AGLI Recortes de Prensa   Jueves 2  Diciembre  2021

Negacionismo económico
Editorial ABC 2 Diciembre 2021

Las previsiones de la OCDE sobre el deficiente crecimiento de nuestra economía son albarda sobre albarda frente al empecinamiento del Gobierno en negar la realidad. Se trata del enésimo organismo internacional o nacional que desmiente sin ambages ni eufemismos las eufóricas expectativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de modo que a final de este año nuestra economía habrá crecido un 4,5 por ciento y en 2022 lo hará el 5,5, en contraste con el fantasioso 6,8 por ciento calculado por el Gobierno para finales de 2021, y del 6,6 para el próximo año. El resultado es que aquella esperanza de que España sería el país de la zona euro que más crecería -la famosa salida en V de la crisis pandémica- se ha convertido en una demoledora falsedad constatada por los expertos.

Y no solo por la OCDE, sino también por el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, el INE o la propia Comisión Europea.

El empecinamiento del Gobierno en dibujar una realidad virtual para España y un presente del que ‘todos salimos más fuertes’ se ha convertido en un ejercicio retórico de demagogia. Sánchez y sus ministros han optado por negar la evidencia y fingir que el crecimiento es sólido y constante, lo cual sería menos grave si no fuesen ya mayoritariamente coincidentes los pronósticos de quienes, como la Reserva Federal norteamericana, sostienen que la inflación ha llegado para quedarse muchos meses aún, y que conviene ir retirando estímulos a la economía para no crear más burbujas artificiales. España es ya el furgón de cola de la Unión Europea, y algo tendría que rectificar para al menos parecernos a la Italia de Mario Draghi. Pero para eso hace falta un Gobierno que no intente convertir la mentira en propaganda, que entienda que el empleo lo crean los empresarios, a quienes maltrata continuamente, y que no se ponga en manos de un populismo de extrema izquierda incapaz de entender mínimamente qué es la economía.

La cuestión es grave porque el Gobierno no se hace trampas al solitario, sino que miente a la opinión pública a sabiendas de que sus datos son falsos. Y eso contamina los Presupuestos Generales para 2022, que están en trance de aprobarse en las próximas semanas. Lamentablemente, este proceso recuerda demasiado al que protagonizó entre 2008 y 2010 otro presidente socialista, Rodríguez Zapatero, cuando en un ejercicio absurdo de negacionismo de la crisis, situó a España al borde del rescate de la UE, como había ocurrido con Grecia, Portugal o Irlanda. Con los datos de la OCDE, 2022 es ya un año perdido para que España regrese a los niveles económicos previos a la pandemia. Por tanto, estos Presupuestos son papel mojado antes incluso de haber nacido.

El maltrato económico al ciudadano es constante, y todo ello para proteger intereses ideológicos que hunden nuestras finanzas. En vista de que ya no rectifica, tampoco puede decirse que el comportamiento del Gobierno sea errático. Es deliberadamente inconsciente, porque avisos y alertas recibe de todas partes. La ideología ha viciado cada decisión de Sánchez hasta el punto de penalizar, y llegar a anular, como avanza hoy ABC, los planes de pensiones privados individuales. El proyecto de Pedro Sánchez ya no es ir reduciendo, como anuncia, los incentivos fiscales, sino abocarlos a cero. Lo preocupante no es solo la deriva económica, sino el diseño de una economía tan ideologizada como destructiva en términos de déficit, gasto, deuda pública, impuestos y ocultación de la realidad. Ya podría celebrar tres Consejos de Ministros semanales, que no arreglaría nada.

La Fundación Disenso llama a fortalecer el español para hacer frente a la persecución que sufre en distintas regiones
LGI. https://gaceta.es/ 2 Diciembre 2021

La Fundación Disenso ha presentado este miércoles un informe en el que analiza la situación del español en el actual Estado de las Autonomías en España e incide en la necesidad de su fortalecimiento ante la persecución que sufre en algunas regiones, esencialmente Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y Baleares, donde se están tomando medidas discriminatorias sobre los ciudadanos que desean tener como lengua vehicular al español.

Esta discriminación, recoge el informe, sucede especialmente en el empleo público, la sanidad, la rotulación y en la educación, un sector en el que se están produciendo «los mayores escándalos».

El documento afirma que la riqueza lingüística de España ha sido instrumentalizada desde hace décadas por determinados gobiernos regionales, no siempre de corte nacionalista o separatista, para desplazar al español, algo que se ha producido esencialmente en la Administración y la educación. Así, manifiesta que «estos gobiernos han querido confrontar las lenguas regionales con el español para (…) lograr modificar la realidad sociolingüística de su territorio y así contar con más motivos y posibilidades en la construcción de una identidad nacional soberana».

El informe, que subraya que la Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, aunque los filólogos más reconocidos han concluido que, si bien los términos castellano y español son sinónimos, la palabra español es la más aconsejable y acertada para referirse a la lengua común de España, sostiene que el español es la lengua que la Constitución otorga a todos los españoles y que su consideración como lengua vehicular es preceptiva en todo el territorio nacional y «no puede ser retraída desde ninguna norma».

Así, denuncia que los distintos Gobiernos no hayan adoptado las medidas jurídicas y políticas necesarias para exigir el obligado respeto al español. «España, durante los últimos cuarenta años, se ha esmerado para proteger y garantizar las lenguas cooficiales, hasta el punto de que, en algunos territorios, se ha producido la paradoja de que la lengua cooficial ha apartado, por muy distintas razones, al español, es decir, a la lengua que reconoce el artículo 3.1 de la Constitución como la única lengua oficial para el conjunto de España y de los españoles».

Además, recoge que los Estatutos de Autonomía de las regiones con más de una lengua comenzaron desde pronto a distinguir entre lengua propia, curiosamente siempre la regional, de las oficiales, que serían la regional y el español, «un binomio que revela una intencionalidad sociopolítica de primer orden, toda vez que lo propio es lo contrario de lo ajeno», y añade que «esta dicotomía generada entre lo propio (la lengua regional) y el español (lengua del Estado) está generando una fractura social de enorme preocupación y de consecuencias lamentables para el futuro del sistema representativo y para la convivencia ciudadana».

«Por ello es necesario ofrecer soluciones para impedir la disgregación de la soberanía de España mediante el menosprecio a su lengua. No recuperar el uso del español como lengua habitual y vehicular en toda la geografía española, con el mismo pragmatismo y determinación con la que han procedido algunos de los enemigos de España, es un síntoma de nuestro propio suicidio cultural«, concluye.

Partido Pueril (PP)
El PP expedienta a Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto en la renovación del Constitucional
OKDIARIO 2 Diciembre 2021

Lo que está ocurriendo en el PP pasará a los anales de la estupidez política. Nunca una formación con aspiraciones reales de llegar al Gobierno se había perdido en una guerra propia de adolescentes, una batallita infantil que está dilapidando las posibilidades de cambio. Todo empezó cuando Isabel Díaz Ayuso anunció su deseo de aspirar a la presidencia del partido en Madrid, un deseo tan legítimo como obvio en función de los resultados cosechados el 4M. Desde ese día, la batalla entre Génova y Puerta del Sol ha adquirido tintes surrealistas.

La presentación del libro de Rajoy era una oportunidad para restañar públicamente las heridas, pero el acto terminó por convertirse en un espectáculo grotesco, incapaces todos de entender que llevar sus desavenencias ante las cámaras de los fotógrafos es una forma de suicidio colectivo. Lo que debió ser un elemento de potenciación del partido (el anuncio de Ayuso de postularse para la presidencia del PP madrileño) se ha convertido en un sainete, en parte por la necedad manifiesta de los aprendices de brujo que pululan por las plantas nobles de Génova, escuderos del jefe con exceso de ínfulas. Lo que está ocurriendo es un espectáculo ridículo en el que los egos cruzados han quebrado de raíz el crecimiento electoral de un partido que ofrece serias dudas sobre su capacidad para enderezar el rumbo de una nación descosida por las sectarias puntadas del socialcomunismo.

¿Se puede tener confianza en que el PP pueda hacer frente a los grandes problemas de fondo a los que se enfrenta España si no es capaz de afrontar un problema objetivamente tan nimio como el de la candidatura de Ayuso? Visto lo visto, el PP se está haciendo oposición a sí mismo, algo imperdonable en un momento en que la izquierda ha conducido a España a un callejón sin salida. El Partido Popular es ya el Partido Pueril: las siglas (PP) son la mismas, pero sus actos le delatan.

El pp tiene que desaparecer
Nota del Editor 2 Diciembre 2021

En estas desapariciones, lo malo son los daños colaterales, que en el caso del PSOE es la dectrucción de España.

¿Se puede fiar Sánchez de la nueva Alemania?
Miguel Ángel Belloso. okdiario

Pronto habrá nuevo gobierno en Berlín pero de distinto signo, tras la estancia de 16 años en el poder de la canciller Merkel. Esta señora pasará a la historia por haber conseguido mantener durante todo este tiempo la potencia de fuego del país, así como su estabilidad y capacidad de influencia en la Unión. A mi juicio, cometió, sin embargo, dos errores notables. Perdió el norte con la crisis de los refugiados, debido a su ‘maternalismo’ genético, permitiendo una inmigración masiva que es fuente de problemas -a pesar de la disciplina y del rigor germánicos-, y decidió insólitamente cancelar la energía nuclear, aumentado su dependencia del gas ruso y enviando un mensaje letal al resto de Europa.

El próximo Ejecutivo estará presidido por el socialdemócrata Olaf Scholz al frente de una coalición de la que participan los verdes y los liberales, un cóctel difícil de trasegar porque combina mal. Perico Chicote no lo habría preparado jamás. Como la izquierda tiene siempre un trocito de mierda pegado al zapato, algunas de las propuestas incluidas en su programa político entroncan con la tradición consustancial al progresismo: rebajar a 16 años la edad para poder votar, ampliar los derechos de los inmigrantes, las mujeres y el colectivo LGTBI, subir el salario mínimo y otras excentricidades que forman parte del signo nefando de los nuevos tiempos.

Pero sería una equivocación sacar conclusiones precipitadas sobre el eventual cambio que la nueva coalición puede imprimir en asuntos más cruciales, que son de nuestra incumbencia. Por ejemplo, el tono de la política fiscal y su poder de persuasión determinante sobre la Comisión Europea.

A finales de junio de este año, el señor Scholz concedió una entrevista a Financial Times en la que rechazó explícitamente las llamadas a reformar las reglas fiscales de la UE, que imponen controles, ahora temporalmente suspendidos, sobre el nivel de gasto y de déficit público. “Ya son suficientemente flexibles para afrontar las crisis y ahora la pandemia”, dijo. También aseguró que en 2023 restablecerá el mecanismo de freno de la deuda alemana -algo que no gusta a los verdes, pero con lo que deberán convivir-.

Además, el nuevo ministro de Finanzas será el liberal Christian Lindner, poco proclive a gastar más de lo debido, partidario declarado de la ortodoxia presupuestaria, dispuesto a reformar el sistema de pensiones y determinado a ser un muro de contención de los eventuales extravíos que pretendan cometer los ecologistas con el pretexto de defender de manera irracional el medio ambiente en un país eminentemente industrial que no quiere renunciar a ser la locomotora de Europa.

De manera que Alemania será un hueso duro de roer para algunos de los socios europeos como España, porque, entre otras cosas, está muy comprometido a que el dinero común se gaste bien. ¿Lo está haciendo pulcra y eficientemente el Gobierno de Sánchez? Si tenemos en cuenta que la proporción de gasto público sobre el PIB es del 51%, más que nunca en la historia, la respuesta rotunda es no. Estamos recaudando más que nunca, pero gastando más que en cualquier otro momento del pasado, con el resultado de que somos los que menos crecemos del continente, a pesar de los recursos de Bruselas con que ya estamos empezando a contar.

Escribe el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, que mientras Francia o Italia están ejecutando con gran rapidez los fondos europeos, España anda muy retrasada. El resultado es que lo que se había convertido en una gran esperanza para salir del letargo de las autonomías y sobre todo de las empresas se ha tornado en un factor de incredulidad y de incertidumbre. La causa de nuestra postración tiene que ver con el modo de tramitar esta cantidad ingente de dinero. Macron y Draghi han apostado por un control a posteriori de los recursos inyectados, que agiliza la aprobación de los proyectos, mientras aquí el método consiste en escrutar cada detalle antes de autorizar el desembolso, lo que burocratiza la tramitación y la retrasa inexorablemente, en un fiel reflejo de la desconfianza hacia las empresas consustancial al socialismo.

Además, España ha preferido acudir a los fondos europeos no reembolsables -los que son gratis- mientras Francia o Italia han decidido recurrir a los préstamos habilitados por el programa de ayuda, aprovechando los bajos tipos de interés, una opción que agiliza la disposición efectiva de liquidez. La conclusión del modo diferente de utilizar el programa de ayudas, sumada a la condición genuina del que los está gestionando, que en el caso de España es un Gobierno tremendamente ideologizado y dispuesto a controlar hasta el último céntimo del plan para sumar voluntades y favores que cobrar después, es que el riesgo de que este se convierta en una reedición del infausto plan E de Zapatero en lugar de en una oportunidad para modernizar la economía es enorme y fatídica.

El plan E se sacó adelante en un tiempo récord porque los ayuntamientos desempolvaron todos los proyectos que tenían en el cajón, y que habían sido temporalmente desechados por irrelevantes. Sus efectos, como todo el mundo conoce, fueron nocivos. Por eso es una obligación moral no incurrir en los mismos errores. La UE ha habilitado estos fondos de nueva generación para proyectos que tengan potencia tractora sobre la economía, para que impulsen el crecimiento de calidad y fomenten la productividad, no para construir polideportivos, carriles bici o remozar las sedes de los sindicatos. Esto es una vergüenza, una ofensa que no debería permitirse y que, en caso de consumarse, volveremos a pagar muy caro.

Puede que el incauto inquilino de la Moncloa piense que la llegada de la izquierda a Berlín es una buena noticia. No es así. Allí hay un tripartito con intereses difíciles de conciliar, pero que tiene las ideas claras al menos en las cuestiones económicas, y éstas son contrapuestas a las dominantes en España. Al tiempo que cambia de sesgo el gobierno del país de referencia de Europa, los otros dos que le siguen en importancia, Francia e Italia, ya han trazado una nueva hoja de ruta, forjando una alianza para no perder comba en los nuevos tiempos. España por el contrario está fuera de cacho, al margen de estos movimientos diplomáticos, como consecuencia de tener al mando un presidente al que nadie relevante tiene en consideración y al que todo el mundo ha perdido el respeto.

La ruina que nos hunde
Nota del Editor 2 Diciembre 2021

Una de las pocas ventajas que ofrecía la UE era que la impresora de billetes se quitaba de las manos de los políticos profesionales españoles y se trasladaba al BCE que tenía como misión mantener a raya la inflación, que ahora nos ataca por todas partes. La inflación es un atraco directo y brutal a nuestros bolsillos, pensiones, propiedades, todo tipo de riqueza excepto la que se otorgan, de nuevo a nuestra costa, los profesionales de la política. A ver si con un poco de suerte, los alemanes recuerdan que no hace mucho, para pagar un café con leche necesitaban una carretilla de billetes y consiguen enderezar y evitar el desastre.

Si no sale bien, a este paso van a tener razón los del Brexit. Una vergüenza.

Política tributaria del Gobierno
Vox acusa al gobierno de «depredación tributaria»
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 2 Diciembre 2021

«Lo más llamativo de la política fiscal de su Gobierno es el carácter expansivo que tiene, en amargo contraste con naciones como Italia o Portugal», así ha comenzado su segunda intervención el senador Jacobo González-Robatto, tras la comparecencia de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón Rafael, ante la Comisión de Presupuestos.

El senador de VOX ha reprochado a la representante de Hacienda que «esta anomalía» fiscal » nos hunde aún más en una espiral de depredación tributaria a los contribuyentes, con la consiguiente retracción de la actividad económica, que a su vez causa una menor recaudación». Y ha reivindicado «bajadas de impuestos» y «beneficios fiscales» sobre todo para las familias, en particular para las numerosas, así como para las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, González-Robatto ha reprochado que, durante los debates presupuestarios, se haya hablado del supuesto dumping fiscal en determinadas Comunidades Autónomas, cuyos gobiernos están o han estado apoyados por VOX. «Estas menciones son verdaderamente sangrantes cuando se recuerda que no hay mayor dumping fiscal que el que está absolutamente institucionalizado, con el apoyo acrítico de la gran mayoría de grupos de esta Cámara, en las regiones Vasca y Navarra». «Estos regímenes tributarios excepcionales y privilegiados, carentes de cualquier motivación ética o siquiera de oportunidad económica, son la mayor ofensa a la igualdad de los españoles en materia fiscal», ha matizado el senador.

Reclamaciones contra la Agencia Tributaria
El senador no ha querido pasar por alto el asunto de las reclamaciones de los contribuyentes contra la Agencia Tributaria en los tribunales económicos administrativos. Y ha recordado que, según la memoria de 2020, en el 55% de los casos la Administración es derrotada en el procedimiento. «Y, lo que es más extraordinario, este porcentaje supera el 66 % en los tribunales autonómicos», ha denunciado.

Una situación que ha calificado de «inadmisible», pues es «síntoma de dos gravísimas disfunciones: que se bonifique a los inspectores fiscales por extremar la dureza en sus cometidos, con independencia de que esa dureza esté o no fundamentada en cada caso concreto; y la tendencia de la Administración a fallar a favor de sí misma y en contra de los administrados».

Además, se puede «causar perjuicios a los contribuyentes que no tienen por qué soportar, implica un aumento de la litigiosidad en que se ve envuelta la Administración Tributaria, en la que ella misma es la primera perjudicada».

Un gobierno que no asume sus responsabilidades, ¿de qué sirve?
Cuando le conviene, delega lo que no puede delegar, y cuando piensa que le va a favorecer, se acuerda de que puede imponer su criterio absoluto
Miguel Massanet Miguel Massanet. diariosigloxxi  2 Diciembre 2021

“No es un gobierno arrogante el que escoge las prioridades, es un gobierno irresponsable el que no las escoge”, Tony Blair.

Una de las definiciones de anarquismo se la debemos al escritor estadounidense Edward Abbey, que nos dejó la siguiente: “El anarquismo se basa en la observación que pocos hombres son lo suficientemente sabios para gobernarse a sí mismos y que, menos aún, son suficientemente sabios para gobernar a otros”. Desgraciadamente, en estos momentos de la historia de nuestra nación, parece que estamos en manos de unos sujetos que entran de lleno en esta categoría de personajes que, por sus comportamientos, formas, actuaciones, objetivos y sus carencias intelectuales, a las que se unen una dosis exagerada de autosuficiencia, egolatría y desprecio por las ideas de quienes no siguen al pie de la letra el itinerario que nos intentan imponer con sus extravagantes maneras de gobernar la nación y que hacen temer que, el desenlace de semejante ensayo político, pueda ser calamitoso para España y los españoles.

Siempre se ha entendido que una de las formas que tiene el sistema de gobierno, basado en la democracia o en lo que se ha dado por definir como “el gobierno del pueblo por el pueblo”, no se puede interpretar en su sentido estricto, ya que todos los españoles, en su conjunto, en manera alguna podrían asumir en masa semejante tarea y es obvio que, si lo intentaran, nos sumiríamos en un caos de proporciones gigantescas. No, no es este el verdadero objetivo que se señala con lo expuesto en la frase de marras, se trata de que el pueblo, la ciudadanía pueda expresar de una manera inequívoca, segura y que permita a todos expresar, libremente y sin cortapisa alguna, en quién prefiere delegar aquellas funcione estatales que por su complejidad, su importancia, su coste y su dificultad organizativa, técnica, social, de defensa del país y de orden interior, no estarían al alcance de los españoles ni sería conveniente que quedaran en manos minoritarias, que se prestaran a favorecer a determinados grupos de influencia, cuyos intereses no fueran los que la mayoría desearía preservar.

Esto se ha solucionado mediante el sufragio universal. Acudir a las urnas para elegir a aquellas personas que el pueblo considere más idóneas para dirigir el país. Claro que no es tan fácil, ni siempre se logra el objetivo previsto, ni mucho menos se consigue que los votantes, los que depositan su voto en las urnas electorales, vayan suficientemente informados, conscientes de que van a votar a la persona idónea y que las referencias que han recibido de cada partido o formación política, que aspira a que sus representantes ocupen el gobierno de la nación, se correspondan con la realidad, lo que sucede en muy pocas ocasiones debido a la tendencia, de todos ellos, de ocultar los posibles defectos, magnificar las cualidades y, por supuesto, ocultar las verdaderas intenciones que se ocultan tras aquella pantalla de buenismo que intentan presentar ante sus posibles electores.

Y dicho lo cual, básico para que entendamos las funciones que le corresponden a un gobierno que pretenda actuar conforme corresponde a la democracia en la que se encuentra, convendrá que veamos cómo, nuestro actual gobierno de coalición de socialistas y comunistas va desarrollando su especial y singular forma de gobernar, bajo dos principios inmutables: pregonar, presumir, alardear y propalar a los cuatro vientos aquellos logros ( no siempre atribuibles al gobierno) que les van a favorecer y procurar votos, a la vez que actuar de forma sibilina y desleal para conseguir que todo lo que no funciona en la nación, aquellos acontecimientos que están perjudicando gravemente a los ciudadanos y todas las rectificaciones que han tenido que llevar a cabo respecto a sus utópicas mejoras sociales, ayudas a necesitados, aumentos del nivel de vida, sueldos básicos para todos los españoles etc. que prometieron cuando ganaron las elecciones y que, como era evidente que sucedería, no podrían nunca llevarse a la realidad, de modo que siguen sin cumplirse, o sea que todos aquellos hecho, sucesos, circunstancias o acontecimientos que, de alguna manera, pudieran afectar a su credibilidad, a la valoración de los españoles y, por consiguiente, a sus perspectivas electorales; se las vienen arreglando para culpar de todos ellos a la oposición a la que, sistemáticamente, califican de desleal, de obstruccionista, de no colaborar y de criticar, algo que, ellos cuando estuvieron en la oposición, sin rubor alguno fueron llevando a la práctica de modo que impedían que muchas de las decisiones que la derecha tuvo que tomar, fueron protestadas de forma intolerante en las Cortes y llevada a las calles, con la inapreciable ayuda de estos sindicatos a los que ahora se les da dinero a manos llenas y se olvidan los “pecadillos” que cometieron en Andalucía, de los que tan poco se habla gracias a la censura implacable que, sobre el tema de los ERE y de la estafa que se cometió en su tramitación, cuando la comunidad andaluza estaba absolutamente bajo el poder del PSOE.

Tenemos un gobierno que no gobierna. Un gobierno que en cuanto a la pandemia del Covid 19, luego de retrasar por razones de interés político el admitir que estábamos contagiados del virus, ha estado dando bandazos en cada ocasión en la que quedaba clara su incapacidad de controlar la pandemia, arreglándoselas para culpar a las autonomías, a los partidos de la oposición, a la falta de suministros desde Europa ( no nos explicaron los fraudes de las entregas del material que llegaba del extranjero), a la falta de mascarillas ( ellos fueron los culpables por imprevisión) etc. Un gobierno que, para que nadie le discutiese sus decisiones, suspendió la actividad de las cámaras de representación popular, decretó anticonstitucionalmente (como ha determinado el TC) el estado de alarma sin que nadie del Gobierno y menos el que tomó la decisión de hacerlo, el señor Pedro Sánchez, haya tenido la valentía de presentar su dimisión algo que, por mucho menos, el resto de países europeos no hubiera tolerado que siguiera en su cargo después de una condena semejante.

Ahora tienen la cara dura de presentar y aprobar, con la colaboración de esta izquierda bolivariana que se ha hecho dueña del país, unos PGE que se sabe que ya están obsoletos antes de aplicarse. Seguimos teniendo un paro el doble que el resto de Europa, las mercancías y los suministros de energía se han convertido en una amenaza evidente para que España pueda remontar la crisis pasada y, mucho menos, la que se nos está anunciando sin que, el Covid19 de pruebas de haber remitido, antes al contrario, la amenaza del Omicrom puede hacer que la economía europea en conjunto y la española en especial, sufran un nuevo retroceso que, en algunos sectores, como en el caso del turismo o el sector industrial y el transporte, es posible que ya no estén en condiciones de sufrir otra crisis como la pasada.

Y, entre tanto, nuestras ministras jugando a ser optimistas. La señora Delgado, aquella que fue nombrada Fiscal General del Estado pese al rechazo de toda la oposición debido a su evidente concomitancia con el gobierno al que había pertenecido; ya ha conseguido con su evidente parcialidad, sus inauditas presiones sobre los fiscales y algunos casos turbios como es el de la salida del fiscal anticorrupción Ignacio Stampa en octubre del 2020; sobra la cual no se dignó dar explicación suficiente alguna de los motivos que la llevaron a tomar tal determinación. Ya ha ocurrido y la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, ha exigido este sábado la inmediate destitución de la fiscal General que, según ellos, “ha causado un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal” además de carecer de idoneidad por proceder directamente de la política y sus “erráticas y sectarias” actuaciones. Así, defendiendo la independencia de la asociación, la Asociación de fiscales reclama que “ante la evidente crisis de credibilidad y la irrelevancia institucional” de Delgado, es prescindible un nuevo Estatuto Orgánico que refuerce la plena autonomía del ministerio fiscal, “imprescindible para asumir la investigación con garantía”.

Por su parte la señora ministra, Nadia Calviño, se ha apuntado a aquellas personas inasequibles al desaliento, la de la eterna sonrisa y una resistencia a reconocer que la recuperación que viene anunciando y que, evidentemente nunca llega, ya no es algo que se pueda defender sin tener en cuenta que todos los pronunciamientos de los entendidos en la materia, economistas y demás técnicos, están lejos de ver, en el futuro inmediato, otra cosa que no sean graves problemas y encarecimiento de precios, juntamente con el de la energía, que amenaza en convertirse en algo endémico para España, si alguien no se decide a tomar el toro por los cuernos y aplicar una política energética en la que se incluyan de nuevo la nucleares, como, por cierto está intentando hacer el señor Macrón en Francia y que, gracias a una repulsa unánime de las izquierdas, en España están en franca recesión, sin que exista una energía alternativa más limpia y productiva.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos que se sigue premiando, por el Gobierno, al separatismo catalán con constantes inyecciones de capital, mientras que el resto de las autonomías siguen engrescadas en cómo repartirse la parte que queda, evidentemente la menor, una vez que los catalanes se han llevado el bocado del león.

Así es como un gobierno que no gobierna, que cuando le conviene delega lo que no puede delegar y cuando lo estima oportuno y piensa que le va a favorecer, entonces se acuerda de que puede imponer su criterio absoluto. Y así vamos señores.

Gobernar no, destruir
Nota del Editor 2 Diciembre 2021

Del dr cum fraude y sus quates no se puede decir que gobiernar, desgraciadamente lo que hacen es destruir España.

La Fiscalía no quiere que a Podemos le monten ‘El Pollo’
OKDIARIO 2 Diciembre 2021

De forma sistemática, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha convertido en el mejor abogado defensor de Podemos y quiere cerrar a toda costa las investigaciones abiertas tras las denuncias de ‘El Pollo’ Carvajal, pese a que las pruebas aportadas por este son indiciarias de la comisión de varios delitos. El empecinamiento del Ministerio Público es de aurora boreal, lo que demuestra que, efectivamente, la Fiscalía depende del Gobierno, como sentenció en su día Pedro Sánchez. Tanto depende que el fiscal jefe, Jesús Alonso, se ha convertido en el mejor aliado de la formación morada. Su obsesión para que la Policía deje de investigar las tapaderas chavistas roza lo patológico.

Por fortuna, el juez ha desestimado la petición del Ministerio Público, de modo que la UDEF seguirá rastreando las millonarias cantidades entregadas por el régimen bolivariano para financiar a los líderes de Podemos. Y es que las pruebas aportadas por ‘El Pollo’ están sustentadas en documentos oficiales que para los magistrados tienen suficiente credibilidad. Y es que en un Informe Confidencial, el título del documento enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón al que tuvo acceso OKDIARIO, El Pollo Carvajal explicó el modus operandi de Caracas para financiar a Podemos. Entre las distintas vías utilizadas para hacer llegar el flujo de dinero, destaca la entrega en efectivo en España «a través de empresas con fachada española». Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a «empresas españolas de su elección para que organizara los eventos internacionales Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero, que, por otra parte, también viajó a Caracas para recibir directamente en mano del régimen chavista suculentas cantidades.

Las pruebas están ahí, en manos de la Justicia, y por lo que vamos conociendo deben ser tan concluyentes que el Gobierno ha mandado a la Fiscalía que trate de dar carpetazo al asunto como sea, aunque el como sea vaya en contra de la razón que debería mover las actuaciones del Ministerio Público. Ya saben, aquello del principio de legalidad…

Niños cubanos encarcelados
Zoé Valdés. Libertad Digital 2 Diciembre 2021

El régimen castrista ha encarcelado a menores de edad por el mero hecho de que salieron a las calles a protestar pacíficamente.

Desde el 11 de julio pasado, también tras el 15 de noviembre, el régimen castrista ha encarcelado a menores de edad por el mero hecho de que salieron a las calles a protestar pacíficamente. Algunas condenas judiciales han caído ya sobre ellos, van de entre 8 a 30 años de prisión en las terribles ergástulas de la isla. Una isla que, siendo fatalmente lo que es, una isla, cuenta con más prisiones que playas. Las condenas son duras para esos niños que no han hecho más que erigirse en la voz de todo un pueblo al clamar por su libertad.

Todo parece indicar que esos menores no importan a la Unicef ni a ninguna organización internacional de protección de la infancia. Por no importar, tampoco importan a los mismos cubanos, en su avaricia de salir huyendo a las primeras de cambio, protegidos por Gobiernos social-comunistas que se han arreglado con la tiranía para imponer en el extranjero a nuevos líderes del cambio-fraude para Cuba. La arrogancia de estos lidercillos da pavor. A mí no, ya a mí no me asusta nada. Pero algunos compatriotas andan aterrados y airados. Con razón.

Aquí podrán leer y conocer varios de los nombres de esos menores olvidados, tratados como salvajes, a los que al parecer no les asiste ningún derecho humano. El Gobierno de Pedro Sánchez, tan ocupado con sus menas marroquíes, ni siquiera se inquieta por la suerte de los cubanos. Me refiero al Gobierno español actual, pues ha sido ese mismo Gobierno el que ha hecho todo lo que el régimen de La Habana ha querido para sacar a Yunior García Aguilera de Cuba.

El dramaturgo se las trae, no más abre la boca y el hedor ñangareta oficialista de sus palabras y conceptos contamina a quilómetros. Yunior es de los culpables principales de que esos jóvenes estén hoy secuestrados y apresados allá en su archipiélago, aunque caribeño un real gulag. Él no sólo entregó nombres de esos niños a los represores mediante sus listas en las redes sociales, además lideró un movimiento al que traicionó dejando en la estacada a muchos cubanos que confiaron en sus promesas. Yunior recuerda a Fidel Castro en el Moncada, nunca llegó al cuartel, se perdió en el camino, por su culpa asesinaron a varios de sus compañeros; sin embargo, las víctimas fueron muchas más numerosas del lado del ejército de Batista. Un ejército compuesto por jóvenes cubanos que solamente cumplían el deber de defender el hospital que se hallaba adjunto al cuartel.

El caso es que la prensa española tampoco hace mucho más que el Gobierno español. Ni siquiera se ha querido enterar de los jóvenes presos y de las madres cubanas angustiadas e ignoradas. Uno de esos jóvenes, Diubis Lorenzo, fue asesinado el 11 de julio de un tiro en la espalda; su madre desesperada se suicidó. A nadie le importó, pocos lo mencionan. Borrón y cuenta nueva como todo lo de Cuba.

Con todo, menos con el socialista Yunior, que en menos de dos semanas se ha reunido con la crema y nata de la cúpula de los partidos españoles. Como buen socialista, no para de hablar basura y de prometer lo que no puede cumplir, como ya hemos visto con su marcha, que primero iría a hacerse el 20 de noviembre, luego el 15, después el 14, con una rosa blanca, comparándose con José Martí, qué tipo tan descarado… Finalmente apareció teletransportado en Madrid junto a la esposa. Ahora cuenta en la radio anécdotas de su estrambótica huida. De risa. De risa si no estuvieran ahora mismo encarcelados tantos jóvenes debido a su engaño.

Las víctimas aquellas del ejército de Batista guardan cierta similitud con la joven adolescente asesinada y quemada viva hace unos pocos años por una banda de italianos, turistas en Cuba, quienes prostituyeron, drogaron y prendieron fuego al cuerpo moribundo de la joven. Con la ayuda de otros cubanos escondieron el cadáver en unos matorrales. No sé en qué habrá quedado aquel espanto, no sé si hubo juicio, y si los autores del crimen fueron debidamente condenados. La similitud consiste en que nadie se acuerda de los jóvenes soldados que cumplían su trabajo, como tampoco de la adolescente asesinada en manos de unos italianos. Sin embargo, hasta existen quienes, queriendo pasar por opositores, se acuerdan más de aquel italiano que murió accidentalmente por una esquirla de cristal encajada en el cuello cuando un coctel molotov explotó en un hotel habanero, y culpan a los americanos del asunto, con todo el tralalá antiyanqui que ya conocemos.

A mí cualquier turista, de la nacionalidad que sea, que viaje a Cuba a gozar de los hoteles y de las niñas, adolescentes, que las asesina, y hace lo que hacen los turistas en países en los que se abusa de la falta de libertades, de facto me parece responsable de lo que le ocurra a él mismo, y culpable de lo que haga a los demás, incluido el abuso de menores y la prostitución por hambre. Una esquirla en el cuello de un turista me parece bastante poco en más de 62 años de horror tiránico.

Basta ya, resulta demasiado e insoportable lo que hemos aguantado. Ah, y que lo tenga en cuenta el Gobierno español, así como cualquier otro Gobierno: prohibido olvidar.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La izquierda y los separatistas pretenden amordazar a la prensa en el Congreso
EDITORIAL. Libertad Digital 2 Diciembre 2021

Que los indignos jefes de prensa firmantes de la infame carta tengan la desfachatez de hacerlo en nombre del "respeto" es el colmo de la desvergüenza.

Al socaire del ominoso estado de alarma –declarado ilegal por el Tribunal Constitucional– el Gobierno social-comunista puso en cuarentena la libertad de prensa con filtros y vetos a las preguntas que le dirigían en rueda de prensa los periodistas, inadmisibles cortapisas al derecho a la información que llevaron a más de un centenar de profesionales a adherirse al manifiesto Por la libertad de preguntar.

Pues bien, la pulsión totalitaria que destila la carta que los equipos orwellianos de comunicación de PSOE, Podemos, Bildu, ERC y otros ocho partidos de izquierda y nacionalistas han dirigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a la que reclaman "medidas" censoras contra la prensa crítica, supera con creces la fechoría de Sánchez en lo peor de la pandemia.

Tras varias ruedas de prensa en las que se ha podido ver a cabecillas de los partidos neoinquisidores, como el descalificable Gabriel Rufián, negándose reiteradamente a responder a periodistas de medios que no son de su cuerda con la excusa putrefacta de que no participan en "burbujas mediáticas de la extrema derecha", sus responsables de comunicación han solicitado a Batet que tome "medidas" contra ellos con la delirante excusa de que han cometido "intolerables faltas de respeto" a sus respectivos grupos parlamentarios.

Por lo visto, para la izquierda realmente existente (incluida la comunista y la proetarra) y sus socios supremacistas, insultar y negarse a contestar a los periodistas que hacen preguntas incómodas es un alarde de civismo y no someterse a sus designios liberticida, una intolerable falta de respeto. Viven de eso: de invertir la realidad hasta pervertirla.

Es comprensible que al PSOE le resulte incómodo que le pregunten por la revisión a la baja que ha hecho la OCDE sobre el crecimiento económico español, que tumba las previsiones del Gobierno; o por la más que dudosa constitucionalidad de la exigencia a Netflix de emitir parte de su programación en catalán, sin la cual ERC amenaza con tumbar los Presupuestos social-comunistas. Pero los periodistas tienen derecho a formular esas preguntas sin que se considere que están faltando el respeto a nadie. De la misma manera que tienen derecho a preguntar a Rufián por que su partido critique la presencia en actos del PP de un condenado por la Justicia como Nicolas Sarkozy, cuando ERC invita a los suyos a condenados por la jornada sediciosa del 1-O, o por la ley de seguridad ciudadana que le gustaría imponer a la sociedad.

Por otra parte, ¿qué "medidas" quieren estos enemigos de la libertad que tome la presidenta del Congreso contra los periodistas críticos? ¿Hacerles que envíen sus preguntas por adelantado para así someterlas a censura previa? ¿Impedirles que tomen la palabra en las ruedas de prensa? ¿Despojarles directamente de sus acreditaciones? ¿Pero qué clase de checa informativa pretenden instaurar en la Carrera de San Jerónimo?

Que los indignos jefes de prensa firmantes de la infame carta tengan la desfachatez de hacerlo en nombre del "respeto" es el colmo de la desvergüenza, habida cuenta de que sirven a sujetos que se dirigen a los adversarios políticos y a la prensa que juzgan hostil con un lenguaje y unos modos propios de rufianes.

El Supremo, la lengua y el triaje nacionalista
Agustín Valladolid. vozpopuli.es 2 Diciembre 2021

El blindaje del uso del castellano en la escuela catalana por parte del Supremo es una decisión de muy largo alcance que rompe la estrategia del secesionismo

Ser juez o fiscal en Cataluña es más que un trabajo; es casi un apostolado. Algunos siguen allí por vocación, conscientes de que en ciertos sitios ocupan la última trinchera. Los más, por pura necesidad. Otros, sin embargo, no han soportado la presión. Desde 2017 el número de jueces y fiscales que piden el traslado a otros lugares de España se ha disparado. En 2020, el Consejo General del Poder Judicial se vio obligado a destinar a Cataluña a 9 de cada 10 nuevos jueces de la promoción de ese año, la 69. De los 188 que integran la más reciente, la septuagésima, 73 ocuparán plaza en Cataluña, que volverá a ser, con mucho, la primera comunidad receptora de nuevos togados.

Algo similar ocurre con policías, guardias civiles y los profesores que siguen defendiendo la convivencia natural y pacífica del catalán y el castellano. La precariedad ambiental en la que viven los funcionarios del Estado en Cataluña es la norma. Precariedad que, en no pocos casos, deriva en clandestinidad. El temor no llega al nivel del padecido por los policías que en Euskadi, durante los años duros del terrorismo etarra, no se atrevían a colgar la camisa del uniforme en el tendedero del patio interior, pero en algunos lugares de la Cataluña profunda se le parece bastante. No te disparan, pero te señalan. No ponen bombas, pero envían espías a las escuelas para anotar en sus libretas negras el nombre de los que se expresan en castellano. De alumnos y de enseñantes.

Para el independentismo, el arrinconamiento del castellano es esencial para asegurar la ocupación de los medios y el control de la comunicación en sus más diversos formatos

El clima en el que viven muchos ciudadanos en Cataluña es tan inquietante, tan amenazador en ocasiones, que ninguna autoridad, salvo las de la Administración de Justicia, tiene el atrevimiento de intentar recuperar territorios arrebatados al constitucionalismo. Y no digamos ya si el terreno en el que pretendemos ejercer nuestros derechos constitucionales es el de la enseñanza. Apenas un puñado de estudiantes universitarios ponen puntualmente en evidencia a unas autoridades académicas que, para vergüenza de la libertad de cátedra, dan cobertura a los escuadrones que buscan convertir las universidades catalanas en campos de entrenamiento independentista; a comandos adiestrados en la escuela identitaria que puso en marcha el pujolismo. Porque fue entonces cuando empezó todo. Con Pujol.

Todo empezó con Pujol
Fue en los años 80 del siglo pasado cuando el entonces molt honorable president de la Generalitat dio precisas instrucciones para que en los procesos de selección del profesorado se introdujeran fórmulas de valoración de los candidatos de acuerdo con sus usos lingüísticos e inclinaciones ideológicas. Hoy, tras casi cuarenta años de sistemático triaje nacionalista, el mapa del profesorado catalán es una de las losas con las que se pretende enterrar el constitucionalismo. Sin duda la más pesada. Pujol sabía lo que hacía. Apostó por el medio y largo plazo para construir una sociedad autosuficiente, cada día más distanciada del proyecto común, consciente de que solo conseguiría su objetivo mediante la intervención del sistema educativo; sin interferencias externas.

Tarde, pero Oriol Junqueras ha terminado por aprender la lección. No hay prisa. Tampoco la tiene Bildu. El procés quiso ser el Bannockburn del Estado y acabó siendo el del independentismo. El líder de Esquerra sabe que hace falta tiempo para ampliar la base social y volver a intentarlo. Las líneas rojas ya no son tan nítidas, y ahora el objetivo es consolidar a Sánchez para que repita victoria en las urnas; para evitar por todos los medios que una alianza PP-Vox instale a Casado en Moncloa. Pero que no haya líneas rojas no significa que el independentismo, en según qué cosas, esté dispuesto a ceder. La lengua y el modelo de inmersión son intocables. Porque no se trata de derechos, ya plenamente reconocidos, sino de instrumentos imprescindibles para agrandar la masa crítica del secesionismo y culminar algún día el desenganche del Estado.

Rufián: “Para ERC el tema de la lengua es sagrado”. Para el independentismo, ciertamente, la inmersión es mucho más que un simple ejercicio de reequilibrio, o si se quiere de autodefensa; se trata sobre todo de una coartada con la que se busca justificar el arrinconamiento del castellano en las escuelas, la ocupación de los medios y el control de la comunicación de masas en sus más diversos formatos. La lengua, en prosa o poesía, no es el arma cargada de futuro de Celaya, sino los cimientos sobre los que se levanta, palmo a palmo, el muro de exclusión al que aspira el supremacismo. Y el declive del castellano la condición sine qua non para culminar el proceso de desistimiento de los restos del constitucionalismo.

Por eso no pueden admitir que el Tribunal Supremo haya consagrado el modelo que ampara a las familias que reclamen que el 25 por ciento de las materias, como mínimo, se imparta en castellano. Y es que la providencia en la que el Supremo ratificaba la sentencia de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no es un revés puntual para el independentismo, sino una firme e inalterable fortaleza jurídica desde la que defenderse de las arremetidas de los secesionistas y promover, con el apoyo si llegara el caso de las instituciones europeas, la recuperación de un clima que haga posible la coexistencia de dos lenguas en igualdad de condiciones. Justo lo que no quiere el nacionalismo; justo lo que a partir de ahora cualquier ciudadano podrá exigir con pleno respaldo legal. Los jueces, la última trinchera.

La postdata: ZP se lleva bien con Sánchez; ya me quedo más tranquilo
Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero se llevan estupendamente. Era, dicen, un secreto a voces. Sin embargo nadie da explicación convincente sobre el cambio producido en una relación que empezó torcida, hasta el punto de que durante mucho tiempo Sánchez no tragaba a ZP. Quizá, apunta alguien, la razón de la mejoría esté en que el presidente del Gobierno podía llevarse mal o con González o con Zapatero, pero no con ambos a la vez. Por el interés te quiero Andrés.

Lo cierto es que Zapatero “se arremangó para atar los votos que el PSOE necesitaba más allá de Unidas Podemos”, según nos ha contado Iolanda Mármol y ha confirmado Gabriel Rufián. “Respaldo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE por convicción y por lealtad”, le ha dicho ZP a El Periódico de España. Este mismo medio, citando fuentes del entorno del expresidente, señala que la relación entre uno y otro ha crecido desde la moción de censura contra Mariano Rajoy hoy es de “absoluta confianza. Cada mes o dos meses se ven, quedan a comer o se toman un café”. Y yo, qué quieren que les diga, desde que me he enterado de esta adorable historia de la amistad recobrada, es que duermo mucho más tranquilo.

El disparate de conformarse con que machaquen el español y dejándolo a la altura de las lenguas regionales.
Nota del Editor 2 Diciembre 2021

El dilema del gánster suele ser la bolsa o la vida, y en de la conculcación de los derechos humanos y constitucionales de los españoles es te tragas la lengua regional o no te dejo unas migajas de español.

Hay que acabar con la obligatoriedad de aprender lenguas regionales. Es una brutalidad. La única lengua que tenemos el deber de conocer, según establece la ilógica c.e. es el español.

La piedra en la bota nacionalista
Yeray Melladog. cronicaglobal 2 Diciembre 2021

A nadie en Cataluña se le escapa la situación de abandono que sufrimos quienes no comulgamos con las ruedas de molino del separatismo. Una situación de abandono por parte de un Gobierno de España que no está interesado en reforzar a un movimiento civil que es contrapeso de sus pactos con podemitas y separatistas de toda índole y color.

Es de contrapesos de lo que vengo a escribir en este espacio que se me concede. Unos contrapesos que, en Cataluña, han ido perdiendo paulatinamente su fuerza por el abandono de quienes los sostenían, por dificultades económicas y el cansancio que provoca el enfrentamiento constante con una Administración que actúa como una apisonadora social y política del disidente. Siempre parapetada bajo la cínica sonrisa del funcionario de turno del registro de entrada de la Consejería de Educación, a modo de ejemplo.

Es desde este organismo público, responsable de la educación de miles de alumnos catalanes, desde donde CiU y sus imprescindibles aliados inician la construcción nacional de la Cataluña contemporánea. Promovieron, al inicio de la democracia, la ley 7/1983, llamada “de normalización lingüística”, aprobada en el Parlamento autonómico. Bajo la excusa de “normalizar” el catalán en la sociedad y Administración catalanas subyacía, como se ha demostrado con el tiempo, la voluntad de extranjerizar en su propia tierra a la mayoría de catalanes, negándoles la posibilidad de estudiar en español.

Después de la implantación en 1978 del catalán como asignatura troncal en la educación catalana y antes de la aprobación de la inmersión lingüística obligatoria, el 25 de enero de 1981, un grupo de 2.300 intelectuales firmaron un manifiesto publicado en el Diario 16. En él expresaban su preocupación por la intención del nacionalismo de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, marginando el español de los espacios oficiales y públicos. Cuatro meses después, el 21 de mayo de 1981, Federico Jiménez Losantos fue secuestrado, tiroteado y abandonado atado a un árbol por la organización terrorista Terra Lliure. Después del suceso, tanto él como otros firmantes del manifiesto abandonaron Cataluña.

Quizás aquellos 2.300 no eran conscientes, pero estaban poniendo la primera piedra para hacer caer la inmersión 40 años después. La inmersión ha caído gracias a un puñado de personas con nombres y apellidos: 80 familias valientes que se han expuesto a ser hostigadas por la maraña nacionalista, auxiliadas y representadas ante los tribunales por Ana Losada y José Domingo, presidentes, respectivamente de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y la asociación Impulso Ciudadano.

Y no hay más. Ni gobiernos, ni Unión Europea, ni líderes de la oposición de ningún tipo han contribuido a ello. Ahí estaban las familias, Ana y Pepe. Solos ante el peligro y agarrados a un hilo de esperanza sujeto al buen hacer del Tribunal Supremo. Del otro lado, un equipo de abogados de la Generalitat intentando privar del 25% de clases en español a los alumnos de Cataluña. Y al igual que en el popular El juego del calamar, solo quedó un jugador, que resultó ganador como ganadora resultó la democracia con la desestimación del recurso del Govern para defender su sistema de inmersión totalitario.

Desde la sociedad civil tenemos la obligación de ser la piedra que se mete en la bota del poder nacionalista y no le deja avanzar tan rápido como quisiera en sus pretensiones de expulsar lo español de Cataluña, una vez constatado el fracaso del intento de sacar a Cataluña de su conglomerado natural, que es España.

Sesión de control
La ministra de Educación hace en el Congreso una encendida defensa de la inmersión lingüística en catalán
MARISA CRUZ. Madrid. El Mundo 2 Diciembre 2021

Pilar Alegría se zafa de obligar a la Generalitat a ejecutar la sentencia del Supremo que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano
Tensión en el Congreso por el uso de catalán en las aulas

Desafío independentista La Generalitat de Cataluña pregunta a los niños a espaldas de sus padres si hablan castellano en el colegio
Justicia El Tribunal Supremo consagra el 25% de clases en castellano y la Generalitat se niega a cumplirlo

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dejado en manos de la Justicia cualquier acción para obligar a la Generalitat a cumplir con la sentencia que impone al menos un 25% de las clases en castellano y ha eludido tener en ello responsabilidad alguna aludiendo al principio de separación de poderes.

Alegría ha hecho frente a PP y Ciudadanos una encendida defensa del modelo de inmersión lingüística que se practica en Cataluña y que, ha afirmado, funciona muy bien, cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad catalana y garantiza la plena competencia de los niños tanto en catalán como en castellano.

La ministra ha insistido, durante la sesión de control en el Congreso, en que el Gobierno respeta y acata la sentencia del Supremo y ha repetido que las resoluciones del alto tribunal deben cumplirse, pero ha rechazado que sea labor del Gobierno central obligar a la Generalitat a ejecutar lo establecido por el TS.

Desde las filas del PP se ha acusado a Alegría de "mirar hacia otro lado" y ser así responsable del "mayor atropello contra el castellano" permitiendo incluso "que se espíe a los niños para ver qué lengua hablan en el patio". Los populares advierten que este Ejecutivo "acabará consintiendo que el castellano se extinga en Cataluña" y han instado a la titular de Educación a elegir entre "subirse al tren de los constitucionalistas o sumarse al de los insurrectos que gobiernan Cataluña".

La respuesta de Alegría ha sido la de arremeter contra las comunidades gobernadas por el PP que, como Madrid, "se resisten a aplicar no sólo la ley de Educación sino también la de Vivienda". La ministra ha lamentado que el PP se autodefina como un partido de "ley y orden" pero lo "olviden" cuando la ley "les molesta".

En su opinión, en Cataluña "hay un sentimiento propio por el catalán pero no se hace contra el castellano" y a continuación ha avisado al PP de que "quien no tiene un proyecto político para Cataluña tampoco lo tiene para España".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido en la misma senda con una pregunta idéntica a la planteada por el PP. Frente a ella, Alegría ha reiterado que el Gobierno respeta y acata las sentencias pero ha defendido "no anticiparse a las medidas que tomará la Generalitat". La ministra de Educación se ha mostrado "confiada" en que el Gobierno catalán "actuará de manera responsable".
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Arrimadas le ha reprochado que "olvide a los niños castellano hablantes", le ha echado en cara su "elitismo" y la ha acusado de permitir que sus socios "se cachondeen de la Justica, de las familias y de España". "No me diga", ha remachado Arrimadas, "que esto es una cuestión de la Justicia porque en ese caso ¿para qué cobra usted un sueldo? Tiene usted la obligación de que esto cese y no dejar que Cataluña sea un Far West".

En opinión de la ministra de Educación, Arrimadas "no conoce la realidad catalana" en la que el modelo de inmersión "funciona bien y no puede convertirse en un arma arrojadiza porque está refrendado por la mayoría de la sociedad". Alegría ha defendido que en Cataluña hay acuerdo sobre el "consenso del catalán y el castellano" y ha reiterado que ese es el modelo por el que apuestan los socialistas.

Pilar de tristeza
Nota del Editor 2 Diciembre 2021

En España, como no cabían mas tontos, ahora hay algunos que son doblemente tontos, otros que se aproximan al límite del infinito tonto,
y otros que ademas de tontos son malvados.

Contra el vicio de pedir
EDITORIAL. LGI. https://gaceta.es  2 Diciembre 2021

Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los partidos que avaló el intento de golpe de estado del 1 de octubre de 2017, tiene en el alambre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado porque los socialistas y los comunistas del Gobierno del doctor (?) Sánchez no pueden garantizar la exigencia de los republicanos catalanes de que haya un seis por ciento de producción de contenidos en catalán en plataformas extranjeras de streaming por suscripción. Y no porque el Gobierno no quiera, que quiere, sino porque hay una directiva europea que España está incorporando a su legislación audiovisual (trasponiendo, que diría un burócrata) y que lo impide.

Si han leído el anterior párrafo muy rápido, les rogamos que lo vuelvan a leer despacio para que aprecien cada matiz y así interioricen cuál es el estado de una nación gobernada por ineptos y secuestrada por fuerzas rupturistas.

Y no es que nadie en su sano juicio pueda querer que se aprueben estos irreales Presupuestos Generales del Estado que nacen muertos por la diferencia objetiva entre los ingresos proyectados y los gastos. Lo que cualquiera —salvo los enemigos de la nación— debería querer para España son unos PGE no ideológicos que atiendan a la realidad de la economía poscovid y a la necesidad de acelerar la recuperación inyectando confianza en el tejido empresarial y en los consumidores.

Con un IPC desbocado fruto de una mezcla a partes iguales de imprevisión y negligencia histórica, con un Índice de Precios Industriales que duplica la media europea y triplica el interanual alemán y que augura más inflación; con una deuda que cada día empeora nuestras perspectivas de futuro, con el precio de la electricidad y de los combustibles en niveles cercanos a los de alteración del orden público, con una presión añadida por el frío que aumentará los problemas sanitarios derivados de una pandemia que jamás ha recibido la respuesta correcta por parte de las administraciones; con unas previsiones de crecimiento económico día tras día rebajadas por los organismos internacionales… Con un panorama así, es desesperante que haya partidos políticos golpistas que, bien cebados con el dinero de nuestros impuestos, se atrevan a exigir necedades lingüísticas imposibles que no aportan nada a la recuperación de la prosperidad perdida en España. Prosperidad que sólo permanece intacta, como regla general, en la cartera de los políticos del frankensteinismo que nos desgobierna.

Es cierto que nada debemos esperar de un partido golpista que se atreve, en la sede de la soberanía nacional, a repartir carnets de buena o mala prensa, pero no es menos cierto que en nuestro optimismo extremo nunca perdemos la esperanza de que en algún momento el presidente Sánchez se caiga del caballo y recuerde su promesa jamás cumplida de guardar y hacer guardar la Constitución, con todo lo que ello implica. Incluido no atreverse a presentar unos PGE muertos antes de nacer, ni buscar para su aprobación el apoyo de los enemigos de España que tienen el vicio de pedir/exigir estupideces. No hace falta ser doctor en Economía para saber esto. Y por eso, como no hace falta ser doctor en nada, Sánchez debería saberlo. Es de primero de EGB.

Entidades que excluyen el castellano en Cataluña piden al Gobierno pluralidad lingüística
Plataforma per la Llengua y Òmnium firman una declaración en favor de "la igualdad de lenguas" tras la aprobación de una ley audiovisual española con "porcentajes anecdóticos" de idiomas cooficiales
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 2 Diciembre 2021

Entidades que rechazan el castellano como lengua vehicular en Cataluña defienden ante el Gobierno la pluralidad y la igualdad de lenguas. Lo hacen en respuesta al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada ayer por el Consejo de Ministros, pues consideran insuficientes las cuotas de las lenguas cooficiales del Estado en doblaje y subtítulos.

Se trata de Mesa pola Normalización Lingüística (Galiza), Euskalgintzaren Kontseilua (Euskal Herria), Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Ciemen, Acció Cultural del País Valenciá, Obra Cultural Balear, Escola Valenciana, Associació Cultural Valenciana Tirant lo Blanc, Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana, Iniciativa pol Asturianu (Asturies) y Nogará religada (Aragón), que han firmado una declaración conjunta en favor de la "igualdad de las lenguas". Consideran "claramente insuficientes los avances para nuestras lenguas que se incluyen en éste texto con relación a los anteproyectos hechos públicos anteriormente". "Por tanto, habrá que mejorar a fondo y mucho significativamente el redactado de la ley durante su trámite parlamentario. Entendemos que una legislación justa y democrática debe reconocer, defender y promover la pluralidad lingüística y cultural del Estado español. Y debe contribuir a la rehabilitación y recuperación de los espacios hasta hoy negados a nuestras lenguas", concluye.

Pluralidad lingüística
Por eso, instan a todas las fuerzas políticas y al Gobierno español a que, durante el trámite en las Cortes Generales, el texto de la futura Ley General de Comunicación Audiovisual "incluya como principio básico, el reconocimiento, defensa, garantía y promoción de la pluralidad lingüística". Consideran que esta pluralidad se debería concretar "al menos, en dos ámbitos: primero, igualando contenidos y porcentajes mínimos en todas las lenguas del Estado en doblaje, subtitulaciones y audiodescripciones; y, segundo, igualando las obligaciones de financiación de producciones audiovisuales en las distintas lenguas del Estado, ya sean para plataformas digitales o por canales televisivos".

En este sentido, se comprometen a "poder conseguir estos objetivos, realizando todas las gestiones y actuaciones necesarias ante los diputados y senadores, y también ante el Gobierno español, durante todo el período de su trámite parlamentario, tanto desde nuestros respectivos territorios como también en Madrid, de forma conjunta. Recordemos que el audiovisual es uno de los sectores donde la exclusión de lenguas distintas del castellano es más evidente".
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Plataformas audiovisuales
"De los miles de títulos de los catálogos de plataformas audiovisuales como Netflix, HBO Max, Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+, Movistar+ o Disney+, entre otros, sólo un porcentaje anecdótico, en el mejor de los casos, y mayoritariamente sólo en producciones propias, está disponible en nuestros idiomas", lamentan las entidades firmantes. "Sin embargo, la oferta doblada o subtitulada en castellano es completa, incluso en diferentes variedades. Y tenemos decenas otros idiomas en toda la oferta sin que esto suponga ningún problema. Hasta ahora, la legislación general del audiovisual sólo ha establecido porcentajes obligatorios de contenidos y financiación mínimas para el castellano, sin indicación ni reconocimiento de otras lenguas existentes en el Estado español, más allá de la retórica vacía de contenido que existe en otros textos legales. Esto impide que los niños, los jóvenes y el público en general disfruten del amplio abanico disponible de programas, series y películas en su lengua", remarca el texto que ha llegado al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Los firmantes consideran necesario "actuar de forma decidida en el sector audiovisual, uno de los ámbitos donde la situación de exclusión de las nuestras lenguas es más evidente y que, al mismo tiempo, es una de las ofertas de ocio más utilizadas por la ciudadanía en general, y los jóvenes y los niños en particular". "Estos dos elementos confluyen en un sector estratégico con gran capacidad para contribuir al desarrollo lingüístico, cultural y económico de nuestros respectivos países", concluye la llamada a la pluralidad lingüística en el Estado que lanzan organizaciones que defienden lo contrario en Cataluña.

El Síndic Ribó y el Govern espían la lengua de los profesores en plena polémica sobre el castellano
El defensor del Pueblo catalán impulsa una encuesta a alumnos de Primaria y ESO en colaboración con la Consejería de Educación, que cree innecesario pedir permiso a las familias
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 2 Diciembre 2021

“Estás a punto de responder a la Encuesta sobre derechos de los niños y adolescentes de Cataluña. Este curso 2021/2022 te preguntamos aspectos relacionados con tus derechos y usos lingüísticos. Por este motivo, las preguntas del cuestionario hacen referencia al conocimiento y uso de las lenguas en casa, en la escuela y en el tiempo libre. También encontrarás algunas preguntas relacionadas con tus características personales. Antes de empezar, elige la lengua en la que quieres responder la Encuesta: catalán o castellano”.

Así encabeza el Síndic de Greuges una encuesta dirigida a los alumnos de quinto de Primaria y tercero de ESO que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) califica de “estudio encubierto”, pues se trata de un sondeo sin el permiso de los padres. En este sentido, en una reunión con responsables de centro, el consejero de Educación, Josep González Cambray [ver video], ha asegurado que “se puede hacer la consulta jurídica, pero no hace falta pedir permiso a las familias porque las preguntas son anónimas y voluntarias”.


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