AGLI Recortes de Prensa   Viernes 3  Diciembre  2021

Lo sabían y mintieron
Editorial ABC 3 Diciembre 2021

Las declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, sobre la pandemia deberían provocar la dimisión en bloque del equipo de Pedro Sánchez, con el presidente a la cabeza de los dimisionarios. Básicamente, por haber mentido a conciencia a los españoles, desde el primer día al último, sobre lo que realmente sabían acerca de la pandemia del Covid-19. Díaz ha demostrado una enorme determinación en sacar adelante su liderazgo en la izquierda del PSOE, y no dudó ayer en endosar a Pedro Sánchez una acusación suficiente para justificar la intervención de una comisión parlamentaria y de un tribunal de justicia. Comparados con Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, la relación entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso roza lo fraternal.

Díaz afirmó ayer en una radio amiga que su ministerio preparó en febrero de 2020 una guía para empresas con consejos frente al Covid-19, algo ya sabido.

La vicepresidenta no ahorró detalles en la respuesta que recibió dentro y fuera del Gobierno, porque su intención ayer era no solo alzarse como una avanzada en la lucha contra el virus, sino también la de cargar sobre la mayoría socialista del Gobierno una dolosa indiferencia hacia la tragedia que se avecinaba. En efecto, Pedro Sánchez y sus ministros sabían que había una pandemia en marcha, pero callaron para que el movimiento feminista tomara las calles el 8-M.

Las palabras de la ministra de Trabajo se proyectan en un doble frente. Por un lado, demuestran que el Gobierno es un despropósito: no existe como tal sino como etiqueta de dos partidos en competición, el uno contra el otro, por mejorar sus posiciones electorales. Por otro, confirman que ABC y otros medios de comunicación tenían razón cuando alertaron de la imprudente convocatoria del 8-M. Díaz dice que la tacharon de «alarmista» cuando el 15 de febrero de 2020 presentó el documento a sus colegas del Consejo de Ministros. Dos semanas antes, el 31 de enero, la Organización Mundial de la Salud decretó la alerta sanitaria internacional, que es la alarma más grave que este organismo puede activar conforme a su normativa. Sánchez siempre se escudó en que la OMS no habló de pandemia hasta el 11 de marzo, pero esto no fue más que una declaración de prensa, sin valor jurídico. El Gobierno socialista debió actuar el mismo 31 de enero, respondiendo al llamamiento de la OMS. Eran los tiempos en que Fernando Simón decía que en España sólo habría «uno o dos casos» de infectados. Más de cien mil muertos desmienten a Simón, a Pedro Sánchez y a todo su Ejecutivo.

Díaz se presenta ahora con un oportunismo desleal hacia el Gobierno que vicepreside, porque este rapto de sinceridad debió tenerlo en febrero de 2020, cuando sus compañeros del Consejo de Ministros no le hicieron caso, incluso despreciaron su presunta diligencia previsora. Salir ahora a marcar terreno propio, después de haber sido voz del coro oficial contra la oposición, los medios y la opinión pública crítica con la gestión de Sánchez no la redime de su responsabilidad, sino que la ratifica. Pero también confirma lo que la sociedad española sabía: que Sánchez nunca dijo la verdad sobre la pandemia, y esa mentira condicionó la respuesta sanitaria del Estado, a cuyo fracaso en la primera ola se puso sordina con un estado de alarma inconstitucional.

Es necesaria una comisión de investigación en el Parlamento, aunque la mayoría gubernamental la frustre de antemano. Y si hubiera una Fiscalía a la altura de su misión constitucional, ya habría incoado diligencias para investigar la delación de Yolanda Díaz, la primera arrepentida en activo en un Gobierno español.

La confesión de Yolanda Díaz deja a Sánchez como un mentiroso patológico
OKDIARIO 3 Diciembre 2021

La declaración de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presumiendo de haberse anticipado a la probable escalada de contagios de coronavirus a mediados de febrero de 2020 tiene una doble dimensión. Por un lado, parece obvio que la ministra de Trabajo lanza una andanada sin demasiados matices a Pedro Sánchez -lo que tiene que ver con sus aspiraciones a liderar un frente amplio de fuerzas a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales- y, por otro, representa, toda una confirmación de que el Gobierno socialcomunista -del que ella forma parte destacada- sabía de la gravedad de la situación y, aún así, animó a sumarse a las multitudinarias manifestaciones del 8M.

Díaz ha recordado que elaboró una guía para que empresas y trabajadores pudiesen lidiar con una previsible escalada de contagios, un documento que fue desautorizado por el Ejecutivo. Más allá de que Yolanda Díaz trate de marcar su territorio político, lo cierto es que la declaración de uno de los ministros con más peso del gabinete deja en evidencia a Pedro Sánchez y desmonta sus mentiras. Claro que el Gobierno sabía lo que se nos venía encima, pero antepuso sus intereses políticos al interés general alentando unas concentraciones que se convirtieron en una auténtica bomba biológica. Díaz -para ponerse en valor- desnuda al embustero patológico de La Moncloa y abre un nuevo frente en un Ejecutivo que es lo más parecido al camarote de los hermanos Marx.

Es cierto que Yolanda Díaz diseñó un plan de actuación en las empresas que preveía la «paralización de la actividad» ante el incremento de casos de coronavirus. Por eso, Pedro Sánchez tendrá que explicar por qué desautorizó el informe de su ministra de Trabajo y, sobre todo, por qué puso en riesgo la salud de los españoles negando la gravedad de la situación. Porque si Yolanda Díaz estaba al tanto del momento crítico que se nos venía encima, Pedro Sánchez, con más motivo, lo sabía también.

Sí se podía saber... y se sabía
EDITORIAL. Libertad Digital 3 Diciembre 2021

Se dejó que el virus proliferase sólo por la razón más miserable: rentabilizar políticamente las manifestaciones feministas.

Lo mejor de las disputas internas en los partidos es que en muchas ocasiones sus protagonistas, centrados en apuñalar a su contrincante más cercano, no se percatan de que están poniéndose ellos mismos en evidencia. Es lo que les ha ocurrido a los dirigentes del PP con no pocas de las ridículas filtraciones que han lanzado contra Isabel Díaz Ayuso y, sobre todo, es lo que le ha pasado a Yolanda Díaz este jueves, en su intento de castigar a su enemiga íntima, Irene Montero, a cuenta de las infames manifestaciones del 8 de marzo de 2020.

Y es que Yolanda Díaz ha asegurado ahora, más de 20 meses después, que a mediados de febrero ella y su equipo ya "veíamos lo que iba a pasar" con el virus, e incluso que el 4 de marzo presentó una guía que fue "enormemente polémica en el Gobierno".

Conviene no olvidar que durante estos casi dos años, y ante la catástrofe en vidas y pérdidas económicas que ha supuesto el coronavirus –y hay que recordar que en ambos sentidos España ha sido uno de los países más afectados del mundo–, la justificación del Gobierno ha venido siendo que "no se podía saber" lo que iba a ocurrir ni, mucho menos, el impacto que iba a tener la epidemia. Por esa razón, nos han dicho por activa y por pasiva, no se pudieron tomar medidas preventivas ni, por supuesto, suspender las manifestaciones de aquel 8 de marzo fatídico, en el que tantas mujeres se contagiaron, entre ellas varias compañeras de Yolanda Díaz en el Gobierno.

En su presunción, en su arrogancia y en su ansia de eliminar a las rivales que pueden impedirle hacerse con el control de toda la extrema izquierda, Yolanda Díaz ha desmentido definitivamente la frase mil veces repetida por los miembros del Ejecutivo y destacados representantes de PSOE y Podemos: no sólo se podía saber, sino que se sabía y, a pesar de ello, se dejó que el virus proliferase sólo por la razón más miserable: rentabilizar políticamente las manifestaciones feministas.

Una tajada canallesca que costó miles de vidas y que sin duda también ha contribuido a que el pozo en el que se ha hundido la economía española sea más profundo que el de los demás países avanzados. Un pozo del que, por más que Yolanda Díaz se empeñe en sus mensajes triunfalistas, todavía nos queda mucho para salir.

La ausencia de un nivel intelectual mínimo en la extrema izquierda es tal que la vicepresidenta y ministra de Trabajo se ha convertido en los últimos meses en la gran esperanza roja. Sus declaraciones de este jueves revelan su verdadera catadura política, pero también muestran en toda su crudeza la ineptitud y la ruindad de un Gobierno que, sin ninguna duda, es el peor que podía haber tenido España, especialmente en circunstancias tan dramáticas. Esperemos que, a la luz de estas revelaciones, algún día paguen judicialmente su gestión criminal.

¡Al menos el 25%!
Antonio Robles. Libertad Digital 3 Diciembre 2021

Por fin, después de cuatro décadas de exclusiones y mentiras, la sentencia firme del Tribunal Supremo avalando la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declara ilegal la inmersión lingüística. Al menos el 25% de la enseñanza en Cataluña ha de impartirse en español. Digo "al menos" porque hasta la prensa afín al constitucionalismo se queda en el logro del 25%, cuando en realidad la sentencia lo pone como mínimo exigible. Y en las dos direcciones, sea este el español o el catalán. ¿Cómo se traduce en cifras? De las 25 horas lectivas, las impartidas en catalán pasarán de 19 a 16; en español, de 3 a 6; y 3 serán en inglés. Logro escaso, pero como cuña para desmoronar la exclusión es extraordinario, aunque no suficiente. El objetivo es la libertad lingüística.

No es sólo, sin embargo, el derecho a estudiar en la lengua común y oficial de todos los españoles, es ante todo el desenmascaramiento de todas las estrategias de desinformación, propaganda, exclusión, victimismo y mentiras que los distintos gobiernos de la Generalidad desde Jordi Pujol hasta hoy han desplegado para imponer su apartheid lingüístico.

La mentira ha sido tan grosera y persistente en el tiempo, que han llegado a sostener la constitucionalidad de la inmersión en nombre de sentencias nunca emitidas por el TC. Muy al contrario, la 337/1994 la negó al sostener la conjunción lingüística de las dos lenguas, donde ninguna de ellas podía ser exclusiva ni excluyente. Corroborada por la sentencia del propio TC en 2010 sobre el Estatuto. A pesar de ello, la mentira se ha sostenido en el tiempo, porque lo que perdían en los tribunales lo ganaban en los medios de comunicación afines.

El problema, hoy como ayer, es que los Gobiernos de la Generalidad jamás han cumplido sentencia alguna. Mediante dilaciones y filibusterismo judicial, han logrado actuar al margen de la ley, sin que ningún Gobierno de España haya tenido agallas para hacerlas cumplir, por depender sus mayorías parlamentarias de los Gobiernos nacionalistas. Los derechos lingüísticos siempre fueron moneda de cambio.

No esperen variación alguna, no ya por que el presidente de la Generalidad haya afirmado ante la sentencia: "El catalán en la escuela no se toca"; o por que el Consejero de Educación, González Cambray, haya ordenado a la dirección de los centros de enseñanza no hacer cambio alguno; o por que el propio Parlamento catalán haya votado en contra de cumplirla. Sino porque el Gobierno del PSOE no hará nada para hacerla cumplir.

Sin embargo, el tiempo no pasa en vano. La sentencia marcará un antes y un después. Ni en Cataluña ni en España cuela ya el cuento de la persecución al catalán. En Cataluña, los únicos derechos perseguidos son los de los castellanohablantes. ¿Por qué un hijo de padres catalanohablantes puede estudiar en su lengua materna y un niño castellanohablante no? ¿De qué va este timo?

Hay dos líneas, las dos legítimas, que están desenmascarándolo: la seguida por Hablamos Español, que exige la libertad lingüística, es decir, que cada cual elija en qué lengua quiere estudiar sin renunciar al conocimiento de la otra; y la seguida por la AEB, que ha optado por las conquistas graduales. Esta segunda coincide con la propia sentencia del 25%, lograda tras la iniciativa de la Abogacía del Estado en 2015 del inolvidable Severo Bueno. En la misma o parecía línea ya habían trabajado Paco Caja y Ángel Escolano, y trabaja incansablemente José Domingo.

Por su parte, Hablamos Español, entidad presidida por Gloria Lago, acaba de denunciar al consejero de Educación, González Cambray, por prevaricación. El único lenguaje que entienden los supremacistas.

Es un camino lleno de esperanza. Aconsejo tres artículos que exponen las vías jurídicas para el cumplimiento de la ley: "Vehicularidad del castellano en la escuela catalana y desobediencia", de Rafael Arenas; "Cumplimiento de las sentencias y garantía de los derechos", de Teresa Freixes, y "El fin de la inmersión lingüística", de José Domingo.

https://www.hayderecho.com/2021/11/25/vehiculariedad-del-castellano-en-la-escuela-catalana-y-desobediencia/
https://www.elimparcial.es/noticia/232949/opinion/cumplimiento-de-las-sentencias-y-garantia-de-los-derechos.html
https://www.economiadigital.es/ideas/el-fin-de-la-inmersion-linguistica.html

La bomba iraní
Rafael Bardají. https://gaceta.es 3 Diciembre 2021

Un país que es sospechoso de financiar los programas de televisión de la izquierda española, de estar detrás de los atentados terroristas contra la sede de la asociación judía AMIA en Buenos Aires y de contar con una presencia activa en la Venezuela de Maduro, no puede ser un país fiable. Ni normal. Y, efectivamente, Irán ni es fiable ni normal. Dejó de serlo con el ascenso de Jomeini en 1979 y la transformación de Persia en la República Islámica de Irán. Desde entonces, a las ambiciones tradicionales persas de hegemonía regional, se han sumado el fundamentalismo islámico shiita como guía de su organización interna y su actividad externa y el fervor revolucionario, con el objetivo declarado de cambiar las cosas a su favor aun por la fuerza o mediante el terror.

Iran no sólo se ha enfrentado al Gran Satán, los Estados Unidos, o al pequeño Satán, Israel, sino que mantiene una tensa relación con sus vecinos, particularmente Arabia Saudí. A sus declaraciones siempre beligerantes, hay que sumar los drones de fabricación iraní que sirvieron para atacar las refinerías de Aramco en Abqaiq y Khurais, en el verano de 2019, o los misiles Scud disparados por los Hutis en Yemen.

Irán estuvo detrás de la creación de Hezbollah, el Partido de Alá, en Líbano y ha dirigido las decisiones de sus líder Nasrallah a quien mantiene a su servicio. Más recientemente financia y organiza la Hezbollah iraquí, mantiene una presencia militar directa a la vez que controla unas milicias de alrededor 50.000 hombres en Siria en apoyo a Bashar al-Asad y, entre otra serie de cosas, manda dinero y armas a la Franja de Gaza, apostando por las acciones de la Jihad Islámica, presionando a Hamás para que no abandone sus ataques contra Israel.

En paralelo a la extensión de sus tentáculos por todo el Levante, Irán ha creado una sofisticada red de empresas tapadera en medio mundo con el único fin de burlar las sanciones que pesan sobre el país y poder hacerse, así, con los elementos necesarios para progresar en su programa nuclear de índole militar. Hasta en el País Vasco se han detectado transacciones comerciales ilegales. Pero también en países como Alemania y Venezuela. Siempre con prácticas opacas, con triangulación con terceros países y siempre con compras de material que está prohibido exportar a Irán por su posible uso en su programa atómico.

Tercero, Irán ha estado desarrollando una industria armamentística en el terreno de los misiles balísticos, de crucero y más recientemente de drones, que le ha ido permitiendo poder alcanzar objetivos cada vez más lejos de sus fronteras y que muy pronto serán de alcance intercontinental; aumentar también la precisión de los mismos; y, muy especialmente, incrementar la carga útil de los misiles hasta poder albergar, lanzar y orientar una cabeza nuclear.

Por último -y como bien sabemos por los archivos que la inteligencia israelí fue capaz de robar en Irán-, los ayatolas nunca han desistido de avanzar en su programa atómico con el objetivo de llegar a poseer unas docenas de cabezas nucleares. De hecho, como ellos mismos reconocen, han logrado controlar los aspectos más complejos del dieño de las cabezas nucleares y gracias a la investigación y desarrollo de centrifugadoras de nueva generación, podrán dar el salto del enriquecimiento de uranio y usarlo para una bomba en cuestión de semanas si así lo deciden.

Ayer se abrieron de nuevo las negociaciones en Viena sobre el programa atómico iraní. En esta ocasión, Irán cuenta con la buena disposición de la administración Biden para hacer concesiones y posiblemente confíe en lograr que se levanten las sanciones con la promesa de no dar más pasos hacia la bomba. Irán nunca ha querido ser una potencia nuclear de la forma más rápida, sino de la forma más segura y, por lo tanto, prometer hoy una cosa que romperá mañana le va bien. En el siguiente estadio volverá a prometer no seguir avanzando, pero ya estará un paso más cerca de su ansiada bomba. No verlo es de miopes o de gente a quien una bomba en manos de Irán no les preocupa demasiado, como Bob Malley, el principal asesor de Biden en esta materia.

Pero no nos deberíamos dejar engañar otra vez por los lideres fundamentalistas de Teherán. Siempre nos han mentido, siempre han hecho todo lo posible en sus manos para desestabilizar a sus enemigos, siempre ha recurrido al terror como una de sus principales herramientas, y nunca han dejado de lanzarnos soflamas sobre el apocalipsis que nos espera si no nos rendimos a sus deseos.

Ya he dicho que el Irán de los ayatolas no es una nación normal. Pensar que no va a explotar su poderío atómico es una ingenuidad. Es más, puede muy bien que su comportamiento, una vez que tenga la bomba en sus manos, no sea tan racional como el que mostraron Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría. Aunque sólo sea porque la cadena de mando sobre el famoso botón rojo no se parezca en nada.

El mundo con un Irán nuclear entraría en una nueva era atómica en la que el riesgo de uso se habrá multiplicado exponencialmente. Por eso hay que impedir por todos los medios que Irán sea una potencia nuclear. No toca levantar sanciones, sino de hacerlas más severas.

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La inadmisible persecución del español en media España
Cataluña encabeza una ofensiva ilegal contra la lengua de todos, pero en otras Comunidades se multiplican medidas en la misma dirección, sin respuesta del Gobierno.
Editorial ESdiario  3 Diciembre 2021

La Generalitat de Cataluña ha anunciado una nueva ofensiva contra el español: lejos de acatar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalado por el Supremo, que le obliga a impartir en español el 25% de la enseñanza pública (una asignatura más, en resumen); el presidente catalán ha redoblado la insumisión con la complicidad, por inacción, del Gobierno de España.

Así, ha anunciado que profundizará en la “inmersión” con tres iniciativas desafiantes: convocará y encabezará el 16 de diciembre una cumbre social “por el catalán en la escuela”; participará el 18 de diciembre en la manifestación frente al Tribunal Superior de Justicia encabezada por el indultado Jordi Cuixart y, por último, convocará a principios de 2022 el Pacto Nacional por la Lengua.

El Supremo blinda el español en las aulas catalanas y Aragonés se rebela

Lejos de cumplir la sentencia, el Gobierno de Cataluña ha llamado a la insurgencia y la ha tildado de “amenaza”, mientras Moncloa mira para otro lado y su portavoz, la ministra Isabel Rodríguez, se hace la “sorda”: ayer se limitó a decir que esperaban el cumplimiento de la resolución y a sugerir, de manera incomprensible, que el Gobierno de España no tiene competencias para hacerla cumplir, algo totalmente falso.

Impropio de un país serio
Para rematar la ofensiva contra el español, el presidente de la Generalidad de Valencia, el socialista Ximo Puig, ha anunciado que el Metro valenciano dejará de estar rotulado en español y que la parada dedicada al Rey Juan Carlos I pasará a llamarse Neptuno.

El mapa autonómico contra el español, con distinta intensidad, es cada vez más amplio y coincide con la implantación de Gobiernos de corte nacionalista que no esconden su desapego a España.

Porque Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares o Valencia participan en una escalada contra el español muy clara; sostenida también por distintas razones y grupos políticos en Galicia, Asturias, Aragón o incluso Andalucía. Algo inconcebible en cualquier país con cualquier mínima estima por sí mismo.

La 'esquerrización' de España
Emilio Campmany. Libertad Digital 3 Diciembre 2021

A Gabriel Rufián le fastidia que en las ruedas de prensa que da en el Congreso de los Diputados le pregunten cosas que en Cataluña ya no le pregunta nadie. Llevan tanto tiempo, ellos y el resto de separatistas, gobernando dictatorialmente su región que les parece intolerable tener que estar fuera de ella sometidos al escrutinio de la prensa libre. Y ¿qué se les ocurre? Después de haber acabado con ella en Cataluña, quieren hacer igual con la del resto de España. Para lograrlo, cuentan con el mismo aliado que tienen allí, la versión charnega del PSC, esto es, el PSOE, que como su hermano mayor catalán está encantado de verse obligado a atacar a la prensa libre que no es de su cuerda. Y por eso el Grupo Socialista en el Congreso firmó presto la conminación a la Presidencia de la cámara para que meta en cintura a los periodistas que no quieren enterarse de qué es lo que hay que preguntar y de cómo hay que informar.

Podría pensarse que esta disposición del PSOE a hacer en el resto de España lo que el PSC permitió hacer en Cataluña es una idea de Sánchez consecuencia de su dependencia de los independentistas para gobernar. Nada de eso. La cosa viene de antiguo. Felipe González, ese faro que hoy tantos españoles toman por guía, esperaba que su PSOE fuera en España lo que el PRI fue para México, el partido que siempre gana las elecciones en el marco de una democracia tan sólo aparente. Cuando Aznar le derrotó en unos comicios, se dio cuenta de que el PSOE no podría imponer ese régimen por sí solo, y pensó que para tal proyecto necesitaba una alianza con los nacionalistas, esto es, los separatistas de todo pelaje que pueblan nuestro castigado país. Zapatero, con su arbolaria cabeza, acogió la idea, pero limitó la alianza a los independentistas de izquierda y la amplió a los extremistas también de izquierda. Todos ellos acudieron prestos a las urnas a darle la victoria en 2008. A pesar de todo, en 2011, el PSOE volvió a perder unas elecciones. Rubalcaba, absurdamente añorado por la derecha, hizo suya la idea y trató de refinarla. A ello respondió la tendenciosa Declaración de Granada en 2013, a la que Iceta y Sánchez quitaron la careta con la infame de Barcelona en 2017.

Y ahora que han vuelto al poder quieren conservarlo gracias a la misma alianza con separatistas y comunistas, pero mejor apuntalada y cimentada, hasta hacer la victoria de la derecha imposible. Han concluido que el secreto está en hacer lo que se hizo en Cataluña, porque allí sí se ha conseguido que siempre ganen los mismos a pesar de llevar decenios empobreciendo y batasunizando la región. Un modo de hacer que podríamos llamar esquerrizar. Eso exige hacer muchas cosas. Una de ellas, muy importante, es callar, silenciar y censurar a la prensa opositora. A eso responde la petición hecha por el PSOE y sus aliados a la Presidencia del Congreso. Y en esas están.
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