalana, racista y hedionda, estructurada en torno al enano corrupto, que se va a morir sin que lo veamos afrentado ante un tribunal de justicia.

Casado, el amigo de la espera, no ha aprendido aún que uno espera y espera y puede que no le entre nada mientras otros, mejor situados y más hábiles, le pueden estar robando la presa y haciéndole la cama en la que políticamente morirá si no se enmienda ya y a fondo.

Dicen las encuestas que el PP baja y el psoe se mantiene mientras que VOX sube. Cada vez que Casado mete la pata Vox sube. El espectáculo que ha dado yéndose de cena con sus diputados ni Sánchez lo hizo mejor en el aquelarre que montó con los figurones de González y Guerra tragándose en público lo que en público habían sostenido. ¿Es de ellos de quien ha aprendido perro a mentir? ¿Y el espectáculo del intento de laminar a Ayuso cuando la pudo llevar como vicepresidenta y arrasar? ¿O es que los pecholobos peperos no han acabado de digerir la emergencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida?

Si la crisis devastadora que viene acaba estallando la gente, desesperada y harta de ver a Casado en el diván de la gloria venidera e incierta mientras el facineroso del Falcon y el helicóptero nos sigue hundiendo en la miseria, acabará echándose en los brazos electorales de los únicos que le pueden echar la pata por alto a un PP que se desentiende de su pasado corrupto, el lastre más pesado de su credibilidad. Cuando lo arreglen para siempre -mirando a Merkel- empezaremos a hablar de sus torpezas. Mientras tanto, soga corta y vara larga.

De la otra fuerza entre liberal y conservadora, Cs, no cabe esperar más que una representación numantina y exigua gracias a la traición de Inés Arrimadas, que empezó por Murcia pero estaba planeada a muy largo alcance. Nos libramos por los pelos de que psoe y podemos, con la inestimable ayuda de Inés, consolidaran la pesadilla de cuatro años más. El término inestimable define la situación: inés, por un lado, y timable por otro. ¿O es que pensaba Inés que de su sórdida alianza con el psoe iba a salir indemne sin llevarse por delante a su partido? ¿Creía que los facinerosos socialmemócratas no la iban a timar, como han hecho, echándola a los leones que ella no quiere ver? Porque esa gentuza no tenía ni tiene nada que perder. Mentirosos compulsivos, derrochadores, ineptos, iletrados, puteros cuando ha hecho falta, con la sentencia de los ERE andaluces colgándole de la solapa y toda una historia de corrupción consolidada ¿iban a dejar de utilizarla para sus fines?

Nicaragua y los revolucionarios por cuenta ajena del Gobierno del Reino de España
EDITORIAL. Libertad Digital 9 Noviembre 2021

Nicaragua es sólo un trágico ejemplo más de la devastación que producen una ideología y una manera de gobernar que, para imperdonable vergüenza de Pedro Sánchez Castejón, defiende y promueve buena parte del Gobierno del Reino de España.

Como estaba dictado, la farsa electoral orquestada por el tirano Daniel Ortega ha desembocado en una victoria abrumadora del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de facto el único partido que queda en Nicaragua.

El régimen ha encarcelado a los líderes opositores, ilegalizado tres partidos y vetado la presencia de observadores dignos de tal nombre. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea (UE) han afirmado que la votación del domingo no reunió las mínimas garantías democráticas. Las principales cancillerías occidentales han condenado asimismo la burla sandinista y el presidente de EEUU, Joe Biden, ha llegado a hablar de "pantomima electoral".

Cuando aumenta el rechazo entre la población, criminales los que detentan el poder en Nicaragua no hacen sino redoblar la represión. Como su semejante Nicolás Maduro, Daniel Ortega se ha lanzado a la persecución o al asesinato terrorista de disidentes, a la demolición de las instituciones y a la manipulación de los procesos electorales, al tiempo que enriquece obscenamente a sus secuaces mientras sume en la miseria a la inmensa mayoría de la población.

Como el comunismo del S. XX, el socialismo del siglo XXI utiliza el crimen y la miseria como elementos de sometimiento y corrompe profundamente tantos las instituciones como las sociedades en las que medra. Nicaragua es sólo un trágico ejemplo más de la devastación que producen una ideología y una manera de gobernar que, para imperdonable vergüenza de Pedro Sánchez Castejón, defiende y promueve buena parte del Gobierno del Reino de España, empezando por la glamurosa revolucionaria por cuenta ajena Yolanda Díaz, que jamás tendrá la decencia de vivir como predica.

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El secreto del cupo
Cristina Losada. Libertad Digital 9 Noviembre 2021

El partido Podemos se ha sumado a la tendencia, que inició el valenciano Ximo Puig, de acusar a Madrid de toda una serie de perversiones fiscales, y sus portavoces anunciaron que presentarán una enmienda a los Presupuestos para acabar con lo que llaman su "dumping fiscal". Así lo llama ya todo el mundo, con lo que los muñidores de esta intensa campaña contra los impuestos bajos pueden anotarse un primer triunfo político: en el lenguaje van ganando.

Son muchos los que se han apuntado a la indignación contra la política fiscal de la comunidad madrileña, aunque la adhesión más sorprendente fue la de Urkullu el otro día. ¿No era más sensato quedarse al margen de esta polémica? En materia de fiscalidad autonómica, un presidente vasco lo mejor que puede hacer es callar, seguir aprovechando las ventajas del régimen foral sin dar la nota y continuar pactando el cupo con el secretismo habitual.

Como Urkullu metió el remo, a Podemos le han preguntado por el cupo. Oigan, ¿y eso qué? Ah, eso no se toca. No lo dijeron así, sino peor. Dijeron que no se pueden hacer comparaciones y que son planos distintos. Claro que son distintos. Pero claro que se pueden hacer comparaciones. Otra cosa es que Podemos no quiera entrar ni por un segundo en este oscuro asunto. Querrán cambiar la Constitución del 78 de cabo a rabo, pero el régimen foral, una herencia de las guerras carlistas que hace de España el único país donde el Gobierno central no puede recaudar impuestos en una parte de su territorio, eso lo consideran intocable. Luego van de anti-establishment.

En el blindaje del cupo los podemitas están muy acompañados. Hace cuatro años se aprobó de forma exprés su renovación por un quinquenio, y en el debate en el Congreso se armó un acuerdo asombrosamente transversal en su defensa. No hay ningún otro asunto sobre el que exista más consenso en la política española. El PSOE y el PP, el infausto bipartidismo al que tanto atacaba Podemos, está en que no se toque. El PNV, no hace falta decirlo. El separatismo catalán, como un solo hombre. En aquella ocasión, noviembre de 2017, sólo hubo dos disidentes, Compromís y Ciudadanos. De hecho, la sesión fue una sucesión de rapapolvos y diatribas contra el único partido nacional –Ciudadanos– que se resistía a suscribir este singular consenso.

El secreto del insólito frente unido del cupo lo desvelaría Maroto, del PP, en aquel entonces, cuando dijo que por su posición contraria a ese privilegio Ciudadanos sólo había durado "un cuarto de hora" en el País Vasco. Tres años después, Ciudadanos reculaba un tanto, a fin de firmar un acuerdo con el PP para concurrir juntos a las elecciones vascas. Pero la cuestión es que si no apoyas el cupo y su cálculo, que se realiza con la más absoluta falta de transparencia, no tienes nada que hacer electoralmente en aquel territorio. De ahí esta rara unanimidad. En cambio, atacar a Madrid por bajar impuestos tiene más ventajas que inconvenientes. Perjudicará en la propia autonomía, pero en el resto no. Y es que, en términos generales, lo que gusta no es imitar a aquellos que bajan impuestos: es prohibirles que los reduzcan.

El PP se la juega
Jorge Vilches. vozpopuli.es.  9 Noviembre 2021

Si el PP de Casado no es capaz de sostener la promesa de devolver la independencia al poder judicial habrá fallado a su electorado de una forma irreversible. No es posible seguir sosteniendo que el sanchismo tiene un alma totalitaria que nos está despeñando por el precipicio del autoritarismo y, al tiempo, pactar con este PSOE los nombres de los vocales del CGPJ.

Un pacto así, sin contrapartida democrática, sería la debacle electoral del PP. Ya no estamos en los tiempos del bipartidismo imperfecto en el que no había alternativa a los dos grandes partidos salvo reductos testimoniales y de protesta. Si los populares fallan el mercado político tiene otras ofertas. Esto debería ser primordial para Génova, muy por encima de supuestos “centrismos” y de trasladar una imagen de negociador moderado.

El electorado del centro-derecha está deseando creer que existe una alternativa a Pedro Sánchez que rectifique estos años de voracidad fiscal, menoscabo del Estado de Derecho, destrucción del proyecto nacional, y de desprecio a los derechos individuales, a las Cortes y a la separación de poderes.

La ansiedad de los sanchistas por renovar cuanto antes a los miembros del CGPJ es una alerta para cualquiera que quiera defender la democracia liberal. Hemos leído y oído durante estos años proyectos de renovación y elección de dichos vocales que eran propios de regímenes autoritarios. Las propuestas de designación por mayoría simple o por la mayoría de grupos parlamentarios, como sostuvieron el PSOE, Podemos y sus terminales periodísticas, eran un insulto a la inteligencia. Si esos proyectos hubieran salido de la derecha española, hubieran sido tildados de “fascistas” por los mismos izquierdistas que los defendieron.

Teniendo en cuenta que los socialistas sostienen su Gobierno en alianza con los filoetarras, los golpistas catalanes y los comunistas, odiadores profesionales de la libertad, el PP tiene que arrancar un acuerdo sólido. Esto, además, hará olvidar o dejar en un segundo plano el triste espectáculo de la batalla de los populares en Madrid.

El PP de Casado debe sacar al Gobierno un proyecto de ley que devuelva a los jueces la elección de los vocales del CGPJ. Si al tiempo quieren negociar una transición es admisible, pero el horizonte ha de ser la independencia. Ya no se trata solamente de una cuestión electoral, de no traicionar una promesa, ni siquiera de difuminar la esencia liberal del partido, sino de hacer un servicio a la democracia en plena crisis política. Esa es la responsabilidad de las élites, verdadero sustento de cualquier sistema representativo.

No cabe una distinción de poderes, que es lo han mantenido en el pasado el PSOE y el PP, sino que es precisa una verdadera separación justo cuando el pulso al Estado democrático de Derecho es tan evidente. Ningún juez debe actuar como un político ni seguir un dictado partidista, del mismo modo que no es admisible que un diputado actúe como juez.

La salud pública, como se está viendo en los casos de Grande Marlaska y Dolores Delgado, aconseja que no existan puertas giratorias entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. De no establecer un sistema de incompatibilidades, sí debería existir por precaución un tiempo entre el desempeño de cargos. Es decir; un juez no puede ser ministro y al día siguiente ser fiscal, por ejemplo, sin que medie un plazo largo, quizá de años.

La Unión Europea, mecanismo insaciable de intervencionismo y de intromisión en la vida privada, aconseja la separación de poderes. Incluso ha amenazado a Polonia porque su Gobierno se empeña en tener a su servicio al Tribunal Constitucional, que no es poder judicial sino un órgano vigilante. Este principio de salud democrática es el mismo que defiende la mayoría de la Carrera Judicial, de sus asociaciones y jueces. Es más que evidente, por tanto, que es un camino equivocado dar rienda suelta a la vocación autoritaria de los socialistas.

La propuesta legislativa del Gobierno, que ahora el PP de Casado quiere forzar para dar pasos en la renovación del CGPJ, debería estar en el primer semestre de 2022. Su discusión y trámite parlamentario no deben interferir con los procesos electorales de 2023. De no ser así, si el sanchismo se retrasa o resiste, los populares tienen que adelantarse y presentar su proposición, bien construída, dialogada con los jueces, y con el respaldo de los grupos parlamentarios europeos. Es una cuestión de solidez y madurez, de responder a la necesidad de que el centro-derecha cuente con una esperanza.

Esta es la manera de tener la iniciativa, de llenar las portadas y los informativos con noticias positivas. Es preciso tener un protagonismo proactivo que se adelante al Gobierno. Eso es hacer oposición con ambición de llegar a La Moncloa.

Crítica destructiva
¿Quién va a criticar un pacto para renovar el CGPJ a cambio de devolver por ley la independencia al poder judicial? Lo harán los populistas de izquierdas, que quieren asumir todos los poderes para la “transformación social”, vamos, lo que siempre se ha llamado dictadura. A esto se sumarán los nacional-populistas de todo pelaje y condición, aunque con argumentos distintos. Unos dirán que así se demuestra que no hay diferencia entre el PSOE y el PP, y otros dirán que el Estado solo quiere impedir la expresión democrática del independentismo.

El PP no debe asustarse por esto, porque tanto unos como otros viven de la crítica destructiva y demagógica. La tarea ahora de los populares es avanzar en la recuperación de la democracia, asegurar sus instituciones, y luego, responder al deseo de sus electores y cumplir sus promesas.

Las víctimas del terrorismo, tras la misión de la UE: dudas y confianza
C. S. Macías. larazon 9 Noviembre 2021

La delegación de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo que durante tres días mantuvo diferentes encuentros con víctimas, miembros de la Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el Defensor del Pueblo en busca de respuestas para intentar comprender por qué hay hasta 379 crímenes de ETA sin resolver elaborará un documento con las conclusiones antes de tres meses. El informe, que se va a debatir y votar, se adoptará en el seno de la comisión y será público.

En dichas conclusiones reiterarán que, junto con las víctimas, piden «memoria, dignidad, justicia y que reine la verdad», ya que los derechos de las víctimas «han sido pisoteados».

A pesar de la buena voluntad de la misión, las víctimas del terrorismo se mantiene expectantes con esas conclusiones que no saben si podrá servir para resolver esos crímenes sin autor.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez asegura: «Les voy a dar una oportunidad». Sin embargo, subraya que si no crean una comisión de «juristas expertos» para ver si ha habido una «investigación efectiva», sería lo único importante que serviría. «Si lo hacen así, voy a aplaudir». Ordóñez recuerda que «si no van a ir sumario por sumario, no servirá de nada» porque con ello, la víctima podría poner una denuncia al Tribunal Europeo que abriría una puerta a poder revertir todo», apunta. Sabe que «si han pasado 40 años es imposible probar nada» pero subraya que «documentar la verdad es importante» y recuerda que las investigaciones de esos asesinatos sin resolver «las hemos promovido las víctimas» al tiempo que critica que sobre las causas de atentados en las que hubo heridos «no se ha investigado nada». Y es que la presidenta de Covite no pide empezar por los primeros casos, sino que les insta a comenzar «por la última década» donde aún, sin prescribir, hay casos sin resolver; «empezando por el último», el de Palmanova.

Para Dignidad y Justicia, peticionaria de la misión europea la visita «supone una inyección de moral a todas las familias de ETA con los casos sin resolver». El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero destaca que «es un paso más para acabar con la impunidad de ETA y sus derivaciones políticas-Bildu». «Confiamos» que, dentro de tres meses, en el Comité de Peticiones «se redacte un informe en el que pida a España y, principalmente a la Justicia, que estudie otras vías de resolución de los asesinatos ya que, como hemos explicado durante la misión –existe un tipo de autoría penal–

Y es que Portero insiste en que detrás del autor o autoría mediata por dominio de la organización es posible que pudiera resolverse hasta 65 asesinatos de los 376 impunes. «Los jefes de ETA pudieron evitar los atentados y no lo hicieron y por ello son también responsables».

Por otro lado, pide al Comité «que sugiera al Gobierno España que no beneficie penitenciariamente a los asesinos sin que antes hayan colaborado para esclarecer otros asesinatos», recordando que se han acercado al País Vasco a terroristas «con mucha información de asesinatos sin resolver sin pedirles nada a cambio». También espera que propongan a Europa que sugiera a España que en cualquier modificación de grado penitenciario sea exigible la colaboración expresa con la justicia para esclarecer los asesinatos sin resolver». –Hoy día solo se exige colaboración del segundo a tercer grado y también a libertad condicional. Pero no se exige del primer a segundo grado-.

Desde la AVT, advierten de que las víctimas pueden caer en una «falsa expectativa», «como si esa delegación viniera a España a resolver los casos pendientes de esclarecer cuando no es cierto. No tienen competencias para investigar nada ni potestad para reclamar ningún tipo de información a las instituciones», apuntan. Además, creen que «un caso sin resolver no necesariamente es un error del sistema o un incumplimiento de la obligación del Estado de investigar los crímenes» porque «llegar a esta conclusión es simplificar la cuestión».

Desde Acvot, su presidente, José Vargas se alegra de que viniera para valorar el abondo del Estado hacia las víctimas, pero «también hemos estado abandonadas por Europa». «No espero gran cosa de las resoluciones que adopten porque cualquier iniciativa chocará con los intereses que tiene el Gobierno con los terroristas y no moverá una ceja para dar cumplimiento a lo que les encomienden». Cree por tanto que la visita se enmarca en una «venta de humo».

Un deber de justicia
Cayetano González. Libertad Digital 9 Noviembre 2021

De este Gobierno lo único que se puede esperar es que siga blanqueando a ETA y a sus herederos políticos.

Las víctimas del terrorismo resumieron hace tiempo en tres palabras sus reivindicaciones ante los poderes públicos y ante la sociedad: Memoria, Dignidad y Justicia. Ni más ni menos.

La pasada semana visitó nuestro país una delegación del Parlamento Europeo para investigar las razones por las que todavía hay 376 crímenes de ETA sin esclarecer. Causa estupor, y desde luego mucha pena, que tengan que venir de fuera para preguntar e interesarse por algo que debería ser una prioridad de nuestros gobernantes. Pero ¿qué se puede esperar de un Gobierno que pacta con los herederos políticos de ETA, que considera a Bildu un partido más, con el que se puede hablar de todo, negociar los Presupuestos y recibir su apoyo para sacarlos adelante?

Por eso, como mal menor –pero insisto que, con mucho pesar–, bienvenida sea toda la ayuda e impulso político que se pueda prestar para esclarecer esos 367 crímenes de ETA. Se lo debemos fundamentalmente a los familiares de las víctimas de esos asesinatos. Es, sin duda, un deber de justicia.

En este sentido, es encomiable la labor que llevan a cabo diversas asociaciones de víctimas. La solicitud de que viniera la delegación del Parlamento Europeo partió de Dignidad y Justicia, que preside el infatigable Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en el portal de su casa de Granada el 9 de octubre de 2000. También es digna de elogio la labor desarrollada por Maite Pagazaurtundúa, víctima también del terrorismo –a su hermano Joseba ETA lo asesinó en Andoáin el 8 de febrero de 2003– y actualmente eurodiputada por Ciudadanos.

De vez en cuando, desde algunos sectores sociales se plantea a las víctimas del terrorismo el debate de si deben perdonar a los asesinos de sus seres queridos. Una cuestión muy delicada, porque el perdón es algo muy personal, que afecta a la conciencia de cada uno, y que por lo tanto no se puede plantear de una forma genérica. Pero, en cualquier caso, para que el perdón tenga un sólido fundamento es imprescindible que antes haya justicia. Y en el caso de estos 376 crímenes de ETA sin resolver es evidente que todavía no la ha habido.

Según algunas informaciones que se han filtrado, al parecer los europarlamentarios que visitaron nuestro país mostraron su sorpresa cuando algunos de sus interlocutores les confirmaron que gran parte de los presos etarras a los que este Gobierno ha acercado a cárceles vascas o próximas al País Vasco y han disfrutado de beneficios penitenciarios no han colaborado con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes de resolver.

Como a veces una imagen vale más que mil palabras, habría que haber visto cómo la cara de los eurodiputados –la delegación la presidía la francesa Agnès Evren– cuando Daniel Portero les formuló la siguiente pregunta: ¿se imaginan ustedes un homenaje a los autores de la matanza de la sala Bataclan tras cumplir sus condenas?

Pues esos homenajes, esos ongi-etorri, se producen en el País Vasco, para vergüenza y humillación de todas las víctimas del terrorismo. Y se producen por la pasividad del Gobierno y también de los jueces que los permiten, sin tener en cuenta la agresión a la memoria y a la dignidad de las víctimas que suponen.

Como de este Gobierno lo único que se puede esperar es que siga blanqueando a ETA y a sus herederos políticos, y, qué vergüenza, que los militantes y votantes del PSOE no se rebelen contra esta inmoralidad, habrá que aceptar todas las ayudas que vengan de fuera.

Tras los golpistas presos, la guerra de la 'llengua'
Pablo Planas. Libertad Digital 9 Noviembre 2021

La nueva causa es la lengua, un asunto viejo pero que el separatismo retoma con nuevos bríos. El catalán son los nuevos 'presos políticos'.

Aún está por escribir la verdadera historia de los golpistas en las cárceles catalanas. Como es sabido, la Generalidad dispone de la competencia en materia de prisiones, que se ejerce a través de la Consejería de Justicia. Dicha consejería estaba en manos de ERC cuando los líderes separatistas condenados por el golpe de Estado de 2017 cumplían condena repartidos en tres prisiones de la región. Los hombres, en la cárcel de Lledoners, también llamada Gran Hotel Lledoners; Dolors Bassa, en un centro cercano a Figueras, Puig de les Basses, y Carme Forcadell, primero en Mas d'Enric, cerca de Tarragona, y después en la penitenciaría de mujeres barcelonesa de Wad-Ras.

En esas cárceles, directores y funcionarios de mayor rango dependían de la Consejería de Justicia, que es quien los nombra y los cesa. También dependen de tal departamento los miembros de las juntas de tratamiento, responsables de permisos y grados penitenciarios. Dada la estructura administrativa, el futuro de todas esas gentes estaba y está en manos en última instancia de lo que digan personajes como Oriol Junqueras (líder de ERC) o Jordi Sànchez, secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), que es el partido que dispone ahora de la Consejería de Justicia.

No es difícil inferir que si el director de la cárcel de Lledoners estaba a las órdenes de ERC, el partido de los expresos Junqueras y Romeva, estos debían de disfrutar de unas condiciones y unos privilegios que no estaban al alcance del común de los reclusos; es obvio que además disfrutaban de más permisos y que fueron calificados aptos para salir a trabajar fuera de la cárcel antes que otros presos. ¿Prevaricación? Y lo siguiente. Por no hablar de los indultos.

A pesar del contexto y el ambiente, el separatismo hizo de los golpistas presos una especie de héroes encerrados en lúgubres mazmorras a pan y agua. Como primera providencia, les concedió la etiqueta de presos políticos. Que esos supuestos presos políticos estuvieran en cárceles de la Generalidad no suponía para los separatistas ninguna contradicción. El mismo Quim Torra, que era el responsable último de los carceleros, el dueño de las llaves de las celdas, también era el primero en bramar por las esquinas exigiendo la libertad de sus colegas.

No debió de ser fácil para los funcionarios de prisiones lidiar con esos reclusos de tanto peso. El periodista independentista Quico Sallés refiere en el digital El Món una anécdota extraída de un libro de Jordi Cuixart (el que dice que lo volverá a hacer) sobre su estancia en prisión. Cuixart llega diez minutos tarde de un permiso y un funcionario muestra su malestar con el preso:

"Vuestra prisión es injusta, pero yo debo cumplir lo que dicen la ley y las órdenes", le echó en cara el funcionario. "¿Siempre?", respondió Cuixart. "Claro, siempre", replicó el funcionario. "¿Aunque consideres que la orden es injusta?", rebatió Cuixart. "Sí, siempre", concluyó el funcionario. "¿Y si la orden es que me tienes que matar?", insistió Cuixart.

Según relata Sallés, este peculiar personaje dice que en ese momento se hizo el silencio. Y añade el periodista:

Con este ejemplo, Cuixart quiere poner de manifiesto el poder de la protesta y la capacidad de transformación a través de la acción no violenta de desenmascarar la obediencia banal a las leyes que amordazan.

Es tan solo un ejemplo –y menor– de las estupideces, impertinencias y mamarrachadas que debieron aguantar los funcionarios de prisiones con los denominados "presos políticos". Indultados y en la calle desde el pasado junio, el caso de estos sujetos anima a los independentistas a preparar la siguiente asonada, toda vez que las consecuencias penales no son precisamente disuasorias. Para lo que no sirven ya los condenados por sedición y malversación es para mantener viva la movilización. Su peripecia no da más de sí. De ahí que el independentismo haya buscado otro banderín de enganche, otra batalla que librar contra la malvada España.

La nueva causa es la lengua, un asunto viejo pero que el separatismo retoma con nuevos bríos. El catalán son los nuevos presos políticos. Lo acaba de explicar la presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) en Crónica Global:

Lo que ocurre con la lengua catalana es que sustituye a los políticos presos. Antes se mantenía la tensión en el mundo nacionalista con el encarcelamiento de los políticos. Ahora que están en la calle, buscan una nueva forma de tener a su electorado activo y alerta. Gracias a ello se crea la falsa idea de que hay una emergencia lingüística sobre el catalán.

De ahí la supuesta encuesta sobre la caída del uso del catalán incluso entre el profesorado, sometido a un sistema de delaciones que hace imposible la más leve crítica hacia el sistema o el mínimo desistimiento.

El nuevo plan de choque, presentado por el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, un auténtico talibán nacionalista, no pretende reflotar el catalán en las escuelas, sino erradicar el español de las aulas. ¿Y qué ha pasado con la inmersión lingüística? ¿Acaso ha fracasado? Para el separatismo sigue siendo intocable, aunque de ser ciertos sus datos no habría conseguido el objetivo de que todos los niños hablen catalán todo el rato. Claro que al separatismo las contradicciones se la traen al pairo. Va a lo que va, la independencia de Cataluña, y todo lo demás importa poco o nada, por lo que no duda en pisotear los derechos del prójimo, en excluir, marginar y vejar a quienes no se someten a sus dictados identitarios del más puro y duro supremacismo. Y todo ello con la complicidad bovina del Gobierno de Sánchez, dispuesto a desentenderse por completo de la enseñanza en Cataluña.

Avería en la fábrica de 'indepes'
Ramón de España. cronicaglobal 9 Noviembre 2021

Corría hace unos días por las redes el video de una chica desesperada que, con el semblante desencajado y de muy mal humor, se quejaba de que siempre eran los mismos en los actos independentistas y abroncaba a su posible audiencia por comportarse cual calzonazos en asuntos patrióticos. ¿A quién se dirigía? Intuyo que a los integrantes de su generación. Más que nada porque, si no recuerdo mal, a su edad, a todo el mundo le importa un rábano lo que digan o hagan sus mayores. La pobre se sentía tan sola y abandonada que incluso decía que a veces le entraban ganas de pegarse un tiro, ya que no un tret, pues su indignado parlamento estaba trufado de palabras pertenecientes a la lengua del enemigo.

En paralelo a las desgracias de esta desdichada patriota juvenil --no sé a qué espera la Generalitat para crear el equivalente indepe del consultorio sentimental de Elena Francis, francamente--, los diarios digitales subvencionados por el régimen incrementaban su temática habitual, ya de por sí un monocultivo, con montones de artículos dedicados a lamentar la caída del uso del catalán entre los niños y adolescentes de Barcelona y su área metropolitana y a exigir una respuesta contundente por parte de la Administración. Parece que no se respeta la inmersión lingüística, que los alumnos muestran cierta tendencia a hablar en el idioma del enemigo y que hasta los profesores se bajan del burro lingüístico con mayor frecuencia de la deseada. O sea, que la tan cacareada inmersión es, además de injusta y probablemente ilegal, inútil. Y eso es muy grave, claro, pues el subtexto de dicha inmersión, ayudada por los medios de comunicación audiovisual del régimen, era ir fabricando independentistas desde la cuna para que en cosa de dos o tres generaciones el separatismo se impusiera de forma abrumadora en la sociedad catalana y la ansiada libertad nacional llegara de manera casi natural, con referéndum autorizado por el Gobierno español o sin.

La idea era buena, desde el punto de vista soberanista. De hecho, se empezó a poner en práctica hace 40 años, encabezada por Jordi Pujol y su célebre eslogan Primer paciència, després independència. Pero las cosas no parecen haber salido según lo previsto y el régimen no sabe qué hacer para enderezarlas sin que le acusen de autoritarismo (aunque hay que reconocer que la Plataforma per la Llengua, con sus quejas, acusaciones, señalamientos y vigilancias de patios de recreo, hace muy bien el trabajo sucio). El consejero de Educación, ese señor que debe llevar el lazo amarillo hasta en la solapa del pijama, ha dicho que hay que hacer algo, aunque sin especificar qué. Y junto a la proverbial maldad del Estado español en lo referente al catalán, se señala a los medios de comunicación y a las redes sociales como culpables de que nuestros adolescentes no hagan gala de su catalanidad como deberían (de ahí la insistencia en fabricar influencers, youtubers y tiktokers que hablen en lo que tienen que hablar). Mientras buscan soluciones y culpables, nuestros patriotas se olvidan de mencionar algo que a otros nos parece evidente: enfrentarse a cara de perro a lenguas fuertes, como el inglés o el español, tiene muchas posibilidades de salir mal (es mejor llevarse bien con ellas y sacarles lo que se pueda a sus responsables políticos: ¿no habría salido más a cuenta llevarse bien con el Instituto Cervantes?). Por no hablar de la insistencia machacona en los males del bilingüismo (ya lo intentó Franco en mi infancia y adolescencia y le salió el tiro por la culata), que dota de un plus de antipatía a la lengua impuesta, que era el castellano en mi época y el catalán en la actual. Quienes se lamentan de que el Estado español no hace nada para seducirles son los primeros en no dar un palo al agua a la hora de seducir a los castellanoparlantes que, en Barcelona, recordémoslo, superan en número a los catalanoparlantes. O la supuesta conjura entre España, Netflix y YouTube ha ganado por goleada o, lo que me resulta más verosímil, nuestros patrióticos gobiernillos lo han hecho fatal en lo que respecta a la defensa y promoción de la lengua propia del paisito (propia hasta cierto punto, si tenemos en cuenta la situación en Barcelona y sus inmediaciones).

Si las reformas anunciadas por el consejero del lacito consisten en reprimir, denunciar, castigar y obligar, no les arriendo la ganancia. Chicos, los castellanohablantes contumaces están esperando que los seduzcáis: poneos las pilas y dejad las porras a un lado. ¿Ya se os ha olvidado lo mal que le salió al Caudillo su imposición de la lengua del imperio? Que parecéis tontos. Y, probablemente, lo sois.

El Govern se aferra a informes de los ‘espías del patio’ en sus recursos contra el castellano
Las alegaciones judiciales de la Generalitat incluyen estudios de Plataforma per la Llengua y Òmnium, y culpan del retroceso del catalán a las sentencias y la inmigración
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 9 Noviembre 2021

Los servicios jurídicos de la Generalitat utilizan informes de Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural para exigir a los tribunales que rechacen la pretensión de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano. En las alegaciones presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a las que ha tenido acceso Crónica Global, el Govern culpa del retroceso del catalán a las sentencias judiciales que, admite, reconocen el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, así como a la inmigración.

Así, la Generalitat se aferra a estudios de la autodenominada ONG del catalán, conocida por instar a los ciudadanos a delatar a quien se expresa en castellano en comercios y servicios públicos, y por espiar la lengua que utilizan los niños en el patio. Al igual que Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural es una entidad muy subvencionada por el Ejecutivo catalán que ha jugado un papel fundamental en el activismo independentista durante el procés.

Seis proyectos lingüísticos anulados
Hasta ahora, la Justicia ha anulado seis proyectos lingüísticos de otras tantas escuelas catalanas por hacer caso omiso de las sentencias que obligan a impartir un 25% de horas lectivas en castellano. En sus recursos, tal como publicó este medio, utiliza una argucia judicial consistente en negar la legitimidad de las familias para cambiar el proyecto lingüístico de todo un centro escolar, pero sin entrar en el fondo. Es decir, que no cuestiona que el castellano también deba ser lengua vehicular. Dicho de otra manera, la consejería de Educación niega la potestad de los padres, no solo a elegir el modelo educativo, sino a defender sus derechos.

El TSJC resolverá en breve otro recurso, el presentado por la familia de un alumno de la Escola Vinya del Sastret (Sant Esteve Sesrovires). En su escrito de respuesta, el Govern se refiere al Informe sobre la situación de la lengua catalana elaborado por la Xarxa Cruscat del Institut d’Estudis Catalans, tanto el correspondiente a 2014 como a 2015. Ambos documentos están supervisados por Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua.
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"Aumenta el grueso de las sentencias"
“Cada vez va aumentando el grueso de sentencias del Tribunal Supremo (TS) y el TSJC que avala la vehicularidad de la lengua castellana. Las resoluciones en cuestión se amparan en una interpretación restrictiva de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. De este modo, se reconoce el derecho de los padres recurrentes a que sus hijos reciban la enseñanza en castellano con sus compañeros en el aula. El cuestionamiento de la atención individualizada, procedimiento previsto por la Ley de Educación catalana (LEC), implica una afectación colectiva que ha suscitado protestas masivas en el sector educativo”, apunta el Govern.

“Asimismo --añaden-- el TS ha avalado el criterio según el cual el sistema educativo catalán debe proporcionar un 25% de clases en castellano dictaminado por el TSJC como medida cautelar. La reacción jurídica de la Generalitat ha sido firme, agotando los recursos que el procedimiento judicial pone al alcance en la defensa de la LEC y autonomía de los centros para elaborar y aplicar su programa lingüístico”.

Encuestas
La Generalitat considera que “las encuestas han visualizado los efectos sociolingüísticos de la llegada de grandes flujos de población. La nueva realidad demolingüística ha tenido un impacto distinto en función de la situación sociolingüística del territorio de recepción. En el mejor de los casos ha debilitado la capacidad de atracción que mostraba la lengua catalana y en todas partes ha minorado su centralidad. Dicho esto, es razonable pensar que la parada de los flujos migratorios y la pérdida de población propiciada por la recesión económica deberían impulsar una mejora donde se den las condiciones adecuadas para que se sustancie. La estabilización de la nueva población y su incorporación en espacios de integración bien definidos por políticas lingüísticas solventes nos abren un horizonte de esperanza”.

“También será importante --añaden-- controlar el impacto sociolingüístico que está ocasionando otra tendencia demográfica nada favorable a la lengua catalana. Nos referimos a el retroceso cuantitativo de las nuevas generaciones de autóctonos (catalanohablantes y castellanohablantes), unas generaciones numéricamente más débiles que las de autóctonos de mayor edad a los que reemplazan. En Cataluña, el territorio mejor estudiado, los efectos se están haciendo sentir en indicadores tan importantes como la ralentización de la mejora en la transmisión familiar y la identificación lingüística. Además, el hecho de que generaciones jóvenes de autóctonos muestren un comportamiento más deficitario en el uso del catalán que las de mayor edad, a pesar de acreditar las mejores habilidades competenciales, contribuye a incrementar un desequilibrio hacia la lengua castellana que ahora percibimos como una cuestión altamente preocupante”.

Por ello, los abogados de la Generalitat concluyen en sus alegaciones que “el goteo constante de sentencias y resoluciones desfavorables a la lengua catalana, especialmente en el ámbito de la enseñanza", así como "la reducción de personas que tienen el catalán como primera lengua, y la dificultad para atraer nuevos hablantes”, hacen necesario mantener el actual modelo de inmersión o, según sostiene el consejero de Educación, Josep González-Cambray, intensificarlo.
 


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