AGLI Recortes de Prensa   Lunes 6  Diciembre  2021

Pedro Sánchez debe dimitir y convocarse inmediatamente elecciones generales
Pedro de Tena. Libertad Digital 6 Diciembre 2021

Lo que se ha conocido esta semana pasada es algo gravísimo en cualquier nación civilizada perteneciente a las democracias occidentales como lo es España. Una ministra del gobierno, Yolanda Díaz, a su vez líder de uno de los partidos de la coalición que lo sustenta, confesaba lo siguiente:

"Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto teníamos que desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el Gobierno y también fuera se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue en la antesala del 8 de marzo".

Es el testimonio deliberado de un miembro del Consejo de Ministros, ministra de Trabajo y Economía Social, que ha confesado en una entrevista que puede consultarse que

- desde el 15 de febrero de 2020 tenía la convicción de que la pandemia iba a azotar fuertemente a España
- el día 4 de marzo presentó una Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con nuevo coronavirus, que tuvo ser elaborada con anterioridad y entregada al gobierno antes de su presentación. De ello se hizo eco El País, que la reproduce en su integridad, y en el documento se recogen una serie de medidas preventivas, e incluso higiénicas, tales como lavarse las manos y otras
- en esa Guía hacía referencia a un Protocolo de Sanidad titulado Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SRS-COV-2) que llevaba, inexplicablemente, una fecha posterior, la del 5 de marzo de 2020
- en el Gobierno, seguramente en el Consejo de Ministros del día 3 de marzo, hubo un polémico debate sobre la Guía, que no aparece en la referencia oficial, aunque sí se alude a un "INFORME actualizado sobre la situación de la epidemia por el nuevo coronavirus (Wuhan, China), actuaciones y protocolos de salud pública a nivel nacional".

Como dice la propia ministra y actualmente vicepresidenta segunda del gobierno, "esto fue en la antesala del 8 de marzo", fecha en la que Pedro Sánchez y su gobierno decidieron permitir la convocatoria de una manifestación que tuvo como consecuencia una gran expansión de la pandemia en los días sucesivos.

Según el informe de la Guardia Civil al juzgado de instrucción número 51 de Madrid, el día 7 de marzo hubo 174 casos de coronavirus y 4 fallecidos y el día 14 de marzo ya se contaron 2.940 casos de coronavirus y 133 fallecidos pese a que la manifestación perdió un 90 por ciento de asistentes debido al miedo al contagio. Ni siquiera fue la ministra Yolanda Díaz según confesión propia.

Si a ello añadimos que el citado informe de la Guardia Civil indica textualmente que la Delegación del Gobierno en Madrid tenía conocimiento desde el mes de febrero de las consecuencias mortales de la pandemia, estamos ante un caso flagrante de engaño masivo al pueblo español al que no se informó de la gravedad de la enfermedad, ni se tomaron las medidas preventivas ya conocidas, con resultado indirecto de numerosas muertes en todo el territorio nacional.

Cierto es que Pedro Sánchez ha mentido muchas veces. Las más señaladas son su mentira sobre el propio currículum académico y la perpetrada cínicamente durante la campaña electoral sobre que no se coaligaría nunca con Unidas Podemos y Pablo Iglesias. Pero es la mentira deliberada sobre los graves datos de la pandemia para permitir la manifestación del día 8 de marzo de 2020 en Madrid la que ha tenido graves consecuencias sobre la salud nacional, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid.

Por ello, Pedro Sánchez, que ha pisoteado el derecho de los ciudadanos españoles a una información veraz con graves consecuencias sanitarias, algo confesado ahora por una de sus ministras, debe dimitir y convocarse elecciones generales de forma inmediata.

Como nada se espera de gente de esta calaña, propongo que cada balcón de España luzca una pancarta que contenga lo términos "Sánchez dimisión" y que todos los días a las ocho de la tarde se haga una cacerolada nacional de dos minutos en repulsa por la miserable conducta del gobierno en aquellas fechas.

Podemos ser un pueblo o degenerar en populacho, el sujeto preferido por todo totalitarismo. Ser indiferentes ante la mentira y el mal y ante quienes lo causan, nos sumirá en la degeneración moral. PP, Vox y Ciudadanos, otros partidos que así lo aprecien junto a muchos organismos profesionales, asociaciones y cuerpos activos de la sociedad civil, podrían impulsar esta repulsa hasta que Sánchez dimita y se convoquen elecciones. No nos merecemos un gobierno que nos ha mentido con tan gravísimas consecuencias.

Una inflación desbocada amenaza con una peligrosísima espiral precios-salarios
José María Rotellar. Libertad Digital 6 Diciembre 2021

Hemos conocido el indicador adelantado del IPC de noviembre, cuya tasa interanual aumenta dos décimas respecto a la de octubre y se sitúa en el 5,6% —con impacto importante en ella de los precios de la energía—, con una inflación subyacente —que excluye los alimentos no elaborados y el componente energético— que se incrementa tres décimas, hasta el 1,7%. La tasa mensual del índice general, por su parte, sube un 0,4%, pero con el agravante de que viene de un incremento importante los meses anteriores, con un 1,8% en el mes de octubre. Lo dijimos hace un mes y lo reiteramos: los precios, claramente, se están disparando de manera rápida y alarmante, se encuentran desbocados.

Desde noviembre del año pasado se está produciendo una escalada de la tasa anual de inflación, subiendo desde el -0,8% interanual de noviembre de 2020 hasta el 5,6% de este mes de noviembre, con un pequeño respiro que reflejó el índice en el pasado mes de febrero, donde se aplanó ese mes para crecer, al mes siguiente, 1,3 puntos, para continuar incrementándose en los meses restantes.

De hecho, el incremento del último año ha sido notable, desde el -0,5% de agosto de 2020 hasta el 5,6% actual, es decir, una subida de más de seis puntos, con un aumento importante desde inicios de este ejercicio.

Sin duda, como decíamos, los precios de la energía son responsables de una parte importante del ascenso de los precios, pero esta subida se está dando ya de manera generalizada en todos los productos, como muestra el aumento de la inflación subyacente —que excluye los alimentos no elaborados y el componente energético—: si en agosto crecía una décima, y en septiembre crece otras tres, en octubre lo hace en cuatro décimas, hasta el 1,4%.

Esta subida supone un incremento del 21% de la tasa interanual en este mes, tras la subida del 40% del mes anterior y del 42,86% de hace dos meses (cuando subió del 0,7% al 1%), que, desgraciadamente, confirma la repercusión que el incremento energético está teniendo en toda la cadena de valor y que crece más deprisa, incluso, que el índice general, que muestra que la subida de precios ya se está trasladando al conjunto de la economía.

De hecho, al analizar la subyacente desde hace un año, vemos cómo se corrobora el alza generalizada de precios sin el impacto de alimentos no elaborados ni de los precios de la energía. Si en abril la tasa interanual de la subyacente era 0%, ahora es 1,7 puntos superior, con un 1,7%, con repunte intenso desde julio. Por tanto, no se trata solo del terrible incremento del precio de la energía que, como ya vimos hace unas semanas, en más de un 55% se debe a costes regulados e intervenidos, no al mercado, sino que empieza a haber una presión inflacionista generalizada.

El impacto de la presión de precios en todo el proceso productivo ya se está viendo, como digo, pues el índice general aumenta rápida y fuertemente, por la subida de los costes energéticos, como la electricidad y el petróleo, pero también sube ya con fuerza y de manera constante la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y alimentos no elaborados, como hemos dicho antes. De esta manera, el mal que supone la inflación ya se está extendiendo, espoleado, además, por el aumento del precio del transporte en contenedores o la crisis de escasez de semiconductores, por poner dos ejemplos que elevan los precios. No hay más que ver la variación year to date de muchas materias primas, recursos y productos para darnos cuenta de ello, con subidas de entre el 25% y el 100%, que ya se nota en la cesta de la compra.

De este modo, se mantiene la mayor tasa de inflación desde hace casi treinta años, cuando se firmó el Tratado de Maastricht para introducir una disciplina que permitiese ir logrando una convergencia económica que hiciese posible fundar la moneda única, elemento esencial para que no hubiese problemas en la aplicación de una política monetaria común. Hoy vemos con espanto cómo no había una inflación anual tan elevada desde 1992, con un 5,8% en agosto de aquel año. En agosto de 2008, después de un año de iniciarse la terrible crisis anterior, el IPC subió hasta el 5,3%. Este mes de noviembre, según el indicador adelantado, es de un 5,6%. Hemos sufrido un retroceso de casi treinta años en el control de algo tan nocivo para la economía como es la inflación.

Todo ello en medio de un crecimiento que se ha desacelerado mucho, como el INE certificó tanto en su revisión del crecimiento del PIB del primer y segundo trimestre de 2021, como ahora, en el avance del IIITR-2021, con la persistencia de unas elevadas tasas de desempleo.

La inflación es un cáncer para la actividad económica, pues introduce un elemento que no aporta nada positivo, al encarecerla, la hace menos competitiva y puede crear un círculo vicioso que lastre el desarrollo económico durante tiempo. Los bancos centrales, en especial la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE), insisten en que este repunte de la inflación parece que será pasajero. No obstante, si hace un par de meses el cambio a una política monetaria contractiva parecía lejano, ahora ya se dejan oír algunas voces de dichos bancos emisores que abren la puerta a un endurecimiento de su política monetaria, que encarecería el coste de la deuda pública, con su impacto en el presupuesto y en la cuota hipotecaria de las familias con préstamo a tipo variable. La inflación es un fenómeno monetario y, si sube, se debe a que se financian con más masa monetaria los cuellos de botella y se introducen rigideces artificiales en los mercados, porque, de no ser así, cuando los precios subiesen en un sector o actividad, bajarían en otros mercados, pero el intervencionismo lo impide.

Se hace imprescindible seguir de cerca la inflación, no olvidarnos de que es el objetivo único del BCE y combatirla, evitando que el alza del corto plazo pueda consolidarse en el medio y largo plazo, porque, de volverse estructural, nos encontraremos entonces con un problema adicional a la ya incierta situación económica que vivimos. La inflación puede perjudicar al valor real de los activos, perjudica al poder adquisitivo, fomenta un mayor endeudamiento —por valer menos las deudas en términos reales—; por otra parte, perjudica a los presupuestos públicos que refinancian la deuda de manera constante, camino, en la práctica, de deuda perpetua, al poder sufrir incremento en el coste de dicha refinanciación si suben los tipos de interés para poder controlar esa subida de precios, y supone una mayor presión tributaria para los agentes económicos, ya que, al subir los precios, la base sobre la que se aplican los impuestos es mayor. Todo ello, además, puede terminar en la espiral precios-salarios peligrosísima para la economía que, al empujar hacia una subida de tipos, provocará un impacto importante en los sujetos económicos con préstamos a tipo variable.

La inflación ha vuelto y lo que hay que intentar es volver a disminuirla y evitar que terminemos, de nuevo, con aumento de precios, nulo crecimiento y elevado desempleo, que no sería otra cosa más que la estanflación.

La Constitución que quieren los españoles
Editorial La Razón 6 Diciembre 2021

Tal día como hoy de hace 43 años, los españoles aprobaron en referéndum, por una mayoría aplastante del 87,9 por ciento de los votos, la Constitución que habría de poner las bases de una historia de éxito: la incorporación de España al selecto club de las democracias plenas. Un texto que los ciudadanos de hoy consideran perfectamente vigente y que aprecian como el factor determinante de la prosperidad alcanzada por nuestra Nación en estas cuatro décadas. Al menos, así se desprende del sondeo de opinión que ha elaborado «NC Report» con motivo de la festividad de la Carta Magna, pero que al mismo tiempo, como no podía ser de otra forma, refleja la inquietud que despierta entre la mayoría de los encuestados el ataque sostenido desde algunos sectores de la izquierda y de los nacionalistas contra nuestro orden constitucional.

No es difícil interpretar las razones últimas de esos temores, sin duda, estrechamente relacionados con el cuestionamiento del modelo territorial y de la Jefatura del Estado por parte de los actuales socios del Gobierno, que hace, por ejemplo, que un 52,6 por ciento de los consultados rechacen la idea de conceder más autogobierno a las comunidades autónomas, pese a que la inmensa mayoría, el 75,7 por ciento, esté de acuerdo en que es preciso abordar una reforma de la Carta Magna.

Sin embargo, no es cuestión ahora de ponderar la necesidad o no de introducir modificaciones en la ley de leyes, que exigiría la vuelta a unos niveles de consenso político como los que presidieron su elaboración, sino de constatar que la Constitución no ha perdido vigencia en el sentir de la mayoría de los ciudadanos, incluso, entre los más jóvenes, que no sólo la estiman como elemento determinante en la consolidación de nuestras libertades, sino que son perfectamente conscientes, y así lo expresa el 69,7 de los encuestados, de que la Carta Magna es la piedra angular que mantiene la unidad de España. Se argüirá, es recurrente, que ni la sociedad actual es la misma que alumbró en 1978 el texto constitucional ni las circunstancias políticas tienen nada que ver con las que había en el tiempo de la Transición, pero es un argumento falaz.

Y lo es, fundamentalmente, porque los extraordinarios cambios que ha experimentado España y que, a nuestro juicio, han hecho de ella una de las naciones más libres y democráticas del mundo, se han producido y han sido posibles bajo esa misma Constitución, puesta hoy en duda por una parte sensible, aunque minoritaria, de la población. No puede perder vigencia, pues, un instrumento que ha sido determinante en la convivencia en paz de los españoles y que garantiza los derechos y libertades de todos, la igualdad y la soberanía del conjunto del pueblo español. La Constitución admite reformas, es cierto, pero sus fundamentos son la arquitectura de nuestra democracia.

Ciudadanos de décima clase o de castas inferiores
Nota del Editor 6 Diciembre 2021

Creo recordar que alguna de las penúltimas clases de españoles eran quienes podían salir con el perro o a comprar tabaco, mientras los demás hacíamos
gimnasia en el salón. En la parte alta de la clasificación, castas superiores, están el rey, los políticos, los regionales cuyo voto vale más que los nuestros, los que pueden disponen de sistema impositivo propio, los hablantes de cualquier lengua regional, y así vamos bajando hasta las castas inferiores, que nos dejan el placer de depositar un papelito, que los profesionales de la política se han encargado antes de comprar con dinero (de nuestros bolsillos) o desconocimiento (intoxicación y propaganda), una vez cada cuatro años, para que los anteriores puedan seguir haciéndose favores y destruir lo poco que va quedando de España.

Y aún peor, si al menos lo que queda de la constitución se cumpliese, podríamos darnos con un canto en los dientes, pero en ese momento llega el t.c., así en minúsculas, y la retuerce para que diga lo que no está escrito, en lugar de aquello que los españoles, algunos, votaron (apoyados por la única propaganda unilateral que se pudo oir), creyeron entender y entienden muy a su pesar.

Partidos, prensa y poder
Amando de Miguel. Libertad Digital 6 Diciembre 2021

Una democracia es algo más que una nómina de partidos y unas elecciones regulares. Interviene, también, el funcionamiento de una institución, que podría ser una especie de "contrapoder": la prensa. (Seguimos utilizando la metonimia del primer artefacto para imprimir). Se ve representada por los medios de comunicación y los profesionales del periodismo. Son los principales sujetos de la libertad de expresión, la más característica de los sistemas democráticos, aborrecida por los dictadores de toda laya.

Uno de los fallos de nuestra "Transición democrática", advenida tras el franquismo, ha sido la escasa consideración que ha tenido la libertad de prensa. Han destacado, incluso, algunas camadas de periodistas, vergonzosamente, serviles al poder. Son los especialistas, entre otras menudencias, en esa técnica de entrevistar a una muestra (seleccionada) de ciudadanos para que apoyen las tesis del Gobierno de turno. Por ejemplo, ante los problemas colectivos, sistemáticamente, presentan "la buena noticia". Siempre se encontrará algún dueño de un bar que presente la buena racha de la demanda turística; todo para ocultar la angustia del incremento de los contagios de la pandemia. Estamos ante la negación del periodismo, por desgracia, tan abundosa.

Son innúmeras las prácticas, ejercidas por los Gobiernos de una u otra ideología, para controlar el funcionamiento de las empresas periodísticas y los profesionales que de ellas dependen. De forma genérica y previa, se recurre al juego de las concesiones y licencias, y, luego, de las oportunas subvenciones. Una treta indirecta es la manipulación del mercado de la publicidad. Pero, sobre todo, se procura que los periodistas se muestren dóciles a las instrucciones no escritas del Gobierno.

En los últimos tiempos, con el Gobierno actual (con la trimurti de socialistas, comunistas y separatistas), las prácticas de dominio sobre la prensa se están refinando hasta un extremo insoportable. Francamente, empiezan a parecerse a las de los regímenes autoritarios. Se extiende la costumbre de que los altos cargos, ante las preguntas de los periodistas, simplemente, se salgan por la tangente: contestan con el deber ser, con manifestaciones triunfalistas. Empiezan a menudear las llamadas "ruedas de prensa", en las que los periodistas son simples convidados de piedra, pues no les es dado suscitar preguntas. Es más, en ciertos actos públicos, los reporteros de los medios se ven encapsulados en una sala aparte, con la sola oportunidad de seguir la escena por televisión. En el caso de que se "conceda" a los periodistas la libertad de hacer preguntas, el mandamás de turno se puede permitir la osadía de despreciar al medio correspondiente. Simplemente, le puede negar el derecho a estar representado en el acto. Se llega al ridículo de motejar al periodista que diga "la Generalidad", en lugar de "la Generalitat", cuando la conversación es en castellano.

La buena lógica democrática exige a los periodistas el deber de presentar la realidad de los hechos noticiables de la manera más fiel posible. Por ejemplo, deben preguntar cómo es que los pensionistas pierden poder adquisitivo al ajustar el monto de sus pensiones al índice de precios al consumo, el previsto. O también, cómo es que, con una alta tasa de vacunación, el número de contagios de la pandemia no hace más que subir. Asimismo, cómo es que los afectados por el desastre del volcán de La Palma, hace más de dos meses, no han recibido las justas compensaciones. En tales casos (y hay muchos más), la función del buen periodista consiste en presentar el lado crítico de la realidad observada. Se trata de una tarea necesaria para que pueda funcionar la democracia de modo adecuado.

Detrás de todos los alardes de la censura, late una cuestión más honda, de principio. Nos acercamos a un punto de autoritarismo, en el que el Gobierno trata de convencer a la población de que representa la única fuerza política para seguir mandando. Ya es hipocresía, pues, aun siendo socialista, se vale de la alianza con comunistas y separatistas. Son partidos de dudosa confianza para que puedan representar al interés general. La actitud de exclusividad de la "trimurti" se justifica con el falso argumento de que la posible alternativa a las fuerzas dominantes aparece constituida por "fascistas". Es decir, se trata de recobrar, a trancas y barrancas, la dialéctica de la Guerra Civil de 1936; por cierto, la que perdieron socialistas, comunistas y separatistas. Tal modo de razonar solo se puede mantener si se cuenta con una prensa sometida, condescendiente y servil.

Peter St. Onge: "Trump hizo realidad todo lo que la izquierda dice que pretende conseguir"
El experto de la Fundación Heritage recalca que la inflación es inseparable del aumento del 40% en la masa monetaria por parte de la FED.
Diego Sánchez de la Cruz. Libertad Digital 6 Diciembre 2021

Peter St. Onge es investigador económico en la Fundación Heritage, uno de los think tanks más importantes de Estados Unidos. Completó su Doctorado en Economía en la George Mason University y, antes de recalar en el centro de pensamiento que impulsó la "revolución conservadora" de la Era Reagan, pasó por el Instituto Mises y el Instituto Económico de Montreal, además de por la Universidad Feng Chia de Taiwán. Libre Mercado se ha entrevistado con él para hablar de la economía estadounidense cuando está a punto de cumplirse el primer año de gobierno de Joe Biden.

¿En qué situación está la economía estadounidense?
En esencia, sigue marcada por la evolución de la pandemia del coronavirus. Como la caída en 2020 fue muy brusca, hay un efecto rebote y los indicadores se mueven en tasas aparentemente muy positivas. Pero, cuando comparamos 2021 con 2019, resulta evidente que no estamos tan bien.

El rebote ha perdido fuelle conforme ha pasado el tiempo…
El crecimiento económico está moviéndose en el entorno del 2%. Es un dato muy bajo, significativamente menor a los niveles que estábamos viendo con Donald Trump, que tendían del 3% al 4%. Por lo tanto, el escenario es, cuando menos, decepcionante.

La participación laboral se ha reducido mucho. Cada mes hay cuatro millones de personas que abandonan el mercado de trabajo. ¿A qué se debe?
Se han asignado cientos de miles de millones de dólares a programas de estímulo que están vinculados al último salario obtenido, de modo que son muy generosos y tienen incentivos perversos. Como estamos viendo, muchas personas prefieren quedarse en casa y vivir de esas ayudas. Si puedes ganar más o menos el mismo dinero por quedarte en casa, ¿quién va a trabajar?

El efecto estadístico es curioso: baja el paro… pero porque hay cada vez menos población activa.
Efectivamente, el tamaño de la población activa se ha reducido en millones de personas, hasta el punto de que hay escasez de trabajadores en algunas ramas de actividad. Con Obama ya vimos algo parecido: el desempleo mejoró, pero porque millones de trabajadores dejaron de buscar trabajo.

¿Qué valoración hace del gobierno de Trump en clave económica?
Trump se volcó en aplicar políticas de oferta, apostando sobre todo por aquellas medidas que pudieran mejorar la renta de los trabajadores de rentas bajas, un colectivo que había jugado un papel muy relevante en su victoria electoral. ¿Y qué paso? Que los resultados fueron muy buenos: los salarios crecieron con fuerza, las minorías mejoraron su situación económica, la participación laboral aumentó… Por tanto, básicamente podemos decir que Trump hizo realidad todo lo que la izquierda dice que pretende conseguir. La diferencia es que las políticas de la izquierda nunca van a crear ese bienestar.

Ahora se anuncian más impuestos a las empresas.
Los impuestos a las empresas no golpean a los ricos, golpean a las clases medias. Cuando se eleva la presión fiscal sobre quienes invierten y desarrollan proyectos privados, se reducen los incentivos que invitan a intensificar la inversión, la creación de empleo, etc. El efecto es que los trabajadores salen mal parados, con menos empleo, salarios más bajos, precios menos competitivos…

Trump intentó desregular la economía, cosa que pocos gobernantes de Occidente han hecho. ¿Qué balance hace de su apuesta?
Es muy fácil regular y muy difícil desregular. Trump no consiguió desmontar todo ese acervo legislativo que heredó, pero al menos puso en pausa el ritmo de crecimiento de la burocracia normativa. ¿Por qué es difícil ir más allá? ¿Por qué es tan complicado lograr una reducción neta de la carga regulatoria? Porque hay un cuerpo muy importante de funcionarios, de burócratas, de lobbies, de élites… en definitiva, de insiders que saben cómo moverse dentro del sistema y que no están dispuestos a tolerar su repliegue. Es muy difícil ir contra esas dinámicas, pero cada vez hay más interés por estos temas, porque el daño que causa la sobrerregulación es cada vez más visible.

Hablemos de China. Estados Unidos está mucho más pendiente del Pacífico que del Atlántico…
Para Estados Unidos sería importante que sus aliados estratégicos, como Japón y Europa, asuman una postura más firme ante los excesos y desequilibrios que se derivan de la participación de China en los sistemas internacionales. Soy consciente de que la geopolítica norteamericana ha caído a menudo en el imperialismo pero, en el caso de las relaciones con China, me parece evidente que la presidencia de Xi Jinping está siendo especialmente agresiva y eso requiere una respuesta. Lo vimos por ejemplo con la brutal represión que ha sufrido Hong Kong, lo vemos también en la creciente ofensiva que está soportando Taiwán… Esa actitud tan nacionalista y agresiva de China tiene que preocuparnos a todos en Occidente. Por eso, es cierto que Estados Unidos mira al Pacífico, pero esto sucede porque China encierra un reto existencial y, aunque eso debilite la intensidad de los lazos con Europa, al final tenemos que ser conscientes de que esta es una batalla que tenemos que dar.

Una batalla que también es económica.
En los años 70, Estados Unidos tenía una gran dependencia de Arabia Saudí por el petróleo. Hoy, ese tipo de dependencia es comparable a la que mantenemos con China en lo relativo a los inputs de la industria, los contenedores, las cadenas de suministro, etc. Por lo tanto, en términos económicos, es evidente que hay una interdependencia muy grande. Eso quizá mitiga el riesgo de que se produzca un enfrentamiento abierto, pero en cualquier caso Occidente ya está moviendo ficha para reducir su dependencia de China en estos campos.

Preocupa mucho la inflación. ¿Cómo valora lo que está pasando con los precios?
Muchos de los titulares informativos dedicados a la inflación nos hablan de dinámicas específicas de un sector u otro. Así, nos informan de lo que pasa con los precios de la energía y con los del transporte, nos comentan los problemas de coordinación en las cadenas de suministro… pero, más allá de esos casos concretos, hay un problema general. Y ese problema general, que es la subida generalizada de los precios, es esencialmente un problema monetario.

Hay mucho más dinero en circulación de lo normal y eso está en la raíz de lo que está ocurriendo con la inflación. En Estados Unidos, la masa monetaria se ha incrementado un 40% desde que estalló la pandemia. De momento, el aumento del ahorro ha evitado que toda esa creación de dinero se infiltre en la economía, pero una parte sí lo ha hecho y los precios lo están demostrando, con el IPC en el 6% y una tendencia al alza aún más intensa en indicadores como la bolsa, los precios inmobiliarios, etc.

Para saber lo que va a pasar de ahora en adelante, tenemos que fijarnos en el consumo. Si los hogares empiezan a gastar ese dinero de nueva creación en bienes y servicios al uso, veremos cómo los precios se incrementan. La FED estima que se mantenga la subida de precios en 2022, aunque también plantea que 2023 supondría el regreso a una situación de normalidad. Pero, en el fondo, no sabemos qué pasará con todo ese dinero de nueva creación, o sea que debemos ser muy cautelosos.

Temor de la izquierda a Zemmour
Zemmour muestra músculo en París
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 6 Diciembre 2021

Espera a llenar su mitin con 20.000 personas en la capital francesa, mientras la izquierda toma las calles para boicotear su candidatura

Fin de semana pre-electoral en Francia. A unos cinco meses de las elecciones presidenciales, la derecha republicana eligió este sábado su candidata mientras que el polemista Era Zemmour reúne hoy domingo por primera vez a sus seguidores en un acto donde se espera la asistencia de unas 20.000 personas.

Tras meses preparando su candidatura, criticado por sus adversarios que se quejaban de que medios como Le Figaro y CNews publicaran sus intervenciones y artículos, Zemmour confirmó este martes que concurrirá en las elecciones presidenciales del mes de abril.

De momento, deberá competir a la derecha con Valérie Pécresse, elegida este sábado por los militantes de Los Republicanos, y con Marine Le Pen, ambas preocupadas por una fuga de votos hacia Zemmour.

A la izquierda se enfrenta con el comunista-populista Jean-Luc Mélenchon, que ha convocado un mitin en París a la misma hora, y Yannick Jadot, líder de los ecologistas.

El actual presidente, Emmanuel Macron, no ha confirmado aún su candidatura aunque el tono electoralista cada vez está más presente en sus intervenciones. Pero Zemmour está siendo el verdadero protagonista de esta precampaña y copa las portadas de todos los periódicos.

Si en septiembre los sondeos apenas le daban un 5 % de las estimaciones de voto, desde noviembre, con entre un 19 % y 20 %, su nombre entra en las quinielas para la segunda vuelta de las elecciones, a poco de quitarle el puesto a Le Pen y enfrentarse a Macron.

«Imposible no es francés», es el lema de campaña que el polemista Zemoour reveló este viernes junto a su cartel presidencial, donde aparece vestido con traje de chaqueta azul, corbata a juego y camisa blanca.

En un primer momento, el lanzamiento de su partido debía tener lugar en la sala de conciertos Zénith, en París. Pero esta semana aseguró que las 6.000 plazas que ésta ofrece no son suficientes.

La nueva convocatoria es en el Parque de Exposiciones de Villepinte, cerca del principal aeropuerto del país, donde se esperan unas 20.000 personas según el director de eventos de Zemmour, Olivier Ubéda. En redes, muchos opositores a las ideas del extertuliano y escritor de obras alarmistas sobre el estado del país han llamado a inscribirse en el evento para saturar el evento con participantes que no van a asistir.

Al mismo tiempo, una manifestación contra el candidato se desarrollará en París, en la zona norte de la ciudad. La convocatoria llegó a pasar al mismo punto de encuentro en Villepinte, pero finalmente se mantiene en la capital. La prefectura de Policía espera que entre 3.000 y 5.000 manifestantes participen, entre ellos unos 150 alborotadores de movimientos comunistas y radicales. Pero además, las fuerzas del orden también han reforzado los controles en transporte público y otras zonas de la capital para evitar posibles altercados.

Por su parte, la Embajada estadounidense ha desaconsejado este sábado a sus ciudadanos que se acerquen a las manifestaciones «antifascistas» convocadas en paralelo al mitin de Zemmour, condenado en dos ocasiones por incitación al odio religioso e incitación al odio racial. Tiene además varias causas abiertas.

El ya candidato se dirige a quienes se sienten menospreciados por las élites, los periodistas, los universitarios, los sindicalistas, las autoridades religiosas y los biempensantes; promete «salvar a Francia» del «islamo-izquierdismo» y acusa a las élites políticas de haber sometido al país.

Desde este viernes cuenta con un nuevo aliado, el exdiputado conservador Jean-Frédéric Poisson, que en 2017 participó en las primarias de la derecha tradicional, y que este año ha renunciado a su candidatura individual al Elíseo para sumarse a las filas de Zemmour a favor de una unión de las derechas. Este domingo será la ocasión de ver qué otros rostros públicos dan también la cara por él.

Por qué si Polonia cae, caemos todos.
ITXU DÍAZ (*) https://rebelionenlagranja.com 6 Diciembre 2021

Su crisis fronteriza es mucho más que un problema migratorio.

«La izquierda y los socialdemócratas, tanto en Europa como en América, tienen algo en común: no saben nada de la naturaleza humana. Ya saben: Todo el mundo es bueno. Todos los delincuentes pueden ser reinsertados. Todas las fronteras son malas. Y todo crisol multicultural es enriquecedor.

Pero hay un problema: no es cierto. No todas las culturas son iguales. Ni todas son buenas (…). Aunque la izquierda contemporánea crea que la única amenaza para su valiente nuevo mundo es el capitalismo y mi enorme coche diésel, lo cierto es que hay, por ejemplo, un montón de tipos que se levantan cada día con la intención de matar a todos los occidentales que puedan en nombre de Alá, en Nueva York, en Madrid, en París o este pasado domingo en Liverpool. Y, por desgracia, son mucho más fervientes creyentes en su locura islamista que la mayoría de nuestros líderes en su propia herencia moral.

La UE lleva meses en guerra con Polonia porque considera que su gobierno es incompatible con los «valores europeos».

Mientras escribo, miles de migrantes procedentes de Irak, Siria, Afganistán y África están reunidos en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Han sido transportados hasta allí como parte de un plan trazado por Vladimir Putin y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko (…) estos migrantes han sido atraídos a su situación actual bajo la promesa de que podrán entrar en la Unión Europea e incluso, en muchos casos, que encontrarán un trabajo allí, lo que además de ser una mentira me parece una broma de mal gusto. Escribo desde España, donde el paro juvenil está en el 42% y tenemos a un cretino en el Gobierno diciéndonos que va a gastar nuestro dinero para frenar el calentamiento global.

Polonia ha reaccionado condenando el atentado y ha cerrado y militarizado su frontera. (…)

A nadie le sorprende que Lukashenko intente vengarse de la UE por las sanciones recibidas por su fraudulento proceso electoral. Tampoco sorprende que Putin se vea detrás de una nueva operación para desestabilizar el continente. Es de esperar. Estamos familiarizados con ellas. Lo que no deja de sorprendernos es la actitud de Bruselas. Los burócratas de la socialdemocracia europea están cayendo entre dos taburetes: por un lado, su política es la Agenda 2030, el multiculturalismo y la disolución de la identidad de la Vieja Europa con todo lo que borre su herencia cristiana, empezando por la inmigración musulmana; por otro lado, a ninguno de los países miembros de la Unión Europea, en plena crisis post-pandémica, le apetece asumir ahora mismo otra invasión de inmigrantes, por lo que se escuchan tímidas voces de apoyo a la firme actitud de los polacos. (…)

Sólo un país de Europa ha ofrecido a Polonia ayuda militar para repeler la agresión, y ya no forma parte de la Unión: Gran Bretaña.(…)

La postura de Polonia es valiente y arriesgada. Valiente porque está sola. Arriesgada porque Lukashenko tiene ganas de guerra y amenaza a diario con una respuesta armada para que los polacos se muevan. La reacción de Polonia ha sido enviar los tanques. Y Putin, que se parece mucho a esa señora que se ve en todas las bodas familiares pero que nadie sabe quién es ni quién la ha invitado, ha enviado varios bombarderos a la frontera, por si empieza el baile

Y luego está el contexto. Hace menos de un mes, el Tribunal de Justicia de la UE decidió multar a Polonia con un millón de euros diarios (…) Polonia se negó a cumplir un mandato legal europeo que chocaba con su propio Tribunal Supremo, por considerar que ello suponía, de facto, la renuncia a su soberanía.

La UE lleva meses en guerra con Polonia porque considera que su gobierno es incompatible con los «valores europeos». Pero es necesaria una aclaración: cuando Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, habla de «valores europeos», no se refiere a los valores de la Vieja Europa del humanismo cristiano, sino a los de la nueva Europa construida en Bruselas por los burócratas que admiran la Agenda 2030, la lucha contra el cambio climático, la destrucción de la familia y la promoción del Islam.

En otras palabras, y para ser aún más claros: lo que realmente irrita a los jeques de la UE es que Polonia fue noticia hace un año por los más de 100 municipios que se proclamaron «zonas libres de ideología LGTB», con el apoyo del Gobierno. Para ser aún más claros: lo que irrita a los burócratas de la Comisión Europea es que hace sólo unos meses Polonia prohibió el aborto en caso de malformación del feto, que representaba la gran mayoría de los casos. Lo que irrita a la UE es que Polonia, junto con Hungría, es uno de los dos únicos países que se han atrevido a plantar cara a las Big Tech, creando una ley que defiende a los usuarios contra la censura ideológica en plataformas como Facebook y Twitter. A fin de cuentas, Polonia está haciendo todo lo que se supone que hace Bruselas, cuya máxima aspiración política es que Greta Thunberg hable en el Parlamento Europeo.

Así pues, esta crisis fronteriza es mucho más que un problema migratorio. De hecho, es cómico que la prensa pro-verde considere esto una emergencia y una crisis de refugiados. No hay ninguna emergencia, salvo la que Putin ha querido provocar. Y no hay crisis de refugiados porque estos inmigrantes no han venido huyendo de la guerra, sino atraídos por una maravillosa -e inexistente- oportunidad de trabajo.(…)

Si Polonia cae, si Polonia cede a la presión de la socialdemocracia europea y a las tonterías multiculturales de la izquierda, todo Occidente le seguirá, desde Bruselas, Madrid y Roma, hasta Washington. Y Putin, Lukashenko y Xi Jinping habrán ganado la batalla más importante de nuestro siglo. Afortunadamente, tengo la sensación de que San Juan Pablo II, un hombre muy versado en derribar muros que deshumanizan y privan al hombre de su libertad, no permitirá que su tierra caiga.»

(*) Este artículo ha sido originalmente publicado en inglés por The American Spectator. Por su indudable interés periodístico y contenido, hemos reproducido sus párrafos más significativos. Su autor, Itxu Díaz, es un periodista y escritor español. Ha escrito nueve libros sobre temas tan diversos como la política, la música y los electrodomésticos inteligentes. Es colaborador de The Daily Beast, The Daily Caller, National Review, American Conservative y Diario Las Américas en Estados Unidos.

Ley de Víctimas del Comunismo
Un Proyecto de Ley para enseñar en las escuelas el destructivo legado del comunismo
Redacción. https://rebelionenlagranja.com/ 6 Diciembre 2021

Una congresista norteamericana presenta la inciativa en el Estado de Florida

El pasado jueves 2 de diciembre la congresista republicana Maria Elvira Salazar ha presentado a los medios de comunicación el «proyecto de ley de educación cívica sobre el legado del comunismo».

La Crucial Communism Teaching Act, tiene por finalidad explicar a los estudiantes de bachillerato qué es el comunismo, cuál es su legado y qué ocurre en los países donde toma el poder.

La iniciativa se inspira en la ley introducida en Florida por el Gobernador DeSantis -Florida State HB5 “Civic Education Curriculum”-, que permite a escuelas llevar a cabo proyectos de colaboración con la Fundación de Víctimas del Comunismo.

Salazar declaró durante la presentación de la iniciativa que “Como hija de exiliados cubanos estoy orgullosa de presentar esta legislación que construirá un currículo escolar para instruir a nuestra generación futura sobre el verdadero significado del comunismo”.

Salazar recordó a las más de 100 millones de personas que murieron víctimas del comunismo y repasó el saldo de represión, pobreza, crímenes, destrucción y mentiras de la ideología.

A la presentación asistieron numerosos congresistas norteamericanos y miembros de la Fundacion de Víctimas del Comunismo.


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Día de la Constitución: el primer gobierno que violentó los derechos fundamentales
EDITORIAL. https://rebelionenlagranja.com/ 6 Diciembre 2021

Es el primer aniversario de la Constitución Española que se celebra con dos demoledoras Sentencias del Tribuna Constitucional sobrevolando aún el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Dos sentencias dictadas contra el gobierno, por vulneración de derechos fundamentales, con ocasión de la inconstitucional declaración de dos estados de alarma que deberían haber sido de excepción. Si el gobierno optó por la declaración del estado de alarma en lugar de la del estado de excepción, no fue porque con aquél se diera una mayor protección a los derechos constitucionales de los españoles, sino porque mediante la no declaración del de excepción, Sánchez se zafaba del necesario control parlamentario.

No solo se restringieron los derechos fundamentales sino que además se escamoteó el control parlamentario y se vulneró la consiguiente división de poderes. No olvidemos que es el primer gobierno que cierra el parlamento.

Es el más triste aniversario de la Constitución española. El gobierno de España, con sus socios de Podemos, ERC, Bildu y PNV, lleva demoliendo su espíritu, su legado y su prestigio desde que llegó al poder. En mala hora.

Tanques en Cataluña
José García Domínguez. Libertad Digital 6 Diciembre 2021

Como es fama, en Cataluña ha habido desde muy antiguo tres grandes factorías de automoción; una dedicada a la producción y distribución de motos, la que posee su sede en la Plaza de San Jaime, y un par más, Seat y Nissan, especializadas a su vez en los vehículos de cuatro ruedas. Y, como también resulta sabido, una de esas últimas, Nissan, se encuentra en una situación agónica, muy próxima al cierre definitivo, tras el anuncio oficial de su matriz japonesa en el sentido de poner fin a la producción en Europa para centrarse en China, Japón y Norteamérica. A día de hoy, pues, Cataluña cuenta con una enorme nave industrial destinada a la producción y ensamblaje de vehículos a motor en la que no se produce ni se ensambla vehículo a motor alguno, ni es nada probable que en el futuro se vayan a producir o ensamblar.

Porque ocurre que Europa ansía descarbonizarse, de ahí que los motores de los coches del futuro vayan a ser eléctricos. Pero un motor eléctrico resulta mucho más sencillo de componer que los de combustión fósil, mucho más. Consecuencia: dentro de muy poco tiempo sobrarán montones de fábricas de coches en la Unión Europea. Así las cosas, el futuro de esa planta de Nissan se antojaba negrísimo cuando otro fabricante internacional de vehículos a motor, el consorcio Great Wall Motors, grupo participado por las españolas Santa Bárbara e Indra, se ofreció para ocupar 150.000 metros cuadrados de sus instalaciones con el objeto de realizar allí el mantenimiento técnico a sus propios vehículos.

Estamos hablando de cientos de puestos de trabajo cualificados y estables. Respuesta de la Generalitat: ni hablar del asunto, pero ni hablar. ¿El motivo? Great Wall Motors fabrica tanques de guerra; entre ellos, las 348 unidades del modelo Dragon que acaba de adquirir el Ejército de España. Y, por supuesto, la futura Republiqueta Soberana de Catalunya, país de la Señorita Pepis que aspira a integrarse como miembro de pleno derecho en la Unión Europea y en la OTAN, bajo ningún concepto puede tolerar que en su territorio se le cambie el aceite al motor de un tanque. Así que todos los de Nissan a la cola del paro, eso sí, con una cinta de casete del Imagine de Lennon en el bolsillo, regalo personal de Aragonès. Cosas del País Petit.

Los mensajes más bestias contra el 25% de español en clase: 'bullying', guetos escolares y pedradas
El jefe de los mossos separatistas pide hacer el vacío al niño cuyos padres han pedido la aplicación de la sentencia en un colegio de Canet de Mar.
Pablo Planas (Barcelona). Libertad Digital 6 Diciembre 2021

Las fuerzas vivas del independentismo no se andan con paños calientes. Ni siquiera disimulan ya. El jefe de los agentes de los Mossos separatistas, Albert Donaire, indica el camino de lo que hay que hacer para evitar que las familias pidan la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que indica que se debe impartir un 25% de las horas lectivas en español. Lo ha hecho a raíz de la petición de una familia de Canet de Mar y esta es su propuesta: "Este niño se tiene que encontrar absolutamente solo en clase. En las horas que se hacen en castellano, los otros niños deberían salir de clase. Reaccionamos o nos matan la lengua".

Este policía, que no sólo sigue en activo sino que goza de la protección de la consejería de Interior y de sus mandos, con Josep Lluís Trapero al frente, también pide que los colegios desobedezcan la resolución del Tribunal Supremo y se hace eco de mensajes partidarios de la violencia contra quienes reclaman que se respeten sus derechos y los derechos lingüísticos de sus hijos. Así, retuitea textos de este tenor: "Si algún día vienen a mi escuela a imponer el castellano porque una p... familia lo pide, os juro que hago algo gordo. Para empezar, que todo el mundo sepa qué cara tienen aquellos que por su capricho colonial y supremacista tocan nuestra educación y lengua".

También se suma a la propuesta del "humorista" Òscar Andreu, quien aboga por "una asignatura que se titule 'Cómo responder a una amenaza de manera contundente y no de manera lúdica y festiva con el objetivo de que dejen de tomarte el pelo y comiencen a respetarte porque si no te respetan les sale carísimo'". "Asignatura de enseñar los dientes", "yo no hablo (sic) la otra mejilla" y "clase de Almogávares", replica Donaire.

Al mosso también le parece bien el mensaje de otro conocido "cómico" del sistema mediático separatista, Jair Domínguez, quien aboga por la creación de un gueto escolar: "Sería bueno poner a todos los hijos de las familias que denuncian juntos en la misma clase. Full 100% horas en castellano. Bonito conjunto de premios Nobel saldría de ahí".

Por su parte, un reputado gastrónomo, exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jaume Fàbrega, afirma en la misma red social que "me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian". Este individuo tuvo que abandonar años atrás la plaza de profesor tras otro mensaje que decía: "Tabarneses, C's… el cáncer de Cataluña, tercera generación de migrantes que nos odian, como la tercera generación de magrebíes de Francia, adeptos de la violencia y el odio al país de acogida".

Aviso a las familias
El independentismo calienta la manifestación convocada contra la sentencia sobre el español en las aulas con mensajes que abogan por crear guetos para los niños cuyos padres pidan clases en español, por hacerles el vacío y por apedrear las casas de estas familias.

El Govern de la Generalidad, mientras tanto, alienta la convocatoria surgida de la consejería de Educación dirigida por el radical Josep Gonzàlez-Cambray, de ERC. Los mensajes en las redes sociales también actúan como advertencia a las familias que se planteen pedir la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo

Euskocromatismo
Iván Vélez. https://gaceta.es 6 Diciembre 2021

Bajo la ikurriña del batzoki de la calle Etxegorri, sito en Astrabudua, barrio eminentemente maketo de Erandio, flamea desde hace unas fechas la bandera arcoíris. Las franjas violeta, azul, verde, amarillo, naranja y roja, casi tocan un artificioso tejadillo a dos aguas que lanza un guiño arquitectónico y popular al nombre de la calle -Echegorri significa «casa roja»- que recuerda que en otro tiempo esta fue una zona agrícola salpicada de caseríos, antes de que el franquismo la industrializara, convirtiéndola en lugar de afluencia de españoles no vascongados que trataban de mejorar sus condiciones de vida. Maketos, según la terminología araniana, que contribuyeron al periodo de acumulación capitalista sin el cual no habría sido posible el tránsito «de la ley a la ley» que ha llevado a las tres provincias vascas a su unificación como comunidad autónoma y a niveles de prosperidad impensables en otras regiones españolas.

Hábil pescador en las sectarias y revueltas aguas del bipartidismo español, el PNV, dueño del mentado local en el que también figura el lauburu, ha sabido extraer ingentes recursos de Madrid con los cuales compensar la opresión del Estado Español que en su día levantó, entre otros, el Hospital de Cruces. De una de las ramas de tan frondoso árbol, que las metáforas vegetales siempre fueron compañeras del partido de Euskadi y las leyes viejas, brotó la banda terrorista ETA que, tras dejar un rastro de muerte y casi trescientos asesinatos por cuyo esclarecimiento Europa, en cuyo seno surgieron verdaderos santuarios de etarras, parece interesarse, acaba de anunciar que da por terminados los recibimientos públicos a los terroristas excarcelados. Legitimados en numerosas mesas de diálogo, los administradores del terror secesionista saben que alcanzarán más logros con la plática que con la pistola o el amonal. Es precisamente el abandono de la vía armada el que ha abierto una sorda pugna entre las dos facciones dominantes en la Comunidad Autónoma Vasca: el PNV y EH Bildu. Un pulso que tiene mucho de generacional y que ha obligado a los gerifaltes aranianos a plantear un cambio de estrategia para evitar o, al menos retrasar, el adelantamiento de la facción de Otegui. En ese contexto es donde se hace posible, e incluso necesario, el giro verde dado por el PNV, pero también la acogida, entre otros, de los postulados LGTBI, tan chirriantes dentro un colectivo cuyo fundador acusaba de afeminados a esos españoles a los cuales había que negar el auxilio si caían en la ría bajo el pretexto de no entender su idioma.

Consumado el Brexit, la actual Comunidad Autónoma Vasca, antesala de la soñada Euskal Herria convertida en sujeto de soberanía, excepción hecha de los territorios vascos pertenecientes a Francia, ya no anhela vivir bajo el suave yugo de Gran Bretaña, sino convertirse en una pieza más dentro del mosaico regional europeo diseñado en Bruselas y sujeto a una agenda de pretensiones globales pilotada por grandes corporaciones. Su escala y su economía encajan a la perfección dentro de un proyecto del largo y germánico aliento. Sin embargo, el plan se ha ido modificando con el paso del tiempo. Hoy son las identidades, algunas, no todas, las que pretenden desbordar los límites nacionales. Es en tan compleja realidad donde se desarrolla el pulso entre EH Bildu, que ya ensayó una coloración alternativa a la ikurriña, y el PNV que ahora la acompaña con la arcoíris.

Los nuevos tiempos son multicolores, plurales. En este caso, dado el habitual abuso del prefijo, euskocromáticos. Tanto, que hasta incorporan el color amarillo que en su día, identificado con el gualda español, fue talado por el hacha, compañera de la serpiente, en el Bosque de Oma pintado por Agustín Ibarrola.

Sánchez paralizado por la ofensiva contra el castellano en media España
Navarra, Cataluña y Baleares se movilizan para imponer el vasco y el catalán desoyendo al Supremo y poniendo en jaque al castellano
Miguel Centeno. España. esdiario 6 Diciembre 2021

El golpe al castellano en el propio territorio nacional es ya total. Desde hace unos años asistimos a una “batalla lingüística” por parte de diferentes territorios que imponen el uso de lenguas cooficiales frente al castellano. Primero fue Cataluña, imponiendo el catalán en las escuelas a pesar de que el Tribunal Supremo ha obligado a que un 25% de las asignaturas se den en castellano.

La Generalitat de Cataluña respondió de forma ofensiva: habría más catalán y además se realizarán encuestas a los niños para saber cómo usan el catalán y si los profesores están impartiendo o no en castellano. “Se señala y se criminaliza a los que usan la lengua común”, apuntan desde organizaciones estudiantiles.

Y la respuesta del Gobierno de España ha sido nula: la portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez ha pedido a Pere Aragonés que cumpla la sentencia del Supremo pero no ha advertido al gobierno catalán con aplicar medidas si estos se resisten, como ya han dicho. De hecho, los independentistas han anunciado que profundizarán en la “inmersión” con nuevas propuestas, entre ellas, unas convocatorias de las autodenominaba cumbres sociales “por el catalán en la escuela”

Esquerra pone en peligro el proyecto de Sánchez de hacer de España el "Netflix europeo"

Unas concentraciones en las que se prevé que el 18 de diciembre diferentes organizaciones protesten frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Marchas encabezadas por el indultado Jordi Cuixart. Y no será la única manifestación protesta: la Generalitat respalda una convocatoria a principios de 2022 bajo el nombre de “Pacto Nacional por la Lengua”.

Un movimiento que ha copiado el gobierno de las Islas Baleares. Aunque el ejecutivo insular esté en manos de los socialistas con la presidencia de Francina Armengol, ésta ha hecho caso omiso al Supremo y ha amenazado con no asegurar un 25% de las clases en castellano. Y es que para el PSOE en Baleares, el modelo lingüístico de las islas "es fruto del consenso" y asegura que "no están sometidos" a Cataluña, aunque hayan seguido líneas de actuación muy semejantes.

Después de estas dos comunidades vino el País Vasco, consiguiendo a través de Bildu que Sánchez cediese en la emisión del canal infantil de ETB, la televisión pública vasca, en Navarra. Una “euskaldunización” soñada por el independentismo vasco. Van por el buen camino si quieren lograrlo, ya que que se pueda emitir un canal vasco para niños navarros es fruto del apoyo del independentismo a las cuentas públicas de Sánchez.

Tanto Bildu como PNV han logrado que el canal infantil en euskera de de la televisión pública vasca se vea en la Comunidad Foral con una audiencia irrisoria: menos del 0,2%. Según datos del propio Instituto Nacional de estadística (INE), el 78% de los navarros desconocen la lengua vasca, ni la hablan ni la entienden.

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Un movimiento que la oposición ha criticado con dureza tildándolo de “adoctrinamiento" y que se suma a la imposición de Esquerra Republicana de que un 6% del contenido audiovisual de las plataformas de “streaming” deba estar en vasco, catalán o gallego. Otra de las exigencias sacadas al Gobierno a cuenta del visto bueno de los independentistas a los Presupuestos Generales.

La última región en declararse en rebeldía frente al castellano no es, a priori, independentista: se trata de la Comunidad Valenciana, que con Ximo Puig a la cabeza, ha retirado los rótulos en castellano de las estaciones de metro. Además, el gobierno socialista ha aprovechado para retirar la parada dedicada al Rey Juan Carlos I, que pasará a llamarse Neptuno.

Puig deja que le presenten como ‘paisos catalans’ en el congreso del PSOE Balear

El gobierno valenciano asegura que es un cambio para “mejorar la identificación” de las estaciones y “avanzar en la normalización lingüística”, aunque en la comunidad una amplísima mayoría de los habitantes hablan el castellano, además de valenciano. Eso sí, el gobierno de Puig no ha contestado sobre qué tiene que ver la identificación de las zonas con el cambio de la estación del Rey emérito Juan Carlos I.

Joan López Alegre: "El cáncer del 'procés' ha acabado convirtiéndose en una metástasis por toda España"
Joan López Alegre defiende la unidad del constitucionalismo en las urnas: "De lo contrario Sánchez, ERC y EH-Bildu van a permanecer en los ministerios durante los próximos 25 años".
Leticia Vaquero. Libertad Digital 6 Diciembre 2021

Más de un millar de representantes de la sociedad catalana ha firmado ya el Manifiesto constitucionalista para reclamar a las fuerzas políticas que sumen esfuerzos para concurrir juntas a las urnas, como única vía para "vencer al nacionalismo". El promotor del manifiesto, el exdiputado Joan López Alegre, en conversación con Libertad Digital, afirma que la representación en las administraciones es cada vez más menguante en Cataluña y que los ciudadanos no independentistas están "infrarrepresentados".

Aprovechando el día de la Constitución, Alegre nos explica que para el nacionalismo "es fundamental denigrar cualquier institución que se pueda vincular a España incluida la lengua y la cultura, porque si lo denigras es más fácil que su mensaje cuele". Las llamadas leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 "lo que hacían era derogar la Constitución y el estatuto y suspender todos los derechos y libertades". Por eso nace este manifiesto que ha firmado entre otros, la popular Cayetana Álvarez de Toledo. Porque recuerda,"no es solo por una cuestión de cálculo electoral sino también por defender los principios fundamentales y las libertades de los catalanes. Para que termine el señalamiento y la gente tenga libertad. Esa es la responsabilidad del partido político. Si no, ¿para qué sirve?".

Alerta de que hay un riesgo muy grande de que lo que era el "procés", se acabe convirtiendo en el "proceso español" y lo explica con la siguiente metáfora: "Lo que parecía un cáncer localizado, al final ha acabado convirtiéndose en una metástasis por toda España". Y es que los partidos radicales empezando por EHBILDU y acabando por ERC "se han acabado instalando en el Congreso y afectan a la vida del conjunto de los españoles". Y podríamos añadir que la política española ha acabado estando comandada por nacionalistas, los cuales "nunca pueden ser moderados", insiste Alegre.

Por eso Joan López Alegre apela a la unión de los partidos constitucionalistas en Cataluña porque si no "Sánchez, ERC y EHBILDU va a permanecer en los ministerios durante los próximos 25 años". El promotor del manifiesto empuja a las formaciones políticas a dejar de lado sus siglas y añade que "si no lo quieren hacer por los catalanes no independentistas, que sean egoístas y que lo hagan por ellos (los partidos)". Y es que el PP es la formación más pequeña en el parlamento catalán. No está de más recordar que en las pasadas elecciones autonómicas catalanas, Cs rechazó acudir en coalición con el Partido Popular. La formación naranja perdió 30 escaños, el Partido Popular pasó de 4 a 3 escaños en el parlamento y Vox irrumpió con 11. "La fórmula está inventada" nos recuerda el promotor quien además recuerda que no daba crédito cuando Pablo Casado dijo que la policía había actuado mal el 1 de octubre por la celebración del referéndum ilegal.

A esta depresión constitucionalista hay que sumarle el adoctrinamiento en los medios de comunicación públicos catalanes, y a las aulas donde por la enseñanza bilingüe (español- catalán), denuncia Alegre, "hay que pagar 1.000 euros al mes, mientras que en Madrid (español-inglés) es gratis". Es tal la persecución de los castellano hablantes que "solo recibes en bilingüe las multas y los impuestos".

El promotor lamenta que algunos señalen con el dedo a los catalanes constitucionalistas para que sean ellos los que salgan a la calle y dejen de pertenecer a la llamada mayoría silenciosa. "Son valientes pero no se les puede exigir que se defiendan ellos cuando no hay nadie que lo haga" y recuerda que el rey Felipe VI fue el único poder del estado que les dio voz al decirles que no estaban solos el 3 de octubre de 2017. Por ello y porque no tiene sentido que exista una negociación "en pie de igualdad" entre el gobierno de la nación y una comunidad autónoma que "no es leal al conjunto de España", nace este manifiesto.

En 825 ayuntamientos catalanes (de 947 que hay), nos recuerda, "no hay ni un solo concejal constitucionalista en sus plenos". "No tiene sentido que un concejal de Vox se presente contra uno de Ciudadanos o del PP para que todos saquen un 4,5% y por tanto ni entren en el ayuntamiento de su municipio. Con lo que cuesta encontrar a alguien que sea suficientemente inconsciente para presentarse a alcalde…" se lamenta. Por eso hace un llamamiento a los partidos constitucionalistas y anhela que el PSC vuelva a ser como antes. "Salvador Illa estuvo en la manifestación del 8 de octubre de 2017 aunque ahora no le guste recordarlo y Miquel Iceta estuvo en la del 29 de octubre en el Paseo de Gracia. Por tanto hubo un instante, aunque fuera fugaz en la historia, en la que los votantes del PSC y sus dirigentes fueron una misma cosa y sin embargo ahora los dirigentes están a la órdenes de ERC", insiste Alegre.

CATALUÑA
El separatismo se vuelca en el acoso al castellano: "La lengua catalana es el centro de la acción del Govern"
VÍCTOR MONDELO. Barcelona. El Mundo 6 Diciembre 2021

Delación a profesores, espionaje en las aulas, encuestas a niños sin permiso paterno o la desobediencia para mantener la inmersión prueban la acción coordinada contra el español

«La lengua catalana y la normalización lingüística vuelven a ser el centro de la acción del Govern. Estamos impulsando una nueva etapa de política lingüística que tiene como objetivo la plena normalidad social de la lengua catalana». Así de nítidamente defendía esta semana en el Parlament la consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, la obstinación del Gabinete que preside Pere Aragonès por ahondar en la persecución del castellano, hasta el punto de convertirlo en eje prioritario del mandato.

Ante la manifiesta incapacidad para acordar la nueva hoja de ruta del procés, el independentismo ha encontrado en la defensa exacerbada del monolingüismo catalán un elemento de consenso para seguir alentando la confrontación con el Estado y con la Justicia; también para continuar alimentando la división social y para justificar su propia existencia ante una masa electoral todavía fiel, pero cada vez más desencantada con los partidos que representan la causa separatista.

La reacción institucional a la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la inmersión lingüística y obliga a impartir un 25% de materias en castellano en las escuelas de Cataluña, el anunciado desacato del Departamento de Educación de la Generalitat, supone la más pública evidencia de una estrategia mucho más coral para evitar que el castellano le siga ganando terreno al catalán, especialmente en el «uso social» de la lengua, principal preocupación del Govern.

ERC dirige con mano de hierro esta maniobra planificada desde el inicio de la legislatura, cuando arrebató a Junts la cartera de Cultura, de la que pende la Secretaría de Política Lingüística, para poder desarrollar una acción coordinada de arrinconamiento del castellano.

El 26 de octubre, todos los departamentos de la Generalitat fueron llamados a filas para multiplicar la «acción de normalización lingüística» desde todos los flancos posibles; desde el área de Justicia, a la de Salud o Interior, pasando, obviamente, por la de Educación. «Todos están trabajando en dos sentidos: en que el catalán sea la lengua normal de uso del sector público y en proyectar el uso del idioma más allá de los usos internos», precisó esta semana el secretario de política lingüística, Francesc Xavier Vila, en un discurso pronunciado en unas jornadas para analizar el supuesto declive del catalán en los colegios, al que este diario ha tenido acceso.

Tal y como ha venido revelando EL MUNDO en los últimos meses, las actuaciones de la Generalitat para marginar y señalar al castellanohablante han sido múltiples. Arrancó el Govern en septiembre ordenando a las universidades elaborar listas negras de profesores que impartieran sus clases en español. El Gabinete dirigido por Aragonès ha empezado a exigir a los centros universitarios desde este curso que elaboren informes semestrales sobre las «incidencias lingüísticas» en los «cambios de lengua».

El Ejecutivo catalán impulsó este requerimiento después de la insistente reclamación de sindicatos de sesgo independentista, que posteriormente habilitaron una página web -en colaboración con la ANC y la Plataforma per la Llengua- para delatar a los docentes que emplearan el castellano en sus clases.

En paralelo, los rectores de las ocho universidades públicas catalanas alcanzaron un «compromiso» para extender la inmersión lingüística a los campus, imponiendo un 80% de carreras en catalán.

La presión sobre el tejido universitario -en la que también cabe incluir los ataques a los jóvenes constitucionalistas de S'ha Acabat por parte de las mismas agrupaciones que delatan a profesores-, se trasladó después a los colegios.

Refuerzo de la vigilancia
El 4 de noviembre, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, anunció la puesta en marcha del bautizado como Plan de Promoción de la Lengua Catalana en los centros educativos. Amparándose en estudios propios que señalaban un teórico descenso del uso del catalán en los colegios, tanto por parte de los profesores como de los alumnos, la Generalitat comunicó que reforzaría la vigilancia para evitar que la inmersión fuera quebrantada. Horas después, el consejero se reuniría telemáticamente con más de 3.000 directores de escuelas de Cataluña para comunicarles precisas directrices. Ordenó la Generalitat a los directores hacer «observaciones» en las aulas para comprobar si las clases se impartían en catalán, vetar las contrataciones de extraescolares y excursiones que se realizaran en castellano o aleccionar a los nuevos docentes que se incorporaran a los colegios para que conocieran la «situación lingüística del país». Para ello, también confesó el Govern estar presionando a las universidades para que los profesores en formación acaben la carrera alineados con la inmersión, conscientes de que son «modelos de lengua catalana».

En ese mismo cónclave comunicó la Generalitat a los colegios que el Síndic de Greuges les haría llegar una encuesta para conocer los «usos lingüísticos» de sus alumnos de quinto de Primaria y tercero de ESO. El defensor del pueblo catalán, «con el apoyo del Departamento de Educación», instaba a responder el cuestionario «sin necesidad de autorización de las familias», es decir, de espaldas a los padres. Incluía el test -destapado por este diario el pasado miércoles- preguntas que permitían identificar qué maestros impartían sus asignaturas en castellano, así como el idioma que los escolares utilizaban para relacionarse con sus compañeros.

La fijación del Gabinete de Aragonès con la lengua explica que la principal condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado sea la inclusión en la nueva ley del audiovisual de una cuota del 6% catalán para las plataformas de streaming. Para corporaciones como Netflix, a las que el secretario de Política Lingüística anima a boicotear.

El pavor a que los niños perciban el catalán como una mera lengua académica desvela al nacionalismo, que buscará la complicidad del PSC y los comunes para blanquear su estrategia de acoso lingüístico a través de la aprobación de un Pacto Nacional por la Lengua a principios del próximo año. Defenderá el Govern la necesidad de alcanzar un «amplio consenso» para que el catalán alcance un «estatus de normalización real», a través del «blindaje jurídico» de la inmersión y, por ende, de los planes de control del castellano.


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