AGLI Recortes de Prensa   Jueves 18  Noviembre  2021

A Sánchez sólo le queda Franco
OKDIARIO 18 Noviembre 2021

Los cambios pactados por PSOE y Podemos al proyecto de Ley de Memoria Democrática para «acabar con la impunidad» de los crímenes del franquismo son la prueba del nueve de que el socialcomunismo cabalga desbocado a lomos del sectarismo ideológico más irredento. El recorrido jurídico de estos cambios es ninguno -y el Gobierno lo sabe-, no sólo porque los responsables de dichos crímenes han fallecido ya o tienen edades muy avanzadas, sino porque cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que la ley penal desfavorable no se puede aplicar de forma retroactiva. Por eso, cuando PSOE y Podemos hablan de reinterpretar la Ley de Amnistía de 1977 habría que decirles que tururú, que verdes las han segado o que se vayan con su totalitarismo bananero a rendir culto a Stalin o Largo Caballero, pero que dejen en paz a una sociedad que está harta de que una pandilla de incapaces trate, otra vez, de cubrir su negligencia en la gestión con el espantajo de la dictadura de Francisco Franco.

En el fondo, lo que socialistas y comunistas pretenden no es otra cosa que quebrar la convivencia por la vía de impugnar el espíritu de la Transición que alumbró la democracia española. Este ajuste de cuentas de Pedro Sánchez es fruto de su impotencia; el PSOE no remonta en las encuestas y todos sus intentos por convencer a los españoles de que España saldrá reforzada de la crisis derivada de la pandemia se estrella con la realidad de las cifras y los pronósticos de los organismos internacionales, que alertan del endeble crecimiento económico de una nación que, de la mano de este Gobierno, ha vuelto al furgón de cola.

Un Gobierno que pretende utilizar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como «víctimas de la Transición» a terroristas muertos en enfrentamientos policiales demuestra un grado de ignominia repugnante. Esa es la palabra -repugnante-, porque lo que pretende Sánchez es inocular en la sociedad española el odio y la inquina para quebrar la convivencia y pescar -eso cree- un puñado de votos con un plan guerracivilista de ruptura constitucional.

Golpe a la transición
La 'ley de memoria democrática' se presenta como la semilla de un periodo constituyente que quiere derogar de facto la Constitución, así como la monarquía y la libertad de ideas
Editorial ABC 18 Noviembre 2021

La treintena de enmiendas que el PSOE, Unidas Podemos y ERC han pactado para convertir la 'ley de memoria democrática' en una norma guerracivilista no es solo la coartada ideológica para reanimar a sus electorados. Va mucho más allá. Las enmiendas son un despropósito jurídico con el único objetivo de enfrentar a los españoles, llevando la crispación ideológica hasta sus últimas consecuencias. La pretensión última es abrir juicios penales en la tercera década del siglo XXI por conductas cometidas durante el franquismo y durante la Transición, dando por derogada de facto la amnistía que se produjo en 1977. Se trata de volver a abrir heridas, por puro ventajismo, que ya suturaron de forma generosa cuando se aprobó la Constitución y los españoles se conjuraron más con su futuro y la democracia que con su pasado.

Nuestra Constitución no regula amnistías como la de 1977 y, salvo en la ensoñación ideológica de la izquierda, tampoco resulta creíble fabricar hoy efectos jurídicos sobre ella. Y menos aún, de forma selectiva para juzgar a cargos del franquismo aún vivos, y no hacerlo por supuesto con terroristas que sí fueron amnistiados, por ejemplo.

La izquierda pretende dar un salto cualitativo en la historia con una ley 'ad hoc', expresamente ideada -algo ilegal- para criminalizar a personas a quienes la democracia y la historia perdonaron cualquier conducta lesiva. Aspirar a imponer en España una imprescriptibilidad de sus delitos 'a posteriori' no es precisamente lo que PSOE, Podemos y ERC pretenden hacer pasar como una previsión de la legislación internacional. Todo responde a una manipulación obscena de la legalidad. Es un delirio que va más allá del permanente afán por maquillar la historia, blanquear lo más oscuro de la izquierda republicana, o utilizar al franquismo como elemento de agitación electoral. En realidad se trata de asestar el golpe definitivo a la Transición para dibujarla como una etapa vergonzante de nuestra historia -papel de la Monarquía incluido-, que debe ser rectificada cuatro décadas después. Es obsceno. Pedro Sánchez, junto a Podemos y a ERC, no solo pretende crear cortinas de humo para desviar la atención de su desgaste o de su culpa en la crisis económica. No es solo eso. Pretenden demoler el muro de carga de un exitoso sistema de libertades y de un modelo ejemplar de superación de odios cainitas. No es solo electoralismo. Es rencor real. Y lo más paradójico es que sea precisamente un comunista, secretario de Estado de Agenda 2030, quien presente semejante bodrio jurídico como un oasis de la reconciliación, sometiéndola a una agenda revanchista anclada en 1930.

Esta reforma excede con mucho el simbolismo sobreactuado con el que la izquierda ha venido interpretando la 'memoria histórica'. Para edulcorar su sectarismo, hasta han manipulado el lenguaje, llamándola 'memoria democrática', para que solo ellos sean dueños de la democracia. Que partidos como ERC o Podemos presuman de eso no deja de ser un sarcasmo, lo mismo que el PSOE en las etapas negras de su historia. No hay memoria democrática para partidos que ensalzan dictaduras comunistas, crímenes de Estado, torturas y persecuciones. Para ellos, esos delitos solo existen si provienen del franquismo en España. En el resto del mundo, eso es libertad. Cosas del pensamiento único y de quienes aún ven en ETA un 'movimiento' libertador del pueblo vasco. El pasmoso impulso de Sánchez a esta operación causa sonrojo. Es la semilla de un nuevo régimen a través de un gota a gota incesante con el que la izquierda pretende abrir un nuevo periodo constituyente: derogando de facto la Constitución, fulminando a la Monarquía, despreciando la libertad de ideas, y cultivando una venganza falsamente historicista.

El totalitarismo 'antifranquista' de socialistas y comunistas
EDITORIAL. Libertad Digital 18 Noviembre 2021

Pretenden imponer un relato antidemocrático, sectario y maniqueo sobre la Guerra Civil, el franquismo y la Transición.

Con el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez no existe límite al deterioro: cuando parecía imposible empeorar el ominoso bodrio jurídico de la Ley de Memoria Histórica, Sánchez se saca de la manga un anteproyecto de ley de memoria democrática en el que socialistas y comunistas acaban de pactar disparates como la persecución de "crímenes del franquismo" perpetrados hasta 1982, año de la primera llegada de los socialistas al poder.

Al margen de la ilegalidad que constituye sortear la Ley de Amnistía de 1977 y la pretensión de aplicar de forma retroactiva una modificación desfavorable en el ámbito de la legislación penal –y de no recabar el no vinculante pero sí preceptivo informe al Consejo de Estado–, este proyecto de ley constituye una aberrante manifestación de sectarismo y estupidez que, por descontado, además no logrará los más que cuestionables objetivos que su impulsores dicen perseguir.

Para empezar, los responsables de lo que socialistas y comunistas llaman "crímenes franquistas" hace años que están muertos. Por otra parte, Francisco Franco falleció en 1975 y España es una democracia plenamente constitucional desde 1978, fecha de aprobación de la Carta Magna.

Este proyecto de ley, que invoca supuestos "crímenes de lesa humanidad" –bajo un régimen franquista que, estupefacientemente, prolonga hasta 1982–, nada dice de las decenas de miles de inocentes asesinados por socialistas y comunistas antes y después del inicio de la guerra civil, entre ellos más de una decena de obispos, centenares de monjas y miles de sacerdotes y religiosos. Eso, por no hablar de los centenares de asesinatos perpetrados por los comunistas de ETA durante y después de la dictadura franquista.

No faltarán quienes digan, en parte con razón, que este Gobierno incompetente y vil desempolva el franquismo para que no se hable de noticias tan graves como que España lidera el paro en Europa, que ha alcanzado su récord histórico de deuda pública, que el incremento del precio de la electricidad no parece tener límite o que un informe de Bruselas alerta de que la ministra Teresa Ribera amenaza la "seguridad del suministro energético". Sin embargo, esta función de cortina de humo no es en absoluto incompatible con otra pretensión no menos firme y clara de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y el resto de la banda liberticida: subvertir las bases del ordenamiento constitucional e imponer un relato antidemocrático, sectario y maniqueo sobre la Guerra Civil, el franquismo y la Transición, en el que los buenos son la izquierda y los separatistas y los malos y autoritarios, la derecha.

Este anteproyecto de ley es, en realidad, una nauseabunda manifestación de totalitarismo antifranquista especialmente sangrante por venir de un Gobierno que se lo debe todo a golpistas y proterroristas y en el que medran indeseables que ensalzas regímenes criminales actuales como los que padecen en Cuba y Venezuela.

Contra la Ley de Amnistía, contra la Transición
Cristina Losada. Libertad Digital 18 Noviembre 2021

Desde que apareció, en la izquierda de la izquierda, el artefacto político llamado memoria histórica tuvo siempre el propósito de cargarse lo que se había hecho en la Transición. El modo en que España transitó de la dictadura de Franco a la democracia, sin venganzas ni revanchas, presidido por la idea y la práctica de la reconciliación, sublevaba a todos los que habían esperado y deseado que, en lugar de un cambio para instaurar una democracia burguesa –entonces aún circulaba el concepto–, aquí se hubiera producido un proceso revolucionario cuya primera seña de identidad, seña violenta, como corresponde, fuera un buen ajuste de cuentas que, en términos míticos, le diera la vuelta al resultado de la Guerra Civil.

Aquel proyecto de minorías extremistas permaneció en relativa marginalidad durante años, hasta que, con la llegada de Zapatero al Gobierno, fue asumido oficialmente por el establishment socialista. Lo asumieron poniendo por delante a grupos de víctimas del franquismo que sentían que, en democracia, no se las había reparado lo suficiente, o a asociaciones que querían desenterrar los restos de fusilados que se encontraban en fosas. Incorporaron, cómo no, la retirada de estatuas, escudos, símbolos y nombres de calles de la época franquista que aún quedaban, igual que la resignificación de monumentos que no admitían derribo. En apariencia, no se trataba de otra cosa que de eliminar los restos arqueológicos de la dictadura que se conservaran, pero ya en el mismo principio se apuntó a un ajuste de cuentas retrospectivo y a una reescritura de la Historia que se iba a fijar como la única aceptable y como la única legal.

El ajuste de cuentas y la reescritura de la Historia no se podían completar dejando en pie esa extraña cosa que fue la Transición, donde los vencedores y los vencidos de la Guerra Civil se dieron la mano, sellaron el cierre de un ciclo dramático que la gran mayoría de los españoles ya había cerrado y abrieron otro en el que hemos estado desde entonces. Si algo simbolizó aquel gran acto de reconciliación fue la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 por el Congreso, una ley que había sido una reivindicación de la izquierda y que, como dijo Marcelino Camacho en su discurso, representaba una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas.

"Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie", dijo el líder de Comisiones Obreras y diputado comunista. Y también: "¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?". El discurso de Camacho sigue siendo uno de los más sencillos y vibrantes que se han hecho en el Congreso, es el discurso por excelencia del estado de ánimo y del espíritu de la Transición, y hoy pone contra la cuerdas a todos aquellos que por oportunismo, por adanismo, por cálculo político, por ignorancia o muy deliberadamente han decidido acabar con ese momento inicial e iniciático de nuestra democracia para desatar el ajuste de cuentas que entonces, sabiamente y también generosamente, decidimos no hacer.

Al dinamitar la Ley de Amnistía dinamitan la reconciliación, la base misma de la Transición. Y esto ha de quedar claro: quien quiera liquidar la Transición quiere liquidar nuestra democracia.

Educación para la mediocridad
EDITORIAL. https://gaceta.es  18 Noviembre 2021

Si ya es perversa la amenaza constante de la izquierda española de privar a los padres de su derecho a la Educación de sus hijos (sus de ellos, no del Estado) en sus propias convicciones y sustituirlas por una ideología estatal, la sola lectura del decretazo que ayer aprobó el Consejo de Ministros sobre evaluación y promoción en las diferentes etapas educativas escolares, desde Primaria hasta Bachillerato, incluida la Formación Profesional, debería estremecernos.

Durante los últimos cuarenta años, y así lo señalan los resultados de los exámenes estandarizados en los países de la OCDE, es indiscutible que la calidad de la enseñanza ha empeorado en una España que a principios de los 70 llevó a las aulas un modelo de búsqueda de la excelencia que, incluso en el franquismo, vio clara la necesidad de eliminar el principio de subsidiariedad del Estado.

Ahora es todo lo contrario y ante esta situación que compromete el futuro de las nuevas generaciones de españoles y que debería movilizar a los partidos políticos nacionales en la búsqueda de un modelo educativo de calidad sobre la base de los principios del esfuerzo y de la exigencia, la izquierda radical e ignara que nos desgobierna ha decidido devaluar aún más la calidad de nuestra enseñanza con una batería de medidas destinadas a premiar la mediocridad, penalizar el esfuerzo y arrebatar a los profesores y a los centros lo poco que les quedaba de autoridad. Renunciar a la objetividad de la nota, acabar con las recuperaciones u otorgar títulos de bachiller a alumnos suspensos, son medidas descabelladas que puede que igualen por abajo, pero que no engañan a nadie.

Conocemos la pulsión de esta izquierda ágrafa por apropiarse de la educación para así formar masas de titulados agradecidos y, por tanto, obedientes y acríticos. Lo que es incomprensible es que el Partido Popular, tanto cuando ha gobernado la nación como en sus Comunidades Autónomas, contemporice y chalanee con el desastre en vez de afrontar sin complejos una necesaria recentralización de la Educación hoy desperdigada en 17 sistemas diferentes y un modelo perverso.

Necesitamos una auténtica revolución educativa que sea exigente no sólo con los alumnos, sino con los docentes y con las editoriales de libros de texto. Que establezca un currículo sensato y no ideológico. Que devuelva la autoridad al profesor y al centro. Que ceda a los padres, sin tutelas estatales, el control del dinero de nuestros impuestos a través de la figura del cheque escolar. Que no castigue a los centros concertados y que eleve la exigencia del profesorado en los centros públicos. Que ordene un solo examen de Selectividad para toda España con unos criterios de corrección iguales para todo el país. Que establezca un sistema amplio de becas exigentes. Que incentive la Formación Profesional con un modelo gratuito y de máxima calidad con una exigencia constante al profesorado y a los centros.

En resumen: necesitamos con urgencia un modelo educativo que expulse a la ideología, no sólo de las aulas, sino de los boletines de notas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Ley de memoria democrática: el proyecto de ETA
Editorial. https://rebelionenlagranja.com 18 Noviembre 2021

Este gobierno de Frente Popular tiene muy mala opinión del pueblo español. Tan mala, que ha centrado toda su estrategia política en volver a enfrentarle consigo mismo.

Lo peor que ha hecho la izquierda española desde tiempos de Zapatero es reutilizar la tragedia de la guerra civil como cebo ideológico y estercolero electoral. Es realmente vomitivo; es moralmente repugnante que más de 80 años después la izquierda tenga que seguir alimentándose de ese cadáver.

Lo peor que ha hecho la derecha española es no darse cuenta de la dimensión política que tiene para la sociedad española, para la democracia y para las libertades civiles, la resurrección siniestra del rencor y del odio entre compatriotas.

Con ese enfrentamiento España es imposible.

La derecha tenía que haber dado la batalla cultural de la verdad histórica y de la concordia política, y tenía que haberla dado con todo vigor, sin ceder ante la mentira sectaria de una izquierda hipnotizada por el comunismo.

Con esta nueva ofensiva de Sánchez y de sus socios de gobierno (ERC, Bildu, Podemos, Compromís, JXCat etc) se quiere imponer a los españoles -por ley- el relato histórico de España que siempre tuvo ETA, su visión de la guerra, del franquismo, de la transición y de la Constitución de 1978. Por eso la primera pieza de la ley es demoler la amnistía. ¿ETA derrotada? La mal llamada ley de memoria democrática es la mayor evidencia de que ETA -no sus comandos, sino su visión de España- se ha impuesto en la izquierda española.

Con esta ley, el socialismo digiere el legado de ETA.

Yolanda prepara el régimen del terror
Carlos Dávila. okdiario  18 Noviembre 2021

Con sus cinco milicianas de Valencia en la calesera. La señora Ibarruri, Pasionaria según sus afectos, fue la Madre Teresa en comparación con esta comunista enrabietada, encaramada en el Gobierno gracias a la voluntad de Kerensky Sánchez. Anda esta Díaz de televisión en televisión de confianza, viajando también por provincias para constituir una base electoral que le propine un sopapo a su infame jefe de ahora mismo: el mencionado y aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón. Pertenece a un partido histórico que en sus ciento cuatro años internacionales de vida ya ha asesinado incluso a más personas que el malvado, el idiota, Adolfo Hitler. En este momento sus referentes son por este orden: el obeso dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un; Candel, el avanzado discípulo de los Castro; el estrafalario criminal Maduro en Venezuela; el sinvergüenza falsificador, Daniel Ortega en Nicaragua; Castillo, el indigente intelectual, que no el indígena, en Perú; el bodoque leninista mexicano López Obrador, y hasta el dúo, ahora en clara regresión, Fernández-Kirchner en la depauperada Argentina. Antes de este grupo de indeseables, alguno claramente genocida, los referentes de Yolanda Díaz, la nueva Pasionera, fueron naturalmente Stalin, Ceaucescu, Honecker (¿han visto ustedes el desgarrador filme Horizonte de libertad?), Mao, Tito y toda una pléyade de dictadores que durante medio siglo sometieron al mundo entero, y más que nadie a sus propios pueblos, a una tiranía insoportable contra la que se rebeló primero Hungría, luego la desaparecida Checoslovaquia, y al final los estudiantes de aquella villanía estalinista que atendía por República Democrática Alemana.

Porque, díganme: si esta pléyade no es su antecedente histórico, ¿acaso lo serán Berlinguer en Italia o el moscovita Jacques Thorez en Francia? Espero que no se acuerden de nuestro Santiago Carrillo al que la generosa Transición Española le perdonó, y hasta olvidó, los casi tres mil inocentes asesinados de Paracuellos y otros tantos de la vecina Torrejón. Por cierto: ha pasado sin rememoración alguna el 81 aniversario de esas matanzas y la derecha se ha llamado andanas como si no fuera con ella. ¡Qué forma de asesinar de nuevo a los muertos! Ahora, Yolanda y las otras cinco políticas del cactus, quieren implantar, a nada que les dejemos, un régimen de absoluto terror en nuestro país de la mano de los terroristas de Bildu (¿acaso Otegi no lo ha sido?), los secesionistas imbéciles y ágrafos tipo Rufián («¡qué apellido el suyo!», diría Tierno Galván), y de compañeros de viaje, los peneuvistas, con los que guardan un solo punto de encuentro: el patológico odio a España. Lo mejor de este grupo de leninistas rabiosas es que no se tapan; o sea, que ya sabemos a dónde quieren ir y cómo se las van a gastar, lo peor es que la caterva de tontos que puebla este país (su primer Congreso tendrán que celebrarlo en la terrible Meseta castellana de Machado, porque ya no caben en sitio alguno cerrado) todavía insisten en que son una formación política respetable y que si gobiernan se someterán a los dictados de la Constitución. ¡Tararí con acento en la i! Cuentan además estas señoras de la hoz y el martillo con el auxilio de los sindicalistas de UGT, a los que nadie reprocha, ¡oh, corrección política! Sus albergues criminales de los treinta, y de Comisiones Obreras, dos centrales inútiles, incompatibles con el trabajo, a las que Díaz ha resucitado para que hagan de palmeros de su revolución pendiente.

Para la historia de la estética y de la bondad de este país ya no está sumado al rollo Pablo Iglesias, socio fervoroso de la Bildu etarra y ligado por parte de padre al FRAP que mataba a destajo antes y después de la muerte de Franco. Y han faltado a la cita levantina las ministras, ¡fíjense qué cosa!, Belarra y la citada Montero. Las informaciones es que no quieren oír hablar del liderazgo de la nueva Pensionera. Sánchez, que es un bobo en tres idiomas, es en realidad un rehén de las chicas del cactus; se las tiene que tragar a diario, porque si no su destino sería, como mejor ocupación, de recepcionista de las saunas gays de su suegro. Así que Díaz se ha subido al coche oficial para ir sembrando por doquier la nueva doctrina liberadora del pueblo oprimido, y, sobre todo, de las mujeres, muchas de las cuales, observadoras permanentes del estilismo femenino, se hacen cruces sobre el cambio en la vestimenta que ha experimentado la comunista desde que se llegó de Galicia: antes, dicen, parecía cuando allí perdió estrepitosamente las elecciones, una pordiosera del 15-M, ahora no sobraría en la Pasarela Cibeles o cómo se llame el escaparate de la moda española.

Y es que Yolanda y su cuadrilla, cariñosamente abrazadas ellas, quieren implantar en España la dictadura del proletariado para los demás, pero no para ellas, que, al fin, con los dineros del Erario que ya manejan, se lucen mejor ataviadas de Coco Chanel, o, por no hacer ascos al diseño hispano, de Adolfo Domínguez, que es lo que se me ocurre en este momento. Si estas mujeres mandasen no sería España, como canta la Zarzuela, una «balsa de aceite», sería una checa sometida a la ideologización de estas milicianas, acompañadas, eso sí, porque de mamporreros no molestan, de sus colegas de achuche. Todo lo escrito hasta aquí no es del adelanto de un membrillo, sino la pauta que ya se está siguiendo para que España se incorpore a la nueva internacional del comunismo más atroz. Una asociación que allí donde acampa, no deja resquicio alguno a la oposición, de forma que encarcela a los disidentes (Cuba es un ejemplo de estos días) y si es necesario les hace desaparecer. Esto es lo que nos promete la jefa de las milicianas chequistas a las que la derechorra española parece ignorar porque «¡Válgame Dios, cómo nos va a gobernar éstas!» Pues, entérense tontitos todos, españoles todos, por ese camino andamos.

El encabronamiento
Juan Carlos Girauta. ABC 18 Noviembre 2021

La ley de Amnistía fue un ingrediente principal de la Transición. Los que no vivieron aquellos años tienen las bibliotecas a su disposición. Si no son capaces de leer más caracteres seguidos de los que marcan las tecnológicas de Silicon Valley, es su problema. No soy partidario de escuchar a jóvenes iletrados que abominan de los pactos fundacionales de nuestra democracia. Pero a los viejos sí, y a los instruidos, que ahí en su resentimiento vive la araña.

Sánchez, que no es tan joven, lo ignora todo en materia de historia, y no puede tirar de memoria porque nació en 1972. Tenía 5 años cuando se promulgó la ley de Amnistía y se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes. Es comprensible si a los 9 no se enteró de que la UCD estaba aprobando la ley del Divorcio. Como no lee, con los años acabó atribuyéndosela a su partido. Ana Blanco no le corrigió ni le puso las orejas de burro. La pedagogía reprueba estos recursos, con razón. Solo que Sánchez no es un niño, sino un presidente de Gobierno que pisotea la historia de su país, la antigua y la reciente.

Modificar la ley de Amnistía como pretende la coalición de Gobierno es un salto al vacío del que el sistema no saldrá ileso. El líder del PCE, Enrique Santiago, ha hecho de Carrillo un filántropo, un santo. Cómo será el tipo. Santo no era don Santiago, pero sí lo bastante listo, lo bastante exiliado y lo bastante conspirado para leer deprisa la voluntad del pueblo español y aprovechar el momento. Eso es ‘carpe diem’ y lo demás son tonterías.

El actual pacto contra la Transición carece de sentido de realidad. ¡Suerte buscando franquistas torturadores! Júzguenlos y encarcélenlos si no los ha encerrado ya la tumba. Pero no vengan a hacerlo de la mano ensangrentada de los etarras reciclados, ni de los que se dan la lengua con el asesino de Bultó. De la amnistía se beneficiaron todos. Que para todos se revise, o para nadie.

En su recuperación de categorías extintas y binarias, rojos y azules, buenos y malos, traerán extemporáneas oleada de dolor por los crímenes de una parte de España que ellos -no lo olvidemos- identifican con el PP y con Vox, partidos nacidos en democracia. Si el PP ‘rajoyea’, se pondrá a la defensiva y señalará al elefante: «No somos franquistas». Lo seguro es que Vox se pondrá en modo ataque, actitud que no deja de darle réditos.

Habrá un encabronamiento general. Los que sí recordamos la Transición, los que sí hemos leído historia, los que nos sentimos confortados ante ‘El abrazo’ de Genovés y recordamos el discurso de Marcelino Camacho en el Congreso, impediremos el asesinato de la convivencia que se está urdiendo. Frustraremos el intento de convertir en vencedores, cuarenta y cinco años después del chaparrón de realidad, a los partidarios de la ‘ruptura’ frente a la ‘reforma’. Palabras que los ágrafos adanes correrán a retorcer con su habitual necedad literalista.

El mequetrefe Rufián y la amnistía del 77
Pablo Planas. Libertad Digital 18 Noviembre 2021

El grupo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados ha entrado en una peligrosa deriva. La diputada Montserrat Bassa, hermana de la indultada Dolors Bassa, ha pedido información exhaustiva de los establecimientos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército en Cataluña. En su solicitud pretende también que se le den detalles sobre número de personas, funciones y destinos, informaciones que se deben guardar en secreto en prevención de situaciones que son fácilmente deducibles.

Esta diputada no tuvo ningún reparo en manifestar desde la tribuna de la cámara su odio a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y llegó a exigir su expulsión de Cataluña. Al margen de los diputados que han representado los intereses de ETA en el Congreso, es imposible encontrar en las legislaturas de la democracia un equivalente a la intervención de esta Bassa.

El jefe de los republicanos catalanes en Madrid, Gabriel Rufián, no se queda atrás. A él se debe la recuperación en el Congreso del estilo macarra matón. A preguntas de determinados medios se niega a contestar porque dice que no participa de "burbujas mediáticas de la ultraderecha" y en el estrado se conduce como un auténtico mequetrefe que pretende dar lecciones políticas y morales desde la más pura indigencia intelectual.

La última de ERC es pedir la derogación de la amnistía del 77. Esto es que los golpistas que reclaman una amnistía para los delitos cometidos en nombre del independentismo catalán pretenden que se juzguen los que ellos consideran crímenes del franquismo que habrían quedado impunes gracias a aquella amnistía. Pero la derogación no sólo afectaría a los delitos cometidos por la extrema derecha, sino también a los de ETA, el FRAP, los Grapo y los terroristas separatistas catalanes. A ver si no va a ser tan mala idea.

El problema, uno de tantos, es que ERC dispone de 13 diputados en el Congreso que chulean al Gobierno, al PSOE y a Podemos con un desparpajo más propio del barrio chino que de la Carrera de San Jerónimo. Igual que ocurre en Cataluña con la CUP, donde nueve diputados se mofan del Gobierno separatista y cuatrocientos militantes del conglomerado antisistema deciden sobre los presupuestos que afectan a siete millones de personas. Claro que se lo ponen a huevo. No hay más que ver al consejero de Economía de la Generalidad, Jaume Giró, ex director general de la fundación bancaria de la Caixa nada menos, que ahora se arrastra suplicando el visto bueno de los cuperos a sus cuentas. Se conoce que trata de redimirse después de décadas de culto al capitalismo.

Una de las imperfecciones más groseras de nuestra democracia es la perversión de las minorías con una ley electoral que convierte en imprescindibles e inevitables a los partidos nacionalistas en España y en imbatibles a los partidos nacionalistas en Cataluña. Sería hora de que, por dignidad y por los intereses de la mayoría de los españoles, los dos partidos mayoritarios abordaran esta cuestión, aunque no parece preocuparles mucho su dignidad ni aún menos los intereses de los españoles.

Ley de Memoria Democrática
200 etarras quedaron libres con la ley de amnistía que Sánchez quiere burlar para juzgar el franquismo
El Gobierno investigará los «crímenes de la Transición» hasta el Gobierno de Felipe González
Pelayo Barro. okdiario 18 Noviembre 2021

El Gobierno busca reabrir su causa general contra el franquismo. La nueva Ley de Memoria Democrática que proyecta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tejida conjuntamente con Podemos, propone en la práctica sortear la Ley de Amnistía de 1977 con la que la entonces incipiente democracia española quería hacer borrón y cuenta nueva. Un perdón que permitió que saliesen de la cárcel dos centenares de terroristas de ETA y la renuncia a perseguir a decenas que vivían en la clandestinidad.

El 20 de noviembre de 1975, el día que falleció Francisco Franco, las cárceles españolas albergaban a dos centenares de miembros de ETA. Entre ellos, por ejemplo, los seis terroristas del Proceso de Burgos a quienes en 1970 el franquismo les conmutó la pena de muerte. Apenas dos años después de la muerte de Franco, el 9 de diciembre de 1977, abandonaba la prisión de Martutene Fran Aldanondo, el último terrorista de ETA que aún quedaba en prisión y que faltaba por beneficiarse de la Ley de Amnistía de 1977 -y de la amnistía parcial de 1976-.

Las cárceles españolas estuvieron apenas meses sin etarras. Al año siguiente, 1978, las cárceles volverían rápidamente a llenarse de terroristas de ETA. La actividad de la banda, lejos de disminuir tras la muerte de Franco, se disparó. Ese año, el de la promulgación de la Constitución, ETA asesinó a 68 personas. El balance sanguinario de los cinco primeros años tras la caída del franquismo fue de 275 asesinatos, mientras que de 1968 -año del primer crimen de la banda- hasta el óbito del dictador fueron 43 las personas asesinadas.

Aquella Ley de Amnistía fue planteada como un borrón y cuenta nueva por parte del Estado hacia quienes cumplían condena, pero también hacia quienes habían cometido crímenes por los que no habían rendido cuentas. Se renunciaba a procesarles en un futuro. Hasta ahora, con la propuesta de enmiendas que plantean PSOE y Podemos a esa ley de Memoria Democrática, los «crímenes del franquismo» vuelven a ponerse sobre la mesa. Sólo los de una parte, eso sí.

«No mirar atrás»
La Ley de Amnistía de 1977, en palabras del portavoz de la UCD Rafael Arias-Salgado que la presentó en el Congreso de los Diputados, nació como una muestra de «la democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado».

Este miércoles, el senador del PP y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha cuestionado al Gobierno sobre si va a perseguir esos crímenes de ETA, y de otros grupos como el Grapo y los FRAP -en los que militó el padre de Pablo Iglesias-, que fueron amnistiados en 1977.

«Crímenes de la Transición»
Además, PSOE y Podemos han sentado las bases para investigar lo que denominan como «crímenes de la Transición» hasta el primer Gobierno de Felipe González, en concreto, desde 1978 hasta «finales de 1982». Así lo ha anunciado este miércoles Podemos en rueda de prensa en el Congreso tras el acuerdo alcanzado con el PSOE para la presentación de una treintena de enmiendas al proyecto de ley de Memoria Democrática presentado por el propio Ejecutivo.

La diputada y líder de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha avanzado esta pretensión del Gobierno para que «los crímenes de la Transición, como el asesinato del malagueño Manuel José García Caparrós sean considerados víctimas del franquismo». Hasta el momento, y según consta en el proyecto de ley que pilotó Carmen Calvo y que el Consejo de Ministros aprobó tras su salida del Ejecutivo, el reconocimiento tenía como tope la fecha de 1978. Ahora, la enmienda pactada por PSOE y Podemos supone «ampliar la condición de víctima hasta finales de 1982».

Esta es una de las 30 enmiendas que los dos socios del Gobierno de coalición han cerrado sobre el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que entre otras cuestiones también pretende que la nueva regulación sirva para «juzgar los crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad», algo que ya intentó sin éxito el ex juez condenado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Ley de revancha histórica
Contenidos inadmisibles de la mal llamada Ley de Memoria Democrática
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 18 Noviembre 2021

PSOE y Unidas Podemos, han llegado a un acuerdo para tratar de abrir una vía que, obviando o derogando tácitamente la Ley de Amnistía de 1977, calve de bóveda de la Transición y de la Constitución del 78, permita «juzgar» lo que la propia ley y sus instrumentos puedan calificar como «crímenes del franquismo». Ayer presentaron conjuntamente una enmienda a la ley en ese sentido. Mediante la misma, el PSOE hace suyos los planteamientos de Podemos, Bildu, ERC y otros socios de gobierno.

La enmienda persigue evitar la supuesta «impunidad» sobre los supuestos «crímenes de lesa humanidad» cometidos durante el franquismo; no por supuesto por el Frente Popular o el Partido Comunista de España, o el propio PSOE, en retaguardia.

Su opción consiste en sortear la ley de amnistía mediante una amplia interpretación completamente exorbitante y sectaria de la aplicación del derecho internacional y humanitario en España.

En concreto, plantean que «todas las leyes» españolas, incluida la Ley de Amnistía «se interpretarán y aplicarán» conforme al derecho internacional y humanitario, según el cual «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles (sic) y no amnistiables». Dicha interpretación se aplicará solo a los actos del franquismo, no a los del Frente Popular.

Otra propuesta de la enmienda conjunta PSOE.Podemos es cambiar el nombre del Valle de los Caídos por el de Valle de Cuelgamuros.

En sus enmiendas presentadas por separado, ERC y JxCAT también han propuesto el mismo cambio en la denominación del recinto, donde yacen los restos de 33.800 combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil, y cuya completa «resignificación» aborda el proyecto.

Enrique Santiago, secretario general del partido comunista e intermediario del grupo terrorista de las FARC ha sido el encargado de anunciar el acuerdo con los socialistas, que incluye ampliar hasta 1982, justo el momento en que comienza a gobernar el PSOE con Felipe González, el censo de víctimas del franquismo recogido en la norma para reconocer casos de colectivos o familias con muertes. Se trata de esa manera de incriminar también a los gobiernos de la UCD y, de consuno, a la monarquía parlamentaria en la persona de D. Juan Carlos I.

Ese es también el planteamiento de EH-Bildu, formación que ha admitido que el cambio propuesto socialistas y UP sobre la Ley de Amnistía «mejora» el texto remitido por el Gobierno y supone un «claro» mensaje a la judicatura.

JxCat, en sus enmiendas, pide pagar 60.000 euros a los herederos de las víctimas del franquismo, no a los de las víctimas de la CNT, de la ERC (ocho mil sacerdotes asesinados bajo el mandato de Companys en Cataluña) o del PCE en Cataluña, si no tienen pensión o indemnización, y también compensar económicamente a los gobiernos catalán, valenciano y vasco por los «prejuicios» causados por el franquismo. Otro saqueo.

Entre las enmiendas de otros grupos, ERC mantiene las exigencias que planteó desde que se comentó a tramitar la ley, como la declaración de ilegalidad del régimen franquista, de sus tribunales y de las sentencias que dictaron.

EH-Bildu insiste, por su parte, en derogar también la Ley de Amnistía de modo que no prescriban los crímenes de guerra ni de lesa humanidad y cambiar la exposición de motivos de la ley de memoria democrática para hacer patente que la consolidación de la democracia es un «objetivo inacabado». De las víctimas de ETA, ni palabra.
Ley de revancha histórica.

La desesperada Cataluña del ‘Manifiesto Constitucionalista’
Teresa Giménez Barbat. okdiario 18 Noviembre 2021

Hay que estarlo para intentar exorcizar de nuevo Cataluña con un manifiesto. Pero, qué quieren, somos gente de bien y no nos va ni el escrache ni el ponerle un petardo a uno de los monumentos de los ultranacionalistas (ese siniestro y mentiroso ‘Fossar de les Moreres’, ese ridículo memorial al despiadado Companys). Nosotros creemos en la magia de las declaraciones y en el poder de los gestos. Somos voluntaristas a muerte. Además, ¿qué otra cosa se puede hacer con un Gobierno de España aliado de quienes quieren destruirla? Que quiere destruirnos a nosotros, los catalanes no nacionalistas, concretamente.

Pero, oiga, nunca se sabe. Igual éste es el “tipping point” del cambio, del despertar de la Bella Durmiente del “seny”, de la salida del coma nacionalprogreísta. Seguro que lo saben, pero “tipping point” significa “el punto crítico en una situación, proceso o sistema más allá del cual tiene lugar un efecto o cambio significativo y, a menudo, imparable.” Malcolm Gladwell lo popularizó en el 2000 con un libro súper ventas.

Así pues, el lunes 15, en el colegio de periodistas de Cataluña, se presentó un manifiesto que declaraba: “Queremos, en las próximas elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas ser parte activa de una confluencia política del mundo constitucionalista para presentar un único proyecto capaz de dar respuesta a los problemas reales de la sociedad catalana y derrotar en las urnas tanto al nacionalismo como al populismo”. Un manifiesto que había sido firmado por miembros de Ciutadans, PP y Barcelona pel Canvi, y del que fueron introductores el empresario Joan López Alegre juntamente con la dirigente del Centro Libre de Arte y Cultura, Paula Añó, el historiador Jordi Canal y la empresaria Eva Trías. Esta última con un discurso emotivo y vibrante mientras relataba los hechos que vivió en 2017 siendo la propietaria del camping Isla Mateua. Como recordarán, esta instalación turística acogió a guardias civiles enviados a Cataluña ante la inminencia del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y fueron objeto de las iras de los secesionistas que también les hicieron la vida imposible a sus propietarios a partir de aquel momento.

Entre el público se podía ver al portavoz de Ciutadans en el Parlament, Nacho Martín Blanco, y a la diputada del PP en el Parlament y regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera . También a media docena de otros regidores de Barcelona pel Canvi y el PP en el consistorio barcelonés, y ex representantes de Cs como Jean Castel. De los fundadores de ciudadanos estábamos presentes el escritor Ferran Toutain y yo misma.

El objetivo del manifiesto es crear un bloque común constitucionalista para las municipales de 2023 y las autonómicas de 2025. Los promotores han hablado con todos los partidos constitucionalistas con representación en Cataluña, incluidos el PSC y Vox. Naturalmente, me dirán, eso es mucho optimismo: el constitucionalismo nunca puede contar con los socialistas catalanes. Pero López Alegre, ex diputado del PP, sostenía con ese voluntarismo que he mencionado antes que los votantes del PSC coinciden «en un 99,9 % con el texto». Me pareció ver cómo la mayoría del público levantaba una ceja escéptica. Todos sabemos que el PSC siempre cede al chantaje nacionalista. Por lo que respecta a Vox, en declaración muy reciente, la formación se desmarca del manifiesto constitucionalista porque, según su líder catalán, Joan Garriga: «cualquier consenso se ha de vertebrar en torno a Vox»

En fin, vamos a ver si, como se pidió el pasado lunes, los partidos y la sociedad constitucionalista se unen, al menos, en una lista electoral. No hay muchas más opciones.


Recortes de Prensa   Página Inicial