AGLI Recortes de Prensa   Jueves 9  Diciembre  2021

La inflación persistente que puede laminar a Sánchez
Miguel Ángel Belloso. okdiario 9 Diciembre 2021

Quizá la gente corriente no entiende del todo el concepto de inflación, pero sabe perfectamente, porque lo padece, cuál es su origen: el crecimiento generalizado y sostenido de los precios. Y está persuadida de que sus efectos son muy perjudiciales. El poder adquisitivo se resiente, el ahorro pierde valor y capacidad de compra y de inversión, los márgenes empresariales se ven notoriamente castigados, la capacidad de competir de las compañías se reduce y, como suma total, las posibilidades de recuperación de la actividad y del empleo disminuyen. El asunto crucial es discernir si la explosión actual de los precios es transitoria o si va a enquistarse durante un buen tiempo. Y todo apunta a que el tumor se ha asentado cómodamente en el tejido productivo y que nos acompañará al menos durante todo el año que viene.

La causa de este fenómeno es que, de manera insólita, un exceso de demanda ha tropezado con una restricción en paralelo de la oferta, una combinación prodigiosamente nociva. El empuje de la demanda tiene que ver con el larguísimo tiempo de políticas monetarias relajadas: de dinero barato, con tipos de interés reales negativos y un activismo desconocido de los bancos centrales para financiar a los gobiernos comprando la deuda en que incurrían para combatir los efectos, primero de la crisis financiera, y ahora de la pandemia.

Este monetarismo exuberante ha coincido con políticas fiscales muy agresivas: un gasto público disparado que ha roto todos los corsés tolerables de la deuda de los estados desarrollados. La acumulación de ahorro a lo largo de la crisis, más el efecto riqueza provocado por la revalorización de las bolsas y del mercado inmobiliario, han aumentado adicionalmente el margen de liquidez. España es uno de los ejemplos de este juego de circunstancias que no suele conducir a nada bueno.

Pero si al mismo tiempo la oferta no comparece para satisfacer plenamente la demanda debido al colapso de las cadenas de suministro, los problemas del transporte mundial y la escasez de provisiones para alimentar la industria, por ejemplo la del automóvil, la transitoriedad se esfuma y surge la persistencia. La persistencia, que no es igual que la permanencia, no deja de ser bastante inquietante.

Naturalmente que el mercado acabará ajustándose y que la oferta terminará por recuperarse, pero no pronto, porque se requieren inversiones para fabricar los chips que ahora faltan, así como la otra clase de productos que escasean y que son imprescindibles para alimentar la industria, y éstas tardan en madurar y en producir sus resultados. Además, la transición energética irracional en la que se han embarcado los estados desarrollados va a contribuir a restringir la oferta de petróleo y va a mantener alto el precio del gas en 2022 como mínimo. Y hay un último factor tan inédito como alarmante: la falta de mano de obra que se aprecia en muchos países del primer mundo, de camioneros, de obreros de la construcción, de recolectores de cosechas, etcétera. Que esto suceda en España, con la mayor tasa de paro de Europa y el mayor nivel de desempleo juvenil es realmente una proeza que no parece alarmar al gobierno irresponsable que dirige los destinos de la nación.

La suma de todos estos acontecimientos desgraciados apuntala la idea de que los precios se mantendrán altos por mucho tiempo, empujando las demandas sindicales en favor de salarios más elevados para combatir la pérdida de poder de compra, o de los pensionistas para no verse agraviados por esta escalada, o de las empresas para conservar lo más posible sus márgenes de beneficio, formando una espiral venenosa. Basta ver lo sucedido en Cádiz, donde el violento conflicto desatado en el sector de los astilleros se ha apagado a cambio de indiciar en el futuro los salarios a la inflación, para hacerse una idea de lo que nos espera con el resto de los colectivos damnificados en busca de preservar sus intereses, pero conspirando contra el bienestar común.

En otros tiempos, la manera ortodoxa de combatir esta deriva era subir los tipos de interés para cortar de raíz la inflación aún a costa de frenar la recuperación de la actividad. Pero si una de las claves de lo que está ocurriendo es un ‘shock’ de oferta, los resultados de endurecer la política monetaria son siempre dudosos, o casi nunca tan efectivos.

En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha sido el primero en afirmar que la inflación ha dejado de ser temporal y ha anunciado la pronta retirada de los estímulos que llevan demasiado tiempo impulsando la actividad, incluyendo una rebaja de los tipos de interés. En Europa, el banco central de Fráncfort no se va a atrever a tanto, pero cada vez es más claro que en muy poco tiempo va a reducir aceleradamente la compra de deuda de los estados. No subirá los tipos de interés a corto, pero la política restrictiva que empezará a aplicar complicará mucho la vida de gobiernos como el español, que tendrán que colocar sus bonos en el mercado a precios cada vez más altos si quieren mantener su explosiva política de gasto público en pos de una equivocada y aberrante justicia social.

Sánchez no va a poder gastar sin control, de manera indiscriminada y arbitraria como hasta ahora. Por otra parte, inversión del exterior va a venir poca porque las rentabilidades esperadas son menguantes. Esta alianza de factores hará que el difícil equilibrio del Gobierno español, que se sostiene con alfileres, vaya debilitándose y que el atrabiliario optimismo oficial parezca cada vez más una ofensa. El aumento de los precios va a producir un incremento de la conflictividad social, que se verá agravada por unos datos económicos cada vez más esquivos. La vicepresidenta Calviño dice que es normal que la inflación suba porque es la consecuencia inmediata de la intensidad de la recuperación, pero, como de costumbre, esto tampoco es verdad. En España están subiendo los precios más que la media europea al tiempo que el crecimiento de la economía es el más lento de la Unión. Sería terrible que, inadvertidamente, corriéramos el riesgo de incurrir en la senda de la estanflación: camino de una actividad mortecina y unos precios al alza.

Lo del 3% a Podemos se le queda muy pequeño
OKDIARIO 9 Diciembre 2021

Mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) investiga el desvío de 142.000 dólares que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro pagó a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de la empresa Viu Comunicaciones C.A, el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea maneja un dato que es clave y a la vez revelador de la lluvia de millones con la que el Gobierno bolivariano regó a la formación morada para que activara en España el modelo venezolano. La investigación policial es concluyente: «Las mercantiles Viu Europa SL y Viu Comunicaciones C.A. desviaron entre un 10% y un 20% de los fondos procedentes de la narcodictadura para financiar a Podemos en España».

Y es que las revelaciones de Hugo El Pollo Carvajal, jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia chavista, han puesto al descubierto un entramado empresarial liderado por el venezolano Ernesto Velasco que servía de tapadera para financiar a los fundadores de Podemos con los fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Carvajal presentó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un «Informe Confidencial» en el que explicitaba de forma concisa el «modus operandi» del régimen chavista para untar ilegalmente a Podemos; especialmente destacaba la vía de utilizar «empresas con fachada española» para hacer llegar los fondos a los cabecillas de la formación morada. Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a empresas españolas de su elección para que organizaran los eventos internacionales de Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, «el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero».

A medida que pasan los días, las investigaciones policiales apuntan a que las revelaciones de «El Pollo» han servido para estrechar el cerco sobre todos aquellos que decían que iban a regenerar la democracia española, cuando la realidad es que venían -previo pago- a traer a España la dictadura venezolana. Tic-tac, tic-tac, tic-tac…

La comparativa retrata a Sánchez
Editorial ABC 9 Diciembre 2021

Alemania es un país con 83 millones de habitantes, un Gobierno de coalición entre tres partidos -socialdemócrata, liberal y verde- y un gabinete de dieciséis ministerios. España es un país con algo más de 47 millones de ciudadanos, un Gobierno alianza de dos partidos -el PSOE y Podemos- y un Ejecutivo de veintidós ministerios. La comparativa, se mire por donde se mire, no resiste más análisis que el que se desprende del dispendio del gasto público, lo innecesario, la irrelevancia de muchos departamentos con competencias impostadas, y el puro reparto de poder para satisfacer cuotas y egos personales. Alemania arrancó ayer una nueva era tras dieciséis años de Angela Merkel como canciller. Su gestión ha sido elogiada de forma unánime en toda Europa, y acaba de ser despedida con todos los honores que merece quien convirtió la Cancillería en un ejemplo de dedicación al servicio público.

Arranca la era de Olaf Scholz, avalado ayer por 395 votos del Bundestag, con varias incógnitas por resolver, especialmente la estabilidad que tendrá la llamada ‘coalición semáforo’. Pero como primera providencia, y al contrario que Sánchez en España, no ha necesitado inventar ministerios de la nada ni convertir meras direcciones generales en departamentos elefantiásicos inflando el gasto público de manera absurda.

Scholz es un hombre que mide cada palabra con prudencia. No apunta a ser un carismático líder de masas obsesionado con su imagen. De hecho, presume de liderar un modelo político basado en la tecnocracia y lo grisáceo de la gestión por encima de las campañas de marketing. Probablemente los años lo conviertan en un buen aliado del Gobierno español -debe haber ‘a priori’ una empatía socialdemócrata evidente-, pero en absoluto adornará su política y la de su gabinete, como hace Sánchez, con los gestos, la sobreactuación y la demagogia. Scholz tiene como reto incierto hacer que la coalición funcione, toda vez que los principios ultraliberales entremezclados con lo propios del ‘frugalismo’ económico son los que van a caracterizar la labor del nuevo responsable de Finanzas, Christian Lindner, y eso a menudo puede no casar con las ideas del propio Scholz, o de Los Verdes. De hecho, la primera diferencia sustantiva entre Scholz y los Verdes se produjo ayer mismo, cuando el canciller desautorizó a la nueva responsable de Exteriores por haber sugerido que Alemania se sumase al boicot diplomático anunciado por EE.UU. a los Juegos de Invierno de China. Scholz tendrá que lidiar con discrepancias de política interna, pero desde luego difícilmente tendrá al enemigo en casa, como Sánchez, cuyo socio de coalición desprecia la Constitución y pretende erradicar la Monarquía parlamentaria como sistema de funcionamiento fructífero de nuestro país.

A todos los efectos, Alemania no es España. La concepción de su propio criterio del Estado, la unidad de acción entre partidos muy dispares en cuestiones esenciales de nación, el mismo concepto del patriotismo, o el respeto al ciudadano no sobredimensionando un Gobierno con ministerios inútiles, son diferencias muy sobresalientes. Donde Sánchez potencia la frivolidad, Scholz -la misma izquierda que dice representar Sánchez- explota la prudencia. La recesión, la inflación y el aumento de los contagios pandémicos en Europa obligarán a Alemania a no equivocarse, y a que los tres partidos de la coalición cedan en beneficio de la estabilidad, el crecimiento, y como dijo Scholz, la inversión. Dieciséis ministerios para tres partidos y 83 millones de habitantes tienen lógica. Veintidós para que Sánchez siga gobernando discrecionalmente a 47 millones de españoles es un abuso.

Troncos y hojas
Nota del Editor 9 Diciembre 2021

Es aburrido tener que recordar siempre lo del chocolate del loro. O lo de la suma del carrito de la compra.
Lo importante es la eficacia de España en la aplicación de los recursos que nos birlan del bolsillo, de la cuenta, de los ahorros, de las pensiones,
de todo lo que hemos podido ahorrar. Lo primordial es quitarse de encima al dr cum fraude.

Casado el suicida, al rescate del peor PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 9 Diciembre 2021

La escalofriante perspectiva de ver a Pablo Casado dispuesto tanto a presidir un Gobierno de coalición con el PSOE como a no negociar con Vox –aun cuando los socialistas le negasen su apoyo– ha dejado de ser un mal augurio o un infundio lanzado por quienes quieren reforzar al partido de Santiago Abascal con maledicentes comentarios sobre el todavía líder del PP. Y es que ha sido el propio Casado quien, en unas bochornosas declaraciones al diario argentino La Nación, ha confesado literalmente que, en caso de que el PSOE no pudiese gobernar con los nacionalistas después de las próximas elecciones generales, los populares podrían "hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista, o (...) como se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid, en la que Vox ha apoyado al Gobierno regional, pero sin ninguna contraprestación".

Dado el ominoso final de un Rajoy que para colmo se significó por dar continuidad a algunas de las peores políticas de José Luis Rodríguez Zapatero –ninguna de cuyas leyes ideológicas, rabiosamente sectarias, derogó el gallego–, ya son ganas de traerlo a colación... y de reforzar a quienes advierten de que tampoco Casado es de fiar. Pero es que además el aún líder del PP olvida, en plan suicida, que, si bien es cierto que Rajoy estuvo dispuesto a negociar con el PSOE su candidatura a la presidencia del Gobierno, no lo es menos que el PP no tenía por aquel entonces otra opción, pues a la derecha del PSOE no existía ninguna otra formación con la que pudiera conseguir la mayoría absoluta.

Casado es aun más artero y grotesco cuando equipara su proyectada felonía con lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Para empezar, Ayuso –desoyendo a Casado y a García Egea– no descartó en ningún momento pactar con Vox, formación con la que ha mostrado cercanía y a la que ha manifestado reconocimiento y respeto en reiteradas ocasiones. Por otro lado, la presidenta de Madrid no pocas veces ha disputado a Vox el liderazgo del ámbito liberal-conservador a la hora de plantar cara a las fuerzas social-comunistas, lo que explica que más de 300.000 votantes madrileños de Vox en las generales la respaldaran en las autonómicas del pasado mayo. A mayor abundamiento, Casado miente cuando dice que Vox apoyó a Ayuso "sin contraprestación alguna": ahí están los 13 puntos del acuerdo PP-Vox en Madrid para dejarle en clamorosa evidencia.

Pero es que además el apoyo de Vox a Ayuso no es equiparable al que necesitaría Casado en caso de ganar las elecciones. Por la sencilla razón de que ni una sola encuesta vaticina que el aún líder del PP vaya a conseguir ni por asomo un resultado como el que cosechó Ayuso, que le dejó a las puertas de la mayoría absoluta.

En definitiva: las referidas declaraciones de Casado el suicida son de una indignante insensatez y, si bien podrán reforzar a Vox electoralmente, a quien más benefician es a un PSOE que no debe de creerse la suerte que tiene con semejante partido opositor, eternamente empeñado en insuflarle nuevos bríos cuando peor le vienen dadas.

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La deserción del Estado en Cataluña
Pablo Planas. Libertad Digital 9 Diciembre 2021

Los ciudadanos de Cataluña que no son nacionalistas han sido abandonados por el Estado. La irresponsabilidad del Gobierno es clamorosa, pero no nueva. Rajoy, por ejemplo, creyó que para aplacar al separatismo bastaba con que Soraya Sáenz de Santamaría se montara un despacho en la Delegación del Gobierno en Barcelona y se dejara hacer cucamonas por la espalda por parte de Junqueras, cuyo becario más pelota y radical es ahora el presidente de la Generalidad.

El colofón de aquel disparate fue alojar a los policías nacionales y guardias civiles que debían hacer frente al golpe de Estado en fondas de mala muerte o, aún peor, en cruceros de recreo decorados con dibujos animados de la Warner. Que los responsables de semejante desatino no hayan sido juzgados demuestra la debilidad del Estado. El desahogado Mariano dice que se hizo lo que se pudo y que salió bien. No, no salió bien y a los policías, a falta de otras alternativas, habría que haberles dado techo en hoteles de cinco estrellas y que la factura la pagaran los golpistas.

La ajustada actuación policial durante el 1 de octubre, el impecable discurso del Rey del día 3 y la manifestación del 8 de octubre que reunió a más de un millón de personas en Barcelona frenaron en seco el golpe. Y en nada de eso tuvo arte o parte el Gobierno. Cuatro años después, el coronel de la Guardia Civil que dirigió el excelente operativo contra los golpistas, Diego Pérez de los Cobos, ha sido represaliado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras que el sujeto que más hizo por entorpecer su labor, el jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, sigue al frente de la policía regional. Cuatro años después, el Gobierno de Sánchez no hace más que ponerle zancadillas a Felipe VI y hasta llegó a prohibirle que viajara a Barcelona el año pasado a presidir la entrega de despachos judiciales para que no se enfadara un personaje como Quim Torra. Y cuatro años después, el Gobierno de Sánchez y el PSC han hecho todo lo posible y lo imposible por desmovilizar al millón de personas que plantaron cara al separatismo en una emocionante exhibición de resistencia y coraje.

Así es que, como ocurrió con ETA, los separatistas fueron derrotados, pero han ganado. Sus principales cabecillas han sido indultados, Puigdemont goza de protección judicial en media Europa (Bélgica, Alemania, Francia e Italia), después de un 155 lamentable siguen al frente de las instituciones autonómicas, convertidas definitivamente en arietes golpistas, y vuelven a pisotear a la población que no se deja asimilar por el separatismo. Son unos cobardes, pero no tan idiotas como parecen personajes del relieve del mosso Albert Donaire, el pobre desgraciado que pide hacer bullying al niño de cinco años cuyos padres han solicitado la aplicación de la resolución del Tribunal Supremo sobre el 25% de clases en español. Sí, está en la red. Donaire no se corta. Todo lo contrario. Saca pecho. Y Trapero le protege y le mantiene en su desempeño policial. Igual que el consejero de Interior, el exsocialista Joan Ignasi Elena.

Están esperando que se den las circunstancias idóneas para volver a intentar la secesión. No lo ocultan. Es el "lo volveremos a hacer" de Jordi Cuixart. Mientras tanto, se niegan a vacunar a policías nacionales y guardias civiles hasta que reciben un apercibimiento judicial. O acosan a la referida familia, campaña de hostigamiento alentada por el Gobierno regional y por el consejero de Educación, un radical que se ha catalanizado los apellidos, tal es su odio a España. Sí, el amigo Josep Gonzàlez-Cambray, antaño José González Cambray. Es una marca de ERC. ¿Se acuerdan de Josep Lluís Aquí y en la China Carod-Rovira? Pues lo mismo. Igual que Aragonès. El acento les delata.

¿Y dónde está el Gobierno cuando una familia sufre semejante señalamiento en Cataluña? Debatiendo con un indecente y chulesco Rufián el destino de los impuestos que pagan todos los españoles. No hay derecho. Ni Estado en Cataluña, lo que explica el desamparo de esa familia y que hasta en los ayuntamientos gobernados por los socialistas se haya arriado la bandera de España.

Padres indefensos que defienden la ley en Cataluña
Editorial. El Mundo 9 Diciembre 2021

Estamos asistiendo a gravísimos episodios en la espiral supremacista del secesionismo en Cataluña que resultan inconcebibles en un Estado democrático como España. El señalamiento y la persecución que está sufriendo la familia de Canet de Mar (Barcelona) que ha conseguido judicialmente que en el colegio donde estudia el hijo de cinco años se imparta al menos el 25% de clases en español, además de producir espanto y vergüenza, interpela directamente a nuestras autoridades, culpables de permitir situaciones de naturaleza tan cercana al apartheid. EL MUNDO ha tenido acceso a la demanda de los padres instando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que obligue a la Generalitat y al colegio a mantener su privacidad y sobre todo la del menor, así como su seguridad. Una iniciativa a la que se han visto obligados tras un insufrible acoso, incluido el que un grupo de intolerantes, con el logo del colegio, reclame la expulsión del menor del centro y conocer el domicilio donde residen, algo que causa auténtico estupor.

Esta familia sufre hostigamiento por haber logrado medidas cautelares del TSJC para que el colegio aplique el bilingüismo real tras el fallo del Supremo que convertía en firme la sentencia que obliga a que en todas las aulas catalanas se impartan al menos el 25% de las horas de docencia en la lengua común. Y no han faltado mensajes de odio como el de un ex profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona que publicó un tuit sumándose a «apedrear la casa» del niño y pidiendo su expulsión de Cataluña, lo que exige la actuación diligente de la Fiscalía y no que tengan que ser organizaciones como Hablamos español y Asamblea por una Escuela Bilingüe las que se estén movilizando para presentar denuncias. Y a los señalamientos se unen ya también intentos para burlar una vez más las resoluciones judiciales como es que la escuela de Canet en cuestión inste a impartir materias lúdicas en castellano y a mantener en catalán «el núcleo del proceso de aprendizaje».

Es éste un caso de tantos como por desgracia se dan en una Cataluña tomada por el independentismo e instalada en el desacato, donde una minoría fanatizada transforma su saña en xenofobia lingüística como activismo identitario. Y lo más grave es que cuentan o bien con la connivencia de los poderes públicos, como ocurre con la Generalitat, o con el lavado de manos del Gobierno de Sánchez. El Govern presume de que no acatará el fallo del Alto Tribunal y se pone del lado de los acosadores. Y Moncloa escurre el bulto sin que le importe que el español sea «residual» -entrecomillado del TSJC- en los centros educativos y que se vulnere el derecho básico de todos los alumnos a recibir clases en la lengua común. Es desolador que desde hace décadas hayan tenido que ser familias y padres, con precarios medios y sufriendo estigmatización, quienes han abanderado la lucha judicial para que se imparta docencia en español y que ahora se sigan viendo obligados a ejercer de quijotes para que se cumpla una sentencia de obligado cumplimiento. Cosas veredes, Sancho.

El presidente Sánchez sigue inasequible al desaliento asegurando que la economía va viento en popa y que el año próximo veremos una aceleración sin precedentes basándose en unos datos de empleos engañosos, cuya pujanza se asienta en el crecimiento desordenado e inconveniente de los funcionarios y de los empleados públicos incompatible con un sistema productivo sano. En contra de la propaganda oficial, lo cierto es que España atraviesa una situación tremendamente frágil y que cada vez hay más dudas razonables de que la llegada de los fondos europeos la pueda reparar. De momento, somos los últimos de Europa y no hay indicios de que vayamos a enderezar esta coyuntura desagradable e incómoda con el nuevo Gobierno alemán y el resto de los socios empujando por la normalización de la política monetaria y fiscal, el control del gasto público y por la observancia recobrada de las reglas del juego que han sido históricamente claves para edificar, asentar y convertir en un éxito la unión monetaria.

En Cataluña no existe la inmersión
José García Domínguez. Libertad Digital 9 Diciembre 2021

La primera víctima de la guerra cultural que llevamos desarrollando en Cataluña desde hace ya más de cuarenta años fue la verdad más obvia. Y esa verdad, la evidente, es que en Cataluña no existe hoy ni ha existido nunca algo a lo que en rigor se pudiera denominar inmersión lingüística. Y no existió ni existe tal cosa por la muy clamorosa certeza de que única y exclusivamente la mitad de los niños catalanes se ven forzados a la escolarización en una lengua distinta de la suya materna, ya que la otra mitad no sufre ni ha sufrido jamás inmersión alguna. De ahí lo muy improcedente de seguir hablando de inmersión para referirse a la efectiva prohibición del idioma castellano dentro del sistema escolar catalán.

La primera de nuestras derrotas, pues, tuvo que ver con el divorcio efectivo entre las palabras y su verdadero significado, el que se custodia en los diccionarios. Y la segunda de ellas igual nos remite a otro divorcio también largamente silenciado, el que se produjo en su día, allá a principios de la década de los ochenta, entre el muy particular método pedagógico instaurado por las autoridades catalanistas de la Generalitat y la práctica lingüística imperante en todos los demás lugares del mundo donde existen dos idiomas oficiales. Porque la mal llamada inmersión lingüística que impera en Cataluña estulta ser una aberración pedagógica que no existe en ningún otro sitio. Sí, eso que con tanto y tan patético ardor defiende ahora la ministra de Educación del Reino de España, la inmersión a la catalana, resulta que no existe en ningún otro país del mundo, en ninguno.

Pues es sencillamente falso, pero falso de toda falsedad, que violación tan palmaria de los derechos de los escolares se produzca igualmente en la provincia canadiense de Quebec. Ese bulo es una pura y simple mentira. En Quebec, por el contrario, los hijos de los ciudadanos canadienses angloparlantes se educan íntegramente en inglés dentro escuelas públicas anglófonas. Huelga decir que esos padres anglófonos disponen de plena libertad para, si así fuera su deseo, matricular a su prole en colegios francófonos. Pero lo deciden ellos, no el Pere Aragonès de turno. Lo de Quebec, querida ministra, es también una burda trola. Un engañabobos, excelencia.

La Constitución: nuestra puteada “Reina Roja”
Teresa Giménez Barbat. okdiario 9 Diciembre 2021

En la novela de Lewis Carroll Alicia a través del espejo los habitantes del país de la Reina Roja deben correr lo más rápido que puedan sólo para permanecer donde están. Es una imagen perfecta para una situación enquistada que vivimos aquí: los constitucionalistas españoles se ven obligados a estar siempre en vilo porque las fuerzas regresivas y centrifugadoras de los nacionalismos y de la izquierda (el PSOE, especialmente el de Sánchez, como gran responsable) no permiten que tenga un momento de reposo. No estoy hablando de una hipotética voluntad de mejorarla, pulirla o ponerla al día. Ya saben que no.

Así esta semana, ERC, Bildu y otros partidos nacionalistas, han sacado la artillería contra la Carta Magna atribuyéndole precisamente aquello que forma parte de su propia naturaleza. Herederos de Eta y para-golpistas osan declarar que nuestra Constitución «violenta derechos democráticos». Dicen, sin mirar las formidables vigas de sus ojos, que está «agotada» y «deslegitimada». Son partidos firmantes de la Declaración de la Llotja de Mar que el 25 de octubre de 2019, en Barcelona, en favor de la «autodeterminación» y de la liberación de los «presos políticos». ERC, Bildu, Junts, CUP, BNG, Més per Mallorcay Més per Menorca. Algunos de ellos socios del gobierno de Sánchez.

El concepto ‘Reina Roja’ en biología evolutiva se justifica en que “la mejora continua es necesaria para solo mantener su ajuste a los sistemas con los que está coevolucionando”. Ah, pero la Reina Roja de la Constitución no coevoluciona porque las fuerzas ciegas de la naturaleza esquiven la muerte y la desaparición. Aquí las fuerzas no tienen nada de ciegas (aunque mucho de descerebradas), son intencionadas y buscan la destrucción.

Vemos que, sobre la lengua española, la Constitución dice: «Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» (art. 3.1). Pero en una gran parte de España se niega este derecho y este deber por parte de gobiernos locales que dictan las políticas en Enseñanza. ¿Hacía falta que la sentencia del Tribunal Supremo dictaminase al menos un 25% de clases en español en Cataluña cuando existe un artículo de la Constitución que es meridianamente claro en su ámbito?

¡Pobre Constitución! Desde que se puso en marcha su texto se ha ido desvirtuando por unos y por otros hasta poner en peligro su propio significado. Como dice Santiago Trancón: “nos han ido metiendo en el lodazal semántico e ideológico del independentismo y el separatismo, que lo contamina todo, sin cuestionar sus falacias y aceptando sus premisas y su lenguaje trilero”. Según el autor, en algunos artículos de la Constitución salta a la vista que su sentido es incompatible con muchas de las interpretaciones que han ido haciendo los tribunales. La Reina Roja de la Constitución ha de correr porque se va escribiendo una “constitución paralela” que busca sustituir el texto que votamos la gran mayoría por algo que empezamos a no reconocer.

Y cuando los tribunales simplemente dictaminan lo obvio, esto causa lamentables situaciones a muchos ciudadanos en Cataluña que ven cómo se vulneran gravemente los derechos de los menores y de sus familias. Demasiados años de impunidad llevan a que la portavoz del Govern, en esta semana de la Constitución, trate de eludir la pregunta de una periodista sobre las amenazas que ha sufrido una familia de Canet que exigió oficialmente ese modesto 25% de clases en español para su hijo. Aunque es un tema que ha ocupado titulares en diversos medios de comunicación, Patricia Plaja se excusó al principio con que no tenía “conocimiento de las mismas” para más adelante señalar con dedo acusica a la familia del pobre niño. Una vez más hay que dar las gracias a las asociaciones y los “incansables” como Gloria Lago, Ana Losada y muchos más que no va a permitir que sigan saliéndose con la suya.

No hay que aflojar ni un segundo.

¿Se atreverá el faccioso a devastar la Constitución?
Carlos Dávila. okdiario 9 Diciembre 2021

O sea, según la RAE, faccioso es el individuo perteneciente a una facción o más genéricamente perturbador de la quietud pública. Devastar, según la RAE, supone destruir un territorio o más extensamente arruinarlo o asolarlo. Es imprescindible recurrir a nuestra máxima autoridad lingüística para restregarlo por su faz pétrea a todos los fanáticos de Sánchez que siempre toman por insultos intolerables simples definiciones de individuos o comportamientos. Y es que su fina piel, entre la dermatitis atópica, rojiza y picantosa, y la espectacular erisipela, se les eriza cada vez que reciben un denuesto fundamentado en sus nocivas políticas. Esto sucede de común, la última este pasado domingo cuando, tras adosarse a un helicóptero y a un Falcón, Pedro Sánchez recibió mil críticas y no sólo por este abuso de nuevo rico autócrata, sino por algo mucho más grave: por constituirse primero en Murcia y luego bajo los leones del Congreso, en promotor y guardián de la Constitución del 78, él que ocupa el avión oficial para sus excursiones gracias a la generosidad de los leninistas y de los proterras. Dice Inocencio Arias que Sánchez por continuar en La Moncloa pactaría con el mismísimo Ben Laden. No hace falta que se vaya tan lejos: tiene en España un acuerdo vigente con Henry Parot, el asesino de ETA con más crímenes en sus pistolas, y con Garcia Gaztelu, alias “Chapote”, el bicharraco infame que ejecutó a bocajarro a Miguel Angel Blanco. Esos son sus congéneres de ahora mismo.

Esos y el otro putiferio que le está animando a cambiar la Constitución. Y no para eliminar esa antigualla de la prevalencia en la Corona del varón sobre la hembra, sino para dejarla en cueros vivos, para barrenar su mandato de la “España, patria común e indivisible”. Aún queda algún pazguato por ahí que, después de conocer las soflamas aparentemente constitucionales de Sánchez en Murcia y en el mismo Parlamento, se gratificaba por ello y decía suscribir “de la A a la Z” las proclamas del falaz presidente. Pero, ¡hombres de Dios! ¿no véis que esa Constitución de las pensiones y la igualdad que proclamó el “okupante” de la Moncloa no es más que una nueva artimaña para su objetivo, concordado con sus conmilitones, de cargarse nuestra Norma Suprema? Se trata de ir infiltrando en los cerebros dormidos de nuestros compatriotas la especie tóxica de que no pasa nada por acometer la reforma del texto del 78 porque, además, éste ya incluye la posibilidad de modificarlo. Y claro que sí: la Constitución pocas cosas dejó al albur de manipulaciones posteriores y entre ellas, el Articulo 92 que reza así: “Las decisiones de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. ¿Tiene especial trascendencia la equiparación de nuestras pensiones al IPC de cada momento? Claro está que no. ¿Debemos ser los españoles llamados a las urnas para borrar la citada prioridad del hombre sobre la mujer? Entonces, ¿en qué estamos?

Pues estamos en la siguiente trampa: el citado faccioso se dispone a asumir las exigencias de sus cómplices, independentistas rabiosos y proetarras gozosos de haber matado, y promover en consecuencia una consulta para meterle un meneo de padre y muy señor mío a la Constitución. ¿Qué ordenan los citados? Pues que desaparezca España precisamente como “patria indivisible y común de todos los españoles”, que se reconozca el derecho a la fuga de territorios como Cataluña y el País Vasco, y que se incorpore a las bravas al Viejo Reino de Navarra a Euskalerría, la fantasmagoría inventado por el atrabiliario Sabino Arana- Todo eso entre otras minucias que también pueden incluir, hablando de la Corona, la posible conversión de España en una República. Esa es la nueva martingala del faccioso de la que, gran parte del país, hibernado como una marmota, parece no querer enterarse.

El ardid es una clamorosa traición, sin embargo existen también bienintencionados -vamos a llamarles así- que dudan de si Sánchez se atreverá a tanto. Curiosamente -esa es mi experiencia- son los mismos que antes de la moción de censura que derribó a Rajoy, aseguraban que el secretario general de un partido institucional como el PSOE no podía pactar, para hacerse con el poder, ni con los sucesores de ETA, ni con los independentistas que pretenden volar España. Los mismos de antes son los que ahora, cuando se replica sus penosos y sobrepasados argumentos, terminan por decir que Sánchez no puede volcar sobre España entera la culpabilidad de laminar un texto ejemplar para todo el mundo menos para él. Sin embargo, llegado el momento, lo hará si el pulso económico de la Nación entra en bradicardia, si el Covid nos sigue matando, si los anhelados fondos europeos no dan para casi nada, o si la sociedad por fin se echa a la calle, harta de tanta mentira, tanta ineptitud y tanta felonía. En ese instante, Sánchez, un virtuoso del trilerismo, eso no hay quien se lo niegue, acudirá a los disfraces de Cornejo, y engatusará a los ciudadanos sobre la reforma de una Constitución que hay que enjalbegar. Lo hará con un par, sin despeinarse. Él se envuelve en los ciento sesenta y nueve artículos de la Constitución como una bruja de feria se lía con la capa robada a un tuno. Igual. El lunes, sus socios en el Gobierno ni siquiera festejaron en el Parlamento la Constitución. Y es que ésta no es la suya pero, no se engañen. tampoco lo es del faccioso devastador Pedro Sánchez Castejón.

¿Han desaparecido la decencia y la honorabilidad en nuestros gobernantes?
Estamos dirigidos por un Gobierno de personajes que, si por algo se caracterizan, sería por su sectarismo, por su apego al puesto y por su falta de decencia
Miguel Massanet. diariosigloxxi 9 Diciembre 2021

“Volví la espalda a los gobernantes al comprobar que ahora llaman gobernar al regateo por el poder con la chusma”. Nietzsche

Uno no puede dejar de admirarse de lo acertadas que resultan las famosas leyes de Murphy. Es cierto que, en política, se da con poca frecuencia aquella frase de que “el tiempo cura todas las heridas”, y es el escritor Richard Robinson quien, en su libro “La Ley de Murphy tiene explicación”, nos habla de un psiquiatra del instituto Max Planck, un tal Beat Lutz, quien identificó el neorreceptor BC1, una molécula de estructura muy parecida al cannabis, como sustancia que nos ayuda a olvidar los traumas del pasado.

Y me permito, modestamente, discrepar sobre la teoría del señor Lutz, que matizaría y excepcionaría para el caso de que el juego político interviniera, actuara o maquinara para evitar que, determinados sucesos traumáticos padecidos por los habitantes de una nación, pudieran dejar de formar parte de su memoria perdurable, por largo que fuera el lapso de tiempo entre aquellos sucesos impactantes y el momento actual, en que los intereses partidistas de determinadas facciones políticas, consistieran en hacer revivir en el ánimo de las personas afectadas o de sus descendientes, los recuerdos de aquellos sucesos impactantes.

Y este preámbulo viene a colación con el hecho inaudito de que, ochenta y dos años después de finalizar la guerra civil española y cuarenta y cinco años de democracia, todavía los políticos de las izquierdas sigan argumentando, mencionando, usando como ariete contra las derechas, descalificando y denominando con el apelativo de “facha” a todas aquellas personas que no participan de sus ideas, que no forman parte de este progresismo comunistoide o de los que siguen pensando y manteniendo los valores tradicionales del cristianismo y la objeción a determinadas libertades, hábitos, desviaciones morales o criterios de nuevo cuño, que dan al traste con dos mil años de ser respetados por la sociedad.

Se da la paradoja de que, quienes nos gobiernan en la actualidad, dan muestras de tener una memoria selectiva que les impide recordar hechos verídicos, constatados, recogidos en las hemerotecas de la prensa y en los documentos de la guerra civil, en los que se reseñaban las barbaridades cometidas por sindicatos y partidos políticos de las izquierdas durante la segunda República, antes y después del 14 de abril de 1931, hasta que las tropas de Franco entraron en Madrid, en 1939. Miles de sacerdotes, católicos, profesionales, personas acomodadas, militares e, incluso, miembros moderados de las izquierdas fueron objeto de redadas, asesinatos, torturas, despojos e indignidades, por parte de grupos de terroristas callejeros a los que, el Gobierno de la república, daba carta blanca y permitía que llevaran a cabo la labor exterminadora de sus presuntos enemigos.

Como hecho destacable mencionaremos que nuestro gobierno socio-comunista, en lugar de trabajar para que España vuelva a una normalidad económica y social, parece que lo que verdaderamente intenta, estableciendo o pretendiendo hacerlo, una barrera ideológica insuperable entre lo que ellos designan como progresismo y la oposición, en la que están incluidos los pocos partidos que han subsistido después de que, las turbas manipuladas de las izquierdas, mediante convenios antinatura, cesiones a los soberanismos locales, campañas de propaganda y descalificaciones a las derechas, a las que vienen identificando con un franquismo que hace años que no existe y que, en la actualidad, apenas quedan unos pocos que hubieran vivido en aquella época, en la que este comentarista apenas tenía seis años; consiguieran hacerse con el poder.

Y hoy, señores, ante el asombro y la indignación de los españoles de verdad, tenemos que aguantar que un magistrado, que se ha olvidado de los deberes que le corresponden como tal, convertido en un politicastro sin escrúpulos ni la suficiente valentía y concepto del honor, que le hubieran debido llevar a presentar su dimisión irrevocable ante el zarandeo que recibió del TS por acciones que le valieron la humillación de ser reconvenido por tan alto tribunal. Pero este juez, Grande Marlaska, no sólo es inaccesible al desaliento, incapaz de admitir su grado de cerrilidad política y su desfachatez ante las continuas muestras de rechazo por parte de toda la policía estatal y la Guardia Civil, sino que se ha convertido con el centro de las críticas de los partidos políticos que le reprochan sus errores y sus intentos, mediante la elaboración de la ley “anti-mordaza” con la cual se pretende dar a los alborotadores, vándalos, terroristas callejeros, sindicatos de clases, y de cualquier revolucionario que quiera poner en peligro el sistema democrático; la libertad de convocar manifestaciones sin necesidad del actual permiso gubernativo, filmar la acción de la policía para poder denunciarla en los tribunales, limitar el derecho de detención de los agresores y, la humillación subsiguiente de verse obligada, la policía a devolver a los detenidos, una vez llevados al juzgado correspondiente a declarar, al mismo lugar donde fueron detenidos, para que puedan continuar su actividad subversiva.

Pues, en uno de estos actos que parece inverosímil que se permitan a un ministro del Gobierno, en unas declaraciones a uno de estos medios de información catalanes, de los que ya hemos hablado suficiente, el rotativo catalán, La Vanguardia, un periódico que viene dando muestras de participar del espíritu separatista de una parte de la población catalana, se ha permitido explayarse a gusto en contra de lo que, para él, seguramente constituye la máxima expresión de la “maldad”: las derechas y VOX, dos partidos que no han parado de pedir que se le destituya sin que, por desgracia, el señor Sánchez haya decidido complacerlos.

En este mitin periodístico, a dos páginas enteras del periódico, aparte de insistir en que su trayectoria gubernamental ha sido “impoluta”, se ha despachado a gusto contra lo que considera sus enemigos, con frases como: “La extrema derecha y la derecha quieren manipular la policía”.Es evidente que no se trata más que de una torpe, desesperada, absurda y poco inteligente maniobra encaminada a quitarse de encima la presión de verse acosado en los mítines callejeros de toda la policía y Guardia Civil del Estado, precisamente en cuanto a la desvergüenza que supone que un ministro de Interior, del que dependen los cuerpos de seguridad del Estado, intente dejarlos al pie de los caballos quitándoles los medios de defensaantidisturbios y exponiéndolos a que, cualquier sinvergüenza, les pueda denunciar, sin que el atestado que abran de lo acaecido tenga, ante el juez, ninguna ventaja ni prevalencia sobre las declaraciones del denunciante.

Mucho nos tememos que en España, si no de derecho sí de hecho, se están empezando a producir situaciones, posturas, procedimientos y actuaciones que van directamente encaminadas a causar cambios estructurales, ante la imposibilidad de conseguir reformar la Constitución de 1978, por no disponer de la mayoría cualificada correspondiente, mediante limitaciones establecidas por decretos- Ley (¿cómo es posible que un sistema, el de legislar mediante el procedimiento extraordinario y para casos de urgencia, sea explotado por el Gobierno, como medio habitual de legislar, saltándose el trámite parlamentario habitual, que queda retrasado para una revisión posterior que evita la discusión y oposición en el seno parlamentario; no tendría, el TS, algo que decir al respeto?) que van minando, poco a poco, pero insistentemente, el contenido de nuestra Carta Magna.

No quiero concluir este comentario, sin hacer mención a una señora catalana, Teresa Cabré, que preside el Instituid de s’Estudis Catalans, que nos ha obsequiado con una de estas perlas propias de este nacionalismo excluyente, despreciativo hacia los otros idiomas y tan lleno de este falso e inmerecido orgullo de quienes estiman que su raza es superior a la del resto de españoles. Los vascos también saben algo respecto a este tipo, de ideas. Para la señora Cabré “Sin investigación en catalán no hay discurso científico en catalán”. No sé lo que pensará de la clasificación de las especies de Carlos Linneo que invento el sistema de nomenclatura binomial allá por el Siglo XVIII que, como es evidente, no usó el catalán sin que la ciencia mundial haya tenido graves repercusiones en sus adelantos por esta “imperdonable” omisión.

En ocasiones, personas de talento, ilustradas, se prestan a hacer el ridículo en su afán de justificar una importancia de la lengua catalana que, evidentemente, ni por su poca divulgación ni por su uso limitado, tiene en el concierto mundial. De hecho, las recientes estadísticas dicen que la juventud catalana cada vez utiliza menos el catalán, en su uso cotidiano.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos percatamos de la decepcionante realidad de que estemos dirigidos por un Gobierno de personajes que, si por algo se caracterizan, sería seguramente por su sectarismo, por su apego al puesto y por su falta de decencia, hacia la ciudadanía, a la que no les importa confundir, mentir, engañar y enfrentar a unos con otros, con tal de sacar ventajas a la hora de seguir gobernando en futuras legislaturas.

La frase de hoy pertenece al filósofo Arthur Schopenhauer. Nos habla de que: “El egoísmo tiene en cada hombre raíces hondas, que los motivos egoístas son los únicos con los que puede contarse,de seguro, para excitar la actividad del ser individual.”

No nos dejemos engañar
José María Múgica. vozpopuli.es 9 Diciembre 2021

Acaban de anunciar el fin de eso que se denomina ‘ongi etorri’. Es decir, el fin de las hordas celebrando por las calles, a la vista de todos y con el debido alborozo, la puesta en libertad de cualquier asesino de la banda terrorista ETA. No hace tantos años, en San Sebastián un “ongi etorri” exaltó y celebró la puesta en libertad de un asesino de cinco personas a base de percutir cinco petardos simulando el ruido de cinco disparos correspondientes a cada uno de esos cinco asesinatos cometidos por el homenajeado. Hiela la sangre.

Hay quien se felicita con la noticia. Pasos en la buena dirección, nos dicen. Como si les debiéramos algo. No. Por dejar de jalear el crimen, no les debemos nada. Que sea buena noticia es otra cosa: cesar en dar hurras a la barbarie siempre lo es.

Lo extraordinario es que los presos terroristas hayan tardado dos años en tomar esa decisión propiciada y rápidamente hecha suya por Bildu. ¿Se imaginan? Lo que para cualquier persona es una decisión de un segundo, a ellos les lleva dos años. Y todavía hay disidentes, se nos dice. Es una buena muestra de la catadura moral de esta gente.

No. El asunto no está en lo que hagan o dejen de hacer con los “ongi etorris”, que también, un cuento y mentira de exaltación de la muerte que lleva años provocando la vergüenza para todos, también a la vista de todos. La cuestión está donde estuvo siempre: dar la batalla frente a la barbarie, completar la victoria contra el terrorismo derrotando a sus herederos en las urnas, de manera que no tengan al alcance pintar ni contaminar absolutamente para nada la vida política de nuestro país.

Recordar las palabras de Otegui ajenas a cualquier petición de perdón, a cualquier sentimiento de culpa, centradas únicamente en sacar a la calle a sus 200 presos: “La madre de todas las batallas”. Y, además, hacerlo lo más rápidamente posible, nos dice él mismo.

Por eso, resulta ofensivo y profundamente alarmante auparlos como socios estratégicos en la gobernación de España, precisar sus votos parlamentarios, aprobar los presupuestos con ellos. En más de cuarenta años de democracia desde la Transición no se había visto nunca semejante despropósito, las cosas estaban claras, a derecha y a izquierda, siempre se supo con quién nunca se podía ni se debía pactar.

Todo esto ha cambiado, y no conocemos ninguna ponencia política, ningún congreso de partido en que se haya acordado semejante mutación política. No parece legítimo que después de todo lo pasado, de todo lo sufrido durante décadas, se adopte una posición que se da de bruces con nuestra historia común y que a todos nos alcanza.

Se trata de que sean ellos quienes desistan, quienes pierdan toda esperanza de conseguir desmembrar el funcionamiento de nuestro Estado democrático y de derecho. En suma, el precio para ellos no puede ser otro que su propia derrota

Es del todo irrelevante que Otegui y los suyos simulen pedir un perdón o cualquier clase de falsario pesar por lo que hicieron, cuando a cambio les dejamos seguir ensanchando políticamente lo que es su auténtico objetivo para luego desde dentro poder “tumbar el Régimen”.

No se puede renunciar a lo único que importa, que no es sino completar la victoria contra el terrorismo con una victoria política que los reduzca a la nada a la hora de condicionar el funcionamiento de nuestra democracia. Se trata de que sean ellos quienes desistan, quienes pierdan toda esperanza de conseguir desmembrar el funcionamiento de nuestro Estado democrático y de derecho. En suma, el precio para ellos no puede ser otro que su propia derrota. No es posible que nadie, ni a izquierda ni a derecha, se permita bascular sobre la opción de un acuerdo con ellos. Se trata de que ese acuerdo es imposible, y así debe ser proclamado.

Es suicida que el clima de polarización política en España, que alcanza un nivel cismático, les permita obtener cualquier rédito político, la posibilidad de intervenir en la vida democrática de nuestro país. Mientras esa posibilidad exista el riesgo estará ahí. Asistiremos a un debilitamiento permanente de nuestras propias posiciones, de nuestras instituciones, de nuestro propio orden democrático y constitucional, en fin de nuestra propia convivencia en Paz.

No. La decisión no puede quedar en manos de mecanismos propios de un caudillo, que sube o baja el dedo pulgar a su inextinguible y exclusiva voluntad. Quien así pretende actuar lo pagará muy caro, de la misma manera que nos lo hará pagar muy caro a todos. No se puede incorporar a la bestia nunca. Porque la bestia, en la voluntad declarada de Otegui, que consiste en que 200 terroristas asesinos, hoy en prisión, salgan a la calle lo antes posible, no cederá en su posición. Si su propósito, a plena luz del día y sin lugar a equívocos para nadie, consiste en desestabilizar nuestro orden democrático, sancionado en las urnas mil veces por los ciudadanos en estos más de cuarenta años, no hay equívoco posible en el orden de la pelea: son ellos o somos nosotros, la abrumadora mayoría de todos los españoles.

El ‘apreteu, apreteu’ del Govern contra el castellano
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 9 Diciembre 2021

La Generalitat apunta y los hiperventilados disparan. Sin que haya condena firme por parte de quienes, como cualquier personal racional, se indignaría ante un llamamiento a apedrear la casa de un niño de cinco años. Lejos de conciliar, de instar a abordar el tema con criterios pedagógicos, la Consejería de Educación ha decidido que visitará la escuela de Canet de Mar donde se ha aplicado la sentencia del 25% de horario lectivo en español.

El motivo de ese encuentro con profesores y padres no será para denunciar el mobbing que sufre ese pequeño, sino para instar a la dirección del centro a resistir ante la Justicia ‘catalanófoba’ que, ¡oh desmesura!, ordena impartir una asignatura más en castellano. El relativismo que el departamento de Josep González-Cambray practica sobre la autonomía de centros es muy descarado. Sobre el papel, los directores tienen libertad para tomar decisiones. Pero cuando la cosa va de soflama identitaria, quien manda es el Govern.

Un Govern que ha reversionado aquel “apreteu, apreteu” con el que el expresidente Quim Torra animaba a los Comités de Defensa de la República (CDR) a tomar las calles. El ejecutivo independentista jalea ahora a un activismo lingüístico que practica el acoso a menores. Conviene recordar que, antes de que Jaume Fàbregas o Albert Donaire apoyaran el acoso a un menor, las escuelas donde hay matriculados alumnos cuyos padres reclaman más clases en castellano ya habían sido objeto de escraches por movimientos a favor del monolingüismo, sin que la Generalitat, en ningún momento, haya prevenido de las consecuencias de señalar a un menor.

La administración catalana utiliza su poder para normalizar comportamientos delictivos. Los delitos de odio están tipificados en el Código Penal, aunque el independentismo se empeñe en desobedecer las resoluciones judiciales de una Justicia que le son adversas. Entramos así en un bucle, según el cual, en Cataluña existe un ejecutivo que no reconoce al poder judicial, violentando así el derecho ciudadano a una tutela jurídica efectiva. Lo dijo Platón: “La democracia puede no ser más que un punto de partida en el camino hacia la tiranía”.

Lejos de ser una anécdota, personajes como el gastrónomo Fàbregas y el mosso d’Esquadra Donaire demuestran que hasta qué punto fomentar el odio sube enteros en el determinados ámbitos soberanistas. El primero publica libros y escribe en un diario digital de referencia en el mundo independentista. El segundo se postuló como candidato al Consejo para la República y esperemos que ya no tenga licencia de armas.

No hace falta recurrir a estos ejemplos extremos y reincidentes, pues no es la primera vez que estos referentes del activismo radical se prodigan en insultos y tuits xenófobos. Un reputado economista como Germà Bel coquetea con la segregación lingüística, esto es, con crear dos líneas educativas separadas al estilo País Vasco. Algo que nadie defiende en Cataluña. Porque una de las grandes mentiras del secesionismo ultra es atribuir a las familias que acuden a los tribunales la petición de una escuela cien por ciento en castellano. Y debido a esa falsedad agitprop, poderosa y movilizadora, el Govern que preside Pere Aragonès, el mismo que prometió poner a las personas en el centro de sus políticas, se niega a abordar la cuestión con valentía y con criterios pedagógicos. Todo ello por un puñado de votos. Los que llevan a altos del Govern a extremar sus convicciones.

El catedrático de sociolingüística Francesc Xavier Vila se negó a firmar el manifiesto Koiné, que defiende el monolingüismo en Cataluña, porque a su juicio “es simplista y está todo muy basado en la ideología, que tiene una perspectiva maniquea porque plantea dos bloques”. Tras ser nombrado secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Vila habla de “lenguas amigas” y hace llamamientos a darse de baja de Netflix si esta plataforma de pago no introduce más cuotas de catalán.

La imposición, está claro, es el único recurso que sabe utilizar el Govern para potenciar un idioma amenazado, no por un niño de cinco años de Canet de Mar al que se señala y acosa, sino por factores más complejos y poderosos que mucho tienen que ver con la economía de mercado y la creación cultural. Analicemos por qué no existe un Ibai Llanos o un El Rubius catalán. Por qué conocidos profesionales del sector audiovisual emigran a Madrid. Y si la respuesta, por inmediata, es el dinero, vetar una hora más de castellano en los colegios y acosar a un niños de cinco años no parece que vaya a mejorar la situación del catalán, y sí empeorar la convivencia en Cataluña.

La petición de un niño de más clases en castellano multiplica la demanda de bilingüismo en Cataluña
El caso del alumno de una escuela de Canet de Mar, que ha pedido más horas lectivas en español, ha animado a muchos padres a seguirle
Javier Gallego. Barcelona. larazon 9 Diciembre 2021

La campaña de acoso del independentismo contra el niño de un aula de P5 de una escuela de Canet de Mar (Barcelona) que ha pedido más clases en castellano ha desatado una importante movilización del constitucionalismo y puede convertirse en un símbolo que anime a más padres a seguir los mismos derroteros. De hecho, así está ocurriendo ya, tal y como explica Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad de referencia en Cataluña en defensa del castellano que gestiona todo este tipo de demandas de familias: «Desde la semana pasada, ha habido más peticiones de bilingüismo».

«En una semana hemos recibido las mismas peticiones que recibimos en un mes», señala Losada, que cree que toda la ira que ha despertado este caso en el independentismo «va a animar a más padres», aunque también reconoce que haya gente a la que le puede causar el «efecto contrario». «Hay menos miedo que hace cinco años», señala. Y lo cierto es que, con una creciente movilización en Cataluña, el constitucionalismo está pudiendo plantar cara cada vez con más fuerza al independentismo, que, hasta hace poco, había monopolizado la calle y hegemonizado el discurso.

Este caso de Canet de Mar así lo ha reflejado: un grupo de padres contrarios al castellano en la escuela se organizó la semana pasada, abrió una cuenta de Twitter y empezó a estudiar medidas y generar un clima contrario a la familia que ha pedido más clases en español, hasta el punto de que ha habido amenazas (algunos separatistas radicales han llamado a ir a apedrear la vivienda de la familia) y linchamientos en las redes sociales (Albert Donaire, mosso y conocido activista independentista, ha pedido dejar «solo» al niño en las clases de castellano). Sin embargo, el niño y su familia, lejos de quedarse solos ante el tsunami separatista, ha hallado un amplio respaldo del constitucionalismo, que ha convertido el «hashtag» «YoApoyoALaFamilia» en Twitter en «Trending Topic» con comentarios de apoyo.

Esta familia ha reclamado un 50% de horas lectivas en castellano para el aula de su hijo que va a P5 y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado, de momento, un 25%, que se empezará a aplicar desde este jueves, aunque el grupo de padres que lo rechaza está planteando acciones para impedirlo. De entrada, han iniciado una recogida de firmas para hacer presión y exigir a la Generalitat que haga lo necesario para blindar el monolingüismo en catalán y, algunos de ellos, contemplan no llevar a sus hijos a las clases de castellano. No obstante, Losada también matiza que este grupo es «muy minoritario» a pesar del ruido que ha causado.

El sistema educativo catalán se rige por el modelo de inmersión lingüística (único en Europa) desde que lo desplegara Jordi Pujol en los años 80, donde el catalán se ha convertido en lengua vehicular y el castellano solo se da en la asignatura de Lengua, algo que muchos padres y entidades como AEB e Impulso Ciudadano están intentando cambiar en una larga pugna que llevan librando desde hace años en los tribunales y que ahora empieza a dar resultados: principalmente, con la sentencia del TSJC de diciembre de 2020 que obliga a todas las escuelas a impartir al menos el 25% de asignaturas en castellano.

Pero mientras llega la aplicación de esa resolución judicial de alcance general a todo el sistema educativo (se deberá de aplicar en dos meses, a finales de enero), otras muchas familias han conseguido que ese 25% se vaya aplicando a pequeña escala (en el aula de sus hijos), como ha ocurrido en Canet de Mar. El independentismo dirigirá este jueves todos sus ojos a esta población costera de la comarca de El Maresme: se ha movilizado y, hasta allí, se desplazará también el conseller de Educación, Josep González-Cambray, para arropar al grupo de padres contrarios al 25%. «Que vaya el conseller es una vergüenza porque va a obstruir la aplicación de las medidas cautelares cuando el 22 de noviembre remitió al propio TSJC qué medidas tomarían para que se cumpliera la orden. Ahora hace un papelito», expone Losada, que revela la doble cara del Govern: por un lado, cumple con la Justicia y, por otro, trata de contentar a sus bases independentistas.

Mientras el independentismo se movilizará frente a la escuela, la propia familia del niño ha pedido al constitucionalismo que no se acerque a la escuela para dar una apariencia de «máxima normalidad». Lo ha pedido a través de la AEB (para evitar revelar su identidad), que es quien se encarga de defender a todas las familias que piden más clases de castellano en las aulas de Cataluña. De esta manera, ni los partidos ni las principales entidades constitucionalistas tienen previsto desplazarse hasta allí. No obstante, Losada también critica que el Gobierno no se haya puesto en contacto con la familia, mientras que los partidos constitucionalistas (PSC, Vox, Ciudadanos y PP) han trasladado, a través de la AEB, todo su apoyo a la familia.

En cualquier caso, el constitucionalismo ha conseguido derribar la presión social que ejercía el independentismo hasta hace no mucho que impedía a muchas familias pedir más castellano en las aulas. «Esto ha sido un movimiento que ha ido creciendo poco a poco», relata Losada, que, además, explica que ahora es un «momento único» porque Cataluña está llegando al punto final de la inmersión lingüística tras la sentencia del TSJC de 2020. Habrá que ver cómo hacen Generalitat y Gobierno para cumplirla.

Padres del colegio prendieron la mecha del acoso a la familia que pide el 25% en español
La familia que quiere educación en español para su niño en un pueblo catalán está "muy tranquila y firme".
Libertad Digital 9 Diciembre 2021

La virulencia de la campaña de acoso contra la familia de Canet de Mar que ha pedido en su colegio que se cumpla la sentencia del 25% de escolarización en español ha llevado a la Asamblea por una Escuela Bilingüe a denunciar ante la Fiscalía a quienes desde las redes sociales piden "apedrearlos" y aislarlos. Su presidenta, Ana Losada, explicó en La Noche de Dieter el porqué de esta decisión y también dio más datos sobre cómo se desató el acoso a estos padres y a su hijo.

Según explicó Losada, ante estos temas desde su asociación trabajan para que las peticiones se hagan de la forma "más discreta posible" y que no salgan del "ámbito de la escuela" para que no se pueda identificar ni a los padres ni al colegio y se evite el "rodillo" separatista. Sin embargo, según contó, el pasado jueves hubo una reunión de padres en el centro en la que se comunicó que habría horas en español en Educación Infantil. Al día siguiente, "casualmente", un grupo de padres del colegio "ya tenía espacio en Catalunya Radio" para protestar por la sentencia y por la decisión mientras que, como informó LD se utilizaron las redes sociales para difundir el caso y comenzar el "apartheid".

A esa primera reacción siguieron otras en los medios separatistas, con la secretaria de Educación mencionando el colegio en rueda de prensa y nuevas declaraciones de padres a favor del monolingüismo en TV3 que se decían dispuestos a no llevar a sus niños a clase si se cumplía el fallo. Para Losada, esta reacción desde distintos ámbitos separatistas responde a que se trata de un caso "ideal" para promocionar la manifestación del próximo día 18 contra el Supremo.

Losada ha lamentado los ataques a la familia y el "odio" y supremacismo que destilan los tuits y otras declaraciones. Los padres que lo solicitaron, mientras, están "muy tranquilos y firmes", revela, aunque no quieren identificarse "porque saben a lo que se exponen". Desde AEB les recomiendan mantenerse callados porque el revuelo suele pasarse en unos semanas pero denuncia que este insólito eco mediático ha saltado "por intereses de la Consejería".

En su opinión, la "estrategia del miedo" de la que esta situación es ejemplo "ha triunfado hasta ahora en muchos padres", por lo que hay que reconocer la valentía de los que sí están reclamando sus derechos. Pero subraya que este fallo no habla de casos concretos, sino de todos los centros y hay que luchar por que en todos los colegios se imponga el 25% de español.

Losada ha destacado cómo es evidente que la estrategia nacionalista pasa "por la desobediencia" y por "arrinconar" a quien piense distinto a ellos, pero ha denunciado que no pueden continuar bajo el rodillo nacionalista.

Lo que dice la Generalidad
Las últimas declaraciones desde la Generalidad de Cataluña sobre lo que está ocurriendo y la situación de esta familia las hizo este martes la portavoz, Patricia Plaja, que hizo una tibia condena del acoso en redes a la familia: el Gobierno, dijo, siempre es contrario a "cualquier manifestación violenta, sea verbal o física, siempre va a condenar y criticar cualquier actitud violenta".

Sin embargo, volvió a ponerse en contra de quienes piden que se acate la sentencia y al lado de los padres que quieren una educación sólo en catalán. En su opinión, es una "vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias" que se obligue a cambiar la lengua de enseñanza.

La familia de Canet linchada por pedir clases en castellano pide protección al juez para su hijo
Casado exige a Sánchez que se respeten las sentencias que obligan a enseñar en español
El Gobierno abandona a la familia de Canet de Mar linchada por pedir clases en español para su hijo
Juanan Jiménez. okdiario 9 Diciembre 2021

La familia de Canet de Mar (Barcelona) que está siendo linchada por el independentismo catalán por pedir clases en castellano para su hijo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) protección para para preservar la «intimidad y seguridad » de su hijo y del resto del núcleo familia.

Canet de Mar se ha convertido, una vez más, en epicentro del más violento independentismo catalán. Una familia que pidió que el colegio al que acude su hijo impartiera el 25% de las clases en castellano, petición refrendada por la Justicia, está sufriendo una campaña de hostigamiento en la que ya se han producido «graves amenazas» y peticiones por parte de los más violentos independentistas que se marchen de Cataluña.

Ni el Gobierno de Pedro Sánchez y mucho menos la Generalitat han amparado a esta familia. En Canet hay una verdadera persecución contra estos padres que simplemente quieren escolarizar a su hijo de 5 años en castellano.

Por eso, la familia ha pedido amparo al TSJC para que se ponga fin al señalamiento hacia ellos y su niño. Solicitan al Tribunal que se adopten medidas especiales para garantizar la «seguridad» de toda la familia por la persecución de la que están siendo objeto en Canet de Mar.

Especificamente, la familia de Canet de Mar solicita que se preste especial atención a los grupos de WhatsApp que han creado padres del mismo colegio al que va su hijo donde se están produciendo «graves amenazas». En ese grupo se habría pedido, según han denunciado ante el juez, que se identifique al niño y que sea expulsado del centro.

Sánchez abandona a la familia de Canet de Mar
El Gobierno ha optado por mantener un perfil bajo frente al señalamiento que vive una familia de Canet de Mar (Barcelona) por parte del independentismo tras lograr que la Justicia reconociera el derecho de su hijo, de cinco años, a recibir un 25% de las clases en español. Desde el Ejecutivo no se ha mantenido contacto alguno con la familia pese a que, desde hace días, es público el linchamiento lanzado a través de las redes sociales. Entre los mensajes se pide incluso «apedrear la casa» del menor y hacer que la familia «se vaya fuera de Cataluña». Las entidades Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Hablamos Español han presentado ante la Fiscalía denuncias un posible delito de incitación al odio.

La Generalitat, contra la familia
La Generalitat ya dijo que no acataría la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que los alumnos reciban el 25% de las clases en castellano. El Govern separatista ya tiene el primer ejemplo de incumplimiento con un chaval de Canet de Mar (Barcelona) que pide clases en castellano. Los de Aragonés aseguran que esta petición es una «vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias».

Así se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo sobre el fallo de la Justicia catalana, que, según dijo, se dirige al centro y no a la Generalitat, lo que, bajo su punto de vista, impide la mediación.

En este contexto, reafirmó la idea de que se trata de una «vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias» que se obligue a cambiar la lengua, lo que la portavoz del Ejecutivo catalán calificó de sorprendente.

La presión de PP, Cs y Vox obliga al Gobierno a investigar el acoso a las familias que exigen clases en castellano
Interior y Justicia reaccionan ante el acoso que sufren las familias que demandan el derecho a que un 25% de la enseñanza se realice en la lengua castellana
Fernando Asunción. vozpopuli.es 9 Diciembre 2021

Interior y Justicia reaccionan ante el acoso que sufren en Cataluña las familias que demandan el derecho a que un 25% de la enseñanza se realice en la lengua castellana. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado este jueves que se investigará el acoso que ha denunciado la familia de un niño en Canet de Mar (Barcelona), señalada por otros padres de alumnos del colegio donde estudia su hijo tras conseguir que el menor reciba un 25% de los cursos lectivos en castellano. Marlaska se suma así a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que hoy ha anunciado que estudiará el expediente del caso de esta familia y ha trasladado “todo su apoyo” a los afectados.

Los anuncios de Marlaska y Llop llegan después de que el PP, Ciudadanos y Vox hayan acusado al Gobierno de lavarse las manos ante "el atropello" que sufre el castellano en Cataluña y el acoso que padecen las familias que luchan para que parte de la enseñanza sea en castellano. A estas acusaciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez se suma la denuncia presentada por la asociación Hablamos español ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra los autores de diversos mensajes de odio en Twitter dirigidos a la familia de Canet de Mar.

Ciudadanos incluso ha acudido este jueves al Defensor del Pueblo para presentar una queja "por la vulneración sistemática" de los derechos de los catalanes, ha señalado el portavoz del grupo naranja en el Parlament, Nacho Martín Blanco, quien ha denunciado la campaña que, según él, ha montado el nacionalismo contra aquellas familias "que se atreven a exigir el cumplimiento de ese 25%".

Ante la denuncia de la familia del menor de Canet de Mar, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha preguntado dónde está el Gobierno y si "va a seguir permitiendo este odio". Además, en un mensaje a través de Twitter, ha anunciado que los 'populares' exigirán al Ejecutivo acciones en la próxima sesión de control al Gobierno. Mientras, desde el Senado, el portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, ha hecho una "condena doble", al estar siempre en contra de "cualquier agresión" y tratarse éste de un "caso grave" que revela que "para algunos catalanes independentistas la lengua se ha convertido en una herramienta de ataque personal de la forma más cruel contra un niño".

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que el acoso a este menor es un "síntoma de lo enfermo que está este Gobierno que no es capaz de defender a un niño y a un niño ademas a cuyos padres han dado la razón". Sostiene además que este caso da la medida de "lo mal que está España cuando en una parte de España no se puede enseñar a los niños en español ni siquiera el 25% del horario lectivo".
Llop: "No tenemos conocimiento exacto de lo ocurrido"

A su llegada al Senado, la ministra de Justicia ha anunciado que estudiará el expediente de la familia de Canet de Mar tras ser preguntada por la campaña de acoso contra dicha familia en las redes sociales. El hecho de que un juez haya reconocido el derecho a un 25% de enseñanza en castellano en la escuela implica que el colegio deberá impartir un 50% más de clases en castellano, como ha advertido la propia escuela a los demás padres, lo que ha desatado una campaña de protesta y acoso en Twitter.

Entre los mensajes publicados destaca, según los denunciantes, "uno de la cuenta de Twitter de un varón, al parecer, exprofesor del Grado de Turismo de la UAB: 'Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian'". Preguntada al respecto, la ministra de Justicia ha asegurado no tener aún “conocimiento exacto” de lo ocurrido y ha pedido tiempo para leer los expedientes antes de pronunciarse. No obstante, ha mostrado “todo nuestro apoyo para la familia” del niño.

Marlaska, por su parte, ha asegurado que toda amenaza a la convivencia en Cataluña será investigada y ha pedido confianza en las fuerzas de seguridad y el poder judicial. "Las cuestiones son claras: toda posible amenaza en acontecimientos graves para la convivencia, más cuando estamos hablando en esos términos, será investigada en su caso, y tengamos confianza en la investigación tanto de las fuerzas de seguridad como del poder judicial", indicó el ministro a su llegada a un Consejo de titulares europeos de Interior. "Lo importante es garantizar la convivencia en términos de seguridad para el conjunto de ciudadanos", añadió.

Ola de solidaridad con el niño que ha pedido más clases en castellano
Numerosas muestras de apoyo a la familia del alumno catalán que ha pedido aumentar las horas lectivas en español
Javier Gallego. Barcelona. larazon 9 Diciembre 2021

El caso del niño de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) que está sufriendo un linchamiento por haber pedido más clases en castellano parece haber marcado un punto de inflexión en el constitucionalismo. El independentismo ha iniciado una dura campaña, promoviendo incluso acciones violentas, contra un alumno de P5 que pidió que en su aula se impartiese un 50% de las horas lectivas en español (aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado, de momento, que sea el 25%), que ha levantado una ola de solidaridad en el constitucionalismo que da claras señales de estar movilizado en esta batalla por la lengua. Bajo el hashtag “YoApoyoALaFamilia”, las redes sociales se han inundado de comentarios en apoyo al niño: tanto es así que se ha convertido en Trending topic.

Y es que no es para menos. Este caso ha revelado con meridiana claridad por qué las familias van con el freno echado a la hora de reclamar más horas de castellano para sus hijos en la escuela catalana, donde rige el sistema de inmersión lingüística (es decir, el catalán es la lengua vehicular y el castellano solo se estudia en la asignatura de Lengua). Plantear un recurso ante los tribunales para que se impartan más horas en castellano puede suponer toda una ofensiva de señalamiento y acoso del independentismo, muy movilizado y bien organizado para defender los temas lingüísticos, como ha ocurrido con el niño de Canet de Mar.

En este caso, un grupo de padres de la misma escuela (Turó del Drac) se han organizado a través de las redes sociales para estudiar medidas para evitar que se aplique el 25% de castellano. De hecho, algunos de estos padres no descartan no llevar a sus hijos a la escuela durante el rato las clases se impartan en español. De entrada, han anunciado ya una recogida de firmas. Y no les faltan respaldo, como se ha podido ver en las redes sociales. Por ejemplo, el mosso y activista independentista Albert Donaire, publicó un tuit con el mensaje: “Este niño se tiene que encontrar absolutamente solo en clase. En las horas que se hacen en castellano, los otros niños deberían salir de la clase. Reaccionemos o nos matan la lengua”.

También se ha alentado la violencia contra la familia del niño. “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”, apunta en el tuit Jaume Fàbrega, un bloguero vinculado al medio digital “Vilaweb” y exprofesor de la UAB que impartía a asignatura de Gastronomía y Enología del grado de Turismo y que ya tuvo que dimitir del puesto en 2018 por mensajes xenófobos contra Ciudadanos y Tabarnia, que divulgó en Twitter. Es decir, es reincidente.

Todas estas amenazas han conducido a entidades, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Hablamos Español, o partidos, como Vox, a tomar acciones judiciales. Y, en este sentido, nada de todo ello ha movido al Govern a condenarlo (se ha limitado a decir que estarán frente a cualquier acción violenta) y han alimentado el rechazo al niño al acusarlo de imponer una lengua al resto de alumnos. A esto hay que añadir que el conseller de Educación, Josep González-Cambray, tiene previsto hacer una visita a la escuela de Canet de Mar.

Entre los comentarios solidarios con la familia aparecen desde conocidos defensores del castellano en la escuela pública catalana a líderes políticos.

El análisis: el castellano, un derecho que deriva de la Constitución
Preguntas y respuestas para desgranar la importancia del fallo de la justicia a favor del 25% de español en todo el sistema educativo de Cataluña
Cristina Rubio. larazon 9 Diciembre 2021

¿Cuál es el argumento que esgrime el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia del 25% de diciembre de 2020 avalada ahora por el Supremo?
El TSJC argumenta que de la documentación aportada –por el propio departamento de Educación de la Generalitat– se desprende que el «uso vehicular de la lengua castellana en el sistema educativo de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de los centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente», en alusión al Estatuto catalán, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional.

¿Por qué crea jurisprudencia? ¿Marca un antes y un después?
La resolución de hace un año fija un porcentaje obligatorio de castellano, el famoso 25%, en todo el sistema educativo catalán –aquí está la gran diferencia, puesto que los fallos anteriores hacían referencia a casos individualizados, concretos– para garantizar su aprendizaje en las aulas. Y lo hace tras analizar el citado Estatuto, las diferentes leyes educativas y varias sentencias del Constitucional, en contra del sistema de inmersión que se empezó a aplicar en1983.

¿Y qué alega la Generalitat y el conjunto del independentismo como argumento para insistir en el desacato?
La estrategia del Govern pasa por escudarse en la actual ley de educación, la LOMLOE, conocida popularmente como la «ley Celaá», –en 2015, cuando se interpuso el recurso de la Abogacía del Estado con el Gobierno del PP estaba vigente la Ley Wert– para seguir adelante con el modelo de inmersión y no aplicar la sentencia a favor de incrementar en un 25% la presencia del castellano en las aulas.

¿Qué cambios logró imponer ERC en la negociación de la «Ley Celaá»?
Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) salió adelante después de que el Gobierno cediera con un asunto capital como es el de la lengua. La norma aprobada en diciembre de 2020 dejaba de considerar el castellano como la lengua vehicular en las comunidades en las que hay otra lengua cooficial. Eso sí, conserva un importante punto y al dejar claro que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

¿Qué otros precedentes de sentencias a favor del bilingüismo ratifican que el castellano es un derecho protegido en la Constitución?
Hay dos ejemplos recientes emitidos por el mismo TSJC en marzo de este año que anulan los proyectos lingüísticos de un par de escuelas públicas, una de ellas en Barcelona. Las sentencias hacen referencia a la influencia de la normativa vigente, la LOMLOE, y dejan claro que la «obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución, de ahí que la modificación operada [por la ley educativa] no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular».

¿Qué ocurrirá ahora?
El TSJC debe emitir una providencia y pedir a la Generalitat la ejecución del 25% de castellano. Las entidades y familias ya han anunciado que reclamarán su ejecución forzosa.

Cambray arrincona a la familia de Canet acosada por exigir un 50% de castellano en la escuela
El ‘conseller’ de Educación solo califica de “ataque” la decisión de la justicia, y muestra su apoyo a quienes defienden el modelo de inmersión actual
Gerard Mateo. cronicaglobal 9 Diciembre 2021

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, se posiciona del lado de las familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar que defienden el actual modelo de inmersión lingüística 100% en catalán. Dicho de otro modo, el consejero también arrincona al niño de 4 años cuyos padres han exigido que el 50% de las clases del centro se impartan en castellano, lengua cooficial en Cataluña, en defensa de sus derechos.

Cambray, que desde el primer momento se ha mostrado en contra de la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en Cataluña en español –incluso ha amenazado con desobedecerla—, ha calificado de “nuevo ataque intolerable” la decisión judicial que pone punto final a la inmersión. Lo ha dicho tras reunirse con la dirección de este centro, que desde este jueves debe dar el 25% de las asignaturas en castellano en la clase de ese niño, tal y como ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Enfrentamiento entre los padres
El consejero, que se ha negado a responder en castellano, ha defendido que “no hay ningún problema por la lengua” en las escuelas, unos espacios que entiende deben “educar a niños y jóvenes con espíritu crítico”, por lo que considera una “amenaza a la convivencia” el enfrentamiento por la cuestión de la inmersión obligatoria y monolingüe. En esta línea, lamenta que la sentencia del TSJC se dirija a la dirección del Turó del Drac, hecho que “impide dar respuesta a la conselleria”.

Es por ello que se ha reunido con la dirección, con las familias que se oponen y con representantes municipales para “poner en común la situación” y mostrarles su apoyo. Desde este jueves, un grupo de P5 tendrá que impartir en castellano las clases de visual y plástica, psicomotricidad y racons tres tardes a la semana. En paralelo, un grupo de padres ya se ha organizado para mostrar su rechazo a esta situación y defender el modelo de escuela catalana.

'Alerta roja' en el Govern al detectar que los alumnos hablan más castellano que catalán
Desde que el TS avalase que el Gobierno de Cataluña está obligado a garantizar un 25% de clases en castellano, diversas instituciones se han puesto manos a la obra para denunciar el retroceso del catalán y buscar la formar de sortear la cuota
Marina Alías. vozpopuli.es 9 Diciembre 2021

Los adolescentes catalanes cada vez hablan menos catalán. Así lo determina un estudio publicado repentinamente por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo. El informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, llega justo unos días después de que el Tribunal Supremo avalase que el Gobierno de Cataluña está obligado a garantizar un 25% de clases en castellano en todas las escuelas e institutos públicos de la comunidad. Las autoridades catalanas dicen mostrarse muy preocupadas ante tales datos y no cejan en su empeño de sortear dicha cuota y continuar priorizando el uso del catalán en las aulas.

La maquinaria institucional ya está en marcha. En cuestión de días, diversos organismos como el citado consejo ya se han puesto manos a la obra para luchar contra el temido retroceso que padece el catalán. Su nuevo estudio tiene como base una encuesta a 3.205 alumnos de 4º de la ESO de 55 centros educativos. Y concluye que los adolescentes tienen un dominio del castellano ligeramente superior al del catalán, ya que la puntuación media en la lengua catalana fue de 76,5 y en la castellana, de 78.

Un 35% de los estudiantes encuestados expresa su deseo de que el catalán se hable más y un 16% del total quiere que se hable menos. Entre el primer grupo, el 22,6% cree que aumentará su uso y el 47,7% opina lo contrario. De los que quieren que se hable menos, un 54,3% cree que su deseo se cumplirá y un 34,2% considera que se hablará igual que ahora. También pierde peso el catalán como lengua con la que se sienten identificados los jóvenes, ya que en el 2006 la sentían como suya el 36,5% y ahora, 15 años más tarde, el porcentaje se reduce al 27%.

Consumo audiovisual en castellano
Una de las razones de ese retroceso con respecto a años anteriores -concluye el análisis- es la falta de oferta audiovisual y de contenidos en catalán en las plataformas y redes sociales: "Esto explicaría que los adolescentes perciban el catalán como una lengua no necesaria o poco útil en el ámbito no escolar o social".

Sólo el 20% de los estudiantes consumiría productos audiovisuales en catalán. El consumo y la interacción se realizan mayoritariamente en castellano y crece el uso de otras lenguas. El castellano también es la lengua más usada en la actividad deportiva, que practica el 61,2% del alumnado. El catalán, en cambio, es levemente mayoritario en clases de música, danza y teatro.

El estudio recoge también que el uso que hace el profesorado del catalán en el contexto escolar es del 71,1%; que el de los estudiantes es del 60,8%; que el 35% del alumnado habla en catalán con sus compañeros fuera de clase y que el 57% no lo hace nunca o casi nunca.

Por su parte, el Síndic, el Defensor del Pueblo en Cataluña, ha elaborado otra encuesta dirigida a los alumnos de quinto de Primaria y tercero de la ESO para conocer en qué idioma hablan durante las clases de cada asignatura. Así lo denunció la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ante la Alta Inspección. Además, la entidad asegura que los centros han sido advertidos de que no es necesaria la autorización por parte de las familias de los menores.

El Consejo Escolar de Cataluña también ha tomado cartas en el asunto. Jesús Viñas, presidente de la entidad, adelantó que un grupo de trabajo estaba debatiendo "todo el marco normativo pero en este momento no hay una propuesta cerrada" con vistas a reformar la Ley de Educación Catalana (LEC).

Requisitos para ejercer la docencia
Dicha propuesta, según sus previsiones, se publicará en enero, y también comprendería una revisión al alza de los requisitos de catalán para ejercer la docencia que están estudiando. Hay titulaciones que -en su opinión- no acaban de asegurar la suficiente competencia lingüística de los futuros profesores y maestros.

Para abordar esta temática, el Consejo Escolar también organizó una jornadas en una biblioteca de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde arrancó la primera experiencia de inmersión lingüística. El catedrático jubilado de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Carlos Moreno Cabrera fue uno de los ponentes y afirmó que el fallo del TS "se basa en el supremacismo lingüístico españolista". A su juicio, la fijación de un porcentaje de educación en castellano es "la imposición de una minoría" y confío en que se pueda llevar a cabo la república catalana.

Trabalenguas
Josep Burgaya. cronicaglobal 9 Diciembre 2021

En Cataluña, a nivel ciudadano, no existen problemas con la lengua. El catalán y el castellano coexisten con absoluta normalidad y buenas dosis de armonía. Sin embargo, de vez en cuando, los intentos polarizadores de una cierta manera de entender la política pretende utilizar la lengua como campo de batalla, intentando generar confrontación y conflicto perfilando campos opuestos. Con la Transición política de finales de los setenta, en Cataluña predominó el sentido de la responsabilidad con el tema del idioma y se optó de forma muy mayoritaria por asegurar que toda la ciudadanía dispusiera de competencias plenas de dominio tanto del catalán como del castellano. Una sociedad diversa y compleja en la composición cultural y lingüística --también en la pulsión identitaria--, optaba por ser una y dotarse de mecanismos de cohesión e integración. Catalunya, un sol poble fue un eslogan que representaba esta voluntad de no segregar y establecer sentidos de pertenencia plurales y compartidos.

El franquismo había perseguido, menospreciado y subordinado a la lengua y la cultura catalana. Se tenía no sólo de superar esa triste fase, sino establecer políticas compensatorias del debilitamiento que el catalán había sufrido. Se requería una normalización y un apoyo por parte de las instituciones educativas y gubernamentales en el nuevo país que se iba estructurando. Y esto se hizo con plena conciencia y apoyo de casi todos. Los castellanohablantes de una forma muy explícita y significativa. Justamente, es de destacar que los más reacios a la mecánica de inmersión lingüística fundamentada en un sistema educativo único que garantizara el dominio de ambos idiomas, era el nacionalismo pujolista, el cual era partidario de una doble línea educativa en función de la lengua materna. Un planteamiento que, de haber salido adelante, habría segregado la sociedad no sólo por orígenes culturales, sino también de procedencia social, por clases. Afortunadamente, se impuso la Cataluña políticamente progresista en esta cuestión tan basal, que entonces era mayoritaria y que representaban sobre todo CCOO, PSUC y PSC.

El sistema de inmersión se ha mantenido en lo fundamental durante cuarenta años. Que globalmente haya sido un instrumento de éxito en la recuperación del conocimiento del catalán no quita disfunciones, anquilosamientos y los cambios de la realidad producidos durante un período tan largo. Habría que poder hablar de ello y no debería resultar un tema tabú. Si estamos de acuerdo en que el objetivo es el dominio de las dos lenguas cooficiales y que la inmersión es sólo el método que debe hacerlo posible, ajustar las herramientas a las mutaciones que se han producido no debería ser sólo posible, sino obligado. La última sentencia del Supremo exigiendo un suelo mínimo de formación en castellano, no cuestiona el hecho fundamental de que es necesaria la sobreponderación de una lengua con mayor riesgo y menor potencial detrás como es el catalán. Que intervengan los tribunales en este tema es poco recomendable, pero quizás también sea evidencia de la incapacidad de la política para construir acuerdos sólidos, honestos y sin sospechas de intenciones ocultas en pro de una aspiración monolingüe. Exabruptos de algún dirigente político sobre que "el castellano ya se aprende en la calle" sobran. La sintaxis se adquiere en las aulas. En el tema idiomático, necesitamos más reflexiones y aportaciones de lingüistas y sociolingüistas, que no de políticos especialmente cuando su especialidad es la de prender fuegos y provocar confrontaciones. Es un debate en el que no todo el mundo es honesto. Tanto en la defensa del sistema de inmersión como en su negación hay mucha pretensión no verbalizada de negar una de las dos lenguas y llevar al país hacia la utopía de una sola lengua.

Los datos actuales nos dicen que las competencias adquiridas en el dominio del catalán y el castellano son bastante satisfactorias. Casi todo el mundo dispone de un conocimiento aceptable de ambos idiomas, que es lo que se puede pedir y exigir al sistema educativo. Es una evidencia y resulta preocupante, sin embargo, el retroceso del uso social del catalán. La culpa de esto no es del castellano y la respuesta adecuada no es pretender marginar éste del sistema educativo. La ignorancia nunca resulta una solución para nada. Hay dinámicas globales que tienden a concentrar a la ciudadanía en torno a unas pocas grandes lenguas francas. Tiene que ver con la conformación de grandes culturas de masas de carácter universal. Se pueden y se deben tomar medidas atemperadoras, de protección, como establecer cuotas lingüísticas en las grandes plataformas de entretenimiento sabedores, sin embargo, que ésta es una batalla perdida, o casi. Lo que sí se podría hacer, mientras tanto, es no vincular al catalán a opciones políticamente partidistas, hecho que lo perjudica. Beneficiaría mucho su consideración y prestigio y evitaríamos que, para algunos colectivos, pueda acabar resultando antipático. No porque lo sea la lengua, sino porque se comportan como tales muchos de los que se llaman defensores. Las lenguas requieren de practicantes, pero les hacen un flaco favor los inquisidores.

Totalmente anticonstitucional e inhumano
Nota del Editor 9 Diciembre 2021

Obligar a cualquier español a que estudie en o una lengua regional es una clara conculcación de los derechos humanos y constitucionales.



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