AGLI Recortes de Prensa   Sábado 13  Noviembre  2021

Bruselas no puede ser cómplice del expolio de este Gobierno
Daniel Lacalle. elespanol 13 Noviembre 2021

"Cry out to legions of the brave". Ronnie James Dio.

En un país serio no se permitiría que un Gobierno apruebe unos presupuestos donde el cuadro macro está invalidado por las estimaciones de la Comisión Europea y el INE, donde los ingresos están exagerados y los gastos infra estimados.

En una Unión Europea responsable no se permitiría que un Gobierno dispare en hasta 37.000 millones el gasto estructural aprovechando el dinero de sus socios europeos e intente disfrazarlo expoliando a los ciudadanos y pensionistas futuros.

El acuerdo con Bruselas para recibir los fondos europeos es, en resumen, subir los impuestos en 80.000 millones de euros y recortar pensiones masivamente para recibir 70.000 millones de euros de fondos europeos destinados a una inversión que se va a malgastar. Un auténtico despropósito que empobrecerá a la inmensa mayoría de los ciudadanos mientras el Gobierno elimina todo atisbo de transparencia en la gestión y concesión de esos fondos, en los que la probabilidad de despilfarro es altísima y pocos lo dudan.

Nadie serio en la Comisión Europea se puede creer que el Gobierno de España vaya a reducir el déficit estructural disparando el gasto corriente y aumentando todos los impuestos.

Tras desplomar la economía más que nadie en la Unión Europea en 2020 (un 10,8%), disparar el déficit "“para crecer", subir impuestos y consumir todo el apoyo del Banco Central Europeo, que ha comprado el 100% de la deuda neta emitida por el Gobierno de España, decir que un rebote raquítico del 4,6% es "crecer" o es una "recuperación justa" es simplemente una inmoralidad.

El hachazo de la Comisión Europea a las estimaciones de recuperación de España debería dar vergüenza al Gobierno. Ninguna economía ha sufrido un hachazo de previsiones de un 25% en tan poco tiempo. España pasa de ser la economía que más rápido se recuperaría, según las más que optimistas previsiones de los entes internacionales –ya lo avisamos aquí- a ser la que se recupera peor y más lento. España pasa de ser el país que más iba a recuperarse al decimoséptimo de la Unión Europea.

Lo más peligroso, y algo que la Comisión Europea no puede ignorar, es lo que alerta la AIReF. Una gran parte de los fondos europeos se van a gastos que se quieren hacer permanentes. Según el Informe sobre la actualización del programa de estabilidad 2021-2024 de la AIReF, hay un altísimo riesgo de que al menos la mitad de los 30 componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se conviertan en gastos permanentes.

Preocupa que más de 21.000 millones de euros anuales se enquisten como gasto corriente permanente y más de 16.000 millones anuales se conviertan en presupuestos asimilados.

La AIReF lo dice claramente: "el Programa de Estabilidad de este año no cumple con el objetivo de constituir un instrumento de orientación de la política fiscal a medio plazo".

Es intolerable que el Gobierno haya firmado en el MOU (Memorándum de Acuerdo) del rescate de Bruselas un recorte de las pensiones que rondará entre un 5 y un 7% en términos nominales –superior en términos reales- para la inmensa mayoría de los contribuyentes. Añadir una subida de los impuestos al trabajo sin contraprestación alguna en un país que ya tiene las cotizaciones sociales entre las más altas de Europa y un paro tan alto es una auténtica barbaridad.

No merece la pena recibir unos fondos europeos que se van a malgastar en su gran mayoría si la contrapartida es hacer más cara la contratación, disparar los impuestos a las familias y empresas, recortar las pensiones y cobrarnos por el uso de las carreteras.

La política del Gobierno no puede ser disparar el gasto estructural y siempre expoliar a los ciudadanos. Eso no es administrar, es hundir las opciones del país de recuperarse y avanzar.

España es uno de los países con una fiscalidad más agresiva para empresas y trabajadores. En vez de trabajar en los elementos que nos hacen quedar atrás, el altísimo paro, el pequeño tamaño empresarial y la alta economía sumergida, el Gobierno siempre acude a aumentar el esfuerzo fiscal de los que contribuyen mientras subvenciona la baja productividad y el clientelismo.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo no pueden ser cómplices de una política extractiva y confiscatoria que, además, no conseguirá la consolidación fiscal ya que consolida y perpetúa gasto corriente. El Gobierno fía toda la reducción del déficit (que no de la deuda) a unos ingresos que solo pueden crecer, en unas estimaciones de ciencia ficción en las que España solo recauda más y más pase lo que pase, como si no hubiera periodos de crisis o consolidación.

Es triste leer a economistas cercanos al Ejecutivo preguntarse por qué no rebotamos más y por qué se revisan a la baja las expectativas de crecimiento. La amenaza constante a los que producen, el ataque incesante a los contribuyentes y la financiación sin control de gasto clientelar llevan a España a un callejón sin salida.

Si la Comisión Europea aprueba esta batería de barbaridades económicas y sigue mirando a otro lado con el exceso de gasto, España va a acabar como una rémora para la Unión Europea en vez del pilar de crecimiento que podía ser.

Si el Banco Central Europeo sigue disfrazando el riesgo real comprando el 100% de la deuda neta emitida, el Gobierno seguirá traspasando todos los límites de la prudencia presupuestaria.

No hay política más anti social que llevar a un país a la ruina disparando el gasto político.

La descomposición del Estado

Fulgencio Coll. okdiario 13 Noviembre 2021

La falta de protagonismo español en el ámbito internacional es un hecho. Los ejemplos son constantes, podía citarse como uno de los postreros, la exclusión por Washington entre los treinta países elegidos para coordinar acciones contra el ransomware, secuestro de datos, entre los que se encuentran doce miembros de la UE. A ello hay que incluir la nula iniciativa española en el contexto internacional, incluida la UE.

¿Cómo ha podido caer tan bajo España? La respuesta es más que probable que esté relacionada con la extrema fragilidad del Estado, provocada por la erosión del orden constitucional por parte de quien debe protegerlo. La Constitución describe la organización y funcionamiento del Estado o, lo que es lo mismo, la práctica constitucional. No pueden habilitarse “cogobernanzas”, pues no las contempla el texto constitucional. El prometer cumplir y hacer cumplir el orden del Estado excluye las ocurrencias, la “vista gorda” y todo aquello que altere la igualdad entre los españoles. Si el efecto legal, tanto en el ámbito nacional como en el regional, es contrario a ello, debe subsanarse.

Los acontecimientos de los últimos años, con hechos como la formación de un denominado “Gobierno de coalición” cuando en realidad es un colectivo de ministros que van por libre, la sedición catalana, la gestión inconstitucional de la pandemia con consecuencias letales, el escandaloso indulto a los sediciosos, el acuerdo con el soporte político de la banda ETA, el destrozo de la educación incluyendo la promoción generalizada de prácticas woke sin valorar sus consecuencias, la destructiva imposición de lenguas nativas, la indolente carencia de la imprescindible política exterior sustituida por el feminismo como actividad diplomática, el gran descontrol migratorio y así podía seguirse indefinidamente, constituyen acciones que provocan la progresiva fragilidad del Estado.

En un mundo que lucha por acomodarse a un futuro que se configura de alta complejidad, aquí se legaliza la mala memoria del pasado; distracción se llama la figura. Innovación, es un concepto desconocido, se prefiere retrotraerse al vocabulario y relaciones políticas y sociales del comienzo de la Era Industrial. Se gratifica la mediocridad política en detrimento del talento y de las opciones reales de futuro.

Hay que apartar de la mentalidad ciudadana la noción de que la vida es un continuo progreso, el regreso forma parte de la Historia. Adueñarse del adjetivo progresista no es garantía de conocer el presente y estar habilitado para tratar de preparar el futuro. Del desconocimiento de la situación global por el estamento gobernante español consta la prueba de los debates parlamentarios. Su pobreza intelectual, en gran parte de ellos, sólo es comparable a su ignorancia y sectarismo.

Las ideologías modernas cada vez se devalúan más como instrumento para aportar soluciones a los problemas de un presente en rápida evolución. El posmodernismo crea problemas donde no existen. La realidad es que no se es consciente de ello. La situación que vive España puede enmarcarse en la obsolescencia y corrupción política y eso proviene de falta de competencia política para gestionar diferentes escenarios, entre ellos el económico. La tecnificación de la actividad humana afecta a la gestión de la administración pública, lo que reclama que los cargos puramente políticos en la organización estatal sean los mínimos.

La crisis que atraviesa España no tiene que ver con Monarquía o república, con el pasado franquista, con la derecha o la izquierda. Tiene que ver con su entidad nacional. Su descomposición como Estado sólo ha sido posible por la vulneración práctica del orden constitucional, sobre todo en la separación de poderes. El diseño territorial se creó artificialmente y se fue consolidando como fuerza centrífuga nacional a medida que se iban construyendo señas de identidad, bien mediante la exacerbación de rasgos regionales o simplemente inventándolas como el caso de las banderas.

El malhadado invento de las generaciones estatutarias ha convertido al Estado en una entidad provisional, en la que la continua transferencia de competencias a los entes territoriales, por oportunidad política, no tiene otro resultado que la desaparición paulatina del Estado. La práctica ocasional de transferencias autonómicas a cambio apoyo político partidista es una práctica ilícita, que debería perseguirse de oficio.

La introversión estatal por falta de cohesión interna, junto con un Gobierno infausto, ha convertido a España en un paria nacional e internacional expuesta por su situación geográfica a alto riesgo internacional. La tarea para adaptarse al modelo apropiado y eficiente, va a ser dura y requerirá altas dosis de patriotismo, preparación y buen gobierno. La ciudadanía española, cohesionada y bien dirigida es capaz de ganar el futuro, actualmente lo tiene perdido.

Revisión 100 años del PCE
Viajes a Moscú, Radicalismo y Juventudes Socialistas: Así Nació el Partido Comunista
El PCE, fundado el 14 de noviembre de 1921, fue fruto de la fusión del Partido Comunista Español y del Partido Comunista Obrero Español. Esta es la historia de sus orígenes.
Fernando Hernández Sánchez. elespanol 13 Noviembre 2021

Decía el historiador británico Eric J. Hobsbawm que el "corto siglo XX" comenzó con la Revolución rusa de 1917 y terminó en 1989 con la caída del Muro de Berlín. En medio, y horquillado por estos dos hitos, quedaron contenidos los grandes acontecimientos de la centuria: las dos guerras mundiales; las revoluciones políticas, sociales, tecnológicas y culturales; la Guerra Fría; las guerras de descolonización… En todos ellos, el comunismo jugó un papel central, ya fuera como amenaza, como esperanza, como peligro a evitar batir o como recurso movilizador. Como dijo Jorge Semprún, uno de sus disidentes, con todas sus luces y sus sombras, el comunismo fue el gran proyecto del siglo XX, que murió cuando lo hizo aquel.

En España, la historia del comunismo y de su expresión organizativa, el PCE, arrancó en un contexto convulso que podríamos considerar, parafraseando a Hobsbawm, como el arranque del "corto siglo XX español". En la segunda década de los años 1900, el régimen de la Restauración, basado en el turno pactado entre conservadores y liberales, estaba en crisis. Cierto que la constitución de 1876 era la más longeva de todas las alumbradas hasta entonces y que el mecanismo electoral había venido funcionando como un reloj durante más de un cuarto de siglo, pareciendo haberse encontrado el bálsamo de Fierabrás contra las guerras civiles, las revoluciones y las asonadas que habían asolado el siglo.

Pero en 1917 las cosas habían cambiado. La industrialización se había afianzado en País Vasco y Cataluña. Nuevos agentes se sumaron al escenario político: unas burguesías periféricas que juzgaban insatisfactoriamente gestionados sus intereses por los gobiernos centrales; unas clases medias urbanas que aspiraban a superar la estrechez intelectual y moral derivada del atraso secular y del peso del clericalismo; un proletariado que había aprendido a organizarse y a conseguir sus primeras reivindicaciones. A todo esto había que sumar la perplejidad de una nación desnortada tras la pérdida de los últimos restos del imperio ultramarino y dividida en cuanto a la reconstrucción de su prestigio internacional mediante las costosas guerras de Marruecos, además de una intelectualidad que se interrogaba sobre todo ello con un ojo puesto en Europa y otro en el casticismo.

1917 fue el fin del mundo pergeñado por el sagasto-canovismo. Todos los descontentos confluyeron en una huelga general, la primera de la historia contemporánea española, que vehiculó la reclamación de un cambio político profundo. El régimen no supo responder de forma distinta a la que conocía: pólvora y cuerdas de presos. A cambio, obtuvo una respuesta marcada por el desapego de las clases sociales y los sectores culturales más dinámicos y por la radicalización en los ámbitos de anarcosindicalismo y del socialismo marxista identificado con lo que estaba ocurriendo en Rusia.

La agitación obrera había llevado a un gran fortalecimiento de las organizaciones de la izquierda, especialmente entre 1914 y 1918. En 1917, la Revolución rusa se convirtió en el tema central de debate y en la piedra de toque de las posiciones del movimiento socialista en toda Europa. A la Internacional Obrera Socialista —o Segunda Internacional—, desprestigiada por no haber sabido detener la guerra imperialista y acusada de incurrir en las posiciones chauvinistas que habían conducido a la masacre a la clase trabajadora europea en agosto de 1914 se oponía la nueva Internacional Comunista (IC) —la Komintern o Tercera Internacional—, que agrupaba en su seno a los simpatizantes del Octubre soviético.

En Europa, unos tras otros, los congresos de los partidos socialdemócratas supervivientes de la Gran Guerra fueron poniendo a debate su identidad, sus estrategias y su alineamiento internacional. Unos, como la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO, el partido socialista francés) o el Partido Socialista Italiano se refundaron como Partidos Comunistas en sus congresos de Tours y Livorno. Otro fue el caso del Partido Socialdemócrata de Alemania, que resistió la transustanciación pero no pudo evitar la escisión que, a través de la Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, acabaría dando a luz al KPD, el Partido Comunista Alemán.

En 1919 el congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aplazó circunstancialmente su toma de decisión sobre la adhesión a la Komintern. Esperaba un dictamen de los dos enviados a Moscú, uno por cada tendencia: Daniel Anguiano, por los "terceristas" y Fernando de los Ríos, por los reconstructores de la Segunda Internacional. Ambos volvieron reforzados en sus convicciones: Anguiano, partidario de asumir las 21 condiciones de la Komintern; De los Ríos, tras una acre discusión con Lenin acerca del concepto de libertad, en contra.

En 1920 las Juventudes Socialistas decidieron no aguardar más y se constituyeron en Partido Comunista (PC), aceptando las veintiuna condiciones de adhesión impuestas por la Komintern, que implicaban —entre otras cosas— la sujeción a la estrategia mundial de la IC, la ruptura total con el reformismo, la adopción de un modelo de partido de vanguardia, centralizado y sometido a una disciplina casi militar, cuyas filas habrían de ser sometidas a una depuración sistemática y periódica. Poco después, la minoría "tercerista" que aún quedaba dentro del PSOE acordó separarse y fundar el Partido Comunista Obrero Español (PCOE). Un año después, y por orden de la Internacional, ambos grupos se fusionarían para crear el Partido Comunista de España (PCE).

Clandestinidad
La seña de identidad del nuevo partido fue el radicalismo, explicado, en parte, por la necesidad de diferenciarse de su matriz originaria y por el peso determinante de la juventud en sus filas. Frente al mundo de los "mayores", tildados de reformistas, los pioneros apostaban por la vehemencia programática, el maximalismo en los objetivos y la acción directa en la táctica. Los años iniciales estuvieron marcados por el izquierdismo a ultranza del nuevo partido y por los bandazos ideológicos de algunos de sus primeros líderes. Óscar Pérez Solís, atrabiliario personaje de origen militar, originariamente socialista, luego comunista y, por último, católico y falangista en los años 30, agrupó en torno suyo a un grupo de jóvenes cuya formación política era tan escasa como intensa su vocación por la acción.

Solís fue elevado al puesto de secretario general del Partido Comunista de España en julio de 1923, siendo cooptado como miembro del ejecutivo de la Internacional Comunista en julio de 1924. Su estrategia para compensar la relativa debilidad frente a los socialistas consistió en la creación de un núcleo de "hombres de acción", al estilo anarquista, que se vieron implicados en violentos altercados como la convocatoria en solitario de una huelga general en Vizcaya en protesta contra el embarque de tropas del regimiento Garellano con destino a Marruecos, el intento de atentado contra la sede del periódico bilbaíno El Liberal, en el que colaboraba Indalecio Prieto, el 23 de agosto de 1923, y el enfrentamiento armado con la policía por la toma de la Casa del Pueblo, en cuyo transcurso el propio Pérez Solís resultó herido de gravedad.

La Dictadura de Primo de Rivera, surgida, entre otras razones, con el pretexto de sofocar los efectos del violento enfrentamiento entre patronal y sindicatos, llevó al PCE a la clandestinidad, acentuando sus rasgos sectarios. La escasa proyección del partido apenas había permitido ampliar su base desde los primeros tiempos: la casi totalidad de los militantes del partido, según Vicente Uribe, que llegaría a ser ministro de Agricultura en los gobiernos de la República en guerra, "estaban en él desde el momento de su fundación". El partido carecía prácticamente de plataformas de expresión: La Antorcha, su primer órgano oficial, estaba suspendida, y los pocos números legales que pudieron aparecer del Joven Obrero, editado en Bilbao, fueron retirados por la policía.

El primer núcleo de dirección estable en los años 20 fue el conformado por José Bullejos, Gabriel León Trilla, Manuel Adame y Etelvino Vega. Sin embargo, ello no supuso un cambio de tendencia. El PCE se debatía entre el radicalismo, el voluntarismo, las confrontaciones personalistas intestinas y una deficiente praxis conspirativa. Los comunistas volcaron sus esfuerzos en difundir la propaganda antimilitarista en el interior de los cuarteles, estimulando el espíritu general de rechazo al servicio militar que caracterizaba a la opinión pública en aquellos momentos tan dramáticamente marcados por los desastres de la guerra de Marruecos.

Otro campo de actuación durante este periodo fue el del combate contra la institucionalización de la Dictadura primorriverista. Los comunistas llamaron al boicot de los comicios para la constitución de la Asamblea Consultiva, enfrentándose con ello a la postura del Partido Socialista, cuya tendencia mayoritaria era partidaria de participar en ellos.

Tutores del PCE
La Juventud Comunista operó durante todo este tiempo como el brazo ejecutor de la política más radical del partido. Algunos críticos posteriores de este periodo imputaban a la influencia de Bullejos la apuesta de las juventudes por el activismo violento y maximalista, pero este no era un rasgo exclusivo de la organización comunista española. En aquel periodo inicial, las Juventudes Comunistas no eran aún la mera sección juvenil de los partidos comunistas adultos. Antes al contrario, en muchas ocasiones eran difíciles de controlar ideológicamente, se comportaban como un pequeño partido comunista autónomo, aceptando a regañadientes las directivas de los adultos.

Las juventudes cultivaban una identidad propia, con orgullo organizativo fuerte, consustancial a un movimiento que hacía del culto a la juventud una de sus banderas. Como contrapartida, constituían el sector más dinámico de la organización comunista, el más aguerrido y dispuesto a la lucha, se encontraban en la vanguardia del combate político y a ello se debía que aportaran el mayor contingente de detenidos y presos. La mayoría de sus miembros eran jóvenes obreros, aprendices, y empleados que se implicaban en un estilo global de vida difícil y peligrosa, portadora del futuro y dispuesta a todo por la revolución. Las Juventudes estaban integradas por la primera generación formada ya políticamente en el propio ideario comunista, sin ligaduras a la cultura socialista que aún teñía las mentalidades y las actitudes de los adultos que habían participado en la escisión tercerista. Fue por ello por lo que se convertirían posteriormente en un bastión para la bolchevización de los respectivos partidos comunistas y en una fértil cantera de futuros dirigentes.

El sectarismo y el incremento de la represión policial, que logró en varias ocasiones la caída de la dirección y del partido al completo —su tamaño era tan reducido que logró camuflarse bajo la cobertura de un club de fútbol, el Oriente FC—, contribuyeron a que su número de militantes nunca fuera demasiado importante. Es más, durante los últimos tiempos de la Dictadura experimentó un significativo declive. El cerco policial excitaba, por otra parte, los recelos de los restos de la organización superviviente, incrementando su aislamiento.

Durante este periodo inicial, el PCE, como sección española de la Internacional Comunista se consideró a sí mismo como el destacamento de un ejército mundial cuyo Estado Mayor radicaba en Moscú. Sin embargo, España ocupaba una posición periférica y poco importante geoestratégicamente hablando, para una URSS que estuvo más interesada en los años 20 por la extensión de la revolución a Alemania. Por ello, los instructores enviados por la Komintern para tutelar al PCE fueron de una personalidad política discreta, como el expastor protestante belga Jules Humbert-Droz, al que sucedió ya en tiempos de la República el argentino Victorio Codovilla. Tanto uno como otro se encargaron de dirigir el partido en la práctica, mientras esperaban la capacitación de una dirección local con cierto nivel de autosuficiencia organizativa, lo que no ocurriría hasta 1932.

La proclamación de la República trajo consigo el retorno del PCE a la legalidad, aunque muy menguado en sus fuerzas: el 14 de abril de 1931, sus militantes recibieron al nuevo régimen al grito de "¡Abajo la República burguesa! ¡Vivan los soviets!" en medio de la incomprensión y el rechazo generalizados. La esterilidad de la violencia desestructurada, las nuevas posibilidades para la acción política legal otorgadas por la República, el relevo de la dirección encabezada por Bullejos en 1932 por otra liderada por José Díaz y Dolores Ibárruri, el abandono de las posiciones sectarias y, por fin, el giro impreso a la política de alianzas por el VII Congreso de la Komintern en 1935, que condujo a la formulación de los frentes populares antifascistas, acabarían con el aislamiento y la radicalidad izquierdista del PCE, abriendo el camino a su consolidación como una importante organización de masas en los primeros tiempos de la Guerra Civil.

* Fernando Hernández Sánchez es doctor en Historia Contemporánea y profesor de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de Comunistas sin partido: Jesús Hernández, ministro en la guerra civil, disidente en el exilio (Editorial Raíces, 2007), El desplome de la República (con Ángel Viñas, Crítica 2009), Guerra o revolución. El PCE en la guerra civil (Crítica, 2010), Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (Crítica, 2015) y El bulldozer negro del general Franco (Pasado&Presente, 2016).

Revisión LA URSS
Los Comunistas Españoles que Dejaron de Serlo en Moscú: el Paraíso Era el Infierno
Esta es la historia de renegados como Enrique Castro Delgado que llegaron a la Unión Soviética al perder la Guerra Civil y perdieron la fe en el comunismo estalinista.
David Barreira. elespanol 13 Noviembre 2021

"Con el tiempo, es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil". La sentencia pertenece a Thomas Mann, pero la utilizó el escritor y periodista Arthur Koestler en París en 1938, en un discurso pronunciado frente a un par de centenares de intelectuales refugiados, para anunciar que ponía fin a su experiencia comunista.

En sus Memorias (Lumen), divididas en dos volúmenes —Flecha en el azul (1952) y La escritura invisible (1954)—, Koestler fue todavía más mordaz. Primero relató una paradoja: que tuvo el respeto de los progresistas que no comulgaban con el comunismo mientras perteneció al Partido, pero que empezaron a despreciarlo cuando lo abandonó. Y luego concluyó que los excomunistas eran "ángeles caídos que tienen el mal gusto de revelar que el cielo no es el lugar que se supone".

El cielo resultó ser un oasis de miseria y terror. La vida en la Unión Soviética no se correspondía con la visión romántica que María Teresa León extrajo de su viaje a Moscú a finales del verano de 1934. La Rusia de Stalin era el "país más próspero y lleno de posibilidades del mundo" para la escritora, que había sido invitada junto a su esposo Rafael Alberti por la Organización Internacional de Escritores Revolucionarios (MORP) para participar en el Congreso de Escritores Soviéticos.

El comunismo soviético, para otro español que lo contempló con sus propios ojos, el médico Julián Fuster, era todo lo contrario: "Un fantasma, por desgracia, de carne y hueso". Afiliado durante la Guerra Civil al Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), organización de ideología marxista-leninista, logró exiliarse en la URSS tras haber sobrevivido al fuego del frente. Allí trabajó como cirujano traumatólogo durante la II Guerra Mundial, pero sobre todo descubrió el hechizo de la hoz y el martillo: la propaganda escondía una realidad totalitaria.

"No hay ninguna esperanza de futuro. Vivimos como prisioneros. ¡No hay nada más humillante que la existencia en un país de dictadura cruel, trabajo agotador y falta total de cualquier tipo de perspectiva!", escribió Fuster —su odisea la ha recuperado recientemente la historiadora Luiza Iordache en Cartas desde el gulag (Alianza)— en unas cuartillas interceptadas en 1948 por los agentes de la Lubianka, el temible centro policial soviético.

Condenado a veinte años en el gulag por "espionaje" y "agitación antisoviética", quedó en libertad tras cumplir siete, después de sobrevivir milagrosamente a revueltas reprimidas con mucha sangre y a temperaturas de cuarenta grados bajo cero. El médico pudo volver a España en 1959, con Stalin ya muerto, aunque sus "antecedentes rojos" fueron otra condena en vida y tuvo que exiliarse de nuevo en Cuba. Desde allí escribió un demoledor dictamen sobre el paraíso que se encontraron los leales a la Segunda República que huyeron de Franco con rumbo al este:

"Los españoles repatriados de la Rusia soviética eran exiliados de la Guerra Civil, como los cientos de miles que suman los que están en México, Francia, Chile, Venezuela, Cuba y otros países. Pero solo entre los que se acogieron a la hospitalidad soviética se ha dado este fenómeno de querer regresar a España, que está bajo el régimen que combatieron durante dos años y medio de guerra (...). Pocos hechos como este, acaso ninguno, ilustran el desencanto tan absoluto y patético, de revolucionarios, de comunistas de buena fe, al entrar en contacto con las realidades de la Rusia de hoy".

¿Y la libertad?
El mayor representante de esta corriente disidente, de renegados, que rompió con la ortodoxia ideológica y la unidad del Partido al llegar a la URSS fue Enrique Castro Delgado. Su caso es de enorme singularidad: obrero metalúrgico transmutado a revolucionario profesional, durante la Guerra Civil se convirtió en el fundador y comandante en jefe del 5º Regimiento de Milicias Populares, una de las unidades militares más prestigiosas del Ejército republicano. Fue también subcomisario general de Guerra y miembro del Comité Central del Partido Comunista.

Castro Delgado desembarcó en Moscú en 1939, donde actuó como responsable de la emigración española en suelo ruso, secretario de José Díaz, máximo dirigente del PCE —este domingo se cumple un siglo de su fundación— que se suicidó en 1942 arrojándose por una ventana, y de las emisiones de Radio España Independiente. Sin embargo, allí se diluyó su lealtad a la religión comunista. A los pocos días de llegar a la capital rusa ya hacía reflexiones como esta: "Hoy no voy a la Komintern. Esto me produce la misma alegría que cuando de pequeño podía decir: hoy no voy a la escuela". El desengaño fue in crescendo: "Estoy en el país del socialismo desde hace bastante tiempo y no sé lo que es el bienestar, no sé lo que es la libertad".

Su experiencia soviética y las distintas etapas del renegado —la búsqueda de justificaciones, el rechazo del conflicto interior, la crisis final y el desengaño— las recogió en Mi fe se perdió en Moscú, un relato inmisericorde que escribió ya en México tras esquivar un agónico proceso de purga —allí también publicó Hombres made in Moscú, un libro en el que confesó sus crímenes como responsable de la represión en Madrid durante los primeros meses de guerra—.

Castro Delgado, que llegó a definir el comunismo como "un gran campo de concentración", no se mordió la lengua a la hora de embestir contra sus camaradas y denunció ese mantra que escuchó y él mismo repitió muchas veces de que "vale más equivocarse contra el Partido que tener razón contra el Partido": "¿Qué importa que ahora, cuando me he convencido de que era mentira lo que creí que era verdad, pretenda alzarme contra esta ley bárbara? (...) La verdad, ¿qué importa? El hombre, ¿qué importa? Importa el Partido... Sí".

En la patria del socialismo, escribió Castro Delgado, muy crítico con Dolores Ibárruri, la Pasionaria, "basta con repetir que el mundo capitalista es un infierno, que Stalin no se equivoca nunca, aplaudir cada vez que su nombre es pronunciado en una reunión, creerse todo lo que dice la prensa soviética, en la democracia soviética, en el bienestar del que se disfruta en la URSS, etc. Hay que creer: es una ley general. El que la observa, sube. Y el que no la observa, baja. Estas son las reglas del mundo nuevo".

La biografía de este hombre, que terminaría su vida regresando a España y trabajando, con el beneplácito de Franco, a las órdenes de Manuel Fraga en la Oficina de Enlace, un organismo de información de actividades subversivas —le llamaron de todo: "cáncer que ya no se curaba con pomadas, sino que había que sajarlo", "obrero desclasado", "oveja sarnosa que contagia al rebaño" o "sanchopancesco"—, es una caja de sorpresas. Y aunque muchos pensaran como él, fue de uno los pocos de los alrededor de 6.000 comunistas exiliados que mostró el arrojo de evidenciar que el mundo ideal había evolucionado en la URSS hacia una ideología criminal.

"El terror funciona como una implacable máquina de precisión. Así se entiende que el renegado sea una anomalía. El comunismo decepcionó a muchos militantes, pero solo unos pocos tuvieron la valentía de denunciarlo, porque las consecuencias podían ser definitivas", escribe el investigador Sergio Campos Cacho en la introducción de la edición más reciente de Mi fe se perdió en Moscú, publicada en 2018 por Espuela de Plata.

Decepciones y expulsiones
Otro de los aspectos más inverosímiles de la travesía de Castro Delgado es que le permitiesen abandonar Moscú visto su historial. Lo logró gracias a su insistencia —envió cartas a la cúpula dirigente de la Komintern y al propio Stalin— y a la ayuda que sus cuñadas le prestaron desde México. Incluso se sospecha que recibiese un cable de Caridad Mercader, la madre de Ramón Mercader, asesino de Trotski, y su amante, Nahum Eitingon, oficial de los servicios de inteligencia soviéticos y estrecho colaborador del dictador. Otros españoles no fueron tan afortunados.

Es el caso de Valentín González, más conocido como "El Campesino", un personaje envuelto en una aureola de fanatismo y sangre. Minero extremeño nombrado general del Ejército republicano durante la Guerra Civil, descubrió durante su exilio soviético la gran mentira del estalinismo. Fue acusado de trotskista y deportado a los gélidos campos de concentración de Siberia tras una fracasada "regeneración por el trabajo" picando piedra en las obras de construcción del metro de Moscú. De milagro, escapó del gulag y narró ese sentimiento común que experimentaron muchos camaradas españoles.

González publicó varios libros de títulos muy sutiles sobre su experiencia rusa y su repudio del comunismo: Yo escogí la esclavitud (1950), Vida y muerte en la URSS (1950) y Comunista en España y antiestalinista en la URSS (1952). Una sentencia recogida en este último volumen resume su viraje ideológico: "Yo quería para España un régimen semejante al impuesto por Stalin en la URSS. Y luego la URSS de Stalin ha sido para mí la mayor desilusión, el mayor engaño y el peor fracaso de mi vida". Todas estas obras de los renegados publicadas en los años de la Guerra Fría brindaron una inesperada arma propagandística para el franquismo.

En la lista de renegados, aunque con matices, hay otro nombre ilustre: Jesús Hernández —entre los de la guerra destacan los poumistas Andreu Nin, ejecutado por "espía fascista" y Julián Gorkin—. Miembro del Buró Político del PCE junto a José Díaz y Dolores Ibárruri desde 1932, fue el primer ministro comunista de España, en la cartera de Instrucción Pública, junto a Vicente Uribe (Agricultura). En la URSS era uno de los mejor colocados para hacerse con el liderazgo del Partido, pero diversas discrepancias por el rumbo que debía seguir la formación terminaron por dilapidar su poder. En abril de 1944 fue expulsado.

Jesús Hernández, que se reciclaría en asesor de la embajada yugoslava en México, escribió en 1953 Yo fui un ministro de Stalin. Este libro, según explica el historiador Fernando Hernández González, uno de los autores de la obra colectiva Un siglo de comunismo en España I (Akal), "debe ser leído en clave interna de ajustes de cuentas y reformulación de posiciones entre la oposición antifranquista del exilio a comienzos de los cincuenta" y no como un alegato anticomunista. En ese mismo año se publicó en París Le grande trahison, también de título sugerente y donde se mostró más explícito a la hora de describir los mecanismos soviéticos.

"Cuando una duda planea sobre un camarada extranjero en Moscú, se le retiene en 'el aparato de la IC (Internacional Comunista)'. Se le confía un trabajo en el que tiene que manifestar un verdadero entusiasmo y de lo contrario cae en desgracia. Si el candidato a la muerte lenta no se muestra absolutamente sumiso, se le empieza a dar a entender que el último de los empleados es más digno de consideración que él. Se le hace ir bajando uno por uno los escalafones de la jerarquía del empleo, lo que tiene como consecuencia reducir inmediatamente su tren de vida, incluyendo su domicilio. Si no tiene los nervios bien templados, insiste en su deseo de marcharse de la Unión Soviética. No hace así sino 'confirmar la sospecha' de los encargados de vigilarle y naturalmente espera en vano la respuesta a su solicitud. Desesperado de verse llegar poco a poco a la condición de peón famélico, protesta abiertamente… y así ¡él mismo pronuncia su sentencia de muerte o de deportación!".

En esa misma obra, como recuerda Marta Ruiz Galbete, investigadora de la Universidad Grenoble Alpes (Francia), Jesús Hernández relata que a medida que se iban acercando a la URSS al término de la guerra, los jóvenes españoles que viajaban con él empezaron a lanzar cada mañana por la borda una parte de sus objetos personales y prendas de vestir, convencidos de que nada más atracar se les darían otros mejores. "La anécdota permite hacerse sólo una pálida idea del terrible shock que sufrió la emigración española al llegar al paraíso socialista con que tanto había soñado", apunta.

También por desviarse de la férrea disciplina del Partido, muchos de sus excamaradas, como Santiago Carrillo o Ignacio Gallego, se mofaron de Hernández tildándole de "bon vivant", vendido a los servicios secretos británicos, adicto al "donjuanismo", "degenerado" o "amante de las orgías". Él, ante las enormes carencias de la URSS y el brutal Gran Hermano que allí gobernaba, solía recomendar que se dejara partir hacia América a cuantos españoles lo pidieran. "Los que se queden, se pierden", justificó. Los testimonios de los renegados dan buena fe de la que se perdió en Moscú.

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Sánchez, el liberticida
Jimmy Giménez-Arnau. okdiario 13 Noviembre 2021

Robespierre fue útil para mostrar a los franceses que la egalité no es sinónimo de liberté. Entre otras razones, porque el uso arbitrario de los derechos iguales facilita la violación de esos mismos derechos. Como el déspota Sánchez no tiene ideología, se aferra a los abusos y suple su falta de ideales por un único afán, seguir gobernando. Hace lo que se le antoja, ya sea ruinoso o demencial, para enrocarse en la Moncloa hasta el final de sus días. De ahí que haya comprado (con millones de euros salidos de nuestros impuestos) el apoyo de tribus asilvestradas que odian a la nación española y al Rey. A Sánchez, el liberticida, sólo le mueve su ego, algo normal en un político inculto.

NOTA. Liberticida según la RAE: el que mata o destruye la libertad, así mismo el que anula, deroga, quita o niega el estado.

¿Qué haría tal inepto de lograr situarse en la jerarquía de los valores de Occidente, sino el ridículo? Lo que hace a diario presidiendo el Gobierno español. Nunca se levanta con la sana idea de no mentir y siempre se acuesta urdiendo memeces insanas. La última barbaridad que se le ha ocurrido, sugerida por Marlaska y propulsada por los no menos nefastos podemitas, es la de crear una nueva ley de seguridad ciudadana que proteja a los delincuentes violentos y anestesie la autoridad de la Policía y de la Guardia Civil, de los pocos cuerpos dignos, junto a los Ejércitos, que nos sacan las castañas del fuego. El liberticida ha entrado en barrena y aparecen signos inequívocos de que su zafio imperio, levantado con gentuza, toca a su fin. Sería una buena noticia que la primavera de 2022 festejara su desaparición.

“Ho tornarem a fer”, ladran los golpistas indultados y Sánchez, dado al plagio repite: “Si tuviese que volver a hacerlo, lo haría de nuevo”. Él también se pasa por la bragueta los estados de alarma declarados inconstitucionales. Su total desprecio hacia la legalidad vigente y los jueces, bate récords. Al emperador de los vagos, todo le vale. Le da lo mismo jurar que España va bien, cuando expertos en economía avisan de que va a la ruina, como le sale por una friolera recortar las pensiones, porque sí se lo exige la UE, para entregar los fondos que él, luego, subastará entre sus aciagos socios. El hijo de la chingada -en terminología nicaragüense- e infame dictador Ortega, llama a España y a la UE, nazis y fascistas, y Sánchez, no dice ni pío. Jamás tuvimos un presidente tan esquivo, salvo ZP, capaz de dejar tirados a los pensionistas e indefensa a la nación.

“España va bien”, jura el trilero. Pero los titulares de la prensa libre hablan de desastres. Bruselas no se ha tragado tus presupuestos fake y recorta hasta el 4,6% el crecimiento del país en 2022. La sexta ola asoma la cresta y revive la pandemia. Huelga de transportistas antes de Navidad. La Generalidad financia el acoso al castellano. El precio de la luz funde a miles de familias, La indecente y vulgar coalición social-comunista, por fin revienta y se hace añicos. La Policía y la Guardia Civil saldrán a la calle para pedir el cese del más traicionero y blando ministro de Interior que hemos tenido. Sí, Sánchez, gracias a ti y a tus trolas, España va bien. Recuerdo un verso de Huidobro que te retrata a la perfección: “El pájaro tralalí, tralalá, canta en las ramas de tu cerebro”. Los damnificados de La Palma aún esperan, sentados y cubiertos de ceniza, las ayudas que les prometiste.

Por el Senado hacia los Países Catalanes
Iván Vélez. https://gaceta.es 13 Noviembre 2021

Con el imprescindible y previsible apoyo del PSOE, el Senado de España, presidido por el federalista Ander Gil, ha aceptado el uso de los rótulos «Países Catalanes» y «País Valenciá», expresiones que no figuran en el Estatuto de la Comunidad Valenciana, bajo el argumento de que el veto a las iniciativas que contengan tales expresiones supondría «una medida desproporcionada que coartaría el derecho a la iniciativa parlamentaria de los senadores». Con esta decisión, el partido de Sánchez vuelve a alinearse con las sectas secesionistas y extractivas que se emboscan bajo siglas como PNV, ERC, Bildu y Compromís, habituales usuarios de estas denominaciones que cada vez son empleadas con más frecuencia tanto en las instituciones como en los medios de comunicación plurisubvencionados.

La expresión «Países Catalanes», de resonancias francesas en su origen, comenzó a hacer fortuna en el contexto de la Renaixença catalana, ámbito romántico desde el que dio el salto a algunas publicaciones de carácter histórico reivindicadoras del foralismo. El giro hacia un sentido plenamente político se dio a finales del siglo XIX en ambientes republicanos y federalistas. A José Narciso Roca y Farreras, tenido por uno de los primeros secesionistas catalanes, se deben estas programáticas palabras publicadas en L´Arch de Santa Martí el domingo 18 de abril de 1886:

Unió nacional de las provincias catalanas, de tota Catalunya; simpatía de tots los païssos catalans, d´ensá y d´enllá del Ebro, d´ensá y d´enllá dels Pirineus orientals, fraternitat de tots los pobles de la confederació ibérica de l´antigüetat; emancipació nacional, y vida y drets politichs de Catalunya com poble y patria; renaixensa de Catalunya com nacionalitat ó gent: aixó simbolisa la restauració de Ripoll.

Como es lógico, las actividades secesionistas de Roca, que tuvo entre sus discípulos al racista Sabino Arana, le abrieron las puertas de una prisión muy distinta a la de Lledoners. Sin embargo, sus tesis fueron tomadas por otro egregio federalista, Pi y Margal, en cuyo mausoleo, alzado en el Cementerio Civil de Madrid persiste un epitafio harto incómodo para los federalistas de hogaño: «¡España no habría pedido su imperio colonial de haber seguido sus consejos!». Ya en el siguiente siglo, la miopía de figuras como Ramón Menéndez Pidal dio continuidad a un rótulo que sobrevivió vinculado a cuestiones lingüísticas cuya operatividad política no supieron aquellos hombres de la pluma. El giro político definitivo se dio en los años 60, cuando el valenciano Juan Fuster y Ortells publicó Nosaltres, els valencians. Hijo de un tallista religioso carlista, Fuster, militante de Falange en su juventud, organización con la que rompió tras confesar que había estado «intoxicado por la Dictadura», se escoró hacia posturas que definió como liberales. La obra, muy elogiada por Ernest Lluch, ya volcado en el análisis de las famosas balanzas fiscales que sirvieron de coartada para el lema preferido del clan Pujol y sus cómplices- «España nos roba»-, fue premiada por las instituciones catalanas. En ella se contiene una reveladora afirmación del futuro catalanista previsto por Fuster para los valencianos «de la zona catalana»: los Países Catalanes, en tanto que comunidad suprarregional (sic) donde ha de realizarse su plenitud como «pueblo».

La aprobación de los estatutos de autonomía exigiría hoy una actualización de la cita de Fuster, en la que destaca una alusión inadmisible para el PSOE y sus socios a la condición regional de las piezas que formarían los Países Catalanes. En efecto, si el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006 contiene esta afirmación: «El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación», el PP valenciano no quiso ser menos y se apresuró a definir la tierra de Fuster como «nacionalidad histórica», condición a la que Baleares se sumó por idéntica vía estatutaria.

En una España transida de europeísmo unionista, todo conspira para que los Países Catalanes cristalicen, con la consiguiente erradicación del español de la escena oficial y la pérdida de derechos que ello lleva aparejado. La escala territorial de los mismos parece encajar a la perfección en el proyecto eurorregional impulsado desde Bruselas. Para ello, nada mejor que aceptar con naturalidad la expresión, acaso bajo el siempre socorrido pretexto de la apelación a la semántica, «Países Catalanes» dentro de las libérrimas, aunque todos sabemos que unas son más libres que otras, iniciativas parlamentarias que se lleven al Senado.

Padrinos de delincuentes
Eduardo Goligorsky. Libertad Digital 13 Noviembre 2021

El Parlament de Cataluña ha creado una comisión que se encargará de diseñar un nuevo modelo policial para la región.

Los delincuentes que han elegido como escenario para sus fechorías la república prematuramente abortada de Cataluña pueden dormir tranquilos, apadrinados por políticos renegados de su patria. Los guardias urbanos y los mossos d´esquadra estarán sometidos a una rigurosa vigilancia ejercida por sus más enconados enemigos y difamadores para que no puedan disparar una bala de foam ni blandir una porra contra incendiarios, vándalos y depredadores. Algo así como si la policía de Sicilia estuviera controlada por el clan mafioso Corleone. Esos políticos renegados negocian con sus socios trapaceros enrocados en la Moncloa la expulsión de Cataluña de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad constitucionales: la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Nuevo modelo policial
El Parlament de Cataluña ha creado una comisión que se encargará de diseñar un nuevo modelo policial para la región. Al frente de este organismo estará Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, partido antisistema que, según anunció esta legisladora, se propone poner en marcha "una oficina que pueda sancionar a los mossos d’esquadra al margen de la Justicia y con más celeridad que esta si considera que los agentes cometen malas prácticas", porque "hemos visto casos en que agentes siguen actuando estando en procesos judiciales" (LV, 26/10). Al día siguiente, el columnista del diario que publicó esta noticia, Màrius Carol, puso el grito en el cielo ("Conejos de la chistera"):

La CUP está por reinventar la democracia: a la policía catalana no la sancionarán los jueces como en el resto del planeta, sino los antisistema en su nuevo chiringuito. ¿Guay, no? El chiringuito sancionará deprisa y corriendo y no como los tribunales, que exigen pruebas, testimonios y comparecencias (…) Los Mossos levantaron 1.200 actas el año pasado por alteraciones del orden público en las calles, sin que ni una sola de ellas fuera tramitada, no fuera que se sancionara a un activista amigo. Lo que parece un recochineo es que ahora la policía catalana pueda ser sancionada en un chiringuito por ser demasiado resolutiva.

Una lógica perversa
La coalición de todos los partidos y movimientos sediciosos contra los guardianes de la ley responde a una lógica perversa. Aunque haya sido un gambito autoexculpatorio de dudosa veracidad, el compromiso que dijo haber asumido el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero debería convertirse en la norma de conducta de estos funcionarios: "Si la Justicia me hubiera ordenado detener al presidente de la Generalitat, habría obedecido la orden". Pero Junts, ERC, CUP y Comuns marchan por otro derrotero. Son los promotores de la rebelión, los alborotos callejeros, la quema de contenedores, la okupación de edificios y espacios públicos, los escraches y las agresiones físicas a los agentes de la autoridad. "¡Apretad, apretad!" es el mantra de los capos.

Cuando los agentes del orden hicieron oír su voz de protesta en una manifestación multitudinaria contra la complicidad de las autoridades regionales y municipales con la escoria subversiva, los parlamentarios de Junts y ERC fingieron conmoverse con una declaración trufada de evasivas (LV, 5/11):

En lugar de instar a "reforzar la autoridad" de la policía, como planteaba el PSC, tanto ERC como Junts prefieren remarcar que el objetivo de las intervenciones policiales debe ser "garantizar derechos y libertades a toda la ciudadanía", rechazando "la criminalización de los jóvenes".

Al pie de esta información leemos, en un recuadro:
Los representantes de los Mossos se preguntan si Pere Aragonès realmente los "escucha" y acusan al Govern de "servilismo" respecto de la "minoría social" de la CUP, por lo que alertan de que la seguridad pública podría quedar en manos de los que "miden la democracia en función de los contenedores quemados y policías heridos".

Otro timo
Jordi Juan, director de La Vanguardia, celebra como "Un paso adelante" (6/11) "el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y la Generalitat para consolidar el papel de los Mossos como principal fuerza policial en Catalunya". Otro timo para pillar incautos. Rubricaron el trampantojo, por un lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska –el mismo que defenestró a un jefe de la Guardia Civil por cumplir con su deber, pacta con el Gobierno vasco los privilegios para matarifes etarras y facilita la excarcelación de asesinos reincidentes– y, por otro, el conseller exsocialista transmutado en supremacista étnico Joan Ignasi Elena, bajo la mirada atenta del president desertor de su nacionalidad española Pere Aragonès. En síntesis, los Mossos estarán subordinados a los caprichos contra natura de un contubernio de políticos totalitarios con antecedentes penales, indultados con nocturnidad y alevosía de condenas firmes por delitos de sedición, malversación y prevaricación. Con la conformidad del Frankenstein sanchicomunista. ¡Vaya esperpento el "paso adelante"!

Blindaje sólido y fiable
Sírvanos de consuelo el hecho de que en la encuesta de servidores públicos que merecen confianza en Cataluña (LV, 7/11) los Mossos sobresalen con el 78% y la Policía Nacional y la Guardia Civil con el 70%. A los brazos de la ley solo les preceden el personal sanitario y los profesores, mientras que los políticos padrinos de los delincuentes naufragan en la ignominia con el 31 %.

Es en la entente patriótica de la sociedad civil sana, por lo tanto, donde reside el blindaje más sólido y fiable para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para las Fuerzas Armadas, a quienes la Constitución encomienda la defensa de la Monarquía parlamentaria y de la integridad y soberanía del territorio de España. ¡Desperta ferro!

PS: Los gemelos estadounidenses de los cuperos catalanes pretendieron aprovechar la muerte de un ciudadano negro asfixiado por un agente blanco, en Minneapolis, para reemplazar a la Policía por un estrafalario cuerpo de componedores. El 56% de los ciudadanos, celosos de su seguridad, rechazaron en las urnas la iniciativa castradora de los antisistema (LV, 14/11). Un ejemplo aleccionador de cultura cívica.

La España vaciada, un nuevo socio para Bildu, ERC y Podemos
Cristian Campos. elespanol 13 Noviembre 2021

Dice la izquierda que los que afirman "no ser de izquierdas ni de derechas" son de derechas. Pero no siempre es así. Miren lo que dicen, coma arriba coma abajo, los de la España vaciada: "Se equivocará quien analice el fenómeno de la España vaciada en términos de derechas e izquierdas". Probablemente piensan que los de la España rellenada somos todos idiotas y vamos a tragar con ese caballo de Troya.

Vamos a despejar todas las dudas. Los de la España vaciada no es que sean de izquierdas: es que van a tardar menos en arrimarse a Mertxe Aizpurúa, Jaume Asens, Gabriel Rufián, Joan Baldoví y el resto de nacionalistas de fueros y campanario del Congreso de los Diputados que en recoger su acta y empezar a cobrar de los Presupuestos Generales del Estado. Es más: pronto empezarán a aflorar los vínculos de la España vaciada con Unidas Podemos. Al tiempo.

Hay una segunda frase recurrente: "Madrid no entiende X". En el espacio de la X pongan ustedes su comunidad, provincia, pueblo, caserío, horda o clan preferido. La idea es que el folclore regional, los dialectos serranos, la gastronomía local y el costumbrismo provincial son un arcano al alcance únicamente de la inteligencia de aquellos afortunados que han tenido la inmensa suerte de nacer en el epicentro del asunto.

La cosa, por supuesto, no es recíproca. Por lo visto, uno de Cosculluela de Fantova entiende a los madrileños y hasta a los neoyorquinos y los tokiotas como si los hubiera parido.

Siendo catalán, los pucheros de la España vaciada me suenan. Llevo toda la vida oyéndolos en boca de los golfos apandadores de mi pueblo, que es Cataluña. Así que comprendan que me ponga en guardia. En España sólo lloran los devotos al paso de la Macarena y los que quieren meter la mano en tu cartera, a poder ser abroncándote por insolidario mientras lo hacen.

Y las pistas están ahí para el que quiera verlas. Para empezar, el propio nombre de la cosa: España vaciada. Es decir, el victimismo y el agravio siempre en la boca, quizá el rasgo más distintivo de la izquierda (y del nacionalismo) del siglo XXI.

Porque aquí nadie ha vaciado nada. En todo caso deberíamos hablar de la España vacía. ¿Pero qué hacemos si los españoles, en el ejercicio de su libertad, han decidido vivir en otros lugares más amables y rentables? ¿Los redistribuimos a la fuerza para que los 8.131 municipios españoles tengan todos el mismo número de habitantes?

La idea, claro, es que si Teruel tuviera los hospitales, las carreteras, las universidades, la población y las inversiones de Madrid, estaría reventadito de gente y competiría con California. Pero entonces ya no sería Teruel. Sería el Madrid de Aragón. Puro y duro centralismo respecto a La Puebla de Valverde, Alfambra o Camarena de la Sierra. Y entonces el victimismo se desplazaría de nuevo hacia la periferia y los habitantes de los pueblos que rodean Teruel se quejarían amargamente de ese sempiterno centralismo que hace que los turolenses prefieran vivir en la capital de la provincia antes que en las aldeas de la Sierra de Javalambre.

La segunda pista es que lo que está pidiendo la España vaciada no es que los líderes políticos locales apliquen en su región las mismas políticas que en Madrid atraen empresas, profesionales e inversiones, sino que los beneficios generados por estas sean centrifugados (en mayor medida de lo que lo son ya) en su dirección. Es decir, lo mismo que piden los barones socialistas con Ximo Puig a la cabeza, el PNV por boca de Iñigo Urkullu y, por supuesto, los independentistas catalanes.

La tercera pista es que ninguno de los portavoces de la España vaciada ha mostrado el menor interés por asuntos que vayan más allá de su vecindario. Dicho de otra manera, en el Congreso de los Diputados, una cámara de representación nacional, se va a negociar la liberación masiva de los presos de ETA a cambio de rotondas.

Pero si el Congreso se convierte en un zoco de intereses locales, ¿qué pintan entonces el Senado, las Diputaciones y los Parlamentos autonómicos? ¿Para qué los necesitamos? Finiquitemos instancias intermedias y eso que nos ahorramos. Convirtamos el Congreso en una convención de alcaldes y concejales de urbanismo y arreando.

La cuarta pista es su llamativo pasotismo respecto a la única verdadera desigualdad estructural del sistema político español: la que beneficia al País Vasco y Cataluña en detrimento del resto del país con Madrid (sí, Madrid) a la cabeza.

En realidad, bastaría con que el País Vasco empezara a aportar a la caja común en la misma medida en que lo hace no ya Madrid, sino Andalucía, para que todos los déficits en infraestructuras y servicios de la España vacía desaparecieran en una sola década. De Cataluña, esa Cataluña en la que se decide hasta cuántas botellas de cava pueden producir los viticultores extremeños, ¿qué decir?

Pero entre cantonalismos no se van a pisar la manguera. La España vaciada sabe perfectamente que el problema español no es el centralismo, sino el periferismo. Pero su objetivo no es solucionar el problema, sino sumarse al momio.

El único argumento a favor de la España vaciada que compro es el cínico. "Si los nacionalistas se lo han llevado crudo durante 40 años a fuerza de chantajes, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo?". Ese sería un argumento racional e incluso comprensible. Que conduce al país al abismo, cierto. Pero racional y comprensible.

El negocio para el PSOE es redondo. Según el análisis de EL ESPAÑOL, la España vaciada podría obtener hasta 15 escaños y quitarle cinco a los socialistas y seis al PP. Es decir, el PSOE perdería cinco asientos en el Congreso, pero ganaría 15, y el PP perdería seis sin obtener nada a cambio.

A pesar de eso, dice el PP que no ve peligro para él en la España vaciada. Puede ser: últimamente aciertan en todo.

Un dato más. El escaño del diputado de Teruel Existe costó 19.000 votos. A Íñigo Errejón le costó 190.000. Mirémoslo al revés: el voto de los ciudadanos que optaron por Errejón tuvo un valor diez veces menor que el de aquellos que votaron a Teruel Existe. ¿Por qué? ¿Qué justifica una desigualdad como esta? A la hora de hacer balance de las ventajas y desventajas de vivir en la España vaciada, ¿cómo valoramos el hecho de que el voto de un turolense valga diez veces más que el de un madrileño?

Ojalá en 1978 hubiéramos sido lo suficiente perspicaces para prever lo que ocurriría tras convertir las regiones vasca y catalana en nacionalidades. Hoy ya es tarde para ello y muchas de las desigualdades generadas por la Constitución de 1978 parecen haber sido aceptadas mansamente por los ciudadanos españoles.

Pero, convertido el Congreso de los Diputados en un mercadillo de buhoneros donde unos Presupuestos Generales del Estado dependen de que el Gobierno obligue a Netflix a emitir en catalán, evitemos por lo menos sumar a los del top manta cantonal al lío.
 

Cosmopaletos en el Paraíso Natural
Iván Vélez. Libertad Digital 13 Noviembre 2021

La confección de lenguas regionales unificadas constituía una poderosa palanca con la que socavar la soberanía española.

A principios de 1987, es decir, hace casi 35 años, Gustavo Bueno publicó en La Nueva España un artículo titulado "Contra el bable pasterizado y el queso normalizado. ‘Que vivan los cien bables y maduren los cien quesos’". Por entonces, habían pasado tres lustros desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para Asturias, que mutó a Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en 1999. En su escrito, Bueno defendía la extraordinaria variedad de hablas, los bables, en plural, que todavía sobrevivían en una Asturias que a las condiciones de aislamiento propiciadas por su orografía unía la histórica audacia de sus habitantes, siempre dispuestos a hacer la maleta para buscarse la vida más allá de las montañas, cruzando incluso el charco, y regresar, acompañados de la obligada palmera, convertidos en benefactores de su patria. Ni que decir tiene que aquellas aventuras indianas solo pudieron ser posibles gracias a que quienes dejaban atrás la aldea manejaban el idioma de Cervantes que les permitió labrarse un futuro en América.

Como es sabido, las tesis de Bueno en relación a esas hablas eran compartidas por el prestigioso filólogo, hoy blanco de las críticas del mundo asturchale, Emilio Alarcos, y ello por la sencilla razón de que, si de lo que se trataba era de proteger tan rico patrimonio lingüístico, nada mejor que huir de la siempre empobrecedora homogeneización. Naturalmente, los desvelos de ambos carecían por completo de ingenuidad, pues a aquellas alturas el proyecto de construcción de la así llamada llingua ya estaba en marcha. El bable pasterizado, en definitiva, comenzaba a elaborarse en laboratorios que se miraban en los espejos vascongado y catalán, regiones en las cuales –Arturo Campión ya lo denunció hace más de un siglo– se terminó con las modalidades lingüísticas más exóticas para dar paso a un idioma homogéneo ajustado a los convenientes quicios territoriales y políticos. La estrategia es conocida: se trataba de buscar los vocablos más exóticos con el único fin de alejarse del español, idioma que desde las filas aldeanosecesionistas es llamado "castellano" con el absurdo propósito de confinarlo regionalmente y equipararlo al catalán, al gallego, al llionés o a ese cúmulo de faltas de ortografía que algunos llaman andalú.

Ya entonces, a finales de los ochenta, a los argumentos contrarios a la indeseada pasterización de los bables, Bueno unió un desenlace que hoy es plenamente visible: la creciente presencia del idioma inglés en los colegios en detrimento de la lengua española, hoy prácticamente erradicada de muchas de las aulas de nuestra nación. Inglés y lengua vernácula, tal es el par soñado por las sectas secesionistas, sabedoras del insalvable obstáculo que para sus propósitos constituye la lengua común de los españoles. El debate, y tanto Alarcos como Bueno eran plenamente conscientes de ello, no se limitaba a cuestiones relacionadas con la gramática, que también, tal y como demostró Nebrija en su día. La confección de lenguas regionales unificadas constituía una poderosa palanca con la que socavar la soberanía española y dar paso a un mosaico de pretendidas naciones apoyadas en señas de identidad a menudo tan artificiales como esas lenguas.

Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es bien conocido. La toponimia ha sido sustituida por localísimos nombres, la rotulación en español ha recibido innumerables multas, las televisiones autonómicas siguen fomentando la ligazón con el terruño y en las aulas operan una suerte de comisarios políticos cuyo puesto de trabajo se blinda contra competidores extraños, aunque esos extraños vivan a escasos kilómetros de las realidades nacionales sancionadas en los estatutos autonómicos.

Asturias, "España" frente a la "tierra conquistada", según reza un para muchos incomodísimo lema, se suma ahora al mentado blindaje, por más que los voceros del asturianu o llingua, que ya acarician con los dedos la oficialidá, aseguren que la implantación del idioma pasterizado será amable. Todo el mundo sabe que eso es falso y que tras las lágrimas derramadas por el patrimonio lingüístico, se esconde, así lo hemos sabido gracias a un desliz de uno de sus propagandistas, Inaciu Galán, un jugoso negocio de, al menos, ocho millones de euros.

Después de que la entrada de España en Europa desindustrializara Asturias, con una tasa de natalidad bajísima, el Principado se adentra ahora en la senda de un ensimismamiento que trocará la fantasiosa figura del asturiano celta por la del cosmopaleto feliz de vivir en el Paraíso natural.

Rebelión en claustros universitarios
Más de 200 profesores denuncian que las universidades catalanas violan derechos y libertades
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 13 Noviembre 2021

La plataforma Universitaris per la Convivència, que agrupa a más de 200 profesores de las universidades catalanas, ha reclamado a la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que deje de pronunciarse políticamente y mantenga la neutralidad de los centros universitarios.

En una carta pública, la plataforma pide a las universidades públicas catalanas que «condene sin ambages la violencia contra estudiantes constitucionalistas en los campus» y que «respete el bilingüismo existente en la sociedad catalana».

La plataforma expresa su preocupación «por el deterioro de libertades públicas en las universidades catalanas» y denuncia «la responsabilidad de la ACUP en ese deterioro, por acción y por omisión».

«La libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores y alumnos están siendo lesionadas por las declaraciones institucionales de contenido partidista emitidas por los órganos de gobierno y de representación de nuestras universidades», denuncia la carta de la plataforma.

En este sentido, recuerdan que tres universidades catalanas -UB, UPF y UOC- han sido condenadas por la Justicia en los dos últimos años por partidismo y que la UAB lo fue por «violar esos mismos derechos de un grupo de estudiantes constitucionalistas, al negarse injustificadamente a inscribir su asociación en el directorio de colectivos».

Exige «la neutralidad ideológica de las instituciones públicas» y afirma que la «función política» de las universidades es «formar ciudadanos libres, críticos y participativos, conscientes de sus derechos y obligaciones, respetuosos con los derechos de los demás y sabedores de la pluralidad de una sociedad abierta».

«No corresponde a la universidad -añaden- promover una u otra ideología, ni adherirse a una u otra causa partidista».

«Sorprende que la ACUP no muestre preocupación alguna por el hecho de que las universidades que la integran violen con tanta frecuencia libertades públicas tan fundamentales», denuncia la plataforma, que ve impropio el comportamiento de rectores y claustros, a los que piden abandonar «la práctica de apoyar institucionalmente las ideas de unos en detrimento de las de otros».

También denuncian que «la libertad de reunión y la de manifestación se están viendo afectadas por la pretensión de ciertos sectores del movimiento estudiantil de monopolizar el espacio público universitario, expulsando de él a todos los que piensan de otro modo».

Califican esta pretensión de «totalitaria» y lamentan que «defender en público ideas democráticas básicas como el imperio de la ley o la igualdad ciudadana no es tarea fácil en los campus catalanes».

«La libertad lingüística, o el derecho de todos a expresarse y comunicarse con los demás en cualquiera de nuestras lenguas, está hoy también amenazada», agrega la plataforma.

En Cataluña -argumenta- «la gran mayoría de los estudiantes y profesores universitarios se maneja con soltura en ambas lenguas y cambia con toda facilidad de una a otra, nadie tiene el derecho de exigir a los otros que se expresen en una u otra lengua, la mayoritaria de los catalanes es el castellano, y la lengua catalana es no solo plenamente respetada y normalmente usada en la universidad, sino claramente dominante en su comunicación institucional».

Considera la plataforma que decir que el catalán está en peligro «es una fábula» y defienden que «la lengua española, además de ser de todos los catalanes, es la que hablamos y escribimos cotidianamente muchos de nosotros y la que, junto con el inglés, nos permite la comunicación científica y académica nacional e internacional«.

Además, alega que el castellano es «la lengua que abre nuestras universidades al mundo hispanoamericano, del cual proviene buena parte de nuestros estudiantes de posgrado, y la que atrae a Cataluña a miles de estudiantes europeos cada año».

Por todo ello, cree que el objetivo de alcanzar el 80 % de docencia en catalán, «aparte de haber sido acordado a iniciativa de un ‘Moviment Estudiantil’ que no se sabe muy bien a quién representa y de ser de muy difícil consecución, sería gravemente lesivo para nuestras universidades porque las aislaría de las del resto de España y del mundo«.

«En su día, la dictadura franquista intentó poner a las universidades al servicio de la causa del nacionalcatolicismo», recuerda la plataforma, que denuncia que «hoy, en Cataluña, el poder aspira a un semejante atropello, el de convertir a la universidad catalana en un eslabón más de la cadena con la que pueda someter a toda la sociedad a la causa del nacionalcatalanismo«.

Plataforma per la Llengua, 'millonaria' en subvenciones en el año del coronavirus
La entidad nacionalista que 'espía' el idioma que hablan los niños en el patio logró 955.000 euros en ayudas en 2020; la Generalitat de Cataluña le concedió 760.000 a través de sus convenios
Ricard López. cronicaglobal 13 Noviembre 2021

Plataforma per la Llengua, la entidad nacionalista célebre por sus campañas de delación lingüística en diversos ámbitos de la sociedad y por espiar la lengua que hablan los niños en los patios de las escuelas catalanas, obtuvo cerca de un millón de euros en subvenciones en 2020. La autodenominada “ONG del catalán” se embolsó cuantiosas ayudas en plena crisis del coronavirus, a pesar de sus controvertidas y cada vez más intensas campañas de acoso al uso del castellano en autonomías bilingües como Cataluña.

Según revela su estado de cuentas de 2020, Plataforma per la Llengua logró un total de 955.306,68 euros en subvenciones públicas y privadas el año pasado. Sus ingresos por este concepto han ido a más de forma notable a lo largo de la última década, coincidiendo con el apogeo del procés secesionista: así, de los 611.014 euros en ayudas de 2012, se pasó de forma progresiva a los 842.194 de 2018 y los 962.748 de 2019, hasta llegar a la cifra récord de 2020, a pesar de la crisis económica causada por la pandemia.

Ese casi millón de euros en subvenciones supone la tercera parte del total de 3.067.870 euros en ingresos que Plataforma per la Llengua obtuvo en 2020. Según sus datos, la mayor parte de este dinero procede de las cuotas que le pagan sus socios: 1.757.236 euros en total, mientras que el resto procedió de servicios y donativos (79.956 euros) e ingresos del ejercicio anterior (267.005 euros). El año pasado, la entidad contaba con 23.274 asociados y 350 voluntarios y una docena de delegaciones repartidas entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, el sur de Francia y hasta El Alguer (Italia).

Generosos convenios con la Generalitat
La mayor parte de esas ayudas procedieron de la Generalitat de Cataluña. Plataforma per la Llengua firma convenios anuales con el Ejecutivo autonómico, que a través de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural (OSIC) de su Consejería de Cultura acordó concederle el año pasado un total de 760.000 euros “para actividades relacionadas con la extensión del uso social de la lengua catalana durante 2020”. Esa cantidad se desglosa en dos documentos: una subvención nominativa firmada en septiembre de ese año para otorgarle 135.000 euros, y otra excluida de concurrencia pública en octubre, de 625.000 euros.

El convenio con la Generalitat de 2020, recién publicado en el portal de Transparencia de esta asociación sin ánimo de lucro, es el más generoso en comparación con años anteriores. En el de 2019, el Govern aportó 535.000 euros repartidos entre seis de sus consejerías: la de Cultura (150.000 euros), la de Presidencia y la de Empresa y Conocimiento (124.000 cada una), la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (97.000) y las de Educación y Justicia (20.000 cada una).

Aportaciones de ayuntamientos como el de Barcelona
Además de la Generalitat, las subvenciones de Plataforma per la Llengua se nutren también de aportaciones de otras instituciones locales y autonómicas --también de Valencia y Baleares--, como por ejemplo ayuntamientos. Entre ellos, el de Barcelona. El consistorio de Ada Colau le dio en 2020 un total de 15.000 euros a través del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), según revela el portal de Transparencia municipal. Una cantidad casi idéntica a la que le ha otorgado en lo que va de 2021 (14.500), también a través del ICUB.

El ayuntamiento barcelonés ha concedido desde 2018 un total de 78.000 euros a la autodenominada “ONG del catalán”. Incluyendo entre esas partidas algunas destinadas a sus polémicas actividades de delación: en 2018, el consistorio le dio 3.000 euros para el denominado “seguimiento de quejas y discriminaciones lingüísticas” y en 2019, otros 1.500 euros para esa misma finalidad. Por otra parte, las dos más costosas, de 12.000 euros cada una, se entregaron a través del ICUB en 2018 y 2019 para el fomento del “voluntariado lingüístico”.

También ayuda a Plataforma per la Llengua la Diputación de Barcelona, que por ejemplo acordó concederle 13.000 euros de forma directa para financiar la organización del premio Martí Gasull.

Generalitat Valenciana: más de 300.000 euros en un lustro
Plataforma per la Llengua cuenta además con subvenciones de otros entes públicos de fuera de Cataluña, como la Generalitat Valenciana, que desde 2016 le ha otorgado 311.195 euros distribuidas en 15 ayudas a través de su Consejería de Educación, ahora en manos de Vincet Marzà, de Compromís, según denunció a finales de octubre la portavoz del PP en las Cortes Valencianas, María José Catalá.

En el caso de 2020, desde la Dirección General de Política Lingüística se acordó entregar 47.264 euros para el “fomento del multilingüismo en el ámbito social”. En Valencia, Plataforma per la Llengua lleva a cabo actividades tales como repartir pegatinas para señalar a las empresas y locales donde no se habla valenciano, denunciando lo que llama "agresiones lingüísticas".

En este sentido, entre las últimas actividades de Plataforma per la Llengua figuran algunas no menos polémicas como la creación de una web de delación lingüística para que los alumnos de las universidades catalanas, valencianas y baleares denuncien a los profesores que pasan del catalán al castellano en sus clases; así como campañas alarmistas sobre la hipotética desaparición del catalán, equiparando su situación a la del cambio climático --a pesar de que, según sus propios datos para reivindicar la unidad de la lengua, tiene 10 millones de hablantes--.

"Fomento del catalán"... y delaciones lingüísticas
La hiperactividad de la denominada “ONG del catalán” --cuya finalidad dice ser “la promoción del catalán como herramienta de cohesión social”-- abarca un sinfín de ámbitos: desde alentar y recoger quejas contra empresas que no utilizan este idioma, puntuar su uso (o no) en comercios a través de una aplicación (CatalApp), hasta vigilar si los niños hablan o no en catalán en los patios de las escuelas, pasando por sus críticas contra lo que denominan la “castellanización” de una televisión pública monolingüe como TV3, entre muchos otros.

En su memoria de 2020, Plataforma per la Llengua alardea, además, de sus objetivos alcanzados. Entre ellos, por ejemplo, “conseguir que la Ley de Educación española deje de imponer el castellano como lengua vehicular” --algo que, en la práctica, en Cataluña ya ocurre con la “inmersión lingüística” monolingüe en catalán en las escuelas--; o la presentación de “enmiendas al anteproyecto de ley de las Islas Baleares sobre la lengua en el ámbito educativo”.

Con todo, y gracias en buena parte a las subvenciones, Plataforma per la Llengua cuenta con una salud económica envidiable. Así, el balance de su estado de cuentas de 2020 resultó claramente favorable, pues sus gastos, 2.661.705 euros en total, fueron unos 400.000 euros inferiores a los ingresos. La mayor parte de esa cantidad se destinó a sus “actividades” (1.333.236 euros) y a pagar a su personal (569.967). El resto, a “publicidad y socios” (455.312 euros), “gastos generales” (222.280) y “edición y documentación (71.792).
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