AGLI Recortes de Prensa   Domingo 12  Diciembre  2021

La pestilencia del separatismo catalán
Gabriel Muñoz Cascos. diariosigloxxi 12 Diciembre 2021

Hoy no puedo ser condescendiente con lo que pasa en Cataluña. Siempre que he escrito sobre esta región española he procurado hacerlo con la mayor ecuanimidad, a la vez que, con verdad y dureza, como suele ser mi costumbre. Hoy tengo que ser beligerante con unas gentes que no merecen el título de personas, porque son verdaderos animales.

Esas gentes a las que me refiero y califico de pestilentes, son las que (capitaneadas por el ladrón mayor de Cataluña, su esposa y sus siete hijos, so pretexto de que España les robaba) inició una guerra contra nuestra Patria para hacerle el mayor daño en lo político, en lo económico y en lo cultural. Hoy ese ladrón bajito y chocho está fuera de lugar, aunque protegido vergonzosa e incomprensiblemente por algunas instituciones, pero ha dejado una herencia de inmoralidad cuantiosa y despreciable.

Recuerdo perfectamente la trayectoria de toda esa gentuza, aplicando al principio tímidos recortes al español, pero, sin parar ni un solo día hasta la implantación bochornosa de la censura a todo lo que fuera nuestro bello idioma, mientras nuestros sucesivos gobiernos, sin disculpar a ninguno, les daba el dinero que les pidieran, quizás con la intención de que se “ablandaran” en su forma de actuar. No voy a hablar de todo lo que han hecho pues haría falta una enciclopedia, pero si quiero referirme a su última acción. Los padres de un niño de 5 años solicitan que su colegio le asigne unas horas más de enseñanza en español, de acuerdo con sus deseos y el aval de una sentencia del Supremo.

La reacción de estos hediondos, miserables y criminales han proyectado disuadir a los padres y al niño, de su derecho y, en caso contrario, apedrear su casa. ¿Creen que ha salido algún catalán decente a reprochar este comportamiento de muchos separatistas? ¿Conocen algún movimiento feminista-cuentista que se acuerde de la madre de ese niño? ¿Ha dicho algo el indecente de La Moncloa? ¿Porque no? Pues porque son todos unos seres pestilentes y miserables. Allí acabará todo como ese equipo de fútbol que era “más que un club” y ahora es el refugio de un separatista antiespañol que se creía el mejor entrenador del mundo y está haciendo el ridículo.

Operación borrado: cómo destruir la Historia de España
La nueva asignatura de ese campo que propone el Ministerio es más un proyecto político que educativo
Jorge Vilches. larazon 12 Diciembre 2021

En una sociedad con la pretensión de ser libre la Historia se enseña, no se usa de comodín para un argumento partidista. La escuela está para instruir, no para ser un centro de formación de jueces de la Historia a los que se les da la sentencia ya escrita. Enseñar esta materia, sus procesos, ideas y movimientos en edades tempranas no es catequizar para la comunión; es decir, no se trata de preparar a los niños para el acto de la ciudadanía. Eso es confundir la educación con una religión civil. No estamos en los tiempos de Rousseau, en los que un gobierno visionario educaba a la gente para llegar al Hombre nuevo en la Sociedad nueva y perfecta. Esas formas autoritarias, propias de la soberbia política, deberían haber concluido. Construir ciudadanos –un concepto que encajaría en la distopía orwelliana– no consiste en forjar autómatas que respondan a los estímulos ideológicos inculcados en la educación obligatoria, sino enseñar a que sean personas libres y creativas.

Ser crítico no es estar bien adoctrinado para reaccionar como el pobre perro de Pavlov cuando suena la campanilla ideológica, sino pensar por uno mismo, en libertad, al margen de la verdad oficial y la moral impuesta. La escuela no debería, pues, ser una fábrica de jueces morales, sino el acompañamiento en la formación como persona de cada uno. De hecho, a la universidad nos llegan alumnos que saben mucho de la moral oficial y muy poco de Historia.

El borrador de las asignaturas de Historia Universal y de España que prepara el Ministerio de Educación para el Bachillerato cae en el vicio del constructor de mentes. Es cierto que resulta muy difícil escapar a la subjetividad en la elaboración de un plan educativo, pero no deja de ser conveniente que el legislador entienda que no obra solo para los suyos, sino para todos y el futuro. Quizá esté ahí la respuesta, en el porvenir. Max Adler, un marxista del siglo XX, escribió que la clave de la transformación socialista estaba en forjar a las nuevas generaciones en la escuela pública y que, por tanto, era fundamental controlar al personal docente y el programa educativo.

Los clichés progresistas en los que cae el borrador son tan conocidos como anticuados. Comienza diciendo que el estudio del pasado sirve para comprender el presente y afrontar «los retos que nos plantea el siglo XXI», porque, dice, tan importante es el conocimiento de la Historia como el «compromiso cívico». La vía es conectar el pasado con las preocupaciones del presente inmediato, definidas, claro está, por el programa. El objetivo es que el alumno tenga una argumentación histórica con la que acompañar la solución política que se le inculca a los problemas presentes. De esta manera se construye una Historia presentista, anacrónica, pensada para ser útil a un proyecto político concreto actual. El alumno solamente conocerá en la escuela aquellos acontecimientos que sean útiles para explicar la actualidad marcada interesadamente por el Gobierno de turno. Ni una cuestión más. En consecuencia, el borrador insiste en la conveniencia de alejarse de las «etapas más lejanas» de la Historia. Con ello, unido a la selección de acontecimientos ejemplarizantes de la moral oficial y la omisión de otros, se pretende construir una «ciudadanía activa» que detecte los «riesgos y amenazas» para la democracia. Creo que no cabe un mejor ejemplo de sistema autoritario aplicado a la educación.

Asimismo, el borrador para el estudio de la Historia recalca que es preciso que el docente haga entender al alumnado que la desigualdad es uno de los principales problemas. ¿Quiénes han permitido avanzar en la igualdad? Pues las organizaciones obreras y los movimientos sociales a través de la acción colectiva. Para el redactor no hay otro agente del cambio en la historia de la Humanidad, lo que es una estafa al alumno. Lo importante es transmitir ideología, por eso concluye que hay que inculcar a los alumnos un «firme compromiso cívico» para el logro de «la cohesión social, la solidaridad, el respeto a la diversidad y el derecho de las minorías».

¿«Encuadramiento social»?
De esta forma, el individuo desaparece en dicha defensa. Solo existen los colectivos, de ahí que el borrador ordene que se transmita «la importancia de las identidades colectivas alternativas» que han acabado con las «tradicionales» a pesar de su resistencia. Esas son las que deben ser enseñadas para que el alumno entienda su «encuadramiento social» y su marco de «movilización». Todo esto, claro, en una sociedad compuesta por clases sociales, lo que es una visión marxistoide y anticuada de la existencia. Además, el profesorado debe transmitir una idea de progreso definida como la «justicia social a nivel internacional y la sostenibilidad del planeta». Por supuesto, la injusticia, la «emergencia climática» y la sumisión de la mujer son culpa del capitalismo.

Por otro lado, la Historia de España se aborda en el borrador como la recolección de los elementos de «nuestra memoria democrática» hasta la Constitución de 1978. El «centro de atención» debe ser, dice, construir «una ciudadanía informada y consciente» que valore la democracia de su país, «aunque crítica con respecto a la desigualdad y las expectativas incumplidas». Estamos, así, ante una formación ideológica con la excusa de la transmisión del conocimiento histórico y que resulta finalista: todo desde 1812 iba encaminado al sistema político actual. Es una visión contractualista de España en la que el país no existe si no hay un contrato que llamamos «Constitución». Quizá por eso se desprecia la Historia anterior a 1812, y que da sentido a nuestro país. Es bueno recordar que es el pueblo el que construye una Constitución, y no al revés. Del mismo modo, el borrador ordena que se dé máxima importancia a explicar el «proceso reformista y democratizador» de la Segunda República, y las «reacciones antidemocráticas» que suscitó y que concluyeron con un golpe de Estado. Y de forma contradictoria pero reveladora dice a continuación que el objetivo es que el alumnado «forme juicios propios argumentados» que rechacen la visión negativa de la República.

No fue una democracia
Resulta sorprendente que todavía se sostenga que aquel régimen fue una democracia. No resultó así por deseo de sus constructores, que veían en el republicanismo una forma de hacer la revolución que acabara con la España tradicional. Fue una imposición de parte que quiso dictar y excluir a todo el que no pensara igual. Sirvan de ejemplos el dictatorial «Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional» de 1931 y la violencia contra la Iglesia desatada en mayo de ese año. Las intenciones, y menos el revanchismo, no legitiman la dictadura revolucionaria, la violencia ni la vulneración de los derechos humanos.

En cuanto a los «saberes básicos» que ha de tener la asignatura de Historia de España quedan excluidos la Hispania romana y la visigoda, Al Andalus, la Reconquista, los reinos peninsulares, los Reyes Católicos y los Austrias. Nada se dice, pues, de Carlos V ni de Felipe II a pesar de su trascendencia en la historia mundial. Los Borbones solo se tienen en cuenta para hablar de la centralización y, por tanto, inculcar al alumnado sus errores en el reconocimiento de la «pluralidad identitaria de nuestro país».

Iglesia y Estado, siempre en minúsculas en el borrador, aparecen antes de contar la secularización, el anticlericalismo y las minorías religiosas. Tras la loa a la Segunda República viene el estudio del exilio, una buena dosis de historia social y obrerista, la represión franquista, la «España vaciada» (sic.), y la «lucha por la emancipación de la mujer». Todo debe ir encaminado, no a un conocimiento científico del pasado de España y a la creación de personas libres, sino a que el alumnado sepa afrontar los retos del mundo actual, como la desigualdad material y las «identidades múltiples» desde el compromiso cívico progresista. Tuñón de Lara estaría satisfecho.

El comunismo sí fue un totalitarismo
En el escandaloso programa, el Ministerio no incluye el comunismo entre los totalitarismos y autoritarismos del siglo XX. No está la palabra ni siquiera cuando habla del respeto a los derechos humanos. Solo se usa una vez en 528 páginas y es para referirse al «establecimiento de los estados comunistas». Pero el documento sí menciona al fascismo y al nacionalsocialismo, aunque omite toda referencia al comunismo como ideología totalitaria y dictatorial, la más genocida de la Historia de la humanidad, enemiga de la libertad y cuya fórmula persiste en algunos países. Ese conocimiento no se puede hurtar de la enseñanza. A la izquierda no le gusta que el comunismo sea tildado de totalitario. Así lo confiesa el filósofo marxista Zizek, quien aconseja la tarea de sacar la ideología comunista y sus hechos de cualquier equiparación con el nacionalsocialismo y ponerla como precursora de la democracia y luchadora por la igualdad social. Moderneces, en fin, que suenan peligrosas y muy antiguas.

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Del separatismo a la izquierda: El menor de Canet y el hijo de Ana Rivas
EDITORIAL. https://rebelionenlagranja.com 12 Diciembre 2021

Dos acontecimientos han zarandeado el corazón de los españoles de bien: el acoso al menor en Canet de Mar y lo que desvela la resolución judicial que impide la salida de prisión de Juana Rivas por grave riesgo para uno de sus hijos.

El acoso intolerable a un menor y a su familia deja al desnudo la realidad de la Cataluña del apartheid lingüístico y del totalitarismo supremacista. Estos hechos cuyas imágenes televisivas recuerdan al Ku Klux Klan, ponen a Cataluña ante su propio espejo: la de una sociedad fanatizada e intolerante capaz de desatar una campaña de acoso contra un menor de cinco años y su familia por el hecho de que una sentencia les garantiza recibir un 25% de la enseñanza en español. No cabe disculpa, ni argumento, ni justificación, y me temo que estas imágenes le quitan el velo ante el mundo a toda la propaganda nacionalista.

Cataluña se ha convertido en un sitio donde es difícil vivir con libertad. Un lugar en el que la única libertad que todavía puede, de cuando en cuando, respirarse, es residual y llega siempre de España.

El acoso de todos esos padres y vecinos de Canet de Mar a un menor de cinco años y a su familia por el mero hecho de haber obtenido una sentencia para poder estudiar el 25% (¡!) de las asignaturas en español, pone de manifiesto el grado de intolerancia, de fanatismo, de ceguera, de odio y de crueldad al que ha llegado esa sociedad completamente enferma. ¿Que hay en la cabeza de toda esa gente para pasar por encima de los derechos de un niño y de su familia y lanzarse colectivamente a un linchamiento moral en redes sociales, pidiendo el apedreamiento del menor, la expulsión de Cataluña de la familia entera y señalándoles públicamente -domicilio incluido- como seres de la peor especie?

No existe una sola sociedad en el mundo civilizado en el que esté pasando algo similar a lo de Canet de Mar, un lugar que pasará a la historia por el bochorno de estos días.

Cataluña es culpable. El gobierno de España es culpable. La Generalitat es culpable. El separatismo es culpable.

El otro asunto es el de Juana Rivas, el icono del falso feminismo de la izquierda española. Ahora hemos sabido, con enorme estupefacción, que uno de sus hijos menores, mientras estaba a su cargo, fue violado. Hemos sabido que fue el colegio al que acudía el niño el que tomó la iniciativa para averiguar lo que le estaba ocurriendo al menor, el que le llevó al médico, el que instó su exploración y el que advirtió a la madre de la gravedad terrible de los hechos.

Juana Rivas -ya separada y con una nueva vida sentimental- ni presentó denuncia ni realizó averiguaciones sobre los hechos. Ahora hemos sabido, gracias al juez que ha negado la salida de prisión de Juana Rivas, que existe un informe pericia estremecedor sobre los hechos. Y que por esa razón el juez no se fía de Juana Rivas, de sus facultades, vigilancia y cuidados como madre.

El gobierno hizo de Juana Rivas una bandera del feminismo de la izquierda y la indultó en loor de multitudes mediáticas: a una madre que había secuestrado a sus hijos a los que, al parecer, según el juez, tampoco atendía adecuadamente.

El caso de Juana Rivas es moralmente repugnante pero pone de manifiesto el nivel de putrefacción al que ha llegado la izquierda española.

El niño de Canet de Mar y el hijo de Juana Rivas. Dos asuntos de extrema gravedad: ambos afectan a niños y los dos son aberrantes; de ambos son políticamente responsables los socios del gobierno de España: en un caso, los independentistas catalanes; en el otro, la izquierda. Y la víctima es siempre el más indefenso.

Nacionalismo o libertad

Jorge Vilches. larazon 12 Diciembre 2021

Gustave Le Bon escribió hace más de cien años que el hombre comete barbaridades cuando se siente arropado por la masa, abandona la empatía y pierde las formas que conserva en privado. Solo así es capaz de acosar, insultar y perseguir, incluso pegar o matar a alguien por ser diferente. Tenía razón en parte. La masa permite que afloren los peores instintos, el totalitarismo latente que existe, por ejemplo, en el nacionalismo y que se da en pequeña intensidad en el ámbito particular, escolar, familiar o laboral. Lo peor es cuando encuentra apoyo institucional para hacerlo.

Todo nacionalista es xenófobo y autoritario, desprecia la libertad y los derechos humanos en su sentido equilibrado e igualitario, y trabaja a diario para la consecución a cualquier precio de su paraíso terrenal. El nacionalismo es una religión civil a la defensiva que huye de la razón, y que condena las traiciones a la fe nacional. Eso es lo que hace de esta ideología algo tan dañino como perdurable, que requiere continuos actos inquisitoriales. Es lo que está pasando en Canet de Mar con un niño y su familia, que han cometido la osadía de pedir a su colegio que se cumpla la sentencia del Supremo para recibir el 25% de las clases en español. Todo el totalitarismo latente del nacionalismo ha quedado al descubierto, con su apoyo institucional y el entramado civil. Ni siquiera es comparable al Ku Klux Klan, en el que las autoridades colaboracionistas eran castigadas por la ley. Aquí no porque el Gobierno catalán ni siquiera será amonestado por ayudar al linchamiento de esa familia.

¿Y qué hace mientras el Gobierno? Mirar para otro lado, lo que supone colaborar con los nazis del catalanismo, que han convocado una manifestación con antorchas para exigir el respeto al proceso de construcción de su comunidad homogénea. El Ejecutivo no hace nada para evitar este «apartheid» a los disidentes del totalitarismo catalanista, ni para defender los derechos individuales.

No les importa que la Constitución diga que todos tenemos el deber de conocer la lengua española y el derecho a usarla. Esto se escapa a la afirmación de Sánchez de cumplir de «pe a pa» el texto fundamental. El motivo de tal dejación e incoherencia es que necesita el voto parlamentario de ERC, Bildu y el resto de nacionalistas. Una vez más queda claro que el interés de Sánchez está por encima del Estado de Derecho y del bien general.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dicen que no conocen suficientemente el caso para opinar. Debe ser que no leen la prensa. El Gobierno ha tardado 15 días en pedir a la Generalitat que garantice la integridad física de la familia acosada. Esa dilación no hubiera tenido lugar si hubiera sido una agresión homófoba. Sánchez fue capaz de desplazarse a recibir al Aquarius, pero ni él ni ninguno de sus ministros tienen la vergüenza política de ir a Canet de Mar a hacer que la Constitución se cumpla «de pe a pa».

La oposición encabezada por el PP ha pedido que se reúna la Comisión de Delitos de Odio que estudia estos casos, y ha exigido responsabilidad al Gobierno. La respuesta del sanchismo es que no se politice la lengua, lo que sería gracioso sino fuera dramático porque el idioma es el instrumento de segregación xenófobo y de exclusión social usado por los nacionalistas. La «inmersión lingüística» ha sido desde el principio un ahogamiento planificado del español, todo un símbolo del fin de la libertad en Cataluña. Miremos atrás: el Partido Andalucista consiguió en 1980 dos diputados en el Parlamento de Cataluña. Hoy habrían sufrido el acoso que limita los derechos de reunión y manifestación. Habrían sido tildados de traidores a la patria catalana, e invitados a abandonar la región.

Cristales rotos en Canet
Enrique López. larazon 12 Diciembre 2021

No sólo es separatismo respecto a España, también lo es de la idea misma de democracia y de cualquier atisbo de la de tolerancia. Para quienes todavía lo dudaban, el independentismo supremacista que inspira a algunos partidos políticos catalanes ha demostrado el verdadero rostro del fascismo, persiguiendo a un niño de cinco años y a su familia por reivindicar en un colegio de Canet su derecho a recibir el 25 por ciento de su formación en español, en virtud de una sentencia que el Gobierno de España no ha movido ni un dedo para ejecutar.

Una actitud vergonzosa, propia de una dictadura excluyente, que muestra el peor rostro del odio, sentado en bancadas parlamentarias y en un Gobierno autonómico, promoviendo el acoso, el castigo y el aislamiento social de una familia de forma indigna y cobarde. Es la política del señalamiento y el hostigamiento de estos nuevos años de plomo, ahora en Cataluña, en los que una sutil forma de violencia, basada en una presión social originada desde las instituciones controladas por el independentismo, está generando el silenciamiento de cualquier disenso.

Que una familia que sólo quiere ejercer un derecho tenga que recurrir al Tribunal Superior de Justicia reclamando protección física frente a quienes les amenazan pone de manifiesto la gravedad de la situación. La actuación de la Generalitat, y particularmente la de su consejero de Educación, que es un cualificado miembro de ERC, ese partido con el que Sánchez está pactando todo, ha resultado dramática, especialmente cuando se llegó a afirmar que no estábamos ante un problema real.

Eso por no hablar del Gobierno de la Nación, tan proclive a indultar los errores del independentismo, como fórmula de convalidación para cuadrar las votaciones del Congreso de los Diputados, limitándose a hacer una llamada telefónica prácticamente de cortesía. Lo mismo que el PSC de Salvador Illa, aquel ministro tan contundente contra el Gobierno de Ayuso, en medio de una pandemia mundial, y tan complaciente con el de Aragonés, en medio de un ataque frontal a los derechos humanos en Cataluña. Estamos ante un asunto de la mayor trascendencia, que desnuda problemas tremendos, como la absoluta pasividad del Gobierno central ante la política de eliminación del castellano que practica la Generalitat; la desobediencia contumaz y continuada de las sentencias judiciales por parte del Govern; y la creación desde las instituciones de un ambiente opresivo de instigación de delitos y actos de odio sumamente dañinos.

Un odio con origen en el peor nacionalismo y en el mayor separatismo, pero convalidado por la izquierda, empezando por el propio socialismo gobernante, empeñada siempre en distinguir entre los odios, o entre los lugares donde se producen los odios, como si algún tipo de odio fuera bueno, como si alguna cantidad de odio fuese aceptable. En Cataluña no se cumple la Constitución de pe a pa, porque el Gobierno de Sánchez ni garantiza que se imparta un 25 por ciento de las enseñanzas en castellano ni hace que se ejecuten las sentencias judiciales ni ampara a una familia atacada ni actúa contra la Generalitat y los violentos que señalan de manera vil a un niño. Cumplir la Carta Magna exigiría, de entrada, remitir un requerimiento a la Generalitat e iniciar en el Senado los trámites para aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la situación lingüística en Cataluña. Pero pierdan toda esperanza, porque Pedro Sánchez, que le tiene más apego al poder que al cumplimiento de la Ley, no hará nada al respecto. Estamos ante el peor rostro del fundamentalismo político, algo que nos hace recordar de forma inquietante épocas penosas en España y en Europa.

De Luisiana a Canet
Agustín García. okdiario 12 Diciembre 2021

Cesar Cervera nos recordaba el otro día en Abc el caso de una niña afroamericana (Ruby Bridges) que, en la América de los 60, tuvo que ser escoltada por los federales para ir a su colegio en Luisiana, tras declarar el Tribunal Supremo que la segregación racial era ilegal.

Contaba el periodista esa magnífica historia a propósito del niño acosado en Canet por los indepes pero no nos decía lo que hubiera pasado si, en vez de ser el republicano Eisenhower el presidente de los americanos, hubiera sido nuestro Sánchez. Con su permiso y con los nazisnalistas del Govern en el papel de Ku Klux Klan, ya les cuento yo lo que habría sucedido.

En primer lugar, los del KKK no serían enemigos de Sánchez, sino sus aliados, y ambos habrían superado esa manía, que tanto nos enfrenta, de llamar a las cosas por su nombre. Mejor llamar inmersión a lo que es segregación. Así, el problema no se resuelve, pero se edulcora.

Como los del KKK seguirían con su inmersión, aquella niña y los hostigados pedirían que se cumpliese la Ley, pero ya saben, las leyes y las sentencias, para Sánchez, son revanchistas. Lo democrático y lo que favorece la convivencia, según él, es el diálogo y el perdón para los delincuentes. Así, para convivir, nada de jueces, policías ni parlamentos. Eso son cosas de americanos. Mejor una Mesa de diálogo, una talk table habría propuesto allí.

Y no sólo eso, como buenos aliados que serían, y creyendo que así mejorarían sus relaciones, les aumentaría el presupuesto a costa de los que sí cumplen con las normas. Pero ya sabemos que a los fanáticos no se les compra con dinero y pronto volverían a las andadas, incluso acosando a niños de cinco años. Aun así, nuestro Sánchez no caería en la tentación de mandar a los federales como Eisenhower. Mejor pactar retiradas de guardias civiles, o desmantelamientos de comisarias.

Con suerte para aquella niña de Lusiana, era Eisenhower y no Sánchez quien les presidía y, gracias a ello y a la determinación de su madre, pudo ir al colegio. El niño de Canet no ha tenido la misma suerte. Según Sánchez su problema no es asunto de su Gobierno; el suyo es organizar huelgas de juguetes.

El ‘procés’ sigue en Canet
Editorial ABC 12 Diciembre 2021

La izquierda española debería ser coherente con sus valores republicanos -si es que los tiene y son sinceros- y recordar que el artículo 50, párrafo tercero, de la Constitución de 1931 atribuía al Estado «la suprema inspección en todo el territorio nacional» en materia educativa. La Constitución de 1978 no fue tan explícita, pero dejó el fundamento de la Alta Inspección en el artículo 27.8, luego desarrollado en las sucesivas leyes reguladoras del sistema educativo, hasta llegar a la vigente Ley Orgánica de Educación, de 2006, que, en el artículo 149, hace responsable al Estado de «la Alta Inspección educativa, para garantizar (…) la observación de los principios y normas constitucionales aplicables (…)». En concreto, corresponde a la Alta Inspección «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en sus derechos y deberes en materia de educación, así como sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables» (artículo 140.1.d).

Todo esto es papel mojado en el acoso de estilo nazi que la Generalitat de Cataluña, partidos separatistas, organizaciones colaboracionistas y múltiples cómplices pasivos han montado contra la familia de Canet que consiguió para su hijo de cinco años, con la ley en la mano y el respaldo de la Justicia, algo tan simple como un 25 por ciento de clases en castellano. Lo que sucede en torno a este niño es la revelación en estado puro del sectarismo nacionalista, de la ira etnicista del separatismo y de su incompatibilidad con la democracia. Es, en efecto, el ‘procés’ por otras vías, por la vía de la depuración lingüística, de la limpieza social, tan bien conocida en el País Vasco. Por eso, el asedio al niño de Canet, y a su familia, es mucho más que un problema educativo o que un nuevo ejemplo de desobediencia a la Justicia. Es, o sigue siendo, la muestra de que el régimen nacionalista de Cataluña es esencialmente sedicioso, antidemocrático y criminógeno. Por su parte, la izquierda española ha decidido convertirse en un agente silencioso, pero esencial, de esta maquinaria ‘balcanizadora’ de Cataluña. La charlatanería con la que sus portavoces se desentienden del acoso a la familia castellanohablante de Canet es el complemento perfecto para la osadía de los acosadores. Todo habría sido distinto como en el pasado, si en vez de un niño castellanohablante, la víctima del hostigamiento hubiera sido una mujer, un negro, un homosexual o un ‘mena’. O un nacionalista.

Cataluña ha de asumir que lo que pasa en Canet no es propio de una sociedad democrática y civilizada, sino una pulsión tribal, una excitación de instintos premodernos, que descalifica no solo a quienes la protagonizan, sino también a quienes la alientan, la disculpan o la consienten. La Alta Inspección del Estado, pese a su profundo sentido federalista -la izquierda demuestra que tampoco sabe qué es el federalismo-, es inútil ante lo que constituye un delito de coacciones y amenazas retransmitido en directo. Esta vez, ningún ministro -¿dónde está Marlaska?- sale corriendo a un micrófono a hablar de ‘odio’.

Esta es la derogación constitucional que quiere el separatismo y propicia Pedro Sánchez: la anulación de los derechos y libertades de ciudadanos concretos, utilizados como mensaje mafioso a todos los que se opongan al régimen opresivo del separatismo en Cataluña. Aún no hay querella del Ministerio Fiscal, no hay un requerimiento formal a la Consejería de Educación por el Ministerio, no hay nada de dignidad en el Gobierno de la nación, mientras a una familia española se le hace pagar con miedo y amenazas el derecho a hablar en castellano.

La izquierda española o los comunistas de siempre
Nota del Editor 12 Diciembre 2021

Siguiendo la pista del dinero, en vez de hablar de izquierda española hay que decir comunistas de por aquí y por allí.
Aplicado a la tortilla, española, añade valor, sabor, ilusión, pero a los comunistas de siempre parece que los suaviza, los aísla de los cien millones de muertos y miles de recientes asesinados en hispanoamérica.

Canet: obligados a ser héroes
Javier de Erausquin. vozpopuli.es 12 Diciembre 2021

Basta la palabra de una voz libre para romper la omertá nacionalista. En el colegio Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) la familia de un niño de cinco años ha exigido el derecho a que su hijo tenga un 25% de clases en español.

En cualquier país del mundo no se entendería el conflicto. La familia de un alumno español pidiendo que se le escolarice en uno de los dos idiomas oficiales en tan solo el 25% de las clases, derecho reconocido por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalada recientemente por el Tribunal Supremo.

La respuesta nacionalista ha sido la esperada cuando un ciudadano libre osa disentir en Cataluña. Acoso, intimidación y amenazas. Desde animar a apedrear la casa de la familia del niño, hasta hacerle el vacío en clase, pasando por pedir un apartheid para la familia en su propio municipio.

Lo peor estaba por llegar. El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, se presentó en el citado colegio para mostrar apoyo a los acusadores y acosadores defendiendo la imposición lingüística y negándose a utilizar el catalán ante la prensa. No era la primera vez que la Generalitat daba la espalda al niño y a su familia. Días antes, la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, atacó a la familia por "obligar a cambiar de lengua al resto".

Un Estado no debería jamás admitir que, en aras al cumplimiento de sus derechos, un ciudadano se vea a sometido a un hostigamiento tal que amenace su estabilidad personal en su propio pueblo. No debería permitir que aquellas voces libres que quieran disentir del régimen nacionalista se jueguen la muerte civil. No debería permitir que, para ser libre en su propio país, queden obligados a ser héroes.

Eso es precisamente lo que es el niño de cinco años de Canet de Mar y su familia: héroes anónimos. Ni las amenazas de los nacionalistas, ni el apoyo de la Generalitat a quienes los desprecian, ni el olvido del Gobierno de la nación han podido torcer la voluntad de una familia que se ha erigido en símbolo de la libertad en Cataluña.

Con la inestimable ayuda de Ana Losada, al frente de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y de José Domingo desde Impulso Ciudadano, las familias han iniciado una revolución de libertad en Cataluña que va a seguir en cada centro educativo para lograr que se respete el cumplimiento de la sentencia que garantiza la enseñanza de 25% en español.

No es necesario plantear que pasaría si en vez de pedir que se respetase un 25% de español en la escuela, fuese un 25% de catalán. Tampoco sirve de nada razonar con personas que normalizan el acoso a un niño de cinco años en aras de imponer una lengua, una religión o una ideología. La argumentación lógica y racional es inerte para el nacionalista, que con pulsiones sentimentalistas y emocionales va configurando su realidad adaptándola a su discurso victimista.

La mayor falacia dentro del argumentario de la imposición lingüística nacionalista es la de evidenciar que el español goza de buena salud y que, por tanto, no hay que enseñarlo en la escuela catalana. Como si fueran los idiomas, y no las personas, quienes tienen derechos.

Es verdad que la sociedad civil constitucionalista en Cataluña está dando la batalla por sus derechos sola, sin ayudas ni apoyos institucionales. Pero a raíz de lo ocurrido en Canet de Mar, uno puede atisbar vestigios de optimismo. Por primera vez en 40 años de nacionalismo ininterrumpido en Cataluña, el independentismo está a la defensiva. Cada vez más familias están dispuestas a plantarse ante la sumisión nacionalista y exigir que se respeten sus derechos, tal y como les garantiza las recientes decisiones judiciales.

Los viejos eslóganes como “el catalán no se toca” o “la escuela en catalán” que durante lustros han repetido los adeptos a la ideología imperante en las instituciones de esta comunidad, han dejado de calar en la sociedad. El acoso, las amenazas y la intimidación al niño de cinco años de Canet y su familia y la falta de condena del consejero González, ha provocado la caída de la careta del nacionalismo más amable, mostrando la xenofobia que subyace a esta ideología.

Decía Alexis de Tocqueville que “los tiranos nos parecen grandes solo porque nosotros estamos de rodillas”. En Cataluña hay ciudadanos obligados a ser héroes, que han decidido ponerse de pie.

Las siete contradicciones del 'postureo' independentista con la lengua
El Govern abraza el monolingüismo e insta a los directores a desobedecer, pero luego ejecuta las sentencias y defiende el castellano y la autonomía de centro en sus alegaciones judiciales
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 12 Diciembre 2021

Mediáticamente, el Govern se alinea con el independentismo más recalcitrante, el que defiende una escuela solo en catalán, blinda la inmersión y llama a la desobediencia a los profesores. Pero judicialmente, la Generalitat ejecuta las sentencias que obligan a impartir un 25% de horario lectivo en castellano, defiende este idioma como vehicular y la autonomía de los directores de centro a la hora de adaptar (¿flexibilizar?) sus currículos en función de las necesidades sociolingüísticas. Éstas y otras contradicciones han aflorado en el caso de un colegio de Canet de Mar (Barcelona), donde el acoso a un menor ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a ordenar a la Consejería de Educación a proteger al niño.

1. Cambray insta a desobedecer, pero ejecuta la sentencia
Una de las contradicciones más llamativa es el activismo del consejero de Educación, Josep González-Cambray, quien lleva días utilizando la escuela de Canet como escenario de sus soflamas a favor de la inmersión y de la desobediencia de las sentencias. Pero se da la circunstancia de que, tal como ha publicado Crónica Global, el centro hizo una propuesta curricular en respuesta a "la resolución de 11 de noviembre, dictada por la Secretaría General (de la Consejería de Educación), por la que se me ordena el cumplimiento de la resolución judicial dictada el 14 de octubre de 2021". Así consta en un documento que obra en el expediente judicial, notificado el 26 de noviembre.

En el mismo se informaba de que, “en fecha 9 de diciembre de 2021 comenzarán a impartir en lengua castellana, como lengua vehicular, las franjas horarias marcadas en el horario que os adjuntamos".

2. ¿Obediencia a la Consejeria o autonomía de centro?
El Govern ha hecho bandera de la autonomía de centros en el sistema educativo catalán. Pero a la hora de aplicar la sentencias que obligan a impartir un 25% de horario lectivo en castellano, el departamento ha llamado a rebato a los directores de las escuelas para instarles a desobedecer y blindar la inmersión (aunque después sea la propia Generalitat la que curse la ejecución de las resoluciones judiciales).

En los recursos presentados ante los tribunales, el Govern redunda en esa autonomía para negar el derecho de los padres a pedir escolarización en castellano. "Es el centro docente el que, en su proyecto lingüístico, debe determinar el uso de las lenguas a lo largo de la enseñanza", explica el abogado de la Generalitat en su rechazo a elevar el castellano en la escuela Puig de les Cadiretes (Llagostera).

Y añade: "Una subrogación en las facultades organizativas de los centros, en concreto en la de decidir sobre el uso de las lenguas, afectaría, en definitiva, al principio de autonomía de los centros educativos".

3. "No hay problema lingüístico"
El Govern asegura que no existe un problema lingüístico en Cataluña e invoca sentencias del Tribunal Constitucional –el mismo que califica de franquista– que "reconocen el valor de cohesión social del sistema educativo catalán”. Así lo indica en sus recursos contenciosos, donde también hace referencia a resoluciones de alto tribunal, que aluden al catalán como "centro de gravedad del sistema lingüístico en el ámbito educativo, al tiempo que modula esta afirmación para que se garantice una presencia adecuada de la lengua castellana, dejando al poder público autonómico la función de organizar la enseñanza que se debe recibir en una y otra lengua".

Una convivencia lingüística, por tanto, que el jueves pasó por alto el consejero al negarse a hacer declaraciones en castellano, avalando así el monolingüismo que reclaman las asociaciones que se manifestaron al día siguiente cerca de la escuela de Canet de Mar. La investigación abierta por un posible delito de odio contra el menor de cinco años, al que el independentismo hiperventilado propone aislar o incluso apedrear, así como el auto del TSJC que ordena a la conselleria a adoptar medidas que garanticen la protección del niño, cuyos datos personales han sido divulgados por radicales secesionistas, no encaja con esa supuesta ausencia de conflicto.

4. ¿Atender a la realidad sociolingüística o blindar la inmersión?
La Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009 es el referente de quienes defienden la inmersión. Y también de un sistema lingüístico adaptado a la realidad sociolingüística que contempla esa ley, tal como reclama PSC o el propio exconsejero de Enseñanza, Josep Bargalló, en un documento que nunca prosperó. Ello implica de facto flexibilizar las horas de castellano y catalán, en función de la situación de cada centro. "La LEC prevé que los centros se adapten a la situación sociolingüística del centro. Este sistema permite garantizar la obligación constitucional y estatutaria de conocimiento de las lenguas oficiales mediante el sistema educativo", asegura la Generalitat en sus alegaciones judiciales.

"Y adecuar el sistema –añade-- a la realidad social de cada centro, sin que corresponda a nadie más que no sea la administración educativa la determinación de la citada presencia efectiva de cada lengua oficial, ya sea estableciendo un número de horas lectivas, ya sea fijando porcentajes o utilizando el sistema que sea (como delegarlo en los centros a la hora de hacer el correspondiente proyecto lingüístico) siempre que se garantice la consecución del objetivo final: la competencia lingüística en ambas lenguas".

5. Escuela en catalán 'versus' cooficialidad
La manifestación convocada el pasado viernes en Canet de Mar por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y el sindicato Intersindical-CSC, apoyada por Junts per Catalunya y CUP, defendió el monolingüismo pues, a su juicio, el catalán es la única lengua vehicular en la enseñanza. Una afirmación contraria a la LEC y el Estatut, como la propia Generalitat reconoce en sus escritos.

"El régimen aplicable no comporta una exclusión del castellano como una lengua vehicular, tal como se desprende de la lectura de la LEC, que prevé un régimen lingüístico plenamente adecuado al marco constitucional, como se pone de manifiesto ya desde un principio en su exposición de motivos, donde se afirma que el régimen lingüístico previsto se adecua a las previsiones del artículo 35.2 del Estatut, precepto estatutario que no niega ni impide el carácter de lengua vehicular del castellano".

"La LEC --concluyen—igual que el Estatut o la Ley de Política Lingüística, en ningún momento excluyen el castellano como lengua docente ni vehicular".

6. Coqueteos con la segregación y la doble línea escolar
La resolución del Tribunal Supremo, que avala un 25% de horario lectivo en castellano, ha supuesto un mazazo para quienes pretenden blindar una inmersión que se mantiene desde hace 30 años. De ahí que algunos opinadores de la órbita independentista planteen la segregación lingüística, esto es, una doble línea educativa donde los alumnos pueden elegir la enseñanza íntegramente en castellano o catalán.

Pero la LEC establece textualmente que "los alumnos no pueden ser separados en centros ni en grupos clase diferente por razones de su lengua habitual”. Por su parte, el Estatut advierte de que “los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos clase diferenciados por razón de su lengua habitual".

Pero el Govern optó por un método de atención individualizada, que sí prevé la LEC, aplicable a alumnos que, por expreso deseo de los padres o tutores, tengan que recibir la primera enseñanza en lengua castellana. "Un sistema avalado por los tribunales y que evita la separación de los alumnos en diferentes grupos por razón de su lengua”, afirma el Govern en sus impugnaciones judiciales, ya que la Justicia da por superado ese método después de 30 años de negarse a abordar el tema de forma pedagógica.

7. ¿Regresión del catalán o éxito del modelo?
Una de las mayores contradicciones de los gobiernos nacionalistas es denunciar el retroceso del catalán, al tiempo que defiende el éxito de la inmersión. La Generalitat adjunta abundante documentación, que incluye informes y sondeos, sobre la evolución del uso social del catalán.

En la causa sobre una escuela de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), con fecha del pasado mes de octubre, la Generalitat alega que "el proceso de normalización lingüística en Cataluña, después de 40 años de su aplicación, iniciada en los años 80, ha comportado en muchos ámbitos una mejora de la presencia de la lengua catalana (aunque últimamente se observa un retroceso en su uso, y es precisamente gracias a esta política que todas las nuevas generaciones de ciudadanos de Cataluña, cuando acaban la enseñanza obligatoria, están en condiciones de expresarse, tanto oralmente como por escrito, en las dos lenguas oficiales, como lo demuestran todos los estudios hechos tanto desde Cataluña como desde el estado, de tal manera que se puede afirmar que el sistema educativo cumple el mandato legal establecido por el artículo 10 de la LEC".

La persecución al español en Cataluña obliga a los niños a ser la “gestapo”
La Generalitat, después de negarse a aplicar la sentencia del Supremo, ha empezado a encuestar a los alumnos para saber qué profesores usan el castellano en sus clases
Yolanda Lorenzo. España. esdiario 12 Diciembre 2021

Canet del Mar se ha convertido en el icono de la persecución del español en Cataluña, simbolizado en el acoso a un niño de cinco años, y a su familia, por reclamar el cumplimiento de la ley y poder estudiar el 25% del programa lectivo en la lengua de Cervantes. Pero ahí no terminan los problemas.

Y es que el conflicto lingüístico alimentado por la Generalitat en Cataluña ofrece una novedad cada día. Después de que el Tribunal Supremo sentenciara que, como mínimo, un 25% de las clases deberán impartirse en castellano y de que el presidente Pere Aragonés se haya negado a aplicarlo, el gobierno catalán ha ido un paso más allá.

La Asamblea por una escuela bilingüe ha denunciado que la Generalitat está enviando a los colegios unas encuestas que buscan localizar y señalar a los profesores que impartan asignaturas en castellano. Unas encuestas que van dirigidas a los propios alumnos de entre quinto de primaria y tercero de la ESO de todos los colegios en institutos de Cataluña.

Señalar al profesor
Entre las preguntas que se le hacen a los alumnos, destaca la de “Qué lengua utiliza el profesor” en una determinada materia. A lo que los alumnos deben responder, además, con respuestas prefijadas por la propia consejería de educación catalana: si en la asignatura se usa solo el catalán, más el catalán que el castellano, ambas lenguas por igual, más castellano que catalán, solo castellano.

El Supremo da la estocada final a la oficina de “persecución lingüística” de Puig y Compromís

Una manera de señalar a los profesores, ya que cada asignatura está designada con nombre y apellidos a un maestro en concreto registrado por el propio centro. Son muchos los padres y madres que están a favor de que se impartan castellano y catalán en las escuelas de la región y que denuncian que es una manera de perseguir el castellano en las aulas.

La encuesta está publicada en el Síndico de Greuges, un organismo similar al Defensor del Pueblo en Cataluña y que depende del gobierno catalán. La institución asegura que con este estudio solo se busca conocer los usos de la lengua catalana en el día a día de los más jóvenes, pero asociaciones de padres ven esta encuesta como una forma de señalamiento lingüístico.

Una encuesta que forma parte de un claro contraataque del gobierno de Pere Aragonés al Estado por la sentencia del Supremo. Una respuesta que forma parte de una estrategia para imponer y reforzar el uso del catalán en los centros educativos catalanes.

La justicia respalda a la familia de Canet y Aragonés mantiene su desprecio

Algo que se suma a la creación de los denominados “grupos impulsores” por parte del Departamento de Educación de la Generalitat. Se trata de una especie de comités escolares integrados por educadores, maestros, directores y especialistas que buscan expandir el uso del catalán en múltiples facetas, en los colegios y también en las casas de los niños.

Según el ejecutivo regional, estos “impulsores” deberán analizar “a fondo” los usos del catalán en las aulas y modificar los planes educativos de los colegios e institutos que no estén enseñando las materias en catalán o, por lo menos, no lo suficiente, según el criterio del gobierno autonómico.

Desde la Generalitat defienden la propuesta. Su consejero de educación, el independentista Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmado en el Parlamento catalán en estos días que resistirán las "amenazas" de la Justicia. Y de ello da cuenta haberse personado en el colegio de Canet de Mar para alimentar la manifestación independentista celebrada este viernes.

La asamblea que apoya al niño de Canet exige al fiscal frenar el acoso a profesores castellanoparlantes
Carlos Cuesta. okdiario 12 Diciembre 2021

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña vuelve a la palestra para defender a los niños que están siendo marginados y atacados por querer ser educados en castellano. Se trata de la misma organización que está defendiendo al niño de 5 años de Canet al que el separatismo acosa por querer recibir la educación en español. Y ahora carga contra una encuesta que pide a los alumnos de 10 y 11 años, y de 13 y 14 años confesar la lengua que usan con sus amigos y familia y hasta delatar a los profesores que imparten las clases en castellano.

Ana Losada es la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB). Y acaba de denunciar ante el “Ministerio Fiscal los hechos que se expondrán a continuación y que entendemos que pueden constituir vulneraciones graves de los derechos de los menores, tanto en lo que se refiere a su derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad ideológica y el derecho a no ser obligado a realizar trabajos o tareas que no redunden en su beneficio o provecho”.

Se trata de una actuación que “no responde al interés superior del menor y que carga a éste con una tarea que no es útil para su formación, aprovechando la situación de subordinación del menor en el entorno escolar para conseguir que facilite información de naturaleza íntima y familiar sin el necesario consentimiento de sus representantes legales”.

Con esa catalogación jurídica, la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña denuncia “que la Consejería de Educación distribuirá a los alumnos de 5º de Primaria (10-11 años) y de 3º de ESO (13-14 años) una encuesta preparada por el Síndic de Greuges de Cataluña sobre usos lingüísticos tanto de los menores como de sus familiares y profesores”.

La denuncia señala que “de acuerdo con las informaciones facilitadas, no se prevé pedir permiso a los representantes legales de los menores para que estos respondan a la mencionada encuesta. El argumento para no pedir el permiso a las familias es que los datos del alumno no serán conservados ni facilitados”. “De esta manera, la encuesta se facilitará a los alumnos en el entorno escolar y se les solicitará que la realicen sin darles la oportunidad de negarse a ello y sin preguntar a los representantes legales del menor si consienten la participación de éste en el mencionado estudio”, añade el texto de la denuncia.

La organización denunciante explica que “ha de descartarse que la encuesta objeto del presente escrito se enmarque en la formación del alumno, esto es, pueda ser considerada como una actividad orientada a conseguir alguno de los fines previstos en el art. 2 de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, 4-V-2006) o de los principios que recoge el art. 2 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña (DOGC, 16-VII-2009) y que, en lo que se refiere al fin de la educación se concretan en el art. 3 de la misma ley: “una educación integral, orientada al pleno desarrollo de la personalidad, con respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales”.

Actividad formativa
Y para que “la realización de la encuesta pudiera considerarse una actividad formativa debería justificarse este extremo, cosa que en ningún momento ha hecho la Consejería de Educación. Esta justificación, además, resulta imposible, pues de ninguna forma puede relacionarse su contestación con el desarrollo de las capacidades del menor, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, la educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales o cualquier otro de las finalidades que recoge la normativa educativa”.

Dos son los principales focos de interrogatorio de esa encuesta: “La tarea que se pide (ordena) que desarrolle el alumno implica, además, facilitar datos que afectan a su intimidad, como es la lengua que habla con su padre o madre o con sus amigos o la que utiliza fuera del entorno escolar. El hecho de que las respuestas que den los alumnos no se vinculen a su nombre no altera la naturaleza de la información solicitada, que es parte de la intimidad de la persona y que, por tanto, no ha de ser facilitada en una encuesta, aunque sea anónima, más que cuando existe un consentimiento pleno y con todas las garantías, consentimiento que no puede darse en un entorno escolar en el que la autoridad del profesorado debe ser respetada, y sin que intervengan los representantes legales del menor”.

Es más, la encuesta interroga “por la lengua que utilizan los profesores. En este caso se está pidiendo (ordenando) a los alumnos que fiscalicen el cumplimiento de las obligaciones, en este caso en materia lingüística, de sus profesores. Como es sabido, el régimen que se practica en las escuelas catalanas es el de que la única lengua de aprendizaje y utilizada en la comunidad educativa es el catalán casi exclusivamente y el Departamento de Educación tiene intención de vigilar el uso que hacen los profesores de otras lenguas, especialmente del castellano, fuera de los ámbitos en los que está permitido (en sentido estricto, tan solo en clase de lengua castellana y en aquellas otras materias que excepcionalmente, y tan solo en algunos centros educativos, se imparten en castellano)”.

“La pregunta dirigida a los alumnos sobre la lengua que usan los profesores no puede tener más función que la de verificar si el profesorado cumple con la pretendida imposición del Departamento. Por lo tanto, no es que no sea útil para la formación del alumno realizar esta función de fiscalización, sino que resulta directamente contraproducente en tanto en cuanto afectará a la relación que mantiene con su profesor, que ha de ser de respeto y que no puede verse interferida por la atribución de una función de control que está completamente fuera de lugar que se atribuya a menores. En este sentido, es de destacar que la encuesta tiene un código de centro que sirve para facilitar la identidad del centro educativo”, aclara la denuncia sustentada por el uso del castellano y del catalán en las escuelas.

CATALUÑA
Golpe a la inmersión: el abandono escolar en Cataluña superó al de España en 11 de los últimos 14 años
Paula Baena. okdiario 12 Diciembre 2021

El abandono escolar de Cataluña se ha situado por encima de la media española en once de los últimos catorce años. Desde 2007, todos los años con la única excepción de 2016,2017 y 2018, los jóvenes catalanes han abandonado los estudios por encima de los del resto de España.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en 2020 la tasa de abandono temprano de la educación y la formación, que hace referencia al porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de Educación Secundaria y no sigue ningún tipo de educación-formación, fue del 17,4%, un 1,4% más que el resto de España, donde se situó en el 16%, y un 7,4% más que el abandono de Madrid, que con un 10% se convirtió en la cuarta comunidad autónoma con menos abandono.

Estos datos ponen de manifiesto el fracaso de la inmersión lingüística en Cataluña, que acaba de tumbar en una sentencia el Tribunal Supremo, pero que la Generalitat, con la connivencia del Gobierno de Pedro Sánchez, se niega a aplicar y que ha provocado hechos como los del colegio del niño de Canet de Mar.

El Alto Tribunal obliga a que el 25% de las clases en Cataluña se ofrezcan obligatoriamente en castellano, algo que para el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, supone «un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana».

Unos «fundamentos del modelo de la escuela catalana» que, sin embargo, a la luz de los datos del Ministerio de Educación de los últimos cinco lustros, no ha servido para mitigar el abandono escolar temprano de sus niños y jóvenes.

Una generación que, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al frente de una región que en 2020 ha registrado su mínimo histórico de abandono escolar, está siendo condenada a la falta de prosperidad y futuro por la negativa a enseñarles en español.

«Les están robando la prosperidad y la oportunidad de salir adelante por sí mismos. Esto es algo que está sucediendo, del mismo modo que tratan a los ciudadanos de primera o de segunda, como está ocurriendo en Cataluña, por la utilización del idioma. Por cierto, en un momento en el que el español ya lo hablan más de 600 millones de almas por todo el planeta, les están robando el futuro la prosperidad y siguen dividiéndolos», ha opinado este martes la presidenta madrileña, después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya instado a la aplicación de un «155 educativo» para hacer cumplir la sentencia del Supremo en Cataluña.

Del mismo modo, para Díaz Ayuso, el Estado debe actuar para garantizar los derechos constitucionales en Cataluña tras el fallo del TS y hacerlo, «con todas las herramientas que tenga a su disposición».

La inmersión en Aran: cinco lenguas a los siete años
La educación en aranés fomenta el aprendizaje plurilingüe de los estudiantes en todas las etapas obligatorias, en la que prima la profesionalidad del profesorado y la calidad de la enseñanza
Carlos Manzano. cronicaglobal 12 Diciembre 2021

El modelo de éxito del Vall d’Aran radica en la pluralidad lingüística, a la vez que se potencia el aranés. Esta variedad gascona del idioma occitano es la lengua materna del 21,35% de la población, solo superada por el 37,71% del castellano y por delante del 16,3% del catalán, según el censo de Idescat de 2018.

La peculiaridad educativa establecida por el Conselh Generau de Aran, dentro de sus competencias y las políticas de enseñanza de la Generalitat y el Gobierno, reside en fomentar su lengua propia, a la vez que se crea una sociedad plurilingüe. Por ello, a partir de los siete años se imparten las asignaturas --más allá de las materias lingüísticas-- en aranés, catalán y castellano, junto a dos lenguas extranjeras de aprendizaje obligatorio.

Inmersión, sin problemas
La síndica de Arán, Maria Vergés (UA), explica a Crónica Global que “no existe ningún tipo de problema político, social o educativo en el modelo de enseñanza aranés”. Estas declaraciones contrastan con las polémicas políticas suscitadas en el resto de Cataluña por el 25% del castellano en las escuelas, ratificado a finales de noviembre por el Tribunal Supremo.

La inmersión aranesa cuenta con el fomento del resto de lenguas oficiales repartidas en las distintas materias. Respecto al aprendizaje filológico, especifica que en infantil --con el aranés como vehicular en esta etapa-- y primaria se alfabetice en las tres hablas de la región, con dos horas semanales para cada una de ellas durante el ciclo de secundaria. Es decir, se fomenta un conocimiento extenso de todos los idiomas propios del valle, complementados por dos extranjeros, el primero a los cinco años y el segundo a partir de los siete.

Prioridad profesional
La síndica recuerda que la variedad occitana en el valle es “la lengua habitual” y de mayor identificación de la población de Aran, junto al castellano. Esto se plasma en su promoción en las administraciones locales, y en el conocimiento de los ciudadanos de la región. Sorprende la capacidad oral de los mayores de 65 años, con el 67,92% del total, que no fueron escolarizados en aranés, solo superado por el 75,24% de la franja entre 15 y 29 años, según los últimos datos del Idescat.

Esta inmersión, que promueve el aumento de hablantes entre los más jóvenes, no es, como se ha visto en las etapas educativas obligatorias, excluyente. Vergés recuerda que “existe una carencia de profesorado” en la comarca. Esto provoca que se priorice la calidad profesional del educador frente a su conocimiento del aranés. La síndica asevera que “primero va la plaza y después la lengua”, aunque "a la larga" se les pide aprender o acudir a cursos de formación, pero no es un idioma de conocimiento obligado como el catalán para acceder al puesto de maestro.
El Govern se olvida del aranés

Vergés, que además lidera el Departamento de Cultura y Lengua en el Vall d’Aran, muestra la indignación del Conselh Generau d’Aran respecto al “cumplimiento de tan solo entre el 30% y 40% de la Ley de Aran por parte de la Generalitat”. El Govern, dentro del fomento de las lenguas autonómicas, deja en el olvido a esta variante del gascón con una financiación de alrededor de 100.000 euros anuales.

Esta partida es muy inferior a la acordada en las comisiones bilaterales entre la Generalitat y la administración del valle, especificadas en el artículo 84 de la ley 1/2015, del 5 de febrero, del régimen especial de Aran. La síndica denuncia que el Govern no solo incumple este concierto, sino también aumenta el déficit en su inversión en la región.

Aran, a la cola de financiación
Los presupuestos del próximo año de la Generalitat destinarán 1.269.558 euros al Vall d’Aran. Esto supone una reducción del 84% respecto a 2010, cuando fue de 7.932.129 euros, y del 85% comparado con 2020, formados por 8.337.961 euros.

Vergés reclama resolver el conflicto sobre el pago al Conselh Generau d’Aran de los 570.000 euros correspondientes a la aportación adicional de 2021, firmada en el acuerdo de financiación de 2019, y destinada a compensar a la comarca por el desarrollo de políticas propias que fueron recortadas, como la promoción lingüística del aranés. Algo que, según la síndica, provoca un “profundo malestar” en la administración especial del valle.

Acoso en las reseñas de Google
"Frutas fachas" o el boicot secesionista fallido contra el negocio de la familia de Canet
Alejandro Mata. elconfidencial 12 Diciembre 2021

El campo de batalla del independentismo se traslada a las reseñas de Google. A última hora de este viernes se filtraron por internet los nombres de los padres del alumno de un colegio de Canet de Mar (Barcelona) que "lograron la impartición de un 25% del horario lectivo en español". Conociendo esta información algunos catalanes independentistas dieron con el nombre del negocio familiar, una frutería, y comenzaron a poner en internet valoraciones negativas al negocio a través de las reseñas de Google. "Frutas fachas de poca calidad", dice un usuario anónimo. "Si parlo en català em faran fora de la botiga?" (¿Si hablo en catalán me echarán de la tienda?), publica otro usuario sin identificar.

La caballería de personas que, ante el ataque de los radicales, se quiso solidarizar con esta familia no se hizo esperar. Desde el primer momento, el perfil del negocio comenzó a recibir el doble de reseñas, pero esta vez con valoraciones positivas elevando la puntuación del negocio a 4,5 sobre 5. Esta estrategia hizo fracasar el intento de boicot de la familia de Canet.

Por el momento, el negocio lleva casi 1.100 valoraciones, la gran mayoría con muy buena puntuación. "Trato excelente y muy buenos productos. Volveré sin duda", puntúa un usuario, que sí está identificado. "Buena gente", comenta otro. Los hay también que apuntan más alto y se vienen arriba: "La mejor frutería de toda Cataluña". La ola de apoyo a la familia ha sido espontánea y ha evidenciado que esa familia de Canet no está sola.
placeholder Usuarios a los que les encanta la frutería.

Usuarios a los que les encanta la frutería.
Tras filtrarse el nombre de los integrantes de la familia desde una web independentista, la Asociación Hablamos Español presentó una denuncia contra quienes habían difundido la identidad de los progenitores. En un comunicado enviado por la asociación informan de que "se han difundido, además, otros datos personales de los que serían sus progenitores, entre ellos, algunos que facilitarían su localización".

Según la asociación, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de acoso contemplado en el artículo 172 del Código Penal. "Hemos solicitado a Fiscalía que, además de procederse a la incoación de diligencias informativas al objeto de acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta los mensajes dirigidos a este niño y a sus padres, y que fueron objeto de nuestra denuncia del día 6/12/21, se valore por parte de la Fiscalía si pudiera considerarse que existen unas acciones coordinadas, dirigidas a generar odio, a señalar y a localizar a esta familia", subraya.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora de la escuela que "preserven la protección de la intimidad" del alumno y de su familia, así como "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo".

El alto tribunal catalán también ha dado un plazo de diez días a la Generalitat para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con 25% de las clases en castellano, una decisión que ha desencadenado varias denuncias por hostigamiento hacia la familia.
La Fiscalía investiga los mensajes en redes sociales

De hecho, la Fiscalía de Barcelona ha abierto ya una investigación para determinar si los mensajes vertidos en las redes sociales contra el alumno suponen un delito de incitación al odio o de discriminación a instancias de sendas denuncias presentadas por Hablemos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe (AEB) y Vox.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno ha ofrecido toda su colaboración a la consellería de Educación de la Generalitat para que se proteja a la familia y al menor de un colegio de Canet de Mar (Barcelona) del acoso que sufre por pedir más enseñanza en castellano.

Así lo ha dicho Rodríguez en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros de este viernes en la que ha revelado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el 'conseller' Gonzàlez-Cambray, a quien ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.

Tras expresar el rechazo y la condena del Gobierno a "cualquier acoso que se haya podido producir", la portavoz ha acusado al Partido Popular de "utilizar cualquier asunto para hacer oposición".


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