AGLI Recortes de Prensa   Viernes 10  Diciembre  2021

Miserable linchamiento de un niño ante la miserable indiferencia del Gobierno
OKDIARIO. okdiario 10 Diciembre 2021

Si un homosexual denuncia una agresión homófoba en Malasaña, el Gobierno socialcomunista activa todas los resortes y convoca de urgencia la Comisión de Delitos de Odio, mientras acusa a la derecha de sembrar la semilla de la intolerancia, sin esperar a que la Policía confirme la veracidad de los hechos. Pero si una familia de Canet del Mar (Barcelona) recurre a la Justicia y denuncia el linchamiento del que está siendo objeto y el acoso que sufre su hijo por pretender acogerse a su derecho de recibir educación en castellano, el Gobierno de Pedro Sánchez guarda un vergonzoso silencio. Esta es la España actual: el Gobierno reacciona de inmediato ante la agresión a un homosexual, sin importarle si es verdad o mentira -se demostró que la denuncia era falsa-, pero la denuncia cierta de una familia en Cataluña acosada por profesionales del odio, independentistas sin alma capaces de desear la muerte del pequeño, no parece conmover a un Ejecutivo que se ha puesto de canto, permitiendo que se siga vomitando inquina contra unos padres y un hijo que sólo reclaman que se haga justicia.

El Ejecutivo de Sánchez, escandalizado ante la denuncia de un homosexual en Malasaña, anunció que utilizaría «todas las herramientas del Estado de Derecho» para «combatir los discursos y actitudes» que promoviesen el odio y montó una campaña contra otros partidos -especialmente Vox- acusándoles de promover, con sus mensajes, semejantes agresiones. Todo era mentira, pero a Sánchez le dio igual; ahora, todo es verdad, pero a Pedro Sánchez el sufrimiento de esa familia de Barcelona le provoca indiferencia, porque quienes incitan los discursos y actitudes de odio son sus socios separatistas catalanes, golpistas desprovistos de la mínima empatía para ponerse en el pellejo de las víctimas.

Este el Gobierno que tenemos, hipócritas que instrumentalizan el odio según les conviene en una actitud que destila tanta miseria moral que provoca náuseas.

Vergüenza en Canet: ¿El Gobierno no es capaz de amparar ni a un niño?
Mientras el separatismo amedrenta a una familia para que el resto no siga sus pasos, Moncloa mira para otro lado y acepta una vez más la extorsión del nacionalismo.
ESdiario Editorial 10 Diciembre 2021

El Gobierno de España se ha limitado a anunciar una rutinaria investigación de los Cuerpos de Seguridad y del Poder Judicial sobre el vergonzoso caso de acoso a un niño de 5 años en Canet de Mar cuyos padres, con la ley de su parte, han pedido que reciba el 25% de su educación en español.

El ministro Marlaska presenta como aportación propia lo que, en realidad, es una respuesta ordinaria del Estado de Derecho que se pone en marcha al haber una denuncia, como es el caso: no se va a investigar porque lo anuncie el Ministerio del Interior, sino por la naturaleza de los hechos y la denuncia de los afectados.

Lo que no ha hecho el Gobierno es condenar el acoso a un niño ni, tampoco, anunciar medidas concretas para ampararlo y, de paso, imponer el cumplimiento de la ley para que cualquier otro menor de edad tenga garantizada la enseñanza en español en el porcentaje avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal Supremo.

Si el caso del menor de Canet ya es suficiente para una intervención rotunda del Gobierno, también lo es el problema que hay debajo: la utilización del catalán como herramienta política contra España y para generar una identidad infantil desde el agravio y la confrontación con el resto del país.

El Gobierno ha de adoptar medidas políticas claras que, con la ley en la mano, restituya el orden educativo y garantice los derechos de los alumnos y también los intereses del conjunto de España

El propio consejero de Educación de Cataluña, Josep González, dio ayer una demostración de esa “hispanofobia” al presentarse en el colegio para minusvalorar el acoso al niño; animar a manifestarse en favor de la inmersión lingüística; despreciar las resoluciones judiciales en defensa de la enseñanza en las dos lenguas y negarse incluso a hablar en español.

Ante esto, el Gobierno ha de adoptar medidas políticas claras que, con la ley en la mano, restituya el orden educativo y garantice los derechos de los alumnos y también los intereses del conjunto de España. Pero lejos de eso, su única decisión conocida ha ido en el sentido opuesto: excluyó el español como lengua vehicular de la educación catalana hace ya meses.

El aviso de ERC
La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez quedó en evidencia en el Senado: ERC paralizó la aprobación de los Presupuestos presentando enmiendas para presionar al Gobierno y recordarle de quién depende.

En pleno conflicto en Canet, ERC quiere garantizar la hegemonía del catalán en una Ley Audiovisual con la que quieren obligar a todas las plataformas, incluso privadas, a doblar sus emisiones. Las enmiendas son una excusa para doblegar al Gobierno: cuando más necesario es que defienda al español, más le van a obligar a que proteja y promocione al catalán.

Los enemigos del Estado son insaciables
Editorial. larazon 10 Diciembre 2021

España vive inmersa en una paradoja política insólita en las democracias homologables. El escenario en el que nos desenvolvemos con una naturalidad que produce estupor es el de que los principales enemigos del Estado, aquellos que tienen grabado en el frontispicio de sus principios la demolición de la nación, son los socios preferentes y más influyentes del Gobierno, con especial ascendencia y entendimiento con la parte comunista del gabinete. Esta anomalía institucional, política, y podríamos aventurar que incluso sociológica, carece de precedentes con la intensidad y determinación en las aspiraciones de sus protagonistas. Lo han dicho por activa y por pasiva. El bienestar y la prosperidad del país no conduce sus actuaciones. Ni los ocupa ni los preocupa. La destrucción del que denominan régimen del 78, en lo que supone una reformulación y actualización de sus ambiciones históricas, es la meta final, que es en definitiva el fin de la democracia española y del sujeto y el objeto históricos que la fundamentan y dan sentido.

Tras el fracaso del golpe contra el orden constitucional en Cataluña, la estrategia es perseverar en la política que tan buenos frutos ha rendido hasta la fecha, la desactivación del Estado en beneficio de la desvertebración del poder, o sea de los soberanistas, de ellos. Su privilegiada condición de socio predilecto e imprescindible en la perdurabilidad de Pedro Sánchez y el relativismo que destila el inquilino de La Moncloa han dispuesto un marco diabólico pero ideal para jibarizar España y acelerar la involución centrifugadora. Cada voto secesionista en el Congreso, con el que el Gobierno prolonga su mandato, está dirigido a minar la robustez del país. Además de la factura económica, existe la política y la institucional en ese repliegue intensivo de la democracia en favor de sus adversarios. Ahora, PNV y ERC pretenden arrancar del Ejecutivo una reforma del Tribunal Constitucional para que no dirima sobre los conflictos de competencias entre las autoridades estatales y las comunidades autónomas. El plan no es ya solo neutralizar el órgano supremo de garantías que se ha erigido como un dique a los embates nacionalistas durante años, sino ganar ascendencia en los pleitos y litigios venideros con fórmulas de arbitraje más propicias a la componenda. Las capacidades del TC deberían estar lo suficientemente blindadas en el ordenamiento como para presagiar que la nueva intentona carecería de posibilidades de prosperar, pero la coalición gobernante ha demostrado que es capaz de todo y que, en efecto, el fin justifica los medios. Los ataques al Constitucional y la cruzada para deslegitimar su labor han sido una constante desde la órbita gubernamental y sus socios y todo es posible. Con cada paso al frente de los enemigos de la España constitucional, la democracia mengua y los ciudadanos ven palidecer sus derechos en favor del poder. La oposición debería darse por enterada y moverse.

El dr cum fraude
Nota del Editor 10 Diciembre 2021

Los enemigos de España con el dr cum fraude a la cabeza son imparables. Si todavía queda algún español de bien que no apoye a Vox, que apague la luz al salir.

El Gobierno pretende imponer la dictadura sindical
OKDIARIO. 10 Diciembre 2021

La reforma laboral del Gobierno socialcomunista pretende imponer la dictadura sindical, por la vía de convertir a los sindicatos más representativos en figura obligatoria de cualquier comisión negociadora, aunque UGT y Comisiones Obreras no tengan representación en las empresas. Actualmente, ese papel lo desempeñan tres personas trabajadoras de la compañía elegidas democráticamente, pero Yolanda Díaz pretende introducir un cambio sustancial que constituye un auténtico escándalo. Tal como está redactada la propuesta del Ejecutivo, UGT y Comisiones Obreras formarán parte obligatoriamente de todas las comisiones negociadoras en aquellas empresas que no cuenten con representantes legales de los trabajadores, puesto que se afirma taxativamente lo siguiente: «En los centros en los que no exista representación unitaria se creará una comisión sindical integrada por los sindicatos más representativos (UGT y Comisiones) y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación». Dicho de otro modo, que el Gobierno se inventa una legitimación sindical fantasma para otorgar a UGT y Comisiones Obreras un papel preferente, aunque carezcan de representación sindical.

La pregunta es obvia: ¿Con qué criterio el Ejecutivo decide que los sindicatos de izquierdas se arroguen una condición de representación que no les corresponde? Lo que pretende el Gobierno es un atentado en toda regla contra la libertad sindical, un derecho fundamental de los trabajadores para defender sus intereses comunes. Los pilares de este derecho se fundamentan, entre otros, en la representación, que no puede ser impuesta por el Gobierno en tanto que la misma es reflejo de la decisión de los trabajadores. Lo que pretende Pedro Sánchez es intervenir las empresas por la vía de otorgar a sus sindicatos afines una representación «fake», lo que revela una pulsión totalitaria ante la que la CEOE no puede, bajo, ningún concepto, pasar por el aro. Porque eso sería tanto como permitir que los submarinos sindicales del socialcomunismo se colaran en los negocios de miles de españoles.

¿Y por qué las calumnias de Iglesias le salen gratis?
OKDIARIO. 10 Diciembre 2021

Resulta sencillamente surrealista que la Fiscalía del Gobierno, cuya máxima dirigente es la fiscal general del Estado y ex ministra socialista de Justicia Dolores Delgado, haya pedido 14.000 euros de multa al coronel retirado Diego Camacho por un artículo publicado sobre Pablo Iglesias, siendo este vicepresidente segundo del Gobierno. En dicho artículo, publicado en «El Correo de España», el militar cita a un periodista colombiano que en una entrevista se refirió a «las andanzas de Iglesias, Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero» con Venezuela y Hezbollah. El coronel jubilado se hacía eco de las afirmaciones de este periodista que aseguró que «Hugo Chávez logró financiar el proyecto de implantar el comunismo en la UE, partiendo de España». El militar se limitaba a pedir al Gobierno que investigara dichas denuncias, algo absolutamente normal. Decía el coronel que «el Ejecutivo tiene el deber inexcusable de comprobar todo el material informativo que han proporcionado los medios de comunicación implicando a tres personas, uno de ellos vicepresidente del Gobierno (Iglesias). Las vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo y los intereses marroquíes de un miembro del Consejo de Ministros, afectan gravemente la seguridad nacional, e inciden negativamente en la eficacia e imagen del ministerio de Defensa y del CNI, instituciones encargadas de protegerla».

No se sabe que extraño concepto de la libertad de expresión tiene la Fiscalía del Gobierno -bueno, sí sabe, el de la ley del embudo- para pedir 20 meses de multa para el coronel retirado por presuntos delitos de injurias y calumnias. Porque si lo que ha hecho el militar es injuriar y calumniar (que no es el caso), habría que preguntarle a la Fiscalía que es lo que ha hecho durante años el que fuera secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, que ha hecho de la injuria, la infamia y la calumnia su forma de vida. La Fiscalía del Gobierno tiene la piel muy fina para salir en defensa de los suyos y la cara muy dura cuando se pone de canto ante la catarata de insultos de Iglesias y demás peña populista. Cuando ellos ladran, Dolores Delgado calla y mira para otro lado. Y si uno se defiende, estacazo.

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Los votantes del PP ya saben la verdad

EDITORIAL. LGI. https://gaceta.es 10 Diciembre 2021

Los votantes del Partido Popular recibieron ayer una noticia inesperada: el todavía líder del PP, Pablo Casado, contó la verdad sobre sus intenciones poselectorales y aseguró en voz alta que ofrecerá una gran coalición de Gobierno al PSOE. O, como segunda opción, una rendición unilateral, incondicional y sin ningún tipo de contraprestación de los votos de VOX, que deberá hacer presidente del Gobierno a Casado poco menos que por su cara bonita.

Si aceptáramos ‘gran coalición’ con el socialismo como un bien para España, que no lo hacemos porque para aceptarlo habría que beberse de tres a cuatro barricas de jumilla, el asunto nuclear sería saber qué proyecto tiene Casado en la cabeza para que le da igual usar a sus votantes para asociarse con el socialismo sanchista, ese campeón de la pandemia y aliado de comunistas y proetarras, que con VOX, el único partido que desde la tribuna del Congreso, desde la calle y desde los tribunales se ha opuesto al desastre socialista y a sus agendas globalistas, aquí y en toda la Iberosfera.

Conocemos bien a la militancia popular, como conocemos los afectos e inclinaciones de millones de españoles que todavía votan al PP, y nos solidarizamos con su estupefacción en este momento crucial en el que Casado ha decidido, por fin, que el Partido Popular ya no les va a mentir más. Su proyecto es la supervivencia del bipartidismo al precio que sea. Es decir: la nada. Una nada europeísta, atlantista y reformista en la que, por lo que parece, no cabe España.

Hay 47,35 millones de razones para mandar al PSOE al olvidadero de la Historia. Blanquear el desastre, ofrecer una gran coalición a los campeones europeos de la crisis pandémica, a los que eligieron ideología antes que salud, a los que cada día gastan el dinero de nuestros impuestos en políticas ideológicas que provocan división —y enfrentamiento— entre españoles, a los indultadores de sediciosos no arrepentidos, a los mentirosos compulsivos de los que no recordamos una sola verdad, a los que, y esto es esencial, no han movido un dedo cuando fanáticos independentistas catalanes han llamado a apedrear la casa de un niño catalán que pidió estudiar en español, es delirante.

Con los primeros movimientos preelectorales de Juanma Moreno Bonilla en Andaucía y sus guiños al PSOE de los ERE y otros prostíbulos y con la guerra interna de egos en el PP que Casado no sabe cerrar, hasta un ratón ciego —no digamos tres— podría deducir la nueva estrategia del PP de blanqueamiento del socialismo. Y por eso lo advertimos. Es cierto que no esperábamos una confirmación tan tempranera por parte del propio Pablo Casado, pero lo esencial es que hoy, en el año de Nuestro Señor de 2021, el votante del Partido Popular conoce a lo que Casado quiere destinar su voto.

Habrá quien diga que la única conclusión sensata a la que puede llegar una persona normal es que Pablo Casado no quiere ser presidente del Gobierno. Puede ser, pero no es lo importante. Lo fundamental es que hoy, por fin, la responsabilidad absoluta es del votante del Partido Popular que ya conoce la verdad y no podrá refugiarse en excusas de realpolitik para disculpar las mentiras preelectorales de Génova.

Esperemos que esa verdad les haga libres.

Urge aplicar el 155 en Cataluña
Vicente Torres. Periodista Digital 10 Diciembre 2021

La actuación de los políticos catalanes en el caso del niño cuyos padres han exigido clases en español es repugnantemente criminal. Con estos gobernantes no hay nada que dialogar. Si desconocen la ley, que es la base de todo diálogo y carecen de humanidad, la única opción que queda es aplicarles la ley. Dejar caer sobre ellos el peso del Estado.

Hay que aplicar el artículo 155 en Cataluña (en el País Vasco bastaría con investigar los atentados que quedan por resolver para meter el miedo en el cuerpo a más de uno, y sobre todo a los de Bildu), pero no sólo por el niño de apenas cinco años con el que se quieren ensañar los catalanistas, haciendo alarde de lo son: la escoria de España, sino también por los propios niños a los que incitan a acosarlo. El envilecimiento de la infancia es el peor pecado que puede cometer un gobierno. La infancia de cualquier país es su tesoro más preciado, su porvenir. Quienes quieren a su país deben inculcar en los niños los más altos valores humanos. Pero si en lugar de enseñarles la nobleza de espíritu los envilecen, si en lugar de explicarles el espíritu de colaboración les inducen a acosar al distinto, si en vez de pregonar el amor los llenan de odio, esa sociedad está condenada al fracaso.

El acoso moral o físico es un crimen. Quienes acosan a otro son asesinos en potencia. La finalidad de todo acoso es el suicidio del acosado. Si no se produce siempre es porque influyen otros factores. Pero entre las víctimas del acoso las hay que mueren de infarto, que sufren depresiones severas, de las que nunca se recuperan por completo, o se les agravan las dolencias que padecían anteriormente.

Inducir a practicar el acoso es propio de gente abominable, asquerosa, infame. Un demócrata no puede aceptar el acoso bajo ningún concepto

Ni principios, ni encuestas ni ambición
EDITORIAL. Libertad Digital 10 Diciembre 2021

Lo primero que hay que decir de las encuestas es que, obviamente, no son una verdad escrita en mármol, pero sí son herramientas útiles para entender lo que está pasando y, sobre todo tomadas en cuenta en su conjunto y analizadas correctamente, proporcionan información muy valiosa sobre lo que percibe la opinión pública y hacia dónde se mueve una sociedad.

También es cierto que un partido no debe moverse en función de los resultados que vayan arrojando los sondeos, la política es o debe ser mucho más que eso y deben prevalecer la defensa de los principios, la libertad y el Estado de Derecho.

Nada de esto parece decisivo en el PP de Pablo Casado, donde la defensa de la libertad y de la ley queda continuamente opacada por el tacticismo del momento –cuando no sepultada por pactos infames como los que han tenido por víctimas al Tribunal Constitucional y al de Cuentas–, y tampoco parece que en Génova, 13 sean capaces de interpretar los mensajes que insistentemente les transmiten no ya las encuestas, sino los resultados electorales.

De ser así habrían entendido hace ya tiempo que la línea que han de seguir es la de Isabel Díaz Ayuso, de enfrentamiento frontal con la izquierda liberticida y acercamiento en lo que sea posible –y lo es sin duda en los asuntos esenciales– a un Vox sin cuya colaboración es prácticamente imposible que el PP gobierne en la mayoría de ayuntamientos y comunidades y acceda al Gobierno central.

En lugar de eso, los dirigentes populares andan obsesionados en marcar distancias con Vox, con Ayuso… y buena parte de su mejor pasado, pese a que el mensaje de las urnas y los sondeos siempre ha sido el opuesto: desde la moción de censura de Abascal, en la que Casado reventó las relaciones entre ambos partidos para fortalecer electoralmente a los que quería perjudicar, hasta la lamentable campaña de las elecciones catalanas que hundió al PP en el Parlament y las encuestas posteriores, pasando por el arrollador triunfo de Ayuso y cómo éste catapultó al PP a nivel nacional, para terminar en la forma patética en la que esa ventaja se ha dilapidado en una más que absurda batalla interna.

Los errores de Casado y Egea se han venido traduciendo en fracasos propios y éxitos ajenos; pero siguen negando la evidencia: cuando las encuestas les dicen que la batalla contra Ayuso no sólo es inmoral sino suicida; y cuando los sondeos dejan muy claro que compadrear con Pedro Sánchez y pelear con Santiago Abascal no hace sino beneficiar a Vox, ellos hablan de ofrecer al PSOE una gran coalición. De locos.

Es lícito que un partido actúe de espaldas a las encuestas, pero es suicida que ni atienda a los sondeos ni luche por los principios. Exactamente eso está haciendo el PP de un Pablo Casado que ya no parece tener ni lo que desde tiempo inmemorial es la principal motivación de todos los políticos del mundo: la ambición de alcanzar el poder.

El problema no es que Casado desista de su legítima ambición de gobernar; el drama es que eso sirva para que Sánchez siga haciéndolo de la mano de comunistas, separatistas y filoterroristas.

Inmersión y memoria histórica
Antonio Robles. Libertad Digital 10 Diciembre 2021

Ya es suficientemente obscena la presente xenofobia de la Generalidad contra los derechos lingüísticos de un niño de 5 años y su familia de un colegio de Canet de Mar, para que adalides del constitucionalismo pretendan limpiar de responsabilidad a PSC y PSUC en la imposición de la inmersión.

Escribía Joaquim Coll en Crónica Global con acierto: "En la inmersión, todo es mentira". En boca y pluma de un viejo militante del PSC, nacionalista y defensor de la inmersión reconvertido en constitucionalista sincero en la actualidad, subraya el abuso y le da credibilidad. Pero…

Pero nos pretende colar mediante una memoria histórica selectiva que el PSC y el PSUC jamás tuvieron nada que ver. Y lo hace con las mismas trampas que utilizó el pujolismo al principio de los ochenta, blanqueando con el señuelo de la "normalización lingüística" la limpieza lingüística y la inmersión. La historia es muy distinta a como él la maquilla.

A finales de los setenta, con los primeros traspasos de educación, el PSUC y el PSC optaron por una escuela catalana inclusiva sin separación por razón de lengua. Se rechazaba así una doble red escolar en nombre de la cohesión social. Eso implicaba que sólo podían impartirse las clases en una lengua, es decir, el catalán. Por entonces, ni el mismo Pujol defendía ese modelo porque su aspiración era aumentar las horas de catalán, que por entonces sólo eran dos. Ya en el poder, y con todos los traspasos en educación otorgados por el ministro Otero Novas sin esperarlos, se envalentona y se suma a las tesis de la izquierda. De esa confluencia nace un debate sobre el modelo escolar que nos llevará al dogma de la inmersión lingüística.

Se enfrentaron dos modelos: el de Òmnium Cultural (1961) y de la DEC (Delegació d’Ensenyament en Català), basado en el rechazo radical al bilingüismo como paso previo a la imposición del catalán como lengua única de Cataluña; y el otro, progresista, surgido del movimiento pedagógico Escola de Mestres Rosa Sensat, en 1966, e inspirado por la socialista Marta Mata, defensora del bilingüismo vivido por ella en la II República. En los cursos de L’Escola d’Estiu del verano de 1976 habían llegado a dos ideas básicas: enseñanza en lengua materna y bilingüismo escolar inclusivo que impidiese separar a los alumnos en función de la lengua.

Pues bien, el modelo de Ómnium y la DEC dirigido por el integrista Joquim Arenas convierte a la lengua en instrumento de identidad, asimilación y exclusión de la pluralidad. Este modelo finalmente acabó arrinconando al de Rosa Sensat en el primer Gobierno de Pujol, que había permitido el socialista Joan Reventós para que "el socialismo español no rompiera en dos Cataluña". La consecuencia fue la marginación del modelo bilingüista de la socialista Marta Mata y el apoyo incondicional del PSC y PSUC a la inmersión. Tanto fue así que los primeros pasos de la inmersión a principios de los ochenta fueron en colegios del cinturón industrial de Barcelona de mayoría obrera y castellanohablante donde PSUC y PSC eran mayoritarios. El colegio Lluís Millet, de Santa Coloma, fue el primero donde se impuso la inmersión, en 1980, propiciada por el castellanohablante Pedro García, primer teniente de alcalde por el PSUC. Le siguió el IES Puigcastellar hasta generalizarla. Por entonces, el alcalde era Lluís Hernández, comunista y cura progre que vendía el cuento de que sin el catalán sus hijos no tendrían trabajo el día de mañana.

Así, el PSUC y el PSC fueron los pastores de la población castellanohablante durante los primeros ochenta hasta generalizar la inmersión. En 1992, con el decreto de inmersión, los pocos centros que aún permitían estudiar en castellano fueron eliminados. Allí comenzó el movimientos de madres contra la inmersión (Cadeca) y el PSC fue su peor enemigo. Nunca, jamás, el PSC –y la izquierda en general– se opuso al apartheid lingüístico; muy al contrario, ha sido y es su adalid. Hace unos días acaba de rechazar en el Parlamento aplicar la sentencia del TS sobre el 25%.

No podremos evitar el racismo cultural que hemos sufrido, pero no consentiremos que lo nieguen.

Lapidaciones separatistas
Sergio Fidalgo. OKDIARIO 10 Diciembre 2021

Los separatistas sólo se dedican a lapidar físicamente, como ya han sufrido Vox, PP y Cs en pasadas campañas electorales, cuando los Mossos d’Esquadra miran hacia otro lado y siempre que les vaya a salir gratis. De lo contrario, sus lapidaciones son muy parecidas a la de la película La vida de Brian, esperpénticas, porque eso de jugarse el tipo no va con los independentistas del procés. Eso sí, las lapidaciones morales, las que se hacen en redes sociales o en corrillos, las que destrozan tu buen nombre y tu vida social, las bordan. La principal arma de los secesionistas contra los discrepantes es procurar la muerte civil a los que les molestan.

De ahí que no haya que tomarse a broma las amenazas en redes sociales que han recibido los padres del niño de cinco años de Canet de Mar que han conseguido que el Tribunal Supremo les reconozca el derecho a recibir un 25% de enseñanza en catalán. Un energúmeno, que presume de gastrónomo y docente, se ha apuntado a “lanzar piedras” a la casa de esta familia. No lo hará por aquello de las consecuencias penales –el heroísmo y el ‘procés’ no van de la mano- pero varios padres de compañeros de estudios de este chaval en la escuela Turó del Drac ya le están lapidando moralmente. Con el apoyo entusiasta del gobierno municipal local y de la Generalitat. La excusa, la preocupación por la enseñanza en catalán.

La familia que ha conseguido el 25% va a vivir la muerte social en directo. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ya ha dicho en rueda de prensa que no entiende cómo unos padres pueden exigir docencia en español en Cataluña, hecho que obliga a todo un centro escolar a que sus alumnos reciban una asignatura más en español. Mensajes del mismo signo han sido pronunciados por el president Pere Aragonés y por el consejero autonómico de Educación, Josep González-Cambray.

Cuando un policía autonómico, Albert Donaire, el líder de los Mossos d’Esquadra separatistas, dice que “este niño debe encontrarse absolutamente solo en clase. Las horas que se realizan en castellano, los demás niños deberían salir de la clase. Reaccionamos o nos matan la lengua” está señalando al enemigo. Un enemigo de cinco años que cursa educación infantil. ¿Su crimen? Que sus padres han cometido el pecado de pedir lo que debería ser natural, poder recibir docencia en su lengua materna, el español. Sólo han conseguido un 25% en castellano, pero para el separatismo ya es suficiente para señalar e intentar amargarle la vida al chaval y a su familia.

Es la misma situación que vivió Ana Moreno, la madre coraje de la localidad ilerdense de Balaguer, que en 2015 consiguió lo mismo, que los tribunales le dieran la razón para que sus hijos recibieran más docencia en castellano y sus vecinos les hicieron el vacío social, los chavales no eran invitados a las fiestas de sus amigos y les hundieron el negocio familiar gracias a un boicot de tremenda eficacia. No fue la primera, no será la última, porque el totalitarismo independentista no pasa ni una. Cualquiera que les molesta, es perseguido. Sea una pizzería en la que la carta esté en español, una panadería en la que la dependienta no sabe catalán o un camping de la Costa Brava que aloje a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Es terrible que haya que ser un héroe en Cataluña simplemente por reivindicar los derechos que deberían estar garantizados en lo que se supone es un país totalmente democrático. Debería ser el Gobierno el que velara por la igualdad de todos ante la Ley y que todos tuviéramos la posibilidad de escoger la enseñanza en lengua materna para nuestros hijos. Hace cuarenta años que no es así, y sólo tienen este derecho los que tienen el gallego, vasco o catalán como lengua materna. Y en Cataluña los padres castellanoparlantes que exigen equidad para sus hijos son obsequiados con linchamientos sociales y con lapidaciones políticas a cargo de los poderes públicos. España es un gran país, pero hemos cedido tanto a los nacionalismos totalitarios que a veces dejamos mucho que desear. Y es que encima tenemos que escuchar que Esquerra es un partido “responsable” que contribuye a la “gobernabilidad”. Que se lo digan a la familia de Canet. Y a la de Balaguer. Y a muchas más.

Guerra de porcentajes
Eduardo Goligorsky. Libertad Digital 10 Diciembre 2021

Sería cómica esta chirigota si no ocultara una maniobra encaminada a reforzar el arsenal de la campaña tramada por los enemigos de España para desmembrarla.

Un grupo de padres (no "los padres", que sería una sinécdoque, tomar la parte por el todo) del villorrio de Canet de Mar se alzaron contra el mandato judicial de impartir el 25% de las asignaturas en español en la escuela donde estudian sus hijos. El comportamiento racista y xenófobo de ese puñado de cavernícolas contó inmediatamente con la aprobación explícita de los capos de la Generalitat, respaldados por un exabrupto del Consell Escolar de Catalunya, según el cual "el modelo de inmersión lingüística de Cataluña (...) debe defenderse desde frentes sociales, educativos, políticos y, también, jurídicos" (LV, 2/12).

La piedra del escándalo
La piedra del escándalo para los talibanes de la lengua es ese exiguo 25% de español herético que, cuando se cuela en el tabernáculo del aula, basta para desvirtuar con su influencia pecaminosa la santa cruzada emancipadora. Clama sin una pizca de vergüenza el imputado por diversos delitos económicos Jordi Pujol i Soley ("Cuando el Constitucional entendía el catalán", LV, 5/12):

Hay que decir que esta nueva ofensiva contra la lengua no nos debe sorprender. La gradual residualización (sic) del catalán es el objetivo de sectores políticos, intelectuales y sociales de España. Muy importantes. (…) Decidir sobre la enseñanza de la lengua en la educación en Catalunya sí que es una cuestión de Estado.

Para colmo, el muy desfachatado intenta apropiarse, para llevar agua a su molino, del pensamiento ilustrado de quien fue presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por quienes hoy son sus aliados predilectos en la patochada independentista. Las palabras que le atribuye son las de un humanista liberal, no las de un cómplice de los balcanizadores reaccionarios.

Empieza la guerra
Vayamos a los porcentajes. El Tribunal Supremo dictaminó que un mínimo del 25% de la enseñanza en Cataluña debe impartirse en la lengua oficial de España, que, tal como lo estipula la Constitución, es el castellano. Los mandamases de la Generalitat se rebelan contra esta sentencia y se ciscan en la lengua oficial. Pero…

Aquí empieza la guerra de porcentajes. El contubernio supremacista patea el tablero y saca de la chistera sus reivindicaciones fraudulentas. Los insurgentes no reconocen los derechos de la lengua oficial, ni el porcentaje que el TS le adjudica, y la proscriben, pero exigen, mediante chantaje, que la Ley del Audiovisual imponga a las plataformas internacionales –ajenas a estos conflictos tercermundistas– un porcentaje estricto de producciones en sus poco rentables lenguas regionales, ascendidas, perentoriamente, a la categoría de cooficiales.

Juegos malabares
El veterano prestidigitador Francesc-Marc Álvaro se encarga de practicar juegos malabares con las postverdades ("¿Son o no lenguas españolas?", LV, 2/12). Poniendo la realidad patas arriba y acusando a los españoles de aquello de lo que son culpables los irredentistas catalanes. Para ello, le basta atribuir al "españolismo" las fobias intrínsecas de sus cofrades secesionistas. Y escribir "centralismo" donde lo que corresponde es "rupturismo". Transcribo su texto con las rectificaciones que me parecen justas entre paréntesis:

Una idea monolingüe de la españolidad (catalanidad), acorde con el centralismo (rupturismo), sobrevive al diseño autonómico y toma formas muy diversas, entre las cuales no es menor el desprecio –cuando no el odio– a la diferencia.

¡Bravo! Tenemos aquí el retrato de la carcundia que exacerba desde el puente de mando a quienes, como la tribu belicosa de Canet de Mar, sacralizan la idea monolingüe de la catalanidad y practican implacablemente el desprecio –y también el odio– al diferente. En este caso, el odio visceral contra los padres de un niño de cinco años resueltos a asegurar su bienestar futuro gracias al amparo de la ley. Un acto de valentía en aras de la cultura, insoportable para los paletos aborregados que condenan a sus hijos a seguir vegetando, como ellos, en el oscurantismo aldeano.

Prurito totalitario
Movido por el prurito totalitario de transformar las plataformas audiovisuales en franquicias de las sectas rupturistas mediante la programación coactiva de cuotas lingüísticas, Álvaro pregunta:

¿Serán respetadas unas lenguas que son tan españolas a efectos administrativos como el castellano? ¿Será la Ley del Audiovisual una nueva ocasión de ser tratados los catalanes como españoles de segunda?

Sería cómica esta chirigota si no ocultara una maniobra encaminada a reforzar el arsenal de la campaña tramada por los enemigos de España para desmembrarla. Una maniobra, además, torpe. Porque quienes la ejecutan son los mismos que reniegan aparatosamente de la nacionalidad española (plena y cabal, no de segunda) que heredaron en la cuna y enriquece su DNI, y que persiguen el castellano y discriminan administrativa y culturalmente a sus hablantes en los territorios donde impera su despotismo feudal. ¿Española la lengua de Pere Aragonès y Carles Puigdemont, cuando estos y sus subordinados abominan de la Constitución de 1978 en su aniversario y solo prometen obedecer la de una nonata república etnocéntrica? No me hagan reír.

La guerra de los porcentajes debe terminar aquí. Con el español como lengua vehicular, con el 25% –como mínimo hasta que las nuevas generaciones pidan más– impartido en todo el sistema de enseñanza y con las plataformas audiovisuales manejando sus negocios sin porcentajes antieconómicos dictados por intromisiones espurias.

VOX carga contra la Generalitat por no defender al menor acosado por el separatismo por querer estudiar en español
MIENTRAS LA FAMILIA PIDE AL TSJC QUE GARANTICE SU SEGURIDAD
LGI. https://gaceta.es 10 Diciembre 2021

La familia de Canet de Mar (Barcelona) que logró en los tribunales que se reconociera el derecho de su hijo a recibir un 25% de las clases en español ha hecho un llamamiento a la justicia para evitar la discriminación y el señalamiento por parte de otros padres del mismo centro.

En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la familia reclama que se obligue al Departamento de Educación de la Generalitat y a la dirección del colegio a «preservar la identidad y la intimidad» -y la seguridad- de su hijo.

«Consideramos imprescindible reforzar estas medidas por parte del Departamento de Educación y la propia dirección del centro y proceder a garantizar la paz social en la comunidad educativa», señala el escrito.

Precisamente este jueves el portavoz parlamentario de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cargó contra el Govern catalán por no defender al menor. «Es un síntoma de lo enfermo que está ese Gobierno, que no es capaz de defender a un niño a cuyos padres los tribunales han dado la razón«, manifestó.

Así, Espinosa de los Monteros ha sostenido que la posición del Govern respecto a este caso evidencia «lo enfermo que está», pero también da muestras, a su juicio, «de lo mal que está España cuando en una parte de la misma no se puede enseñar a los niños en castellano, ni siquiera un 25% del horario lectivo».

Dictadura lingüística
Canet revive el drama de Ruby Bridges, la niña negra de EEUU que iba al colegio escoltada
Pelayo Barro. okdiario 10 Diciembre 2021

Este viernes está prevista en Canet de Mar (Barcelona) una manifestación contra la familia del niño de 5 años que ha pedido recibir el 25% de las clases en español, tal y como le reconoce la Justicia. La marcha está convocada en la puerta de su colegio y a la hora de la salida de clase. Este linchamiento separatista recuerda, en esencia, al que vivió en sus carnes Ruby Bridges, una niña afroamericana de 6 años que en 1960 se convirtió en la primera en acudir a una escuela hasta entonces reservada para blancos en Nueva Orleans. La hostilidad de los padres a la puerta del colegio, la misma que se vive hoy en Canet contra ese niño de 5 años, obligó a que Bridges tuviese que acudir a clase escoltada por agentes federales.

En 1964, el pintor estadounidense Norman Rockwell dio a conocer una de sus obras más célebres: El problema con el que todos convivimos. La pintura, hoy icónica para el movimiento de Derechos Civiles en Estados Unidos, basado en la histórica fotografía de la pequeña Ruby Bridges, estuvo colgada durante un tiempo en una pared de la Casa Blanca.

Ese «problema con el que todos convivimos» es también una realidad en la Cataluña actual, donde un niño y su familia está siendo objeto de una campaña de hostigamiento por reclamar lo que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le reconoce: tiene derecho a recibir el 25% de las horas lectivas en español.

70 años después
El caso del niño de Canet y el de Ruby Bridges muestra evidentes similitudes. La concentración prevista este viernes a las puertas del colegio es similar a la que se produjo aquel 14 de noviembre de 1960 frente a la entrada de la escuela William Frantz Elementary de Nueva Orleans.

La propia Bridges, que hoy tiene 67 años, ha recordado en múltiples ocasiones cómo llegó hasta la puerta de la escuela a bordo de un vehículo policial, del que salió escoltada por agentes federales. Frente a ella, tras un cordón policial, una multitud enfurecida de padres le gritaba. Habían convocado una manifestación para evitar su entrada, porque no querían que fuese compañera de sus hijos. De hecho, una vez dentro, muchos padres consiguieron acceder al centro y se llevaron a sus hijos.

«No entendía lo que estaba pasando, pero sentía que algo me apretaba el pecho», recordaría posteriormente aquella niña de 6 años. Llegó incluso a describir que la multitud enfurecida portaba un ataúd abierto con una muñeca negra en su interior.

Escoltada y sola
Ruby acudió al centro durante todo ese curso. Un año entero escoltada policialmente y con vigilancia a las puertas del colegio, temiendo convertirse en objetivo de ataques de algún grupo de supremacistas blancos. Como ella misma recordaría, no faltó ni un sólo día a sus lecciones. Eso sí, las recibió completamente sola, porque los padres de los otros niños se negaron a que compartiesen clase.

Y eso, precisamente, es lo que han llegado a proponer hacer en Canet de Mar con el niño cuya familia ha reclamado su derecho a la escolarización en español: que todos se vayan de clase y le dejen sólo. Algunos incluso han sugerido acudir a su casa a apedrearle. También la familia de Bridges sufrió el apedreamiento de su hogar, e incluso la tomaron con su padre. Trabajaba en una gasolinera de la que fue despedido, ya que la clientela habitual, padres del William Frantz Elementary al que acudía su hija, se negaban a repostar allí.

Ambas situaciones, la de Canet y la de Nueva Orleans, tuvieron su origen en una decisión judicial. En el caso de la pequeña Ruby, la insistencia del Gobierno federal del estado de Louisiana y de las Administraciones Eisenhower y Nixon (ambos republicanos) por cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU en 1954 contra la segregación racial jugó a su favor. En cambio, en el caso de Canet, la Generalitat se ha posicionado diametralmente en contra del niño y su familia, pese a tener en la mano el fallo del TSJC. Nadie desde el Govern de Pere Aragonés moverá un dedo por evitar el señalamiento público al que le van a someter este viernes, a la puerta de su colegio.

“No hay nada más horrible que sentirse señalado por no hacer nada”
Choque por el 25% de castellano a las puertas de la escuela Turó del Drac mientras el Govern abandona a la familia acosada por el castellano
Cristina Rubio. Canet de Mar (Barcelona). larazon. 10 Diciembre 2021

Dos escenas resumen el conflicto lingüístico destapado en la escuela del Turó del Drac de Canet de Mar tras la campaña de acoso a una familia por pedir el 25% de castellano para su hijo de 5 años: una pintada con un claro aviso en rojo en la entrada del centro –«En Canet queremos clase en catalán»– y el hecho de que un consejero de Educación del Govern y la alcaldesa de la localidad, de Esquerra, se reunieran de urgencia con la dirección del colegio para cerrar filas y planear qué hacer. Y es que la Generalitat escenificó ayer su postura abandonando a la familia acosada y alentando las protestas independentistas que esta tarde tendrán lugar en la localidad en contra de dar más castellano.

Mientras, las familias escenificaban su división a las puertas del centro, con opiniones encontradas después de la tormenta política y social desatada y justo el día en que la escuela, a regañadientes, aplicó el 25% de castellano en la clase del menor por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio la razón a la familia hace dos meses, en octubre. En concreto, los alumnos del grupo de Turó del Drac recibirán, a partir de este jueves, seis horas y media a la semana de educación en castellano dedicado a artes visuales, plástica y psicomotricidad. El resto, un 75% del tiempo lectivo, seguirá siendo en catalán.

Sin embargo y pese a que continúa siendo un porcentaje mínimo y desigual, el caso ha saltado de los tribunales a los medios tras una fuerte campaña de acoso de independentistas radicales al menor –han pedido a través de las redes sociales desde hacerle el vacío y dejarle solo en clase hasta tirarle piedras en casa, tanto en las redes como en un grupo de whatsapp– que ha llevado a la familia afectada a solicitar amparo judicial y a la AEB a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

También por su coincidencia con el aval del Supremo a la histórica resolución del TSJC que ordena aplicar un 25% de castellano en todo el sistema educativo, un marco que el independentismo está usando para agitar de nuevo el debate y espolear la calle a favor de una causa común: el catalán.

Y el caso de Canet –una demanda particular al margen de la sentencia marco del TSJC– ha servido de punta de lanza para ello con el Govern a la cabeza. Ayer, y tras el mencionado encuentro con la dirección y las familias del centro, el consejero de Educación pasó de puntillas por la campaña contra la familia del 25% –sí condenó en general cualquier tipo de violencia o acoso–, avaló las protestas en contra de dar más castellano en las aulas –«Nosotros somos los de la democracia y, por tanto, que cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna», dijo–, tildó el fallo de la justicia de «ataque intolerable» al modelo lingüístico catalán e incluso se negó a contestar a la prensa en castellano como gesto en defensa del catalán. «Hoy es el día para subtitularlo», se jactó tras su intervención.

Y es que el caso de Canet ha destapado el conflicto lingüístico en Cataluña, con todos los focos apuntando ahora hacia el Turó del Drac. «No hay nada más horrible que sentirse señalado por no hacer nada», clamaba una madre y vecina de la localidad a las puertas del colegio, convertido en centro de atención desde primera hora. «Me parece una vergüenza, no voy a politizar el tema, lo que me parece una vergüenza es lo que ha pasado después, que se tomen represalias contra ellos. Todo lo demás me da igual», añadía sobre la familia afectada.

Una opinión distinta a la de otras familias, también presentes ayer en la escuela. Es el caso de un profesor de la UAB: «La inmersión funciona perfectamente, se está manipulando». «No tiene ningún sentido, es una obligación. Nos tenemos que plantear si un solo individuo puede obligar al resto a algo que está consensuado socialmente», resumió sobre el caso concreto del menor de P5. «¿Represalias? Es un juego de tipo retórico», respondió al ser preguntado por la campaña de acoso.

Dos voces que escenifican el choque y el enfrentamiento en Canet, una localidad que hoy volverá a vivir un nuevo episodio de tensión en la calle con la mencionada protesta en los aledaños del centro convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en defensa de la inmersión. El AMPA del centro ha llegado a pedir explícitamente alejarla de las puertas y de la hora de salida para no exponer a los menores.

PERSECUCIÓN DEL ESPAÑOL
Los padres separatistas del colegio de Canet crean una web para señalar al niño de las clases en español
Pelayo Barro. okdiario 10 Diciembre 2021

El señalamiento al que se está sometiendo al niño de 5 años de Canet de Mar y a su familia por reclamar su derecho a recibir clases en castellano llega incluso desde los propios padres del colegio. Despues de que se llegase a proponer apedrear su domicilio, la propia Asociación de Padres y Madres (AMPA) del centro ha creado una plataforma web desde la que hostigar al menor y a sus padres al considerar que la lengua vehicular de la escuela es el catalán. Acusa a los padres y al niño afectado de «motivación política», y asume que el castellano ya se habla «en el patio».

«Varias familias del grupo de la clase afectada y del resto de la escuela, con orígenes lingüísticos diversos (más allá del binomio castellanohablante-catalanohablante) han empezado a organizarse para mostrar su desacuerdo con este ataque a la inmersión lingüística», advierten desde esta plataforma auspiciada por el AMPA del centro.

Los padres del Turó del Drac, como se llama la escuela donde este viernes habrá una manifestación contra el niño y su familia justo a la hora que terminan las horas lectivas, alegan que esta sentencia que obliga a dar el 25% de las clases en castellano rompe «la plena normalidad de la escolarización en catalán». Así lo defienden en un manifiesto que han publicado y del que han enviado copia al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.

«Diferentes intereses políticos (mediante denuncias y ruido mediático) han llevado a los tribunales a dictaminar sentencias que establecen cuotas de lenguas vehiculares a la docencia», aseguran, mientras señalan a los culpables: «Esta sentencia surge a raíz de la denuncia de una familia de dicho grupo clase que pedía un 50% de las horas lectivas en lengua castellana».

«Ya hace casi 30 años que las escuelas de Cataluña practican la inmersión lingüística en las aulas. La introducción de la inmersión ha permitido que la escolarización de los niños proporcione las competencias académicas esperadas, la integración social y cultural deseables para toda la ciudadanía y garantizar la posibilidad de una plena educación en catalán después de largos años de marginación y criminalización», defienden.

«Motivaciones políticas»
Los autores del manifiesto acusan a los padres del niño señalado de tener «motivación política» tras su denuncia y estar afectando a la «igualdad de oportunidades del alumnado». Defienden, además, que empezar a dar una de cada cuatro horas en castellano «tiene efectos negativos sobre el proyecto pedagógico» y que «cambiar las dinámicas a medio curso» perjudica al grupo.

En cambio, aseguran que «la lengua castellana está bien presente en la vida social escolar» del centro. Y citan, textualmente, que se usa en «aulas y patios». Paradójicamente, la plataforma asegura que quiere dejar patente su «rechazo a cualquier tipo de violencia y señalamiento, preservando por encima de todo los intereses de los niños de la escuela».

Finalizan su manifiesto animando «al resto de familias y ciudadanía en general a sumarse a las actividades y reivindicaciones que proponemos». La primera, la manifestación a la puerta del colegio a la salida de clase que tendrá lugar este viernes.

Dictadura lingüística
El Govern de Armengol exige ahora el requisito del catalán a las personas con discapacidad intelectual
Miquel Ángel Font. okdiario 10 Diciembre 2021

El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol exige ahora el conocimiento del catalán para cubrir cuatro plazas de funcionario destinadas a personas con discapacidad intelectual. El Govern está obligado a reservar el 2% de las nuevas plazas de subalterno a personas con discapacidad intelectual y ahora ha publicado la convocatoria donde establece como requisito disponer del certificado B-1 que avala un nivel medio de catalán.

En los requisitos se establece que para cubrir estas plazas no se requiere ninguna titulación académica pero que es imprescindible conocer la lengua catalana y que por ello los aspirantes deben presentar el certificado del nivel B-1 expedido por la Escuela Balear de la Administración Pública.

La convocatoria de estas plazas la realiza la Conselleria de Presidencia y Función Pública cuya titular es la socialista Mercedes Garrido. Según las bases de la convocatoria, sólo los aspirantes que además de tener discapacidad intelectual «acrediten sordera prelocutiva profunda» tendrán más facilidades para poder cumplir con el requisito del catalán. En la convocatoria se especifica concretamente que estas personas «podrán solicitar la adecuación del requisito del catalán». Todos los aspirantes deberán tener reconocida una discapacidad intelectual moderada, ligera o límite igual o superior al 33%.

Según la convocatoria, a las personas con discapacidad que lo soliciten el Tribunal Calificador deberá establecer las adaptaciones posibles de tiempo y de medios adecuados cuando sea necesario para realizar las pruebas selectivas. Así se conceden facilidades a los aspirantes para superar las pruebas pero siempre se mantiene el requisito del catalán.

La Conselleria de Presidencia que dirige Mercedes Garrido explica en la convocatoria de estas plazas para personas con discapacidad intelectual que la exigencia del requisito del catalán se basa en el decreto 11/2017 donde se establece como requisito el conocimiento del catalán para el acceso a un empleo en la Admistración Autonómica de Baleares, incluso para el personal sanitario.

El pasado mes de septiembre OKDIARIO desvelaba que la Conselleria de Salud del Govern balear había decidido excluir a 2.600 aspirantes a ocupar una plaza en los hospitales y centros de salud de Baleares por no tener acreditado el conocimiento del catalán. Eran en concreto 12 enfermeras de Urgencias, 2.500 celadores y una cuarentena de trabajadores sociales e higienistas bucales.

La Conselleria había convocado un concurso de méritos para la confección de una bolsa de interinos para el Servicio de Salud al que se presentaron unos 7.000 aspirantes, pero 2.600 ya no tenían ninguna posibilidad de ocupar una plaza por mucha formación y experiencia que tuvieran debido a que no disponían del título de catalán y todo esto a pesar de la falta de personal en todos los campos que sufre la sanidad balear desde hace años y más desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

El catalán también se exige a los médicos, lo que ha generado un déficit de profesionales en la sanidad balear. Ante este grave problema en pleno auge de la pandemia del coronavirus, el pasado mes de septiembre la Conselleria de Salud utilizó la red social Twitter para captar a facultativos de toda España con el fin de que vengan a trabajar a Baleares.

La campaña puesta en marcha por la subdirectora de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Rosa Duro, fue realizada en español ante la desesperación del Govern para conseguir médicos a toda costa y olvidando su propia normativa sobre el catalán.

En Baleares gobierna el pacto de izquierdas formado por el PSOE, Unidas Podemos y el partido nacionalista Més per Mallorca y está presidido por la socialista Francina Armengol. La Conselleria de Salud, con Patricia Gómez (PSOE) al frente, ha aplicado aquí el decreto de 18 de noviembre de 2016 aprobado por el anterior pacto de izquierdas que establece que entre los requisitos para entrar en las bolsas de interinos está el conocimiento del catalán.

El TSJC ordena a la Generalitat que garantice la protección del niño de Canet
El tribunal insta al consejero y a la escuela que preserven la identidad del menor y la convivencia en el centro tras la campaña de acoso sufrida
E. Armora. BARCELONA. ABC 10 Diciembre 2021

La familia de Canet que pidió más castellano reclama protección al TSJC ante la campaña de acoso

Protección e intimidad para el niño de Canet. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha adoptado una provisión en la que ordena al consejero de Educación de la Generalitat y a la dirección del centro El Turo del Drac de Canet de Mar (Barcelona) que adopten «las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» del citado menor, cuya familia está sufriendo una campaña de acoso tras haber pedido un mayor porcentaje de castellano en la escuela, medida vigente desde ayer. Del mismo modo, ordena a Govern y centro a adoptar medidas para garatizar «la normal convivencia y el pacífico desarrollo del entorno educativo».

La providencia del TSJC llega después del escrito remitido al mismo tribunal por la familia, asesorada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), dando cuenta de las amenazas recibidas después de hacerse público que la Justicia amparaba su demanda de más castellano. En su escrito, la familia del menor exigía al TSJC que ordenase medidas especiales para evitar el hostigamiento, y que se protegiese de manera especial la identidad del menor y de su familia, algo que el tribunal catalán insta ahora a la Generalitat y al centro educativo a adoptar.

En concreto, el escrito aludía al grupo de Whatsapp que han creado un grupo de familias contrarias a la medida del 25%, y donde según la familia se habrían vertido «gravísimas amenazas». En este foro, explicaba el escrito, algunos de los participantes habrían pedido de manera expresa a la dirección del centro que se identifique al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o «que se le haga el vacío en la clase».

En otros comentarios «más extremistas se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado». En el escrito dirigido al TSJC, y consultado por ABC, se señala que «no se conoce» por parte del centro «un pronunciamiento público condenando los comentarios». El TSJC da diez días al departamento de Educación para que aporte pruebas que confirmen las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la interlocutoria.

El acoso sobre la familia denunciante dio un salto sustancial hace tres días cuando el propio Gobierno catalán se negó a dar amparo a la familia y señaló, por boca de su portavoz, que «es una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro», porque «que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es, por lo menos, sorprendente».

Del mismo modo, la consejería de Educación no dudó en caldear el ambiente al acudir ayer el titular del departamento, Josep González Cambray al mismo centro educativo a entrevistarse con la dirección y con los padres que se oponen a la medida que obliga a la escuela a impartir un 25% de castellano en el grupo de P5 en el que cursa el menor.

Diligencias de investigación en Fiscalía
Las medidas adoptadas ahora por el altro tribunal catalán discurren en paralelo a las «diligencias de investigación» abiertas por la Fiscalía Provincial de Barcelona tras las denuncias presentadas por la propia AEB, Hablamos Español y Vox, por un supuesto delito de incitación al odio, dando cuenta precisamente de las amenazas vertidas contra la familia, tanto en el foro de Watsapp citado como en las redes sociales. La investigación se abre, precisa un portavoz de la Fiscalía, «a los efectos de valorar y estudiar la trascendencia jurídica de los tuits y, una vez se examine su contenido, ya se determinará cómo procede».

En paralelo, la AEB ha solicitado a la consejería de Interior de la Generalitat que no autorice la manifestación convocada hoy a las 16.30 ante las puertas del centro por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) para protestar contra la orden del TSJC de que el centro de Canet ofrezca un 25% de castellano. La AEB entiendie que una manifestación ante lasa puertas del centro, justo en la hora en la que los niños salen de clase alteraría el normal funcionamiento del centro.

Democracia viciada en Cataluña
La Generalitat está utilizando a un niño de cinco años para proclamar la persecución de las personas, el señalamiento supremacista y los delitos de odio como derechos legítimos
Editorial ABC 10 Diciembre 2021

La persecución a la que está sometiendo la Generalitat catalana a un niño de cinco años y a su familia, por reivindicar en un colegio de Canet su derecho a recibir el 25 por ciento de su formación en español, es más propia de las dictaduras excluyentes que de una democracia. La operación política de acoso y aislamiento social de esta familia es indigna y, sobre todo, cobarde. Se les ha masacrado en redes sociales, muchos otros padres del colegio han hecho comentarios con tintes racistas, y algunos exponentes del independentismo más rancio han llegado a plantear un apedreamiento de la vivienda de esa familia. Más insultante aún es que un conocido mosso d´Esquadra que suele hacer ostentación de su secesionismo radical, usando su cargo y uniforme para ello, haya impulsado una campaña incitando a aislar al niño del resto de compañeros, y que se le imparta clase a él solo.

Es la cruel política del hostigamiento, del señalamiento, de la estigmatización, de la criminalización. Que toda una familia tenga que recurrir al Tribunal Superior catalán, no ya en demanda de un reconocimiento de sus derechos esenciales, sino pidiendo ayuda y protección física frente a unos desalmados, indica hasta qué punto es grave la situación.

Siendo indignante la reacción de la Generalitat, y en particular de su consejero de Educación, Josep González-Cambray (ERC), cuando afirma que «no estamos delante de un problema real, sino de una mentira», más frustrante resulta que el Gobierno de la nación, y en particular la ministra de Educación, Pilar Alegría, guarden un silencio cómplice y minusvaloren esta injusticia. Lo mismo que el PSC, que con tal de no apoyar jamás iniciativas de Vox, Ciudadanos o el PP en Cataluña, siempre condena tarde y mal y se pone de perfil ante las provocaciones más ofensivas del separatismo. Conviene decirlo lo más alto y claro posible: en Cataluña sí existe un «problema real» de quiebra social y persecución. De hecho, existen tres: primero, el de la pasividad absoluta del Estado ante la erradicación del castellano impuesta por la Generalitat; segundo, la jactancia pública en la desobediencia de las sentencias; y tercero, la instigación desde las propias instituciones de una atmósfera de desprecio y señalamiento contra un chiquillo de cinco años con ostentación de delitos de odio viscerales. Es mucho más delicado aún que la clásica exclusión política del disidente. Es la utilización espuria de un menor para proclamar la persecución de las personas como si fuera un derecho legítimo. Pero por más que la Generalitat lo trate de maquillar, aquí solo hay podredumbre moral. Argumentar, como hace el consejero, que apenas setenta familias de entre seis millones de catalanes exigen las clases en español, y que esa minoría debe renunciar a sus derechos sometiéndose y claudicando sin rechistar para favorecer a la mayoría, dice mucho de la patología que aqueja a sectores de la sociedad catalana. Aunque fuera una sola familia la que reclamase, estaría en su derecho, porque este conflicto no va de cantidades, sino de garantías y libertad. Ni esto es inmersión, ni esto es ‘normalización lingüística’. Es escarmiento ideológico.
Un Gobierno que consiente que en partes de España no se hable ni se enseñe en español, y que además renuncia a que el idioma oficial deje de ser lengua vehicular, es un Gobierno desleal con la Constitución

Además, no es creíble que sean setenta familias. Quizás sean setenta las que tienen la valentía de hacer valer sus derechos, la ley y las sentencias. Pero a buen seguro hay muchas más que, visto lo visto, guardan silencio para no tener que sufrir este escarnio ni episodios idénticos de ‘bullying’ institucional, ante los que el Gobierno de Pedro Sánchez debería actuar de inmediato. Un Gobierno que consiente que en partes de España no se hable español, no se enseñe en español o no se escriba en español, y que además renuncia a que el idioma oficial deje de ser vehicular en una zona del territorio, es un Gobierno desleal con la Constitución. No son Sánchez, ni el PSC, quienes la cumplen «de pe a pa», como dijo días atrás el propio presidente. Lo único que se cumple de pe a pa en Canet es un acto de supremacismo, doblemente alarmante cuando se deja atada de pies y manos a la Inspección educativa del Estado. Tampoco es cierto el argumento de la Generalitat de que la sentencia que impone la cuota del 25 por ciento fue dictada a favor de una ley del PP que ya no está en vigor, y que ha sido superada por la ley Celáa. El problema no es a qué ley aludan los recursos, sino que se respete la doctrina que impone en todo caso el cumplimiento de ese 25 por ciento. No hay ningún embrollo jurídico. Alegar eso es solo pervertir la realidad a capricho para justificar el desacato a un mandato judicial, que además afectará a cada director de colegio que lo incumpla. En esta Cataluña repleta de verdugos de las libertades, la democracia está viciada. Es muy incompleta.

Canet, el detonante de la dictadura que se vive en Cataluña
El repugnante acoso a un niño en una escuela de Canet por parte del separatismo saca a la luz la estigmatización que realizan los supremacistas
Canet, el detonante de la dictadura que se vive en Cataluña
Miquel Giménez. vozpopuli.es 10 Diciembre 2021

Llevamos décadas sufriendo la estigmatización por parte de los supremacistas. Si no hablabas en catalán, si reivindicabas el bilingüismo, si no veías TV3 o si te gustaba la selección española eras fascista y un agresor a Cataluña. No es de ahora que la enseña nacional sea algo clandestino o que colgarla en el balcón de tu casa te autocalifique como franquista. El caso de la escuela de Canet no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero.

La peor de las mentiras ha sido la tolerada por los gobiernos de Madrid de todos los signos al aceptar que el catalán estaba amenazado, que Cataluña estaba constantemente agraviada y que los separatistas representaban a la totalidad de catalanes. Recuerden cuando Convergencia y Unión se autocalificaban como Grupo Catalán en el congreso, como si en los otros partidos no hubiera ningún catalán. Solo “su” Cataluña es la real, la buena, y por eso debe apedrearse la casa de la familia que pide que se cumpla la ley y se imparta el veinticinco por ciento de las clases en español.

Si el asunto ha estallado no es por falta de precedentes ni porque el miedo a ser señalado, singularmente terrible en pueblos pequeños como Canet, no haya existido hasta ahora. Lo que sucede es que los partidos de izquierda, especialmente los socialistas, se han cuidado muy mucho de disimular hablando de una sola lengua, un solo pueblo, de convivencia, de que aquí todo el mundo era catalanista.

Marta Mata, la pedagoga por excelencia del PSC, fue quien exigió en su día que la totalidad de las clases fuesen en catalán, creando la inmersión lingüística

No en vano Marta Mata, la pedagoga por excelencia del PSC, fue quien exigió en su día que la totalidad de las clases fuesen en catalán, creando la inmersión lingüística. Fueron los amiguitos de Felipe los que dijeron que había que erradicar todo lo que oliera a España de las escuelas, empezando por la lengua y acabando por los libros de Historia.

El pujolismo, primero, y el separatismo más descarnadamente ultraderechista ahora, emplearon la fórmula del ascensor social para convencer a la población castellanoparlante de que usar el catalán era una forma de prosperar en la sociedad catalana. Qué mendacidad. Recuerdo cuando Montilla fue elegido president y como se burlaban los dueños del cortijo acerca de su acento, añadiendo su indignación por no haberse catalanizado el nombre propio, José, por Josep.

El desprecio hacia lo que nos une a todas las personas nacidas en este rincón del universo llamado España es la constante el separatismo catalán. De los tiempos en los que Pompeyo Gener apostrofaba a los españoles como pueblo semita mientras reivindicaba a los catalanes como godos, hasta Junqueras, que nos veía a los catalanes más próximos a los franceses que a los españoles.

¿Podría extrañar a alguien que desde mozos de escuadra a profesores, pasando por periodistas, políticos y demás jaleasen el linchamiento de una familia que solo pedía que se cumpliera la sentencia del TSJC de dar el 25% de clases en español? Desde luego, a quien esto suscribe, no

¿Podría extrañar a alguien que desde mozos de escuadra a profesores, pasando por periodistas, políticos y demás jaleasen el linchamiento de una familia que solo pedía que se cumpliera la sentencia del TSJC de dar el 25% de clases en español? Desde luego, a quien esto suscribe, no. Y la culpa no es de Felipe, que se riló ante Pujol cuando lo de Banca Catalana, o de Aznar, que salió del Majestic hablando catalán en la intimidad; tampoco es de aquel Rajoy que enviaba a Soraya mientras se quedaba leyendo el Marca o de Iceta reivindicando indultos y referéndums.

Entiéndanme, todos son culpables, pero los peores, para mí, son los periodistas exquisitamente equidistantes que todavía, a día de hoy y con la que está cayendo en Canet, tienen los pelendengues de negar que exista un conflicto en Cataluña. Eso solo lo admiten cuando son los separatistas quienes lo defienden. “Su” conflicto, sí; el de los constitucionalistas, el de la gente de bien, el de los padres que no pueden enviar a sus hijos a escuelas extranjeras, como hacen la mayoría de líderes lazis, esos no. Ni tienen problemas, y si los tienen será porque son unos fachas partidarios de la derechona.

Pero hay un antes y un después Canet. Las querellas que se interpondrán contra los matones de Twitter o de la administración están ahí. El revulsivo social que ha ocasionado este atropello a una criatura de cinco años, también. Nazis de la estelada, Canet os ha estallado en toda vuestra jeta. Es solo el principio.

Los nazis de Canet de Mar
Pablo Sebastián republica 10 Diciembre 2021

No es la primera vez que niños y familias españolas y españolistas sufren en Cataluña el acoso, la humillación y la discriminación en escuelas catalanas que están bajo la influencia del nacionalismo soberanista. Como ahora en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar ha vuelto a suceder con agresiones de acoso y amenazas a un pequeño alumno y su familia lo que son gestos muy similares a los de los nazis en la Alemania de Hitler contra los judíos.

Y semejante agresión la ampara y protege el Gobierno catalán de Aragonés que se dice de izquierdas y con el que el Gobierno de Sánchez mantiene toda clase de pactos, alianzas y negociaciones.

Como la aún en curso sobre la ley audiovisual en la que ERC espera que se introduzcan modificaciones para que Netflix traduzca películas y series al catalán. O de lo contrario los de ERC todavía podrían torpedear los PGE de 2022 en el Senado.

Por ello el Gobierno de Sánchez tuvo ayer una actuación débil y también contradictoria al decir el ministro Marlaska de Interior que estos graves hechos de Canet de Mar se van a investigar, mientras que el ministro de Presidencia, Bolaños (que es quien negocia con ERC), afirmaba que es bueno y enriquecedor la existencia de varias lenguas en España sin añadir que semejantes e indecentes atropellos se deben investigar y sancionar.

Los nazis de Canet de Mar, que anuncian manifestaciones y acciones contra el niño y su familia por exigir que se cumplan las decisiones de la Justicia de que se imparta el 25 % de la enseñanza en español en esa escuela, ya han recibido el amparo del Consejero catalán de Educación, González Cambray quien lejos de defender la legalidad y de condenar él acoso al niño y a sus familiares de Canet de Mar, el consejero acusa a los Tribunales de ‘romper la convivencia’.

Mientras, en la escuela se preparan para impartir el 25 % de la enseñanza en español como lo ha ordenado del TSJC, pero excluyendo la asignaturas de importancia y dejando para las horas de español las clases de ocio, lo que constituye un fraude de la sentencia del TSJC, por lo que este nuevo fraude será recurrido ante el Tribunal.

Una crisis ésta que constituye el vivo ejemplo del deterioro democrático catalán, de la gran fractura social y política en la que vive Cataluña y, en consecuencia, de la fuga de empresas e inversores y el empeoramiento de la situación económica y social catalanas frente a la cohesión y pujanza de otras regiones de España.

Y si todo esto es muy grave también lo es que el presidente Pedro Sánchez, que sigue esperando sus PGE, se ponga de perfil, no condene de manera personal esta agresión y además insista en una ‘mesa de diálogo’ en la que no hay nada sobre lo que dialogar mientras la Generalitat no condene como debiera de manera contundente e inequívoca las agresiones nazis como las de Canet de Mar.


Los niños de Canet aplastados por la inmersión en valenciano de los que no se habla
Ignacio Martínez. VALENCIA. OKDIARIO 10 Diciembre 2021

Los ataques que ha recibido la familia del niño de Canet por pedir sus clases en español no se circunscriben a Cataluña. Son los otros ‘niños de Canet’ víctimas de la asfixiante inmersión en valenciano de los que nadie habla.

Estudiar en español en España debiera ser un hecho habitual. Sin embargo, no siempre es así. Y la prueba más fehaciente es la que afecta al niño de Canet de Mar, en Cataluña, quien sufrió las iras de un supremacista catalán que llamó en redes a «apedrear» la casa de ese niño. El ‘pecado’ del menor y su familia: pedir que sus clases fueran en español. Fue el primero de una serie de sucesos que han convertido la vida de esa familia y del niño en un auténtico infierno en Cataluña, territorio español.

Hablamos Español, la Asociación que ha presentado ante Fiscalía una denuncia contra los autores de diversos mensajes en la red social Twitter que incitan a la violencia o al odio por razón de Lengua en el caso de Canet, trabaja en estos momentos en otros tres casos similares en la Comunidad Valenciana, que gobierna el socialista Ximo Puig y en la que la consejería de Educación es responsabilidad de Vicent Marzà (Compromís). Este último, fue quien muy recientemente abogó abiertamente por eliminar también la asignatura de Religión de los colegios. Marzà, además, ha concedido diversas ayudas a entidades de marcado signo catalanista, como Plataforma per la Llengua.

Los afectados que, como el niño de Canet, pelean porque sus derechos a estudiar en español sean reconocidos, en este caso en el ámbito territorial valenciano, son tres: dos en la Provincia de Alicante y uno en la de Valencia. Y, como el niño de Canet, se ven aplastados por la inmersión lingüística, en este caso del valenciano. Pero de ellos, de los tres valencianos, no se ha hablado hasta ahora. Sus casos hacen más fácil entender cómo el ‘procés’ a la valenciana está en la misma línea que el catalán: inmersión total. Y cómo se arrincona el español en favor del catalán y el valenciano en la escuela en los territorios que los nacionalistas conciben como los países catalanes (Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares).

Según explica la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, de los tres casos de la Comunidad Valenciana que guardan similitud con el de Canet, dos se han producido en el ámbito de la Educación Primaria. El tercero, en los ciclos de Formación Profesional. El perfil es el mismo: les obligan a estudiar y comunicarse en valenciano. Lo más sorprendente es que al menos uno de los dos casos de Educación Primaria afecta a un centro concertado, mientras que el otro tiene por escenario un centro público. Se da la circunstancia de que, el consejero valenciano de Educación, el ya mencionado Marzà, inició, en su momento, una guerra con la Educación Concertada en el ámbito territorial valenciano. Sin embargo, esa guerra parece ir reconduciéndose hasta el punto de que las trabas para estudiar, presentar sus trabajos y comunicarse en español han llegado a algunas de las aulas concertadas.

El otro caso, se dilucida en otro escenario: el de la Formación Profesional, donde según explica Lago las denuncias y reivindicaciones de los castellanohablantes no vienen necesariamente impulsadas por las familias, sino por la valentía de los estudiantes, que reivindican sus derechos a expresarse en español directamente. Algo, que marca el gran matiz diferenciador con Cataluña.

¿Y cómo les presionan? Según la Asociación, los métodos son diversos, pero el patrón es el mismo: comentarios en voz alta, notas que no se ajustan al esfuerzo realizado o no darles la nota cuando se la dan a los demás son algunos ejemplos que se han trasladado a diversas quejas.

Frente a esta discriminación, la Asociación ha puesto en marcha un ‘Manual de Rebeldía para los hablantes de español contra la dictadura lingüística’: una batería de consejos para plantar cara a la discriminación lingüística a través de los derechos con que la legislación asiste a los castellano hablantes y que incluye estudiar con libros en español, utilizar el español en clase, revisar que los contenidos de los libros de texto no incluyan un adoctrinamiento nacionalista, que los padres soliciten formar parte de las ampas (asociaciones de madres y padres en el ámbito del centro) y solicitar a la Administración y al centro que las comunicaciones con la familia se efectúen en español.

Actualmente, según confirma la propia Asociación, dos de los casos están en trámite de solución a través del diálogo con el propio centro. El tercero sigue enquistado. En este último caso, el centro no da su brazo a torcer y, a día de hoy, el equipo jurídico de la Asociación Hablamos Español está estudiando muy seriamente el modelo de denuncia que debe presentar, por vía civil o penal, si no existe una solución en un breve espacio de tiempo. Y no van en broma. Esta asociación, además de la denuncia ya comentada que presentó ante Fiscalía por el caso del niño de Canet ha denunciado también al consejero catalán de Educación por un presunto delito de prevaricación ya que a juicio de Hablamos Español instó al profesorado a no acatar la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a los centros a impartir un mínimo del 25% de sus clases en español.

En la Comunidad Valenciana, la Asociación esta inmersa en un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por lo que considera un intento de la Consejería de Educación que pretende impedir de modo supuestamente ilegal que los alumnos utilicen el español oralmente y por escrito en todas las asignaturas. Se fundamentan en que mientras que el docente sí está obligado a utilizar el valenciano por ser funcionario de la Administración Pública autonómica, no concurren en el niño circunstancias para que deba acatar esa obligación: por tanto, ni el niño es funcionario ni está obligado, entienden.

Euskadi arrincona el castellano
Pese a contar con tres modelos lingüísticos, en Euskadi se ha impuesto el modelo en euskera con el castellano como asignatura, y EH Bildu propone la inmersión total en la próxima Ley de Educación
Belén Ferreras. cronicaglobal 10 Diciembre 2021

El idioma como foco de conflicto con el sistema educativo de fondo es un tema recurrente del nacionalismo, del catalán y también del vasco. Cataluña lo está llevando estos días a su máxima expresión, con una familia acosada -con cierto beneplácito de la Generalitat- por recurrir la inmersión lingüística en catalán en el colegio donde estudia su hijo de 4 años y que ha conseguido mediante sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que al menos el 25% de las enseñanzas sean en castellano.

En el País Vasco, la nueva Ley de Educación a la que se está empezando a dar forma, tendrá también el idioma, en este caso el euskera, como uno de los principales focos de discusión y de conflicto.

De hecho, EH Bildu, que parece bastante cercano a cerrar un acuerdo con el PNV en esta materia, ya ha anunciado que quiere que la nueva normativa incluya la inmersión lingüística en euskera.

El debate y la polémica están servidos.
Euskadi tiene en vigencia un sistema educativo desde hace 20 años de tres modelos lingüísticos: El modelo A, todo en castellano con una asignatura en euskera, el B, bilingüe, y el D, todo en euskera con el castellano como asignatura.

Esta es la teoría, ya que en la práctica estos tres modelos se han ido transformando solo en uno, el que prima la educación en euskera a través del modelo D. No existe ninguna norma que obligue a los padres a elegir el modelo D, pero los diferentes gobiernos nacionalistas a lo largo de estos años han ido primando la oferta en euskera, de forma que la enseñanza en los modelos A en mayor medida, y también en el modelo B, han ido quedando como residuales en la enseñanza pública y son también minoritarios en la concertada.

De hecho, hay estudios que certifican que se han convertido en una especie de guetos para estudiantes inmigrantes y de bajo poder adquisitivo.

Pese a esta apuesta por el euskera, también con cuantiosas inversiones, Euskadi no ha conseguido culminar el reto de un bilingüismo pleno, y el intento de euskaldunizar a la población choca con una sociedad plural, cada vez más, y, aunque los alumnos estudien en euskera, retornan a su idioma materno en cuanto sale de la puerta del colegio.

El último informe del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI) así lo ratifica. El modelo D no consigue formar alumnos bilingües en euskera y castellano y, lo que es peor, aumenta de forma alarmante el número de alumnos que no son competentes en ninguno de los dos idiomas oficiales.

Esto ha reabierto el debate en Euskadi sobre el papel que debe tener la escuela en la euskaldunización y si debe primar la lengua sobre las competencias que tienen que adquirir los alumnos en las distintas materias, en las que los estudiantes vascos además no salen muy bien parados a la vista de los resultados de diferentes evaluaciones, como el informe PISA, pese a que el gasto por alumno es en Euskadi un 60% más elevado que en el resto de España.

El sistema de modelos lingüísticos esta por ello de nuevo en entredicho a las puertas de la negociación entre los partidos para la nueva Ley de Educación. Para unos porque se queda corto, y piden la inmersión total en euskera. Para otros porque la extensión del modelo D sin tener en cuenta la lengua materna del alumnado lleva al reducir el nivel de competencia en la lengua y en otras asignaturas.

De entrada, el principal partido de la oposición, EH Bildu ya ha mostrado su predisposición a la negociación y al acuerdo del pacto educativo, pero sobre la base del "modelo de inmersión lingüística general".

"Sabemos que el debate está servido, pero entendemos que está sobradamente demostrado que el modelo D no euskalduniza lo suficiente, que no se consiguen los perfiles lingüísticos que plantea la ley y que tenemos un problema de convivencia del euskera", señalaba Pello Otxandiano, director de programas de EH Bildu al presentar las líneas generales de la formación en materia educativa adelantando la clave de cuál será uno de los mayores escollos en la negociación.

Mientras tanto, desde el Gobierno vasco se apuesta porque cada vez más actividades extraescolares o de ocio se desarrollen en euskera para extender este idioma fuera de las aulas. Pero está por ver si en el mundo de la globalización de internet o de Netflix, con una población cada vez más diversa se le puede poner puertas al campo y forzar el uso de una lengua, también en el ocio.

El peso de la lengua materna
Son muchos los expertos que coinciden en que uno de los errores que ha cometido el sistema educativo vasco a los largo de los ultimos años y que ahora pagan los alumnos al no tener competencias suficientes en las dos lenguas, ha sido "ir arrinconando" de forma progresiva el sistema de modelos lingüísticos, dando prioridad a la enseñanza en euskera, que dificulta el aprendizaje de muchos alumnos para los que ésta no es su lengua materna.

En este sentido apuestan por "revisar a fondo del sistema", primando la lengua materna del alumno, sin que se "vete ningun idioma". Es decir que las zonas castellano parlantes se prime el castellano y en las euskaldunes el euskera.

Porque "el objetivo de la escuela no debe ser la euskaldunización, sino la escolarización", señala el experto en educación Javier Nogales, que cita un informe del Banco Mundial que señala que "cuando a los niños se les enseña por primera vez en un idioma que hablan y comprenden bien, aprenden más y están en mejores condiciones para aprender otros idiomas".

De igual forma, Ricardo Arana, conocedor del mundo de la enseñanza desde el aula como profesor, pero también desde el sindicalismo y la administración, constata también que "el sistema de modelos ya no existe" y se ha sustituido "por una sola estrategia", que es la del modelo D, como si toda la población escolar fuera euskaldún cuando es diversa. Algo que se ha conseguido, no por la legislación, sino por la práctica, porque "no hay una ley que obligue a las familias a elegir el modelo D". "Pero todo lo que ignore la existencia de otra lengua en Euskadi será un fracaso tras otro y bajos niveles de competencia", sentencia.

En este sentido, señala que el modelo D, que estaba pensado en un principio para los que tenían el euskera como lengua materna "fracasa al final, porque llega a una parte del alumnado, pero no a todos. Y el problema no es ya tanto el aprendizaje o no de la lengua, sino que esa lengua se convierte en un vehículo para otros conocimientos", que al final pueden llegar con dificultad al alumno.

Los prooblemas que conllevan la euskaldunización en la escuela no son nuevos, sino que se arrastran desde hace años,. De hecho, el año pasado mismo el Consejo Escolar de Euskadi en su informe sobre 'La situación del sistema educativo vasco 2017-2019', señalaba que "según los resultados de evaluaciones propias como de estudios internacionales, se aprecia con claridad que la comprensión lectora es insuficiente en una parte importante del alumnado y está ligada a la situación sociolingüística", y pedía al Departamento de Educación la puesta en marcha de un estudio en profundidad sobre el modelo D, a través del que "se puedan identificar y caracterizar las distintas realidades lingüísticas y educativas que integran este modelo y se valore la adecuación de aquellas estrategias metodológicas adaptadas a las diversas situaciones y contextos".

La nueva Ley de Educación que se ponga en marcha será la tenga que abordar los cambios en el sistema. La negociación política será la que determinará la dirección que tomen esos cambios que para bien o para mal determinarán el camino de los estudiantes del futuro.

 


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