AGLI Recortes de Prensa   Jueves 11  Noviembre  2021

El Gobierno sabotea la creación de empleo
EDITORIAL. Libertad Digital 11 Noviembre 2021

Tras la tomadura de pelo a la que parece que ha quedado reducida la supuesta derogación de la reforma laboral del PP anunciada a bombo y platillo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez la semana pasada, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado una subida del 0,6% de las cotizaciones de todos los trabajadores, vampiresca ocurrencia que ha querido dulcificar señalando que los empleados sólo soportarían un 0,2% de la misma, mientras que las empresas soportarían el otro 0,4%.

Aunque dicha subida sea un parche mal puesto, claramente insuficiente para mantener a flote el sistema de pensiones –una estafa piramidal sólo sostenible mediante el paulatino perjuicio de sus beneficiarios presentes y futuros, pensionistas y cotizantes–, eso no significa que no vaya a ser un obstáculo para la creación del empleo y el sostenimiento del ya existente.

España ya es uno de los países con mayores impuestos al empleo de todo el mundo desarrollado, con cotizaciones cercanas al 30%, frente al 17,2% de la media de la OCDE, como para que ahora el Gobierno plantee una nueva vuelta de tuerca que terminarán por soportar al 100% los trabajadores.

Si a eso sumamos la demagógica y contraproducente subida del salario mínimo –especialmente lesiva para los jóvenes y para los trabajadores menos cualificados–, se entenderá por qué, a pesar de la mejoría en los niveles de empleo que ha hecho posible la tímida pero bien orientada reforma laboral del PP, el paro siga siendo uno de los principales problemas de nuestro país, y muy especialmente el juvenil, no en vano España es el único país europeo que no consigue bajarlo del 30%.

Para colmo, el Gobierno social-comunista planea triplicar la cotización a las empresas que den de baja a los trabajadores temporales, lo que llevará a estos no al empleo indefinido, tal y como pretende el Gobierno, sino al desempleo. Y es que, en economía, las barreras de salida actúan como barreras de entrada al mercado laboral.

Finalmente, si la propuesta de subida de las cotizaciones sociales no ha tenido buen recibimiento ni en la patronal ni en los sindicatos, no menos rechazo ha provocado en los llamados agentes sociales la propuesta sobre los nuevos ERTE... que ha sido devuelta al Ejecutivo. De este modo, las conversaciones, que estaban programadas en un principio para concluir el próximo lunes, sufren un retraso que se extenderá al menos hasta finales de mes si se quiere incluir a todas las partes en el acuerdo. Los ritmos de tramitación parlamentaria complicarán cumplir el compromiso con la UE de tener lista la norma el 1 de enero, como parte de los compromisos para recibir nuevas remesas de los fondos de recuperación.

Ante este desolador panorama, resulta un chiste de mal gusto el que el Ejecutivo se jacte de una mejoría del empleo que no se debe a una sola de sus medidas y que no evita que España siga liderando el paro en Europa.

El PP traga porque es culpable del mamoneo institucional
Editorial. OKDIARIO 11 Noviembre 2021

La izquierda se ha comportado como el bicho del pantano a cuenta de la candidatura de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional, pero Podemos ha colado para la próxima renovación del Tribunal de Cuentas, dentro del acuerdo cerrado por PP y PSOE, a Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, abogado de la formación morada en los casos Neurona y Niñera y con despacho en la sede del panfleto podemita La Ultima Hora, en la calle Jorge Juan de Madrid, que ya se sabe que la izquierda populista es de gustos caros. Es decir, su dependencia de Podemos es absoluta, una vinculación que le inhabilita para el cargo por mucho que en su comparecencia en el Senado para someterse al examen parlamentario, Luis Antonio de Padua Ortiz se comprometiera «desde este momento a actuar con independencia, imparcialidad y profesionalidad» en caso de ser elegido.

Esto del intercambio de cromos entre socialistas, podemitas y populares para renovar algunos órganos constitucionales destila hipocresía por los cuatro costados. Al final, todo es una componenda muy poco edificante, porque del mismo modo que el PP ha impuesto para renovar el CGPJ que sean los jueces quienes tengan la última palabra, no se entiende que para otros órganos funcione el dedazo. Y, además, del intercambio de cromos sale ganando la izquierda, presta a señalar con el dedo acusador a Enrique Arnaldo por su supuesta vinculación con el PP, que tiene que tragar y no decir palabra ante el escándalo que supone que alguien de dudoso prestigio profesional y una connivencia evidente de intereses con Podemos se cuele en el Tribunal de Cuentas. Y es que, al final, los populares son corresponsables de que alguien con ese perfil entre a formar parte de un organismo sometido permanentemente al enjuague político.

Si el PP quiere ser creíble en su defensa de la independencia de los miembros de los órganos constitucionales tiene que empezar por no prestarse al cambalache. ¿Por qué no dice nada del nombramiento del abogado podemita? Pues por la sencilla razón de que es culpable del mamoneo.

Un escándalo de narices
Cristina Losada. Libertad Digital 11 Noviembre 2021

"¡Qué escándalo, aquí se juega!". Las palabras del capitán Renault en Casablanca, cuando cierra la timba del bar de Rick, al tiempo que recoge sus ganancias en el juego, son las que vienen pronunciando, y con la misma doblez, socialistas y podemitas a propósito de los candidatos propuestos por el PP al Constitucional. Qué sofoco, qué vergüenza y qué bochorno han desatado en los dos partidos del Gobierno los propuestos Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. De no estar uno al cabo de la calle, creería que todos los candidatos al TC pactados por los partidos políticos a lo largo de los años fueron perfectamente independientes, completamente ajenos a los partidos y absolutamente desprovistos de cualquier inclinación ideológica hasta que llegaron Arnaldo y Espejel, dos monstruosas excepciones, según parece, en una intachable trayectoria de selección de miembros del intérprete supremo de la Constitución. Pero qué broma es ésta.

No es una broma, sino una treta política. Tiene ciertamente visos de chiste malo que el diputado Elorza, a quien le ha correspondido dirigir a la claque escandalosa, diga que muchos socialistas van a votar por los candidatos del PP con una pinza en la nariz. Porque votar los van a votar, a pesar de todos los escrúpulos que declaran, que son escrúpulos que ignoraban que tenían y que, sobre todo, ignorábamos que tuvieran. Los van a votar tanto los diputados que presumen de nariz sensible como los de nariz común, pero ahí quedará la deslegitimación expresa y preventiva de dos nuevos miembros del Constitucional, por lo que pueda pasar. Qué coincidencia que aparezcan los escrupulosos de las narices cuando más confrontación hay con el PP por la renovación clave, que es la del Poder Judicial.

Si tanto daño inflige a sus sensibles órganos olfativos que entren un Arnaldo o una Espejel en el TC, ¿por qué no rompen el pacto que han hecho con el PP? Ah, eso no, que no conviene perder las ventajas que se obtienen en el reparto del pastel. Pero han calculado que rasgarse las vestiduras y hacer aspavientos por la cercanía de ambos al PP –¡lo nunca visto!– también les resulta ventajoso. Dos de los cuatro nuevos miembros del TC quedan ya con el sambenito para toda la vida, lo cual no beneficia a la institución, pero sí a los partidos del Gobierno, que podrán seguir atribuyendo a maniobras peperas las sentencias del TC que les molesten. No es una ventaja menor, aunque sea transitoria.

La ventaja más jugosa, sin embargo, es singularizar en el Partido Popular el reproche de la politización. Un reproche extensible a todos los partidos que participan en estos repartos, quieren endosárselo a uno. La idea es que cuaje en la opinión que sólo el PP propone candidatos que llevan el carné partidario en la boca, mientras que el PSOE elige siempre a puros independientes sin tacha de politización. Lo dicho, hay que echarle narices.

Descentralizando España: el Centro Nacional del Bote y la Caja
Pablo Planas. Libertad Digital 11 Noviembre 2021

El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz publicita una operación consistente en descentralizar la Administración del Estado y trasladar sedes y subsedes a los enclaves más abandonados de eso que llaman la "España vaciada". Al parecer, la irrupción de una plataforma electoral con dicho nombre y el hecho de que en algunos sondeos se le conceda gran crédito a esa nueva opción es la causa primera del plan del Ejecutivo. Y como de Sánchez y Díaz se puede esperar cualquier cosa menos que asuman sus responsabilidades, el reparto del botín se llevará a cabo, si es que se lleva a cabo, bajo el sistema de concurrencia competitiva. Es decir, una subasta en el que la sede en cuestión se la llevará el mejor postor, siempre que sea amiguete del Gobierno.

Pasa que lo que va a vender el Ejecutivo en el mercadillo de las autonomías son restos de serie, material de segunda. Por ejemplo y según cuenta El Mundo, el futuro Centro Nacional del Envase y el Embalaje. Ojo al piojo. Alta alta tecnología, botes y cartones. El propósito es instalarlo en Calahorra por aquello de la huerta riojana y porque está cerca de Arnedo, donde aún se fabrican zapatos. Está bien. No es un laboratorio de investigación biológica ni un centro de desarrollo aeroespacial, pero tampoco el museo del caracol. Menos es nada.

A Soria, por ejemplo, le va a tocar el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, cuyo traslado está previsto a principios de 2024. Se habla de sesenta empleos directos. El ambiente en la capital castellana es como el de Bienvenido, Mr. Marshall. Sesenta puestos de trabajo. Poca broma.

Y nada más se sabe sobre los centros a diseminar, aunque se sospecha que todo lo que tenga que ver con los mares se irá a localidades de la costa.

De lo que sí se tiene noticia es de la ampulosa retórica del Gobierno al respecto de esta mini descentralización de la señorita Pepis, que en palabras de sus promotores va a resolver todos los problemas demográficos, económicos y sociales de la España abandonada para configurar un país homogéneo, sin desequilibrios y en el que no tengan sentido partidos como el España Vaciada que amenaza en lontananza las expectativas electorales del PSOE y el PP en las provincias donde no hay nacionalistas.

Que nadie se apure. Lo que no va a hacer el Gobierno es recuperar el terreno allá donde ya no existe, como en el País Vasco y Cataluña. Y que pierdan cuidado los mandarines separatistas de esas regiones, que el Estado no les va a mandar más guardias civiles, policías nacionales, jueces o funcionarios de Hacienda. No es que no hagan falta. Precisamente guardias e inspectores de Hacienda es lo que se echa en falta en San Sebastián, Gerona o Barcelona. Pero no caerá esa breva, y menos cuando el Gobierno está en manos de los nacionalistas catalanes y vascos.

Eso sí que sería descentralizar. Trasladar instituciones del Estado a Vitoria o Barcelona. Pero no el Senado, como se habló hace años, sino la Comandancia General de la Guardia Civil, la Escuela de Policía o el Centro de Mando Supremo del Ejército de Tierra. Cualquier otra cosa no es más que la descomposición progresiva del Estado a cargo unos años del PSOE y otros del PP.

El diputado de VOX Manuel Gavira denuncia las presiones a ‘La Razón’ para retirar un artículo crítico con la traición del PP en Andalucía
EL DIARIO DIRIGIDO POR MARHUENDA HA ELIMINADO EL TEXTO
LGI. https://gaceta.es/ 11 Noviembre 2021

El portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado la presión del Gobierno de Juanma Moreno al diario ‘La Razón’ para la retirada de un artículo -titulado «El teléfono presupuestario»– crítico con la «traición» del Partido Popular en la región y el incumplimiento del pacto alcanzado con VOX para la investidura.

El texto, firmado por el catedrático de Economía José Manuel Cansino, ha sido retirado de la web del diario dirigido por Francisco Marhuenda, que en la misma URL ha colocado una pieza que lleva por título «Andalucía participa en un proyecto europeo para mejorar la atención al paciente facilitada digitalmente».

El artículo de Cansino recuerda que «el relevo socialista en 2019 fue posible por una confluencia de factores» y que «una de esas piezas fue la movilización del voto de casi 400.000 andaluces a las candidaturas de VOX«. «Casi tres años y varias elecciones después, resulta claro que ese voto no viene solo ni siquiera principalmente de los desencantados de la derecha impersonal, de la derecha del entreguismo, sino de un electorado desmovilizado que se movió desde sus casas hasta las urnas por primera vez en mucho tiempo», subraya.

En este sentido, el autor manifiesta que «(…) no contar con el electorado de VOX en la política regional sólo puede entenderse oyendo a quienes piensan que sus apoyos responden a una oferta rígida o inelástica» y añade que el gobierno de coalición PP-Cs piensa que «sea cual sea el precio que se les exija, los 11 diputados de VOX acabarán respaldando los presupuestos con tal de no señalarse en el mismo bando que socialistas y multicomunistas».

Por ello, denuncia que el gobierno liderado por Juanma Moreno «ha desplegado grandes esfuerzos en los últimos meses en recabar el apoyo socialista a sus presupuestos» y señala que «el propio equipo de gobierno se había puesto como prueba determinante la posición del PSOE en el debate sobre al Ley de Tributos cedidos y en el del proyecto de ley de tasas y precios públicos».

Y remata: «una vez conocido el voto socialista en contra y el de VOX a favor, sabía que la única opción que tenía para sacar los presupuestos era esforzarse en recuperar el apoyo de los que le auparon a la presidencia.

Todos deberíamos ser Polonia
EDITORIAL. LGI. https://gaceta.es/ 11 Noviembre 2021

La grave crisis provocada por el Gobierno bielorruso de Alyaksandr Lukashenko al empujar a miles de inmigrantes importados por Minsk desde Oriente Medio contra la frontera de una nación soberana como Polonia, es un atentado contra la UE y contra la nación que defiende una parte esencial de la Frontera Este de la Unión. Punto.

A pesar de puntos y aparte, la penosa realidad es que no alcanzamos a comprender qué diferencia sustancial hay entre la provocación de la dictadura prorrusa de Lukashenko y la presión de Bruselas para que Polonia se pliegue a las estúpidas políticas migratorias del consenso progre que domina las instituciones europeas. Sólo los métodos de Lukashenko, el edecán favorito de Putin, difieren de los de Ursula von der Leyen o Charles Michel. El fin, que es el de doblegar a Polonia y forzar al Gobierno de Mateusz Morawiecki a renunciar a su decisión soberana de resistencia frente a la inmigración islamista, es el mismo.

Es esta guerra fría entre Moscú y la UE —y en la que Putin no ha enviado señal alguna de distensión a pesar de las vergonzosas súplicas del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell—, Bruselas no parece darse cuenta de hasta qué punto sus compromisos globalistas y su política de sumisión migratoria trabajan en contra del proyecto común europeo, del proyecto que fue y que debería volver a ser: el de las naciones soberanas trabajando juntas en defensa de la Civilización Occidental y por la seguridad y la prosperidad de los europeos.

En esta guerra de la que Moscú es culpable y Bruselas, responsable, los europeos sólo podemos perder, y sólo perderemos, hasta el día en el que los burócratas bruselenses reconozcan que Polonia tenía razón. Decenas de millones de europeos, en todos los países fronterizos de la Unión desde Hungría a España y desde Italia a Grecia, ya lo han comprendido. Ahora sólo falta que los globalistas y sus medios de comunicación, faros del buenismo, dejen de llamar crisis de refugiados a lo que es una invasión migratoria organizada en despachos y en desiertos no tan lejanos. Una invasión contra la que sólo cabe defenderse donde todas las naciones se defienden: en las fronteras.

La guerra híbrida contra Polonia
Ricardo Ruiz de la Serna. https://gaceta.es/ 11 Noviembre 2021

Polonia sufre hoy, como España hace unos meses, una operación de guerra híbrida que tiende a desestabilizar su frontera. Efectivos bielorrusos han conducido a miles de inmigrantes -no, no son refugiados- hacia el perímetro fronterizo polaco. Las autoridades de la Unión Europea se han mostrado, como de costumbre, muy preocupadas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha escrito un tuit declarando que “Bielorrusia debe dejar de poner en peligro las vidas de la gente”. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, ha advertido, también en Twitter, que “estamos siguiendo de cerca la situación en las fronteras de la Unión”. Varsovia ha movilizado soldados, policías y guardias fronterizos para impedir el paso a la turba, que ha tratado de forzar la entrada rompiendo alambradas y golpeando las defensas.

Estas agresiones híbridas funcionan por la debilidad de la opinión pública en Europa. Unas fotografías de niños heridos bastan para que toda barrera racional ceda frente al argumento definitivo para ganar discusiones posmodernas: “alguien está sufriendo”. Durante años, las organizaciones palestinas explotaron esa mala conciencia de quien causa dolor a “los civiles” sabiendo que nadie se preguntará por la responsabilidad de quien los expone al peligro y los utiliza como escudos humanos o como arietes. El llanto televisado es un arma formidable. Marruecos la utilizó hace meses contra España y el resto de la Unión Europea en Ceuta. Ahora Lukashenko lanza a miles de desesperados, traídos desde Oriente Medio, contra la frontera polaca.

Llevamos años de intoxicación informativa y de confusión moral. El empleo de palabras talismán como “migrante o “refugiado” tratan de enervar un debate imprescindible sobre la política migratoria de la Unión Europea y sobre el derecho de los Estados nacionales de decidir quién franquea sus fronteras y de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la estabilidad de sus sociedades. La operación de influencia que se hizo sobre los alemanes para establecer más de un millón de pretendidos refugiados en su territorio y para imponer cuotas a otros países no funcionó en Polonia que, junto con Hungría, es uno de los países más seguros de Europa. Ahora, una vez más, vemos que la inmigración ilegal se emplea como herramienta en una agresión híbrida.

Es necesario devolver parcelas de soberanía a los Estados nacionales y, en particular, reforzar su competencia para decidir quién y en qué condiciones entra en su territorio, así como para decidir cómo expulsa a quienes han entrado ilegalmente. Sin duda, debe haber ayuda humanitaria para quien la necesita, pero eso no significa que se puedan violentar las fronteras ni que se pueda fomentar la inmigración ilegal con políticas que suponen, de hecho, regularizaciones masivas tarde o temprano.

Lo que vemos en Polonia -como lo que vimos en Ceuta hace meses- es un intento de crear artificialmente una crisis humanitaria. Como suele suceder, se trata de una mayoría de varones jóvenes en edad de combatir. Los conducidos a Polonia van equipados con herramientas para cortar alambradas. Habría que preguntarse cómo las consiguieron. No se trata, por cierto, de grupos muy diferentes de los que llegan todos los meses a las costas españolas en lanchas y pateras.

La confusión moral de nuestro tiempo es tan profunda que es difícil aventurar cómo acabará esta agresión contra Polonia. En 2015, la propaganda fue tan abrumadora en Europa -fue tan intensa la explotación del sentimiento de culpa por la guerra en Siria y en Irak- que las capitales del continente se llenaron de pancartas que daban la bienvenida a “los refugiados” sin pensar en las consecuencias que todo ello iba a tener. Hoy, sin embargo, parece que algo está cambiando en algunos países. Desde que, a comienzos de 2016, se conoció el intento de ocultar las agresiones sexuales en varias ciudades alemanas la noche de Fin de Año, hay una alerta creciente ante las campañas de propaganda y los intentos de esconder lo que verdaderamente está pasando en Europa. Ya son muchos los “perturbados mentales” y los “casos aislados”. Ya llaman la atención los “refugiados” de países donde no hay conflicto alguno. Ya sorprenden los “solicitantes de asilo” que no acreditan ninguna persecución en sus países de origen.

Parece que Europa está despertando y se está sacudiendo los complejos. En 2015, Hungría defendió la frontera y el tiempo demostró que era lo correcto. Grecia lo hizo en 2020.

Ahora lo está haciendo Polonia.

Aquel 20 de Noviembre de 1936
José María Nieto Vigil. estrella digital 11 Noviembre 2021

No descubriré nada nuevo si afirmo que la Ley de la Memoria Histórica y, la nueva y más sectaria, frentista y revanchista, Ley de la Memoria Democrática, es verdaderamente lamentable. Un nuevo relato histórico se pretende escribir obviando capítulos verdaderamente execrables. Desde mi condición de historiador y español de bien, no estoy dispuesto a asumir el imperativo de la posverdad, a la sazón, una autoritaria ética de pensamiento único que pretende oficializar la lectura e interpretación de nuestra excelsa u envidiable historia.

Supongo que todos Vds., queridos lectores, estarán al corriente de las perogrulladas que en los últimos tiempos se han publicado en relación a nuestra maldita leyenda negra, la colonización y descubrimiento de América, la Reconquista, o los innumerables extravíos y despropósitos, concienzudamente elaborados, referentes a ilustres protagonistas de nuestro único, singular y excepcional pasado, tan memorable como glorioso. Cristóbal Colón, Isabel I, la Católica, Blas de Lezo, Daoíz y Velarde, son ejemplos, entre otros muchos, del barniz social-comunista que se quiere imprimir. Sencillamente execrable y vergonzoso, una auténtica profanación de la verdad histórica de la que se consideran apóstatas.

Uno de esos capítulos se refiere al asesinato, al fusilamiento de (1903-1936), Jefe Nacional de Falange Española de las JONS, represaliado vilmente en la madrugada del veinte de noviembre de mil novecientos treinta y seis. Hoy, que se con memora su LXXXV aniversario de su muerte, prosiguen con la persecución ideológicamente del líder ajusticiado. En un intento desesperado por trasladar sus restos inhumados en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a un nuevo emplazamiento, se obstinan en revertir los hechos acaecidos en aquella infausta jornada vivida en la Cárcel Provincial de Alicante, hoy desaparecida y conocida por los alicantinos como la Casa de José Antonio.

En aquella madrugada, húmeda, desapacible y desangelada se procedía a dar cumplida cuenta de la sentencia de muerte emitida por el tribunal popular que, desde mediados de octubre, se había instruido, sin garantía jurídica alguna de defensa de resultado favorable. Una pamema de proceso y una auténtica farsa judicial, en la que José Antonio, como ilustre abogado que era, ejerció su propia defensa. Con una brillante oratoria forense y una excelente exposición y argumentación en su descargo, no podría evitar el desenlace de una crónica de una muerte anunciada, previa al juicio. El delito que se le atribuía era el de delito de rebelión militar.

Al gobierno de nuestro ínclito presidente del todavía Reino de España, Pedro Sánchez, se le presenta un problema para desarrollar la nueva ley. Y es que José Antonio se ajusta al perfil de persona represaliada por su condición ideológica.

Durante las horas previas a su ejecución, el jefe falangista había vivido momentos de verdadera emoción. Con una enorme tranquilidad de ánimo, con la serenidad de sentirse inocente, reconfortado por la confesión y absolución de su alma, y con una templanza impropia de tan trascendental momento, se despidió de sus amigos y correligionarios encarcelados y, en especial, de su hermano Miguel (1908-1964), también preso en Alicante. Junto a él fueron asesinados cuatro camaradas, los llamados mártires de Novelda, dos falangistas – Ezequiel Mira Iñesta y Luis Segura Baus- y dos requetés – Vicente Muñoz Navarro y Luis López López-. Los dos primeros, en la actualidad, tienen causa abierta por la Iglesia católica para ser declarados mártires, es decir, hombres que no abjuraron de su fe y que vivieron y murieron como ejemplares cristianos. De esto no se quiere hablar, menos aún recordar.

Para entonces, de esto no tenía conocimiento José Antonio, su hermano pequeño, reputado médico y militar, Fernando (1908-1936) había sido fusilado en la Cárcel Modelo de Madrid el veintidós de agosto de aquel aciago año. Contaba con veintiocho años de edad y un futuro profesional prometedor. La razón, nuevamente, odio ideológico. En Madrid también fueron asesinados junto a él, Julio Ruiz de Alda (1897-1936), fundador de Falange, y otros destacados falangistas, también políticos de ideologías conservadoras republicanas, caso de Melquíades Álvarez González-Posada (1864-1936). De los sucesos acaecidos en Madrid, tampoco se quiere perpetuar la debida memoria.

José Antonio, de treinta y tres años, fue vilmente asesinado por un pelotón de catorce milicianos, comunistas y anarquistas, que con enorme ensañamiento y violencia, descerrajaron, a tres metros de distancia, ochenta disparos sin el protocolario “carguen y disparen”. De la brutalidad de los hechos fueron testigos el numeroso público allí congregado para presenciar el fusilamiento. El lugar concreto, el patio número cinco –junto a la enfermería-, se convirtió en el macabro patíbulo de ajusticiamiento in misericorde. Previamente, José Antonio había entregado a uno de sus verdugos el abrigo que llevaba. Le dijo estoicamente, “Yo ya no lo voy a necesitar”. Sus últimas palabras fueron:¡¡¡Arriba España!!! y ¡¡¡Viva España!!!

Sus restos fueron trasladados para ser arrojados a una fosa común, anónima, sin ninguna lápida, tampoco cartel, en el cementerio alicantino de la Alta Florida. Posteriormente, en mil novecientos treinta y ocho, durante plena Guerra Civil Española, fueron depositados en el nicho número quince –hoy vacío en homenaje y recuerdo- del cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, también en Alicante.

José Antonio es una figura central de la política española del siglo XX, hombre de profundas convicciones y raíces cristianas, descansa hoy –menudo eufemismo- en el Valle de los Caídos desde 1959. La tergiversación y la manipulación de su figura y obra, no eclipsará su eminente vida. Por lo menos, yo no lo voy a permitir.

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La vergüenza es la erosión de las instituciones
Editorial. El Mundo 11 Noviembre 2021

Pocas lecciones pueden dar esos diputados que se tapan la nariz.

Tras la bronca intervención de Pedro Sánchez ayer en el Congreso, después de casi tres meses de ausencia en el Pleno, no es aventurado concluir que sí coincide en algo con buena parte de los españoles. Porque muchos sienten, como él, «vergüenza ajena», aunque las razones disten bastante de las del presidente. Vergüenza ajena por el deterioro de nuestra democracia y por la degradación de las instituciones que estamos sufriendo en la presente legislatura, entre otras razones por el gran empeño que en ello ponen quienes le sostienen en La Moncloa.

Y un buen ejemplo son las paletadas de desprestigio con que están cubriendo entre unos y otros a un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional. Mal acaba lo que mal empieza. Y la votación de hoy en el Hemiciclo para renovar a cuatro de sus miembros, así como de los de otros órganos constitucionales con mandatos caducados, se ha convertido en una impúdica demostración de irresponsabilidad por parte de la clase política, pero muy en concreto de una izquierda que no ceja en su campaña para erosionar las instituciones. Cuanto peor, mejor, deben pensar quienes a la vez que se llenan la boca reivindicando pactos de Estado no dudan en embarrarlo todo. Pasarse días rechazando lo que se vota hoy y anticipar aspavientos como el de que lo harán con la nariz tapada no es sino un ejercicio para desacreditar nuestros principales organismos ante la ciudadanía. Aunque ello no parezca darle vergüenza a quien está obligado justamente a guardar y hacer guardar la Constitución, Pedro Sánchez.

No pueden exhibir tanta superioridad moral y ponerse dignos los diputados socialistas o de Podemos que han hecho causa común contra uno de los candidatos para la renovación parcial del TC cuando todo lo que se ha producido, una vez más, es una componenda entre los principales partidos para repartirse los cromos. Hasta los magistrados del Supremo se pusieron en pie de guerra al entender que en el conchabeo se ha antepuesto el sesgo ideológico al prestigio profesional. Y la operación fue incluso aplaudida por los separatistas catalanes, que esperan, como declaró sin máscara Pere Aragonès, ver despejado su horizonte judicial y un cambio en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Nos encontramos, pues, con un sistema para la actualización de los órganos constitucionales malo, como tantas veces hemos denunciado en estas páginas, que se vuelve a resolver con un pasteleo que provoca desafección y honda desconfianza ciudadana, y, para colmo, con un PSOE y un Podemos tan poco de fiar que ni siquiera se comprometen con aquello que pactan.

Motivos para estar avergonzado tiene Sánchez, desde luego, y no porque Casado denuncie ante Europa aquello de lo que alertan las propias instituciones comunitarias: que lideramos todos los índices de déficit, deuda y paro. Así las cosas, que proclame con autobombo y triunfalismo que «España va mejor», además de causar lógico enojo, recuerda a ese dicho popular de que con poco se conforman en casa del pobre.

Dos años de Pedro Sánchez: diez frentes para la "deconstrucción" de España
El 10 de Noviembre de 2019 arrancó en las urnas el mandato del líder del PSOE, que comenzó con una gran traición a su electorado: que nunca iba a gobernar con Podemos ni con Frankenstein.
Javier Ruiz de Vergara. España. esdiario 11 Noviembre 2021

Hace este miércoles justo dos años que Pedro Sánchez salió en la medianoche a las puertas de la sede socialista de Ferraz como ganador de las elecciones generales, aquellas que forzó a repetir su ahora defenestrado gurú, Iván Redondo, porque se negaba a poner el gobierno de España en manos de Podemos. Como le confesó Sánchez a Antonio García Ferreras en el propio Palacio de La Moncloa, "no dormiría por las noches" teniendo bajo su mando a ministros morados.

La esquizofrenia de la coalición “progresista”: Yolanda puede dar la puntilla

El resto es bien conocido. De aquellas urnas del 10-N de 2019 y tras una negociación exprés, que culminó a finales de diciembre, nació la llamada coalición progresista y la denominada mayoría Frankenstein, una amalgama de intereses políticos y personales que dos años después ha desembocado en un país bien distinto al que era entonces.

Un gallinero en La Moncloa
Desde la misma constitución de la alianza gubernamental apadrinada por Sánchez y Pablo Iglesias, el Consejo de Ministros no ha dejado de ser un guirigay con enfrentamientos constantes entre ministros; y entre ministros, y el propio Iván Redondo.

Conocidas son las broncas entre el eje formado por Carmen Calvo y José Luis Ábalos con el jefe de gabinete del presidente. Los tres acabaron siendo fulminados. También se han reproducido las guerras entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz; antes entre Pablo Iglesias y Margarita Robles; o entre la vicepresidenta Calvo e Irene Montero. El Ejecutivo se ha achicharrado tan en tiempo récord que Sánchez se vio obligado a revolucionar el ala socialista meses antes de llegar al ecuador de la legislatura.

Una pandemia y una estrategia "ilegal"
Nadie contaba aquel 10-N de 2019 que una pandemia brutal asolaría al planeta. Pero si algo ha quedado claro en estos dos años es que toda la estrategia jurídica, política e institucional levantada por el Gobierno fue ilegal. Así lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional tumbando dos estados de alarma y el cierre del Congreso de los Diputados. Aparte, las cifras de fallecidos y los clamorosos fallos en los primeros meses que Moncloa se ha negado repetidamente a aclarar.

"Asalto" a las instituciones
De la magnitud del ataque del Gobierno al resto de poderes del Estado da buena cuenta que hasta en tres ocasiones Bruselas ha tenido que amonestar a Moncloa por su acoso al Poder Judicial. Y por la designación inédita de la exministra socialista, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Un escándalo que se une a la intervención del Ejecutivo en la Abogacía General del Estado, nunca vista antes. O en los choques entre la presidencia del Congreso y el Tribunal Supremo.

Una cadena de escándalos
Caso Pérez de los Cobos (Marlaska). Caso Plus Ultra y Delcygate (Ábalos). Caso Ghali (González Laya). Caso Neurona y caso Dina (Iglesias). Caso niñera (Montero), caso Pollo Carvajal ... Todos estos sumarios se dirimen en los tribunales y siguen cercando al Ejecutivo.

Cataluña, un plan para el apaciguamiento
Estos dos años desde la victoria electoral de Sánchez han supuesto un vuelco radical a la estrategia contra el independentismo, un vuelco que culminó con los indultos a los condenados por el 1-O y por la mesa bilateral Estado-Generalitat. Todo como paso previo a convertir a Esquerra en el socio estratégico del Ejecutivo de PSOE y Podemos.

Bildu, PNV y ETA, la demolición de la Memoria
Ya no quedan terroristas de ETA en ninguna prisión distinta de las vascas y todas ellas han sido entregadas por el Gobierno al PNV para su gestión. Sánchez ha cruzado líneas rojas que nunca rebasaron ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta normalizar a Bildu y convertir a Arnaldo Otegi en un interlocutor y socio más de Moncloa. Para indignación de las víctimas del terrorismo.

Irrelevancia internacional
Tal vez la escena que mejor resume el deterioro de la imagen internacional de España en estos dos últimos años es el paseo de 53 segundos que Sánchez mantuvo en un pasillo con Joe Biden, un ridículo que traspasó fronteras. Desde entonces, contra lo que ha sucedido con sus antecesores, Sánchez no ha logrado sentarse en una reunión con el presidente de Estados Unidos. El lastre de Podemos y sus vinculaciones con los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador han provocado recelos contra el Gobierno desde Washington y Bruselas.

Crisis económica y social
Las cifras desmienten la promesa de que "nadie quedará atrás". Los informes de Cáritas y otras organizaciones sociales alertan de una emergencia social en amplios sectores. El paro sigue en cifras inasumibles y en el caso de los jóvenes, se cronifica a la cabeza de Europa. El precio incontrolado de la luz ha sido la puntilla para muchas familias.

Acoso a la Corona
En estos dos últimos años se ha producido un hecho inédito en la historia contemporánea. Un Rey exiliado a la fuerza tras la presión de Moncloa a Felipe VI para que forzara la salida de Juan Carlos I de España. Una decisión que se mantiene y que se une a una ofensiva integral de Podemos y el resto de socios del PSOE contra la Corona, que no solo se dirige al antiguo Monarca sino que pretende abrir en canal a la vigente Jefatura del Estado.

Se nos están comiendo vivos (esas clases extractivas)
Teresa Giménez Barbat. okdiario 11 Noviembre 2021

Muchas de las instituciones y puestos de trabajo que directa o indirectamente se nutren del erario público pueden describirse como “chiringuitos”. Los chiringuitos no tienen función alguna salvo su supervivencia. Se cultivan por su calidad de trama clientelar, para seguir recibiendo un sustento de votos por parte de las manos que reciben la nómina. Y van a surgir como setas.

Sufrimos una oleada de políticos montados en la esterilidad e improductividad de lo que se ha venido en llamar “posmodernismo”. Inventan problemas nuevos para ofrecerse a solucionarlos. Es la explicación que sugiere Robert Henderson de la ola de wokeísmo, de esas ideologías superfluas basadas en lo que llama “luxury beliefs”. Creencias vacías porque son superfluas, aunque caras: feminismo de flojísima argumentación; alarmismos climáticos alejados de la ciencia y de la razón, pero con capacidad para estigmatizar y acallar discrepantes. Artefactos ideológicos cuyo auténtico objetivo es que nuevas generaciones que encuentran bloqueadas sus aspiraciones a los empleos de élite creen espacios inéditos donde acomodarse. Jóvenes en edad de formar su propia familia, que prefieren no asumir los costes tradicionales de largas y duras carreras o de penosas oposiciones. Como dice Félix Ovejero en su artículo de El Mundo, Los (nuevos) chiringuitos: «¡Reparemos en la cantidad de parejas que nutren los cargos!».

Sí, existe una voluntad descarnada y resuelta de morder nuestras carteras. Ovejero recuerda en su columna una grabación de Íñigo Errejón en la que recomendaba “crear instituciones”, auténticos puertos donde cobijarse para “acoger a los cuadros militantes que ahora se están dedicando a los trabajos institucionales”. Dice que Errejón citaba concretamente al peronismo como modelo. Pero no hace falta acordarse del sistema de parasitación argentino: Cataluña es un modelo más cercano. Los nuevos presupuestos catalanes disparan el gasto en más de 5000 millones de euros, un 17%, y contemplan ingresar 600 millones en impuestos gracias a tasas ecológicas. Vamos a tener 29.000 funcionarios más que no serán sólo probos profesionales de la medicina, la docencia o los cuerpos de seguridad como alegan ellos. Van a incrustar a muchos de los suyos que no son nada de eso.

Esto es el paraíso. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, disfruta de un sueldo bruto de 132.856 euros anuales. Es el presidente autonómico que más cobra de España, aunque Laura Borràs, presidenta del Parlament, gane más dinero que él: alrededor de los 150.000 euros. Le sigue a Aragonès, a bastante distancia, el Lehendakari (106.000 euros), la presidenta de la Comunidad de Madrid (103.000 euros) o el presidente de Castilla-La Mancha (100.000 euros). Como una incongruencia más, el presidente del país, Pedro Sánchez, cobra 86.000 euros anuales.

Las autonomías son un chollo. Y si tienen algo parecido a una lengua propia y pueden victimizarse por ello, el chollo de los chollos. A por él van en Asturias, donde ya tienen en marcha un supuesto “conflicto lingüístico” que exigirá más chiringuitos. Inaciu Galán, vocal de Iniciativa pol asturianu, dice que “no solicitamos ayudas públicas”. Y nos partimos de la risa.

Ayer estuvo Isabel Ayuso en El Hormiguero y arrasó. El ciudadano, harto de que le engañen y estrujen, la ve con esperanza (no hablo de Aguirre). Y en mi tierra la detestan de forma maníaca. Hace unos días leía una columna en El Periódico en que el autor, Ernest Folch, se dolía de que Piqué dijera que Madrid era un ejemplo para Europa. Según él, no podía compararse la capital de España con Barcelona porque aquí podíamos ir mejor en bicicleta, “vivir en paz y en justicia, o respirar aire puro”. Al parecer en Madrid no hay ni parques. Pobre hombre.

El Gobierno sigue desguazando el país, derogando la legalidad vigente
Así como se está proyectando el destino de nuestra nación, poco o nada nos queda a los ciudadanos para animarnos respecto a lo que nos espera en el futuro
Miguel Massanet. diariosigloxxi  11 Noviembre 2021

Cuando uno lee, en un periódico catalán, el siguiente comentario: “El Gobierno necesita que el órgano (el CGPJ) se renueve para nombrar a dos magistrados progresistas para el TC”, no sabe a ciencia cierta si es que, quién lo escribió, no tiene ni idea de lo que representa para la nación el poder judicial, con todas sus variantes o si de lo que se trata, es de la constatación, quizás subconsciente, de que lo que se propone el gobierno del señor Pedro Sánchez es, por medio de la introducción de quinta columnistas de ideas izquierdistas, progresistas o contrarias al sistema constitucional que tenemos en España -que garantiza la libertad de mercado, la propiedad en todas sus variantes, las libertades ciudadanas, la libertad de opinión, de expresión y de poder, sin cortapisa alguna, manifestar las propias ideas, sobre cualquier tema, sin que la censura de la izquierda autoritaria y totalitaria, tenga la oportunidad de poder interferir, censurar, castigar o impedir publicitar aquella opinión si, desde el punto de vista totalitario de quienes se han hecho con el poder (en este caso, apoyados por una justicia ad hoc y de sentido represor)- despojar del derecho constitucional a los ciudadanos que no estén de acuerdo con el pensamiento único que piensa imponernos el Estado, con la impúdica tentación de erigirse en uno más de estos monstruosos e implacables reductos del comunismo internacional del que algunos llegamos a pensar, equivocadamente, que con el desmoronamiento del sistema bolchevique, en Rusia, y la caída del muro de Berlín, había quedado desacreditado indefinidamente.

Y es que nos encontramos, lo mismo que con la derogación de la llamada, impropiamente, Ley Mordaza, ante el desarme, proscripción, desacreditación y condena al ostracismo de todo el sistema de protección de la seguridad ciudadana, de la supresión del respeto al principio de autoridad, del fomento del vandalismo, de la incitación a la desobediencia y, por si no lo estuviera sobradamente incentivado, en muchas de las regiones, el talante separatista de parte de su ciudadanía, la proliferación de muestras públicas de rechazo a la nación española, su unidad y el respeto por su lengua, el castellano; toleradas, soportadas, financiadas , defendidas y, lo que todavía es peor, protegidas contra cualquier intento de que se las pueda obligar a respetar la Constitución y las leyes del Estado español. La policía, la Guardia Civil y cualquier otra institución, a los que les venía correspondiendo garantizar el orden en nuestras calles y ciudades, van a dejar de ser, con la nueva Ley, los garantes de que la ciudadanía española pueda ejercer libremente su derecho a pasear por las calles de sus ciudades sin verse sometido al vandalismo, las agresiones, los insultos y los malos modos de aquellos grupos levantiscos, revolucionarios y antisistema que, valiéndose de su impunidad, pretendan que la fuerza de la calle sustituya al valor del resultado de las urnas, libremente expresado por los ciudadanos.

Mientras en Barcelona se permite que, una alcaldesa de ideas comunistoides, haga de su capa un sayo, sin tener en cuenta la legislación nacional y, motu propio, haya decidido, sin que nadie le haya llamado al orden, iniciar una ofensiva a cara de perro, en contra del uso del automóvil privado, en favor de un retorno a las bicicletas o a los patinetes, la creación de espacios peatonales infrautilizados y limitación de la capacidad de absorción del tráfico de las calles barcelonesas, mediante la implantación de carriles para bicicletas, la mayoría de los cuales infrautilizados, pero que han contribuido a hacer del tráfico en la ciudad Condal, un verdadero martirio para aquellas personas a las que los servicios públicos no les permiten prescindir de sus vehículo particular. Su modo de ejercer la alcaldía ya tuvo sus consecuencias con el turismo y las sigue teniendo, en su intento de sustituir la legislación nacional sobre alquileres de viviendas, sobre su uso o libertad de disponibilidad por sus propietarios que, si bien ha motivado una serie de sentencias de los tribunales en contra de sus arbitrariedades, es evidente que el acudir a la justicia resulta demasiado oneroso para que todos los perjudicados puedan hacer uso de ella, para impedir los atropellos de la señora Colau.

Pero, los desatinos que corren a cargo del separatismo catalán, parece ser que no tienen límites. En su intento de seguir su campaña internacional en busca de apoyos para la causa independentista, en los que se pueden incluir los viajes del señor presidente de la Generalitat catalana, señor Aragonés, a Escocia para visitar a la líder independentistas señora Nicola Sturgeon, con el objetivo de cambiar impresiones y, sin duda alguna, buscar apoyo para la causa catalana, por mucho que las similitudes entre lo que sucede y sucedió en Escocia que, como es sabido, tuvo sus propios reyes y sus momentos de independencia, con el caso catalán son diametralmente opuestos ya que nunca sucedió algo similar al caso escocés, salvo en la imaginación desbocada y con pocas o ningunas garantías históricas por parte de la historia, de algunos extremistas catalanes que no se sienten españoles.Otra más de las que viven a costa de su separatismo, la señora Alsina, consellera del Parlament catalán, ha decidido hacer su campaña propia a costa de los cónsules de naciones extranjeras que residen en Barcelona, a los que pretende “sobornar” para que formen un grupo, aleccionado por ella, que sirva de apoyo para las pretensiones separatistas catalanas hablando en pro del independentismo de la autonomía, en sus respectivos países. Pretende simpatizar, hacer “coleguis” de ellos, convencerlos de lo buena que es Cataluña y lo “odiosa” que es España. Y esto sucede sin que el Gobierno de la nación diga nada, se queje, lo impida o, al menos, intente que, esta iniciativa en contra de la unidad de España tenga lugar ante sus propias narices. ¡Y esto, señores, está sucediendo en el mismo parlamento de Cataluña, una entidad que depende del Estado español y que permite que, en su seno, se traicione a la nación española!

Y ahora viene lo del nuevo “Plan Marssal” que nos va a llegar, en este caso, a través de los fondos creados por Bruselas para ayuda de las naciones más perjudicadas por la crisis del Covid19. Entonces, cuando toda España esperaba que nos llegasen de los EE. UU importantes ayudas, tan necesarias en unos momentos de la post guerra española, en los que la miseria y las carencias alimentarias de los españoles y sus preocupaciones económicas eran comunes para la mayoría de aquellos 24 millones de habitantes con los que contaba España. En principio, según se nos decía, ya hace meses que debió haber llegado una parte importante del total que nos fue concedido. No ha sido así y esto ha motivado que, los más impacientes, aquellos que esperan que les toque el Gordo que nos va a llegar de los bancos europeos, ya hayan decidido dar por hecho que van a recibir una buena tajada y, en consecuencia, ya se están empezando a gastar aquello que todavía no ha llegado. Por ejemplo, parece ser que el presupuesto del Govern catalán del 2020, se ha disparado en un 17%. Como es muy popular, sirve para conseguir votos y no significa un endeudamiento inmediato para la autonomía, se da la circunstancia de que el gasto social representa el 74,6% del total.

Pero hay que seguir con presupuestos expansivos, más gasto público, ya que lo primordial no es economizar ni bajar el endeudamiento y, por ello, en el proyecto para el 2022 ya hay previsto un déficit de 1487 millones de euros un 0’6% del PIB. Y, cómo no, hay que trabajar de cara a un futuro independentista que, como corresponde a una nación propia, deberá contar con un ejército para defenderla ¿de quién, se preguntarán?, pues de quién va a ser, de España que intentará impedir que se separen de ella. Lo cierto es que han pedido y no se les ha negado, aumentar la plantilla de mossos de escuadra en la bonita cifra de ¡17.000! No sabemos si todos ellos van a ser necesarios dado que, si se suprime la Ley Mordaza, es muy posible que sus funciones queden muy limitadas y no les quede nada que hacer, a menos que se dediquen a cultivar flores en los jardines de Montjuic.

Claro que nos podríamos preguntar a qué se debe el empeño, cada día más patente, de convertir a los ciudadanos en funcionarios, si por otra parte se nos quiere inculcar que la gente debe irse acostumbrando a que las empresas que se van digitalizando van a necesitar menos personal en su plantilla ya que, la ofimática y otras ciencias modernas, van a reducir la presencia humana en muchos aspectos de la vida corriente. En todo caso, el empeño de que aumente el número de funcionarios que no se puedan considerar como elementos productivos que alimenten, con sus trabajos, el PIB del país, descontando los incluidos en el sistema nacional de Seguridad Social, es muy posible que sea una forma de conseguir tener dominada a una plantilla pública, que les sea afecta en el momento de votar. Si está evidenciado que el sistema judicial español está carente de medios digitales para suprimir trabajos inútiles, para agilizar la tramitación de expedientes, para mejorar la comunicación entre los distintos juzgados y para dotar a la institución de unos medios ágiles de intercomunicación que evitaría, con toda seguridad, duplicidades y delitos que, a causa de la falta de medios preventivos, puedan quedar impunes o ser perpetradospor causa de carencia de información de aquellos colectivos encargados de perseguirlos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la impresión de que, así como se está proyectando el destino de nuestra nación y, ante la falta de una visión más realista y menos cicatera de la realidad por parte de los partidos de la oposición, poco o nada nos queda para animarnos, a los ciudadanos, respecto a lo que nos espera en el futuro.

Adoctrinamiento escolar a toda costa
OKDIARIO 11 Noviembre 2021

Cuesta imaginarse un futuro distópico en el que la derecha vulnerara el espíritu sagrado de la enseñanza de la forma en la que lo hace la izquierda. Arderían las calles, los colegios llevarían meses cerrados y los profesores se negarían a dar clases. Lo único que cuesta es creer si volverían a engañar a los padres, porque tras la mentira del slogan «per una educació pública i de qualitat», que consiguió sacar a la calle a docenas de miles de personas en base a falsas promesas, son muchos ya los que se han dado cuenta de la hipocresía de la educación progresista. Eso sí, no pueden abrir la boca para protestar si es que no quieren que sea su hijo quien pague las consecuencias.

Por si alguien pensaba que aún les faltaba alguna barrera por saltar, la última es ceder el aula de un instituto de Mallorca para la promoción de un sindicato de estudios independentistas. ¿El objetivo? Radicalizar aún más a los estudiantes en el odio a España y en la creencia de que su isla no es una Comunidad Autónoma propia, sino un apéndice de los «Paisos Catalans». La consigna que circula entre el independentismo es larvar la idea de que los mallorquines no son mallorquines, sino «catalans de Mallorca», y qué mejor forma de conseguirlo que implantando ese concepto en su cerebro desde el primer momento en el que pisan una escuela. Es, simplemente, vomitivo.

Lamentablemente VOX es el único que se ha opuesto abiertamente a la nueva Ley de Educación. La respuesta del PP ha sido ponerse de perfil, porque no quiere granjearse la oposición del profesorado, y el resultado es que lo que ahora parece una simple anomalía, la cesión de un aula para un sindicato de estudiantes independentistas, va a acabar convirtiéndose en práctica habitual en los colegios. Bueno, hablar ya de colegio es ser muy generoso porque en los centros públicos de Baleares se enseña poco y se adoctrina mucho. Y lo que se enseña es, muchas veces, una pura mentira, como la falsad del «reino catalano-aragonés». Los centros públicos de enseñanza son realmente madrazas independentistas radicalizadas. Y la culpa de todo es de la derecha. La derecha entregó hace muchos años la educación al progresismo y éste es el resultado.

El español, como el suahili o el liki
Por mucho que la educación esté transferida a las autonomías, el Estado debería actuar allí donde, como en Cataluña, se mofan del castellano y se niegan derechos esenciales
Editorial ABC 11 Noviembre 2021

El 48 por ciento de los centros educativos catalanes, prácticamente la mitad, no tienen redactada en castellano, y sí en catalán, la programación de ninguna de las asignaturas que se imparten en sus aulas. Pero esto no implica que la otra mitad de colegios sí lo tengan en español. En realidad, esa otra mitad ni siquiera se han dignado a contestar a la petición que en este sentido lleva haciendo desde 2020 la asociación Hablamos Español, lo que no solo demuestra una falta de respeto a las instrucciones dadas por la propia Consejería de Educación de la Generalitat, sino un desprecio hacia los derechos de una asociación. La planificación de las asignaturas solo en catalán es legal, pero a la vez eso es indiciario también de que el mito del ‘bilingüismo’ en las autonomías con lengua cooficial es falso.

Es el monolongüismo sectario contra el español lo que se impone. Lo mismo ocurre en Galicia o Baleares por ejemplo, lo cual solo aumenta la discriminación porque hay ya demasiados lugares en los que aprender en castellano se ha convertido en una excepción solo apta para bolsillos que puedan pagársela a sus hijos en centros privados.

Las cifras que hoy revela ABC dejan poco lugar a la duda. Solo 841 centros educativos de los más de 2.000 que hay en Cataluña han enviado a Hablamos Español las programaciones de cada materia. De ellos, 400 tienen redactados esos contenidos solo en catalán, y casi la mitad solo tienen en castellano los planes de la asignatura Lengua y Literatura Castellana. Esto deja un raquítico margen del 2,8 por ciento -26 colegios- que tiene redactadas en español las programaciones de otras asignaturas que no sean Lengua y Literatura. Y más llamativo aún: solo uno de los más de 800 centros que al menos han cumplido contestando a la asociación tiene toda su programación en español. No es difícil sospechar entonces que entre 2.000 colegios, solo uno cumple estrictamente la normativa. Y lo grave no es solo el dato. Lo grave es que se haya normalizado esta irregularidad como algo irreversible, que una asociación tarde un año en recibir datos oficiales, y que se confirme la tendencia del rodillo adoctrinador de la Generalitat. Y no ya hacia la marginación del castellano, sino directamente hacia su desaparición en los libros de texto, en las aulas, en las tutorías, en los patios…, y ahora también en la programación de las asignaturas.

Podría considerarse hasta un triunfo que, aunque sea en catalán, haya 800 centros educativos que hayan respondido a Hablamos Español. Pero es que ni eso puede tildarse de positivo. En sus respuestas, las direcciones de algunos centros se burlan de la asociación con insultos e ironías. «¡Ya hemos estado bastantes años programados en castellano. Iros a cagar!», respondió uno de ellos. Otro envió este indignante mensaje: «No tenemos ninguna programación en español, ni en quetxua, ni en suahili, ni en lemerig, ni en chemehuevi, ni en njerep, ni en tanema, ni en liki, ni en ongota, ni en dumitrescu, ni en chamicuro». Más allá de la evidente burla, lo único que cabe preguntarse es qué poder público defiende a un colectivo que protege el español en España. La inspección educativa no actúa, igual que cuando se incumplen sentencias de forzosa ejecución y nadie vela por su cumplimiento. La educación es una materia transferida a las autonomías, pero ese no es argumento ni para la vulneración de la ley, ni para que el Estado se quede cruzado de brazos cuando se maltratan la lengua oficial y los derechos de quienes quieren utilizarla en libertad.

España
Árabe en Ceuta, Netflix gallego y RTVE en 4 idiomas: la tasa nacionalista a Sánchez
Borja Negrete. vozpopuli.es 11 Noviembre 2021

No solo de pan vive el hombre, ni tampoco los partidos nacionalistas. Las exigencias identitarias se han multiplicado en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez y en una Propuesta No de Ley, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se suma a las reivindicaciones de Esquerra Republicana para tener una cuota de gallego en Netflix, Amazon Prime o HBO. A esta PNL hay que sumar las enmiendas solicitadas con ERC y Bildu donde, entre otros puntos, se solicita financiar el árabe en Ceuta, la traducción de libros al occitano o la formación de jueces en vasco, gallego y catalán.

El BNG considera que para la plena normalización de la lengua gallega debe estar presente en todas las plataformas audiovisuales. El actual anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros determina que el 30 % de las obras de los catálogos de estas plataformas deben estar dedicados a obras europeas. A su vez, dentro de este grupo, el 50% "será reservado para producciones en castellano o en alguna de las otras lenguas del Estado".

El partido nacionalista gallego no está de acuerdo con que no se especifique el porcentaje que será dedicado a obras vascas, gallegas y catalanas, y considera que en el cupo español debería dedicarse el 50% a producciones en castellano y el otro 50% a estas lenguas.

"De los 25.872 títulos entre series y films disponibles en las principales plataformas de televisión, prácticamente todos cuentan con versión original o doblada para el español y subtitulado en español o inglés, pero sólo 25 están en versión original gallega y ninguna cuenta con opción doblada o subtitulada a nuestra lengua", lamentan Néstor Rego y Míriam Nogueras, los diputados que presentan la PNL.

Además, en la misma PNL, el BNG solicita que la Corporación de Radio Televisión Española emita todos sus contenidos con opción doblada al gallego, así como al resto de lenguas oficiales distintas del español, "especialmente en la programación del canal específico infantil y juvenil y en los contenidos de su App". Ello supone que una película americana como, por ejemplo, 'Casablanca, tendría que ser doblada al español, vasco, catalán y gallego si RTVE adquiere sus derechos.

Enmiendas a los PGE
Al margen de la PNL, el BNG se ha aliado con ERC y EH Bildu para pedir que se aumente el presupuesto destinado a la producción audiovisual en lenguas cooficiales. Así, solicitan que el 30% del presupuesto de RTVE para la adquisición de películas se destine a la compra de producciones en gallego, catalán y vasco. También piden destinar al menos 50 millones de euros a la producción de cortometrajes o películas en "lenguas oficiales distintas del español". Al margen de esta enmienda, existe otra donde exigen directamente la dedicación de más de 17 millones de euros a proteger el cine en las lenguas cooficiales.

Entre sus peticiones se encuentra también la traducción de toda la publicidad institucional de la Administración General del Estado a vasco, gallego y catalán.

Árabe, occitano y tamazigh
En las enmiendas al articulado, ERC, Bildu y el BNG dedican un amplio capítulo a solicitar inversiones en materia lingüística de todo tipo. Entre sus propuestas se haya el establecimiento de una línea de financiación de medio millón de euros para capacitar a los jueces en vasco, gallego y catalán para que puedan dictar sentencias en estas lenguas. "Solo el 7% de las sentencias fueron redactadas en catalán" en 2020, lamentan estos grupos políticos.

También consideran necesario invertir 14.000 euros en promover el vasco en Navarra, un millón de euros en impulsar el catalán más allá de nuestras fronteras o 10.000 euros con destino la Generalitat para potenciar el aranés. Precisamente, respecto a este último punto, se pide destinar 35.000 euros a la traducción de libros al occitano y otros 50.000 para fomentar la lectura en este idioma.

Estos grupos también consideran imprescindible promover el tamazigh en Melilla. Según la enmienda presentada, España silenció la situación de esta lengua (bereber de variante rifeña hablada por la población musulmana autóctona) hasta 2010 y piden a Sánchez 10.000 euros para su difusión y conocimiento.

En la misma línea, proponen 10.000 euros para impulsar el árabe en Ceuta, argumentando que el 62% de los ceutíes de origen árabe-musulmán habla en este idioma.

La Generalidad aumenta el gasto en TV3, política lingüística y "embajadas" gracias a los fondos europeos
Pablo Planas (Barcelona). Libertad Digital 11 Noviembre 2021

El consejero de Economía de la Generalidad, Jaume Giró, de la cuota de Junts per Catalunya (JxCat), asegura que los presupuestos autonómicos tienen un marcado cariz social y que tres de cada cuatro euros se destinan a gastos considerados sociales. Sin embargo, las cuentas públicas para el próximo ejercicio contemplan importantes subidas en el apartado identitario.

Así, el ejecutivo regional contempla un gasto de 312 millones de euros para los medios públicos, lejos de los 303 de los anteriores presupuestos. Y de estos 312 millones, el grueso, 284 millones están destinados a TV3, la televisión autonómica más cara de España, y Catalunya Ràdio. A pesar de la fuerte inyección de fondos, no está previsto que haya cantidad alguna destinada a paliar el déficit de la televisión autonómica, que es de 15 millones.

En materia lingüística, la Generalidad pretende destinar 47 millones de euros a la extensión del catalán en el sector público, cinco millones más que en el pasado ejercicio. También sube la dotación para la consejería de Acción Exterior y Transparencia, que pasa de 78 millones en el último presupuesto a 98 en el presentado este martes. En cuanto a las delegaciones de la Generalidad en el extranjero, la intención es pasar de los ocho millones a los doce con el propósito de consolidar la red de "embajadas".

El diputado de Vox Antonio Gallego ha denunciado que la Generalidad destina mil millones a gastos identitarios, entre los que incluye los casi 300 destinados a TV3 y una partida de 40 millones para propaganda institucional. También destaca que en las cuentas de la Generalidad está prevista la creación de 16 nuevos "chiringuitos".

Por su parte, la diputada del PP Eva Parera ha destacado que el gobierno catalán destina el doble a TV3 que a la política industrial. "Continúa siendo más importante la promoción del proceso separatista que la recuperación económica", ha afirmado.

 


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