AGLI Recortes de Prensa   Sábado 27  Noviembre  2021

La inflación se descontrola: hay motivos para la preocupación
Daniel Rodríguez Asensio. Libertad Digital 27 Noviembre 2021

Ahora que la inflación es un hecho y que todos los organismos ya comienzan a advertir de que ha llegado para quedarse, hay quien afirma que la inflación es buena para los pobres.

El incremento de precios en Europa asciende al 4,4%, con grandes economías como España en la que los precios están creciendo al 5,4%.

Un escenario de inflación moderada en 2021 debería haber sido el central para cualquier analista con un mínimo conocimiento de la historia económica contemporánea y de la situación real, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, durante el año pasado.

Desafortunadamente, los medios mainstream y muchos de los economistas más reconocidos decidieron mirar para otro lado y adoptar la versión oficial de que "no hay inflación". De la misma manera, ahora que la inflación es un hecho y que todos los organismos ya comienzan a advertir de que ha llegado para quedarse, hay quien afirma que la inflación es buena para los pobres.

Como si para un hogar vulnerable el hecho de que le suban —y estoy dando datos reales— un 20,5% los precios de los bienes y servicios relacionados con la vivienda, un 12,3% el transporte o un 34% la electricidad, el gas y otros combustibles fuera algo positivo, e incluso asimilable para muchos de ellos.

No es cierto que la inflación aminore la carga de las deudas para un hogar de ingresos reducidos. Su deuda sigue teniendo el mismo valor en términos nominales y, sin embargo, su renta disponible en términos reales se reduce por: i) mayor desembolso en impuestos por incremento de las bases imponibles y ii) mayores gastos por bienes y servicios de primera necesidad.

Hay una enorme confusión en torno a los efectos positivos de la inflación sobre los agentes endeudados. A los hogares, como acabamos de ver, la inflación no les ayuda en nada. A quien sí que beneficia directamente son a los Estados hiperendeudados. ¿Por qué? Muy sencillo: la deuda en términos nominales continúa siendo la misma y, sin embargo, la recaudación es mayor por el incremento de las bases imponibles, la rentabilidad de las inversiones en términos nominales también se incrementa y, por consiguiente, su endeudamiento en términos reales disminuye.

Por lo tanto, la falacia de que la inflación es buena para los trabajadores porque mejoran sus salarios es, sencillamente, mentira. En caso de producirse un incremento en la masa salarial —algo que no siempre ocurre—, siempre va por detrás de la inflación, por lo que el proceso de empobrecimiento es lento pero constante y eficaz.

Lo que está claro, a la luz de los hechos, es que la inflación es un fenómeno que está aquí para quedarse y que es más grave de lo que algunos preveíamos. En esta columna hemos escrito en varias ocasiones sobre unos niveles de inflación que oscilarían entre el 5 y el 5,5% en 2021. Con los últimos datos de la mano:

El incremento de precios en Estados Unidos asciende al 6,2% interanual, con la inflación subyacente (eliminando los alimentos y los combustibles) en el 4,6%.

En Europa, este mismo indicador asciende al 4,4%, con grandes economías como España en la que los precios están creciendo al 5,4%.

Tan solo China se está salvando del fenómeno, con un incremento del nivel general de precios del +1,5%.

Además, son muchos los avisos de un carácter cada vez más persistente de la inflación. La semana pasada fue el Banco Central Europeo, hace unas semanas el FMI… Cada vez más casas de analistas ven motivos para pensar en una inflación por encima del 2% con carácter estructural.

En definitiva, que la economía mundial, pero muy especialmente Europa y Estados Unidos, debemos aprender a vivir con algo que, en principio, deberíamos haber tenido superado.

El autor que mejor ha comprendido los fenómenos de la inflación, a mi juicio, ha sido Milton Friedman. Hay dos obras de este autor que merece la pena leer: Una historia monetaria de Estados Unidos y El misterio de la banca. En ellas explica a la perfección, y cito textualmente, que "la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que solo es y puede ser producida por un incremento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción".

O dicho de otra manera, que la impresión descontrolada por parte de los bancos centrales nunca es positiva para la economía, pero si sobrepasa determinados umbrales se convierte, además, en un motor imparable de inflación.

La clave está en la velocidad del dinero. Esta variable mide el número de veces que una unidad monetaria cambia de manos. De esta manera, la evolución de la masa monetaria (m) junto con la velocidad del dinero (v) tiene que ser igual que la producción nacional en términos reales —PIB multiplicado por los precios—.

¿Qué ha ocurrido con la velocidad del dinero durante la última crisis en Estados Unidos y en Europa? Algo no visto hasta ahora: que, lejos de seguir desplomándose, como lleva haciendo durante las últimas décadas, se está manteniendo constante. Como consecuencia de ello, y del aumento de doble dígito de la masa monetaria, el nivel general de precios continúa al alza, y no hay ninguna razón para pensar que no va a seguir así en los próximos meses.

Es cierto que algunos de los factores coyunturales que supusieron la mecha para encender la inflación se están mitigando. Me refiero a variables como el coste del transporte (fletes), las materias primas, el petróleo, etc. Pero, ojo, no están bajando. Tan solo permanecen estables.

Y también es cierto que, por el momento, la negociación colectiva se está comportando de forma responsable y la evolución de los salarios en Europa no está creciendo al mismo ritmo que los precios.

Dicho lo cual, y con manifestaciones como la que estamos viendo en Cádiz estos días, no parece que esta vaya a ser la tónica en el medio y largo plazo, en un horizonte de precios notablemente al alza.

Esto, junto con una evolución de los precios de los bienes intermedios que tampoco encuentra techo, suponen factores de presión al alza cuyo horizonte temporal aún desconocemos. Solo en España el precio de los bienes industriales ha crecido casi un 32% en el último año, con los productos energéticos creciendo un 88%... y los bienes intermedios casi un 20%. Pero es que los precios de la importación (IPRIM) también están creciendo un 15%, una cifra que contrasta con el -8% de verano de 2020. ¿Alguien se cree que todas estas industrias que están sufriendo una presión de costes terrible no va a trasladarlo a los precios, aún en un entorno de elevada presión competitiva? Es ciertamente difícil pensarlo.

Por lo tanto, debido a la acción de los bancos centrales y al efecto retardado de las variables que vamos conociendo en los últimos meses, cada vez queda más claro que la inflación está aquí para quedarse, y que no gestionarla nos va a obligar a convivir con ella, que es algo mucho más duro.

Si la inflación fuera positiva para las clases más humildes Argentina o Zimbawe serían paraísos para los trabajadores. Y, sin embargo, son lugares donde la gente se empobrece e incluso huye.

Con un escenario de inflación peor del estimado y una evolución económica como la que está experimentando España, Europa se asoma a una evolución macro muy débil durante 2022, con algunos países, como el nuestro, que estarán rozando —si no la registran— la recesión económica. Escrito queda.

La bochornosa alianza Vox-Podemos
Carlos Dávila. okdiario 27 Noviembre 2021

Tras llevar meses -meses digo- mareando la perdiz con excusas impostadas e infantiles del estilo: «No apoyaremos los Presupuestos si no desmontan (es un ejemplo) el chiringuito de Alcalá de Guadaira», Vox se ha quitado la careta y Abascal y sus acólitos andaluces, entre los que no sobresale un solo personaje reconocido, no sólo han desembozado a la fuerza, modo Esquilache, al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sino que ahora se disponen a forzar el adelanto de las elecciones regionales. Todo -según reconocen en el partido- para propulsar la candidatura de la mujer, Macarena Olona, que, desde hace tiempo, arrasa en la formación, muy por encima del exaltado Abascal, cada día más escorado a la derecha de la ultraderecha, y del trío Espinosa-Monasterio-Smith. «¿Puede ser -se pregunta un disidente de Vox- que intenten mandar a Olona al Sur para que no siga restando protagonismo a los oficialistas de Madrid?» Desde luego que, con su pirueta, los «polacos» españoles han dejado perfectamente nítida una constancia; a saber, prefieren, por lo menos en Andalucía, la compañía de Podemos y de toda su cuadrilla de siglas revolucionarias, que la del Partido Popular de Juanma Moreno, un gestor que, en apenas tres años de «Gobierno del cambio» ha clausurado sin demasiados aspavientos ocho lustros de corrupta autocracia.

Sugieren los más templados pero acríticos militantes de Vox que la susodicha martingala dejando a Moreno casi en solitario, va a ser entendida a la perfección por el ejército de hooligans que acogen las rurales proclamas de Abascal como si fueran los gritos de Moisés en el desierto. Es decir, que todo el mundo dentro del partido entiende absolutamente que Abascal se haya tomado la revancha de aquel furioso e inesperado exordio de Pablo Casado en la moción de censura. Está haciendo sangre con aquel aviso de: «¡Os vais a enterar!» que el PP desdeñó como si fuera sólo el pellizco de monja de un amigo rebotado. Y ya se ve que, que en poco más de quince días, se ha aliado en el Parlamento Nacional y ahora en el de Andalucía con todo lo peor de la clase política española, con los que pretenden -y lo están consiguiendo- barrenar el país. A los dirigentes de Vox los dedos de su ansiada supremacía electoral se les hacen huéspedes y ahora mismo su mensaje al exterior es inequívoco: “No hemos venido a colaborar con el PP, hemos venido a destruirlo”.

Y en ese menester se encuentran. Naturalmente que desprecian, con una altanería que a veces resulta insoportable, las advertencias de quienes, desde sus cercanías, les indican que mala cosa es pasearse cogiditos de la mano de la escoria de la política nacional. Se han convertido de hecho en aliados, nada ocasionales por ahora, de la señora Rodríguez, de ese imberbe Kichi que todavía es alcalde de Cádiz, y de los comunistas más enrabietados de Yolanda Díaz a quien la sublime Ada Colau ha presentado como la líder mundial de la Revolución pendiente. Desde aquella estupidez de Leire Pajín: “Se va a producir una conjunción planetaria…” no se había escuchado en España entera una estolidez más soberana que la de la alcaldesa de Barcelona. Pues bien, esta caterva de políticos coléricos son, desde ahora mismo, el cortejo anti-PP que Abascal, en una decisión que, ni siquiera tiene la tentación de explicar, ha escogido en Andalucía.

¿ Porqué insulta a Vox ?
Nota del Editor 27 Noviembre 2021

El pp tiene que desaparecer. El bipartidismo es la aberración que ha impulsado al dr cum fraude en la consecución de la destrucción de España.

Y quien aún defienda al pp, que se vaya a Galicia, para ser sometido a un proceloso baño de inmersión en lengua regional.

Si quiere ayudar a que España no desaparezca, tiene que apoyar a Vox, no hay otra alternativa

Rebelión generalizada en la España ‘vacilada’
Graciano Palomo. okdiario 27 Noviembre 2021

No es sólo el campo abandonado a su suerte. Ni el medio rural al que el Gobierno Sánchez ha dejado sin interconectividad y al albur de las heladas. No sólo son comarcas enteras que agonizan, ni pueblos en donde hoy lo más habitado son los camposantos.

La España vacilada incluye a transportistas, policías y guardias civiles, empleados sureños del metal, peluqueros, autónomos, consumidores en general, turistas del Imserso, y todo un amplio abanico de sectores que se van hundiendo poco a poco en el mejor de los casos y aceleradamente en el peor de los supuestos. Son millones de golondrinas dormitando en un gélido invierno. Y lo que venga.

Todos ellos tienen algo en común: el presidente Sánchez de norte a sur, les viene prometiendo lluvia de millones, oro y moro en un mismo pack, la tierra prometida, sentarse en un jamón con chorreras al mismo tiempo que mastican longaniza. Es como ese papá generoso que reparte bienestar de boquilla en el tiempo que transcurre entre la bajada del falcon y pertrecharse en el super puma oficial. Él, oiga, es así. Una vez que pisa el helipuerto de Moncloa de lo prometido, oiga, no me lo apunten, porque a fin de cuentas tan sólo soy un político. Sí. Sánchez se asemeja aquellos políticos del viejo far west de sombrero y librea que mientras da besos a los niños les roba los caramelos.

La España vacilada es inmensa. Un grupo de ciudadanos hartos ya de estar hartos han montado un movimiento, dicen que transversal, con este título tan castizo como descriptivo. Una colega leonesa, teóricamente partidaria de desgajar su provincia de Castilla al mismo tiempo que rechaza en lo que ha devenido el llamado estado autonómico, incluye también en ese país vacilado por Sánchez a los presidentes de la España interior recientemente reunidos bajo las faldas santiaguesas de Nuñez Feijóo. En esto último lleva razón. Porque es en la financiación, es decir, en el dinero, donde esa España que da el último bostezo antes de irse al otro barrio, donde está la madre del cordero. Porque ni las dos Castilla, ni León, ni Galicia, ni Aragón, ni Extremadura tienen pegamento suficiente para fijar a Sánchez a la silla a la que tanto ama. De ahí, sus arrumacos a los populistas del Siglo XXI con maletas repletas, secesionistas, bilduetarras y demás baldovís que puedan aportar siquiera una miaja a su triste deambular como primer ministro.

Hoy, los vacilados por Sánchez, no digamos ya por las fashions Díaz&Irenes &Belarras&Garzones&Castells, suman más (en millones) que aquellos otros españoles a los que prometió y cumplió.

Echó a tiempo a Iván Redondo. Porque éste ya tenía preparado un nuevo y definitivo eslogan con el que excitar aún más la incontenible vanidad de su jefe. No era otro que este: «Pedro, el vacilón. Vota a Sánchez».

Ensimismados y autosuficientes en su burbuja, ni siquiera se percatan de que los vacilados han decidido decir basta.

Agenda España: un modelo para toda la Iberosfera
Raúl Tortolero. https://gaceta.es

La Agenda España, presentada hace unas semanas por Santiago Abascal, líder de VOX, es, por mucho, la propuesta más brillante y seria que existe por ahora en el mundo de la Hispanidad, para enfrentar la imposición de antivalores del globalismo socialista.

Esta serie de razonamientos y medidas hechas para salvar a una España violentada por gobiernos de izquierda y sus cómplices, pese a estar pensada en clave patriótica y responder a las necesidades de los españoles, debe ser estudiada y considerada como una base de defensa de los valores tradicionales de Occidente en muchas otras naciones, en América Latina.

La Agenda 2030 es claramente una imposición ideológica y de estilo de vida que ingenuamente los gobiernos nacionales suscritos en la ONU firmaron en 2015 y a la cual conceden el mismo peso que lo establecido en sus constituciones, a las que intentan «armonizar» o adecuar, a tales objetivos del globalismo.

Los partidos que se dicen de derecha en el continente americano, de México hasta Argentina, han sido cómplices de la Agenda 2030, ya sea por ignorantes, como por cómplices del globalismo.

Ante esta realidad internacional, el surgimiento de una respuesta bien pensada, coherente y sobre todo posible, encarnada en la Agenda España, debe ser puesta sobre la mesa como base de discusión para otras agendas patrióticas en el mundo hispanoamericano.

La Agenda 2030 habla de 17 objetivos que podrían sonar muy aceptables de no ser porque en el camino para alcanzarlos viene toda una imposición de políticas públicas inaceptables, con tufo totalitario, planteadas como pensamiento único. «Poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo» parece algo loable y romántico, si no se toma en cuenta que de fondo va implícito un modelo de vida que significa la deconstrucción de toda la milenaria axiomática cristiana.

Exigen, de entrada, tener pocos hijos o incluso mejor no tenerlos. ¿Por qué debe ser pequeña una familia? ¿El Estado y aún estructuras supranacionales pueden meterse en las decisiones más íntimas de una pareja?

El aborto es otro gran tema encubierto bajo conceptos falsos. La Agenda 2030 busca imponer «derechos fake», y cuando habla de «derechos a la salud reproductiva», o de la mujer al “libre desarrollo de su personalidad”, en realidad alude únicamente al asesinato de un humano en gestación.

La educación es de facto un adoctrinamiento en el marxismo posmoderno, algo que en Estados Unidos trae de cabeza a los padres de familia, con la Teoría Crítica de la Raza, y las leyes para niños transexuales, y en España con las «guías educativas sexuales» que parecen un kamasutra para infantes y propaganda homosexual.

La «igualdad de género», tan socorrida en la Agenda 2030, impulsa la destrucción de la familia natural, y promueve el supremacismo feminista.

En lugar de promoverse la «perspectiva de género»-que en realidad no es de “género”, sino de unas cuantas mujeres- debe promoverse la perspectiva de familia. ¿Por qué separar a la mujer de su entorno y promoverla como algo separado? Esto sólo causa divisiones y conflictos sociales. No unifica, separa.

El plan de «fronteras abiertas» rebasa por mucho los buenos deseos de no discriminar a los inmigrantes, poniendo en riesgo la seguridad, la economía, y hasta la esencia nacional de los países.

En España todos los días se documentan agresiones de inmigrantes en su mayoría de países musulmanes contra ciudadanos inocentes. En Polonia hay un gran caos en la frontera ante la invasión no muy gratuita ni espontánea de miles de recién llegados.

El ecologismo de la ONU, de Greta Thunberg y de muchos colectivos, luce –sin exagerar- como una nueva religión pagana, donde el ser humano es un virus que debe ser acotado e incluso eliminado, porque supuestamente lo ha destruido todo.

El marxismo posmoderno verde pone en el mismo nivel de dignidad ontológica a las bestias que a los hombres, si no es que incluso por encima a las bestias. Su punto de partida es la lucha vegana, animalista, antiespecista y anti-antropocentrista. Y tanto dicen amar a los animales, pero de una forma muy errónea y patológica, que a menudo son pansexuales y podrían no ver con malos ojos, a la zoofilia, y a los experimentos genéticos transespecie.

Pero eso no es todo con el ecologismo de ultraizquierda: también reman contra la industrialización, a la que no conciben ni aun cuando fuera limpia y no contaminante. También se oponen al uso del automóvil, al consumo de carnes y a la tauromaquia.

Lo único que logran es ser los tontos útiles de la nueva hegemonía mundial del Partido Comunista de China, al que sirven de alfombra, ayudándole a deconstuir la cristiandad, con lo que habilitan sobre sus ruinas el reinado del Gran Dragón Rojo.

Toda esta suma de desaciertos globalistas con fuertes cargas malthusianas, y de supremacismo feminista, LGBT, afro, musulmán, y eco-animalista abonan a hincar a la cultura occidental, y en especial a sus bases cristianas, a las que tanto detestan.

Santiago Abascal y VOX fueron los primeros en tener claro que había que plantar cara para detener esta avalancha de agresiones totalitarias a nuestras tradiciones hispánicas, y a lo mejor de nuestra democracia liberal, y que había que emprender de inmediato la defensa de Occidente, pero de forma bien organizada y sistemática.

Lo primero en la Agenda España es plantear la igualdad auténtica entre los españoles, pero no una falsa con artificios legaloides para imponer cuotas de género o de grupos «vulnerables», o la paridad, en el servicio público, sino privilegiar las contrataciones por la capacidad, y los méritos.

«Suprimir todos los organismos ideológicos» es una excelente propuesta de la Agenda España, que marca una ruta prioritaria para los gobernantes en América Latina, así como la “eliminación de toda legislación de género que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza u orientación sexual”, porque de facto tales distinciones generan privilegios, y supremacismos.

La embestida de la ideología y la perspectiva de género es una de las puntas de lanza del globalismo para atacar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, un estorbo para las izquierdas, que desean convertir al individuo en un títere del Estado.

Ante esto, VOX propone uno de los más congruentes esquemas: la perspectiva de familia para todas las políticas públicas, y el apoyo a la maternidad y la conciliación.

Como respuesta al adoctrinamiento, la educación debe saber encauzarse. «Los hijos no son del Estado ni de los organismos supranacionales. Son de sus padres», dice el documento magistral del VOX.

Por eso, «los padres y tutores deben recuperar su legítima autoridad y protagonismo en su educación». Esta línea debe ser planteada a nivel constitucional en nuestros países, tanto como el rescate de las universidades de las imposiciones ideológicas totalitarias y su cultura de la cancelación.

Ante la cultura de la muerte promovida en el globalismo, la postura de la Agenda España es el respeto a la dignidad humana, la defensa de los principios y los derechos fundamentales, por lo que esgrime oponerse al aborto, la eutanasia y la mercantilización del cuerpo.

Es imprescindible salvaguardar jurídicamente el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, para lo cual se propone la derogación de la Ley de Eutanasia y de la Ley del aborto libre.

En la economía, conservar un enfoque patriótico ante el globalismo, es la clave para que los productores nacionales no sucumban. La competencia desleal es inaceptable. Las leyes ecológicas han creado regulaciones inalcanzables.

La «reindustrialización» es un concepto primordial que hay que saber entender y aplicar correctamente. Aquí la soberanía energética es básica. El exceso de regulaciones a la industria nacional abona al desarrollo de economías abusivas externas. China se beneficia de la «deslocalización» de fábricas o centrales energéticas, cuyos productos y energía son luego importados. Así, es un deber proteger a las empresas asentadas en España y que ahí sea donde pagan impuestos.

En cuanto a la ecología, la Agenda España lo resume muy bien todo: Las llamadas «transiciones ecológicas» no son otra cosa que trasferir impensables cantidades de dinero de las clases medias y trabajadoras a las élites de la agenda climática.

Sus iniciativas son dirigidas a imponer una nueva religión climática en Occidente, mientras que se ignoran el caos medioambientales ocasionado por China y otros países.

La unidad de la Hispanidad es clave para el desarrollo. La Agenda España expresa la necesidad de profundizar en las alianzas en defensa del Estado de derecho, así como de la libertad de expresión, y la propiedad privada, ante los ataques del comunismo y el socialismo todas las naciones de la Iberosfera, a la que concibe como un espacio de intercambio político, económico y cultural para todos los ciudadanos en ambos lados del Atlántico.

Así, la Agenda España servirá ya como carta de navegación para orientar las políticas en las democracias liberales en América, en donde aún no existen en realidad contrapesos bien ordenados y sistemáticos, para enfrentar el globalismo socialista con un corpus de políticas públicas.


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Todos con nuestros guardianes y contra Marlaska
OKDIARIO 27 Noviembre 2021

Representantes de sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil se echarán hoy a la calle en protesta por la sectaria reforma de la Ley de Seguridad Nacional que ultima el socialcomunismo, un cambio legislativo que supone una ignominiosa afrenta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puestos a los pies de los caballo y convertidos en diana de violentos y terroristas. OKDIARIO se solidariza con las reivindicaciones de quienes son garantes de nuestra seguridad y libertad, porque la Policía y la Guardia Civil son piedra angular de nuestra democracia. Frente al totalitarismo reaccionario de un Ejecutivo vendido a los enemigos de España -golpistas y proetarras-, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son la expresión misma de un Estado de Derecho amenazado. Por eso el socialcomunismo las ha colocado en su punto de mira, porque Policía y Guardia Civil encarnan la defensa de esos valores constitucionales que la izquierda radical pretende demoler dentro de su plan de ruptura institucional.

La reforma que pretende Sánchez busca la desprotección de nuestros agentes a través de una doble vía: permitiendo que sus imágenes sean grabadas y utilizadas como infecta munición por los violentos, y negándoles la presunción de veracidad, un principio legal y jurídico fundamental. A partir de ahora, la palabra de un policía o guardia civil valdrá lo mismo que la del violento que se enfrente a ellos, una aberrante equiparación que premia al delincuente y penaliza gravemente a nuestros guardianes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de protegernos.

La reforma pone en peligro la integridad física de policías y guardias civiles y también de sus familias, expuestos de manera miserable al odio sectario de manipuladores y violentos, pero, por extensión, constituye una amenaza en toda regla a la sociedad española. Porque la desprotección de nuestros agentes se traducirá indefectiblemente en la desprotección de todos. Por eso, OKDIARIO reitera su compromiso, reconocimiento y solidaridad con quienes encarnan la defensa de nuestra seguridad y libertad.

No sólo es Cataluña
El español también es lengua extranjera en las aulas de Baleares y de otras comunidades
Eduardo Inda. larazon 27 Noviembre 2021

Alfonso Guerra está últimamente cumbre, que diría Javier Arenas. Una de sus más geniales intervenciones tuvo lugar hace un año al abordar por enésima vez ese escándalo de marca mayor que representa la dictadura lingüística en Cataluña en general y la que padecen los niños en las aulas en particular. «Cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar es una sociedad decadente», apuntaba, «el español se trata como una lengua extranjera en España. ¿La Real Academia no va a decir nada?, ¿el Instituto Cervantes no va a decir nada?, los escritores, cuya herramienta de trabajo es la lengua, ¿no van a decir nada? Cuando esto se asume así es que la sociedad no va hacia adelante sino más bien hacia atrás». No se puede describir mejor, ni más claro, ni en menos tiempo.

El ex vicepresidente, que al lado de los políticos actuales parece un marciano, puso el dedo en la llaga de un totalitarismo lingüístico que dura ya en Cataluña 41 años, los que han transcurrido desde la llegada al poder del mayor delincuente político de Europa, Jordi Pujol. La sentencia del Supremo conocida esta semana obliga a que el 25% de las asignaturas se imparta en los colegios catalanes en esa «lengua extranjera» que efectivamente es en estos momentos el español. Un idioma hablado por 600 millones de personas que se dice pronto y ya mayoritario en ciudades de quinta como Los Ángeles, Miami y más pronto que tarde Nueva York. Ahora mismo en las aulas catalanas los niños sólo reciben en castellano la clase de español y a veces ni eso porque los profesores de la lengua de un tal Cervantes, de García Márquez, de Cela o de Juan Rulfo se dirigen a los alumnos en catalán. Que hace falta ser paleto y desahogado.

El fallo del Supremo tampoco es nada del otro mundo porque, si se cumpliera, el 75% se seguiría impartiendo en catalán, vulnerando como siempre esa Constitución que establece la cooficialidad. Seguiríamos casi en las mismas, aunque cierto es que menos da una piedra. Lo peor de todo es que no se va a obedecer porque la Generalitat vive desde hace cuatro décadas en un perpetuo estado de rebelión. La ley es papel mojado en Cataluña y ya se sabe lo que pasa cuando la legalidad es una entelequia, que no hay democracia. Por eso aplaudo con manos y orejas esa sensata petición de Pablo Casado para decretar un mini155 que obligue a implementar el veredicto del Alto Tribunal. Intuyo que este Gobierno filogolpista colaborará en el delito de desobediencia que la Generalitat volverá a perpetrar con la falsa excusa de que la Ley Celaá ampara su dictadura lingüística.

Desde la sentencia del Estatut en 2010 se han pasado por el arco del triunfo 10 sentencias sobre la materia, seis del Supremo, cuatro del Tribunal Superior. Con todo, el drama trasciende los límites geográficos de Cataluña. El caso de Baleares es clónico al de Cataluña: todo salvo el español es en catalán, ni siquiera en mallorquín, menorquín, ibicenco o formenterés. Lo del País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia no es tan grave aunque en estas regiones se transgrede ese derecho inalienable de los padres a decidir en qué lengua se educan principalmente sus hijos. Las autoridades son muy cucas: si controlan la lengua en la que empiezan a pensar los niños, tienen a las nuevas generaciones en sus manos y si las nuevas generaciones están en sus manos, el futuro es suyo. Efectivamente, una sociedad no puede ser más decadente si su gran lengua es considerada lengua extranjera en buena parte de su territorio. Decadente… y aldeana.

Para qué sirven los partidos
Javier Somalo. Libertad Digital 27 Noviembre 2021

Una democracia requiere de partidos políticos, el problema llega cuando se niegan a resolver problemas o cuando se dedican a cobrar por provocarlos.

Parto de una premisa irrenunciable por si alguien quiere ahorrarse la lectura completa de este artículo: una democracia de verdad requiere de partidos políticos; el resto son inventos que siempre han perjudicado a la libertad. Eso no significa que cuantos más partidos haya más sólida sea una democracia. Ni, por descontado, que cualquier partido la garantice.

El problema llega cuando los partidos se niegan a resolver problemas o, peor y más común, cuando se dedican fundamentalmente a cobrar por provocarlos.

La democracia que cerraba el régimen franquista desde dentro con la Ley para la Reforma Política (1976) traía consigo la participación real a través de partidos, ya no sólo asociaciones más o menos embridadas desde la Administración. El decreto ley sobre el derecho de asociación política, del 8 de febrero de 1977, el que ya subía definitivamente la persiana, arrancaba así:

La aprobación en referéndum nacional de la Ley para la Reforma Política y la proximidad de las elecciones generales, que habrán de celebrarse en virtud de los dispuesto en la misma, han exigido del Gobierno una meditada consideración de las normas legales que regulan el ejercicio del derecho de asociación para fines políticos.

El Ministerio de Gobernación abrió la ventanilla —era verdad— y empezaron a llegar las documentaciones para dar de alta partidos políticos. Dos meses después, el 9 de abril, se legalizó el PCE. El año 1977 es de auténtico vértigo. Por seguir con el PCE, el partido de Santiago Carrillo acepta formalmente la monarquía y la bandera rojigualda (14 de abril). Don Juan de Borbón renuncia a sus derechos ante su hijo Juan Carlos (14 de mayo). Se celebran las primeras elecciones generales en democracia (15 de junio). Se aprueba la Ley de Amnistía (14 de octubre), la que ahora quieren laminar. Josep Tarradellas regresa a Cataluña (23 de octubre) y pronuncia el histórico y necesario Ciutadans de Catalunya. Ja sóc aquí! Se firman los Pactos de La Moncloa (25 de octubre)...

En el año 1977 se dieron de alta 103 partidos políticos, más partidos por año que nunca. Ni siquiera llegaron todos a presentarse a las elecciones y, poco a poco, se produjeron fusiones y simples desapariciones. Pero la explosión respondía a una lógica de 40 años de sequía. A estas alturas ya habrá muchos lectores que se quejen de lo mal que se hicieron muchas cosas, de la importancia desmedida que se regaló a los nacionalistas… Ya, pero era 1977 y Franco estaba recién enterrado. ¿Alguien se preocupó después de barnizar convenientemente esa madera que nos cortaron y nos lijaron en la frontera entre la dictadura y la democracia? Nadie. Hemos vivido de la Transición sin cerrar el modelo. Y claro, los errores han crecido y ya nos gobiernan.

Los problemas de España y los partidos
Cataluña y el País Vasco, el separatismo consentido, financiado y mimado, ese problema no resuelto después de la Transición y que no correspondía resolverlo directamente a los políticos de los años 70 sino a los posteriores, desde González hasta Sánchez, es ahora el principal problema de España.

Hay muchas personas que consideran esto una exageración propia de la "derechona" carca porque creen que la unidad de España no influye en todo lo demás. Pero los que lo denunciamos no tenemos la culpa de que lo peor de cada promoción, el extracto más analfabeto de cada año escolar haya alcanzado tan altas cotas de poder político y mediático. No es una cuestión de ideologías, es que ya no queda una idea útil en la clase dirigente o influyente. Y los partidos que deberían defender los valores que garantizan la democracia, prefieren mirarse de reojo y de la cabeza a los pies mascullando improperios o incluso minar sus propios cimientos arrinconando a los políticos que demuestran valor en primera línea, en su primera línea. Incomprensible y dramático.

La sociedad civil sí ha conseguido dar salida en muchas ocasiones a la preocupación de los ciudadanos, siempre arrostrando la violencia que la mayoría de los políticos —no todos, hay muy buenos ejemplos de lo contrario— prefieren delegar diciendo que ellos han de estar centrados en otras cosas. Pero luego vemos a esos políticos sujetando una pancarta. ¡Incluso ministros! La pancarta es del ciudadano y a veces de la oposición, pero nunca del Gobierno. Y tragamos o nos hacen tragar.

El español va a ser una lengua extranjera en España y los partidos no servirán para evitarlo sino para conseguirlo. De hecho, la entrevista a Pablo Casado en RAC1 durante la pasada campaña electoral en Cataluña abogaba prácticamente por ignorar el asunto: no hay queja, no hay problema. La ignominia la evitarán, o tratarán de hacerlo, asociaciones cívicas, estudiantes, expolíticos… o pre-políticos. Siempre sucede lo mismo y nadie quiere distinguirse rompiendo de una vez por todas ese bucle ilegal e infernal.

Esta semana se ha presentado el Manifiesto Constitucional de Cataluña. Su promotor es Joan López Alegre, que fue numero dos en la lista de Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona y fue entrevistado por Federico Jiménez Losantos… que fue uno de los promotores, ¡hace 40 años!, del Manifiesto de los 2.300. López Alegre dijo estar convencido de que hay que reunir a todos los constitucionalistas en un frente contra el separatismo. ¿A los partidos? Pudo hacerse y no se logró. López Alegre no lo pide como político sino como ex. El constitucionalismo político estuvo cerca de arrinconar a los separatistas, en Cataluña y en el País Vasco pero siempre que se acaricia la posibilidad algo o alguien lo trunca. Manifiestos, sociedad civil, intenciones, pero nunca partidos políticos. No están a la altura.

Dice el Manifiesto de ahora que "hay que hacer que lo que es normal en el día a día, sea normal también en las relaciones institucionales". Lamentablemente la frase tiene 45 años. La pronunció Adolfo Suárez en su primera comparecencia televisiva, el 9 de junio de 1976. Empezaba la ilusionante democracia: "Hay que elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es simplemente normal". Más de cuatro décadas.

Julia Calvet, entrevistada recientemente por Dieter Brandau, es presidenta de S’ha acabat, una plataforma que con apenas tres años de vida ya puede mostrar una infame y larga lista de violaciones de derechos, acosos, agresiones y persecución. Jóvenes universitarios, hartos del régimen supremacista y que se niegan a salir de su tierra, de abandonar el censo para que el separatismo crezca por abandono o incomparecencia del constitucionalismo. Si se arriesgan es porque no han visto representados sus intereses por partido alguno. Hay que arroparlos, animarlos, financiarlos. Pero algo falla o alguien sobra.

Les ha pasado lo mismo, siendo políticos, a otras personas como Rosa Díez. O a Juan Carlos Girauta. O a Cayetana Álvarez de Toledo, dos veces. Otros, como Albert Rivera, quizá se hartaron antes de tiempo de la política o llegaron demasiado pronto a ella. Pero ¿por qué los partidos apagan las verdaderas ganas de cambiar las cosas? ¿Por qué desde las filas de un partido —les pasa a todos— no se puede atender a las emergencias reales de una sociedad? De hecho, ¿por qué la sociedad civil organizada cuando se convierte en partido deja de interesarse por las cuestiones civiles que nos atormentan? Demasiado poder, demasiado dinero. Demasiada prensa.

El ciudadano no está entonces representado por el partido al que vota… y en ocasiones siente muy lejano al diputado, no por su origen sino por su escasa o nula preocupación por su provincia. Tiene mucho que ver en esto el afán de control interno de los partidos que sólo busca dar salida a envidias imposibles de solventar. Es lo que estos días tiene en vilo al PP (Ayuso, Cayetana) y que ya le está costando la oportunidad de gobierno.
manifestacion-despoblacion-3103-espana-vaciada.jpgMilana Bonita o León Ruge: decenas de partidos rurales, listos para parasitar las eleccionesLibertad Digital

Y del partido inservible nacional pasamos, no al pluripartidismo aquel sino al minipartidismo, a la atomización imposible que, para más inri, se abraza siempre a la izquierda y a los proyectos que no tienen interés alguno en España o los tienen todos en contra.

Los partidos que son un problema para España
Dice el PSOE que acordar los presupuestos o lo que sea con ERC y Bildu es "por el bien de España". Y que como ETA ya no mata pues es un partido como cualquier otro. No como Vox, claro.

Añade ufano el presidente Sánchez que "sumar es la clave, buscar puntos de encuentro es decisivo, trabajar por alcanzar mayorías que representen las distintas sensibilidades de un país no para ser más, sino para hacer mejores políticas y mejorar la vida de las personas y de nuestro país, es decisivo". Y tanto que suma: 11 partidos. Y todos pidiendo como si los presupuestos, como bien ilustró Rubén Fernández en su crónica, fueran el Black Friday.

"Puntos de encuentro", "mayorías"… Por el contrario, se amenaza sin trabas sobre una posible ilegalización de Vox, se tacha a la Derecha de la Cámara de "golpista" y "franquista" —Odón Elorza, nada menos— y no cabe siquiera la oportunidad de plantear la verdadera necesidad de ilegalizar a un partido de nunca debió ser legal como Bildu. Nuestra democracia fue capaz de legalizar en 1977 al PCE y debe estar a la altura, 44 años después, para hacer lo contrario con Bildu. Cerrar el paso también es una protección para la democracia. Pero nadie se atreve a pedirlo desde un partido, salvo en esta ocasión Vox, por pura defensa propia. En cuanto a ERC, no sé si será lo suficientemente probatorio el hecho de que participara activamente en un golpe de Estado en octubre de 2017. Parece que no…

PP, Vox y Ciudadanos no pueden burlarse más de sus votantes convirtiéndose en obstáculos mutuos allí donde deberían frenar a la izquierda radical y al separatismo, o sea, en cualquier lugar de España. La sociedad se hartará de sacarles las castañas del fuego por más que añore lo que hicieron cuando no eran partidos o cuando no tenían tanto poder o cuando su disidencia era un activo.

En 1977, cuando se estrenó la posibilidad de trabajar por tus ideas desde nada menos que un partido político, todo esto sería imperdonable.

Terrorismo
"ETA llevó a cabo una limpieza étnica en el País Vasco. Cometió delitos de lesa humanidad"
FERNANDO LÁZARO. El Mundo 27 Noviembre 2021

El magistrado que dictó el primer auto de procesamiento por este delito contra los jefes de ETA explica su investigación en una mesa redonda en EL MUNDO organizada por la Fundación Luis Portero y Dignidad y Justicia

Con total claridad, el actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y ex magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, aseguró que ETA ha cometido delitos de lesa humanidad desde su nacimiento.

González fue el autor del primer y hasta ahora único auto de procesamiento contra dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad. Y ha participado en una mesa redonda celebrada el jueves en EL MUNDO y organizada por la Fundación Luis Portero y la Asociación Dignidad y Justicia sobre los delitos de lesa humanidad.

La jornada arrancó con unas palabras del director de EL MUNDO, Francisco Rosell, quien destacó que desde el periódico "siempre hemos querido que no se olvidara la voz de las víctimas". Recordó la figura del asesinado Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía, en la lucha por los derechos humanos. "A Luis no lo mataron por ser un particular sino por lo que defendía: los valores democráticos y la ley". Y alertó a los medios: "No podemos caer en un ningún caso en un delito de leso olvido, que ya se está produciendo". "ETA está teniendo una victoria postrera como consecuencia de sus acuerdos políticos, está consiguiendo sus compromisos a costa de los que murieron". "EL MUNDO es siempre la casa de las víctimas", finalizó.

El magistrado Juan Pablo González explicó por qué considera que existe aún impunidad en las actuaciones de ETA: "Hay más de 350 crímenes sin esclarecer, están en la más absoluta impunidad. Pero también existe otra impunidad: moral, política y social".

Explicó que en 2015 reactivó en la Audiencia Nacional una querella antigua presentada por la Fundación Luis Portero contra ETA por genocidio y delitos de lesa humanidad. Logró sacar adelante un auto de procesamiento por delitos de lesa humanidad contra dirigentes de ETA que lleva casi seis años paralizado en la sala de lo penal pendiente de enjuiciamiento.

"Era la primera vez que se calificaban los delitos de ETA como delitos de lesa humanidad. Era una verdadera violencia de persecución, de ataques generalizados y sistemáticos contra un sector de la población. Las víctimas eran elegidas en consideración de ser integrantes de los grupos sometidos a persecución por política e ideología". "Se trata de delitos no solo contra la vida sino contra la comunidad internacional".

Denunció que su instrucción sufrió muchos obstáculos y que no hubo colaboración por parte de las autoridades judiciales francesas, que no atendieron las comisiones rogatorias, incluida la última, sobre Josu Ternera. "Transcurridos casi seis años no se ha celebrado el tan necesario juicio contra dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad".

"Se llevó a cabo una limpieza étnica en el País Vasco. Fueron muchos miles, quizá hasta centenares de miles los vascos que tuvieron que abandonar el País Vasco, alterando de manera significativa el propio censo electoral y el devenir político y social de una comunidad autónoma", añadió. "Y todo esto con una impunidad política y social".

Hegemonía del nacionalismo
El magistrado denunció que esta situación ha provocado que "se ha aceptado como inevitable la hegemonía del nacionalismo en el País Vasco y se ha condenado a la irrelevancia a los que más hicieron por acabar con el terror".

"El eslogan de que ETA ha sido derrotada es una mentira política organizada que no se corresponde con la realidad. Sigue existiendo con otro nombre, con otros métodos. Pero sigue actuando. Es fundamental que se configure un relato sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por ETA. En España hubiera sido necesario un juicio de Nuremberg sobre los crímenes de lesa humanidad de ETA, que condene su ideología totalitaria".

Fue el abogado Miguel Ángel Rodríguez quien puso una dosis de optimismo ante las próximas actuaciones judiciales contra ETA. Rodríguez es el letrado de Dignidad y Justicia que ha llevado estas actuaciones sobre los delitos de lesa humanidad y que dirige también la querella contra dirigentes de ETA por el asesinato del magistrado Querol Lombardero.

"ETA ha conseguido expulsar del País Vasco a entre 60.000 y 200.000 seres humanos. Es de una violencia desmesurada, En el concepto de la legislación internacional no hay duda de que ETA cumple para ser considerada autora de delitos de lesa humanidad, porque estos crímenes no los comete solo un estado, como apunta el tratado de Roma. El comité de derechos humanos de naciones unidas reconoce estas situaciones".

Avanzar "con decisión"
En una intervención muy técnica, Rodríguez explicó por qué el hecho de las expulsiones que llevó a cabo de hasta 200.000 de vascos supone un delito de lesa humanidad. Aseguró que esta situación no tiene paragón con ningún estado miembro de la Unión Europea. "Era muy claro el mensaje que lanzaba ETA a estos ciudadanos para que se marcharan": o con ellos, o fuera, o muertos.

"ETA tiene la partida de la lesa humanidad perdida, aunque parezca que no. En todos los escenarios de internacionales contra este tipo de delitos, inicialmente, con las luces en corto, parece que no van a salir adelante. Pero acaba pasando un tiempo y se impune la lógica internacional. Lo vimos con Milosevic", apuntó con esperanza. "Si pudiéramos dejar los carnés políticos a un lado, las ideologías, esto lo veríamos todos más claros y se avanzaría con más decisión", defendió.

El letrado recordó a título de ejemplo comunicados de ETA en los que dejaba claro tras cometer atentados que el que no estuviera con ellos "debe abandonar el territorio vasco".

"Solo les resta una solución: marcharse. En caso contrario, poco a poco eliminados uno a uno o en grupo", aseguraba en uno de sus escritos públicos ETA.

Finalmente tomó la palabra Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, instigador incansable de todas las actuaciones contra ETA en los tribunales. "Ahora ETA es una organización terrorista escondida, pero con una máscara ahora más política como es Bildu, que ha cometido los crímenes más graves, los de lesa humanidad". Aseguró que ETA no podría asumir una condena por delitos de lesa humanidad "porque quedaría desprestigiada a nivel internacional. Y en eso estamos trabajando. Ya hay un auto de procesamiento en la Audiencia desde hace casi seis años, paralizado, pese a que nadie lo ha recurrido, no la Fiscalía ni los jefes de ETA señalados". Portero mostró sus dudas de la fecha en la que se puede considerar que la actuación de ETA se puede enjuiciar por delitos de lesa humanidad. La audiencia dictaminó que desde 2004, desde que se incorporó ese delito al Código Penal.

"La diferencia es juzgar a cinco dirigentes de ETA o a 50. ¿Desde el nacimiento de ETA o desde 2004 que España incorpora el delito de lesa humanidad?", se preguntó. Y advirtió que su asociación llevará a cabo actuaciones contra ETA también en otros países.

La vital seguridad nacional
La estrategia de seguridad europea y atlantista que dice perseguir Sánchez y los riesgos que detecta el documento son incompatibles con los socios que ha elegido para gobernar
Editorial ABC 27 Noviembre 2021

El Gobierno está elaborando el documento con la Estrategia de Seguridad Nacional, cuyo último borrador hoy publica ABC, que actualizará el aprobado en 2017, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, de 2005. Se trata de un análisis de las prioridades para un plan de seguridad de los intereses españoles, lo que se traduce en la identificación de las amenazas, riesgos, potenciales y reales, a los que se enfrentará España en los próximos años. El documento identifica los problemas habituales de cualquier política de seguridad nacional -terrorismo, Magreb, injerencias rusas- y refuerza su atención a los derivados de amenazas crecientes, aunque no nuevas, como la ciberdelincuencia. El lenguaje del borrador combina las referencias propias de un documento elaborado por expertos en defensa, con la terminología políticamente correcta tan presente en los discursos del Gobierno, como «transición ecológica» o «resiliencia».

También son frecuentes las alusiones a la pandemia del Covid-19, a las estrategias «híbridas», incluso se desliza una críptica mención al «paradigma socio-económico liberal». La amenaza del terrorismo yihadista es puesta en relación con «la polarización y la crisis económica», eludiendo el fanatismo religioso que la alimenta y que es un dato esencial para la prevención de sus actos terroristas.

El verdadero problema que plantea este nuevo documento es saber si cuenta para su futura aplicación con el apoyo de un Gobierno dispuesto a hacer la política de seguridad propia de una democracia occidental. Lo primero que hace falta, sin duda, es aceptar la realidad y no ocultarla, como ha sucedido con el atentado yihadista en Torre Pacheco (Murcia), en septiembre pasado. Para ejecutar una política de seguridad europea y atlantista, los socios de Gobierno que ha elegido Pedro Sánchez no son los adecuados. El peor panel europeo de comunistas, separatistas y proetarras difícilmente puede apoyar una estrategia de seguridad en la que se refuercen los vínculos con la OTAN y se reafirmen las alianzas con Estados Unidos, se identifique a Rusia como fuente de injerencias y se apueste por proteger Ceuta y Melilla.

Tampoco facilita una seguridad nacional operativa la escasa relevancia internacional del Ejecutivo de Sánchez. Sus éxitos diplomáticos se miden por los segundos que consigue que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le haga caso en los huecos de su apretado horario. Más allá de estos episodios, no hay rastro del Gobierno en las tomas de decisiones importantes, en los grupos reducidos de gobiernos influyentes, en los foros internacionales donde están en juego los intereses colectivos.

Pero si algo determinará la implicación del Ejecutivo con la seguridad nacional será el presupuesto que realmente acabe destinando a lo que el borrador de Defensa denomina «capacidades militares», para las que pide «un marco presupuestario estable». España es el segundo país de la OTAN que menos presupuesto dedica a gastos militares, en proporción a su producto interior bruto. Es cierto que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 hay un incremento del gasto en Defensa, pero apenas servirá para nuevas inversiones porque irá destinado a pagar compras de armamento cerradas años atrás. La demanda de un mayor esfuerzo presupuestario no responde a un ánimo militarista, sino a una constatación de las amenazas exteriores y de los compromisos internacionales de España. El rearme de Marruecos y sus pactos privilegiados con EE.UU. e Israel, la lucha contra el terrorismo en el Sahel o las misiones de contención de la presión rusa en el Báltico obligan a España a no caer en un buenismo incompatible con el signo de los tiempos.

La batalla del 25% de castellano: “Volvería a luchar, a reclamarlo”
Una vecina de Castelldefels que logró el 25% para sus dos hijos recuerda su experiencia tras el histórico fallo del Supremo
La AEB ha logrado que más de 2.000 personas consigan resoluciones a favor del castellano en la última década, entre ellas el caso de Castelldefels
Cristina Rubio. Barcelona. larazon 27 Noviembre 2021

La charla termina con una pregunta casi obligada.

–¿Lo volverías a hacer?
–Sí, sin duda. Quizás lo haría de otra forma, buscando más apoyos porque te encuentras que te están persiguiendo por reclamar tus derechos, te quieren callar a toda costa. Pero sí, volvería a luchar por el castellano.

Vecina de la localidad barcelonesa de Castelldefels, madre de dos hijos, Dafne contesta de la forma más contundente posible a la última cuestión, sin dudarlo ni titubear un segundo. Habla del periplo judicial que ella y muchas familias han emprendido a lo largo de la última década en Cataluña para lograr que sus hijos reciban más clases en castellano. Un 25% para ser exactos, un porcentaje que representa solo una asignatura más al margen de la propia de Lengua.

Una lucha caso a caso, aula a aula, que esta semana ha cobrado fuerza tras el varapalo del Tribunal Supremo a la inmersión al no admitir el recurso de la Generalitat y avalar así la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo catalán.

«Una estocada, el principio del fin de la inmersión», como definen desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña, la entidad que ha acompañado y asesorado judicialmente a las familias a lo largo de estos últimos años, en concreto desde 2014.

También a esta madre de Castelldefels, argentina, con la doble nacionalidad que aterrizó en Cataluña hace casi una década y comprobó que el catalán copaba todo el sistema educativo público. «Yo no tenía ni idea, busqué alternativas, me informé y fue así como contacté con la AEB. Ellos me dijeron que la única posibilidad era la vía judicial y así lo solicitamos», recuerda ahora, con una hija que ya ha empezado el instituto y un hijo más pequeño que aún está en Primaria, en la escuela pública Josep Guinovart de Castelldefels (Barcelona).

El camino empezó cuando su hija estaba en P4, hace ya ocho años. «No me imaginé que iba a ser así, pero no me arrepiento de nada», resume tras explicar que contactó con más familias que querían una mayor presencia del castellano en las aulas –«¡qué menos que el 25!»– y formaron un grupo «bastante grande», de unos 30 padres y madres que presentaron alrededor de un centenar de solicitudes.

Entonces comenzó el laberinto, el «periplo» judicial, un proceso que se alargó unos «dos o tres años» por caso y del que se descolgaron varias familias, especialmente después de recibir el primer «no» del Departamento de Educación de la Generalitat y tener que transitar por la vía judicial. «Algunos se quedaron por el camino y no quisieron seguir, incluso hubo gente que se marchó de Cataluña», recuerda. «Quedamos pocos, pero lo conseguimos», añade.

Se refiere a las «presiones», a la «batalla importante» que representó en su momento reclamar el 25% de castellano por el rechazo manifiesto de las familias que no querían. «Desde la Ampa, por ejemplo, mandaban felicitaciones de Navidad con la foto de clase en todos los idiomas –«¡en 10!»– menos en español». «O a nuestros hijos les apartaban, les hacían el vacío», recuerda.

Eso sí, hace ya cuatro años y en un momento concreto, coincidió que todas las clases del centro impartieron un 25% de castellano al haber varias resoluciones favorables a la vez y repartidas en los distintos cursos de un colegio de medio millar de alumnos.

Ahora, el ambiente es distinto, sin tantas trabas y con menos tensión tras un cambio en la dirección del centro. La lucha, eso sí, sigue siendo prácticamente en solitario: en septiembre, esta madre tuvo que avisar que su hija tenía una resolución judicial a favor del castellano porque la Generalitat no lo había notificado. Desde el colegio no pusieron pegas, aunque aquí señala al Departamento de Educación del Govern: «No les dijeron nada, y tuve que mandarles yo toda la documentación».

Desde las entidades que defienden el castellano explican que lo que se acostumbra a hacer desde las escuelas cuando llega una resolución individualizada es impartir una materia más en español que tiende a ser Matemáticas al ser una de las más sencillas y tener menos gramática.

Y es que a lo largo de estos años, la AEB ha logrado que más de 2.000 alumnos se beneficien del 25% de castellano a partir de resoluciones individualizadas. De hecho, está previsto que en los próximos meses se produzcan más fallos (7 u 8) en este sentido, aún pendientes de resolver y que llegarán en medio de la polémica por la ejecución del fallo que tumba la inmersión en Cataluña.

Y, empezando por el final, otra pregunta resulta obligada:

–¿Cómo valoras la histórica sentencia del 25% de castellano avalada por el Supremo?
–Estoy encantadísima, muy contenta, es una gran noticia. Pero dudo mucho que la Generalitat lo aplique. Los padres vamos a tener que seguir pidiendo.

Lo añade también sin dudar y después de que el Govern de Pere Aragonès se haya instalado en el desacato y haya pedido directamente a los directores de los centros educativos que desobedezcan y no den más clases en castellano. Una orden por carta remitida apenas 24 horas después de un fallo que tiene afectación en todo el sistema educativo.

El Govern se enroca
Ayer mismo, el president Pere Aragonès se volvió a reafirmar en el desacato y aseguró que a principios del año que viene convocará el Pacto Nacional por la Lengua a fin de buscar el máximo consenso en torno al catalán. «El actual modelo se tiene que perfeccionar pero en el sentido contrario del que dice el Tribunal Supremo» porque «los objetivos que se fijaron cuarenta años atrás no se han conseguido totalmente», remachó el president.

Un cónclave que puede coincidir con la providencia del TSJC para pedir a la Generalitat la ejecución del 25% de castellano. Y, llegados al punto de que la Generalitat insista en el desacato, las entidades y familias volverán a mover ficha: ya han anunciado que reclamarán la ejecución forzosa de la sentencia, una batalla que continúa prácticamente una década después.

San Gil: «Sánchez está destruyendo el orden social, importan más Otegi y los presos que las víctimas»
Diez años después de dejar la política, María San Gil lanza NEOS, una alternativa cultural para despertar conciencias
Paula Baena. okdiario  27 Noviembre 2021

Aunque hace ya más de una década que abandonó la política, el compromiso de María San Gil (San Sebastián, 1965) con España y con los valores en los que cree continúa indemne. Por eso, en un momento en que considera que la crisis de valores de la sociedad ha alcanzado cotas límites se ha lanzado a impulsar NEOS, una alternativa cultural para, desde la sociedad civil, despertar conciencias y actuar como acicate para influir en la política.

En una entrevista con OKDIARIO, San Gil muestra su preocupación por la destrucción del orden social que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo instalado en la «mentira», opina, y contra el que se rebela a través de esta nueva plataforma que nace de la mano de un puñado de fundaciones, entre ellas, la Villacisneros, de la que San Gil es vicepresidenta.

PREGUNTA.- ¿Qué es NEOS y por qué habéis decidido lanzar esta iniciativa?
RESPUESTA.- NEOS es el acrónimo de norte, este, oeste y sur porque pensamos que la España actual está absolutamente desnortada y necesita brújula moral, ética y política. Desde hace tiempo varias fundaciones organizábamos conferencias de mucho éxito dónde hablábamos de esa alternativa cultural para hacer frente al Frente Popular, valga la redundancia, y pensamos que había llegado la hora de dar un paso más porque la situación política de España lo exigía.

No somos un grupo político, no tenemos ninguna intención de entrar en política, pero sí queremos influir en los políticos, queremos que los políticos se den cuenta que hay una parte importante de la sociedad que no se siente en este momento representada en la defensa de sus valores cristianos y que entendemos que frente a las leyes ideológicas y sectarias del Gobierno hay que poner encima de la mesa argumentos, otro tipo de ideas, otro tipo de proyectos.

P.- ¿Cuáles crees que son esos valores que están en crisis en la sociedad española?
R.- Existe un desorden total. Vivimos en el caos. Este Gobierno lo único que hace es poner encima de la mesa leyes sectarias, ideológicas y rupturistas que lo único que quieren es dividirnos a los españoles entre buenos y malos. Los buenos son ellos, por supuesto. Y los malos somos quienes planteamos una alternativa o no comulgamos con las ideas que ellos defienden. Vivimos en el Gobierno de la mentira. No podemos acostumbrarnos a que nos mientan y esto no tenga consecuencias.

Nosotros defendemos la dignidad de la persona, la libertad, la libertad de expresión, de educación y la religiosa. Los que defendemos los fundamentos cristianos estamos arrinconados, marginados y hasta repudiados. Tenemos todo el derecho a ser católicos y a decirlo sin ningún tipo de ambages ni de complejo.

Defendemos también la Corona y la Nación Española, a la que también queremos proteger de las amenazas globales porque España no es una isla, vive en un mundo donde se está imponiendo el relativismo y la ruptura del orden social.

P.- ¿Crees que ahora mismo estos valores están huérfanos en la política actual?
R.- Sí. Los partidos tienen que darse cuenta que muchos de sus votantes a veces se sienten huérfanos y que, para responder a esa orfandad, nosotros vamos a levantar la voz para que se nos escuche.

P.- ¿Qué te parece que Bildu haya apoyado los presupuestos de Sánchez y que pretenda enmarcarlo dentro de la normalidad?
R.- Nos lo quieren vender como si fuera normal y no lo es. En el año 2000 hubiera sido inconcebible. Pero cuando en el año 2004 Zapatero pacta con ETA, cambia la sociedad iniciando ya una serie de leyes ideológicas, sectarias y rupturistas, y esto se culmina en este momento. Un momento en el que Bildu sostiene los Presupuestos y nos lo quiere hacer ver como con absoluta naturalidad. Un momento en el que Otegi es un ‘hombre de paz’, en el que los presos tienen beneficios penitenciarios que no se merecen y en el que las víctimas del terrorismo, que deberían ser un referente para todos los políticos y para la acción de gobierno, están arrinconadas. Preocupan mucho más los asesinos y los presos que lo que las víctimas exigen de memoria, dignidad y justicia.

Todo esto es un proyecto global de destrucción del orden social donde hemos invertido los valores. O sea, importa Otegi, no importan las víctimas. Y este tipo de cosas es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa, queremos despertar un poco las conciencias, porque todas estas leyes lo que hacen es adormecer a la sociedad. Al principio nos impactan, pero al final vamos a amortizando una ley con otra. Nos olvidamos hoy de la de la ley de anterior o de la iniciativa anterior, porque cada una es peor que la anterior.

NEOS quiere ser ese acicate, esa palanca que impulse que las conciencias de millones de españoles despierten un poco, reaccionen, se sume a nosotros y podamos ser una voz en los medios de comunicación, una voz en la sociedad para que se nos tenga en cuenta.

P.- ¿Qué te parecieron las declaraciones de Odón Elorza en el Congreso de los Diputados?
R.- En mi casa me enseñaron que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y eso es todo lo que te voy a decir de Odón Elorza. Lo he padecido durante 20 años y no tengo palabras, con lo cual creo de verdad que es mucho mejor despreciarle.

P.- ¿Qué te parece la corriente para arrinconar y silenciar a las víctimas del terrorismo?
R.- En este desorden social que vivimos, en el que hemos invertido todos los valores, el Gobierno quiere acallar a las víctimas porque son la voz de nuestra conciencia, las que nos tienen que motivar a actuar de una forma honesta y justa que no se está haciendo.

ETA no está derrotada, esa es una de las grandes mentiras que nos quieren imponer. Es verdad que ETA no mata y nadie se alegra más que yo, pero el proyecto por el que ETA ha matado -porque ETA no eran un grupo de tarados que mataban porque les daba la gana-, ETA mataba porque tenían un proyecto político entre manos y lo quería conseguir a través del terror y del asesinato. Ha optado por dejar de matar, pero ahora tienen más fuerza que nunca porque que está en las instituciones y está aprobando los Presupuestos Generales del Estado. Esto de verdad es inaudito e inconcebible. Hemos perdido el prisma de lo que está bien y lo que está mal. No podemos admitir a Bildu como un elemento político plenamente democrático.

La definitiva aceptación de la herencia de ETA por el socialismo vasco
Mikel Buesa. Libertad Digital 27 Noviembre 2021

Han acabado haciendo irreconocibles las siglas del partido que otrora coadyuvó a la gobernación de Euskadi e hizo frente con valentía al terrorismo.

No seremos ingenuos y no diremos que nos ha sorprendido, que no lo veíamos venir desde que, allá por julio de 2006, Patxi López y Rodolfo Ares se reunieron con Arnaldo Otegi en un hotel de San Sebastián mientras se desarrollaban las conversaciones entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA. Pero definitivamente ha ocurrido ahora con ocasión de la elección de Eneko Andueza como líder del socialismo vasco. Andueza ha dejado claro que va a explorar cualquier posible pacto tras las elecciones autonómicas que se celebrarán en 2024, incluyendo por supuesto a EH Bildu –dejando de paso con el culo al aire a su tradicional socio de gobierno, el PNV, que tanto ha hecho para sostener en la gobernación a Pedro Sánchez–. La política es así y las viejas afinidades se olvidan pronto, pues lo único que cuenta es el juego del poder. Y en ese juego contar con un nuevo partenaire puede acabar dando mucho de sí. Más aún en el caso vasco, donde son dos los partidos nacionalistas que pugnan por la sede del Palacio de Ajuria Enea.

Ha sido largo el camino que ha llevado a los socialistas vascos a eso, dando por olvidados a los sacrificados por ETA, cuyos asesinos fueron objeto de alabanza por Batasuna; o sea, por los mismos corifeos que hoy se sientan en las poltronas de la dirección de Sortu y cortan el bacalao en Bildu. Que se veía venir ya lo he dicho, pero lo que importa ahora es mostrar el giro doctrinal que ha acabado haciendo irreconocibles las siglas del partido que otrora coadyuvó a la gobernación de Euskadi e hizo frente con valentía al terrorismo.

Ese giro doctrinal se inició hace mucho tiempo, en el momento en el que, ya instalado en el poder, Zapatero repudió el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo para bendecir una negociación con ETA acogiéndose a la vieja doctrina del Pacto de Ajuria Enea, en cuyo punto décimo se teorizaba acerca del "final dialogado de la violencia". Esa negociación fue muy azarosa, no sólo porque las expectativas de ETA –y las del propio Zapatero– eran desmesuradas, sino porque se encontró en las calles del País Vasco y de las demás regiones de España con una contestación persistente e intransigente con la idea de dar reconocimiento político a ETA y atender sus pretensiones. Los nombres del Foro Ermua, de ¡Basta Ya!, de la Fundación para la Libertad, de la AVT y de otras muchas organizaciones cívicas resuenan aún a pesar de que, finalmente, fracasaron en lo principal, aunque lograran que el final del terrorismo se quedara sólo a medias. Hoy sabemos también que la negociación contó con el beneplácito de Mariano Rajoy –"Habla y haz lo que tengas que hacer, y me vas contando", le dijo a Zapatero en el momento de los prolegómenos de su diálogo con ETA–, aunque se nos oculta aún si su postura era compartida por los demás miembros de la dirección del PP.

La negociación, constreñida por la potencia del movimiento cívico, acabó circunscribiéndose a la cuestión política; o sea, a la de la posibilidad de que Herri Batasuna, tras un lavado de cara y de siglas, retomara su papel institucional, superando así los desastrosos efectos que, para ella, tuvo su ilegalización en 2002. Curiosamente –y esta es la clave del asunto, el polvo del que vienen los lodos actuales–, esto se hizo mediante una pirueta intelectual que desnudaba de cualquier intencionalidad política a ETA. Ésta, como todas las organizaciones terroristas, tenía un proyecto político –la independencia y el socialismo a la vasca– y lo defendía desarrollando "una lucha política con medios militares" –tal como había teorizado el líder del Irgún, Menajem Beguin, en sus memorias de la lucha clandestina por la independencia de Israel–. Su singularidad, sin embargo, que en esto imitaba la experiencia del IRA, era que, desde la perspectiva organizativa, desde los años finales de la década de 1970, ETA se había desdoblado en una entidad dedicada a la lucha armada –la propia ETA– y otra –KAS y Herri Batasuna– centrada en la organización política del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y de su expresión institucional.

Lo que los negociadores establecieron fue la ficción de que ETA era una cosa –un ejercicio de la violencia sin sentido y sin horizonte político, un matar por matar– y Batasuna otra bien diferente que podía volver a ser admitida en el cotarro institucional si los asesinos dejaban de cometer atentados. Esa ficción es lo que ahora se repite en las declaraciones de los dirigentes socialistas, Andueza incluido: "Les dijimos que sin violencia podían volver a la política y es lo que han hecho". Por eso, aunque para nada hayan rechazado su pasada vinculación terrorista ni hayan repudiado los crímenes cometidos por sus mentores, se les considera admisibles en el juego de los acuerdos que se adoptan en las instituciones parlamentarias, incluyendo, por supuesto, los que dan lugar a la formación de Gobiernos.

La herencia de ETA, camuflada de esta manera bajo el engaño, ha sido así definitivamente aceptada por el socialismo vasco dentro de su formulación doctrinal. Lo que hasta hace poco era meramente instrumental –como asegurar la gobernación de Navarra o la aprobación de ciertos proyectos legislativos del Gobierno nacional, incluidos los Presupuestos– deviene ahora elemento intrínseco de la doctrina política del PSE y del PSOE. Que se vayan preparando los nacionalistas del PNV, porque los que ahora les apoyan acabarán dándoles la puñalada por la espalda. Como, por cierto, desde hace tiempo a los españoles corrientes que otrora creyeron en ellos.

COMUNIDAD VALENCIANA
El Supremo confirma la sentencia que cuestionó la Oficina de Derechos Lingüísticos en Valencia
NOA DE LA TORRE. Valencia. El Mundo 27 Noviembre 2021

Rechaza el recurso de casación de la Generalitat por entender que el procedimiento para las denuncias no ofrece seguridad jurídica al impedir a los denunciados recurrir o impugnar

Nuevo varapalo judicial a la política lingüística de la Generalitat Valenciana. Esta vez, con sello del Tribunal Supremo, que acaba de confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tumbó, tras una denuncia del PP, parte del decreto que regula la cuestionada Oficina de Derechos Lingüísticos. Concebida por la Conselleria de Educación -en manos de Compromís-, la Oficina se creó para canalizar las denuncias de los ciudadanos que viesen vulnerados sus derechos como valencianohablantes.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por la Generalitat contra el fallo que declaró la nulidad de pleno derecho de 12 artículos del citado decreto. Los jueces no se creen la argumentación de la Generalitat para rebajar el valor de dichas denuncias ciudadanas, que podían abarcar incluso el ámbito privado.

En este sentido, el Supremo coincide con el TSJ en que la la regulación de las "reclamaciones y sugerencias" sobre los usos del valenciano no es conforme a derecho por no prever la tramitación de un procedimiento administrativo. Es decir, un procedimiento reglado que diese opción al afectado a recurrir o impugnar el acto administrativo.

Según la sentencia, esto "es claramente contrario a los principios de seguridad jurídica y responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución Española". Y ello a pesar de que la Generalitat mantenía que las reclamaciones y sugerencias reguladas en el decreto no constituían en el fondo actos administrativos, siendo innecesario por tanto la regulación por ley. Añadía que la intervención de la Oficina en materia de reclamaciones y sugerencias era una "actuación/función de mediación-asesoramiento" que no genera actos administrativos ni exige la existencia de un procedimiento administrativo.

El Supremo no comparte esa argumentación, y destaca que se debe partir de que la norma reglamentaria impugnada, que regula este tipo de actuación en función de si la reclamación o las sugerencias vienen referidas a actuaciones de la propia Administración, de otras Administraciones o de personas físicas o jurídicas privadas, determina en su artículo 10 que, en todos los casos, la Oficina "iniciará un expediente informativo para averiguar si los hechos expuestos por la persona interesada constituyen una vulneración de los derechos lingüísticos de acuerdo con la normativa vigente" y que "las personas interesadas serán informadas con respecto al estado de su tramitación".

El fallo es claro al cuestionar que "nos encontramos con que la Administración -la Oficina- recibe una denuncia (pero también puede actuar de oficio por conocimiento propio ex artículo 4), inicia un expediente informativo para investigar unos hechos, califica los hechos como vulneradores o no de los derechos lingüísticos, actúa frente a terceros públicos y privados si aprecia esa vulneración, y da una respuesta que se notifica al interesado afectado en la misma forma que los actos administrativos".

Añade que esta y no otra es la naturaleza de la actuación de la Oficina, y destaca que no puede olvidarse cómo el preámbulo del decreto justifica su creación afirmando que responde a "la necesidad de que los poderes públicos pongan al alcance de la ciudadanía un recurso de carácter institucional especializado en la atención de casos de discriminación en materia lingüística, que sirva de canal para corregir los hechos objeto de denuncia y que al mismo tiempo ayude a restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al valenciano como lengua oficial".

Es decir, la administración crea un órgano para atender "casos de discriminación en materia lingüística", que califica abiertamente como tales y por ello actúa frente a terceros, y lo hace con la finalidad de "corregir los hechos objeto de denuncia" y llegar "a restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al valenciano como lengua oficial", añade la sentencia.

Tras conocerse el fallo, el director de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, ha valorado que "la ciudadanía valencianohablante no tiene sus derechos lingüísticos asegurados, razón por la cual es necesaria la Oficina". De hecho, el organismo público sigue funcionando, aunque el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha dicho que con este pronunciamiento del Supremo "se frena la inmersión lingüística de Ximo Puig y el procés nacionalista".
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