AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 24  Noviembre  2021

El fracaso del sistema autónomico
EDITORIAL. https://gaceta.es  24 Noviembre 2021

La cumbre celebrada hoy de presidentes autónomicos de aquellas regiones españolas donde el vaciamiento del mundo rural es más notorio (vaciamiento consentido y tutelado desde hace décadas por los partidos —PP y PSOE— de esos mismos presidentes regionales) proyecta la sombra del fracaso del sistema autonómico que condena a una desigualdad inconstitucional a los españoles.

Si miramos con detenimiento la lista de políticos que al reclamo del galleguista Feijóo acudieron a Santiago para exigir cambios sustanciales en el sistema de financiación autonómica, nos daremos cuenta de que faltan todas las regiones con partidos que desde hace más de 40 años tienen la capacidad de negociar con sus votos en el Congreso de los Diputados mejoras en su propia financiación y otras mercedes que destruyen la igualdad entre españoles. Negociar, por supuesto, es una forma de decirlo. La otra forma, quizá más precisa, es chantajear.

En los últimos días hemos podido ver cómo los partidos que forman parte de la mayoría Frankenstein imponen condiciones que deberían ser inaceptables a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Lo que deberían hacer esos partidos, si tuvieran un mínimo de sentido de Estado, es denunciar la irrealidad de unos presupuestos que nacen muertos por la diferencia abismal entre las expectativas de recuperación de la economía española y la realidad a la que nos rebaja la Comisión Europea, el Banco de España, Funcas y los departamentos de análisis de los principales bancos nacionales. Por supuesto, reclamar sentido de Estado a los partidos nacionalistas, golpistas y filoterroristas que pueblan con nuestro dinero los escaños del sistema parlamentario español, es un absurdo. Que Unides Podemos lo ampare, es comprensible. Al fin y al cabo, son comunistas. Que el PSOE, responsable máximo de estos presupuestos cadavéricos, acceda al chantaje, es la prueba definitiva (si es que necesitábamos alguna más), de hasta qué abismos éticos ha descendido el socialismo español a cambio de un sillón desde el que desplegar su agenda ideológica globalista que sólo genera división, enfrentamiento y ruina.

Y sí, por supuesto que debe haber cambios en el sistema de financiación autonómica, pero hasta que no haya un Gobierno fuerte y decidido en España que, con el apoyo de la sociedad civil y de la opinión pública, embride el gasto, audite a las comunidades autónomas y legisle para que una Justicia independiente pueda reclamar responsabilidades a los políticos ineptos, cualquier modificación será sólo un parche que pagaremos los sufridos contribuyentes con el dinero público, que al contrario de lo que la izquierda piensa (y dice), no sólo es de alguien, sino que es el dinero que sale de nuestros impuestos.

Urge una llamada a la responsabilidad de los españoles y de los políticos que quieran que siga habiendo España. Nuestro modelo autonómico tiende al fracaso en la mayoría de las regiones españolas, y la pandemia ha demostrado hasta qué punto nuestro dinero —como nuestras libertades— está mal gestionado. Urge repensar el sistema. Sin complejos y con una sola idea: España y los españoles.

Sí a las Fuerzas de Seguridad y no al terrorismo callejero
OKDIARIO. 24 Noviembre 2021

El próximo sábado 27 agentes de Policía, Guardia Civil y policías locales se manifestarán en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el ministro el Interior, Fernando Grande-Marlaska. Por eso, desde OKDIARIO mostramos nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al terrorismo callejero.

Los diferentes cuerpos policiales están de acuerdo en una cosa. La reforma de la Ley de Seguridad repercutirá negativamente en su trabajo. Por eso, no han tenido más remedio que salir a la calle para protestar contra Marlaska y el Ejecutivo socialcomunista.

Entre otras cosas, la nueva Ley de Seguridad que pretende poner en marcha Pedro Sánchez permitirá que los agentes puedan ser grabados durante sus actuaciones, algo que protegía la norma actual. Pero eso no es todo, los agentes sólo podrán retener un máximo de 2 horas a una persona en comisaría que previamente se haya negado a ser identificada. Tras ese tiempo, los agentes ejercerán de chóferes y devolverán al sujeto al lugar donde fue detenido.

Otra medida que preocupa especialmente a Policía y Guardia Civil es que ya no será necesario comunicar una manifestación a la Delegación del Gobierno. Eso impedirá que los agentes del orden puedan prever un dispositivo de seguridad adecuado para evitar que se pongan en peligro la seguridad y los derechos del resto de ciudadanos.

Además, la nueva Ley de Seguridad Ciudadano establece unos protocolos de actuación de las unidades antidisturbios que limitan su capacidad de maniobra para contener a las masas. Se prohíben las pelotas de goma para disolver multitudes sin que se sustituyan por alguna otra medida.

En definitiva, la norma que pretende sacar adelante Sánchez con sus socios no hace sino entorpecer la labor policial y favorecer a los violentos, de ahí que los agentes hayan estallado y hayan decidido expresar su disconformidad con la gran marcha que tendrá lugar el sábado a partir de las 11:30.

Otra sentencia sobre la inmersión que no se cumplirá
José García Domínguez. Libertad Digital 24 Noviembre 2021

El nacionalismo catalán es una religión que se parece mucho al hinduismo. Según los exégetas más sabios de la devoción mayoritaria en la India, el planeta que habitamos se sostiene sobre el lomo de un gran elefante, elefante que a su vez se mantiene en pie apoyando sus cuatro patas sobre el caparazón de una tortuga, tortuga que por su parte logra el equilibrio merced a asentarse sobre la cabeza de una serpiente. Pero cuando se les pregunta quién sostiene a la serpiente, los hinduistas cambian de conversación. Y con nuestros separatistas con mando en plaza ocurre lo mismo. Así, llevan ya más de diez años repitiendo a sus fieles, y todos los días, que la ruptura definitiva con España está a punto, que es cuestión de nada, de un cuarto de hora como mucho.

Pero cuando se les pregunta que si estaba tan, tan a punto, por qué no acaba de llegar nunca, también ellos cambian de conversación. Cambian de conversación y se ponen a perorar con gesto circunspecto y semblante sombrío sobre lo muy terrible que se les antoja la situación agónica y terminal de la lengua catalana. Un cuento chino, el de la terrible decadencia crepuscular del catalán hablado y escrito tras cuarenta años de uso oficial, institucionalizado y ubicuo, que, entre otras funciones muy útiles para su empresa, les sirve de coartada intelectual a fin de seguir aferrándose a esa manifiesta ilegalidad que responde por inmersión lingüística. Y es que la inmersión, contra lo que todavía parecen creer de buena fe tantos ignorantes de la progresía mesetaria, siempre ha sido ilegal a ojos del Tribunal Constitucional. Siempre.

Nada sustancialmente nuevo o distinto, pues, viene a aportar esa enésima sentencia del Supremo que andan aireando ahora las portadas de los periódicos. Sentencia enésima que, huelga decirlo, tampoco se cumplirá, al modo de lo que ha venido ocurriendo con todas las anteriores. A ese respecto, que a nadie le quepa la más mínima duda, ni la más mínima. Todo lo cual, en fin, lleva a certificar la absoluta y radical miopía histórica de un equipo de gobierno, el del Partido Popular de Rajoy, que, disponiendo de una oportunidad tan excepcional y única como fue la aprobación del 155 por el Senado, la tiró neciamente a la basura para adelantar unas elecciones autonómicas que nada iban a resolver. No tienen perdón de Dios.

Cada uno a lo suyo
Ignacio Centenera. okdiario  24 Noviembre 2021

– ¡No nos vamos a despistar! ¡Nada nos va a distraer de la obligación de defender los intereses de España y de los españoles!

Desde Valencia a Granada, pasando por Puertollano, todo el otoño repitiendo en el PP que el foco es enfrentar el actual desgobierno y orientarse a su sustitución. Pero como Felipe, el amiguito de Mafalda, todos los días dicen lo de ´mañana mismo empiezo´. Porque hoy se tienen que dedicar a majarse a palos a cuenta de Ayuso.

Y mientras tanto, porque aquí cada uno va a lo suyo y esta última semana de manera especial, la izquierda sigue aplicada en desmontar el andamiaje constitucional. Pasaron de la negación al disimulo, al reconocimiento implícito, y hoy en día, ya sin careta, han puesto la Constitución del 78 y las leyes de la transición al alcance de la piqueta. Coaligados, además, con el nacionalismo, que por haber reconocido que su aspiración de independencia está por encima de cualquier otra, y cumpliendo con el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, hace piña con cualquiera que pretenda destruir el Estado español.

Fue un PSOE ¿desavisado? quien nos endilgo a un Rodríguez Zapatero que puso alas a los procesos dinamitadores del sistema con la aprobación de la Ley de Memoria histórica y del inconstitucional Estatuto de Cataluña. Paradójicamente, la crisis económica tuvo el efecto positivo de quitárnoslo de en medio, pero la semilla, que ya estaba germinada, no fue arrancada. Y fue de nuevo el PSOE quien entronó a un líder que se ha echado en brazos del movimiento antisistema que, después del 15M, se había rearmado socialmente y, gracias a la dictadura chavista, económicamente, y de un nacionalismo que ahora ya es independentismo golpista. Estoy con los que creen que Pedro Sánchez no milita ideológicamente, quizás por exigüidad intelectual, en el comunismo ecologista y feminista, y menos en la concepción plurinacional de España, pero su enfermiza ambición de poder y su debilidad moral permiten que la ideología de sus socios ahorme su no muy consolidado ideario político.

El problema, para ellos, es que la coincidencia de intereses no sea perenne y que se manifiesten las diferentes almas del frankenstein. Y que una lucha del caudillismo sanchista -olvidémonos de una vez del PSOE socialdemócrata- contra el neo-comunismo por un lado y los independentismos por otro, descuajeringue al monstruo.

Sánchez está en su propia carrera, en su hégira; convencido en su egolatría de que con él empieza todo y que va a haber un A.S. -ante sanchi- y un P.S. -post sanchi-. Y, asumiendo su condición mesiánica, asume también que se destruya el pasado, porque un dios existe en sí mismo y desde sí mismo. Si bien, y así como no hay sentido en un rey sin reino, y aunque todo lo acontecido anteriormente solo se justifique como preparación de su llegada, un dios necesita que siga existiendo un pueblo al que guiar.

Y respecto a las otras almas, aunque no siempre se conformen con hacer de turistas all in del paraíso sanchista y quieran descansar, como decía san Agustín, en el paraíso prometido por su propio dios, Sánchez mantendrá embridadas sus propuestas maximalistas, advirtiéndoles de que si le siegan demasiado la hierba bajo sus pies puede que, junto a él, caiga el entramado del que todos ellos se benefician.

Por lo que estamos viendo la jugada le está saliendo perfecta: el populismo revolucionario institucionalizado sobre las mullidas alfombras del poder y de los fondos europeos; personajes angelicales con blazers de marca sustituyendo a los zarrapastrosos asamblearios; y hasta los independentistas conformándose con la imposición de su relato y, sobre todo, con la pela o el cupo.

En estos últimos días, y a raíz de la actividad legislativa de la semana pasada, algunos análisis ya anticipan la desaparición de nuestro viejo país y la llegada de un nuevo régimen. Pero esa catástrofe no es todavía posible, y además ningún parásito quiere que muera el animal del que vive hasta que le chupe la última gota de sangre. No, no es tan fácil destruir una gran nación, pero Sánchez seguirá haciendo que suframos en nuestra economía y nuestra convivencia la capacidad destructiva del sociocomunismo y sus aliados.

Después del 4M madrileño nos pareció ver un PP orientado a interrumpir ese proceso, pero se han debido poner de nuevo a sus cosicas. ¿Verdad Pablo que en la política se está muy calentito, aunque sea en la oposición?

¡Pues sí que están despistados! ¡Por supuesto que se han distraído!

El lamento de la España que no cuenta
Sólo desde una decidida acción de conjunto, que vaya más allá de lo declarativo, se puede rectificar una deriva de desvertebración territorial
Editorial La Razón  24 Noviembre 2021

El mismo día que el Gobierno de coalición conseguía el compromiso de sus principales socios nacionalistas para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado con más servidumbres políticas de los que hay memoria, los presidentes de las ocho comunidades autónomas peor financiadas apelaban a la Constitución, que consagra la igualdad de todos los españoles, para reclamar un trato justo, acorde con la realidad de unos territorios que representan el 60 por ciento de la superficie de España, pero en los que, apenas, habita el 25 por ciento de la población. No se trata, ahora, de ponderar las líneas que debería seguir una política de financiación autonómica que pusiera a esa España despoblada, la que, al parecer, menos cuenta en los cálculos de equilibrio de poder de los gobiernos centrales, en igualdad de condiciones, pero sí de reclamar equilibrio y ponderación, frente a quienes consideran que la cuentas del Estado, es decir, el dinero público que generan con su esfuerzo todos los españoles, puede distribuirse alegremente para comprar los apoyos parlamentarios de unos partidos nacionalistas que siempre anteponen su agenda propia a los intereses generales.

En este sentido, que siete de los ocho actores firmantes de la declaración conjunta de Santiago de Compostela pertenezcan a las dos formaciones políticas que suman la inmensa mayoría de los votos no sólo nos habla de la transversalidad ideológica de la demanda, sino, tristemente, de la brecha cada vez más ancha que se abre entre la España que se vacía irremediablemente y la que crece. Asimismo, que los diputados socialistas elegidos por las circunscripciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja vayan a votar a favor de unos Presupuestos que son la negación del principio de igualdad de trato, explica cómo se ha llegado a esta situación de desequilibrio y debería servir de advertencia frente al surgimiento de nuevas agrupaciones cantonalistas, dispuestas a adoptar, a poco que puedan, el método de negociación que tanto rédito da a catalanes y vascos, por citar lo obvio. No es poca, pues, la responsabilidad de los barones de los dos grandes partidos que gobiernan en la España despoblada y que, si bien, han hecho en la declaración de Santiago un buen diagnóstico del problema, no parecen hallar la terapia política que se precisa, aunque sólo sea porque el peso demográfico es una realidad inevitable en la aritmética parlamentaria, más con nuestro sistema electoral que premia a los partidos nacionalistas, y sólo desde una decidida acción de conjunto, que vaya más allá de lo declarativo, se puede rectificar una deriva de desvertebración territorial que, a la postre, es simplemente suicida para el conjunto de la Nación española.

Mi voto infravalorado
Nota del Editor  24 Noviembre 2021

Eso de las matemáticas y el voto es un misterio. ¿ Como es posible que un voto pueda tener valores distintos ?. Y tras cuarenta años de tomadura bipartidista del pelo, seguimos igual (empeorando a toda velocidas con el dr cum fraude y sus quates, lanzándonos cuesta abajo en la destrucción de España).

Ni galgos ni podencos. Reaccionamos o nos llevan al comunismo
Si en Génova siguen insistiendo en sus absurdos enfrentamientos internos, España va a caer en las garras de este comunismo bolivariano que nos está llevando a la ruina
Miguel Massanet. diariosigloxxi  24 Noviembre 2021

Mientras los catalanes se pelean inútilmente intentado simular que son una nación independiente capaz de gobernarse por sí misma, en un esfuerzo supremo para intentar hacernos creer que son capaces de entenderse pero, al mismo tiempo, evidenciando lo contrario y, en tanto que, el actual gobierno filocomunista del señor Sánchez se está empezando a convertir en una extraña mezcla entre, un frentismo popular trasnochado y un querer y no poder gestionar un país, un país que ya está dando demasiadas muestras de que los problemas que los técnicos, economistas, empresarios y demás expertos en como conducir una nación vienen avisandodesde hace tiempo, que se van a producir sin que, no Pedro Sánchez ni sus ministros, hayan dado la más mínima muestra de haberse enterado de que España no es precisamente el tipo de nación que ellos se empeñan en pintarnos; vemos que factores externos con los que evidentemente no se ha venido contando en los abultados proyectos de gasto de la izquierda en el Gobierno, contrariamente a las ilusiones concebidas, dan muestras de una terquedad en seguir siendo los causantes de que la recuperación de la nación siga pendiente de un hilo y con la desagradable sensación de que podamos recaer, de nuevo, en la situación de emergencia que obligó a que los ciudadanos tuviésemos que quedar confinados durante unos meses, con las graves consecuencias que se produjeron para la actividad económica de toda la nación, en situación de parón generalizado.

Si en una situación de normalidad ya resultan de dudosa fiabilidad aquellos proyectos políticos basados en el aumento del gasto público, del endeudamiento público, del engrosamiento del funcionariado en detrimento del personal productivo, del aumento desproporcionado de los impuestos, como medio recaudatorio, con el efecto negativo correspondiente para las economías particulares y, en especial, en cuanto a la disminución del consumo, garante a su vez, de la actividad industrial y comercial que, sin él, se ve perjudicada; ya no digamos en tiempos de crisis, en este caso económica y sanitaria, a la que se le añaden las carencias energéticas que estamos empezando a padecer, con la falta de suministro de materias primas, el encarecimiento desmesurado de los transportes y de los precios de los artículos básicos para los ciudadanos; podemos decir que España va entrando en un periodo en el que, al Gobierno que preside el señor Sánchez, va a tener serias dificultades en mantener su hoja de ruta, salvo que haga marcha atrás y reniegue de todos aquellos proyectos ilusorios que prometió llevar a cabo y que, tal como está el país, se han convertido en ilusorios y, evidentemente, imposibles de materializar con los medios actuales.

Y, en este entorno poco propicio, ante la llegada de un invierno que amenaza con ser duro, no solamente en cuanto a los virus que pueden amargarnos la existencia, sino en lo que se puede convertir el devenir económico para el país, dado que nos encontramos ante una de las batallas que pueden tener lugar en cuando al reparto de 120.000 millones de euros pendiente de distribución, como sucede cada año, entre 15 comunidades autónomas. La particularidad es que, en esta ocasión, la ideología común de algunos gobiernos de dichas autonomías, socialistas y populares, y su fidelidad en cuanto al voto, no coincide precisamente con los intereses económicos propios que, en ocasiones, hermana a comunidades de distinto signo político pero coincidentes en sus conveniencias de financiación. Un problema para la dirección del PSOE, al que deberá hacer frente en cuanto al reparto de las asignaciones a las distintas autonomías con cargo de aquella dotación y, en una medida menor, para el PP, que se verá ante la tesitura de verse impulsado a compartir conveniencias con los gobiernos comunitarios socialistas, con los que coincida en sus aspiraciones financieras.

En realidad, sin entrar en la farragosa e impenetrable cuestión del conjunto de condiciones establecidas a través de las leyes y reglamentos que regulen la cuestión de la financiación de las autonomías, a un simple ciudadano de a pie, que observa los tantos por ciento que le corresponden a cada comunidad, no sabemos si ajustados a derecho o no, los hay que dan la sensación que se han adjudicado, más desde el punto de vista de simpatías o conveniencias políticas, que ateniéndose a unos principios justos, razonables y equitativos. Es cierto que opiniones de expertos de todas las tendencia e idearios políticos, las hay para escoger, pero al igual que los gases del volcán de La Palma tienen componentes tóxicos, el olor a chamusquina sectaria, en cuanto a las cifras asignadas a cada una de las comunidades, apesta a componenda, chanchullo o prevaricación.

En realidad, este reparto de ingresos recibidos por las distintas comunidades, ¿se trata de una distribución acertada, verdaderamente ajustada a las necesidades más perentorias de cada una de ellas o, lo que el ejecutivo ha tenido más presente, han sido sus conveniencias de tener contentadas aquellas autonomías que le apoyan en su gobierno; las que, de una forma u otra, le van a permitir sacar los PGE del 2022 o aquellas en las que el gobierno lo ostentan los socialistas del partido instalado en La Moncloa? Es mucho dinero y la tentación de asegurarse apoyos, votos, sueldos y privilegios, inherentes a los cargos públicos en los que están instalados, puede resultar muy atractiva para muchos de ellos,personas sin una preparación especial, que ocupan escaños y que, en su vida civil, nunca habían soñado percibir tan suculentas retribuciones a costa de los tributos del resto de ciudadanos.

Lo que sí es un síntoma, algo que no encaja en el proyecto gubernamental, que el gobierno intenta a la desesperada evitar, devolviendo a los sindicatos una parte de los privilegios que la discutida reforma laboral del señor Rajoy les quitaron, es la reaparición de las huelgas, nos referimos a aquellas importantes, como la de los trasportistas, la policía y guardia civil, las manifestaciones obreras multitudinarias de Cádiz, con sus vandalismo, alimentado por el propio alcalde de la localidad; todas ellas expresivas de que los trabajadores empiezan a advertir que las promesas gubernamentales no son más que papel mojado y que no es capaz de apoyarlos o de remediar la situación en la que se encuentran en estos momentos, ante el problema que el aumento imparable del precio de los alimentos amenaza con afectar directamente a ellos y sus familias.

Algo se está cociendo y los socialistas lo saben y saben también que es posible que pierdan el poder en las próximas elecciones legislativas. Ellos son conscientes de que todas sus promesas y sus ofertas de una igualdad imposible y de mantener a una parte importante de la ciudadanía a base de ayudas económicas y subsidios, no es más que un engaño.

Por eso han decidido preparar su regreso a la oposición, modificando la mal llamada “Ley mordaza”, en realidad la Ley de Seguridad Ciudadana del señor Rajoy, en una ley cuya finalidad es que los sindicatos recobren su poder de movilizar a los trabajadores, primando los convenios zonales o sectoriales sobre los de empresa lo que facilita que los conflictos sociales adquieran mayo fuerza; a la vez que se les resta a las fuerzas del orden, policía, guardia civil y policía municipal aquellas facultades que les permitían enfrentarse a los vándalos de las calles con garantías de que su autoridad sería tenida en cuenta, tanto en cuanto a sus actuaciones represivas como en lo relativo a sus informes sobre lo acontecido que, en virtud de la nueva ley ya no tendrán preferencia sobre lo alegado por los detenidos o presuntamente perjudicados por la actividad policial. Una vergüenza incomprensible, carente del más mínimo fundamento y que, si lo añadimos a la prohibición de que las fuerzas del orden lleven determinadas armas o medios disuasorios, que se han calificado de excesivos, nos encontramos ante la evidencia de que la ley se ha hecho para favorecer los disturbios, animar a los revolucionarios e impedir que los jueces tengan los medios precisos para encausar a los delincuentes de las calles. La facultad de que se pueda filmar las acciones represivas de la policía o guardia civil, hacen que cualquier actuación, por medida que sea, se convierta en manos de un filmador diestro en una prueba irrefutable ante cualquier juez, basta que la presunta “víctima” sepa como actuar en frente de la cámara.

De todo este cúmulo de circunstancias se puede deducir que, de persistir el actual redactado de la Ley, el comportamiento futuro de las policías va a ser, ante actos de vandalismo, tumultos o destrozos callejeros, el de mantener la pasividad, la no intervención y todo ello debido que, de cualquier actuación que decidieran hacer, para evitar que se produjeran semejantes desmanes, les podría llevar a enfrentarse ante expedientes, acusaciones o demandas en contra de aquellos miembros de la policía que las llevaran a cabo. Demandas por exceso de violencia, por lesiones o por no haber respetado el derecho de los vándalos a ejercer su labor destructiva.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, lo que da la sensación de que se nos viene encima tiene caracteres de, si alguien no toma la batuta de la conservación de nuestra democracia, el camino al que nos conduce el rojerío que ostenta el poder. Un gobierno que ya no deja lugar a dudas respecto a dónde nos conduce que consiste en un nuevo sistema, irreversible, de forma de gobierno, al más puro estilo del comunismo más extremo. Es evidente que, si en Génova siguen insistiendo en sus absurdos enfrentamientos internos, lo que va a suceder es que, en las próximas elecciones de gobierno, España va a caer indefinidamente en las garras de este comunismo bolivariano que nos está llevando a la ruina.

Hoy una frase que nos hace recordar lo fácil que es prometer. Se la debemos a Charlotte Morow: “Si un partido político se atribuye el mérito de la lluvia, no debe extrañarse que sus adversarios le hagan culpable de la sequía”. Recuérdelo, señor Sánchez, la sequía ética y moral que padece España es culpa suya.

El plan Borrell para Venezuela
Emilio Campmany. Libertad Digital  24 Noviembre 2021

¿A qué han ido los observadores de Borrell a Venezuela encabezados por una socialista portuguesa? El informe preliminar de la misión da su visto bueno a unas elecciones con el fin de blanquearlas con unas gotas de azulete. Se destacará en él la participación de la oposición en ellas, con Henrique Capriles como principal cómplice; que han sido relativamente libres, aunque todavía queda mucho por recorrer; que el Gobierno ha abusado algo de su posición dominante en los medios de comunicación y que se han utilizado medios públicos para financiar la campaña del partido gubernamental. Pero acabará diciendo que por algo se empieza, que vamos en la buena dirección, que en Venezuela la democracia se va abriendo camino y bla, bla, bla.

Este plan lo ha diseñado Borrell. Y, como todo lo que hace Borrell, tiene dos pilares. El primero es haber convencido a Maduro de que aceptara que el Consejo Nacional Electoral admitiera miembros de la oposición. Y así se hizo. Se nombró a dos de un total de cinco para que el chavismo conservara la mayoría. Pero, como muy bien sabemos en España, que un órgano jurisdiccional tenga miembros de un lado y de otro no asegura en absoluto su independencia. Al contrario, garantiza el pasteleo. Por otra parte, habría que ver en un régimen de terror como el venezolano hasta qué punto estos dos miembros no pertenecientes al chavismo están dispuestos a enfrentarse a él si las circunstancias lo exigen. Tendrían que ser héroes para hacerlo. Si Venezuela de verdad estuviera en camino de convertirse en una democracia, esta clase de heroísmos no serían necesarios. Pero la presencia de estos dos le permite a Borrell cubrir estas elecciones con una fina pátina democrática.

El segundo puntal es el opositor Henrique Capriles, cuyo principal objetivo no es derrocar al régimen comunista de Maduro, sino arrebatar la cabeza de la oposición a Juan Guaidó y sobre todo a su enemigo, Leopoldo López, mentor del anterior, que vive exiliado en España, hecho que por sí solo basta para valorar lo libres que han sido estas elecciones. La misión de Capriles es hacer el papel de opositor obediente para disfrazar a la dictadura comunista venezolana de una mínima apariencia democrática.

Una vez los socialistas europeos, con Borrell a la cabeza, hayan conseguido mediante estas elecciones locales cubrir con una careta amable a la feroz dictadura venezolana, el siguiente paso será levantar las sanciones que pesan sobre el régimen en la Unión Europea y presionar a Estados Unidos, donde hay muchos miembros del Partido Demócrata dispuestos a ello, para que haga lo propio.

De esta manera, el régimen se consolidará, los que huyeron no lo tendrán fácil para volver, los venezolanos que aún aguanten allí se enfrentarán a largos años de dictadura, Venezuela perderá como en Cuba la esperanza de volver a ser libre y nosotros nos quedaremos sin saber cuánto pagó, por otros servicios, y cuánto ha pagado por éstos, la dictadura chavista a socialistas y comunistas españoles. Éste es el plan Borrell. ¿Y cómo ha conseguido el socialista catalán el silencio de Francia, Alemania y el resto de países miembros de la Unión Europea? Ése es otro artículo.

‘Habla Venezuela’: VOX organiza un Foro en el Congreso para dar voz a las víctimas del régimen chavista
Participarán Antonio Ledezma, María Corina Machado y Zoé Valdés
https://gaceta.es/  24 Noviembre 2021

VOX celebrará el próximo viernes un Foro en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados que llevará por título ‘Habla Venezuela’ y contará con la presencia de víctimas de la dictadura chavista. Así, dará voz a aquellos que han tenido que abandonar su propia patria por la constante violación de derechos humanos perpetrada por el régimen de Nicolás Maduro.

Según ha podido saber La Gaceta de la Iberosfera, la jornada organizada por la formación liderada por Santiago Abascal arrancará con una intervención del portavoz de VOX en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, quien dará paso a las tres mesas de debate.

La primera de ellas llevará por título ‘Venezuela y la situación de los derechos humanos’, será moderada por el diputado nacional de VOX Víctor González y contará con la participación de la presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, el fundador de la ONG Operación Libertad, Lorent Saleh, y el padre de Armando Cañizales, violinista asesinado por los organismos represores chavistas en 2017, Israel Cañizales.

La segunda charla, moderada por el director de El Nacional de Venezuela, Miguel Henrique Otero, contará con la presencia del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el exministro venezolano y expresidente de PDVSA, Humberto Calderón, y la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado. Esta sesión tendrá por título ‘Venezuela, escenario y víctima de unas elecciones fraude’ y abordará las sanciones al régimen de Maduro, la destrucción económica de Venezuela o la situación de la oposición tras las últimas elecciones fraudulentas regionales.

La presidenta de VOX Madrid, Rocío Monasterio, dirigirá el último debate, titulado ‘Cuba, el Foro de Sao Paulo y su infiltración en Venezuela’. En él se tratará la influencia de la tiranía castrista en la deriva venezolana, el papel de la isla en la expansión del totalitarismo comunista o cómo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla desestabilizan las democracias en la Iberosfera. Esta sesión contará con la participación del presidente del ECR-Eurolat y eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, el director general de Polemos Politic Consulting, Pedro Luis Pedrosa, y la escritora y opositora cubana Zoé Valdés.

La jornada se cerrará con la proyección de ‘Desenmascarando al Foro de Sao Paulo’, documental que será presentado por el director de Estudios y responsable del Área Internacional de la Fundación Disenso, Eduardo Fernández Luiña.

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Inmersión lingüística: cuarenta años delinquiendo
EDITORIAL. Libertad Digital  24 Noviembre 2021

Esta desobediencia a la enésima sentencia del Supremo que declara ilegal la inmersión lingüística es cualquier cosa menos sorprendente.

Los consejeros de Educación y Cultura de la Generalidad de Cataluña, los republicanos Josep Gonzàlez-Cambray y Natàlia Garriga, no han podido ser más claros a la hora de rechazar el auto del Tribunal Supremo (TS) contrario al recurso de su Gobierno contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se imparta en español al menos el 25% de las clases en la enseñanza pública.

Dado que lleva más de cuarenta años haciendo caso omiso tanto a la Constitución como a las numerosas sentencias tanto del Supremo como del Constitucional que han venido declarando la ilegalidad del modelo de inmersión lingüística, habrá que convenir en que la decisión de la Generalidad de desobedecer también la nueva resolución del TS es cualquier cosa menos sorprendente. Cosa distinta es que este continuado delito de desobediencia esté signado por la impunidad, de lo que no son culpables quienes lo perpetran sino la Fiscalía General del Estado, que ni motu proprio ni a instancias de los distintos Gobiernos centrales ha cumplido su deber de hacer cumplir la ley.

A este respecto, recuérdese que el PSC y CiU pactaron en su día la abstención de los socialistas a la primera investidura de Artur Mas con el público compromiso de desobedecer al Supremo, que ya en 2010 había emitido tres sentencias contra la radicalmente anticonstituional inmersión lingüística. Y que Mariano Rajoy, en su primera entrevista con Mas como presidente del Gobierno (febrero de 2012), ni siquiera se atrevió a reclamarle el acatamiento de dichas sentencias; como explicó altivamente el propio supremacista, "Rajoy sabe que hay líneas rojas y que es mejor no pisarlas".

En efecto, desgraciada y escandalosamente, las "líneas rojas" de lo que se puede o no hacer en materia lingüística en Cataluña no las marcan la ley ni las sentencias de los más altos tribunales sino un nacionalismo abiertamente antiespañol. Y, claro, resulta prácticamente inconcebible que su socio, el Sánchez el felón, vaya a hacer lo que no hizo ninguno de sus predecesores, incluido José María Aznar.

Por el contrario, Sánchez está decidido a llegar todavía más lejos en su condescendencia cómplice, como demuestra su compromiso –impuesto por ERC para respaldar los Presupuestos social-comunistas– para forzar a las plataformas de cable a emitir al menos un 6% en las lenguas cooficiales distintas del castellano. Evidentemente, lo relevante no es lo grande o pequeño de ese porcentaje, sino que el Gobierno se disponga a vulnerar la libertad de esas compañías privadas, que en ese punto no deben tener más juez que sus clientes.

Una vez más, Sánchez se muestra capaz de cualquier desafuero –hacer caso omiso de las leyes incluido–con tal de mantenerse en la poltrona.

Decisión histórica: el Supremo desoye a la Generalitat y tumba la inmersión lingüística
Rechaza el recurso del Govern contra la decisión del TSJ catalán que obligó a impartir el 25% de clases en castellano
Ricardo Coarasa. larazon  24 Noviembre 2021

La Generalitat ha pinchado en hueso en su intención de que el Tribunal Supremo (TS) dejase sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el pasado diciembre impuso la obligación de impartir en las aulas catalanas al menos un 25% de las clases en castellano.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ni siquiera ha entrado a valorar el fondo del asunto y ha inadmitido a trámite el recurso que interpuso contra esa resolución el Gobierno autonómico, lo que convierte en firme una decisión judicial que hace tambalearse la inmersión lingüística y que la Generalitat no parece muy dispuesta a acatar.

En su resolución, el Supremo recuerda que tras el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación del Gobierno de Rajoy en 2015, el TSJ de Cataluña constató, con la prueba practicada –incluido un informe aportado por la propia Generalitat– «que no se había garantizado al menos el 25% de horas lectivas en castellano». Y recuerda que al resolver un recurso de casación «las cuestiones fácticas quedan excluidas de examen». Es decir, que no puede volver a valorar la prueba en un asunto que considera de «marcado carácter casuístico» (el recurso se refería a varias resoluciones de la Conselleria de Educación).

Además, la Sala apunta que no aprecia la existencia de «interés casacional», dado que el Supremo ya se ha pronunciado al respecto: en 2015, por ejemplo, ya avaló la decisión del Tribunal Superior catalán de fijar un 25% de las clases en castellano incluyendo una asignatura troncal, y no solo la de lengua castellana. Entonces, el Alto Tribunal rechazó la pretensión de dos padres de alumnos de elevar ese porcentaje al 50% y, del mismo modo, negó que estuviera suplantando una potestad educativa de la Generalitat al pronunciarse sobre la política educativa.

Además, para los magistrados no se ha acreditado «el perjuicio que la sentencia recurrida ocasionaría en los intereses generales» o la «virtualidad expansiva» –más allá de las resoluciones recurridas– que su pronunciamiento acarrearía. De ahí que rechace el recurso de la Generalitat sin necesidad de pronunciarse sobre la cuestión planteada.

El TSJC argumentó en la resolución de diciembre del año pasado que de la documentación aportada –por la propia conselleria de Educación de la Generalitat– se desprende que el «uso vehicular de la lengua castellana en el sistema educativo de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de lo centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente» en alusión al Estatuto catalán, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional.

La resolución del TSJC de 2020 exponía que la media de horas de uso del castellano en los centros educativos es del 18% en la educación primaria; del 19% en secundaria; y, del 26% en bachillerato. Además, solo 5 de los 184 centros incluidos en la muestra facilitada por la conselleria imparten un 25% de las materias en castellano -concretamente, según la resolución, cumplen con ese estándar un 2% de los centros de primaria y un 12% de los de bachillerato-.

La Generalitat y todo el independentismo salieron en tromba a protestar contra esta decisión del Tribunal Supremo y defender el modelo educativo en Cataluña actual. El presidente de la Generalitat convocó una reunión de urgencia con entidades y el conseller de Educación, Josep González-Cambray (ERC), hizo un llamamiento a que las escuelas no apliquen la sentencia. Entidades de peso como Òmnium Cultural han reclamado que, si hace falta, se desobedezca la resolución judicial. La Generalitat confiaba en que la reforma legal del Gobierno (la Ley Celaá), que eliminó la referencia explícita al castellano como lengua vehicular, frenara todo riesgo para la supervivencia de la inmersión linguïstica, pero no lo ha conseguido.

El Gobierno es quien tiene que instar la aplicación de la sentencia, pero si no lo hace como parte del proceso de negociaciones y cesiones con ERC, lo hará la sociedad civil: la Asamblea por una Escuela Bilingüe tiene previsto hacerlo. «Todos los centros públicos y concertados deberán ofertar como mínimo un 25% de horas en castellano. No cumplir la sentencia sería prevaricar y Josep Gonzàlez-Cambray sería inhabilitado», aseguró la entidad tras celebrar el golpe del Supremo al modelo lingüístico catalán. «El fin de la inmersión ha llegado», aseguró una entidad que lleva años luchando en los tribunales por la igualdad del castellano y el catalán en las aulas.

Golpe al pilar del proyecto nacionalista
Gerard Mateo. cronicaglobal  24 Noviembre 2021

El nacionalismo catalán ha encajado un duro revés tras años de impunidad en materia lingüística, que es, a fin de cuentas, el pilar de su proyecto. No es casualidad el interés del independentismo por la inmersión lingüística, que no es que potencie el catalán, sino que excluye y pisotea el castellano. Tienen hasta espías en el patio de los colegios. La explicación es sencilla: el idioma catalán es el rasgo diferencial entre los ciudadanos de esta comunidad y los del resto de España. Prácticamente, el único. Y sobre esta base se construye el resto del relato. Sin embargo, hay unas hormiguitas que, en la sombra y tras décadas de trabajo, han obtenido sus frutos (por ahora). Son los padres de los niños que se oponen a la escolarización 100% en catalán, porque tienen todo el derecho del mundo a que los pequeños estudien también en castellano dentro de España; son las asociaciones que defienden los derechos de los catalanohablantes, con la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), las que han plantado una lenta, cansada y desagradecida batalla contra la imposición del monolingüismo. Es elocuente la emoción de su presidenta, Ana Losada, tras el golpe del Supremo al Govern, que había recurrido la decisión del TSJC que establecía que el 25% de las clases deben impartirse en castellano.

Esta resolución no es la primera referida a la inmersión, pero, hasta ahora, el nacionalismo, con la connivencia del Gobierno de turno, ha seguido con su sistema excluyente, pasando de la justicia. No obstante, esta vez es distinto, como sugieren las reacciones en tromba de los gobernantes independentistas, de sus apéndices y la reunión de urgencia entre todos ellos para ver cómo afrontan la afrenta de tener que dar un 25% de las clases en la lengua mayoritaria y cooficial de Cataluña. “Ataque muy grave”, “desprecio” y “anomalía” fueron las primeras palabras del Govern, presidente Aragonès incluido, pero faltaba un clásico del separatismo: “Desobediencia”. Cuixart, el indultado, se encargó de recordarlo. Y, obvio, destacó las bondades del modelo: “Cohesión, inclusión e igualdad de oportunidades”. Una igualdad como la que reclama el iluminado de Eduard Voltas para las 600 enfermeras andaluzas que ha incorporado la sanidad catalana en las últimas semanas: “Que les hagan un curso de capacitación lingüística y al menos nos entiendan cuando nos atiendan”. Con pensamientos así, se hace más evidente que nunca la necesidad de acabar con la inmersión. Veremos en qué queda.

Este torpedo a la línea de flotación del proyecto nacionalista llega con el independentismo en horas bajas. La patraña del 52%, aparte de que es incierta, acaba de saltar por los aires tras el pacto entre ERC y los comuns para sacar adelante los presupuestos. Y precisamente el lío con las cuentas públicas, que ha dinamitado más puentes dentro del separatismo (la CUP es un verso libre, pero Junts y ERC siguen a la greña), demuestran que el asunto idiomático es capital para el movimiento: ahora sí han corrido todos ellos para hablar y mostrarse unidos en contra de la imposición del castellano en las aulas. Es que ni siquiera para concretar las condiciones del pasaporte Covid son tan eficaces. La portavoz del Govern suelta la bomba por la mañana, promete dar más detalles por la tarde y aquí, nada de nada. Porque, en el fondo, la gestión de la pandemia a estas alturas responde más a la justificación de que hacen algo que a la eficacia de unas medidas que hacen agua por todas partes. De lo contrario, el Procicat habría aclarado enseguida todas las dudas al respecto, que son muchas.

Aun así, es muy posible que la impartición de un mínimo del 25% de las clases en las lenguas cooficiales no sea la mejor solución al problema. ¿Damos en la misma lengua las mismas materias durante toda la etapa escolar? ¿Lo hacemos por días? ¿Por cursos? Es un poco liado. Lo que sí está claro es que la decisión de la justicia le viene como anillo al dedo al independentismo para seguir tirando de victimismo. En todo caso, para promover el catalán siempre les quedarán los programas en los que dos graciosetes tienen pensamientos impuros (en voz alta) con la reina y su hija.

Abascal pide suspender la autonomía porque la Generalitat «desobedece» al Supremo con el castellano
Juanan Jiménez. okdiario   24 Noviembre 2021

Santiago Abascal no se anda con rodeos y ha pedido la suspensión de la autonomía en Cataluña porque la Generalitat «desobedece» al Tribunal Supremo al no cumplir la obligación de impartir el 25% de las horas lectivas en castellano.

El presidente de Vox ha reaccionado así a un nuevo desafío de los independentistas, que se encuentran inmersos en la negociación de los Presupuestos con Pedro Sánchez, y a través de sus redes ha dicho que «todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocer la lengua común y el derecho a recibir educación en español».

Según ha escrito, «los traidores» del Govern de la Generalitat, «una vez más, desobedecen al Tribunal Supremo». «Sólo cabe suspender la autonomía y desarticular a la banda de la Generalidad», ha añadido en la citada red social.

Por su parte, el eurodiputado y el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha señalado que la obligación del castellano que estima el Supremo «no es suficiente». «Es innegociable garantizar estudiar en español en cualquier parte del territorio nacional. Soberanía», ha apuntado.

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del TSJC que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.

La sentencia del TSJC fue histórica porque por primera vez un tribunal catalán reconocía que el uso del castellano en las escuelas de Cataluña era «residual», y obligaba a ofrecer una cuarta parte de las clases en castellano, lo que conllevaba que los padres no se vieran obligados a solicitarlo en los diferentes colegios.

El Supremo consagra ahora este porcentaje de clases en castellano y acaba así con años de discriminación del idioma oficial y vulneración de los derechos fundamentales de los españoles que residen en la Comunidad autónoma de Cataluña.

Revés a la inmersión lingüística
El Supremo deroga la inmersión lingüística y «limita» el catalán al 75% de las materias
Redacción. https://rebelionenlagranja.com  24 Noviembre 2021

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.

Desde 2014, el TSJC establecía que se debía dar el 25% de materias en castellano a los alumnos cuyas familias lo habían solicitado. Pero la Generalitat se negaba sistemáticamente amparándose en el modelo de inmersión lingüística. Sin embargo, la decisión del TSJC avalada por el Supremo, obliga a la Generalitat catalana a «adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso«.La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha señalado que el Departamento de Educación debe acatar la sentencia del TSJC y «todos los centros públicos y concertados deberán ofertar como mínimo un 25% de horas en castellano. No cumplir la sentencia sería prevaricar y Josep Gonzàlez-Cambray sería inhabilitado«.

La AEB asegura que el Supremo «acaba de reconocer el derecho a ser escolarizado al menos en un 25% en cualquiera de las lenguas oficiales».

«No hay persecución al catalán. Los discriminados son aquellos que quieren estudiar en un modelo bilingüe con la presencia equilibrada del castellano y del catalán y no pueden hacerlo porque los nacionalistas anhelan un imposible: cambiar los usos lingüísticos de los ciudadanos e imponer la lengua catalana como lengua común de Cataluña».

También reclaman al Gobierno «que no huya de sus obligaciones y haga ejecutar la sentencias del Tribunal Supremo«, ya que su entidad lo hará al estar los alumnos «directamente afectados por su contenido». Además, piden «a las autoridades nacionalistas que asuman la realidad catalana y no jueguen al discurso de la confrontación».

Por su parte, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga, con su habitual y cansino victimismo, han denunciado «un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán» y han asegurado no obstante que éste no supondrá ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística, de donde se espera la posible comision de delitos de prevaricación por parte de las autoridades educativas catalanas.

Cambray ha lanzado así un mensaje de «tranquilidad» a los centros educativos y ha asegurado que esta nueva situación no supondrá «ningún cambio» en el sistema vigente: «El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes y menos cuando estamos en plena transformación educativa, que ha venido para quedarse», ha añadido, mofándose del Alto Tribunal.

Cambray ha recordado que la Generalitat, tras detectar un descenso del uso social de la lengua catalana entre los jóvenes, ha puesto en marcha un plan precisamente para «reforzar el uso del catalán», algo que harán, ha señalado, «con firmeza, convicción y realismo».

Garriga también ha denunciado «el ataque al modelo de inmersión lingüística» y ha explicado que esta tarde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado una reunión con todas las entidades educativas y culturales para trabajar una «respuesta conjunta». Lo de siempre: Estado de Derecho, ¿para qué?

Independentismo en Cataluña
El Supremo avala la obligación de que el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano
Gonzaga Durán. okdiario  24 Noviembre 2021

El 25% de las clases en Cataluña deben ofrecerse obligatoriamente en castellano. El Tribunal Supremo ha corroborado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en diciembre de 2020 impuso este porcentaje mínimo como obligatorio en los colegios e institutos catalanes.

El fallo ha sido adelantado por el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, que lo considera «un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana».

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del TSJC que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.

La sentencia del TSJC fue histórica porque por primera vez un tribunal catalán reconocía que el uso del castellano en las escuelas de Cataluña era «residual», y obligaba a ofrecer una cuarta parte de las clases en castellano, lo que conllevaba que los padres no se vieran obligados a solicitarlo en los diferentes colegios.

El Supremo consagra ahora este porcentaje de clases en castellano y acaba así con años de discriminación del idioma oficial y vulneración de los derechos fundamentales de los españoles que residen en la Comunidad autónoma de Cataluña.

Societat Civil Catalana ha celebrado la sentencia como «un triunfo histórico de la igualdad y de la inclusión y un varapalo al sectarismo lingüístico que ha practicado la Generalitat y sus organizaciones ‘civiles’ satélites».

Desobediencia
Sin embargo, el Govern de la Generalitat no parece muy dispuesto a respetar el contenido de la sentencia. Su presidente, Pere Aragonès, ha convocado una reunión con todas las entidades educativas y culturales para trabajar una «respuesta conjunta».

Mientras tanto, el consejero de Educación ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los centros educativos y ha asegurado que esta nueva situación no supondrá «ningún cambio» en el sistema de inmersión en catalán vigente: «El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes y menos cuando estamos en plena transformación educativa, que ha venido para quedarse».

Además, Cambray ha recordado que la Generalitat, tras detectar un descenso del uso social de la lengua catalana entre los jóvenes, ha puesto en marcha un plan precisamente para «reforzar el uso del catalán», algo que harán, ha señalado, «con firmeza, convicción y realismo».

Educación. Desafío independentista
Las familias denunciarán a la Generalitat de Cataluña si no cumple la sentencia del 25% del castellano y cambia el modelo lingüístico
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. El Mundo  24 Noviembre 2021

La consagración por parte del Tribunal Supremo del 25% de clases en castellano en todas las escuelas catalanas se encuentra con el gran obstáculo de que la Generalitat no quiere acatar el fallo ni parece que el Gobierno central vaya a presionarle para que modifique todo su modelo lingüístico y entierre la inmersión que durante años se ha impuesto de forma sistemática en los centros educativos. Serán las familias afectadas las que, una vez más, tengan que instar a la ejecución de la decisión judicial. Ana Losada, presidenta de la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), advierte de que, si el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, no cumple, lo denunciarán.

«La Generalitat debe cumplir lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pero, si no lo cumple, lo denunciaremos en el momento en que venzan los plazos. Está el precedente de Quim Torra, que fue inhabilitado por no querer quitar del Palau la pancarta en defensa de los presos», señala Losada. Pepe Domingo, portavoz de Impulso Ciudadano, explica que «el Gobierno es el que tiene que instar a la ejecución de la sentencia, pero también puede hacerlo cualquier padre afectado». «Esperemos que las autoridades educativas no incurran en desobediencia a la autoridad judicial», indica.

¿Qué planes tiene el Gobierno? Fuentes del Ministerio de Educación dicen que aún no han recibido la providencia y que, cuando les llegue, se pronunciarán. Hasta ahora el Gobierno no ha hecho nada. Ni siquiera pidió la ejecución del fallo del TSJC, a pesar de ser parte en este procedimiento, que surgió por un recurso de la Abogacía del Estado presentado en 2015 en representación del Ministerio. El Gobierno sostiene que el Estado «no puede interferir» en una materia que, en su opinión, es competencia de Cataluña y asegura que son los tribunales los que deben hacer cumplir las sentencias.

Lo que ocurre es que si el Gobierno sigue inhibiéndose, como ha hecho estos años, se vuelve a poner el estigma sobre las familias, que quedan señaladas si denuncian, pues el nacionalismo interpreta la petición del 25% -apenas una asignatura troncal más en castellano, además de Lengua- como «un ataque a toda la escuela catalana».

La Generalitat, de hecho, acaba de poner en marcha un plan que va en el camino contrario a lo que dice la Justicia, pues introduce más catalán y vigila el uso del castellano en los colegios, como se está haciendo de forma paralela en la universidad.

Su estrategia ahora será tratar de aferrarse a la Ley Celaá para decir que el fallo del TSJC ha quedado superado, pues cuando se interpuso el recurso de la Abogacía del Estado estaba vigente la Ley Wert, pero deliberadamente se olvida de que hay doctrina jurídica previa que lleva una década diciendo lo mismo. En 2015, por ejemplo, el Supremo ya consideró el 25% como «razonable» y «proporcionado».

La diferencia es que el Alto Tribunal no responde ahora a la petición de una familia concreta, sino que se establece que el cambio debe hacerse en todas las escuelas. Otro punto importante es que la Justicia deja claro por primera vez el «uso residual» del español en las aulas catalanas con datos aportados por la propia Generalitat, el TSJC dice que es sólo del 18% en Primaria y el 19% en la ESO.

Porcentajes y embarazos
Nota del Editor  24 Noviembre 2021

Esto de los porcentajes me trae al viejo chiste de la señora que había tenido un desliz con un señor y el resultado había sido que se había quedado medianamente (50%) embarazada.

La c.e. no establece obligación de conocer lengua regional alguna. La imposición de cualquier porcentaje de cualquier lengua regional es un disparate que tumba los derechos humanos y constitucionales de los españoles.

Obsesionados con Franco
Liberal Enfurruñada. okdiario  24 Noviembre 2021

El sábado fue 20 de noviembre, día en el que tres o cuatro nostálgicos recuerdan la muerte de Francisco Franco en 1975 y de José Antonio Primo de Rivera, asesinado por el bando rojo nada más empezar la guerra civil. Para la inmensa mayoría de españoles esa es una fecha que ya no recordamos porque han pasado casi 50 años de la muerte natural del que le ganó la guerra a los comunistas que intentaron convertir España en una coalición de repúblicas soviéticas leninistas, controladas por la URSS, y 85 años del asesinato por parte de la extrema izquierda revolucionaria de uno de los mayores ideólogos del anticomunismo español. Del 20N ya sólo se acuerdan cuatro nostálgicos del franquismo y toda la inmensa extrema izquierda española, incluidos proetarras, secesionistas y golpistas que no son capaces de olvidar a las dos figuras que los derrotaron, uno ideológicamente y el otro militarmente, hecho este sin parangón en el resto del mundo.

Ya se celebran muy pocas misas en esa fecha. La Fundación Francisco Franco apenas ha logrado organizar este año once misas «en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los caídos por Dios y por España” y a ellas cada vez acude menos gente. Yo, que nunca he sido franquista, he vivido toda mi vida en democracia y habitualmente voy a misa, si me alojara en un hotel cercano a la Catedral de Granada y al día siguiente, domingo, tuviera otras obligaciones, perfectamente podría haber hecho como Pablo Casado y haberme metido con mi familia en la misa que se celebró a las 19:00 horas del sábado 20 de noviembre en la Capilla del Sagrario de la Catedral de Granada, sin acordarme de la fecha que era. Sólo que, a diferencia de Pablo, yo ni me habría salido antes de acabar ni por supuesto habría puesto ninguna excusa más allá de explicarle a los ultras de extrema izquierda obsesionados con Franco que los católicos vamos a misa y rezamos por todos los difuntos.

La iglesia española ya parece haberse olvidado, pero uno de los motivos por los que empezó la guerra civil fue porque la extrema izquierda revolucionaria los estaba masacrando a ellos, quemando sus iglesias, conventos y monasterios, asesinando y violando a curas y monjas. Entre el 10 y el 11 de mayo de 1931 un centenar de edificios religiosos fueron quemados en Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia y Valencia. Durante el golpe de estado del PSOE de octubre de 1934, primer intento de llevar a cabo en España una revolución comunista, los rojos asesinaron a 34 sacerdotes y religiosos e incendiaron la Catedral de Oviedo, así como numerosos edificios religiosos. Se han identificado unas 7.000 víctimas religiosas asesinadas por los republicanos, de las cuales 13 eran obispos, más de 4.000 sacerdotes, más de 2.000 religiosos y casi 300 religiosas. Eso sin contar conque muchísimos asesinados por los rojos, por ejemplo, en Paracuellos, lo fueron sólo por ir a misa. Poco se acuerda ya de Franco la iglesia católica. Pocas misas son 11 para tanto como le deben.

Pedro Sánchez ha acercado al PSOE tanto a la extrema izquierda, que sus postulados ya no se distinguen de los de sus socios comunistas, proetarras, secesionistas y golpistas, todos obsesionados con Franco y volcados en demonizar todo lo logrado durante la Transición. El comodín de Franco lo mismo sirve para tapar la ruina económica a la que nos aboca su Gobierno, las colas del hambre, la pobreza energética, la inflación y el déficit desbocados; como para cubrir sus vergonzosos pactos con Bildu, el acercamiento y excarcelación de todos los etarras y hasta los indultos a los golpistas. Sí, Franco es la cortina de humo que tapa todas sus vergüenzas, pero no es sólo eso. El proyecto de ley de Memoria Democrática que están tramitando pretende impedir que artículos como éste puedan ser publicados para que la gente olvide que Franco les ganó la guerra que empezaron ellos. Pues si quieren memoria habrá que esforzarse en que nadie olvide tantísimos crímenes cometidos por el comunismo antes de 1936, durante la guerra civil y después de 1975 con los terroristas comunistas de ETA, el Grapo y el FRAP que, como Sánchez y sus socios, fueron los únicos que se opusieron a la Transición y a la democracia.

dictadura lingüística
El Ayuntamiento de Palma exige a todos sus funcionarios que atiendan “sólo en catalán” a la población
Indalecio Ribelles. okdiario  24 Noviembre 2021

El Ayuntamiento de Palma, gobernado en coalición por socialistas, nacionalistas y populistas de Unidas Podemos (UP), ha remitido un escrito a todos los empleados municipales recordando el uso obligatorio, y exclusivo, del catalán en sus contactos con los ciudadanos. El Consistorio palmesano, liderado por el alcalde socialista, José Hila, sólo habilita la posibilidad de usar otras lenguas, caso de la castellana, en caso de que el público lo solicite expresamente, y nunca de forma habitual.

Pese a la cooficialidad de ambas lenguas en Baleares, la izquierda nacionalista en el poder en las principales administraciones de las Islas ha impuesto el monolingüismo de la lengua catalana en todos los ámbitos y servicios públicos. Por ello, el gobierno municipal insta a todos los empleados públicos a que la atención al ciudadano sea siempre en catalán. En castellano, sólo si expresamente piden ser atendidos en esta lengua.

El escrito ha sido remitido por el concejal nacionalista de Cultura, Llorenç Carrió (Més per Mallorca) que, en primer lugar, recuerda al funcionario en cuestión de que dispone del Servicio de Asesoramiento Lingüístico como soporte técnico y le insta a colaborar en la tarea de normalización lingüística.

A continuación, el edil separatista, remarca que los escritos del Ayuntamiento, y de sus organismos autónomos, tanto internos como externos, han de ser en catalán. Sólo se admite el uso del castellano cuando se envíen a personas y entidades que soliciten una versión en castellano, o estén radicados en lugares donde el catalán no sea lengua oficial.

En cuanto a los impresos municipales, la versión en catalán “es la que se tiene que ofrecer a los ciudadanos” y la de castellano, sólo, cuando aquellos la pidan.

Sobre rótulos y cartelería la consiga es rotunda: sólo en catalán. Se puede añadir el castellano si se considera que puede ser difícil de entender para una persona que no sepa catalán. Lo mismo sucede con las actividades municipales que se han de difundir en catalán y sólo abre la puerta al castellano, y otras lenguas, si las características de la actividad lo hacen aconsejable. Contratos y convenios en catalán también, como normal general y, sólo si la otra parte lo solicita se hará versión bilingüe.

La difusión de este manifiesto a favor de la imposición del catalán forma parte de la esencia de un gobierno de coalición cuya primera decisión, tras las elecciones de 2015, fue eliminar por decreto el bilingüismo que hasta aquel entonces imperaba en el Consistorio palmesano.

De la misma forma, fue erradicado el castellano de los premios Ciutat de Palma de novela y poesía que hasta 2015 compartían espacio. Se impusieron los galardones en lengua catalana que, desde entonces, son los únicos que convoca el Ayuntamiento de Palma.
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