AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 1 Diciembre  2021

Las Administraciones gastan cada día 200 millones más de lo que ingresan
Ni rastro de contención presupuestaria: los desembolsos crecen a un ritmo del 12%.
Diego Sánchez de la Cruz. Libertad Digital  1 Diciembre 2021

Las Administraciones Públicas gastaron cerca de 55.000 millones de euros más de lo que ingresaron en los tres primeros trimestres del año en curso. Así lo confirman los datos publicados esta misma semana por el Ministerio de Hacienda, de los que se desprende que el déficit para enero-septiembre se situó en el 4,2% del PIB.

Al ritmo actual, los desembolsos de las Administraciones Públicas, excluyendo las corporaciones locales, registran un déficit tan abultado que, en promedio, el gasto supera a los ingresos a un ritmo de 200 millones de euros ¡cada día! o, lo que es lo mismo, los números rojos rozan el umbral de los 8,5 millones de gasto deficitario ¡por hora!

Aunque es cierto que la cifra comunicada por el Ministerio de Hacienda supone una reducción del 34% en comparación con los datos de 2020, lo cierto es que la comparativa interanual tiene poco sentido en las circunstancias actuales, habida cuenta de que el pasado año estuvo marcado por un déficit histórico, cercano al 11% del PIB.

Total falta de contención en el gasto
Los datos presentados por el Ejecutivo confirman una total falta de contención en el gasto. Entre enero y septiembre, los recursos no financieros ascendieron a 177.021 millones de euros, de los cuales 149.142 millones se captaron vía impuestos. En términos relativos, los ingresos tributarios suben un 20%, pero el gasto se incrementa un 12%, de modo que el agujero fiscal sigue siendo muy significativo.

Si comparamos los gastos (231.212 millones) con los ingresos (177.021 millones), vemos que el déficit en términos de caja asciende al 24%. Esto significa que, salvo que se produzca un volantazo hartamente improbable en los últimos meses del año, el gasto público de casi tres meses del año 2021 se habrá cubierto a base de emitir deuda, en vez de a partir de los ingresos disponibles.

Así era de fácil, Moreno Bonilla
EDITORIAL. https://gaceta.es 1 Diciembre 2021

Dos meses de negociaciones entre el Partido Popu…, perdón, entre Isabel Diaz Ayuso y VOX, han concluido con un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad que beneficiará a todos los madrileños. Como en todo acuerdo, siempre hay dos partes que firman un compromiso que obliga a ambas. El partido de Rocío Monasterio se compromete, y así lo ha anunciado la líder madrileña de VOX, a rechazar todas y cada una de las enmiendas parciales y totales a los presupuestos que pueda presentar la izquierda. Por su parte, el Partid… la formación de Ayuso se compromete a integrar en su acción de Gobierno un abanico de medidas presentadas por VOX que van desde la gratuidad total de la enseñanza hasta la trazabilidad de cada euro que sale de nuestros impuestos. Recorte del gasto político, austeridad, control, eliminación de todos los entes duplicados, compromiso con la cultura de la vida y la obligación de que no haya discriminación alguna, ni siquiera de sexo, en las convocatorias de empleo público.

Todas estas medidas de VOX, como auditar el coste de cada plaza de cada centro de menores extranjeros no acompañados (menas) en la Comunidad de Madrid, no se pueden entender como imposiciones ideológicas, sino como simples medidas de sentido común, ese bien tan precioso —por raro— en política.

Esa aplicación del sentido común para mejorar la vida de la gente normal —educación gratuita en todos los niveles, defensa de la propiedad privada y de la seguridad personal, control riguroso del gasto público y el principio innegociable de la igualdad real— es una parte de lo mejor que VOX ha traído a la política. Preguntémonos cómo es posible que después de tantos gobiernos del Partido Popular en Madrid (incluido el de Ayuso, con perdón), todavía no esté auditado hasta el último céntimo del dinero que sale de nuestros impuestos o se permita la discriminación en las contrataciones públicas. Así, recordando a los populares que no son de izquierdas, es como se honran los votos recogidos por un partido como el de Monasterio que todavía no tiene la fuerza de los escaños para formar gobierno. Todavía.

Esto, lo que han hecho Ayuso y Monasterio, detectar los problemas, sentarse en una mesa con sus equipos y ver, desde la discrepancia y la asimetría de los resultados electorales, a qué acuerdo pueden llegar para la mejora de la vida de los madrileños, es lo que podría haber hecho, sin problema alguno, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, para aprobar sus presupuestos.

Cuando decimos «sin problema alguno», nos referimos, por supuesto, presumiendo que Moreno Bonilla quiere lo mejor para los andaluces: embridar el gasto político innecesario, someter a un control estricto las subvenciones que salen del bolsillo de los andaluces, proteger la propiedad privada, elevar la exigencia educativa en su región, limpiar los rastros masivos de corrupción socialista y aceptar que las familias tienen que estar en el centro de su acción de gobierno.

Si el presidente Moreno Bonilla hubiera querido todo lo anterior y si hubiera tenido la intención de cumplir lo pactado, el acuerdo con VOX habría sido fácil. Sólo hubiera sido cuestión de sentarse, negociar y cumplir. Como Ayuso y Monasterio. Como queda demostrado.

La relación con el PP
Vox sólo blinda ya a Ayuso y deja en el alambre a Martínez-Almeida y a Juanma Moreno

FERNANDO LÁZARO. Madrid. El Mundo 1 Diciembre 2021

Santiago Abascal apoya al PP en la Comunidad de Madrid y se distancia de los 'populares' andaluces y del alcalde de Madrid

Pasado el ecuador legislativo, los movimientos políticos son tectónicos. Los partidos quieren marcar diferencias y distancias, pero, a la vez, mantener vivos compromisos. Y así, en las últimas fechas, hemos visto como Vox, el tercer partido parlamentario, se ha tenido que enfrentar a diferentes situaciones autonómicas y municipales.

¿Con diferentes criterios? La duda está sobre la mesa y la pregunta es clara. ¿Por qué la formación de Santiago Abascal es capaz de pactar los Presupuestos en la Comunidad de Madrid pero no en el ayuntamiento de la capital? ¿Entenderán sus electores esas diferencias?

Pero, como explican desde Vox, las razones se acumulan: desde la peculiar cercanía entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, hasta la falta de sintonía entre Juanma Moreno y los dirigentes de Vox de Andalucía, que le acusan de incumplir los acuerdos. Las encuestas andaluzas también tienen su peso, ya que pronostican una importante subida de Vox, y mucho más si la candidata es Macarena Olona.

En Madrid es grande la distancia de Vox con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por su incumplimiento con el compromiso de desmontar Madrid Central. Madrid es un caso cuando menos curioso. Este martes, la presidenta Díaz Ayuso y la líder de Vox en la Comunidad anunciaron un nuevo acuerdo presupuestario. Cada una, con victorias que exhibir entre los suyos.

¿Qué pasa en Andalucía?
Pero, además, desde Vox tienen un enorme respeto político a la figura de Díaz Ayuso. Porque las mentes pensantes de este partido entienden que sus votantes se quedarían desconcertados si Vox bloqueara el Gobierno del PP en Madrid. "Su cercanía es clara", señalan.

La proximidad que ambas han mantenido durante la legislatura les ha funcionado y han cerrado un pacto en el que la gratuidad de las guarderías es la gran victoria de Vox, y los presupuestos sin reformas legales, la de Ayuso.

¿Pero por qué no en Andalucía o el Ayuntamiento de Madrid? Uno de los factores fundamentales es la figura de la propia presidenta madrileña. El electorado de Vox difícilmente asumiría que su partido llevara a una situación límite a Isabel Díaz Ayuso, facilitando así el trabajo de los partidos de la izquierda en la oposición.

En el caso de Andalucía, prima la distancia infinita. Desde que estalló la crisis de Murcia, Vox lanzó mensajes al Gobierno de Juanma Moreno para que adelantara las elecciones ante el riesgo de que se produjera una jugada de Ciudadanos. Y desde entonces no ha bajado la presión.

¿Qué pasa en Madrid?
"Cuando les pasamos las propuestas para negociar los presupuestos respondieron con silencio, y eso que se referían todas a los pactos de investidura que habían firmado con nosotros", apuntan desde Vox. Y añaden que en ese momento, el PP andaluz "se puso a negociar con el PSOE. Cuando presentamos la enmienda a la totalidad, en ese momento es cuando nos llamaron para hablar. Hablamos y no aceptaron nada de lo que propusimos. No hubo voluntad de negociar. Querían un cheque en blanco".

En el caso de la ciudad de Madrid, la dinámica es diferente. La distancia entre Martínez-Almeida y Vox es sideral. Y en la comunicación, también. Hay un sector importante dentro del partido de Abascal que apuesta por intentar aún tender puentes, que hay que buscar entendimientos con ese ayuntamiento, que es difícil explicar que Ayuso sí y a Almeida no. Pero este sector está en clara minoría.

Y es que desde Vox Madrid, la parte liderada por el secretario general, Javier Ortega Smith, está marcando territorio. Cierto que los movimientos políticos de la Comunidad y el ayuntamiento han ido por caminos muy separados.

Desde Vox Madrid lo tienen muy en cuenta. Porque no entienden ese acercamiento con Más Madrid, ni ese incumplimiento de los compromisos preelectorales sobre Madrid Central. "Imposible. Cuando Javier dice que no es que no", apuntan estas fuentes.

No es lícito matar al tirano
Amando de Miguel. Libertad Digital 1 Diciembre 2021

La pena de muerte (como la esclavitud y tantas otras tropelías jurídicas) se halla proscrita, y está bien que así sea. Entonces, ¿qué pueden hacer los ciudadanos en el supuesto de que un gobernante democrático con ínfulas autoritarias lleve la nación al desastre?

En el mundo existen no pocos casos de lo que antaño se llamaban tiranías, despotismos, dictaduras. La situación española actual es una de tantas ilustraciones hodiernas, muy comunes en el mundo hispánico. Nos sirve de modelo para calibrar lo que se puede hacer para destituir a un poderoso desaforado. Caben varias opciones, a cuál más difícil de llevar a cabo. Se me ocurren seis posibilidades dignas de estudio:

1. La vía más simple es la de confiar en la derrota del sátrapa en unas elecciones regulares. No es fácil. Precisamente, el gobernante autoritario se vale de la ventaja adquirida en el poder para enquistarse en él. Dispone del control de los medios de comunicación, los instrumentos de propaganda y el Fisco para alimentar a una gigantesca hueste de chiringos serviles. En consecuencia, se trata de un camino lento e inseguro para la destitución del mandamás despótico.

2. Un medio administrativo más expedito consiste en utilizar en el Parlamento un voto de censura para sustituir al Gobierno por otro de diferente color. Es el escabel del que se valió el actual presidente del Gobierno para subir al poder. Supo utilizar la torcida práctica de la disciplina de voto para lograr el apoyo de los partidos de filiación comunista, separatista y regionalista. Vino a ser una reedición, corregida y ampliada, del llamado Frente Popular de 1936. Hoy está más claro que los diputados separatistas no se consideran españoles; gran paradoja donde las haya. Se comprenderá que, en España, conseguir un voto de censura con el concurso de los partidos de la derecha sería, hoy por hoy, una misión casi imposible.

3. Cabría la hipótesis extrema de un golpe de Estado, como el que intentaron los socialistas y los separatistas catalanes en 1934, y que resultó fallido. Más éxito tuvo el de los nacionales en 1936. Otra vez, fracasaron en el intento los separatistas catalanes en 2017. Es un procedimiento con mucho riesgo.

4. Cabría la posibilidad de apelar a un tribunal internacional, que miraría por restaurar la democracia en los países atribulados por el autoritarismo. Es una buena solución; mas, ay, tal tribunal no existe. La razón es que una buena parte de las naciones del mundo se organizan en términos autoritarios o totalitarios.

5. Es lástima que no dispongamos los españoles del trámite legal del impeachment (destitución fulminante) que tienen los estadounidenses. No estaría mal una reforma de la Constitución en esa dirección, pero eso llevaría demasiado tiempo y no habría consenso suficiente.

6. Por exclusión, dados los inconvenientes anteriores, cabría la posibilidad de movilizar al electorado para que se constituyera una influyente fuerza política contraria a la ideología destructiva prevalente en el poder.

En la España actual destaca una gran desmovilización política, debido a la combinación de varios factores concatenados. Se pueden citar el ansia de consumo, las loterías y otras formas de entretenimiento, el fútbol y demás espectáculos, incluso la intensa demanda de alcohol y drogas. Vienen a ser un equivalente del panem et circenses del Imperio Romano. Claro, que este también terminó por sucumbir. No hay nada eterno en la historia de las ideas y las formas políticas. Lo malo es que confiar en la degradación natural de las instituciones puede llevar un tiempo superior al de una generación. Quien espera, desespera. En la acción política, los plazos deben ser más cortos. Habrá que estimular la imaginación para actualizar esa misteriosa cualidad que se llamaba voluntad de poder.

La señora Colau y los fondos de la enseñanza pública
Miguel del Pino. Libertad Digital 1 Diciembre 2021

Durante muchas décadas los Catedráticos de Instituto garantizamos la igualdad de todos los estudiantes.

No lo hubiera creído de no haberlo escuchado con toda claridad a ella misma: la Señora Colau recomienda la enseñanza privada para quienes no coinciden con sus planteamientos sobre la cuestión de adjudicación de tiempos a la enseñanza de la lengua castellana en Cataluña.

Lo verdaderamente asombroso es que quienes son excluidos de los fondos públicos para la enseñanza por la recomendación de la alcaldesa de Barcelona son aquellos que piden que se cumpla en tal distribución horaria lo dispuesto constitucionalmente, que además acaba de ser refrendado por sentencia del mismísimo Tribunal Constitucional.

Comencemos por rebatir la declaración de la señora Colau en la que afirma que "quienes no estén de acuerdo en aprender a un tiempo ambos idiomas, catalán y castellano, tienen la enseñanza privada como remedio".

No es cierto: lo que reivindica determinado porcentaje de ciudadanos residentes en Cataluña es recibir un mínimo de tiempo y espacio para la enseñanza del castellano que consideran imprescindible para adquirir la llave idiomática que les permitirá en un futuro próximo acceder a la apertura de las puertas del mundo, especialmente en el terreno laboral, lo que no es incompatible con aprender catalán al propio tiempo.

Dicho más claramente, solo piden que sus hijos tengan acceso a un derecho constitucional que el ciego sectarismo manifestado por la señora Colau pretende negarles. Si lo quieres, te lo pagas; así de sencillo es el planteamiento de la señora alcaldesa.

Permítame presentarme: pertenezco por oposición libre al cuerpo de Catedráticos de Instituto, extinguido según la vieja obsesión de los gobiernos socialistas de los años ochenta, pero todavía con supervivientes, como quien suscribe, con una indomable vocación de servicio público y de apoyo especial a quienes más dificultades puedan encontrar en el acceso a su derecho a recibir una enseñanza de calidad, de manera que sus declaraciones me mueven a responderle como creo que merece.

Nadie puede en España limitar el acceso a la enseñanza pública y gratuita a ningún español en edad de escolarización obligatoria: por ningún motivo, menos aún por dictámenes o sugerencias marcadamente inconstitucionales nacidos de un asombroso e irracional fanatismo.

Son por otra parte derechos especialmente inherentes a los más desfavorecidos desde el punto de vista económico, como cabe pensar que sean muchos a los que sus increíbles declaraciones encaminarían a la enseñanza "de pago", como diríamos en vocablo castizo los madrileños.

El cuerpo de Catedráticos de Instituto, al que me honro en pertenecer desde mi acceso al mismo por oposición libre celebrada el año 1974, contando con treinta años de servicio activo, nació precisamente para defender a los más débiles en cualquier terreno; por eso me considero especialmente cualificado para oponer no solo mi más enérgica oposición a sus declaraciones, sino también para manifestar a todos los líderes de los diferentes Partidos Políticos españoles mi disponibilidad para colaborar en llevar el caso a los tribunales europeos. Su ofensa a los más necesitados es demasiado grave para que quede en la impunidad.

Me expresaré con gran claridad: saque sus manos fanatizadas hasta lo inconstitucional de los dineros públicos de la enseñanza; rectifique de inmediato sus declaraciones en las que remitía a lo privado a quienes discreparan de la adjudicación de tiempo para la enseñanza del castellano en el ámbito de la Comunidad de Cataluña.

Como alcaldesa debe mostrar verdadero ejemplo de ecuanimidad, objetividad y sentido de la justicia al emplear fondos públicos. ¿Mandar a la privada a quien discrepe de sus planteamientos sin salirse del terreno constitucional? Sí así lo recomienda y si así opina produce verdaderos escalofríos pensar que por su manos pasen cantidades ingentes de fondos públicos. Usted no debería tocar ni un duro (vuelvo al casticismo madrileño), porque manejar fondos con el sectarismo que demuestra en sus declaraciones no debería ser posible.

Durante muchas décadas los Catedráticos de Instituto garantizamos la igualdad de todos los estudiantes, tanto procedentes de la enseñanza pública como de la privada, al convocar a todos a los famosos exámenes, de Estado y de Reválidas, de grado inferior y superior, para que demostraran que sus conocimientos mínimos exigibles para recibir las correspondientes titulaciones no respondían al pago en centros privados, siendo estos como eran en general respetabilísimos. Justicia e igualdad para todos, como debe ser.

Durante los años de la democracia, nuevos retos vinieron a presentarse para los ya pocos y al borde de la extinción que sobrevivíamos entre los catedráticos por oposición: había que servir a los estudiantes procedentes de la inmigración, muchos de ellos en dificultades económicas o con penalización por sus diferencias entre su grado de origen y la programación española, y no digamos si además carecían de suficientes conocimientos idiomáticos. Allí hemos estado con tanta dedicación como entusiasmo y cariño hacia los más desfavorecidos.

Señora alcaldesa, no me hable usted de discriminar a niños y adolescentes porque lo que no parecen dispuestos a hacer los políticos sí lo haremos los últimos catedráticos supervivientes: denunciar con todas nuestras fuerzas y en todos los foros, incluidos los europeos, la magnitud de la injusticia que suponen sus declaraciones.

Idiomas y conocimiento
Nota del Editor 1 Diciembre 2021

Los sabios, conjunto minúsculo de la población de la tierra, suelen afirmar que lo único de lo que pueden estar seguros es de su desconocimiento.
La tierra, la vida, es tan compleja que la afirmación no requiere demostración alguna.

Uno de los temas complejos y sin solución óptima, por muchas matemáticas que se apliquen, es el de la confección del corrículum educativo en cualquier estamento.

Hay tanto donde elegir, hay casi ilimitado material importante y toneladas de superfluo, que quienes tienen que hacerlo deben poseer suficiente concocimiento para poder discernir, lo que con la afirmación del sabio, deberán tratar de hacer lo mejor que puedan. Por eso, cualquier defensa de que el aprendizaje de cualquier lengua regional es conveniente, no deja de ser un disparate, un desperdicio del tiempo que debería aplicarse a materias más importantes, un despilfarro de recursos siempre escasos en la tierra.

Zemmour, la nueva derecha que quiere salvar Francia del "declive y la decadencia"
El polémico periodista, odiado por la izquierda y considerado una amenaza para Le Pen, ha presentado su candidatura a las elecciones presidenciales.
Agencias. Libertad Digital 1 Diciembre 2021

El polémico periodista Éric Zemmour, cuyo ascenso político ha provocado un terremoto en Francia, ha anunciado formalmente su candidatura a las elecciones presidenciales de abril de 2022. Odiado por la izquierda y considerado una amenaza para Marine Le Pen, Zemmour ha puesto fin a meses de rumores y especulaciones a través de un mensaje difundido en sus redes.

"Durante mucho tiempo me contenté con mi papel de periodista y escritor (...), me decía: "cada uno, su papel". (...) Pero ya no es cuestión de reformar Francia, sino de salvarla. Por eso he decidido presentarme a la elección", ha señalado Zemmour.

Su primer mitin de campaña tendrá lugar el domingo en la sala Zénith de París, un encuentro que estaba programado desde mediados de noviembre y que se celebrará un día después de que el partido conservador Los Republicanos elija a su aspirante para esos comicios.

Los sondeos publicados a mediados de noviembre mostraban cómo Zemmour sería el segundo candidato más votado con un 17% de los apoyos, por detrás de Emmanuel Macron (23%) y por delante de Marine Le Pen (16%) sin ni siquiera haberse presentado de forma oficial. El último sondeo de Elabe ha devuelto a Le Pen a la segunda posición (20%) a tan sólo cinco puntos del actual presidente y deja a Zemmour como el tercer candidato más votado (13%) por delante del resto de partidos. Falta por ver qué efecto tiene finalmente el anuncio en la intención de voto de los franceses.

"Os dirán lo peor sobre mí"
El propio Zemmour se define como bonapartista, gaullista, reaccionario y patriota. Se sitúa en posturas conservadoras y soberanistas, es un firme defensor de la cultura e historia francesas y, además, defiende el nacionalismo económico frente a posturas liberales.

En su vídeo de presentación de candidatura ofreció un mensaje nostálgico en el que hizo referencia a una Francia "que está a punto de desaparecer": la Francia de Napoleón Bonaparte y del general Charles de Gaulle, la de los personajes de Molière, la de Voltaire y Rousseau, o la de Brigitte Bardot y Jean-Paul Belmondo.

"Desde hace décadas, nuestros gobiernos de derecha e izquierda nos han conducido a este camino funesto del declive y la decadencia", dijo leyendo una alocución acompañada de imágenes históricas y de actualidad y en la que no miró prácticamente a la cámara.

Zemmour, de 63 años, apeló a esos franceses que tienen la sensación "de no estar en casa": "Durante mucho tiempo no os habéis atrevido a decir lo que veis", dijo sobre esa realidad en la que "aunque la inmigración no es la causa de todos los problemas, los agrava".

"Os van a decir lo peor sobre mí, pero aguantaré. Nunca bajaré la cabeza porque tenemos una misión que cumplir. (...) Ayudadme, uníos a mí (...) para que nuestros hijos y nietos no conozcan la barbarie, para que nuestras hijas no tengan que llevar velo y que nuestros hijos no sean sometidos", añadió.

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El catalán no se toca
Manuel Toscano. vozpopuli.es 1 Diciembre 2021

‘El Tribunal Supremo ha tumbado definitivamente la inmersión lingüística en Cataluña’. Como otros medios, el titular la Ser subrayó la trascendencia de una noticia judicial aparentemente menor, como es que el Supremo rechace un recurso de casación presentado por el gobierno de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero no era una sentencia cualquiera, sino una que afectaba al uso de las lenguas en la escuela catalana, asunto polémico donde los haya. Al inadmitir el recurso del Govern, la resolución judicial de diciembre de 2020, donde se establecía que al menos un 25% de las enseñanzas en los centros públicos debía impartirse en español, pasa a ser firme.


Las reacciones han sido las previsibles. Los portavoces de las formaciones secesionistas han salido en tromba para denunciar ‘un nuevo ataque de los jueces al sistema educativo catalán’, proclamando que impedirán por todos los medios que la sentencia se aplique. A pocos sorprenderán las fanfarrias, pues llevan años exhibiendo esa actitud de abierto desacato a la ley, sin que eso importe al parecer para tratarlos como socios parlamentarios privilegiados. Del mismo tenor han sido las declaraciones del titular de educación, quien en carta dirigida a los centros escolares afirma que es ‘un grave ataquea los cimientos del modelo de escuela catalana’. González Cambray no se ha quedado ahí, sino que ha instado por escrito a los profesores y directores de los centros a desobedecer abiertamente la sentencia, sin tocar una coma de los proyectos lingüísticos actuales.

Todo ello viene acompañado, por supuesto, del repertorio de argumentos falaces a favor de la inmersión, que llevan repitiendo décadas y han sido rebatidos una y otra vez; tanto que produce pereza tener que discutirlos otra vez. Admito que mi favorito es el del consenso existente en la sociedad catalana en torno a la inmersión, que se esgrime contra los críticos sin reparar en la contradicción performativa. Como justificación da grima (al discrepante se le impele a estar de acuerdo por el mero hecho de que otros dicen estar de acuerdo), a pesar de lo cual es invocado solemnemente por académicos, políticos y sindicalistas.

El mantra del ‘amplio consenso’ en realidad nunca vino respaldado con datos, porque en los estudios de opinión, como los que hace el CEO dependiente de la Generalitat, nunca se preguntaba por el asunto; es decir, que funciona más bien como un tabú. Cuando Roberto Garvia y Andrés Santana realizaron una investigación al respecto (2018, 2020), vieron que tal consenso no existe. Cuando se les pregunta a los catalanes por el régimen lingüístico que desearían en las escuelas (todo en catalán, los padres eligen la lengua de enseñanza o los niños se escolarizan en su lengua materna, español o catalán), las encuestas muestran una sociedad profundamente dividida y partida por la mitad, donde las opiniones están en función de la lengua materna: si el 73% de los que tienen el catalán como lengua de familia optan por la inmersión, el 63% de los castellanoparlantes está en contra.

Si se les plantea la cuestión de otra forma, en cambio, preguntando por el porcentaje de horas que habría que asignar a cada lengua, sorprendentemente encontramos una mayor convergencia entre los encuestados, pues la mayoría preferiría un modelo trilingüe: con algo más de un 40% para el catalán y el resto dividido entre inglés y español. Una encuesta de diciembre de 2020, analizada por Oller, Satorra y Tobeña, incide en estos resultados: sólo el 9% de los encuestados quiere que la educación sea básicamente en catalán, un 21% prefiere que haya proporciones similares de catalán y español, mientras que el 64% se decanta por un modelo trilingüe, incorporando el inglés. No se ve por ningún lado el consenso sobre la inmersión; al contrario, las preferencias de los ciudadanos catalanes se decantan por un modelo de conjunción lingüística más equilibrado con dos o tres lenguas.

En realidad, el supuesto consenso es otra ficción nacionalista, tan falsa como el mito de un sol poble en una sociedad fracturada. Seguir invocándolo es pura desfachatez. Como pone de manifiesto la reunión convocada por Aragonés para defender la inmersión, a la que no fueron convocados Ciudadanos, PP o Vox, y a la que no acudió con buen criterio el PSC. Si algo deja claro es cómo funciona la hegemonía nacionalista en Cataluña: arrogándose la representación entera de Cataluña, ellos definen el perímetro del supuesto consenso social, acusando de provocador, de romper la paz social, o de mal catalán a quien ose discrepar. Queda fuera todo aquel que no comulga con el ideario nacional, ya sean los miles de profesores que tuvieron que marcharse de allí en los ochenta, los partidos constitucionalistas o las asociaciones civiles que llevan muchos años luchando por el bilingüismo.

Pensemos por un momento en lo que representa esa cuota horaria del 25% de español dictada por los tribunales, que los nacionalistas describen en términos dramáticos como un grave ataque contra el catalán, que sacude los cimientos del sistema escolar. Significa que, además de la asignatura de lengua castellana, con dos o tres horas a la semana, hay que impartir otra asignatura troncal en esa lengua. ¡Dos por seis en catalán! ¿A cuento de qué tantos aspavientos? No nos engañemos, aquí la cuestión nunca ha sido el catalán, ni el aprendizaje lingüístico de los niños, sino la exclusión del español, que había que reducir a la condición de lengua extranjera en el sistema educativo. La razón es la hispanofobia indisimulada del nacionalismo catalán, incapaz de aceptar el arraigo secular del español en la sociedad catalana. No se explica de otra forma el trato que se dispensa en las escuelas a una lengua que, además de oficial, es el idioma materno de la mayoría de sus ciudadanos (un 52,7% frente al 31,5% por el catalán). Algo que no pasa en ningún sitio.

Es lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando señala que, a la vista de la documentación oficial aportada, el uso del castellano ‘es residual’ en el sistema educativo catalán. Ante esta situación los jueces recuerdan que por mandato constitucional el español ha de tener la condición de lengua vehicular en la enseñanza, es decir, no solo ha de ser objeto de enseñanza como asignatura, según se hace hasta ahora, sino que han de enseñarse en ella otras materias y usarse como medio de comunicación habitual en todo el proceso educativo. Puesto que el marco estatutario prohíbe expresamente un sistema de doble red escolar, como existe en muchos países plurilingües, el sistema catalán ha de ser necesariamente de conjunción lingüística, empleando las dos lenguas oficiales como lenguas vehiculares; sin que en ningún caso, dice la sentencia, la preferencia por el catalán signifique la exclusión del castellano o su reducción a una presencia residual.

Por eso tiene gracia el argumento de la flexibilidad, que hemos escuchado estos días en boca de tantos, incluyendo al inefable Síndic de Greuges. Ya saben, cómo es que los jueces imponen una cuota rígida en lugar de dejar a los profesionales de la enseñanza que determinen los proyectos lingüísticos de los centros atendiendo con flexibilidad a las circunstancias sociolingüísticas del entorno. Pero los jueces sólo fijan un umbral mínimo ante la resistencia tenaz del poder autonómico para remediar la situación. Curiosamente esa flexibilidad de la que se blasona se ha traducido hasta ahora en una política rígida de exclusión del español, uniforme en toda la geografía catalana, a pesar de las enormes diferencias sociolingüísticas. Si el lector quiere comprobarlo sólo tiene que acudir al exhaustivo informe sobre los proyectos lingüísticos de los centros elaborado en 2019 por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), del que hablamos aquí.

La exigencia de que ambas lenguas sean reconocidas por la administración autonómica como lenguas vehiculares de enseñanza no proviene de la ley Wert (otra bobadita de estos días), sino que es consecuencia necesaria de su condición de lenguas oficiales, como ha dictaminado el Tribunal Constitucional. Siendo una obligación que viene de la Constitución, fija límites a lo que puede disponer el legislador autonómico en materia de enseñanza, velis nolis. De la cual se deriva además el derecho de los ciudadanos a recibir enseñanzas en ambas lenguas y, por tanto, a acudir a los tribunales en busca de amparo si no se cumple. Veremos hasta dónde llegan las bravatas nacionalistas en este asunto, pero mientras estemos en un Estado de Derecho todo funcionario y cargo público está obligado al cumplimiento de la ley y la desobediencia tiene un coste. Ahí está Torra como aviso a navegantes.

Acoso a la lengua española en Cataluña
Vox quiere intervenir la Generalitat ante el incumplimiento de la legalidad

Redacción. https://rebelionenlagranja.com 1 Diciembre 2021

Vox ha registrado una iniciativa para aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el «incumplimiento sistemático de la legalidad constitucional» de la Generalitat, «retratado recientemente con la desobediencia» de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el uso del castellano en las aulas.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, señalan que «determinadas autoridades regionales» usan la lengua «como elemento de división y enfrentamiento” e intentan «arrinconar la riqueza lingüística» de España así como perjudicar a los castellano-hablantes.

Afirman que son convertidos en españoles de segunda e instados por los poderes públicos que deben garantizar su derecho a acudir a centros privados para recibir enseñanza en la lengua común, lo que afecta también a los inmigrantes, «siendo un impedimento más para su integración».

Vox advierte que en Cataluña se practica «una absoluta imposición lingüística» basada en la «deslealtad institucional por parte de las autoridades regionales, que incumplen su mandato constitucional», así como «la existencia de un lobby de la lengua fuertemente subvencionado y que sigue instrucciones netamente políticas o la promoción en exclusiva de la cultura en lengua regional».

Por todo ello y ante tales comportamientos que «atentan gravemente contra el interés general de la nación de forma extremadamente cualificada», VOX indica que han de ser perseguidos con la herramienta recogida en la Constitución: la aplicación del artículo 155.

A su juicio, las continuas cesiones y transferencias económicas o competenciales a poderes regionales, «que luego se revelarían desleales con el Estado, ha determinado que el español esté perseguido en buena parte de España, y que muchas generaciones de nuevos españoles no lo conozcan de una manera adecuada» y piden que la lengua no sea utilizada como «arma política» y factor de «exclusión y marginación».

Por todo ello, Vox insta al Gobierno a que proceda a la intervención de la administración autonómica catalana para «asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro» de los preceptos y principios constitucionales que «están siendo objeto de sistemática infracción» por parte del gobierno de Cataluña, «reconduciendo la situación en favor del interés general de la nación y de todos sus ciudadanos».

Apuesta por asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos de todas las comunidades y establecer un régimen sancionador para todos los particulares, de forma individual o colectiva, o poderes públicos que obstaculicen o impidan el uso de la lengua oficial.

Normalizar a Bildu es un error político
Editorial La Razón 1 Diciembre 2021

Los últimos movimientos del partido heredero de ETA, Bildu, no operan sólo con el objetivo de liberar o, en su caso, reducir las condenas de los terroristas presos, sino, también, en la búsqueda de la naturalización política del movimiento abertzale, imprescindible para rendir los últimos escrúpulos morales de un sector de la izquierda de la sociedad vasca que tiene muy presente lo que significaron la banda y su brazo ideológico en la tragedia del terror sufrida por España, con mayor ensañamiento en el País Vasco.

De hecho, no es posible negar que el fin de la violencia terrorista ha supuesto una cierta recuperación del voto de Bildu –que pasó del 21 por ciento de los apoyos obtenidos en las elecciones autonómicas de 2016 al 27 por ciento de las últimas, celebradas en 2020–, a pesar del surgimiento con fuerza en la región de la opción de Unidas Podemos, lo que permite a los abertzales aspirar a un «sorpasso» sobre el PNV. No es cuestión, sin embargo, de entrar en futuribles, pero sí advertir del error político que supondría colaborar en el blanqueamiento de una formación de extrema izquierda nacionalista, como es Bildu, que se envuelve en subterfugios para no condenar la violencia etarra y tratar de reparar el daño causado y, además, con unos planteamientos económicos que se enmarcan en un populismo de libro y que, y es importante destacarlo, mantiene vivo el entramado de grupos y organizaciones «sociales» que dieron cobertura al terrorismo.

Simplemente, se hace muy cuesta arriba entender qué puntos de encuentro puede haber, que no sean de oportunismo político coyuntural, entre un partido de raíz socialdemócrata, que se incardina en el ámbito del centro izquierda, como es el PSOE, con los herederos de ETA. Ciertamente, de mantenerse la actual relación de fuerzas, es perfectamente factible la creación de una alianza tripartita, que incluyera a los socialistas y a Podemos, para desalojar al PNV del Gobierno autónomo y de otras instituciones, pero no creemos que la radicalización política y social resultante fuera una buena noticia para el conjunto de la sociedad vasca.

Con un problema añadido, que parece difícil que Bildu, con los actuales o los nuevos dirigentes, pueda asumir el coste interno de renunciar a su estrategia penitenciaria, que, sin duda, es la piedra de toque de cualquier alianza con los abertzales, pero que pone al Gobierno de Pedro Sánchez ante el abismo de facilitar unas excarcelaciones de terroristas que la opinión pública española no entendería nunca y que, por supuesto, acabaría por pasar factura electoral a los socialistas. No se trata de lamentarse, menos anticipadamente, por los problemas que pueda suponer al PNV un giro de tal naturaleza, pero, con todas las cautelas que se quieran poner, esa supuesta alternativa al nacionalismo pactista de un partido en la órbita de la democracia cristiana no parece buena opción.

Error y traición
Nota del Editor 1 Diciembre 2021

Eso de la blandez habría que investigarlo siguiendo la pista del dinero.

Error "concepto equivocado o juicio falso", "acción desacertada o equivocada", etc. Está por tanto meridianamente claro que el dr cum fraude no ha cometido un error sino una traición, otra más. Y los despistados mirando al dedo.

Una traición a las víctimas y a la libertad
Editorial ABC  1 Diciembre 2021

Algo está fallando en los principios del PSOE para que se haya entregado de esta manera tan sumisa y desconcertante a Bildu a cambio de unos votos que no necesita. Las vinculaciones entre el PSOE y el mundo proetarra -solo cabe esta explicación- van mucho más allá de lo coyuntural y oportunista para ganar votaciones en el Congreso. Más parece el germen de una alianza estructural que no solo ha pasado por el indigno blanqueamiento de Otegi y por la pérdida de una parte sustancial de su propia memoria con sus militantes asesinados, sino por un acercamiento meditado a terroristas que quieren ganarse la vida como políticos. Pero no son mansos arrepentidos, reconvertidos a demócratas, y su renuncia a homenajear a sus pistoleros es falsa.

El voto negativo del PSOE a prohibir definitivamente los ‘ongi etorri’ demuestra que no está donde debería, con las víctimas y los demócratas. Con Bildu, y con asesinos como Kubati, Sánchez está construyendo una mentira infame, porque no es ningún ‘agente político’, sino un asesino. Las coartadas que se brindan PSOE y Bildu son solo una traición a la libertad.

La siniestra mano
Antonio Martín Beaumont. larazon 1 Diciembre 2021

La servidumbre de Pedro Sánchez ante Arnaldo Otegi quedó certificada el mismo día de su investidura como presidente, cuando consiguió la más exigua mayoría en la historia del Congreso. Bildu y ERC fueron clave aquel enero de 2020. En la segunda votación, Sánchez resulto elegido por mayoría simple, con 167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones, estas últimas precisamente de independentistas catalanes y proetarras. Esos 2 votos de diferencia marcaron a Sánchez y le encadenaron al llamado «bloque Frankenstein».

Con Pablo Iglesias por medio o no, desde entonces la intención del líder socialista siempre fue allanar el camino del pacto con los herederos de Batasuna. Operación blanquear a Bildu. Primero, de manera discreta. Sabía que ni su entorno presidencial, ni el PSOE ni la sociedad deseaban que se cruzase esa línea vedada por la moral. ¿Cómo iba a hacer tratos el socialismo con quienes tenían sus manos manchadas de sangre? Había que seguir abonando el terreno. Las negociaciones con la izquierda abertzale se dejaron en manos de Adriana Lastra y el Grupo Socialista. Algo que provocó gran discusión y rechazo, como cuando cuatro meses después se conoció que la misma Lastra había sellado con Bildu y Podemos la derogación íntegra de la reforma laboral. Nadia Calviño tuvo que frenarla a las pocas horas ante el escándalo formado.

Sin embargo, dos años después, el salto cualitativo ha llegado. ¡Máscaras fuera! Para Sánchez, Bildu es una formación política tan «legítima» como para priorizarla incluso al nivel de socio preferente, sin tener siquiera necesidad de sus votos. Así se ha hecho para sacar adelante los Presupuestos. El sanchismo ya no tiene inconveniente en que se visualice una entente estable para toda la legislatura que, además, Otegi vinculó con toda crudeza a la excarcelación de 200 presos de ETA. Y, ya puestos en el juego de favores mutuos, el EPPK, colectivo de etarras encarcelados, ha asumido la dinámica impuesta por el acuerdo de Otegi y ha renunciado a los homenajes públicos al salir de las cárceles. El anuncio, como si de una broma macabra se tratara, llegó justo el día en el que la AVT celebraba su 40º aniversario. Un guiño a Sánchez que los terminales mediáticos de La Moncloa nos «venden» como fruto de la reconciliación.

El futuro en la conjunción de intereses entre Sánchez y Otegi está más trazado de lo que podría parecer. Y ello anuncia movimientos de calado tanto a nivel nacional como en el País Vasco. A pesar de medir sus pronunciamientos públicos, importantes sanchistas juguetean cada vez más abiertamente con un gabinete en Ajuria Enea formado por PSE, Bildu y Podemos Euskadi. Un tripartito de izquierda vasco similar al que cuajó en Cataluña en la época de Pasqual Maragall entre socialistas, ERC y EU. En La Moncloa esa posibilidad cada día se ve con mejores ojos, como si la barbarie terrorista de ETA durante más de 40 años fuera algo borrado.

Es llamativo que al PSOE «oficial» le haya dejado de preocupar el «desgaste» de sus siglas yendo de la mano de Otegi y compañía. Pocos dirigentes actuales quieren recordar que hace solo un año los principales barones socialistas advertían a Sánchez de que Bildu «no es cualquier partido». Parece que a estas horas solo importa que su líder alargue el poder, por más que algunos en el partido del puño y la rosa hagan sus planes mirando de reojo a que, muy probablemente, este verano abrirá las urnas Andalucía. Al cabo de un año serán las elecciones municipales en toda España y autonómicas en otras muchas Comunidades… Y no va a resultarles sencillo explicar a los votantes andaluces, extremeños, castellano-manchegos, aragoneses, etc. que lo que siempre habían dicho de la unidad de España o el respeto a las víctimas del terrorismo pierde fuerza ante que Pedro Sánchez duerma en La Moncloa.

El PSOE pierde su identidad convertido en una pieza más del mecano Frankenstein
El sanchismo se rinde a una amalgama de siglas políticas radicales consciente de ser la única opción para que Sánchez siga mandando.
Antonio Martín Beaumont.España. esdiario

La resistencia de Pedro Sánchez le sale muy cara a España. Vean, si no, el pago que ha hecho para coser los 188 diputados que acaban de sellar los Presupuestos. Frankenstein es un mecano de piezas, y cada una de ellas viene con su lubricante favorito marcado desde fábrica.

Netflix en catalán o mirar para otro lado con el español en las aulas de Cataluña para ERC, presos de ETA para Bildu, la gestión del ingreso mínimo vital y la televisión vasca en Navarra para PNV...

Un suma y sigue que, visto de cerca, muestra un Patio de Monipodio en el que los más desleales siempre salen del mercado con el mejor botín debajo del brazo. ¡Si hasta querían trocear la centenaria y exitosa denominación de origen de Rioja! Irrita. Irrita demasiado.

Sánchez despliega su triple plan para amarrarse a La Moncloa hasta 2030

La sensación, perniciosa, es la de estar sometidos a esta vorágine política por culpa de un presidente débil que busca mantenerse en La Moncloa hasta 2023 como sea. Incluso a costa de hacer dejaciones imposibles para un país que se respete a sí mismo. ¿Qué nación admitiría que en una parte de su territorio los niños no puedan estudiar en su idioma oficial? Pues bien, algunos pierden hasta el sentido común cuando sirve para estirar la cuerda del poder.

Fijémonos en esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, carnaza para los socios de Sánchez, que este pasado fin de semana ha empujado a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policías Nacionales, Guardias Civiles, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Policías Locales, Policía Canaria), insisto, todas, a movilizarse contra el Gobierno.

No parece un asunto menor. Desde luego no debería pasar desapercibido que los ministros, en lugar de ocuparse del tema seriamente, hayan estado toda la semana arremetiendo contra la oposición por apoyar las reivindicaciones de los servidores del orden. Seguramente esa estrategia sea la de una fuerza política radical y antisistema como Podemos, que siempre persigue a quienes representan la seguridad del Estado. Pero es llamativo ver al PSOE siguiendo la estela de la izquierda bukanera en un asunto así.

La imagen de miles y miles de los que garantizan la seguridad en primera línea protestando en las calles achicharra a cualquier Gobierno. La seguridad es un ámbito de muy especial sensibilidad para el ciudadano. No es una frase manida decir que no hay libertad sin seguridad. Es así.

Y, además, cómo olvidarse de la deuda que este país tiene con nuestros policías y guardias civiles. Una deuda de gratitud y, también, salarial. Por desgracia, se les manda a la calle a jugarse la vida contra quienes desean imponer la barbarie siniestra y luego, cuando el problema desaparece, cuando el incendio del conflicto se apaga, si te he visto no me acuerdo.

Sánchez ha convertido a Gabriel Rufián y su Esquerra en el árbitro de la política española.

Ver a dirigentes del PSOE deslegitimando la protesta tachándola de “ultraderechista” es el colmo del cinismo. Y una nueva prueba de cómo un partido que (por historia y hasta por interés) debería ser un pilar del constitucionalismo pierde pie a base de travestir su identidad con los postulados ideológicos de una amalgama de siglas que permiten a Sánchez seguir legalmente mandando. Así le va al socialismo: cada día que pasa la gente distingue peor lo que es.

Esquerra pone en peligro el proyecto de Sánchez de hacer de España el "Netflix europeo"

Es incomprensible un Gobierno que hace seguidismo de las facciones ideológicas más ultras de la izquierda, dedicado a linchar por la puerta de atrás a la policía. Se mire como se mire, no tiene sentido en este caso seguir la estúpida lección que le marca su aliado morado.

Ya se vio a las claras en el reciente conflicto del metal en Cádiz, donde La Moncloa ordenó, bajo presión de su ala de Podemos, desde Yolanda Díaz a las “hermanas” Ione Belarra e Irene Montero, retirar de la circulación una tanqueta, un vehículo ordinario destinado simplemente a la retirada de barricadas para garantizar la libre circulación de los vecinos por las calles.

Anomalía democrática
Si de verdad quieren ayudar a cerrar heridas y evitar el sufrimiento, que colaboren en aclarar los crímenes pendientes de resolver
Juan Ramón Lucas. larazon 1 Diciembre 2021

Hace tiempo ya, los presos etarras eran el colectivo que sostenía la moral y el compromiso de los asesinos que aún operaban en el exterior. Debatían en las cárceles y en gran medida marcaban la estrategia de la organización. Nada sin ellos. Todo por ellos. Hace no mucho, el aspirante a hombre de paz Arnaldo Otegi recordaba que aún tenían a 200 en prisión, y que eso le obligaba a tener que apoyar los presupuestos del gobierno.

Ha cambiado la balanza de poder, quienes fueron cimiento y semillero de moral hoy son moneda de cambio. Oscura, sin declarar, dinero negro, pero moneda al fin. Ese es hoy su valor. Fueron poder, hoy son dinero. Y su influencia, una anomalía democrática.

Cabía la duda de si aquel comentario obsceno de Otegi podría hermanarse con el voto afirmativo de Bildu a los presupuestos.

Pero el anuncio del lunes por los presos etarras de que ya no harían más recibimientos públicos a los terroristas liberados contribuye decididamente a levantar la idea, o al menos la sospecha, de que todo ello es parte de una misma negociación oculta, oscura y quizá en la frontera de la infamia.

Para el gobierno y la izquierda hermanada con el abertzalismo, la decisión de los presos es un generoso paso adelante en pos de la reconciliación y, como dicen los propios presos, para evitar las heridas que los recibimientos provocan en las víctimas. Tosco argumento. Inservible, creo.

En primer lugar porque, como dicen las víctimas, si de verdad quieren ayudar a cerrar heridas y evitar el sufrimiento, que colaboren en aclarar los crímenes pendientes de resolver, los más de 300 asesinatos con cuyos autores aún no han dado las fuerzas de seguridad. Esa sería una verdadera aportación a la reconciliación y a la serenidad de sus víctimas. Pero no, claro, ¿cómo van a hacer eso con sus compañeros? ¿Cómo van a poner a las fuerzas de seguridad en la pista de los que aún no han sido acusados? Es impensable, porque no van a traicionar a los suyos, como les llama Otegi. Los asesinos –penados o libres– siguen siendo parte de su pasado como de su presente.

En segundo lugar, porque no ha sido hasta ahora que los presos han anunciado esta decisión. Precisamente cuando los presupuestos generales del estado acaban de recibir el primer sí de Bildu y el gobierno necesita que ese entramado posterrorista aparezca con la pátina de humanidad que ya ensayó sin éxito Otegi cuando hace semanas se expresó comprensivo y dolido con y por las víctimas. Es, por tanto, un gesto interesado.

Y por si había alguna duda, además lo anuncian a bombo y platillo, con información en sus órganos oficiales y vocación de difusión global. Es obvio que importa más que se sepa que el hecho mismo de hacerlo.

Es otra de esas grandes ruedas de molino con las que pretenden hacernos comulgar.

Y no se trata aquí de desautorizar a la izquierda abertzale por su pasado. Es ella la que es incapaz de desprenderse de él, y ese es el problema. Son ellos, no quienes les criticamos.

Condenar lo que hizo ETA y colaborar con la solución de los crímenes pendientes sí les haría democráticamente asimilables. Mientras no lo hagan, seguirán siendo esclavos de su pasado. Y el gobierno que en ellos se apoya cómplice de esa anomalía democrática.

Educación
El 25% obligatorio de valenciano en la escuela de zonas castellanohablantes llega a los tribunales
NOA DE LA TORRE. Valencia . El Mundo 1 Diciembre 2021

A pesar de la sentencia del Supremo sobre el castellano en Cataluña, familias y profesores de Alicante recurren la ley del Consell con la tesis de que incumple la exención de valenciano
Educación La Ley de plurilingüismo, camino por primera vez de los tribunales por la enseñanza en valenciano

Mientras el motivo de disputa en la escuela catalana tiene que ver con la obligatoriedad decretada por el Tribunal Supremo de impartir un 25% de las horas en castellano, en la Comunidad Valenciana está en cuestión ese mismo porcentaje, pero aplicado al valenciano. Es decir, a la lengua cooficial cuya exención, sin embargo, puede pedir el alumnado de zonas castellanohablantes. Y este es precisamente uno de los argumentos jurídicos que se esgrimirán en los cuatro recursos contencioso-administrativos que se presentarán por primera vez contra la llamada Ley de Plurilingüismo que aprobó el actual Gobierno valenciano en 2018, tras ver fracasar en los tribunales el primer decreto lingüístico por discriminar al castellano.

Según explican a EL MUNDO fuentes del despacho de abogados Chapapría Navarro y Asociados, que representa a las asociaciones de padres de la Vega Baja en Alicante y la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, la vía judicial se da por iniciada tras agotarse la administrativa. Al aplicarse este año por primera vez la ley en Secundaria, Bachillerato y FP, los centros tuvieron que aprobar su correspondiente proyecto lingüístico, contra los que se presentaron un millar de recursos de alzada "por no respetar la normativa autonómica ni estatal", según fuentes jurídicas. Tras el silencio administrativo en la mayoría de casos o la desestimación de los recursos, el despacho ha presentado ya los anuncios de recurso contencioso-administrativo en Alicante.

Varios son los argumentos jurídicos para tratar de volver a invalidar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una norma para la que la Conselleria de Educación -en manos de Compromís- se fijó paradójicamente en Cataluña. El departamento que dirige Vicent Marzà quiso anticiparse y blindar frente a recursos su modelo trilingüe al obligar en cualquier caso a un mínimo del 25% tanto de valenciano como de castellano. El porcentaje no se eligió al azar (para el inglés es menor), sino que fue el que el TSJ catalán fijó como mínimo obligatorio para el castellano, y que ha ratificado posteriormente el Tribunal Supremo.

¿Cómo puede ser entonces ilegal ese mismo porcentaje en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana? Por la existencia de las zonas castellanohablantes, reconocidas expresamente por la Ley de Uso del Valenciano, según argumentan desde el despacho que asesora a familias y profesorado del sur de Alicante: "Tal obligación de uso del valenciano como lengua de enseñanza de materias no lingüísticas, y por lo que respecto a los ciudadanos con residencia en los territorios de predominio lingüístico castellano, es manifiestamente ilegal y contrario a los derechos recogidos en el artículo 6.7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el artículo 24 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano".

Según estas fuentes jurídicas, "los alumnos que cursan sus estudios en la Comunidad Valenciana tienen el derecho a conocer y usar el valenciano, entendido este como lengua propia de la Comunidad Valenciana, pero no existe la obligación de conocerlo y usarlo" según el propio Estatuto de Autonomía. Es decir, "en ningún caso se indica la obligación de recibir enseñanza del idioma valenciano, ni mucho menos recibir la enseñanza en valenciano".

De hecho, para ello se reguló en su día la exención del valenciano para la población castellanohablante: "La obligatoriedad de aplicar el valenciano, quedará sin efecto cuando así lo soliciten los padres o tutores del alumnado, o el alumnado mayor de edad en el momento de formalizar la inscripción", recuerdan estas fuentes. Dicho con otras palabras, el mínimo del 25% de valenciano supone en la práctica dar la asignatura propiamente de valenciano más otra no lingüística, con lo que se dejaría sin efecto la exención.

Esta es la base de uno de los recursos, a la que se sumará la tesis de que el proceso de autorización de los proyectos lingüísticos de centro por parte de la Conselleria de Educación "no ha respetado la voluntad de los padres de los alumnos en relación con la lengua vehicular de preferencia para la enseñanza de sus hijos". Y ello porque dicho documento oficial "viene configurado por la dirección del centro y por los propios docentes, teniendo los padres una muy escasa intervención". Según estas fuentes, con la actual Ley educativa, "lo que se pretende es imponer el valenciano en las aulas, existiendo la probabilidad de que tengan que estudiar Historia o Física y Química en valenciano".
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