AGLI Recortes de Prensa   Jueves 25  Noviembre  2021

Por qué Sánchez condena al paro a los hijos de los demás
Miguel Ángel Belloso. okdiario 25 Noviembre 2021

Déjenme que me ponga un poco hiperbólico: la mejor noticia del mes ha sido la decisión de algunos intelectuales americanos y británicos de fundar la Universidad de Austin, en el estado de Texas, Estados Unidos. El objetivo es preservar la libertad de investigación y el intercambio de ideas al margen de la asfixia creciente provocada por la ortodoxia progresista que domina la academia en el mundo anglo, quizá en el resto, y desde luego en España.

En este proyecto están personas tan notorias como Pano Kanelos, Steven Pinker, Niall Ferguson, Larry Summers y otros. Muchos de ellos han enseñado en Harvard y centros de nivel parecido y en algunos casos han ocupado cargos públicos importantes. Estos señores, que de momento son un grupo minoritario con gran prestigio, aunque todavía a falta de recursos para un proyecto de tal envergadura, han dicho basta.

Lo que está ocurriendo en los sistemas educativos de los países occidentales es sencillamente insoportable para cualquiera que tenga no sólo una reputación contrastada sino un poco de sentido común. Se puede resumir diciendo que el espíritu crítico ha desaparecido en favor de la corrección política, que el saber ha pasado a un segundo plano en favor de la ideología dominante. La iniciativa de estos profesores se propone revertir el rumbo antiliberal que han tomado tantas universidades en las últimas décadas con un deterioro acelerado de la libertad de cátedra, de discusión y de intercambio de ideas. Este es el producto más redondo que ha forjado el llamado movimiento woke, que aspira a diseñar la enseñanza y trata de condicionar el comportamiento de los estudiantes en atención a los colectivos presuntamente discriminados, alienados, marginados u ofendidos por lo que consideran que ha sido hasta la fecha la cultura oficial.

En opinión de estos dictadores de nuevo cuño, la civilización occidental es la culpable de todas las plagas del milenio, porque ha sido básicamente opresora y ha impuesto un código de valores que hay que cambiar a toda costa. Aquí en España se habla poco del movimiento woke, o de la llamada política de la cancelación, que básicamente consiste en lo mismo: en una reversión agresiva y dramática de la cultura en la que todos hemos ido creciendo, y que está en pleno apogeo desde hace años. Se practica con denuedo igual que al otro lado del Atlántico desde que los socialistas llegaron al poder.

Aunque estos sucesos tienen que ver más con el sistema político y la Universidad, la fuente de alimentación de esta operación subversiva y revolucionaria empieza en la escuela. En España, la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, ha impulsado un decreto que sigue la estela de todos los enemigos de la juventud, que se remontan a los socialistas José María Maravall y Alfredo Pérez Rubalcaba. En adelante, los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas, ya no habrá exámenes de recuperación de la ESO y se podrá hacer la selectividad con un expediente sucio, porque se considera que los exámenes y las notas son baldones que no ayudan a la felicidad del alumno y forman parte del patrimonio repudiable de la derecha. Y que la exaltación del mérito, también.

Es obvio que la pretensión de que todo el mundo, al margen de sus capacidades y del esfuerzo que hayan empleado en el intento, puedan llegar a la Universidad es una condena cierta que lastrará sus posibilidades de encontrar un trabajo para poder independizarse y ganar la autoestima precisa para competir en un mundo feroz, pero esta es la propuesta que ha elegido el equipo de Sánchez para congraciarse con la juventud.

Yo nunca he comprendido el interés supremo de la izquierda por masacrar a nuestros hijos, pero tengo una amiga, una de las mayores expertas en educación del país, a la que no cito para no ponerla en un compromiso, que me da una explicación oportuna y convincente. Lo hacen así, me dice, enarbolan esta bandera del igualitarismo y de la mediocridad educativa porque es algo ajeno a ellos, porque sus hijos no van a la escuela pública, que se convertirá, de acuerdo con sus tesis, en un patíbulo para los vástagos de las clases más desfavorecidas. Esto es lo que dicta la historia. La Institución Libre de Enseñanza, fundada por egregios intelectuales krausistas, era para los suyos. La universidad pública Carlos III de Madrid, una de las más elitistas, cuyo primer rector fue Gregorio Peces Barba, era para los suyos. Las teorías progresistas de estos señores son para los hijos de los demás. Esto de que el niño sufre mucho si se esfuerza y es bastante más feliz con menos trabajo es para los hijos del resto. No para los propios. Como ya dijo Orwell, todos somos iguales, pero unos más que otros.

En una escuela normal como la que hemos conocido toda la vida, si hay unos saberes que transmitir, profesores que los quieran enseñar y alumnos que los deseen aprender, todo es perfecto. Todo funciona. Es el triángulo de la pedagogía tradicional. Pero esto es lo que los socialistas ya se han cargado. Ahora se trata de crear una sociedad con nuevos valores (los de la nueva izquierda) y para eso el sistema educativo es imprescindible. Y el que mejor lo entendió al respecto fue Rubalcaba, despedido con funeral de Estado después de haber sido el responsable de la degradación de la instrucción nacional y responsable de nuestra clasificación pésima en todos los estudios comparativos, pero igualmente el mayor experto en producir socialistas en serie.

Él y los que luego lo sucedieron han sido avezados en maquillar las escandalosas cifras de fracaso escolar y, al tiempo, en formar cada vez peor a las nuevas generaciones porque les iba poco en ello, su prole estaba y está a salvo en colegios privados, y el objetivo de antes, como el de la ministra Pilar Alegría ahora, alberga pretensiones mucho más ambiciosas: es una política de estado para crear un nuevo régimen, aunque tenga unas repercusiones gravísimas: ¿Cómo vamos a resolver el problema de sostenibilidad de las pensiones si en lugar de instruir a jóvenes empleables estamos fabricando carne de cañón incapaz de encontrar un puesto de trabajo por falta de actitud y de cualificación?

Ya hace tiempo que el esfuerzo estaba más que despreciado en la escuela, y también en la Universidad. Pero ahora el propósito es de matiz diferente, de mayor envergadura, el desafío es de otro nivel. Se trata de incrustar en la mentalidad de los jóvenes, por ejemplo, que el hombre blanco es malo -y debe pedir perdón a la humanidad por haberla civilizado de manera impropia-; de profanar la educación con la atención desmedida por el género y todos aquellos colectivos e identidades presuntamente maltratados o postergados. Se trata de ensuciar la mentalidad de los niños con el lenguaje inclusivo y, en el caso de los más creciditos, con el mantra de la justicia social, es decir, con todo aquello que los condicione y determine insuperablemente impidiéndoles pensar por sí mismos, expresarse honesta y libremente, de prepararlos solo para que repliquen la superioridad moral de la ideología del momento. Se trata de inocular en la mentalidad de nuestros hijos las bondades previamente retorcidas de la diversidad, del igualitarismo agresivo, del cambio climático, de la inclusión a martillazos solo para producir una sociedad ajena al bien más notable de todos, que es el de la libertad. Entre otras cosas, de la libertad para formar a los hijos en paz según el criterio inmarcesible de la familia, que es donde descansa la más alta responsabilidad de la educación en cualquier país decente.

La Policía toma la calle contra el Gobierno

Carlos Dávila. okdiario 25 Noviembre 2021

Sin precedentes. No se conoce una iniciativa como esta. Este sábado, todos los sindicatos de Policía, también las asociaciones de la Guardia Civil, están llamados a una masiva manifestación en Madrid desde la Puerta del Sol al propio Ministerio del Interior, donde, la verdad, no se espera que se encuentre el titular, Fernando Marlaska, aunque quizá esté ejercitándose físicamente en el gimnasio que ha montado en una casa que ocupa sólo eventualmente. La concentración se está calentando por minutos, sobre todo después de que los representantes de los agentes hayan transmitido a sus colegas la respuesta imperativa que les ofreció el ministro cuando días atrás fueron a visitarle.

Les dijo -me comunican- más o menos ésto: “La decisión está tomada, la reforma de la Ley de Seguridad, salvo pequeñas matizaciones, no se va a mover, forma parte de los acuerdos que suscribimos con Podemos para formar Gobierno”. Y nada más: el hecho de que dos de las propuestas de este cambio resulten brutales, espectacularmente inconstitucionales, le ha importado una higa al Gobierno. Una muy importante, decisiva para la protesta, es la que en adelante, cuando el bodrio del dúo maléfico Sánchez-Marlaska la conduzca al Boletín Oficial del Estado, cualquier manifestación o concentración pública que se pretenda realizar, no precisará de un requisito que en este momento aún resulta imprescindible: comunicar por anticipado la convocatoria. El trámite suprime de un plumazo lo que, según denuncian los sindicatos, abonará el caldo de cultivo de un caos en la calle donde, sin ir más lejos, puedan confrontarse abiertamente los participantes en actos directamente violentos y contrarios.

Pero aquí no quedan las absurdas y perjudiciales novedades de la reforma en cuestión. Fíjense: a los agentes del orden se les privará del material suficiente para su defensa, si es que ella es necesaria, y encima, tendrán que cruzarse de brazos sin intervención alguna mientras son fotografiados por los posibles implicados. Tremenda cuestión que se agrava un punto más si se tiene en cuenta que estas fotografías podrán ser difundidas con toda impunidad. ¿Quién protegerá a los policías -me pregunto- de las muy probables agresiones en forma de venganza que se puedan perpetrar contra ellos? Aseguran los agentes, con razón que, con toda probabilidad, se reeditarán casi a diario los ataques que la Guardia Civil soportó en la localidad navarra de Alsasua, una paliza que no recibió la ayuda de nadie y menos aún del Gobierno, que no se ha conmovido ante los innumerables homenajes que están recibiendo aún las acémilas que participaron en el atentado.

La manifestación del sábado, que se prevé masiva, está abierta naturalmente a todos los públicos. Ahora mismo se calcula una participación superior a las cien mil personas que serán menos, desde luego, que todas aquellas que llenaron Madrid cuando Zapatero pactó con los asesinos de ETA una hoja de ruta que se está cumpliendo a rajatabla. O ¿qué otra cosa es el provisional acercamiento de presos, indiciario de la real libertad de la que van a gozar criminales que todavía tienen muchos años que cumplir tras sus fechorías? Ya se anticipa que acudirá a la Puerta del Sol, bajo sus despachos, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acompañarán otras gentes de su partido. Es de esperar que el presidente del PP, Pablo Casado, que ese día estará en León dirigiendo una reunión de los presidentes de su partido, pueda hallar una rendija para estar presente de una u otra forma en la concentración. Del PSOE no se sabe más que esto: que es cómplice de la reforma antedicha. De Vox se confía en una respuesta inmediata, pero interpretarán su propio guión, porque Abascal y sus chicos sólo suelen apoyar sus propias iniciativas.

Y, no se engañen, esta modificación legal de la que promovió el Ejecutivo de Rajoy es únicamente el primer paso del objetivo que tiene pensando el Gobierno social leninista que nos asfixia. De lo que se trata -ya lo verán- es de concebir una revolución total de las Fuerzas de Seguridad para sustituir los actuales Cuerpos por un remedo de aquellos Guardias de Asalto que actuaron con un sectarismo escandaloso en la II República. Sánchez y sus conmilitones pretenden organizar una Policía política que se asemeje hasta en el circense atuendo a los mamporreros de Maduro. Ni más, ni menos. Este fin forma parte de una transformación social de España incompatible de asimilar a las democracias europeas. De esto va la cuestión. De aquí, la imprescindible presencia de todos los españoles de bien en una actuación que precisa de una respuesta masiva. Claro está que, desde la oficina siniestra de Félix Bolaños (es menos fatuo y bodoque que Iván Redondo, pero todavía más peligroso)

Se está articulando una maniobra de ocultación y desprestigio de la protesta de nuestra Policía y Guardia Civil. Las televisiones amigas y los conmilitones informativos de La Moncloa se ocuparán detenidamente del menester, de aquí que la contestación general en la calle, con la Policía ocupándola no para restringir libertades, sino para garantizarlas, tiene que constituirse en la experiencia inicial de una alteración total contra un régimen que, como en el caso que nos ocupa, no tiene otra obsesión que volar nuestra Constitución, la Monarquía Parlamentaria y todo lo que, como dice la nueva “Pasionaria”, la agitadora Yolanda Díaz, “huela a franquismo”. De todo esto, como les escribo, va la pérfida maniobra de Sánchez y del propio Marlaska. La Policía toma la calle contra el Gobierno. Vamos a acompañarla.

Seis cuentos chinos sobre la inmersión
José García Domínguez. Libertad Digital 25 Noviembre 2021

Cuento chino número uno: en Cataluña existe un enorme consenso social en torno a la cuestión de la lengua y, más en concreto, a favor de la inmersión forzosa. Bien, entonces habrá que atribuir a la mera casualidad el que lleven cuarenta años negándose en redondo a efectuar cualquier tipo de consulta a la población sobre ese asunto. Porque se resisten como gato panza arriba a efectuar ningún tipo de pesquisa, ni la más sencilla, que implique contar con la opinión manifiesta de la gente sobre esa muy concreta materia. Por algo será.

Cuento chino número dos: el actual sistema escolar monolingüe al 100% en catalán garantiza que todos los alumnos aprendan y dominen a la perfección el castellano. Pero si la mejor manera de que los escolares aprendan muy bien un idioma es que no tengan ninguna relación con él, ni la más mínima, dentro del colegio, habrá que concluir que Cataluña estuvo poblada por bípedos con alguna tara cognitiva grave hasta 1980. Pues no hay noticia de que hubieran aprendido a la perfección el catalán gracias a no haberlo estudiado en el colegio.

Cuento chino número tres: estudiar en la lengua materna carece de la menor importancia pedagógica, pese a lo que sostienen los partidarios del bilingüismo. Ergo, todos los pedagogos catalanistas estaban radicalmente equivocados cuando predicaban al lacrimógeno modo sobre la terrible tortura que suponía para los pobres niños catalanohablantes el tener que recibir la instruccion en castellano.

Cuento chino número cuatro: disponer de dos líneas educativas en función del idioma vehicular supondría una intolerable "segregación" que Cataluña no puede permitir. En cambio, Cataluña parece que sí puede permitir, y sin ningún problema, que se segregue a los hijos de los padres pudientes, muchos de ellos independentistas, que cursan el bachillerato en inglés, francés, alemán o italiano, como fue el caso personal de Fray Junqueras.

Cuento chino número cinco: la inmersión forzosa es un valioso instrumento al servicio de la cohesión social de Cataluña. Tal vez por eso, por lo mucho que nos ha cohesionado a todos que sumerjan a los niños por las bravas, estuvimos a punto de ir a la guerra civil durante el muy entretenido mes de octubre del año 17. Un poquito más de su maravillosa cohesión, solo un poquito, y en las calles de Barcelona hubiese habido cadáveres por las esquinas.

Y cuento chino número seis: quien discrepe de las cinco trolas anteriores incurrirá en el pecado de catalanofobia. De ahí que el planeta entero resulte ser catalanófobo, pues nada similar a la inmersión catalana existe en país alguno, Canadá incluido. Eso sí, trátase de un modelo de éxito. Basta con escuchar hablar a Rufián para comprobarlo.

‘¡Esos cojones, en Despeñaperros!’
EDITORIAL. https://gaceta.es 25 Noviembre 2021

La ocurrencia del todavía líder del Partido Popular, Pablo Casado, de exigir un 155 educativo para Cataluña que garantice el cumplimiento de la sentencia de Supremo que obliga a dar un 25 por ciento de las materias escolares en español (el mal llamado castellano), nos recuerda a aquella historia que se cuenta de lo que una vez le sucedió al torero Rafael Gómez Ortega, el Gallo.

Dice el relato que el matador, recién desembarcado del tren que le traía de Sevilla a la capital, pasó junto a la locomotora justo en el momento en el que la máquina descomprimía su caldera arrojando un chorro de vapor acompañado de ese rugido característico de las locomotoras de comienzos del siglo XX.

Cuentan que entonces el torero se volvió hacia la máquina y con una mirada de desprecio le habló: «¡Esos cojones, en Despeñaperros!», en alusión al lento traqueteo de los trenes antiguos cuando subían (cuesta arriba, qué fatiga) y bajaban (cuesta abajo, qué trabajo) ese puerto quebrantapiernas que separa Andalucía de la meseta castellana.

El caso de la ocurrencia de Pablo Casado al exigir la aplicación del artículo 155 de la Constitución e intervenir Cataluña a cuenta de una (otra) sentencia sobre la inmersión lingüística en las aulas, es apenas un chorro de vapor y un bufido de la locomotora de vapor que ha sido el Partido Popular, que ha vivido en un Despeñaperros perpetuo en relación con el abandono de la mayoría de catalanes que tiene el español como lengua materna.

Desde su primera llegada al Gobierno en 1996, el PP ha sido incapaz de defender el español, la lengua común de todos los españoles y materna de más de 500 millones de personas en un imperio lingüístico donde apenas se pone el sol. Esto no es una opinión. Es un hecho. El Partido Popular del que forma parte el señor Casado desde 2004 se ha negado, a pesar de las suplicas de tantos catalanes, a poner orden en una región española en la que unos pocos han hecho del catalán —una lengua minoritaria no solo en el mundo, sino en la propia Cataluña—, un arma de combate ideológico al servicio del separatismo.

Hemos perdido la cuenta de todas las sentencias de los tribunales que desde hace décadas ordenan revertir, por ilegales y anticonstitucionales, las nomas de inmersión lingüística que, con desprecio de la libertad de los catalanes, de todos ellos, han ninguneado el español y lo han tratado con desprecio xenófobo como una lengua de conquista. Lo que no hemos perdido la cuenta es de cuántos gobiernos del Partido Popular han dejado hacer a los partidos separatistas que se han adueñado de la educación en Cataluña y que han llegado a imponer el uso del catalán hasta en los recreos mientras la Alta Inspección Educativa del Ministerio se fumaba —mira tú qué casualidad— un puro.

Con posterioridad al golpe del 1 de octubre de 2017, hubo una oportunidad de oro para intervenir esa quebrada autonomía política, destituir a los sediciosos, ilegalizar a los partidos golpistas y restablecer el orden y la cordura en Cataluña. También en las aulas. Pero el Partido Popular se achantó en Despeñaperros y permitió que el PSOE —dominado por el socialnacionalismo catalán—, junto a buena parte de la oligarquía financiera catalana y lo que hoy son los cadáveres caminantes de Ciudadanos, les impusieran un 155 desnatado con un solo objetivo: que los montes parieran un ratón; es decir: convocar elecciones. Esto no es memoria histórica. Esto es rigor histórico. Por aquel entonces, y esto también es riguroso, Pablo Casado era ya miembro de la Ejecutiva de los populares y diputado en las Cortes Generales. Así que (y ya nos disculpará la grosería), como dijo el Gallo, y si no lo dijo está bien contado, esos cojones, señor Casado, en Despeñaperros. Que ya nos vamos conociendo.

‘Por vuestra libertad y la nuestra’
Ricardo Ruiz de la Serna. https://gaceta.es 25 Noviembre 2021

Se convirtió en el lema de los patriotas polacos después de que su país desapareciese de los mapas. El imperio ruso, el imperio austriaco y el reino de Prusia se habían dividido Polonia, pero la nación polaca se negaba a desaparecer. No hay guerra de independencia, alzamiento patriótico ni resistencia a la ocupación extranjera a lo largo del siglo XIX en que no aparezcan polacos luchando por la libertad de otros pueblos. “Por vuestra libertad y la nuestra”.

Hoy la Unión Europea sufre un ataque híbrido contra Polonia, Lituania y Letonia orquestado por el gobierno bielorruso. Miles de inmigrantes -en su inmensa mayoría, varones jóvenes en edad de combatir- han llegado a las fronteras de estos países con Bielorrusia trasladados con el evidente propósito de crear una crisis que, bajo la apariencia de un problema humanitario, encubre una intención de desestabilización política. La Unión Europea ha ampliado las sanciones contra Bielorrusia. Tanto los Estados Unidos como el Reino Unido han mostrado su apoyo a Polonia. Los británicos han enviado, incluso, un pequeño pero simbólico contingente de soldados al territorio polaco. El primer ministro polaco, Tadeusz Morawiecki, ha expresado su agradecimiento en un vídeo al tiempo que ha advertido de la verdadera amenaza que se cierne sobre la Unión.

La guerra híbrida que hoy se libra en nuestro continente aprovecha la debilidad moral de nuestras sociedades. Es significativo que las organizaciones no gubernamentales estén presionando a Polonia para que permita la entrada de los miles de inmigrantes y no sobre Bielorrusia y sus aliados para que dejen de traerlos a sus fronteras. Naturalmente, detrás de esa apariencia humanitaria se suelen esconder otros intereses. Al igual que sucede con la trata de seres humanos en el Mediterráneo, la mala conciencia y el falso humanitarismo son dos aliados tácticos para este tipo de ataques.

España ya sufrió hace meses una de estas acciones a manos de Marruecos en la frontera de Ceuta. También se da de forma cíclica en la de Melilla. No nos resulta ajeno el uso que Rabat hace de la inmigración para tratar de forzar posturas políticas o hacer alarde de fuerza. Ahora que la ofensiva se desarrolla en las fronteras con Bielorrusia, el gobierno español debería tener la suficiente claridad moral y la suficiente decisión política para liderar el apoyo a Polonia, Lituania y Letonia.

En junio de 1948, la Unión Soviética intentó bloquear los sectores de Berlín ocupados por los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Se trataba de impedir que los berlineses del sector soviético y el resto de alemanes orientales viesen con sus propios ojos la prosperidad de Berlín occidental. Los soviéticos interrumpieron el suministro eléctrico y de carbón, las comunicaciones por vía férrea, por río y por carretera y el paso de mercancías y pasajeros al sector occidental. Los soviéticos invocaron pretendidas razones técnicas -averías en las distintas redes de transporte- y de seguridad (la lucha contra los especuladores). En realidad, se trataba de crear una crisis humanitaria en Berlín que forzase a las potencias occidentales a abandonar la capital de Alemania.

Los aliados occidentales decidieron resistir. En Berlín occidental estaba operativo el aeropuerto de Tempelhof así que se podía aprovisionar a la ciudad a través del aire. La ciudad recibió, en el momento de máxima actividad del primer puente aéreo de la historia, unas nueve mil toneladas de mercancías (alimentos, combustible, medicinas, bienes de consumo). Al final, el 12 de mayo de 1949 los soviéticos levantaron unilateralmente el bloqueo. El intento de quebrantar y expulsar a los aliados occidentales había fracasado.

Me temo que hoy en día el bloqueo hubiese sido un éxito. El miedo a una guerra hubiese prevalecido sobre la voluntad de victoria. El pacifismo suicida hubiera socavado la moral de resistencia de los berlineses y de los gobiernos occidentales. Alguna ONG hubiera denunciado la obstinación de quienes se empeñaban en mantenerse en la ciudad a toda costa y de la catástrofe humanitaria en ciernes si no se cedía ante las presiones soviéticas. Multitud de periodistas activistas hubiesen corrido a sensibilizar sobre las penurias de mujeres, ancianos, niños y otros grupos vulnerables si Washington y sus aliados insistían en mantener el enclave occidental en medio de la Alemania ocupada por la URSS. Veríamos por doquier el sentimentalismo, la sensiblería y la confusión moral que no distingue entre agresores y agredidos. Eso mismo, a fin de cuentas, es lo que está sucediendo en el caso de la frontera bielorrusa y el ataque híbrido contra Polonia, Lituania y Letonia.

Hay que resistir. Sin duda, lo que se puede vivir en la frontera es una tragedia, pero los únicos responsables de ella son quienes han empleado a los inmigrantes como armas para desestabilizar a sus vecinos. Ya habrá tiempo de hacer otras consideraciones -por ejemplo, la desmedida influencia que ciertos sectores del “progresismo” tienen a la hora de marcar la agenda “humanitaria”- pero ahora hay que defenderse y dedicar todos los esfuerzos a conjurar la amenaza que se cierne sobre la Unión. El Bloqueo de Berlín marcó el camino. No hay que ceder. No hay que transigir. Polonia, Lituania y Letonia deben defender sus fronteras y toda la Unión Europea debe estar, sin fisuras ni contraprestaciones, junto a ellas. Ya saben: “por vuestra libertad y la nuestra”.

Miembros del PP y del PSOE registran una nueva fundación en colaboración con la Junta Islámica
ALGUNOS DE LOS FUNDADORES PROMUEVEN LA TITULARIDAD PÚBLICA DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA
LGI. https://gaceta.es 25 Noviembre 2021

Varias personalidades pertenecientes al Partido Socialista y al Partido Popular registraron el pasado mes de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva fundación en colaboración con la Junta Islámica. Aunque el registro se produjo hace cuatro meses, ha sido recientemente publicado en el BOE -el pasado día 17 de noviembre- y llama la atención por sus integrantes, la dotación económica con la que cuenta y su colaboración directa con una entidad islámica.

La ‘Fundación Las Fuentes de Junta Islámica‘ -así se llama- tiene entre sus conocidos fundadores a María Fátima Báñez García, exministra de empleo con el expresidente Mariano Rajoy, diputada del PP entre el año 2000 y el año 2019 y todavía relacionada con la formación a cuya última convención acudió el pasado mes de septiembre.

En el equipo fundador también constan integrantes del PSOE como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, miembro del Consejo de Estado y presidente de la Junta de Extremadura entre 1983 y 2007, secretario general del partido en Extremadura entre 1988 y 2008 y diputado del PSOE entre 1977 y 1983, y María Isabel Ambrosio Palos, concejal del PSOE en Córdoba, alcaldesa de Córdoba entre 2015 y 2019 y diputada autonómica del PSOE en el Parlamento de Andalucía entre 2004 y 2008. «Cuando fue alcaldesa, Ambrosio disputó la titularidad de la Iglesia Católica sobre la Catedral de Córdoba, reclamando que pasase a titularidad pública y refiriéndose a ella como “Mezquita-Catedral” a pesar de ser un templo dedicado al culto católico desde hace más de 700 años», recuerda el diario digital ‘Contando Estrelas‘.

La resolución del BOE menciona a Báñez, Rodríguez Ibarra y Ambrosio como miembros del patronato de la Fundación, en condición de vocales. Por su parte, como presidenta de la Fundación figura la presidenta de la Junta Islámica, María Isabel Romero Arias. Esta última también se vio implicada -como Ambrosio- en una campaña a favor de la titularidad pública de la Catedral de Córdoba. Pese a que la postura oficial de la Junta Islámica es contraria, Romero Arias apareció en la cadena de televisión Al Jazeera y en otros medios de comunicación internacionales para promover esa medida como paso previo a lograr el culto compartido del templo.

En la dotación inicial de 121.000 euros de la nueva fundación, llama la atención la generosa aportación de la Junta Islámica. Con una dotación dineraria de 1.000 euros, el resto de la cantidad procede de la Junta. «La dotación es dineraria en cuanto a la cantidad de 1000 euros y que ha sido totalmente desembolsada según se acredita con la certificación bancaria y el resto mediante la aportación por parte de la entidad «Junta Islámica» de una finca rústica conocida como Caraza, situada en Almodóvar del Campo (Córdoba) (…). Se valora en la cantidad de 120.000 euros acreditado conforme informe de valoración», recoge el BOE.

Entre los fines declarados por la Fundación figura el “impulso en la sociedad de una visión responsable de la ciudadanía, de respeto a los valores éticos universales, y en particular, a los valores de las grandes tradiciones espirituales monoteístas y el humanismo.” También se menciona “la contribución a la paz, el diálogo, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos y la diversidad“. Sin embargo, entre sus objetivos no aparece citado el islam por ninguna parte, a pesar de que la Junta Islámica figura en el nombre de la fundación.

Por el contrario, el islam sí aparece en la web oficial de la Junta en la que el grupo que se define como «una organización sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, fundada en el año 1.989, con el objetivo principal de acompañar espiritualmente y contribuir a la consecución de los derechos civiles de la ciudadanía musulmana en España. Realizamos nuestro trabajo, siempre en defensa de los derechos y obligaciones de los ciudadanos diversos, desde los valores de la Sunna con un enfoque independiente y progresista».

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Sánchez da largas a la Justicia
Editorial. ABC 25 Noviembre 2021

Si la ministra Alegría se ha comprometido en firme a no ejecutar la sentencia sobre el español en las aulas, es porque la entrega de Sánchez al independentismo es irreversible

Un Gobierno que para mantener viva la legislatura a toda costa consiente al independentismo imponer cuotas de catalán en plataformas televisivas extranjeras, y que a la vez se niega a obligar a la Generalitat a ofrecer un mínimo del 25 por ciento de su enseñanza en español, es un Gobierno en pleno delirio político. Su protección del catalán es directamente proporcional a su desprecio al castellano, y si la decisión firme del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que la Generalitat está obligada a respetar la legalidad, alguien debe hacer que se cumplan las resoluciones judiciales. Resulta incomprensible que el Gobierno de Pedro Sánchez alegue que como la ley de Educación del PP ya ha sido superada por la ‘ley Celaá’, y que la que está en vigor es precisamente la que ha derogado que el español sea lengua vehicular en Cataluña, se pueda despreciar el cumplimiento de la normativa que protege un derecho y una obligación de todos los españoles.

Jurídicamente todo tiene sus cauces, pero la política no puede saltárselos a capricho y con esta indigna indiferencia del Ministerio de Educación. La ‘ley Celaá’ tiene visos de ser inconstitucional en diversos aspectos, y uno de ellos es precisamente el que, por vía directa y de cesión política, representa un ataque al castellano como nunca antes lanzó ningún gobierno. Por tanto, a nadie debe sorprender el fallo de los jueces.

Es grave que el consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, haya dirigido una carta a los centros de enseñanza exigiéndoles que incumplan la decisión del Supremo. Más grave aún es que la Generalitat sostenga, por sí y ante sí, que la decisión judicial «no es válida». Pero mucho más grave es que presuma de tener el firme compromiso de la ministra de Educación, Pilar Alegría, de que el Gobierno no va a ejecutar la sentencia. Estamos acostumbrados a que los líderes separatistas desobedezcan fallos y que solo los cumplan a la fuerza. Pero no lo estábamos a que el Gobierno de la nación apunte a la insumisión y presuma sin pudor de su falta inmediata de acatamiento. Si el «compromiso firme» de Alegría es humillarse ante la Generalitat, y su guion es el de una ministra que sortea a los jueces y se jacta de erradicar la lengua oficial del Estado, cabe preguntarse qué pinta la ministra de Justicia, que dice que las sentencias sí deben ejecutarse. De ahí ese delirio de un Gobierno arrodillado.

Más allá de la desobediencia, la reacción del separatismo no deja de ser incluso humorística. El consejero aduce que los jueces «inventan un problema donde no existe» porque en los últimos años solo ochenta familias han exigido la escolarización en castellano. Resulta entonces que es una cuestión cuantitativa, y no cualitativa, y que una democracia puede permitirse el lujo de vulnerar derechos esenciales de unos ciudadanos solo porque son muy pocos. Más ofensivo aún es escuchar a Ada Colau reivindicar la escuela privada para quien quiera clases en español. Precisamente una populista que consiente la usurpación de viviendas privadas para la ‘okupación’ es quien dice a los padres que reclaman el castellano para sus hijos que recurran a la privada. Es de suponer que el Ayuntamiento barcelonés dedicará partidas presupuestarias para que lo paguen aquellas familias que no puedan. El simplismo de reducir las libertades fundamentales a la nada es hiriente. Populismo autoritario.

El mandato de los tribunales es nítido, y vulnerarlo no solo representa una degradación política del Gobierno, sino también una prevaricación moral. Alguien tiene que encargarse de ejecutar las sentencias. Y si no es el Gobierno ‘motu proprio’, tendrán que ser los jueces quienes se encarguen directamente. Y no por respeto a las resoluciones judiciales, ni por mantener vigente el principio de autoridad en la separación de poderes, sino por estricta legalidad. Si un Gobierno se salta la ley y se le corrige, y luego se niega a ejecutar lo corregido desobedeciendo, sencillamente se sitúa al margen de la democracia. Ayer Pablo Casado ofreció a Sánchez aplicar un 155 educativo en Cataluña. La propuesta no es retórica y a estas alturas debería ser una opción. Sin embargo, se la está ofreciendo a Sánchez, que es quien jalea el incumplimiento de la ley para no complicarse la vida con el separatismo. Los tribunales ya no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que el Gobierno cumpla lo que anuncia que no va a cumplir. Tampoco la Fiscalía, incluso por la vía penal. No basta con dictar sentencia y decir «ejecútese». Se tendrá que forzar su cumplimiento. Si no, la lengua volverá a ser la primera pieza de la reconstrucción de otro ‘procés’ sedicioso. Y esta vez, con la complicidad cobarde y alarmante, del Gobierno.

El desbarajuste separatista catalán amenaza el Estado de derecho español
​El desprecio hacia la legislación estatal se ha convertido en endémico en esta levantisca autonomía, que reniega abiertamente de su españolidad
Miguel Massanet. diariosigloxxi  25 Noviembre 2021

En España, señores, hemos entrado de lleno en la época de los despropósitos gubernamentales, a precio de saldo. Parece ser que todo lo que se está organizando en esta nefasta etapa de entreguismo del país a quienes tienen el propósito de llevarlo al desguace, tiene un componente encaminado a trastocar los valores tradicionales de los que hemos gozado durante años, las costumbres heredadas de nuestros ancestros, las fórmulas democráticas que la transición supo elaborar y que quedaron garantizadas por la Constitución de 1978, la protección que, nuestro entramado legal, ofrecía a la ciudadanía contra la injusticia, los malhechores, el desorden, la revolución y los desmanes callejeros, se ha convertido, no se sabe bien debido a que tipo de revisionismo, reformismo de izquierdas o contubernio masónico, en algo que, incomprensiblemente, parece que va tomando cuerpo en nuestro ejecutivo y que forma plan de sus futuros objetivos y que, los hechos lo vienen demostrando, parece ser que supone un cambio radical en lo que ha venido siendo el cometido primordial de las fuerzas del orden, de las autoridades, de los ayuntamientos y diputaciones, y de cualquier otra institución celosa de resguardar los valores constitucionales contra los ataques de los antisistema, terroristas callejeros, anarquistas y demás personajes que, tradicionalmente, han formado parte de la peor escoria de la sociedad civil española.

En España, no ahora, sino desde hace años, incluso durante el gobierno del señor Rajoy, los sucesivos gobiernos, especialmente este de izquierdas que estamos padeciendo, han sido incapaces de frenar, poner coto, reprimir y restaurar el orden constitucional en las autonomías en las que, sus gobiernos, han prescindido abiertamente de respetarlo. Hablamos de Cataluña y el País Vasco, aunque en otros lugares también se advierten ramalazos revolucionarios, de componente izquierdista, que pretenden pescar en las aguas revueltas del independentismo radical de catalanes y vascos. Como era de esperar, el procedimiento de utilizar paños calientes para intentar aplacar las aspiraciones soberanistas de algunas regiones, no han servido para otra cosa sino que para aumentar la voracidad, la premura y la impaciencia del separatismo radical, convencido de que si siguen chantajeando al Gobierno con amenazas y nuevas peticiones es muy posible, y así ha ido sucediendo a través del tiempo, que los plazos para la hipotética independencia a la que aspiran, se acorten, se faciliten y se vayan deslizando por una pendiente de cesiones que, cada vez la haga más viable.

Resulta, poco menos que una gran traición a España y a sus ciudadanos, que ven impotentes el gran deterioro democrático al que se nos conduce, esta anómala situación en la que parece que está permitido a vascos y, en especial, a catalanes, dejar de cumplir las leyes a las que estamos sometidos todos los españoles. Y no es que se limiten a hacer oídos sordos cuando se les reclama que se atengan a la legalidad, sino que, haciendo gala de una cara dura impresionante, los mismos miembros del Gobern catalán y de su Parlamento, son los que recomiendan que no se haga caso de las sentencias y resoluciones del TS o del TC.

El último ejemplo, la demostración de que la prevaricación en Cataluña no está castigada, lo tenemos en el hecho de que el Supremo, una vez más, obliga a las escuelas catalanas a dar un 25% de clases en castellano. A ningún otro ciudadano, de toda la UE, le cabría pensar que en sus respectivas naciones, un tribunal tuviera que pedir que, en una de sus regiones del país, se tuviera que imponer por medio de una resolución, el que los alumnos pudieran estudiar en el idioma vernáculo oficial del país; sin embargo, como en tantas otras cosas, Spain it’s different ,y aunque se trate de algo incomprensible y deleznable, tendremos que admitir que, en Cataluña, resulta una heroicidad pedir que un alumno reciba clases en castellano.

El mismo consejero de Educación de la Generalitat catalana ha manifestado públicamente que rechaza la sentencia del TS y les pide a los centros escolares que “ignoren” la resolución judicial. ¿Un funcionario de un órgano autonómico que gobierna como delegado del gobierno de España, se permite el lujo de contradecir al TS? Pues, sí señores, con un par. Pero, nos podríamos preguntar si no conociéramos el percal, ¿cómo es posible que sucedan cosas así, que el Estado no haya tomado cartas en el asunto castigando al infractor y retirándolo de su cargo público? O ¿cómo no ha denunciado ante el tribunal competente este caso evidente de prevaricación e inducción a cometer un delito? Simplemente, porque los independentistas catalanes saben que el señor Pedro Sánchez es incapaz de tomar ninguna acción que pudiera dar lugar a que le retiraran su apoyo en el Parlamento de la nación.

Todos conocemos de sobras al señor Sánchez y sabemos que su palabra no vale un maravedís y que es capaz de prometer una cosa y, a los diez minutos, desdecirse de lo prometido. Lo hizo en sus alianzas con los comunistas de Pablo Iglesias y lo volvió a hacer pactando con Bildu, aunque las hemerotecas le hayan dejado como un mentiroso compulsivo cuando, por encima de Judas Iscariote, negó ante un entrevistador de la prensa escrita, por no se sabe cuántas veces, que nunca lo haría.

La vorágine está servida y España ya está a las puertas de convertirse en una más de estas repúblicas, sí he dicho bien, repúblicas, porque está visto que la monarquía ya ha arriado velas y se ha convertido en un juguete más en manos del futuro dictador de España, el señor Pedro Sánchez, existentes en la América latina que han caído bajo la zarpa del neocomunismo bolivariano y están demostrando la facilidad con la que se puede convertir a una nación con recursos naturales y potencial económico, cuando cae en sus manos, en una fábrica de miseria y pobreza. Alguien dice que el actual gobierno se siente preocupado por lo que pueda suceder en las próximas elecciones – suponiendo que las haya – y que, ante la posibilidad de que la derecha pudiera gobernar ( algo complicado, teniendo en cuenta los esfuerzos que hacen en equivocarse, una y otra vez), piensan que dando más poder a los sindicatos, más libertad a los huelguistas y menos control de las calles a las fuerzas del orden – todo ello se deriva, claramente, del nuevo proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que convierte a la policía y la guardia Civil, en presas fáciles para cualquiera que quiera organizar el vandalismo en las calles- el manejo del descontento que pudiera ser alimentado por los sindicatos, pondría en serios problemas a la nueva administración de la nación.

Se suceden los pactos entre las distintas formaciones de izquierdas, con los independentistas catalanes y vascos y, a la vez se van produciendo nuevos cambios, como es el caso de la enseñanza, que garantizan que los nuevos ciudadanos que salgan de las escuelas públicas y universidades van a tener una preparación peor, unos fundamentos menos sólidos y, por encima de todo, un hándicap respecto a los estudiantes de otras naciones, que en su currículo figurará que han pasado de curso con asignaturas suspendidas y que se han sacado el título con alguna de ellas sin aprobar. Estos van a ser nuestros futuros médicos, ingenieros y abogados que van a tener que competir, en una Europa de las naciones, con los licenciados de las otras naciones mejor preparados y con más prestigio.

Hoy no da para más pero nos queda pendiente un comentario respecto a la falta de diligencia, el retraso injustificado y el peligro de que España pueda perder 5.000 millones de euroseuropeas debido a la parsimonia, falta de diligencia o incompetencia de la ministra, señora María Jesús Montero, encargada del calendario de la cartera con los fondos estructurales, que según Bruselas, el ritmo de España “es muy lamentable” y que, de no presentarse la documentación en tiempo y forma, España perdería 5.000 millones de euros.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, cada día que pasa se tiene la sensación de que las sorpresas que nos esperan para el día siguiente pueden resultartodavía más preocupantes e indigeribles que las del día anterior. El convencimiento interno de que lo peor está por llegar y el amargo sabor de que, cada vez, resulta más improbable el poder detener esta tendencia no invita, precisamente, al optimismo.

Es al gran filósofo Aristóteles a quien deberemos leer hoy: “Es un principio indiscutible que, para saber mandar bien, es preciso saberobedecer “Una lección de humildad que, a algunos de nuestros políticos, les iría como anillo al dedo.

La persecución del español en Cataluña con la complicidad de La Moncloa
SI ya es insólito que el Supremo tenga que recordar que se debe enseñar en español en toda España, resulta escandalosa la respuesta de la Generalitat y de Moncloa.
Editorial ESdiario  25 Noviembre 2021

El Tribunal Supremo ha ratificado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ratificaba la obligación de impartir en español al menos el 25% de las clases en la educación pública catalana.

La réplica de la Generalitat no se ha hecho esperar y ha instado a los colegios a desoír la resolución, similar a otras en el pasado, de menos envergadura, que también fueron despreciadas sin consecuencias.

No parece que el Gobierno de España vaya a actuar en defensa de los derechos de los niños ni en aplicación del dictamen del Supremo: lo único que ha hecho en este ámbito ha sido excluir al español como lengua vehicular, como recoge la LOMLOE, una concesión más al nacionalismo sin precedentes en ningún país de Europa.

La realidad es que, en Cataluña, no solo se incumplen las cuotas de enseñanza en español: es imposible escolarizarse en el idioma nacional en algún colegio público catalán. Si un ciudadano castellanohablante se muda a Cataluña y quiere que su hijo se escolarice exclusivamente en español, solo podrá hacerlo en un colegio privado con una ayuda pública para pagar la matriculación.

¿Y Sánchez?
Semejante despropósito, sin parangón en ningún país occidental, queda ahora agravado por la complicidad del Gobierno de España, que lejos de aprovechar la resolución judicial para restituir un orden razonable, se ha concentrado en pactar con ERC que una plataforma de televisión por pago emita parte de sus contenidos doblados al catalán.

Si ya era inaudito que se consistiera un abuso tan claro sin intervención del Supremo, acaba siendo escandaloso que su resolución solo haya provocado la insumisión de la Generalitat y el silencio cómplice del Gobierno español: lo suyo hubiera sido exigir la aplicación de las normas y garantizarla como fuera si se mantiene la insurgencia. Pero lo que Sánchez ha hecho es mirar para otro lado, preocupado en exclusiva por no molestar a sus aliados

Once años ciscándose en los tribunales y no hay nadie en la cárcel
OKDIARIO 25 Noviembre 2021

Después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de aplicar un mínimo de un 25% de clases en castellano en todos los centros escolares de la comunidad, la pregunta es ¿y ahora qué? Y la respuesta en sencilla y dolorosa: pues nada, porque esta gente lleva 11 años pasándose por el arco del triunfo las decisiones de los tribunales de justicia. Así se entiende que el Gobierno catalán haya anunciado que incumplirá el fallo y que Pedro Sánchez, ante el anuncio de que volverán a desobedecer al Supremo, guarde un silencio cómplice.

No sólo han hecho oídos sordos a las resoluciones del TSJC y del Supremo, sino que también le han hecho un corte de mangas al Tribunal Constitucional, que declaró «inconstitucional y nulo» el artículo del Estatuto de Cataluña por su «pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano». Les dio igual. En diciembre de 2010, el Tribunal Supremo instó a la Generalitat a adoptar «cuantas medidas sean necesarias» para que el castellano fuese también lengua vehicular en el sistema educativo de la comunidad, junto al catalán, para así adaptarse a la «nueva situación» creada por el Constitucional.

No lo dijo una vez, sino tres, pero al Gobierno de Cataluña la triple advertencia del alto tribunal le dio igual, como le dio igual que en febrero de 2013 reconociese de nuevo el derecho de los alumnos que lo pidan a recibir sus clases en español y en catalán como lenguas vehiculares. En abril de ese mismo año, el TSJC instó a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat a introducir el castellano en las aulas donde estuviese escolarizado el alumno cuyos padres hubiesen solicitado por vía judicial la atención en español. Unos años después, en enero de 2014, este mismo tribunal fijó que se impartiese el 25% de las horas lectivas de los centros escolares en castellano en aquellas aulas en las que el alumno lo solicitase. Resultado: la Generalitat no hizo nada. En mayo de 2015, el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia del TSJC y estableció que, para llegar al 25% de castellano, debía darse en este idioma no sólo la asignatura de lengua castellana, sino también en alguna del resto de materias troncales. ¿Qué ocurrió?: pues que el Gobierno catalán se pasó la sentencia por salva sea la parte.

Conclusión: que el Gobierno de Cataluña -antes y después de subvertir el orden constitucional- vive instalado en la desobediencia. Pero como en este país los golpistas tienen manga ancha para seguir delinquiendo -más ahora que tienen cogido a Pedro Sánchez por la entrepierna-, seguirán desafiando a la Constitución, los tribunales y las leyes.

Inaceptable desacato al Tribunal Supremo
Editorial La Razón 25 Noviembre 2021

En un Estado democrático y de derecho, como es España, las sentencias de los tribunales se cumplen. Y lo mismo sucederá en Cataluña con el fallo del Tribunal Supremo que establece el porcentaje lectivo en castellano que debe aplicar la Generalitat. El procedimiento legal para ejecutar la sentencia, contenido en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, está tasado y no ofrece dudas. Será el Tribunal Superior de Justicia catalán quien vele por la ejecución de la sentencia. Hasta aquí, el Gobierno central poco tiene que hacer, administrativamente hablando, salvo alertar a la Abogacía del Estado para que actúe en su momento a instancias del Ministerio de Educación.

Así que, al menos, en este tiempo procesal, están fuera de lugar las apelaciones al artículo 155 de la Constitución, por más que entendamos la indignación que producen las muestras reiteradas de desprecio a las decisiones de los tribunales de quienes representan al Estado en el Principado y están más obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. De ahí, que si en el plano jurídico le asiste a La Moncloa una excusa plausible para la inacción, desde el punto de vista de la responsabilidad política e institucional es, sencillamente, inaceptable la pasividad mostrada ante un desacato tan desvergonzado, incluso, ratificado por escrito, como el que ha protagonizado el consejero de Educación del gobierno autónomo de Cataluña, Josép González Cambray, admonizando a los responsables de los centros educativos para que no den cumplimiento a una sentencia firme, bajo la peregrina argumentación de que se trata de un «grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, hecho desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos», como si el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fueran entes que toman sus decisiones al albur.

En realidad, nos hallamos ante un retorno a las viejas dinámicas de los independentistas catalanes, no por avisado menos grave, que juegan con la ventaja de un Gobierno en minoría parlamentaria y en el trance de la aprobación de los Presupuestos Generales. Cínicamente, podemos entender que los distintos representantes gubernamentales se hayan puesto de perfil, en la confianza de que unos trámites procesales que pueden alargarse meses diluyan la presión sobre las cuentas públicas. Pero, sin duda, no lo percibe así una opinión pública que, desde la mera racionalidad, entiende que las familias que viven en Cataluña tienen el derecho a exigir que sus hijos sean enseñados, también, en la lengua común de todos los españoles. Y que nadie aduzca que se pide un imposible. Para cumplir la sentencia del Supremo, bastaría con que la Generalitat programara una hora más de clase a la semana en castellano, que es la lengua materna de muchos catalanes.

Independentismo en Cataluña
La Generalitat incumple desde 2010 las sentencias que obligan a dar en castellano el 25% de las clases
Gonzaga Durán. okdiario 25 Noviembre 2021

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de aplicar un mínimo de un 25% de clases en castellano en todos los centros escolares de la región. Esto supone el fin de la inmersión lingüística, pero el Govern anuncia que incumplirá el fallo. No es algo nuevo. La Generalitat de Cataluña lleva saltándose las sentencias judiciales en esta materia desde 2010.

En julio de ese mismo año, el Tribunal Constitucional concluyó que era «inconstitucional y nulo» el artículo 6.2 del Estatuto de Cataluña por su «pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano». Fue en una sentencia que se produjo tras el recurso del PP contra el texto estatutario. La resolución defendía que los estatutos de autonomía son normas subordinadas a la Constitución, es decir, que están jurídicamente sometidos a la Carta Magna.

En diciembre de 2010, el Tribunal Supremo instó a la Generalitat a adoptar «cuantas medidas sean necesarias» para que el castellano fuese también lengua vehicular en el sistema educativo de la comunidad, junto al catalán, para así adaptar a la «nueva situación» creada por el Constitucional. Así lo defendió en tres sentencias tras aceptar los recursos de los padres de tres alumnos de Barcelona y Tarragona a los que el Govern denegó en 2006 su derecho a ser escolarizados en español.

El entonces conseller de Educación catalán en funciones, Ernest Maragall, afirmó que esta resolución «no anula ni obliga a modificar ningún precepto ni artículo de la normativa vigente catalana, que sigue siendo plenamente aplicable».

En febrero de 2013, el Tribunal Supremo avaló el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, aunque reconoció a su vez el derecho a las familias a escolarizar a sus hijos en castellano. En esta resolución el Supremo reconoció el derecho de los alumnos que lo pidan a recibir sus clases en español y en catalán como lenguas vehiculares. Sin embargo, no instó a la Generalitat a reformar de forma global el modelo de inmersión lingüística en la región. Esta sentencia confirmó también una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de marzo de 2012.

El Supremo respondió de esta forma al recurso presentado por Feliciano Sánchez, un padre que años antes interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat porque le habían negado su petición para que sus dos hijos, estudiantes por entonces de tercero de primaria y segundo de la ESO, recibieran clases en español.

En abril de 2013, el TJSC instó a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat a introducir el castellano en las aulas donde estuviese escolarizado el alumno cuyos padres hubiesen solicitado por vía judicial la atención en español. Fue a través de varias sentencias en respuesta a recursos presentados por varias familias que demandaron estas peticiones. En la resolución, el fallo obligaba al Govern a «adoptar las medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas».

El 25% en castellano
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya fijó en enero de 2014 que se impartiese el 25% de las horas lectivas de los centros escolares en castellano en aquellas aulas en las que un alumno lo solicitase. Fue en concreto para ocho alumnos que así lo pidieron. La sentencia era obligatoria para la Generalitat, así como a los propios directores de los colegios, en el plazo de un mes. El incumplimiento de este fallo conllevaba sanciones económicas e incluso un proceso penal por un delito de desobediencia, con la consiguiente inhabilitación.

En mayo de 2015, el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia del TSJC y estableció que, para llegar al 25% de castellano, debía darse en este idioma no sólo la asignatura de lengua castellana, sino también en alguna del resto de materias troncales. Esta sentencia rechazó también el recurso de dos familias que solicitaba que el porcentaje en castellano fuese del 50% en lugar del 25%. Estas familias sostenían que el español y el catalán «deberían ser vehiculares y en la misma proporción», argumento que rechazó el Supremo.

A pesar de estas sentencias, la Generalitat optó por desobedecerlas. Desde entonces hubo también resoluciones favorables a familias que pedían que sus hijos recibiesen un 25% del castellano en su escuela. Todo hasta llegar a diciembre de 2020, cuando el TSJC sentenció que en todos los centros escolares debían cumplir con ese porcentaje «de manera efectiva e inmediata».

El tribunal estimó en su resolución de forma parcial un recurso de la Abogacía del Estado contra varios fallos del Departamento de Educación del Govern. El TSJC señaló que el «uso vehicular» del castellano era «residual». «Al menos, así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente», apostillo la sentencia.

La Generalitat de Cataluña interpuso un recurso contra esta sentencia al Supremo, el mismo que ha sido sido inadmitido este martes por el alto tribunal. En este recurso, el Govern aseguraba que la Lomloe, conocida como Ley Celaá, blindaba la inmersión lingüística.

Tras la última sentencia del Supremo, la Generalitat no ha tardado en asegurado que la incumplirá. Una sentencia más que el Ejecutivo catalán pretende desobedecer, como lleva haciendo desde 2010. El conseller de Educación del Govern, Josep Gonzàlez-Cambray, aseguró horas después de la sentencia lo siguiente: «Seguiremos aplicando la ley de Educación de Cataluña, y dicha ley lo que implica es que el catalán es la lengua vehicular».

El Gobierno no obligará a Cataluña a cumplir la sentencia del castellano
Educación se lava las manos y el Govern confirma que la ministra Alegría le ha dado «garantías» de que no ejecutarán el fallo
Rocío Ruiz. Ainhoa Martínez.  larazon 25 Noviembre 2021

Ochenta familias han denunciado el incumplimiento del uso del castellano como lengua vehicular en la educación en Cataluña y que el Tribunal Supremo avale que el 25% de la enseñanza en esta comunidad tenga que ser en la lengua de Cervantes es la primera resolución definitiva sobre este asunto que sale de los tribunales. Pero el Ministerio de Educación y Formación Profesional aclara que no puede obligar a la Generalitat a cumplir la sentencia. «No tiene nada que hacer, corresponde a los juzgados y tribunales de Justicia ordenar su ejecución», explica un portavoz del departamento de Pilar Alegría a este diario.

Si se cumple o no la sentencia, se verá poco antes del verano, ya que antes deben cumplimentase algunos trámites. Primero, el Tribunal Supremo tendrá que comunicar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el auto de inadmisión del recurso y le devolverá el expediente judicial completo. Es entonces cuando el Alto Tribunal catalán tendrá que redactar una «providencia de devenir firme de la sentencia». Una vez cumplimentado este trámite, tendrá diez días para ordenar a la Generalitat su ejecución.

La Administración catalana podría entrar en un período de consultas con el TSJC para interpelarle, llegado el caso, sobre cómo aplicar la sentencia, por ejemplo, lo que podría ampliar los plazos para hacer efectivo el cumplimiento del auto, pero desde el Ministerio recuerdan que el artículo 118 de la Constitución recoge que son de obligado cumplimiento las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. «No hacerlo supondría incurrir en un delito de desobediencia».

¿Qué podría hacer el Ministerio entonces? «La ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa expone en su artículo 104.2 que transcurridos dos meses, si no fuera efectivo el cumplimiento de la sentencia, cualquiera de las partes pueden solicitar la ejecución forzosa, es decir, la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio y los padres que han presentado denuncia». ¿Estaría dispuesto a hacerlo el Ministerio llegado el caso? «No entramos en futuribles, pero no tenemos la menor duda de que las administraciones del Estado siempre cumplen las sentencias», aseguran las mismas fuentes.

Desde el Departamento de Pilar Alegría han descartado que la Alta Inspección del Estado tenga algún papel en este asunto, aunque sí podría intervenir la Inspección educativa, algo poco probable ya que depende de la Generalitat. Cumplir la sentencia implicaría solamente que además de que se impartiera la asignatura de Lengua Española en castellano se impartiera otra asignatura más. Al mismo tiempo, el consejero de Educación de la Generalitat, , Josep Gonzàlez-Cambray (Esquerra) presionó públicamente, señaló la estrategia y aseguró que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado «garantías» de que no ejecutará la decisión del Supremo. «La ministra instará a cumplir la LOMLOE –la nueva ley de educación–, que no habla de porcentajes», añadió el republicano en una entrevista a Rac 1 a primera hora de la mañana.

En Moncloa intentaron ayer pasar de puntillas sobre este asunto, limitándose a señalar que «el Gobierno no tiene las competencias para ejecutar la sentencia», una ejecución que sí señaló la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista en «Espejo Público», porque el «fallo es firme». En el Ejecutivo central no quieren agitar el avispero catalán en un momento especialmente delicado y beneficioso para sus intereses. En el Gobierno vieron con satisfacción como esta semana se fracturaba un poco más el frente independentista, en la negociación de los Presupuestos, después de que Aragonés optara por los Comuns y relegara a la CUP como socio prioritario. Por nada del mundo quieren ofrecer un contexto que compacte de nuevo la alianza soberanista y son conscientes de que las cuestiones identitarias, como el caso de la lengua, son «pegamento» para el independentismo. El objetivo de Moncloa es seguir tejiendo y fortaleciendo la entente con ERC para explorar un futuro de alianzas en Madrid y Cataluña.

Casado se ofrece para aplicar un 155 educativo
El líder del PP, Pablo Casado tendió la mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y le ofreció los votos del grupo popular en el Senado para poder aprobar el artículo 155 de la Constitución en el ámbito educativo con el objetivo de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de clases en español en Cataluña.

Antes de asistir a la concentración en Madrid de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana , conocida como «Ley Mordaza», Casado avisó al jefe del Ejecutivo de que está «obligado» a hacer cumplir ese fallo del Supremo y le advirtió de que si no lo hace «podría estar prevaricando». «Le ofrezco nuestros senadores para que si tiene que aplicar el artículo 155 solo en éste ámbito educativo, lo haga», afirmó el líder del PP. Apuntó que si la Generalitat se declara «en flagrante rebeldía», Pedro Sánchez tiene que hacer «todo lo que está a su alcance para que se cumpla la resolución, incluido aplicar en el Senado» el artículo 155 de la Carta Magna, que hace que esa Cámara pueda «aplicar las competencias que, según el título VIII le son propias».

Sin embargo, Casado se mostró convencido de que el presidente del Gobierno «preferirá gobernar con ERC y con la CUP», como ha ocurrido con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Al ser preguntado por las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a favor de que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano puedan ir a centros privados, Casado lo tildó de absolutamente inconstitucional».

La Generalitat llama a los colegios a desobedecer y no dar clases en castellano y exige apoyo a Sánchez
El consejero de Educación asegura que tiene garantías del Gobierno de que no ejecutará el 25% de castellano. Aragonès se reafirma en el desacato y pide una “clara defensa” de la inmersión
Cristina Rubio. Barcelona.  larazon 25 Noviembre 2021

La Generalitat se ha reafirmado en el desafío lanzado ayer tras conocer el varapalo del Tribunal Supremo al sistema de inmersión lingüística en catalán e insiste en el desacato judicial: este miércoles ha sido el propio titular de Educación, el republicano Josep González-Cambray, quien ha enviado una carta a los directores de los centros educativos en la que les anima a hacer caso omiso de la sentencia que obliga a las escuelas a dar al menos un 25% de las clases en castellano.

Es decir, llama a la desobediencia desde el Ejecutivo y pide que los colegios no cambien su proyecto lingüístico docente: “Queremos que continuéis trabajando exactamente como hasta ahora”, zanja en la misiva mandada a los directores de los 5.108 centros educativos catalanes. Y, al mismo tiempo, asegura que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado “garantías” de que no ejecutará la decisión del Supremo.

De hecho, la estrategia de la Generalitat pasa por escudarse en la “ley Celáa” -en 2015, cuando se interpuso el recurso de la Abogacía del Estado estaba vigente la Ley Wert- para seguir adelante con el modelo de inmersión y no aplicar la sentencia a favor de incrementar en un 25% la presencia del castellano en las aulas. “La ministra instará a cumplir la LOMLOE -la nueva ley de educación, “la Celáa”-, que no habla de porcentajes”, ha añadido el consejero de Educación en una entrevista a Rac 1.

Sin embargo, lo que obvia el Govern es que el TSJC constató en la histórica sentencia de diciembre del año pasado -ahora avalada por el Supremo- “una infracción del marco jurídico vigente” en alusión al Estatuto catalán, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Y es que la campaña de la Generalitat pasa por poner la lengua en el centro de su ofensiva y la ha espoleado el propio president Pere Aragonès con un mensaje directo al Gobierno, al que ha exigido que “respete” el modelo de inmersión lingüística pese al golpe de los tribunales. “Pedimos que expresen de forma clara su apoyo al modelo vigente en las escuelas. Y, a partir de ahí, que apoyen este consenso que existe en Cataluña”, ha reclamado ante la presencia de la presidenta de las Islas Baleares, la socialista Francina Armengol, en una vista a Mallorca.

Las familias mueven ficha y pedirán su ejecución
Ante este nuevo llamamiento a la desobediencia y a la espera de lo que acabe haciendo el Gobierno, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ya ha confirmado que tomará cartas en el asunto: la entidad tiene previsto acogerse al artículo 104 de la reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece que «transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa».

Todo un día después de que el Tribunal Supremo no haya admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.

El proceso independentista entra en 'fase 2'
El independentismo catalán ha cambiado de estrategia, y esta consiste en ir acelerando el intento de asimilación cultural, política y económica de la Comunidad Valenciana y de Baleares
Fernando de Rosa. esdiario 25 Noviembre 2021

Tras el fracaso del golpe de estado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, el independentismo catalán ha cambiado de estrategia, y esta consiste en ir acelerando el intento de asimilación cultural, política y económica de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares.

Para este fin cuentan con dos caballos de Troya en dichas comunidades, el partido político Compromís y el partido político Més per Mallorca. La finalidad es crear tensión identitaria en unas comunidades que suman casi 14.000.000 de españoles. Es decir, un campo de batalla que afectará a un 30% de la población española.

Del término países catalanes y su uso oficial
La primera batalla la han planteado en el Senado mediante una moción de Izquierda confederal, donde se integran dichos partidos de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana para que la televisión pública catalana, TV3, sea compartida en las tres comunidades con base a que se comparte una lengua común.

Como se ve, ERC deja el trabajo sucio a sus partidos satélites para crear la apariencia de que es una petición de Baleares y de Valencia, lo cual evidentemente es un cambio de estrategia para engañar a la sociedad, queriendo crear el ámbito territorial audiovisual de los falsarios “países catalanes”.
La TV3 es un instrumento de propaganda al servicio de la ideología del odio a los que no piensan conforme a los criterios de los partidos que apoyan una fractura constitucional

Es necesario poner de manifiesto que son continuos los ataques que se pueden apreciar en la televisión pública catalana a los valores constitucionales y a la convivencia en paz. La TV3 es un instrumento de propaganda al servicio de la ideología del odio a los que no piensan conforme a los criterios de los partidos que apoyan una fractura constitucional.

Así, por ejemplo, la fiscalía provincial de Barcelona ha iniciado una investigación sobre el programa infantil de TV3 Au pair dedicado a familias y niños, por una escena en la que un personaje cambia del catalán al español durante un momento de su actuación y les explica a los pequeños que lo hace para parecer más malo.

Este es un ejemplo de especial gravedad en la medida en la que el programa va dirigido a un público infantil de corta edad, por lo que carece de cualquier capacidad de discernimiento y por tanto supone un acto de claro adoctrinamiento hispanófobo. Este adoctrinamiento no lo queremos en la Comunitat Valenciana ni en les Illes Balears.

Nuevo escándalo en TV3 tras suprimir la cadena un ataque a la Princesa Leonor

También fue simplemente vomitiva la polémica por el gag machista y pedófilo sobre la reina Letizia y la princesa Leonor, que llevo a la televisión publica a tener que retirarlo, tras un gran escándalo.

Incluso el consejo audiovisual de Cataluña, ha recomendado a TV3 que pida excusas en antena porque las declaraciones de Pepe Rubianes, en las que mandó a la mierda a la puta España, por haber podido ofender a segmentos de la audiencia.
Los fantasmagóricos “países catalanes”

Este modelo de televisión no lo queremos para la Comunidad Valenciana ni para Baleares, porque ya está bien de los insultos a los valencianos, y a los ciudadanos de las Illes Balears, a nuestras costumbres, tradiciones e identidad, hablando de los fantasmagóricos “países catalanes”. Y ya está bien en sembrar odio contra España y los españoles con dinero público.

La nueva ofensiva independentista ha abierto otro frente, también en el Senado, donde el PSOE y su aliado PNV apoyaron la posibilidad de utilizar en la documentación oficial de la cámara el término ilegal de “países catalanes”. Para ese fin contaron con la complicidad del PSOE y sus aliados del PNV que actuaron siguiendo las directrices que tanto Compromís y ERC les marcaron en el pleno del Senado.

El independentismo catalán ha cambiado de estrategia para coger impulso cara a un próximo referéndum golpista ilegal, y quiere crear en Valencia y Baleares su campo de batalla. Lo que no se dan cuenta es que el himno de la Comunidad Valenciana comienza con la estrofa: “Para ofrendar nuevas glorias a España…”. El ataque es duro pero la resistencia también lo será.

Sánchez, un presidente para Otegi y Rufián, no para España
Entregar los presupuestos a Bildu y ERC confirma la rendición del PSOE a los partidos más agresivos contra España: votar a Sánchez es votarles también a ellos.
Editorial ESdiario  25 Noviembre 2021

Bildu ha anunciado, a través de Arnaldo Otegi, que apoyará los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez, a cambio de unas concesiones que en realidad ya comenzaron hace mucho: la principal, el rescate de los presos de ETA desde el traslado al País Vasco hasta su liberación total, lleva dos años en marcha y responde al apoyo de Bildu a las investiduras y los primeros presupuestos del PSOE, que contará también de nuevo con el respaldo de ERC, según ha confirmado Gabriel Rufián.

Sobre el papel, el respaldo del partido sucesor de Batasuna comportará la “euskaldización” definitiva de Navarra, donde ya gobierna el PSOE gracias a Bildu: la implantación de la ikurriña y del euskera en las instituciones se rematará con la difusión de ETB en la Comunidad Foral, con la misma intención desplegada desde hace años en Cataluña con TV3.

Pero más allá de los acuerdos concretos, lo sustantivo es que las necesidades del PSOE le obligan, por su negativa a buscar acuerdos con el PP, a depender de un partido que sigue sin condenar el terrorismo y no renuncia a su objetivo de imponer en el País Vasco una República Socialista.
Sánchez no puede engañar a nadie: solo pacta y se entrega a Otegi y a Junqueras. Nadie más cuenta para nada

La doble dependencia de Bildu y ERC, añadida a la de Podemos convierte de facto al Gobierno en un “rehén” de partidos cuya única razón para apoyar al Presidente está en que consideran que, de esa manera, tienen más sencillo alcanzar sus objetivos: bien la independencia y el “borrado” de sus trayectorias; bien el cambio del régimen constitucional.

Votar a Sánchez es votar a Otegi
Sánchez encabeza ahora el único Gobierno de Occidente con una doble intervención insólita en ningún otro país: la del comunismo encarnado por Podemos; y la del separatismo encabezado por un condenado por terrorismo, Otegi, y otro por sedición, Junqueras.

Nadie, pues, debe llevarse a engaño: votar a Sánchez es votar a tres partidos enemigos del régimen constitucional, confrontados con España y capaces de respaldar al Gobierno solo para debilitar al país y convertir al presidente en su mejor aliado para lograrlo.

La inmersión está muerta
Ana Losada. cronicaglobal 25 Noviembre 2021

El Tribunal Supremo acaba de poner punto final a la inmersión. Hemos de repetirlo en voz alta, repetirlo y creerlo.

Entrará aire fresco que renovará nuestras escuelas, aire limpio que arrastrará lejos el monolingüismo y borrará las huellas de una discriminación que dura ya tres décadas. Volveremos a tener centros educativos donde se estudien las matemáticas, la historia o las ciencias en español, donde se debata utilizando catalán y castellano.

No es un sueño. Hemos superado la etapa más dura, llegar hasta aquí ha llevado muchos años, pero ahora tenemos una sentencia contundente que marca, de forma meridianamente clara a la Generalitat, cómo debe de actuar.

Los medios para impartir un mínimo del 25% de horas en español están disponibles, la escuela catalana tiene docentes preparados para impartir clases en castellano y abundante oferta de material didáctico para llevarlo a cabo de forma inmediata.

La justicia ha hablado, tenemos los medios, vivimos en un Estado de derecho, ¿qué falta? Falta la voluntad política para hacer cumplir la sentencia. La Generalitat amenaza con la desobediencia​, el Gobierno de España con la irresponsabilidad de mirar “de nuevo” hacia otro lado y dejar que en Cataluña se siga incumpliendo la ley y aplicando la inmersión.

Pero esa sentencia nos da instrumentos, los ciudadanos catalanes padres de alumnos somos parte afectada de su incumplimiento. La Asamblea por una Escuela Bilingüe lidera desde estos últimos años la lucha por el bilingüismo a través de la vía judicial. Estamos preparados y respaldados por otras muchas asociaciones, y todos juntos listos para enseñarle la puerta de salida al monolingüismo, a la imposición y a la discriminación.

Hoy les pido que unamos fuerzas y aprovechemos esta oportunidad. No podemos seguir guardando silencio, seguir haciendo creer al nacionalismo que el silencio es consentimiento. No podemos continuar admitiendo que nos traten como ciudadanos de segunda. Los catalanes castellanohablantes tenemos los mismos derechos que los catalanohablantes, hemos de negarnos a continuar levantando la mano para pedir permiso y poder ejercer nuestros derechos.

La escuela debe enseñar a nuestros hijos a convivir en una sociedad bilingüe, a querer a las dos lenguas de los catalanes, a dominarlas en un registro culto, a apreciar y valorar la cultura en catalán y en castellano, a poner punto final a la instrumentalización política de la lengua.

Hoy está en nuestras manos. No perdamos esta oportunidad.

La sentencia lingüística del Supremo, un órdago para el Gobierno español
Los juristas afirman que el abogado del Estado es el que debe ejecutar la resolución sobre el 25% de castellano en la escuela; el Ejecutivo remite a la Generalitat, que se niega a obedecer
ARCHIVADO EN: LENGUA CASTELLANA, INMERSIÓN LINGÜÍSTICA, TRIBUNAL SUPREMO
María Jesús Cañizares. cronicaglobal

El Govern se ha conjurado para incumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en la escuela pública catalana. Y esa desobediencia supone un problema para el Gobierno y para los pactos entre Pedro Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonès. Juristas consultados por Crónica Global aseguran que la ejecución del fallo corresponde al abogado del Estado.

En paralelo, el Gobierno considera que es la Generalitat la que debe cumplir el mandato del alto tribunal, mientras que el Govern invoca la ley Celáa, en la que se reconoce el catalán como lengua vehicular en la enseñanza.

El catedrático de Derecho Procesal, Jordi Nieva, explica que “cualquier interesado puede intervenir, pero este incidente de ejecución lo inició el Ministerio de Educación, por lo que entiendo que es a la abogacía del Estado a quien corresponde decidir si sigue o no adelante. Depende del grado de cumplimiento que observen en el sistema educativo catalán, lo que es altísimamente opinable”.

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional, Joan Ridao, indica que se trata de un auto que inadmite el recurso, por lo que "la ejecución de la sentencia de instancia (TSJC), que fija el porcentaje del 25%, depende de que la pida el Abogado del Estado. O sea, el Gobierno de Pedro Sánchez".

Desobediencia
Por su parte, el consejero catalán de Educación, Josep González Cambray, ha insistido hoy que el Gobierno no ejecutará la interlocutoria del Supremo y ha instado a los profesores a no acatarla en un carta en la que les pide mantener sus proyectos lingüísticos en la escuelas. Asegura Cambray que la decisión del TS hace referencia a la ley Wert (aprobada por el Gobierno del PP), que "ya no está en vigor", en referencia a la aprobación de la nueva Ley de Educación (LOMLOE) por parte del Gobierno de Sánchez. Es la llamada ley Celáa, que suprime el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Según el conseller, la legislación actual da cobijo a la inmersión solo en catalán, por lo que los enseñantes tienen que continuar con la imposición de esta lengua. Incluso sostiene que el Gobierno le ha asegurado que no ejecutará el auto.

El Gobierno ha asegurado que es la Generalitat la que debe cumplirla se sentencia por ser competente en la materia. Fuentes del Ejecutivo han precisado que la obligación de ejecutar la sentencia es del Govern de Aragonés, no del Gobierno. En la misma línea, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que “el Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos”.

Para rizar el rizo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho que no es al Supremo al que corresponde su ejecución y pedir que se cumpla.

Ante esta situación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que asesora a los padres que defendieron la escolarización en castellano, ha anunciado que solicitará la ejecución forzosa si no lo hace el Gobierno.

Alud de sentencias contra la inmersión tras la resolución del Supremo
El TSJC ultima otras dos sobre escuelas que incumplen el 25% de castellano, y una decena de familias preparan recursos: “Habrá muchas más”, afirman desde Impulso Ciudadano y AEB
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 25 Noviembre 2021

“Esto no ha hecho más que empezar”. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) e Impulso Ciudadano, asociaciones que llevan años defendiendo los derechos de los padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano, aseguran que la resolución del Tribunal Supremo (TS) no es un punto y aparte en esa lucha. Habrá más sentencias, previsiblemente favorables a impartir un 25% de horas lectivas en castellano, tras la jurisprudencia del TC.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) está a punto de emitir sendas resoluciones sobre proyectos lingüísticos que no respetan ese porcentaje, avalado por la justicia. Pero es que, además, hay otras diez familias que ultiman recursos. "Y habrá más. Hay bastantes opadres dispuestos a defenderse", explica a este medio el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo.

Todo ello es fruto del trabajo de estas dos asociaciones constitucionalistas, empeñadas en demostrar y denunciar que en Cataluña se incumplen las resoluciones judiciales que fijan un 25% de horario lectivo en castellano. Esta es la cuota que los tribunales consensuaron, ante el permanente rechazo de los sucesivos gobiernos soberanistas a elevar la presencia de la lengua catalana.

Los argumentos del Govern
En efecto, la Generalitat ha recurrido sistemáticamente las sentencias catalanas, lo que había dejado en suspenso su ejecución a la espera de que el Supremo resolviera el recurso de casación. Lo ha hecho de la manera más contundente, no admitiendo siquiera ese recurso, en el que el Govern ha utilizado argumentos, según la documentación a la que ha tenido acceso Crónica Global, basados en la falta de legitimidad de los padres para cambiar el modelo lingüístico en la escuela: "El recurso de casación no discute la pretensión resuelta por el apartado 2 del fallo de la sentencia (reconocimiento del derecho de los hijos del recurrente a recibir durante su enseñanza obligatoria, junto con sus condiscípulos, en el centro y curso en el que sigan sus estudios, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable), sino que se dirige exclusivamente contra el apartado 3 del fallo, en el que se anula el proyecto lingüístico de toda la escuela”.

Un exhaustivo informe
En mayo de 2019, la AEB dio a conocer un exhaustivo informe basado en el análisis de 2.214 proyectos lingüísticos (PLC) --43 corresponden a centros de Educación Infantil Inicial (guardería), 1.626 a centros de Educación Infantil y primaria, 524 a centros de Secundaria y Bachillerato y 21 a centros especiales--. Concluía que el castellano no es lengua vehicular en las escuelas catalanas, pues ningún centro analizado cumple con el mínimo del 25% de horas en castellano impartidas en asignaturas troncales, tal como ordenan diferentes sentencias judiciales. En este sentido, solo 25 centros imparten en castellano asignaturas troncales en algún trimestre escolar.

El Govern no se lo puso fácil a esta asociación, pues en lugar de facilitarle esos proyectos, obligó a AEB a consultarlos uno por uno. Es tal la cerrazón de la Consejería de Educación en esta materia que, en septiembre de 2020, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) --el máximo órgano que vela por la transparencia de la Administración catalana-- instó al entonces consejero, Josep Bargalló, a sancionar por infracción muy grave a su Secretaría General por no atender la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) sobre los proyectos lingüísticos de los centros educativos concertados. La GAIP había requerido en cuatro ocasiones al departamento la entrega a la presidenta de la AEB, Ana Losada, de los proyectos lingüísticos de los centros concertados.

Seis proyectos anulados
Mientras tanto, el trabajo de AEB fue dando sus frutos en los tribunales. A los dos primeros proyectos lingüísticos anulados en marzo de 2021, se han sumado este mes otros cuatro nuevos. “Y habrá más. Hay bastantes familias dispuestas a defenderse. En cola tenemos unos diez recursos”, asegura a este medio el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo.

En sus alegaciones ante el TSJC, los servicios jurídicos de la Generalitat han utilizado informes de Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural para exigir a los tribunales que rechacen la pretensión de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano. En las mismas, el Govern culpaba del retroceso del catalán a las sentencias judiciales que, admite, reconocen el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, así como a la inmigración.

Uno de los recursos que en breve dictará el alto tribunal catalán es el presentado por la familia de un alumno de la Escola Vinya del Sastret (Sant Esteve Sesrovires). En su escrito de respuesta, el Govern se refiere al Informe sobre la situación de la lengua catalana elaborado por la Xarxa Cruscat del Institut d’Estudis Catalans en 2014 y 2015. Ambos documentos están supervisados por Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua.

Los abogados de la Generalitat concluyen que “el goteo constante de sentencias y resoluciones desfavorables a la lengua catalana, especialmente en el ámbito de la enseñanza", y "la reducción de personas que tienen el catalán como primera lengua, y la dificultad para atraer nuevos hablantes”, hacen necesario mantener el actual modelo de inmersión o, según sostiene el consejero de Educación, Josep González-Cambray, intensificarlo

El respirador artificial del euskera
Carla de la Lá. okdiario 25 Noviembre 2021

Hay una premisa fuera de toda controversia: si una lengua es útil para un pueblo, aunque sea por razones emocionales, no es necesaria su imposición. Del mismo modo, si un pueblo ama una lengua y se identifica con ella, esa lengua se habla, goza de buena salud y no hay que conectarla al respirador artificial de la obligación.

Sin embargo, el canal infantil en euskera de Euskal Telebista, la televisión pública vasca, se verá en todo el territorio de Navarra. Es uno de los tres acuerdos que han alcanzado el PSOE, en su negociación de los Presupuestos Generales del Estado, y el partido que lidera Arnaldo Otegi, que considera una prioridad que los menores navarros puedan ver los dibujos animados en euskera. Apuesto a que a esos pobres no les apetece nada…

Yo nací en el País Vasco y el euskera no nos gustaba a los niños (a la mayoría) por ser una lengua muy difícil (reconozcamos que no es disparatadamente eufónica) y de dudosa utilidad, por su evidente localismo. Mi padre decía, con sorna ¿eh?, que comprendía que nos obligaran a estudiarlo, que era absolutamente necesario protegerlo y fomentarlo porque si no, desaparecería. Por supuesto que no hablábamos euskera en casa, ni en la calle, ni en el colegio (quitando las cuatro horas de clase semanales); los estudiantes tenían nombres castellanos (en general) e ir a una ikastola (con educación en vasco) era algo extravagante.

Bien, desde ese modelo educativo A de siempre nos hemos trasladado al modelo D (todo euskera), ¿cómo? De manera absolutamente artificial, por obligación y asedio, por obra y gracia del espíritu del adoctrinamiento a menores y oidores.

Los jóvenes padres de hoy escolarizan a sus hijos euzkaraz y sostienen que la sociedad se ha ido decantando hacia “su propia lengua” espontáneamente; que es lo que siempre desearon porque se trata de su cultura y su identidad (que Franco reprimió cuarenta años) y que el modelo escolar A (en español) pronto habrá fallecido de forma natural.

Eso les han ido contando, y cuadra, lo primero porque una mentira que se repite mucho (bien lo sabía el dircom de Hitler) se convierte en verdad y también porque todo lo relacionado con Franco tiene muy mala pinta: cosas de malvados dictadores que se oponen a la cultura de los pueblos revoltosos. Pero ya somos adultos y a la realidad le importa poquísimo lo que digamos, e incluso lo que deseemos.

Los Mossos entran en la Universidad Autónoma de Barcelona para frenar las agresiones de los separatistas a S'ha Acabat
Pablo Planas . Libertad Digital 25 Noviembre 2021

Los Mossos d'Esquadra han entrado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona para tratar de frenar las agresiones que estaban sufriendo a manos de radicales separatistas los estudiantes de la organización constitucionalista "S'ha Acabat". Los jóvenes de esta entidad habían convocado para este jueves a las diez y media de la mañana un acto en el campus para reivindicar la libertad ideológica tras haber sufrido el acoso, la persecución y las agresiones de radicales separatistas en anteriores comparecencias en ese campus.

A los estudiantes constitucionalistas se habían sumado los partidos Vox, Ciudadanos y PP, que habían anunciado su presencia en el recinto universitario este jueves para reivindicar los postulados "en defensa de la libertad". La convocatoria era la respuesta a los ataques sufridos el pasado 6 de octubre, cuando una turba separatista destrozó una carpa informativa de "S'ha Acabat".

En esta ocasión, la presencia policial no ha disuadido a los separatistas que se han adueñado del recinto universitario ante la pasividad de las autoridades universitarias, en su mayoría de la misma tendencia política. Los Mossos han tenido que hacer un uso moderado de la fuerza para frenar las amenazas y agresiones que estaban sufriendo los jóvenes constitucionalistas.

"UAB, territorio nacional"
La presidenta de la organización "S'ha Acabat", Júlia Calvet, ha agradecido el apoyo de los partidos y organizaciones constitucionalistas: "Estamos muy orgullos de haber unido fuerzas, de haber unido a los partidos que defienden la unidad de España, la libertad en Cataluña y que no se arrodillan frente al chantaje del separatismo. Agradecemos a todas las fuerzas políticas y a todas las asociaciones que nos han apoyado en el día de hoy. Les decimos a todos aquellos separatistas más radicales y a todo el comunismo más radical que vendremos aquí las veces que haga falta para defender la libertad. No les tenemos miedo. 'S'ha Acabat' está más fuerte que nunca. UAB, territorio nacional".

El acto de la entidad, que se ha llevado a cabo en el auditorio del campus, ha contado con la presencia del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, con la del líder de Cs, Carlos Carrizosa, y con representantes de Vox como los diputados Antonio Gallego y Alberto Tarradas. El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, también se ha personado para mostrar su apoyo a los estudiantes.

Universidad Autónoma de Barcelona
El desesperado lamento de una universitaria andaluza en Cataluña: «¡No nos dan los exámenes en español!»
Fernán González. okdiario 25 Noviembre 2021

Fátima Pareja es sevillana y estudia Enfermería en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado un vídeo en sus redes sociales que inmediatamente se ha hecho viral. Reclama tener las preguntas de sus exámenes en español. Esta universitaria lamenta que se apuntó a una carrera bilingüe al 50%, pero eso no se cumple ni de lejos.

«Hola, soy Fátima Pareja, alumna de primero de Enfermería en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Necesito vuestra ayuda porque sois la última baza que me queda para intentar que los profesores que se niegan a entregar una copia del examen en castellano a las personas de fuera de Cataluña lo hagan», expresa esta universitaria que ha podido alzar la voz por tener 36.000 seguidores en redes sociales.

OKDIARIO ha tenido acceso a un correo electrónico enviado por la coordinadora del grado de Enfermería en el que confirma este hecho. «En la guía docente de la asignatura Funció del Cos Humà [Función del Cuerpo Humano] consta que la lengua de impartición es el catalán, por tanto, teniendo en cuenta que el examen de la asignatura forma parte de la tarea docente, las pruebas evaluativas de dicha asignatura tendrán que ser elaboradas en catalán, quedando a criterio del profesor elaborarlas en otras lenguas en función del alumnado que tenga en el aula, pero en ningún caso es obligatorio».

Desde el Decanato informan así a las alumnas de Enfermería que está aprobada una normativa de evaluación que indica que la guía docente de cada asignatura ha de contener toda la información incluyendo la lengua en la que se impartirá, incluyendo el enunciado de los exámenes. En relación a la promesa de que la carrera sería 50% en castellano y 50% en catalán indican que «es un error a subsanar cuando se pueda». Este periódico ha contactado con la Universidad para recabar su versión de los hechos pero por el momento no han contestado.

El malestar es tal que Fátima y sus compañeras han enviado un correo de respuesta mostrando su pesar. Además, ha grabado el citado vídeo en el que explica el problema. «En general no hemos tenido problemas porque normalmente al mandar un correo al profesor avisando y ellos nos preparan una copia en castellano el día del examen. Pero hay un profesor que se ha negado en rotundo. Nos dice: ‘yo soy un unilingüe, a mí no me pagan por traducir, a mí me pagan por enseñar’. Le ha pedido a una chica de otro curso superior que identificara las palabras más complicadas para cambiarlas por sinónimos. Las que no tenían sinónimo las puso entre paréntesis en castellano, todo con tal de no hacer el examen en español. Otra solución era sentáramos en primera fila para preguntar cada duda. Pero es un examen tipo test y el tiempo es limitado para responder. Ni siquiera nos dan más tiempo», afea.

Por otra parte, esta universitaria radicada en Cataluña recuerda que cuando se matriculó se aseguró de que «el idioma de la carrera es un 50 % catalán y un 50 % castellano». «Sino no, no me hubiera matriculado. Y esto no se cumple. A excepción de dos clases o tres que se dan en castellano, el resto son todas en catalán», comenta.

«No me quejo, al final los profesores tienen el derecho de expresarse en el idioma que mejor conozcan. Pero a nosotros, discriminación absoluta. La Universidad Autónoma de Barcelona es pública y se accede mediante una prueba de acceso que el Estado y la Generalitat de Cataluña te permite hacerla en catalán o castellano», recuerda esta universitaria.

Por último, concluye su queja exclamando: «Una voz no hace nada. Os pido por favor que me ayudéis, que nos unamos porque esto se tiene que acabar ya no por mí, sino por toda la gente que viene detrás y toda la gente que está en la carrera aguantando esto».
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