AGLI Recortes de Prensa   Martes 23  Noviembre  2021

La política económica que necesita España
José María Rotellar. okdiario 23 Noviembre 2021

La política económica de un país es sumamente importante. A través de ella, perfilada en los presupuestos generales, se diseña qué orientación se le quiere dar a la actuación política en economía y, con ello, qué marco económico se quiere trazar para que las relaciones económicas se materialicen.

La economía española, que tiene unos estructurales sólidos, sin embargo no puede arriesgarse a deslizarse por la vía fácil del gasto público, como equivocadamente está haciendo, porque el llegar a crear una estructura económica fuerte ha costado mucho después de la destrucción que sufrió con las decisiones económicas internas de 2005 a 2011, que la dejaron muy maltrecha. Se estabilizó y fortaleció después, pero ahora, con un crecimiento importante del endeudamiento durante el último año, hasta llevar a la deuda al entorno del 120% del PIB, no hay margen alguno para que dicha deuda siga creciendo.

Por eso, es muy importante la política económica que se elija. Puede ser bueno para ello el recordar qué se sufrió entre 2009 y 2014 derivado del escenario provocado entre 2005 y 2011, a partir de mucho gasto y elevada deuda. Con todo esto, debemos preguntarnos qué política económica necesita España. ¿Una política de gasto e impuestos altos? ¿Una política de eficiencia en el gasto e impuestos bajos? ¿Una política de proteccionismo u otra de eliminación de trabas e incentivo al comercio internacional? Ahí es donde se mueve la decisión.

España siempre ha prosperado cuando se han realizado reformas profundas, cuando el gasto se ha contenido y se ha centrado en lo esencial, y cuando se han bajado impuestos para dejar más recursos a los ciudadanos y empresas, que son los que generan la actividad económica y el empleo. Del mismo modo, las mejores épocas de prosperidad de la economía española han tenido lugar cuando España se ha abierto más al exterior, y las peores, cuanto más se ha cerrado. Basta con recordar el perjuicio de los aranceles sobre el carbón inglés en el S. XIX o el “arancel Cambó” en los inicios del S. XX y ver sus efectos económicos para observar cuánto limitaron el crecimiento y las posibilidades de la economía española. Y, en sentido contrario, la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea o la entrada en el euro han sido momentos de gran despegue de la economía española sobre la base de una gran apertura económica. Es más, si analizamos la etapa del franquismo, también los dos períodos en los que se subdivide son claros: el primero, basado en la autarquía, fue pobre, con las finanzas españolas en una situación muy maltrecha. El segundo, con los tecnócratas al frente, fue el del turismo y el inicio importante de las transacciones exteriores y recepción de inversión extranjera directa, con unos crecimientos de doble dígito durante varios años que forjaron una importante prosperidad de la economía.

Es decir, que no hay una única política económica, sino que existe una, que defiende un gasto creciente, impuestos altos y proteccionismo, más cercana a las ideas de la izquierda; y otra, mas próxima a las ideas liberal-conservadoras, que apuesta por gasto eficiente, pero limitado, impuestos bajos y apertura al exterior. Las políticas son distintas y los resultados, también.

Esta política de gasto limitado y esencial, impuestos bajos y apertura exterior en un mundo global, es la política económica que, a mi juicio, debe defender el centro-derecha español. Es cierto que siempre ha estado y está más próxima a ella, pero, en ocasiones, hay matices que la distorsionan, y, con ello, empeoran los resultados que se podrían obtener.

Pues bien, todo el centro-derecha, que defiende en lo básico, especialmente en materia tributaria, una política económica similar, debe lograr eliminar las distorsiones propias de cada uno de sus integrantes y no caer ni en la tentación de la trampa socialdemócrata de incremento de gasto público, a manera de subasta en la que cada vez la puja es mayor, ni en el populismo dañino del proteccionismo, que no deja de ser una manera de intervenir en la economía y distorsionarla artificialmente. Todo el centro-derecha, deben confluir en la aplicación de la política económica que se ha mostrado, vía resultados, que es la que genera más prosperidad: gasto limitado y esencial, impuestos bajos, estabilidad presupuestaria, endeudamiento contenido, eliminación de trabas y apertura económica exterior. Esa política es la que, verdaderamente, puede demostrar lo equivocado de las políticas de la izquierda, como se ve, con los datos en la mano, al comparar las diferentes etapas donde ha primado una u otra. Distintas políticas dan distintos resultados y el centro-derecha deberá volver a aplicarlas a nivel nacional para arreglar, una vez más, la mermada situación económica que dejarán las políticas intervencionistas de la izquierda.

Pacto o enjuague
Julio Valdeón. larazon 23 Noviembre 2021

Llegaron los vientos del norte, cae la lluvia como una maldición blanca. En un Madrid asomado a la recta final del otoño, de luces de confeti y Navidad anticipada, los dos partidos sistémicos ultiman la renovación del CGPJ. Repiten la jugada igual que antes lo hicieron sus mayores, y los mayores de sus mayores, con la máquina de suturar enjuagues. El camelo se repite desde 1985, o sea, desde que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite volarle los dientes a la separación de poderes. Con el poder legislativo pilotando el gobierno de las togas. Después del bodrio consumado en el Constitucional, tras el espectáculo de los jueces afines y la campaña mediática, diseñada para hablar sólo del ropón escorado a la derecha, volvemos al CGPJ, bloqueado por la pinza bicéfala.

Desde el PP siempre podrán decir que actúan en defensa propia, o sea, nuestra. Negarán las tentaciones nepotistas, los espasmos sucios del enchufismo. Ellos actúan animados por la urgencia de desplegar cortafuegos. Con la pinza en la napia, porque debemos cerrar como sea el trote de la marea ciclónica, antes de que anochezca, en un tiempo en que los iliberales ya pasean por las colinas de RTVE, el CNI o el CSIS. A falta de mayorías suficientes, incapaces de intervenir por goleada en el parlamento, los enemigos de los contrapesos liberales aspiran a tumbar los árboles como si fueran castores, royendo gota a gota los cimientos. O reforzamos la empalizada o la judicatura también caerá bajo la orquesta de misiles. Los jueces resisten, pero acumulan pelos en la gatera. Crece el rumor de los avisperos mediáticos. No olviden los precedentes inmediatos. Algunos querían meter yesca al Constitucional, después de que censurase la inconstitucionalidad de los decretos del confinamiento. Agarrados a la baza de la peste los gobierno y legisladores limitaron derechos fundamentales, con un presidente que eludió el control del legislativo y chapó el parlamento. Sólo faltaba ahora hacer lo propio con el Supremo. De ahí que el CGPJ sea el escenario de una pelea incendiaria.

Según el PP no tendríamos acuerdo si el PSOE no acepta antes reformar la ley. Que al menos la mitad de los jueces sean elegidos por sus iguales. Una aspiración poco desproporcionada o fantasiosa. Pide lo mismo la Unión Europea. Bruselas marca a Polonia y, en el caso de España, ya frenó el conato de reforma chusca, capitaneada por la mutación Frankenstein. Como recordamos hace unas semanas, un profesor de Constitucional, Germán M. Teruel Lozano, propone que el cambio de la ley no sea condición innegociable y que los políticos cumplan con su deber bajo el chisporroteo de los focos, no en los reservados. Que antepongan la excelencia profesional a cualquier otro criterio y que evalúe méritos un comité de sabios.

En Estados Unidos los dos partidos husmean como sabuesos la matrícula de quienes aspiran al Supremo. Ya les adelanto que tampoco ese sistema resulta infalible. Hay choques de egos, conatos de rebelión. Abundan las acusaciones de caciquismo. Los dos grandes tratan de eliminar al aspirante del enemigo y buscan imponer a los propios. Pero una cosa es negociar nombres y otra asumir como inevitable que haya que meter a los más sumisos para compensar que el rival haga lo mismo, incapaces todos de anteponer el sentido de Estado, qué demonios, el simple decoro, al ansia por alicatar hasta el último centímetro con el de croquis de la partitocracia. No puede ser que por cada magistrado que cumpla con los criterios objetivos haya otros con la camiseta a cuestas. No hay duda de que el parlamentarismo necesita del pacto entre los dos grandes. Pero no cualquiera forma, no a cualquier precio. Esperemos que a la inflación y la luz, al ataque del identitarismo y el auge nacionalista no toque añadir otro bocado a la independencia judicial, indispensable para que la democracia no exhale y ahogada por la desacomplejada jeta de los pequeños caudillos.

La ley mordaza, la memoria histórica y los dislates jurídicos
Gonzalo Quintero Olivares. elconfidencial 23 Noviembre 2021

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), llamada ley mordaza, ha provocado, y más que lo hará, grandes manifestaciones policiales en protesta por los cambios que se introducen, que según los sindicatos policiales aumentarán la inseguridad ciudadana a la vez que suponen un "ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier Estado democrático".

La LSC contenía preceptos que rayaban en la inconstitucionalidad, como eran los concernientes a los cacheos o a la duración de la detención para identificación o el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios. Pero otros temas, y ahí se ubica la razón del malestar, son más complicados, como es la supresión de la prohibición de la toma y difusión de imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad en manifestaciones u operaciones policiales, en todo caso decidida ya por el Tribunal Constitucional. Pese a ello, los colectivos policiales denuncian que el cambio implica riesgo, pues la reforma de la ley permitirá que sea posible fotografiar directamente a los agentes de Policía, salvo que con ello se ponga en riesgo su seguridad o la de sus familias.

Es comprensible que el TC estimara excesivo prohibir fotografiar eventos o sucesos en los que aparecieran fuerzas policiales, pero también es justa la preocupación de los policías por su seguridad, problema que no se resuelve prohibiendo la foto cuando con ello se ponga en peligro la intimidad o seguridad de los policías o sus familias, pues ese pronóstico no es viable en el momento de la captación de la imagen. Frente a las demagógicas invocaciones a la libertad de 'fotografiar' una protesta (cosa que nadie discute), hay que recordar que la imagen personal goza de tutela constitucional y que, en principio, nadie puede ser fotografiado contra su voluntad. La excepción para eventos públicos es razonable, si el objeto de la foto es el 'suceso' con sus protagonistas, no si son directamente orientadas a la imagen de un concreto agente. Tema muy delicado.

Otro tema, que finalmente quedará sin tocar, contra el deseo de Unidas Podemos, es el de las 'devoluciones en caliente', que se tratará en el marco de reforma de la Ley de Extranjería, que actualmente las permite, y que han sido declaradas conforme a derecho por el TEDH, lo cual no parece 'progre'. La reciente 'invasión de Ceuta' debería propiciar reflexiones más profundas, alejando la injusta imagen de 'crueldad' estatal.

Problema diferente es el de la reconsideración del valor del atestado policial. Los sindicatos ven un ataque a la credibilidad de la Policía, pero el problema no es ese, sino otro, que es de los jueces, y es que no puede dictarse una condena solamente con base en el atestado policial, que en sí mismo solo tiene valor de denuncia con independencia de que lo que en él consta se incorpore a las declaraciones testificales que sí tienen valor de prueba.

Son preocupantes las novedades y propuestas en lo que concierne a la memoria histórica. Destaca por la cantidad de dislates que se han dicho, comenzando por ERC y su petición de derogar la Ley de Amnistía de 1977, para que la Justicia pueda "investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura franquista". Se exige además que las leyes internacionales para la persecución de los delitos de lesa humanidad se apliquen "como derecho vigente en España", para que la Ley de Amnistía se interprete y aplique teniendo en cuenta que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen "consideración de imprescriptibles". Dejando de lado la dificultad de encontrar personas con vida a las que se pudiera juzgar, la propuesta se justifica para "acabar definitivamente con la impunidad" de los delitos del franquismo. Por cierto, se quiere prorrogar el franquismo promoviendo un reconocimiento a las víctimas de la Transición, de 1978 a 1982, primer Gobierno del PSOE. Sin comentarios.

Sobre la derogación de la Ley de Amnistía, bastaría decir que eso solo generaría efectos de futuro, pero está fuera de duda que en ningún caso se podría perseguir lo que en su día resultó amnistiado, pues, en contra de lo que puedan suponer los pensadores del tema, una ley como la derogación de la Ley de Amnistía toparía con la irretroactividad de las leyes desfavorables. En cuanto a la incorporación al derecho interno de los tratados internacionales sobre persecución de los delitos de lesa humanidad, tal vez los proponentes ignoran que los tratados suscritos por España se incorporan al derecho interno (art. 96-1 de la Constitución).

Mención separada merece la propuesta de creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Fiscalía tiene encomendada la función de promover la legalidad en los procesos en los que esté presente, y Una Fiscalía de derechos humanos y memoria histórica apenas tendría casos y procesos en los que actuar. Esa realidad es tan patente que ha sido captada por los proponentes, que resuelven la cuestión dando una nueva dimensión a las funciones del Ministerio Fiscal, pues afirman que "la Justicia no consiste solamente en sanciones", sino también en "conocer una verdad judicial", para lo cual se precisa un órgano dedicado a la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la dictadura. En resumen, una Fiscalía de Sala que no perseguiría delitos, sino que sería una especie de servicio de estudios sobre la represión. Nada más lejos de mi ánimo que negar la importancia de esa investigación, pero esa no es la tarea que corresponde constitucionalmente al Ministerio Fiscal.

En un terreno menos relevante se inscribe la propuesta de supresión de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos por Franco entre 1948 y 1978. Ya en la Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática que el PSOE presentó el 30 de julio de 2019, se prometía la supresión de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977 o posteriores que representen la exaltación de la Guerra Civil y Dictadura. Cierto que, al amparo del art. 62-f) de la Constitución se podría sostener que la concesión de honores y distinciones corresponde en exclusiva al Rey, y, por lo mismo, todos los títulos franquistas habrían caído en una especie de inconstitucionalidad sobrevenida. Quizá los afectados habrían impugnado la medida y a saber lo que habría decidido el TC, pero, en cualquier caso, habría sido un camino menos complicado, pese al no pequeño problema de la subsistencia del propio Ducado de Franco y del Señorío de Meirás, ambos otorgados por Juan Carlos I.

Mas lo realmente sorprendente en todo el debate que se ha generado en torno a este tema es la total ausencia de discusión alguna sobre el estatuto jurídico de los títulos nobiliarios. Vaya por delante que no tengo objeción alguna a su existencia, aunque no faltan quienes exigen su supresión, cosa que creo innecesaria. Pero entre aceptar la existencia y aceptar la intervención del Estado y del derecho público en su régimen media una gran distancia, y, posiblemente, si toda esta materia fuera autorregulada por la propia nobleza, como cuestión privada, a través de organismos propios, que los tienen, como la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino, sin intervención de la Administración pública y sin perjuicio de la potestad real de otorgar distinciones, nos evitaríamos discusiones prescindibles, pero, sobre todo, situaríamos el tema de los títulos en un lugar más ajustado a la España del siglo XXI.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de derecho penal y abogado.

Las verdades de Rosa Díez
Cayetano González. Libertad Digital  23 Noviembre 2021

El pasado jueves tuve la oportunidad de presentar y moderar una charla-coloquio con Rosa Díez en la Universidad Villanueva, dentro de un foro, Diálogos Villanueva, que pretende ser un lugar de encuentro en el ámbito universitario, donde se debata y se reflexione en libertad sobre las cuestiones que afectan a los ciudadanos en esta segunda década del siglo XXI.

Durante treinta minutos de exposición y en el coloquio posterior, Rosa Díez hizo un diagnóstico absolutamente certero de la situación actual de España y de los motivos por los que hemos llegado hasta aquí. Para los que la conocemos desde hace bastantes años; para los que la escuchamos todos los viernes en su espacio "Organizando la Resistencia" en Es La Mañana de Federico, nada de lo que dijo supuso una sorpresa, porque si algo tiene Rosa es que es coherente y dice lo que piensa, en público o en privado, en la radio o en un foro universitario.

Dicho lo cual, lo primero que pensé al acabar la charla-coloquio es cómo es posible que el actual PSOE, sus dirigentes, esté en los antípodas de lo que piensan y defienden personas como Rosa Díez, que militó durante treinta años en ese partido –antes en la UGT–; que se forjó en la vida y en la política en el País Vasco en los años en que ETA mataba a los cargos públicos de UCD, AP, PP, UPN y PSE por defender la libertad, la democracia y la Constitución. Hoy, y esto es lo terrible, para la actual dirección del PSOE, el bueno es Arnaldo Otegi y la apestada es Rosa Díez.

Dijo la fundadora y expresidenta de UPyD: "España está en el momento más delicado de su historia democrática, porque ahora quienes quieren destruir el sistema democrático del 78 gobiernan España"; y alertó de un peligro real que se está produciendo:

Es una situación inédita y muy peligrosa, porque la ciudadanía no tiene percepción del peligro, no es consciente de lo que está ocurriendo y por eso no reacciona.

Es evidente que la pandemia, los confinamientos, las restricciones de movilidad han contribuido al aletargamiento de la ciudadanía. De alguna manera es comprensible. La gente lo ha pasado muy mal, en lo personal y en lo laboral, ha habido mucho sufrimiento y, en ese tipo de circunstancias, lo que prima es el instinto de supervivencia, así que se aparcan o dejan al margen otras cuestiones que en una situación de normalidad hubieran producido una gran reacción social.

El problema es que el Gobierno no ha tenido empacho en aprovechar esa situación de hibernación de la sociedad para seguir con su agenda y con su proyecto de destruir el régimen constitucional del 78, para indultar a los golpistas catalanes, pactar con los herederos políticos de ETA o impulsar leyes que afectan a cuestiones básicas, como la Ley de Educación, o tocan cuestiones morales que dividen a la sociedad, como puede ser el caso de la eutanasia. A Sánchez no le importa lo de dividir a la sociedad, es más, lo busca con ahínco y tesón, es en eso un buen discípulo de Zapatero, que, como bien señaló Díez en la charla-coloquio, es con quien empezó todo lo que ahora estamos viviendo.

Otra reflexión muy interesante que hizo Díez fue el papel que debe desempeñar la Universidad:

El conocimiento es la base para la acción. Hay que espolear a los universitarios que pueden conseguir el cambio. En la Universidad se formó a la gente que construyó la democracia. Las instituciones no se defienden solas. Esto hay que enseñarlo y, a partir de ahí, la gente podrá reaccionar.

No se si tiene demasiada confianza Díez en el poder transformador de las Aulas Magnas, pero no cabe duda de que la formación que reciban los jóvenes de hoy será básica para preparar a quienes estén llamados a liderar el país en unos pocos años.

En el coloquio pregunté a Díez si veía masa crítica en el PSOE capaz de hacer frente a la deriva a la que el tándem Zapatero-Sánchez ha conducido a un partido que ha desempeñado un papel relevante en la vida política de España. Su respuesta fue tan inmediata como tajante: "Los muertos no tienen masa crítica". Y eso lo dice quien conoce perfectamente esa casa, en la que estuvo treinta años.

Juego limpio periodístico
EDITORIAL. https://gaceta.es 23 Noviembre 2021

Algo está cambiando en la Iberosfera. Las recientes elecciones en Argentina y en Chile, en otro tiempo países prósperos y ordenados—algo ya muy lejano en el caso argentino—, han revelado que una parte importante del electorado se aparta de las opciones centristas que sólo han chalaneado con el desastre socialista. Los nuevos liderazgos iberoamericanos, el liberal-libertario Javier Milei y el conservador liberal José Antonio Kast, comparten un análisis desacomplejado sobre el error que supone adoptar posiciones centristas frente al empuje del ‘Socialismo del siglo XXI’ (el comunismo de siempre vestido de seda).

Nadie que conozca a Kast y a Milei, nadie que les haya escuchado o que haya leído algo de lo que han escrito, puede pensar que sean ultraderechistas. Todavía estamos por conocer a algún político contemporáneo que lo sea de verdad. Sin embargo, la inmensa mayoría de los medios españoles, incluidos los que nos regalan a diario hermosas lecciones sobre centrismo, moderación y consenso, etiquetan a Kast y a Milei como «ultras» mientras guardan para los líderes kirchneristas o comunistas palabras amables y moderadas que hace tiempo estaban reservadas para Olof Palme y Giulio Andreotti pasando por Willy Brandt.

Es cierto que todos los coqueteos de esos medios centristas o socioliberales palidecen ante la desvergüenza que supone escribir en un editorial, como publica hoy El País, que el corrupto ex presidente brasileño, Lula da Silva, es «un socialdemócrata». Llamar socialdemócrata a un delincuente salvado de la inhabilitación por una mera cuestión procesal y que es el fundador de esa Internacional de la expansión de las dictaduras socialistas que es el Foro de Sao Paulo, es absurdo. Una fake new que no soportaría una verificación medio seria.

Que lo que en otro tiempo, muy lejano, fue un diario señalero de la información internacional pretenda hacernos creer que Lula, abrazador compulsivo de dictadores de la calaña de Ortega, Maduro, y los fallecidos Castro y Chávez, es un demócrata ecologista, nos señala hasta qué extremos ha llegado la degradación periodística en la izquierda global en español.

Perdida toda esperanza con El País, sugerimos a los medios y agencias de noticias que todavía quieran defender la libertad, el orden y el imperio de la ley en la Iberosfera, que abandonen etiquetas absurdas e irreales basadas en parámetros irreales. Sugerimos, en fin, que los medios permitan el juego limpio electoral.

Hasta el 19 de diciembre, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de Chile, tiene que afrontar una campaña electoral a cara de perro, voto a voto, contra Gabriel Boric, el candidato de la izquierda dura paulista. Conocemos la trayectoria de Kast y sabemos cómo se ha curtido batallando desde hace años en soledad contra todo y contra todos, contra la izquierda socialcomunista y contra la falsa moderación centrista. Por eso, no dudamos de su capacidad para atraer los votos que han arrojado Sebastián Sichel o el outsider Franco Parisi. Aunque no dudemos, sí que sería una novedad que, al menos, no tuviera que soportar el fuego amigo de esa parte de la prensa que se dice anticomunista. Pero que no lo es, o desde luego, no lo parece.

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Presos por Presupuestos
EDITORIAL. Libertad Digital 23 Noviembre 2021

Arnaldo Otegi ha anunciado su apoyo a los Presupuestos del Gobierno del socialista Pedro Sánchez y la comunista Yolanda Díaz, que se tramitan en estos momentos en las Cortes Generales. El portavoz de Bildu ha confirmado así que los cinco diputados de su grupo pondrán a disposición de Sánchez y Díaz sus votos para solventar tan crucial votación parlamentaria. Pero el etarra no solo expresó su respaldo al Ejecutivo, sino que dejó entrever que las negociaciones de los social-comunistas con ERC están también a punto de fructificar.

Además de con proetarras y esquerristas, el Gobierno espera contar también con los seis diputados del PNV, votos subastados por los hijos de Sabin a un precio de salida exorbitante: y es que la sobrefinanciación que recibe el Gobierno de Vitoria gracias al pufo vasco (Mikel Buesa dixit) parece no ser ya suficiente para la banda de Urkullu y Ortuzar.

El pacto con Bildu tiene una segunda lectura que va mucho más allá de las cuestiones presupuestarias. A nadie se le escapa que el precio de los batasunos para votar las cuentas de Sánchez es la excarcelación de los más de 200 etarras que serán trasladados próximamente a prisiones del País Vasco. El Gobierno ya ha dado el primer paso transfiriendo las competencias penitenciarias, lo que allana el camino para que progresivamente se dicten continuas rebajas en el cumplimiento de las penas, hasta llegar a la excarcelación total.

Sánchez ha logrado el apoyo de los proetarras, gracias a lo cual la segunda parte de la legislatura queda firmemente encarrilada. Para el Gobierno, hubiera sido trágico adelantar las elecciones por falta de acuerdo para los Presupuestos, como ya ocurriera en 2019. Pero el socialista que gobierna con comunistas ha demostrado tener aún menos escrúpulos que entonces y va a sacar adelante unas cuentas validadas por el brazo político de la ETA a cambio de poner en la calle a 200 criminales. No hay infamia que no se permita este indeseable.

Casado, el mejor aliado de Sánchez
Pablo Planas. Libertad Digital 23 Noviembre 2021

Si en la cúpula del PP no estuvieran tan ocupados tratando de lapidar a Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, habrían reparado en la precisa maniobra envolvente que están trazando el PSOE y sus socios (podemitas, separatistas y proetarras) con la inestimable colaboración de conglomerados mediáticos como el que preside el conde de Godó o las televisiones privadas. El objetivo es que no gobierne el PP, no reconocer un hipotético triunfo conservador y abortar cualquier conato de pacto con Vox.

De momento, quienes operan en esa dirección tienen motivos para felicitarse porque ya han logrado que Casado y buena parte de sus conmilitones desprecien a los dirigentes del partido de Abascal y se dediquen a asegurar que no habrá un pacto con Vox. La inexperiencia política de Casado junto al torpe manejo del poder de Teodoro García Egea facilitan las operaciones de los tácticos del PSOE.

Otro de los logros de la izquierda en esta campaña para impedir la alternancia en el poder es que sean los citados Casado y García Egea quienes les hagan el trabajo sucio contra la presidenta de Madrid, que es el principal activo del centro y la derecha y la dirigente política que ha demostrado estar más capacidad para vencer al PSOE y a Podemos, y no precisamente con un resultado ajustado. De modo que en estos momentos el mejor aliado de Pedro Sánchez no es Podemos, ni ERC ni Bildu, sino Pablo Casado. La miopía de la dirección popular es colosal.

Una de las principales armas de socialistas, comunistas y separatistas varios es el manejo indiscriminado y desprejuiciado de la mentira. El pasado lunes, Dieter Brandau recogía en su programa nocturno de esRadio un puñado de declaraciones de Pedro Sánchez en las que, con un rostro de hormigón armado, decía que los recortes y las políticas neoliberales de la derecha en 2008 habían provocado cuatro millones de parados. Como si en aquel año no gobernara su correligionario José Luis Rodríguez Zapatero, embarcado ahora en la operación de blanqueo de la dictadura chavista en Venezuela. Como la memoria es frágil y Sánchez no tiene casi oposición, cientos de miles de españoles están absolutamente convencidos de que los recortes que perpetró Zapatero por orden de Ángela Merkel fueron cosa de Sánchez, de Mariano o puede que de la momia de Franco.

Otra de las herramientas del engrudo socialcomunista y separatista son los medios donde operan agitadores como el periodista Pedro Vallín, capaz de equiparar en la radio del conde de Godó el ambiente de Madrid con el que se vivía en el País Vasco a principios de este siglo. A su juicio, la campaña de las elecciones autonómicas convocadas por Díaz Ayuso se planteó en unos términos tales que la capital de España viene a ser como una especie de Rentería de los años etarras pero en facha. No es una opinión aislada. Hay gente en Podemos y en los nacionalismos catalán y vasco que difunde la especie de que en Madrid no se puede salir a la calle por el peligro que entrañan las hordas de cayetanos que se han apropiado de bares y terrazas.

Pues eso, que Casado manda en las encuestas pero lo tiene crudo y en vez de hacer oposición monta pollos y purgas contra Ayuso y Cayetana.

El perro de Pedro Sánchez
Santiago Navajas. Libertad Digital 23 Noviembre 2021

Mucho antes que los políticos posmodernos, deseosos de aparentar ser sensibles y empáticos, fue un griego astuto aunque traidor, borracho y mujeriego, guapo y narcisista, el que puso de moda los perros como mascotas entre los personajes públicos. Alcibíades, que lo mismo le echaba los tejos a Sócrates que a las hetairas del santuario de Afrodita, era un brillante y prometedor joven en la Atenas de Pericles al que no le importaba conspirar bajo cuerda con el enemigo espartano. En una ocasión, teniendo un cargo político, compró un hermoso perro famoso por su cola, la cual inmediatamente mandó cortar. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho contestó que para dar que hablar a la plebe y, de esta forma, evitar que se comentase su proceder de administrador y estratega.

El perro de Pedro Sánchez se llama Franco y lo saca a pasear (el humano al cánido) un par de veces al día para que haga sus necesidades. En el caso del perro de Pedro Sánchez, sus necesidades son cortinas de humo para que los medios afines, incluso los enemigos, y las redes sociales echen humo con artículos y tuits en contra y a favor de Franco (que, como todo perro, no tiene culpa alguna de la malicia y estulticia de su amo).

No sólo Pedro Sánchez, también todos los presidentes norteamericanos en los últimos cien años, salvo Trump, han tenido un perro al menos en la Casa Blanca. Los perros son muy fotogénicos y son adorados por los periodistas gráficos. Franco no es guapo pero sabe captar la atención de todo el mundo. De él se aprovechan, como del cerdo con el que tantos lo equiparan, hasta los andares. Paul Preston, por ejemplo, se alimenta de él como Ian Gibson de Federico García Lorca. Los hispanistas buitres sobrevuelan las tumbas españolas como los aviones nacionales y republicanos Guernica y Cabra, oliendo sangre que reporte beneficios.

Sánchez, astuto pero traidor, guapo y narcisista, ha copiado de Alcibíades lo de cortarle el rabo a Franco, ya sea sacándolo de excursión de la tumba, proponiendo cambiar el nombre al Valle de los Caídos, amagando con expropiar el pazo de Meirás o tramando saltarse la Ley de Amnistía para investigar como crímenes contra la humanidad toda la Transición con aroma a franquista hasta, qué casualidad, el comienzo de los GAL. Claro, la gente entra el trapo y en lugar de hacer caso omiso de las baladronadas de Sánchez se pone a echarle en cara los asesinatos de Paracuellos, de modo que durante un rato –y Sánchez, ratito a ratito, es capaz de llegar a los mil años de Reich nacionalsocialista aliado de Rufián y la extrema izquierda– salen del debate público los crímenes no resueltos de los etarras (lo que agradecen el PNV y Otegi), la subida desorbitada de la electricidad (por lo que brindan Jordi Évole y las empresas renovables hipersubvencionadas) y los indultos a los peores criminales de los últimos años (de golpistas a secuestradoras de sus propios hijos).

George Lakoff tiene un libro en el que muestra el poder de la retórica para dominar las mentes. Se titula No pienses en un elefante, lo que automáticamente nos hace pensar en elefantes. Sánchez ha sustituido el elefante de Lakoff por el perro de Alcibíades. Así que ya sabe: no caiga en la trampa, olvide al perro de Sánchez y concéntrese en la inflación galopante de la electricidad, los pactos con filoterroristas, los indultos a criminales confesos, el sistema educativo destruido y el económico, casi a punto de estallar. En caso contrario, no será la cola del perro la que acabe cortada sino la suya.

Ahora se entiende por qué Sánchez va contra la Policía
Los policías avisan a Marlaska: con la nueva Ley de Seguridad se desplomarán las detenciones callejeras
OKDIARIO 23 Noviembre 2021

Si alguien se pregunta cómo es posible que Pedro Sánchez pretenda reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para colocar en la diana de violentos y terroristas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -que el 27 de noviembre se manifestarán en Madrid, a las 11:30 de la mañana, para defenderse del ataque que prepara el Gobierno-, la respuesta está en la información que publica OKDIARIO. Los aliados de Sánchez -golpistas catalanes y populistas de ultraizquierda- han patrocinado a una organización financiada por la Generalitat catalana y el Ayuntamiento de Barcelona para que convoquen una charla sobre Modelos Policiales y mecanismos represivos. Contra las violencias, respuestas colectivas. El mismo día que Policía y Guardia Civil se manifiestan contra la reforma del Gobierno que, entre otras cosas, permitirá grabar y divulgar las imágenes de los policías entre los colectivos radicales, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona dan cancha libre para que, con dinero público, grupos de organizaciones independentistas radicales arremetan contra la «represión» de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

El organizador oficial de esa charla es Youth Act!, una organización alimentada por los golpistas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Ada Colau, que funciona como una plataforma de contacto con los jóvenes y de divulgación de determinados posicionamientos, como «la lucha contra el capitalismo y la represión policial». No es, pues, casualidad que la reforma de Sánchez que deja en la más absoluta indefensión a la Policía y la Guardia Civil responda a las pretensiones de separatistas y populistas de ultraizquierda. Lo que ha hecho el presidente del Gobierno es ceder ante las pretensiones de sus aliados y ofrecerles la cabeza de quienes tienen como obligación velar por la seguridad de la sociedad.

Los policías de toda España protestarán contra una reforma que les deja a los pies de los caballos, sin herramientas para controlar los ataques callejeros e indefensos ante los delincuentes, lo que representa un peligro para su integridad y la de sus familias, pero también para los ciudadanos, que se pueden ver sin la protección efectiva de los cuerpos policiales. Las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicadas previamente y los atestados policiales perderán su presunción de veracidad. Es decir, si la Policía sanciona a un ciudadano por cualquiera de las faltas previstas en la ley, la denuncia policial se pondrá en cuestión y decaerá en ausencia de más pruebas.

Si alguien se pregunta cómo es posible que Sánchez vaya contra la Policía, la respuesta es sencilla: porque es un títere en manos de golpistas, populistas y proetarras, que son los que le han obligado a legislar contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

No es la tele vasca, es el Estado
Jorge Vilches. vozpopuli.es 23 Noviembre 2021

El anuncio del voto afirmativo de EH Bildu a los presupuestos no es porque el Gobierno haya concedido que la ETB infantil se emita en Navarra. Eso es poca cosa. El último 20-N los bilduetarras se manifestaron en Bilbao, no por una tele en Navarra, sino por la independencia, y lo seguirán haciendo. Reunieron a unos miles de personas con el lema "Lortu arte" (Hasta que lo consigas), y pasearon junto al resto de socios de Pedro Sánchez: ERC, CUP y BNG.

Lo que hay detrás es una unidad de intenciones entre el PSOE y Bildu, consistente en remover la Constitución y el Estado de las Autonomías. Ya no se trata, como quiere el PNV, de ampliar las competencias con un nuevo Estatuto. El objetivo es que el debate político sea sobre la supuesta necesidad de repensar el Estado español y sus leyes, su organización territorial y la forma de Estado.

El pacto está a la vuelta de la esquina, aunque es pronto. No es conveniente pactar con los bilduetarras gobiernos de coalición en el País Vasco y Navarra, a nivel autonómico y municipal, si aún persiste la imagen popular de que es el brazo político de ETA. Esto es lo que explica que el acercamiento de presos etarras esté tan acelerado. Tienen que hacerlo cuanto antes para blanquear ya a Bildu y enviar a ETA al olvido.

Al tiempo trabajan dos retóricas que ya han calado: la legitimidad para gobernar una autonomía está siempre en los nacionalistas, y la utilización del gentilicio como sinónimo de nacionalista. De esta manera se puede excluir de un gobierno autonómico a todo el que no se confiese nacionalista, porque en caso contrario sería como permitir el poder de un extranjero apoyado en el “ejército de ocupación”.

El camino para ese gran acuerdo entre PSOE y Bildu comienza diciendo que la banda ya no tiene importancia porque ya no mata, que no es necesario hablar de las víctimas del terrorismo etarra, y que hacerlo es propio de fachas. Es más; es preciso soltar que Casado y Abascal están mejor con el fantasma de ETA vivo en la memoria española. De esta manera, ETA es historia rancia, y Bildu una opción política progresista vasca con aroma feminista y ecologista.

A partir de ahí se puede hacer pública la conveniencia de pactos de gobierno en el País Vasco y Navarra. Oskar Matute, portavoz económico de Bildu en el Congreso, dijo este 7 de noviembre que su partido está dispuesto a sentarse a negociar con el PSE acuerdos que “protejan a los ciudadanos”. ¿De qué hay que protegerse? No del terrorismo ni de la negación de los derechos a quienes piensan distinto, no, sino de la derecha vasca y el inmovilismo españolista.

El nuevo secretario del PSE, Eneko Andueza, es partidario de pactar con Bildu, de “explorar” vías a la izquierda sumando también a Elkarrekin Podemos. Este tripartito podría tener su espaldarazo en las elecciones municipales de 2023. No hay que olvidar que Andueza fue el hombre de Sánchez en las primarias del PSE, y que, como tal, consiguió el 95% de los votos. Claro que la otra candidata también era partidaria de pactar con Bildu.

Todo esto deja en nada que el Gobierno autorice que ETB emita su canal infantil en Navarra. La posibilidad de esa alianza contra el Estado democrático y de Derecho, la Constitución y la organización territorial, el nombramiento de jueces y de sus órganos, la monarquía o la presencia allí de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es mucho más sustanciosa que tener un canal sin audiencia.

La acometida del PP
Mientras los nacionalistas quieren distraer la atención hablando de las teles, la demolición del sistema sigue su curso. ¿En serio creen que a ERC, que dio un golpe de Estado en 2017 del que no se arrepiente, le importa el doblaje de las series en Netflix? ¿O que Otegi, condenado por terrorismo sangriento, queda satisfecho porque los niños navarros vean Bob Esponja en vasco?

El plan va mucho más allá. El sanchismo no podrá detener la acometida electoral del PP y Vox si no sella antes una alianza para cambiar el régimen con aquellos que quieren destruirlo. Todo avance hacia la independencia es irreversible, como se está demostrando con el caso catalán, por mucho que luego gobierne la derecha. A eso nos encaminamos con Pedro Sánchez.

El 'procés' no ha acabado, ha mutado
Javier de Erausquin. vozpopuli.es 23 Noviembre 2021

Existe la extendida impresión de que las aguas se han calmado en Cataluña. Aunque este relato pueda parecer real, pues la amenaza de la ruptura constitucional y de una declaración de independencia ha desaparecido, esconde un profundo engaño.

El Gobierno de la Generalitat ha aprendido de los errores de 2017 y es consciente de que necesita un mayor apoyo dentro de la sociedad catalana para poder iniciar un nuevo embate secesionista. En este sentido, la estrategia del nacionalismo catalán se basa en el control social para cruzar el umbral de la mitad de los catalanes a favor de la secesión. Dicho control se ha reiniciado mediante la utilización de la piedra angular de todo proyecto identitario nacionalista: la lengua.

Recientemente, la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, Gemma Geis, ha informado que vigilarán el idioma que usan los docentes en las universidades, el último escollo educativo en materia de imposición lingüística. Esta política, que atenta contra la libertad de cátedra, es un ejemplo del deterioro democrático que vive Cataluña, pero sobre todo es la prueba de que el procés no se ha acabado, ha mutado en una estrategia de hegemonía política, social y cultural a largo plazo.

En otra esfera, el control político, cultural y social del nacionalismo también se ejerce a través de los medios de comunicación. 284,4 millones de euros son el presupuesto anual de TV3 y Catalunya Ràdio, los medios públicos de la Generalitat a través de los que construyen el relato y desarrollan la ingeniería social necesaria para atraer la opinión pública a sus tesis nacionalistas. Pero la gravedad no reside únicamente en las partidas presupuestarias destinadas a los medios públicos, sino en la presión que ejercen en los medios privados a través de subvenciones directas y publicidad institucional.

La menguante presencia de España
La más peligrosa de las estrategias del nacionalismo es la basada en la progresiva desaparición del Estado y de la nación en Cataluña. La paulatina asunción de competencias, el continuo abandono de las instituciones españolas en territorio catalán y la cada vez menos habitual presencia de la nación, ha provocado que España ya no esté presente en Cataluña. En palabras de Juan Claudio de Ramón: “No pudieron sacar a Cataluña de España y ahora están sacando a España de Cataluña”. Esta reflexión esconde el problema esencial de la cuestión. Muchos catalanes no conocen España. Y uno no puede querer lo que no conoce.

Para romper con la desafección existente contra España como comunidad y como nación, es absolutamente necesario que el Estado vuelva a estar presente en Cataluña. A través de la presencia de Instituciones que representen al país, pero también que vuelva a existir la nación, mediante la promoción de cultura, literatura, pintura y escultura del resto de España en Cataluña, el estudio correcto de la historia en la educación catalana, la presencia de empresas y fundaciones de otras ciudades españolas en territorio catalán que permita también más conexión de catalanes con ciudadanos de otras comunidades y otros acercamientos que podrían ir revirtiendo el repliegue del Estado en Cataluña que ha ocurrido en los últimos 40 años. En definitiva, fomentar la cultura del vínculo con lo común.

Para ello, la Cataluña constitucional debe contar con una sociedad civil fuerte y una oposición firme que sea capaz de ilusionar al millón de constitucionalistas descontentos que se quedaron en casa en las pasadas elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero de 2021. Fue Cayetana Álvarez de Toledo la que entendió el problema y recetó la solución a la perfección: “Dotar a la Cataluña constitucional de presencia, prestigio, presupuesto y poder”. Si ya de por sí es complicado significarse en Cataluña, aún lo es más si no se cuentan con los medios necesarios para disentir.

El señalamiento y la estigmatización del disidente en Cataluña está más presente que nunca y lo continuará estando mientras no exista una oposición fuerte que acompañe a esa mitad de catalanes que no se resigna a ceder ante la sumisión nacionalista, oposición que, a día de hoy, no tenemos.

En este sentido, y tras las últimas elecciones catalanas, el espacio constitucionalista ha quedado destruido. Para tener una visión clara de la magnitud del desastre que supusieron las pasadas elecciones, el constitucionalismo se dejó la mitad de los escaños respecto las elecciones autonómicas catalanas de 2017.

La victoria en las urnas
Ante esta situación de desánimo entre la Cataluña Constitucional, miembros de la sociedad civil han impulsado un manifiesto constitucionalista que aboga por la unión del citado espacio y de todos los representados en él. Este manifiesto apela a partidos políticos y entidades cívicas, pero también a personas de la sociedad civil, a unirse en una única plataforma para lograr representar a la mayoría constitucionalistas y ganar al nacionalismo en las urnas.

Este proyecto de unión no es baladí. Quizás es la última oportunidad para construir los cimientos de un proyecto que ejerza como oposición real ante el nacionalismo. Quizás es el último intento de recuperar ese espíritu del 8 de octubre de 2017. Quizás no habrá más opciones de unir a todos aquellos en defensa de lo común.

Cataluña aún puede empeorar
El presidente de la Generalitat ha pactado aprobar sus presupuestos con los comunes de Colau, con un fingido enfado de Junts. De nuevo, todo un enjuague para que nada cambie
Editorial ABC 23 Noviembre 2021

El acuerdo alcanzado ‘in extremis’ entre ERC y la marca catalana de Podemos, los comunes, para que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pueda ver aprobados sus presupuestos autonómicos amenaza con alterar los equilibrios de la coalición separatista. Con la CUP desmarcada de la alianza entre ERC y Junts, estos partidos necesitaban que o bien el PSC, o bien los comunes, aportasen sus votos para no ver frustrada la legislatura. Finalmente, el cómplice del independentismo ha sido el partido de Ada Colau, y lo ha hecho a cambio del apoyo expreso de ERC a sus propias cuentas en el Ayuntamiento de Barcelona. No es que el líder del PSC, Salvador Illa, no haya querido -bien claramente se ofreció días atrás-, sino que se ha producido un ‘do ut des’ entre partidos de la extrema izquierda sin más intención que la de sobrevivir con una interdependencia mutua que resulta desmoralizante, porque difícilmente la gestión de Cataluña podría quedar en peores manos.

Por eso el PSC queda en una pose cómoda, pero también descolocado, sin ser siquiera una bisagra para condicionar algo mínimamente, o para ejercer como factor corrector de la deriva de la política catalana. De nuevo vuelve a evidenciarse que los comunes y Podemos no tienen nada de constitucionalistas, y sí mucho de muleta para los odiadores de España. Y todo, para que Colau permanezca sin dificultades al frente del Constistorio de Barcelona pese al brutal deterioro causado a la ciudad.

No obstante, la segunda parte del análisis es que en Cataluña todo cambia para que nada cambie. Junts, el partido de Carles Puigdemont, no ha asistido a las reuniones que de forma desesperada ha mantenido Aragonès con los comunes para no ver tumbados sus presupuestos. Junts se ha limitado a simular un supuesto enfado con el acuerdo, y sin duda eso agravará las ya de por sí pésimas relaciones entre este partido y ERC. Pero ninguno es lo suficientemente sincero como para romper la coalición de gobierno. Se impone el cinismo, y se apoyan unos a otros mientras sobreactúan y teatralizan su discordia. Esta es la enésima mentira del separatismo y la eterna pugna con la que fingen mantener una tensión insostenible en el seno del independentismo, cuando en realidad lo único que provocan es hartazgo en sus militancias. Y siempre, sin poner en peligro sus cargos. Junts no va a romper los acuerdos de gobierno porque en el fondo solo le interesa mantener su estatus, los votos necesarios para aprobar las cuentas públicas, y multitud de cargos muy bien remunerados. Lo demás importa poco. Y si el acuerdo no es con la CUP, y sí con los comunes, pues bienvenidos sean para un partido como Junts, que perdió el norte político hace mucho tiempo.

La prueba de que en cierto modo todo responde a una pantomima, o a un enjuague entre tramposos, es que Ernest Maragall, responsable de ERC en el Ayuntamiento barcelonés, negó hace unos días, por activa y por pasiva, que fuesen a apoyar los presupuestos de Colau para la ciudad. El esfuerzo de Aragonès por explicar ayer que el pacto con los comunes le permitirá hacer frente al Covid y reforzará los servicios públicos en beneficio del ciudadano fue ridículo. Esa coartada no la puede creer ni él, y menos aún si pretende ser convincente en defensa de Colau, la responsable de la degradación más decadente vivida por Barcelona. Lo ocurrido es el síntoma elocuente de que Cataluña es incapaz de tocar fondo político. Siempre puede empeorar.

El PSOE de Armengol y su traición a Baleares
OKDIARIO  23 Noviembre 2021

El PSIB-PSOE de Francina Armengol y sus socios de gobierno, los comunistas de Podemos y los ecosoberanistas de Més, van a cometer este martes una ignominia. Van a participar del delirio del independentismo radical y van a ratificar en el Parlament la inclusión de Baleares en lo que el pancatalanismo ha bautizado como «Països Catalans», haciendo suya la iniciativa socialista en el Senado.

Éste es un acto de alta traición. Es el primer paso para acabar con la identidad propia insular y englobarla en una nación imaginaria que, tal y como pretende el nacionalismo, comparta una política agresiva contra España con el objeto de socavar la unidad nacional. Es surrealista que eso lo promueva precisamente el partido político que está en el Gobierno, pero el PSOE de Pedro Sánchez no dudaría en abrirle las fronteras a Atila y a sus hunos si con eso pudiera permanecer un día más en La Moncloa. Y lo mismo vale para el bloque balear de izquierdas.

No se trata tan sólo de negarle su historia a una Comunidad Autónoma que, sin ir más lejos, ha tenido hasta cuatro reyes propios, algo que ni en sueños ha conseguido nunca Cataluña. No se trata tan sólo de acabar con la cultura y las costumbres baleares para adoptar un patrón común soberanista. No se trata ni siquiera de cercenar para siempre la modalidad lingüística propia para impulsar un catalán estándar que no permita distinguir si el interlocutor es valenciano, ilerdense o mallorquín. Eso de por sí es gravísimo, pero es que a efectos prácticos el desastre que encierra la denominación «Països Catalans» es bíblico. Basta con fijarse cómo ha acabado Barcelona para intuir las consecuencias económicas, políticas y sociales que caerían sobre este territorio hipotético. Una ruina social y financiera. El desastre absoluto.

A PSIB, Més y Podemos les da igual atentar contra la historia de Baleares. Harán lo que sea para mantener a salvo su chiringuito, aunque eso signifique llevar a la Comunidad a su desaparición como tal. Sin embargo la ciudadanía no debería pasar por alto lo que va a suceder este martes en el Parlament. Se va a cometer una atrocidad que, con casi dos años todavía por delante de mandato socialista, puede llevar emparejadas decisiones aún más graves. Estamos ante un martes negro para las islas. El martes en el que la izquierda las van a vender como esclavas al nacionalismo catalán.


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