AGLI Recortes de Prensa   Viernes 26  Noviembre  2021

La España disoluta
Rafael Bardají. https://gaceta.es  26 Noviembre 2021

Para un español, lo bueno de viajar no es, como suele decirse, poder acercarse a gente distinta y culturas y hábitos diferentes, sino distanciarse de la propia. La distancia geográfica suele conllevar una distancia moral que todo lo pone en su sitio. Normalmente para bien, poniendo de relieve lo que es importante de lo que no lo es. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que alguien como Teodoro García Egea pasará a los anales de la Historia? ¿O que los ajustes de cuentas entre Cayetana y sus compañeros de bancada van a ser estudiados por las generaciones futuras?

Ciertamente es sorprendente cómo estar en la oposición agudiza en los políticos sus más bajas tendencias cainitas, incluso cuando corren en contra de sus intereses. Pero ya sabemos gracias al historiador económico Carlo Maria Cipolla en su altamente recomendable ensayo Historia de la estupidez, que el estúpido es aquel que se hace daño a sí mismo, haciendo daño a los demás. Lo malo es que él demuestra cómo la tasa de estupidez humana es constante en cualquier agrupación social que nos inventemos. De Moncloa podemos pensar en la maldad; de Génova, claramente, en la estupidez.

Muchos achacan las perversiones de la política española a las ambiciones personales. Y no digo que el ansia de poder de los individuos no tenga relevancia, pero me inclino a pensar que es el propio sistema, la partitocracia instaurada en eso que muchos llaman “el régimen del 78”, lo que permite y alimenta la mayoría de nuestros males. Los políticos están dispuestos a matar porque aman disfrutar de una posición de poder. Poder no necesariamente para hacer cosas o imponer sus ideas, sino, más mundanamente, para que se les haga algo de caso. Y eso va desde que un director de periódico se les ponga al teléfono hasta contar con coche oficial, por citar solamente dos casos.

Que la cultura política española gira sobre la centralidad de los partidos, no me cabe la menor duda. Y que éstos son aparatos cada vez más despegados de la realidad social y que sólo miran cómo continuar beneficiándose de sus prebendas, lo veo más que claro. Un ejemplo bastante anecdótico pero que refleja bien cuanto digo: el pasado sábado, en un avión tempranero que salía de Madrid hacia el norte, apenas pasaje, excepto quien escribe y un grupo de seis o siete personas que rodeaban a Inés Arrimadas. Jefe de gabinete, jefa de prensa, fotógrafo y no se qué más, sinceramente. Todos en comandita al servicio del number one. Cuando el entourage del líder es más numeroso que el número de escaños logrado en una elección, convendría hacérselo mirar. Es mi opinión personal, claro. Pero es que parte de todo eso sale de mis impuestos, no lo olvidemos.

Rara vez he coincidido con un político español que necesitara de un grupo de apoyo para sus desplazamientos, que no fuera recibido por los palmeros locales y que no desapareciera en una caravana de coches, visto y no visto. Las salas de autoridades de nuestros aeropuertos son testigo mudo de la laxitud de nuestro sistema y de los caprichos de muchos. Los romanos tenían sus juegos con los que contentar al populacho de cuando en cuando pero nosotros, desde el Covid, ni el fútbol . Bueno, el fútbol, si.

La izquierda radical de Podemos denunciaba a “la casta” no por antidemocrática, sino por envidia. La prueba es que en cuanto pudieron se montaron al coche oficial cual marqueses, obtuvieron hipotecas para casoplones no concedidas al español de a pie y están permanente dispuestos a subirse el sueldo a pesar de la actual crisis. El resto se oponía, negando la existencia de la casta. Pero ahora que ya nadie habla de ella, hay que recordar que la casta existe. Que es una capa que se ha instalado plácidamente sobre el pueblo español, sobre las instituciones y cuya existencia gira en torno a conservar sus privilegios, que son muchos. ¿Cómo explicar, si no, por ejemplo, esa tarjeta para escaparse de pagar los peajes que el actual Gobierno quiere imponer a todos los españoles?

La realidad no resiste comparación alguna: España cuenta con el mayor número de políticos per cápita del mundo; con el mayor parque móvil; con el mayor número de aforados; con el más grande número de senadores por población... y podría seguir si metemos en danza a las Comunidades Autónomas, Diputaciones, etc.

Vivimos en un estado del bienestar que busca el bienestar de nuestros políticos, no el bienestar de los españoles. Tontos por pagárselo.

A Podemos no le llega la camisa al cuello

OKDIARIO 26 Noviembre 2021

La dictadura venezolana regó de millones a Podemos para sembrar en España la semilla del populismo bolivariano. Y es que no sólo Juan Carlos Monedero llenaba sus maletas con fondos procedentes de la narcodictadura chavista -600.000 dólares en el Hotel Meliá de Caracas y otros 200.000 euros en el Hotel Alba-, sino que Nicolás Maduro, como informa OKDIARIO, recibió en 2012, año en el que el actual presidente de Venezuela ocupaba el cargo de ministro de Exteriores bajo el mando de Hugo Chávez, 2,5 millones de dólares, dinero procedente de la Embajada de Cuba en Caracas y que tenía su origen supuestamente en la refinería de Cienfuegos, propiedad en aquel momento de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que está ubicada en el país cubano. Su destino, los fundadores de Podemos.

Los investigadores de la UDEF sopesan que el dinero se envió a España mediante valija diplomática venezolana, que era, como reveló el ex jefe de la Inteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal, uno de los mecanismos para financiar al «embrión» de Podemos. En las últimas semanas, la Policía sigue el rastro de esos 2,5 millones de dólares y también está monitorizando los movimientos de Juan Carlos Monedero, comprobando minuciosamente si en las fechas en las que El Pollo Carvajal lo sitúa en Venezuela, el cofundador de Podemos estaba realmente en Caracas, con las maletas prestas para llenarlas del dinero del régimen.

Los trabajos avanzan a la misma velocidad que Monedero ha ido lentamente apagándose, tal vez porque la camisa no le llegue al cuello al comprobar que le tienen rodeado. Y es que el caudal de documentos aportados al juez es grande, lo suficiente para que su horizonte penal se vaya oscureciendo a medida que progresan las pesquisas policiales. Lo último, esos 2,5 millones de dólares que el régimen envió a España para que los fundadores de Podemos sembraran la semilla del populismo bolivariano, puede que no sean los últimos. Tiempo al tiempo.

Estamos dirigidos por mediocres
Antonio Robles. Libertad Digital 26 Noviembre 2021

Huir de la excelencia, de la jerarquía, no nos hará iguales, sino mediocres.

Los últimos cambios en el sistema educativo representan el mayor desprecio a todo cuanto ha logrado el hombre en su lucha por la emancipación. Se han criticado las medidas. Con datos, estadísticas, evidencias. ¡Qué más da! Cuando la ideología sustituye a la ciencia, la degradación emocional de la tribu lo pervierte todo. Por ello, en lugar de rebatir lo evidente, lo contrastaré.

¿Se imaginan que impusiéramos el modelo actual de educación, basado en primar la mediocridad en nombre de la igualdad y a costa de la excelencia, al mundo del deporte, de la empresa, de la medicina, de la seguridad o de cualquier otra actividad social destinada a asegurarnos prosperidad y libertad? ¿Conocen a alguien que no busque al mejor cirujano o prefiera el hospital más competente cuando vienen mal dadas? No conozco ningún país que descuide criterios de excelencia en la selección de sus pilotos, ni empresa que deje en manos de mediocres su cuenta de resultados. Tampoco conozco Estado del Bienestar alguno que se despreocupe de sus ciudadanos más vulnerables y no vele por la educación integral y democrática de todos sus ciudadanos.

Toda nuestra vida está determinada por la jerarquía del conocimiento, de la habilidad, de la eficacia, del talento y del esfuerzo, pero nos empeñamos en disimular que tales virtudes no tienen cabida en el lugar más adecuado para desarrollarlas, la escuela.

Por lo que viene lloviendo desde la Logse, ya no es cuestión de modelo escolar, afecta a los fundamentos y valores que sostienen nuestras sociedades occidentales, infectadas por ideologías igualitaristas basadas en el lamento del pobrismo y la envidia social. La igualdad es un valor para lograr mayor justicia social, no para justificar la pereza, primar el parasitismo o la persecución de quienes se esfuerzan por alcanzar mayores cuotas de bienestar.

Desgraciadamente, en España ese campo abonado por los más mediocres se ha enmascarado tras el antagonismo de derechas e izquierdas. Pero cuando algo lo explica todo, acaba por no explicar nada. El modelo lo tenemos en nuestro actual Gobierno. Toda su política social consiste en primar a la España parasitaria de la subvención frente a la España productiva, una dicotomía más real que la España de derechas y de izquierdas. Como en un mal sueño, su empeño consiste en poner trabas burocráticas e impositivas a cualquier español laborioso que se esfuerza cada día por sacar su empresa adelante, cumplir con su horario laboral con profesionalidad o buscarse la vida actualizándose cuando llega el paro, sin esperar a que papá Estado subvencione estrategias pobristas. La renta mínima universal está bien para contextos de necesidades insuperables, pero estaría mucho mejor si estuviera condicionada a determinados criterios de compromiso laboral, que impidan a populistas y parásitos vivir del esfuerzo de los demás.

Lo peor de este modelo educativo basado en una renta mínima universal cognitiva introducida en el sistema educativo por la Ley Celaá y por los decretos de la ministra de Educación, Pilar Alegría, es que no sacarán de la mediocridad a las nuevas generaciones en nombre del odio al esfuerzo y a la jerarquía cognitiva. Pasarán curso, falsificarán sus currículums, pero sólo lograrán justificar el derecho a la apatía y a la irresponsabilidad. Nada bueno se logra sin esfuerzo. Y eso se lo estarán ocultando a niños a los que les espera un mundo competitivo y limitado que no regala nada a cambio de un mínimo compromiso. El mero derecho a la educación pública no les sacará de la mediocridad ni, por lo mismo, de su escasa emancipación política y sus magras expectativas laborales. Y al final los convertirán en resentidos sociales, incapaces de solucionar su propia existencia y prestos a complicársela a los demás.

Eso no es culpa suya, es del Gobierno social-comunista, que los habrá convertido en discapacitados cognitivos desde la escuela. Huir de la excelencia, de la jerarquía, no nos hará iguales, sino mediocres. Quienes pagarán el pato al final serán los hijos de las familias más humildes sin capacidad para neutralizar la decadencia escolar y la adolescencia de sus responsables.

El círculo se cierra, la ideología reaccionaria de la izquierda de hoy, que debería primar la excelencia de los más pobres como el mejor ascensor social para su clase, los condenará para siempre a la marginación social. Una manera sucia de seguir fabricando clientes.

PS: En memoria de Antonio Escohotado, un sabio que encontró en el conocimiento la condición de toda libertad.

Catalibanes
Pablo Planas. Libertad Digital 26 Noviembre 2021

El cumplimiento de las sentencias en materia de inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña implicaría que los centros impartieran dos asignaturas en español, la de lengua española y otra más. Eso es todo. Sin embargo, la Generalidad se niega por sistema a acatar los fallos judiciales porque considera sin fundamento alguno que esa hora de más de español ("castellano" dicen los prebostes lingüísticos separatistas para evitar el término del país maldito) sería letal para la salud del catalán como lengua vehicular en la enseñanza y es un ataque contra la autonomía, la patria y el pueblo catalanes.

Como quiera que el Estado lleva cuarenta años ausente de Cataluña, el incumplimiento de las sentencias no sólo es posible, sino que tiene premio. Cuanto más pública es la desobediencia, más prestigio adquieren las autoridades regionales que se mofan del poder judicial y actúan como si Cataluña fuera su finca privada. Lo que está en juego no es la buena salud del catalán, sino la desaparición del español del sistema educativo público, fenómeno imprescindible para que los separatistas alcancen su objetivo, la independencia.

No defienden la inmersión lingüística en catalán, que es un tortuoso experimento sociológico que ha fracasado de manera rotunda, sino el puro y duro adoctrinamiento catalanista, el odio contra todo lo que huela a España, a historia, cultura y lengua españolas. Antes aceptarían una segunda hora lectiva en urdu que en español. Y además pretenden que eso que llaman la escuela catalana sea una especie de Las Vegas donde todo lo que suceda ahí, ahí se quede.

No aceptan más autoridad que la suya, la de los catalibanes de la lengua, los mulás del catalán, los que espían en qué idioma hablan los niños en el patio, los comisarios lingüísticos que denuncian a los tenderos que rotulan en español. De ahí que el consejero de Educación de la Generalidad, Josep Gonzàlez-Cambray, obligue a los directores de los colegios a desobedecer al Tribunal Supremo con el argumento de que en Cataluña no hay más ley que la "ley catalana". O sea, la del separatismo. Es el mismo individuo que nada más tomar posesión del cargo envió una carta a los directores de los centros para pavonearse y asegurarles un gran protagonismo en la "Generalidad republicana". Ya sólo por eso debería haber sido cesado. Pero eso, claro, no pasaría nunca en Cataluña.

Con Gonzàlez-Cambray hemos topado, el autor de la siguiente divisa: "La escuela en Cataluña es y será democrática, social, feminista, verde y en catalán". El consejero es un sujeto que pide a los profesores que delaten a quienes se dirijan a sus alumnos en español, el que promete "herramientas" a los directores para intervenir contra esos docentes. La educación de los niños cuyos padres no tienen más remedio que enviarlos a centros públicos está en manos de un individuo al que solo le importa eliminar el español de las aulas, los comedores y los patios. Y que se jacta, a mayor abundamiento, de que no acatará ninguna sentencia. Y es que él, como tantos de sus colegas, no reconoce a los jueces hasta que no le queda más remedio que reconocer que le han inhabilitado, ¿verdad, Torra?

Claro que de momento este tipo dice contar con la promesa de la ministra de Educación, Pilar Alegría, de que el Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia, de modo que los separatistas podrán seguir haciendo lo que les dé la gana en sus madrasas, como siempre desde hace cuatro décadas.

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La buena vida del separatismo
El coste de las cesiones del Gobierno a los partidos nacionalistas e independentistas, incluso a Bildu, es de más de 400 millones de euros. Y no es gasto productivo, sino identitario
Editorial ABC 26 Noviembre 2021

Los pactos de Pedro Sánchez con el nacionalismo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y asegurarse la legislatura se saldaron ayer mismo con un sobrecoste que los españoles van a pagar de su bolsillo. La suma de las cesiones extra de Sánchez a los partidos nacionalistas supera los 400 millones de euros. Se trata de una cifra de gasto innecesario, improductivo, injustificado, tendente solo a pagar no un precio, sino un rescate, porque se parece más a una extorsión que a una transacción. A lo largo de la historia de la democracia, todos los partidos han hecho concesiones a formaciones nacionalistas, pero solo Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez habían dado el salto a los pactos con partidos directamente separatistas, golpistas y proetarras.

Siguen en el recuerdo las negociaciones de Felipe González y de José María Aznar con la Convergencia de Pujol y el PNV de Arzalluz, pero, además de las exigencias que imponían aquellos tiempos, como una política de efectos inmediatos para entrar en el euro, en el caso de Aznar, esos pactos mantenían ciertos equilibrios de vigencia constitucional con el nacionalismo. Ahora, esos equilibrios son un simple recuerdo, porque los interlocutores de Sánchez no son lobos disfrazados de corderos, sino lobos que hacen alarde de serlo, que se jactan de pactar sus votos a cambio de presos, de impulsar una ‘euskaldunización definitiva de Navarra’, de arrancar del PSOE cesiones que el PSOE juraba que no iba a hacer, o de financiar las políticas lingüísticas crispantes de la convivencia en Cataluña. Pactan con Sánchez los golpistas y los proetarras del Congreso, algo que Odón Elorza, obsesionado con la derecha de modo casi enfermizo, pasó por alto en su éxtasis antifranquista.

No es demagógico preguntarse qué planes de inversión, o de apoyo social o de alivio financiero podrían sostenerse con esos más de 400 millones. Es una pregunta muy razonable y oportuna en un tiempo como el actual, en el que la política social y económica del Gobierno es agónica y precaria. La actividad de la economía no garantiza el nivel adecuado para cumplir con las expectativas de ingresos anunciados por el Gobierno. El ministro Escrivá no sabe cómo asegurar el pago de las pensiones, a pesar del aumento de los costes laborales que van a soportar las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan empleo a la gran mayoría de trabajadores. Se penaliza el ahorro, se siembra España de peajes, la electricidad encarece en cascada todos los productos de consumo de las familias, y el Gobierno se aferra a los fondos europeos para salir del trance. Pero los nacionalistas consiguen ser inmunes a las apreturas y exigen cupos privados y acuerdos selectivos que solo satisfacen sus expectativas políticas sin redundar en el bien general.

En una situación marcada por la incertidumbre de la evolución de la pandemia, de la economía y del empleo, solo los nacionalistas consiguen tener claro lo que quieren recibir y lo que van a recibir. Las inquietudes son solo para los españoles que no tienen pulsiones separatistas, ni representan el legado de ETA, ni amenazan continuamente con volver a declarar la independencia. Para estos, el Gobierno de Pedro Sánchez se cuida mucho de que no se enfaden y paga un precio -además del dinerario, el del acuerdo y la afabilidad- que escatima a los autónomos, a las familias, a los transportistas, a las fuerzas de seguridad del Estado y la oposición democrática. El futuro inmediato de España se está escribiendo así, a seis manos entre Gobierno, con su extrema izquierda incluida, golpistas y batasunos. Los resultados están a la vista.

Sánchez se asegura un futuro, España, no
Editorial La Razón 26 Noviembre 2021

La legislatura se ha despejado para Pedro Sánchez de forma definitiva al menos en lo que afecta al guion presupuestario que sostiene las políticas del Estado. Al presidente ni siquiera le ha hecho falta aquello de hacer de la necesidad virtud, porque los engranajes de la mayoría Frankenstein están perfectamente engrasados se diga lo que se diga y vendan lo que vendan los socios implicados. El feliz desenlace para La Moncloa nunca ha estado en peligro porque el mercadeo y la transacción han funcionado como un reloj suizo.

Casi 300 millones de euros han costado al erario los votos separatistas y bilduetarras, en un espectáculo reiterativo que no guarda relación con el interés general y sí con el ejercicio de una política menor y mezquina en la que los ciudadanos y su bienestar nunca se encuentran en el centro. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, los segundos del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, ha salido adelante en el Congreso con una mayoría holgada de 188 apoyos, más de la mitad de la Cámara, y que replica casi milimétricamente los escrutinios de las cuentas del ejercicio anterior. Por si le faltaba viento a favor al presidente para alcanzar el principal objetivo que es empujar las próximas elecciones generales hasta los albores de 2024, con el semestre español de la UE finiquitado, sus planes financieros han recibido incluso la bendición de la Comisión Europea, acomodada en la manga ancha dispuesta para afrontar la pandemia. La generosidad de Bruselas en la fiscalización de unos Presupuestos, cuyas estimaciones y rumbo han sido refutados por notables instituciones nacionales e internacionales, da que pensar sobre la intensidad y minuciosidad de una supervisión que únicamente solicita una política fiscal «prudente» para contener la colosal deuda de nuestro país.

Sánchez ha superado otro de esos obstáculos en su faceta de resistente pese a todos y todo, pero lo más probable es que los Presupuestos tengan serias dificultades para sobreponerse a las pruebas de estrés que el porvenir económico y político apunta, y que refleja este presente de contestación social y conflictos laborales en la calle. Las cuentas, expansivas, sustentadas en fondos europeos condicionados a reformas estructurales intensas y en extraordinarios esfuerzos impositivos sobre una ciudadanía y un tejido empresarial maltrechos, reproducen un modelo de gasto ineficiente con carencias para consolidar una recuperación robusta como refrenda la desaceleración actual. Que los principales enemigos de la Constitución sean los padrinos del proyecto es un signo consolidado de estos tiempos en los que el bien común ha sucumbido entre los trapicheos y las bambalinas del poder político. No hay más Estado ni más garantías y sostén para millones de compatriotas que pasan tiempos de necesidad. España no gana con los Presupuestos de Sánchez.

No es el 25 por ciento
Cristina Losada. Libertad Digital 26 Noviembre 2021

El Gobierno catalán ha reaccionado con el mayor dramatismo a la sentencia del Supremo que ratifica otra del TSJC que ponía cierto freno a la llamada inmersión lingüística. Es un grave ataque a la escuela catalana, sentenció Aragonès. Y es de lo más suave que se ha dicho. La tónica general de las reacciones, tanto de la Generalitat como de los satélites subvencionados que hacen pasar por sociedad civil, es como si acabara de encenderse la mecha de una bomba que aniquilará la lengua catalana, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Es importante recordar el aprecio que tiene el separatismo catalán por la cohesión social: la hicieron saltar en pedazos con el golpe de octubre del 2017. Pero, en fin, esta tremenda ola de destrucción va a llegar, según la Generalitat y sus satélites, si se imparte un insignificante 25 por ciento de clases en español en los centros escolares de la comunidad.

Vale, un 25 por ciento es mucho cuando partimos de un cero por ciento, que es lo que hay en la actualidad y desde hace mucho tiempo. Pero un 25 por ciento significa que el 75 por ciento restante se puede dar en catalán con todas las bendiciones de los altos tribunales que se han pronunciado sobre el asunto también desde tiempo atrás. Pues no. Ese 25 por ciento, insisten, es terrible y catastrófico. Y, en cierto modo, sí que es terrible y catastrófico, y más que nada peligroso para el poder nacionalista. Lo capital no es que se tenga que dar un 25 por ciento en español, sino que se tenga que dar. Porque el poder nacionalista tiene muy claro que su poder se basa en que no haya otro. Se funda en la condición de que ningún otro poder de los que existen en un Estado democrático pueda inmiscuirse en el suyo. Ni otros poderes políticos, verbigracia el Gobierno de España, ni el Poder Judicial deben tener la capacidad de entrometerse. Esto, para el poder nacionalista, no es una cuestión menor, sino una cuestión de supervivencia.

La incendiaria oposición del separatismo a ese nimio 25 por ciento no tiene que ver con su pretendida defensa del catalán o de la inmersión como el procedimiento para que la lengua se mantenga viva. La propia inmersión nada tiene que ver con esos propósitos. De hecho, según la propia Generalitat, no los ha conseguido. Hace poco hizo pública una encuesta según la cual el uso de la lengua catalana ha retrocedido. Y en la enseñanza, donde se aplica con el mayor rigor y vigilancia. ¡Después de años y años, fracaso! Pero es que no se trata del idioma, no va esto de salvar una lengua minoritaria, sino del poder. La inmersión representa el yugo nacionalista. Es el aro nacionalista por el que resulta obligado pasar. Es símbolo de quién manda y debe mandar: el nacionalismo y nadie, absolutamente nadie más.

Cumplir la sentencia del TSJC, ahora ya sentencia firme, supondría para el poder nacionalista una señal de debilidad que, dada su peculiar naturaleza, no se puede permitir. Pero, eso sí, como ya le han visto estos años algo más que las orejas al lobo de la inhabilitación, han dado a entender, como quien no quiere la cosa, que la responsabilidad es de los centros. Son los centros escolares los que hacen los proyectos lingüísticos. Que no los cambien, han dicho desde arriba. Pues que no los cambien y las direcciones de los centros tendrán que responder por incumplir la sentencia. Porque en algún momento, más pronto o más tarde, ocurrirá.

Y ahora, ¡a por el 50%!

Alejandro Tercero. cronicaglobal 26 Noviembre 2021

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre pasado, por la que se ordena a la Generalitat a impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo catalán, ya es firme. El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Govern y ya no hay más recorrido judicial que valga.

Pero la más que previsible decisión del Alto tribunal merece algunas breves reflexiones.

En primer lugar, no hay matices posibles a lo ordenado por los tribunales. La lengua vehicular tiene que ser el español en, como mínimo, el 25% del horario lectivo de toda la educación obligatoria (no solo de los grupos en los que un alumno lo pida), y eso debe incluir, al menos, una asignatura troncal o similar. Nada de materias secundarias ni otros subterfugios. Es decir, la inmersión ha muerto.

Segundo. Apelar a la nueva ley educativa (Lomloe o ley Celaá --aprobada a finales de 2020 y en vigor desde este curso--) no le servirá a la Generalitat para incumplir el 25%. Y es que, aunque el contencioso se inició con la anterior ley vigente (Lomce o ley Wert), los tribunales dejan claro que el derecho a recibir una parte de la educación en castellano --al menos, el 25%-- es un derecho constitucional, independientemente del marco educativo nacional o autonómico que esté en vigor.
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Tercero. La posible pasividad del Gobierno de Sánchez tampoco eximirá a la Generalitat de su cumplimiento. Lo normal sería que la Abogacía del Estado --que es quien inició el contencioso en tiempos de Rajoy-- actuara pero, según el consejero autonómico de Educación, Josep González Cambray, el Ejecutivo le habría garantizado que no adoptará ninguna iniciativa para exigir la ejecución de las sentencias. Sin embargo, según los juristas, cualquier padre afectado también podría instar la ejecución del fallo, que activaría todo el mecanismo judicial para su ejecución.

Cuarto. El incumplimiento de la sentencia por parte del Govern o de los directores de los colegios podría salirles muy caro. Tanto el consejero de Educación como los máximos responsables de los centros educativos se enfrentarían a un delito de desobediencia y podrían ser inhabilitados e incluso multados. Recordemos que Quim Torra perdió la presidencia de la Generalitat por un delito similar y que diversos alcaldes de municipios catalanes han acatado a regañadientes la ley de banderas tras ser amenazados por los tribunales con multas e inhabilitación. También cabe recordar cómo se autodisolvió de inmediato la sindicatura electoral del 1-O cuando el TC advirtió a cada uno de sus miembros de que les multaría con varios miles de euros diarios. Fue mano de santo.

Quinto. La Generalitat lo tiene muy difícil para ganar tiempo. La sentencia es firme y deja muy claro que debe aplicarse de forma efectiva e inmediata. Ya no hay más instancias judiciales posibles a las que recurrir para marear la perdiz.

Y último, pero no menos importante. La siguiente batalla será la de conseguir que se imparta en español aproximadamente el 50% de la educación. Y es que los tribunales han dejado claro en repetidas ocasiones que el 25% no es el tope sino el mínimo que se tiene que impartir en cada una de las dos lenguas oficiales en toda la comunidad catalana.

En diversas sentencias (por lo menos en diciembre de 2010, en mayo de 2011 y en enero de 2014), el Tribunal Supremo ordenó a la Generalitat que “el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria”. E insistía en que “ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción” y solo si la Generalitat “estimase la existencia aún de un déficit en el proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de Cataluña, se debería otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castelllano en una proporción razonable”. Un trato diferenciado que el TSJC limitó por primera vez en enero de 2014 --y ante la rebeldía de la Generalitat-- a que el español tuviera esa ya famosa “presencia mínima” del 25%​.

En base a esos argumentos --que son jurisprudencia consolidada del TS-- hay asociaciones en defensa del bilingüismo en Cataluña que ya trabajan jurídicamente para que los tribunales exijan a la Consejería de Educación que justifique debidamente por qué debería impartir solo el 25% en castellano, y no el 50%, como ordena la justicia. Es decir, se trata de obligar a la Generalitat a que documente fehacientemente que el catalán no está normalizado, o en qué zonas pudiera no estarlo.

¿Por qué se deben dar en español solo el 25% de las clases en Ripoll o en Puigcerdà, si la mayoría de sus habitantes dominan el catalán y lo hablan habitualmente, según los estudios de la propia Generalitat? ¿O por qué se debe impartir en castellano solo el 25% de las clases si la amplísima mayoría de los menores de 50 años saben perfectamente catalán en toda la comunidad, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)?

Vehiculariedad del castellano en la escuela catalana y desobediencia
Rafael Arenas García. https://www.hayderecho.com 26 Noviembre 2021

En abril de 2015, la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Educación, recurría ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la inactividad de la administración autonómica al no implementar las medidas necesarias para que en todos los centros educativos de Cataluña al menos una cuarta parte de la docencia se impartiera en castellano.

En otros dos artículos ya me había ocupado de cuáles son las exigencias constitucionales sobre la presencia del español en la educación (aqui y aquí). El resumen es que el castellano ha de ser utilizado como lengua de aprendizaje en todas las Comunidades Autónomas, aunque tengan otra lengua oficial. Si no se ofrece a las familias la posibilidad de optar entre la enseñanza en castellano o en la otra lengua oficial de la Comunidad Autónoma y existe, por tanto, un único modelo lingüístico para toda la Comunidad, en éste el español ha de ser, junto con la otra lengua oficial, idioma de aprendizaje (vehicular), sin recibir el trato de una lengua extranjera. Los tribunales establecieron que si la docencia en español era inferior al 25% su tratamiento era el de una lengua extranjera. A partir de aquí, el legislador podría establecer un porcentaje mayor de presencia del castellano; pero nunca reducirla por debajo de ese mínimo.

Ante el incumplimiento de la administración autonómica en Cataluña, varias familias habían recurrido a los tribunales exigiendo que en los grupos en que se escolarizaban sus hijos se cumpliera con esa exigencia de una presencia mínima de castellano como lengua de aprendizaje; pero, dado que los particulares solamente podían instar el reconocimiento de sus derechos, pero no de otros, ninguna de las sentencias que se habían dictado tenían un valor general.

El recurso planteado en 2015, y que es de la autoría intelectual de Severo Bueno, Abogado del Estado lamentablemente ya fallecido, y que no pudo llegar a ver la sentencia que resultaba del recurso que habían preparado; tenía una naturaleza diferente a los planteados por las familias. En éste, era el Ministerio de Educación el que solicitaba a los tribunales que declararan el incumplimiento en el que había incurrido el Departamento de Enseñanza de la Generalitat al no establecer un sistema educativo en el que el español tuviera la presencia mínima que permitía afirmar que no recibía el tratamiento de una lengua extranjera.

El 16 de diciembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia en la que admitió el recurso planteado por la Abogacía del Estado en el punto que acabo de comentar. La Sentencia declaraba expresamente “la obligación de la Generalitat de Catalunya de adoptar las medidas que sean necesarias al efecto de garantizar que, en las enseñanzas incluidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

La Generalitat planteó recurso de casación contra la decisión del TSJC; pero el TS, según hemos sabido estos días, ha inadmitido dicho recurso. Como es sabido, en la actualidad la puerta que conduce a la casación en el orden contencioso-administrativo es estrecha, y no resulta fácil superar los requisitos que establece el artículo 88 de la Ley 29/1998 y en este caso el recurrente no pudo convencer al Alto Tribunal de que el caso presentara el interés casacional que habilita la tramitación propiamente dicha del recurso. El resultado de lo anterior es la firmeza de la sentencia dictada por el TSJC en diciembre de 2020 que deberá ser cumplida por la Generalitat en los términos en los que fue dictada (art. 103.2 de la Ley 29/1988). Es decir, la Generalitat estará obligada a adoptar de manera inmediata (porque así lo establece la parte dispositiva de la Sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020) las medidas necesarias para que todos los alumnos de los centros educativos catalanes reciban, al menos, un 25% de docencia en castellano.

En una situación no patológica, no habría excesiva discusión sobre este punto: la sentencia es firme, ha de ser cumplida y, además, ha de ser cumplida de inmediato. La Generalitat debería haber anunciado ya que, en su condición de administración pública obligada -como todos- a obedecer las decisiones de los tribunales, iniciaba los trámites para adoptar las medidas exigidas.

Lo que ha sucedido, sin embargo, es que la Generalitat ha anunciado justamente lo contrario. Tanto en rueda de prensa celebrada el día 23 de noviembre, como en un mail enviado a los directores de las escuelas e institutos catalanes el 24, el Consejero de Educación ha indicado que la sentencia es un ataque a la escuela catalana y ha indicado a los centros educativos que no modifiquen sus proyectos lingüísticos y sigan actuando como lo habían hecho hasta ahora.

Se trata, evidentemente, de, como digo, una situación patológica, puesto que principio esencial del Estado de Derecho es el acatamiento de todos, pero especialmente de los poderes públicos a las decisiones judiciales. La franca y abierta rebeldía institucional que ha declarado la Generalitat supone una quiebra relevante de los principios democráticos de consecuencias difícilmente mesurables, tanto en el orden interno como en el europeo, pues hemos de recordar que la Unión Europea está especialmente vigilante con el cumplimiento de los estándares democráticos y del Estado de Derecho, hasta el prever la suspensión de los fondos europeos cuando se produzcan vulneraciones del Estado de Derecho en un estado miembro.

Desde la perspectiva interna, hemos de tener en cuenta que la Sentencia que ahora es firme, declaraba que el sistema educativo en Cataluña no se ajustaba a las exigencias constitucionales; esto es, declaraba que la Comunidad Autónoma vulneraba la Constitución. Esto es significativo, pues implica que la desobediencia de la Generalitat a la decisión judicial es también un incumplimiento de la Constitución, no solamente en lo que se refiere a la obligación de los poderes públicos de acatar las decisiones judiciales, sino también por el mantenimiento de un sistema educativo que no responde a las exigencias sobre la oficialidad del castellano y al respeto a los derechos lingüísticos delos ciudadanos. El ordenamiento jurídico dispone de mecanismos para este supuesto de hecho (incumplimiento por una Comunidad Autónoma de las obligaciones constitucionales).

Más allá (o más acá) de lo anterior, es preciso ver cuáles son las vías ordinarias para conseguir la ejecución de una decisión judicial que no es cumplida por la administración condenada. La Ley 29/1998 prevé la posibilidad de la ejecución forzosa de dicha decisión, pudiendo instarla las partes en el proceso (en este caso, el Ministerio de Educación) o cualquier afectado por la Sentencia (artículo 104.2). Esto implica que si el Gobierno de España no insta dicha ejecución forzosa cualquier familia con hijos escolarizados en Cataluña o asociaciones que tengan por objeto la protección de los derechos lingüísticos de los ciudadanos podría instar dicha ejecución forzosa, una ejecución para la que sería competente el TSJC y que podría incluir el requerimiento a las autoridades del Departamento de Educación o a los responsables de los centros educativos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que establece que el Tribunal pueda pedir la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada.

Pese a lo que se ha señalado, en este caso no habría que esperar para esta ejecución forzosa al transcurso de los dos meses que prevé el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, ya que dicho precepto también indica que que la sentencia puede establecer otro plazo para el cumplimiento. Y ya hemos visto que en este caso la Sentencia indica que el cumplimiento ha de ser inmediato. Finalmente, en caso de que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia no la acaten, podría darse el supuesto del artículo 410 del Código Penal (delito de desobediencia). La duda es si la carta remitida por el Consejero de Educación a los directores de los centros educativos indicándoles que no han de modificar su actuación como consecuencia de la sentencia no supone ya incurrir en ese tipo (“Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales… incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”).

Si existe un requerimiento por parte de la autoridad judicial nos encontraríamos en el supuesto del artículo 412 del Código Penal. En definitiva, nos encontramos ante una decisión histórica -la del TSJC de diciembre de 2020- que ahora deviene firme y, a la vez, con una grave crisis institucional como consecuencia de la abierta negativa de la Generalitat a dar cumplimiento a dicha decisión

Cumplimiento de las sentencias y garantía de los derechos
Teresa Freixes. https://www.elimparcial.es 26 Noviembre 2021

Catedrática de Derecho Constitucional. Vicepresidenta de la Royal European Academy of Doctors

El art. 118 de la Constitución dispone que “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

Ello trae a colación el reciente auto del Tribunal Supremo por el que se rechaza la tramitación del recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma en la que se disponía que al menos un 25 % de las materias escolares debían ser impartidas en lengua española, que es tan oficial como la catalana en ese territorio, por expresa disposición del art. 3 de la Constitución y el art. 6.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y lo trae a colación porque, tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, las autoridades de la Generalitat y las organizaciones sociales secesionistas se han apresurado a declarar que piensan hacer caso omiso de lo que el Supremo decida porque la administración catalana no piensa variar el régimen de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña desde mediados de los años ochenta.

No siempre, ni desde el nacionalismo, se pensó en la inmersión en catalán. Cuando se adoptó no fue por razones pedagógicas sino políticas (del mismo modo que se ha hecho en Groenlandia). En los años 70 el movimiento de enseñantes demócratas, que era extenso en Cataluña (no tantos como algunos creían pero sí más de lo que otros deseaban) se aglutinó en torno a dos grandes corrientes. Por una parte, María Rubies, fundadora de l'Escola Espiga, escuela privada de cierto nivel, una de las primeras que impartió enseñanza en catalán; miembro del Omnium Cultural de aquellos tiempos, militante de Convergencia Democrática de Cataluña enseguida, promovía la enseñanza primaria en lengua materna, la catalana, seguramente porque era la mayoritaria en aquellos años. Como oponente pedagógica se situaba Marta Mata, fundadora del movimiento Rosa Sensat, inserto en el catalanismo socialista, defensora de la escuela pública laica y de la renovación pedagógica. Las dos pedagogas tuvieron también una importante carrera política, en Convergencia María Rubies y en el PSC Marta Mata. Ambas corrientes coexistieron durante algunos años, en los que el aprendizaje en lengua materna era indiscutido y defendido tanto por el grupo de Rubies como por el de Mata, si bien los primeros hacían más hincapié en la catalanidad y los segundos en el carácter social de la educación. Con ello se pretendía que, partiendo de la lengua materna, se fuera introduciendo la otra lengua progresivamente a lo largo de la educación primaria, para que al llegar a la secundaria se dominaran ambas por igual.

Pero no se pudo culminar el ciclo porque, de la noche a la mañana, el principio de la educación primaria en lengua materna dejó de existir, para ser sustituido por la llamada inmersión lingüística en catalán, adoptada desde las cúpulas educativas sin que en las bases hubiera existido ni tan siquiera un debate o discusión serio al respecto. El instrumento que se utilizó para ello fue la subvención condicionada para la escuela privada concertada y la simple y llana imposición para la escuela pública. Ello se inició en el "cinturón rojo", concretamente en Santa Coloma de Gramenet, porque era zona castellanohablante, al estar su población formada mayoritariamente por personas venidas de otros lugares de España. Prácticamente de la noche a la mañana, los niños de toda Cataluña pasaron a tener el catalán como lengua vehicular en la enseñanza.

Siempre me he preguntado cómo había podido suceder tal cosa y cómo no había habido "resistencia" eficaz por parte de los docentes. Asistí perpleja al hecho de que fuera considerada "natural" tal inmersión; los padres parecían querer que sus hijos siguieran las enseñanzas en catalán porque así se integrarían mejor en Cataluña. Los partidos políticos estaban todos de acuerdo con el modelo, socialistas y comunistas (que eran los mayoritarios en el cinturón industrial) incluidos. La propaganda oficial afirmaba que el catalán estaba en peligro de desaparición y que era necesario consolidarlo mediante la inmersión. Con ello, el Govern de la Generalitat, ya al servicio de Jordi Pujol, comenzó a preparar sus planes de consolidación del modelo educacional para la "construcción nacional", utilizando la lengua como instrumento político hasta nuestros días. En el documento que se hizo público en 1990, dedicado a la "Estrategia de la recatalanización", adoptado por el entorno de Jordi Pujol a principios de los años 80, se detalla con precisión el alcance de esta estrategia.

Ese acomodo “sin problemas” tuvo, sin embargo, uno. Quienes se opusieron, que hubo unos cuantos, fueron sentenciados a la muerte civil, profesional y social. Los partidarios del bilingüismo, asimilados a “los colonizadores de siempre” por la prensa pujolista y los entonces prebostes del régimen (acompañaban entonces a Pujol, Millet, Montull, Prenafeta, Alavedra….), especialmente tras el denominado “Manifiesto de los 2.300”, que se hizo público el 25 de enero de 1981, movilizaron a todas sus fuerzas (legales e ilegales, que de todo había) hasta que consiguieron que los profesores castellanoparlantes abandonaran Cataluña. Inhabilitaciones, presiones, telegramas personales a miles de maestros… El texto que los telegramas contenían era el siguiente: “No habiendo Vd. superado la prueba de catalán, tiene Vd. cinco días naturales para pedir plaza fuera de Cataluña, porque si no se la pedirán de oficio”. En el curso 1984/85 ya habían abandonado Cataluña catorce mil maestros y profesores. Muchos de ellos se habían batido el cobre en las coordinadoras antifranquistas, habían formado parte de movimientos vecinales y la práctica totalidad estaban perfectamente integrados en esa Cataluña plural que teníamos entonces. En paralelo, desde la Generalitat, se ha había ido pergeñando el recambio, regulando la organización de los centros escolares y la inspección educativa de modo que constituyeran la garantía de la “catalanización” de la enseñanza como eje de la construcción nacional de Cataluña.

Consolidado, pues, el régimen de inmersión, el catalán, como lengua vehicular en la enseñanza ha sido utilizado como elemento de creación de identidad nacional, pues no sólo se trataba de generalizar el instrumento, es decir, el idioma, sino de construir todo un ideario y un argumentario nacionalista. Es bien sabido que la educación (y la comunicación) constituyen los dos ejes sobre los que proyectar no sólo conocimiento sino también sentimiento de pertenencia a una comunidad concreta. Y el nacionalismo lo ha hecho, y con creces, a lo largo de toda nuestra historia democrática reciente.

Por ello cuando, el 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro que el español tenia que ser, como el catalán, lengua vehicular de la enseñanza en los centros de Cataluña, y que ello comportaba que, al menos el 25 de las materias tenían que ser impartidas en cada una de las dos lenguas co-oficiales, la Generalitat se apresuró a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recurso que ha sido desestimado y que deja, pues, que adquiera firmeza la sentencia pronunciada en su día por el TSJC.

Esta desestimación del recurso significa, en la práctica, que el régimen de inmersión lingüista hasta ahora practicado no es legal y que, por consiguiente, para dar el cumplimiento a la sentencia firme que la Constitución, como hemos visto, exige, el régimen del uso de la lengua en la enseñanza, debe ser revisado y adaptado a los criterios sentados por el Tribunal Supremo. Pero no. La Generalitat se ha vuelto a apresurar, afirmando que nada debe cambiar al respecto y ha dado instrucciones en tal sentido a los directores de los centros educativos.

Aparece en este punto aquí otro fenómeno curioso, que es el de presenciar cómo los poderes públicos españoles parecen inhibirse acerca de este problema: el Gobierno y la administración educativa de una comunidad autónoma no quieren dar cumplimiento a una resolución judicial que les vincula y el Gobierno y la administración educativa españoles miran hacia otro lado, sin que parezca preocuparles tal incumplimiento.

Técnicamente se trata de un tema de ejecución de sentencias judiciales, ejecución que es obligatoria y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la consideran inherente al derecho a la tutela judicial efectiva del art 24 de la Constitución, en correspondencia con el art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un recurso efectivo. En este sentido, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone, en el art. Art. 109, que la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes: Cuál debe ser el órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones, cual ha de ser el plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran y cuáles deberán ser los medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.

Lo que implica que cualquier persona afectada por la controvertida inmersión lingüística, además de quienes hayan sido partes en el proceso y, la Administración pública, frente a la actitud insumisa de las autoridades de Cataluña, pueden instar a la ejecución de la sentencia que garantiza que una cuarta parte de las asignaturas se impartan en lengua española. Y serán los propios tribunales quienes, a tenor del Art. 108 de la Ley anteriormente mencionada, en el caso de incumplimiento de la sentencia, podrán ejecutarla directamente, a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto. También podrá, el Tribunal competente, adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada. Y, además, si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Tribunal, a instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.

Las organizaciones implicadas en la defensa del bilingüismo en la escuela ya han anunciado que interpondrán las pertinentes actuaciones para conseguir la ejecución de la sentencia del TSJC, pues tal sentencia ha adquirido firmeza tras la inadmisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, del recurso de casación interpuesto contra la misma por la Generalitat. Sería deseable, por la importancia simbólica del caso, ya que se trata de la garantía del cumplimiento de la co-oficialidad de las lenguas que impone la Constitución, que el Gobierno de España, como Administración afectada puesto que sus competencias en materia educativa no han desaparecido, ya que el Art. 149.1.30 CE le atribuyen en exclusiva la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el

desarrollo del artículo 27 de la Constitución (el que regula el derecho a la educación), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, solicitara asimismo el cumplimiento de tan importante sentencia. No parece que esté dispuesto a hacerlo, por lo que se deriva de manifestaciones en prensa de diversos actores políticos, provocando una vez más, con ello, el abandono de la defensa del ejercicio de derechos legítimos, en este caso el de los escolares catalanes, a recibir la educación con respeto a la co-oficialidad de las lenguas. Y digo una vez más, porque tampoco se ha contado con su presencia y apoyo en otros casos en los que los tribunales han reconocido que español y catalán deben ser, ambas, lenguas vehiculares en la educación.

Es posible que la Generalitat se resista a dar cumplimiento, incluso, al requerimiento de ejecución de que pueda ser objeto por parte de las personas implicadas o de las partes procesales. En tal caso, lo que Ley de la Jurisdicción contenciosa dispone, en el Art. 112, es que si no se han cumplido en plazo los requerimientos antes mencionados, se podrán imponer multas coercitivas acumulativas a los funcionarios o autoridades que se resistan y que, además, se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Funcionarios y autoridades que no son sólo los políticos que van promoviendo el incumplimiento, sino todos quienes estuvieran compelidos a la puesta en práctica de esa cuarta parte de asignaturas en lengua española, incluyendo a los directores de los centros, a la inspección educativa y a la administración catalana. No olvidemos, al respecto, que así comenzó el denominado “juicio del procés”, frente al incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, cuando éste instó a la actuación de la jurisdicción penal para dilucidar cuál era la responsabilidad penal del Gobierno y Administración de la Generalitat ante el incumplimiento de las resoluciones que había emitido el Alto Tribunal.

Se han oído también voces solicitando la aplicación de la coerción estatal, vía artículo 155 CE, para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales en el marco educativo catalán. Puede parecer que se trataría de una medida desproporcionada y seguramente algunos así lo considerarán. Pero no olvidemos que la primera aplicación del art. 155 CE tuvo lugar, iniciándose el procedimiento por parte de un Gobierno español del partido socialista, cuando el Gobierno de Canarias se resistió a aceptar la supresión de determinados aranceles como consecuencia de la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea. La sangre no llegó al río, pero el requerimiento del Gobierno español al de la Comunidad se emitió y no llegó a prosperar porque, en buena lid, las negociaciones entre las partes dieron sus frutos y el Gobierno de Felipe González paralizó el procedimiento. No es, pues, ajeno al art 155 CE, el incumplimiento de sentencias judiciales por parte de administraciones públicas que incurran en desobediencia rebelde, puesto que se trata de sentencias que garantizan derechos a las personas en el marco de la enseñanza.

La alegación realizada por la Consejera de Exteriores de la Generalitat, en el sentido de denunciar “en Europa” el incumplimiento de la Carta de las lenguas minoritarias del Consejo de Europa, no deja de ser un brindis al sol. Por una parte, porque la Carta, que entró en vigor en España en 2001, únicamente establece que las autoridades hagan posible que una parte substancial de la educación tenga lugar en la lengua minoritaria, lo cual no es obstaculizado por la impartición de una cuarta parte de las enseñanzas en otra. Y, por otra parte, porque no estamos hablando de protección de lenguas que no tengan un estatus oficial, que es el principal objeto de la Carta, sino de la garantía de la igualdad de las lenguas oficiales y co-oficiales en un territorio concreto, cosa que les confiere un estatus totalmente distinto, ya que se reconoce a ambas lenguas, la minoritaria y la mayoritaria, en pie de igualdad, lo que va mucho más allá de la protección otorgada a las lenguas minoritarias por la mencionada Carta europea.

Se impone, pues, el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, dando cumplimiento a una sentencia firme que garantiza el uso vehicular de las lenguas oficiales y co-oficiales en la enseñanza. Es inaceptable que una autoridad pública, en este caso la Generalitat, pretenda resistirse a ello. Y sería oportuno y deseable que el Gobierno de España se implicara mejor en la garantía de la igualdad de derechos para todas las personas en todas las partes del territorio español.

El fin de la inmersión lingüística
La sentencia, que no ha reconocido ningún derecho a la lengua, ha declarado que todos los alumnos (no sólo algunos) tienen derecho a ser escolarizados en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma. En las dos.
José Domingo https://www.economiadigital.es 26 Noviembre 2021

Hace poco menos de un año, El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaba una sentencia trascendental: condenaba a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para garantizar que “todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

El Tribunal, a la vista de las pruebas aportadas por el Departamento de Educación sobre la presencia del castellano en la enseñanza en Cataluña, concluyó que el uso del español en las escuelas catalanas «es residual». La sentencia fue acogida con el consabido escándalo por el nacionalismo que volvió a acudir a los manidos argumentos de la utilización política de la lengua o a que el modelo catalán es un modelo de éxito que garantiza la cohesión social.

La Consejería, al tiempo que anunciaba el recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, alegaba que la misma quedaría “sin efecto” cuando entrará en vigor la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) —conocida como Ley Celaá— que eliminaba de su texto la referencia al español como “lengua vehicular” en la enseñanza. El conseller de entonces, Josep Bargalló, afirmó que: «Ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley, hay quien pretende retornar al pasado. Ni la política educativa en Cataluña (ni en ninguna parte) la hacen los jueces. Una resolución que saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia».

La sentencia finalmente ha devenido firme al haber inadmitido el Tribunal Supremo el recurso de casación de la Generalitat porque existe una consolidada doctrina que reconoce que las lenguas vehiculares de la enseñanza en Cataluña deben ser el castellano y el catalán.

La LOMLOE no ha salvado el modelo de inmersión lingüística obligatoria. No han triunfado las argucias de los que exigieron, como contrapartida del apoyo a los presupuestos del año pasado, la supresión en la Ley Orgánica de Educación del estatus de lengua vehicular de la enseñanza para el castellano y la obligación de fijar una proporción racional en la programación educativa en los territorios con cooficialidad lingüística.

Con la sentencia del Tribunal Supremo se puede dar por finalizado el modelo de inmersión lingüística obligatoria. Este modelo está vigente en la práctica totalidad de los centros educativos catalanes, tal como demostró en el año 2019 la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) en un informe demoledor. El catalán dejará de ser la lengua única de enseñanza en Cataluña.

Una ley que obligará a todos los alumnos
La tormenta alcanzará a todos los proyectos que deberán adaptarse a las nuevas reglas. Los términos de la sentencia no dejan lugar a dudas: el Departamento de Educación debe adoptar las medidas pertinentes, es decir, debe dictar las instrucciones para hacer posible que “todos los alumnos”, no sólo aquellos que lo pidan, reciban de manera efectiva e inmediata, la enseñanza en las dos lenguas oficiales como mínimo en la proporción del 25%. Se acabó el principio de enseñanza rogada en castellano, todos los alumnos en el sistema educativo catalán van a tener garantizado su derecho a ser educados en los dos idiomas oficiales.

El mandato es taxativo y no puede ser eludido por las autoridades educativas. El TSJC ya advirtió en la sentencia de 16 de diciembre de 2020 que ninguna norma legal -dígase LOMLOE o Ley de Educación de Cataluña- puede derogar la Constitución. Ocioso es recordar que el castellano es lengua vehicular porque la Constitución le otorga el título de lengua oficial a esos efectos, conviene traer a colación que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que “los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”.

Perdida la batalla judicial, el nacionalismo lingüístico ya ha puesto en marcha la máquina de la desobediencia, el chalaneo y la presión institucional.

Victimismo y juego sucio
Josep González i Cambray, el nuevo consejero de Educación, ha remitido una carta a la comunidad educativa advirtiendo que nada va a cambiar en el sistema educativo. Está equivocado. Más tarde o más temprano, tendrá que ejecutar la sentencia, bien por propia voluntad o mediante su ejecución forzosa. Lo hará él o la persona que lo sustituya si se empecina en el desacato.

El trapicheo político con el Ministerio de Educación y el juego de cromos con el PSOE no van a ser suficientes para eludir el cumplimiento de la sentencia. El Departamento tiene que adoptar las medidas para materializar de forma efectiva e inmediata el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza bilingüe. Si no lo hace, el Gobierno de España tiene la obligación de ejercer su derecho a solicitar la ejecución forzosa.

La Administración no puede renunciar a los derechos que tiene reconocidos y la autoridad que disponga de ellos de forma arbitraria debe asumir las consecuencias de sus actos. El principio de buena fe tiene que presidir la actuación de los poderes públicos y la actuación de las Administraciones tiene que hacerse a favor del ejercicio de los derechos, más si son fundamentales, como es el caso del derecho a la educación. La sentencia no ha reconocido ningún derecho a la lengua, ha declarado que todos los alumnos (no sólo algunos) tienen derecho a ser escolarizados en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.

La AEB vigilará el cumplimiento de la sentencia
Los amigos de las componendas no pueden ignorar a un actor que, probablemente, no esperaban. La Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando no se adopten las medidas por la Administración faculta a las personas afectadas, a pedir la ejecución forzosa de la sentencia. Por lo tanto, los alumnos, si son mayores de edad, o sus representantes (padres o tutores) si son menores, así como las asociaciones que defienden los intereses de los alumnos están legitimados para reclamar en ejecución de sentencia los derechos que tienen reconocidos. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ya ha advertido que estará especialmente atenta al comportamiento de las Administraciones Públicas en esta materia.

Con este panorama, el Departamento de Educación y sus organizaciones satélite ya han puesto en marcha el mecanismo de la agitación, el victimismo y la demagogia. Disparan contra los jueces a los que descalifican afirmando de ellos que no son pedagogos; ridiculizan a las familias que han pedido la enseñanza bilingüe de las que dicen que son pocas y a las que achacan oscuros intereses políticos. Esos ataques prueban la debilidad de sus argumentos. Más allá de las consignas y de las presiones está el derecho y los tribunales son los encargados de aplicarlo.

Es un signo de calidad democrática aceptar y cumplir las resoluciones judiciales. Las autoridades catalanas y, por extensión, el Gobierno de España deben ser conscientes de que en la aplicación de esta sentencia está en juego mucho más que el modelo educativo. Se está poniendo en riesgo la separación de poderes y el principio de seguridad jurídica. Eso en la Unión Europea cuesta dineros, los fondos europeos.

Elorza es el PSOE
EDITORIAL. Libertad Digital 26 Noviembre 2021

El problema no es el grotesco Elorza sino un PSOE engolfado, conchabado con lo más despreciable de la política.

Pocos políticos encarnan tan nítidamente la vileza de la izquierda realmente existente como Odón Elorza; en casi ninguno han cristalizado de una forma tan perfecta el sectarismo, la hipocresía, la ruindad y la falta de escrúpulos como en el que fuera alcalde socialista de San Sebastián durante veinte años.

A todo ello Elorza une una inteligencia bastante limitada y un histrionismo tartufesco impropio de un representante político… de antes de Rufián y demás semejantes del exalcalde donostiarra

Esta misma semana ha dado muestras de su estulticia y fanatismo en plena la tribuna del Congreso, cuando trataba de defender el ignominioso pacto presupuestario de su partido con Bildu gritando que "no hay etarras" en la cámara pero sí hay "franquistas", en referencia a Vox, el PP y, en definitiva, todo aquel que afee a los socialistas sus pactos con los albaceas de la banda terrorista asesina de socialistas ETA.

Como bien ha recordado Macarena Olona este jueves desde la misma tribuna del Congreso, no es la primera vez que Elorza tacha de franquistas a sus adversarios políticos: lo hizo con Gregorio Ordóñez en el Ayuntamiento de San Sebastián poco antes de que el popular fuese asesinado por ETA, dejando, dicho sea de paso, el camino expedito para que el socialista repitiese como alcalde.

Lo peor, no obstante, no es que un indeseable como Elorza desbarre en el Congreso viendo ectoplasmas franquistas y no inmutarse ante sus socios bildutarras, que no se pierden ni uno de los homenajes a los etarras que salen de la cárcel. Lo peor es el aplauso atronador, entusiasta y unánime de la bancada socialista, que con el ministro Bolaños a la cabeza se puso en pie para jalear la nauseabunda tirada del desquiciado.

Eso es lo relevante de este episodio: el problema no es el grotesco Elorza sino un PSOE engolfado, conchabado con lo más despreciable de la política, que arremete contra todo lo que no le sirva para mantenerse en el poder y que no conoce ningún límite a su vileza.

Con sus formas desaforadas y el historial de indecencias políticas que arrastra, Elorza es un caso especialmente agudo, pero no una excepción, de la inmoralidad que impera en un PSOE empeñado en ser uno de los grandes problemas de España.


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