AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 15  Diciembre  2021

El Gobierno incrementa la deuda pública en 243.000 millones en dos años
Récord de deuda hasta septiembre: supera los 1,43 billones de euros, el 122,1% del PIB
Javier de Antonio. Madrid. larazon 15 Diciembre 2021

El Gobierno suma y sigue en su carrera mensual de batir récords de deuda pública. El conjunto de todas las Administraciones cerró septiembre –el último mes contabilizado por el Banco de España– con una deuda de 1,43 billones de euros, un máximo histórico que supera el del segundo trimestre (1,42 billones) y que se situó 124.024 millones por encima del endeudamiento del tercer trimestre de 2020. Así, la deuda pública encadena siete trimestres consecutivos al alza y acumula un incremento de 243.389 millones con respecto al cuarto trimestre de 2019, el último dato previo al impacto de la pandemia. Esto significa en términos globales un aumento de más del 20%.

Al menos el Ejecutivo puede tomarse un respiro en cuanto a la ratio de deuda. Así, el crecimiento económico y la mejora de los ingresos públicos han permitido iniciar cierto grado de moderación en el ratio de deuda sobre el PIB, que cerró el tercer trimestre en el 122,1%, siete décimas por debajo del segundo trimestre y más de tres puntos inferior al récord del primero (125,3 % del PIB). Eso sí, todavía queda muy lejos el objetivo anual marcado por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, del 119,5 %.

Como es sabido, la mayor parte de la deuda se acumula en la Administración Central, con un total de 1,28 billones (109,3% del PIB), 7.939 millones más que en el segundo trimestre y 103.640 millones más que hace justo un año.

Las comunidades autónomas también incrementaron su endeudamiento, hasta los 312.183 millones (26,6%), 153 millones más que en junio y 10.316 millones más que en el tercer trimestre de 2020. Solo bajaron su deuda las corporaciones locales, hasta los 22.343 millones (1,9%), 300 millones menos que en el segundo trimestre y 1.400 millones menos que en el tercer trimestre de 2020. La Seguridad Social sigue con su deuda récord, 91.855 millones (7,8%), 17.000 millones más que en un año antes, lo que supone un alza del 22,7% y una ratio sobre PIB que se eleva al récord del 7,8%.

Sánchez no tiene derecho a ser cómplice de la Generalidad liberticida
EDITORIAL. Libertad Digital 15 Diciembre 2021

Por si hubiera alguna duda de la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalidad separatista decidida a ignorar la sentencia del Tribunal Supremo que reclama un mínimo del 25% de horas lectivas en español en las escuelas catalanas, Vox ha presentado una moción en el Congreso en la que insta al Ejecutivo a "adoptar medidas para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional" y, ni que decir tiene, el PSOE ha votado en contra, haciendo gala de una desfachatez y un cinismo abominables. Y es que el portavoz socialista Héctor Gómez ha afirmado, sin vergüenza, que la desobediencia del Gobierno regional de Cataluña ante las sentencias relativas a la cuestión lingüística "es una realidad con la que han convivido otros Gobiernos también, no solo los liderados por el PSOE".

Ciertamente, basta recordar los tiempos de Rajoy y aquellos en los que el PSC y CiU pactaron la primera investidura de Mas en torno al ominoso compromiso de desobedecer al Supremo, que ya en 2010 había emitido tres sentencias contra la inconstitucional inmersión lingüística, para reconocer que el escaqueo gubernamental en este asunto es cualquier cosa menos una novedad. Ahora bien, los errores, cobardías y complicidades de sus predecesores (incluidos José María Aznar y Felipe González) no dan derecho a Sánchez a reincidir en ellos. A lo único que tiene derecho es a corregir tan infame rumbo. A decir verdad, más que derecho lo que tiene es el deber de hacerlo.

Sánchez puede seguir el comprometedor ejemplo de Pablo Casado, que, lejos de la indolente condescendencia de Rajoy, se ha mostrado favorable a la intervención de la Administración catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución si persiste en su indigna desobediencia.

Ahora bien, aunque Casado haya anunciado que, llegado el momento, acudirá a los tribunales para denunciar la desobediencia y prevaricación de los separatistas con mando en plaza en el Principado, no parece que sea suficiente para solventar un problema que radica, precisamente, en el impune caso omiso que la Generalidad hace a la Justicia. De ahí la necesidad de tomar medidas no sólo judiciales sino políticas, como la aplicación del artículo 155.

Por desgracia, todo parece indicar que el Gobierno de Sánchez, que se sostiene precisamente gracias a las formaciones separatistas, no va a cumplir las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas, entre las que descuella la de velar por la ejecución de las sentencias. No cabe mayor felonía para complacer a unos sociópatas que no dejan de demostrar su fanatismo y su aversión por la Cataluña real, esa que tiene por lengua ampliamente mayoritaria la que tienen todas las demás regiones españolas: el castellano.

Una izquierda peligrosa para la infancia
EDITORIAL. https://gaceta.es 15 Diciembre 2021

Cualquiera, incluso un comunista descerebrado (pleonasmo), coincide en que la protección de la infancia es un deber de orden moral. El Estado debe poner los medios adecuados para garantizar los derechos de los niños, sobre todo en lo que se refiere a la protección de la integridad física del menor, y la salvaguarda del derecho constitucional de los padres, cuya autoridad sobre los hijos es natural y prepolítica, a elegir la educación que crean más conveniente para ellos sin injerencias. Los ponentes constitucionales —con los reparos socialistas habituales— así lo entendieron y los españoles así lo refrendaron en 1978. Cualquier interpretación posterior es sólo un desvío indecente de un derecho constitucional que no debe ser conculcado, y mucho menos por los poderes públicos.

En la protección a la infancia, insistimos, todas las personas normales estamos de acuerdo en que la infancia requiere una cuidadosa protección de los poderes públicos que jamás —nunca— debe usarse con fines políticos. El Gobierno del color y la forma monstruosa que sea sólo está facultado para adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho natural de los niños a crecer seguros y a desarrollar su propia personalidad, sin adoctrinamientos ideológicos ni supuestos derechos inventados que sólo buscan el fin perverso de vulnerar, primero, y extralimitar, después, la potestad jurisdiccional de los Servicios Sociales.

Una infancia lo más feliz posible es el mejor recuerdo que puede tener una persona durante el resto de su vida. Debería causarnos un profundo malestar la sola idea de que desde el Gobierno y desde unas administraciones ideologizadas se pueda llegar a desoír ese mandato moral de protección de la infancia. Una sociedad que pretenda pervivir no puede, en modo alguno, permitir que un cuerpo ideológico extraño pueda llegar a dañar a un niño.

Y sin embargo, esto es, con exactitud, lo que ocurre en España.

El caso jamás bien investigado de las menores tuteladas y prostituidas en Baleares, los casos de abusos sexuales cometidos por personas allegadas a determinados políticos izquierdistas que obstaculizaron las investigaciones; los casos de niñas agredidas por bandas de ilegales que nunca, en ningún caso, deberían estar en España. Por supuesto, no podemos olvidarnos del caso del menor catalán acosado junto a sus padres por hordas de separatistas catalanes por exigir su derecho a recibir una parte de su educación en español y, al fin, y después de un largo y doloroso etcétera que incluye el adoctrinamiento sistemático en las aulas, el caso de Juana Rivas.

Este caso es ejemplo de todo lo expuesto. Que por ideología el Gobierno socialcomunista de Sánchez se haya permitido maniobrar a favor de una secuestradora convicta por el hecho de ser mujer y en contra de la obligación de proteger la integridad física de uno de sus hijos menor de edad, es una aberración que nos obliga a cuestionarnos la salud moral de este Gobierno, de los partidos que lo sustentan y, sobre todo, de esa parte de la sociedad que todavía los apoya.

Este Gobierno que alienta el efecto llamada que multiplica la inseguridad en las calles —calles que también son de los niños—, es la parte visible de un iceberg izquierdista que hace tiempo, desde 2004 por lo menos, decidió echarle un pulso a la Constitución y al Estado de Derecho para desconstruir España con políticas identitarias que enfrentan a los españoles sin importar el daño que pueden causar. Lo vimos venir, y lo avisamos, pero reconocemos que jamás pensamos que se atreverían a hacer daño a los niños. Deberíamos haber pensado más fuerte.

La viga en el ojo de Sánchez
Emilio Campmany. Libertad Digital 15 Diciembre 2021

A punto de archivarse las causas contra nuestro rey emérito, el Gobierno que lo echó de España se quita de encima la responsabilidad de traerlo descargándola sobre Felipe VI. Desde el punto de vista constitucional, el rey no puede realizar actos políticos. Tan sólo arbitra, una función que el tiempo y nuestros gobernantes han dejado vacía de contenido, y presenta candidato a la presidencia del Gobierno tras unas elecciones o cuando el cargo queda vacante. Todo lo demás que se supone que hace no es más que por orden del Ejecutivo. Sin embargo, ahora que hay que pedir perdón por haber tratado así al responsable de habernos llevado más o menos pacíficamente de una dictadura a una democracia, renunciando al poder omnímodo que heredó de Franco, resulta que la responsabilidad es del rey. Todos nuestros políticos tienen la cara de granito, pero a Sánchez nadie le gana en dureza.

Rufián y El País, que vienen a ser lo mismo, opinan que la cuestión no es penal, que lo relevante son las informaciones periodísticas que atribuyen conductas poco éticas a quien pilotó la Transición. Sin embargo, ese listón que le ponen a don Juan Carlos no se lo ponen a nadie más, mucho menos a los secretarios generales del PSOE, todos ellos con conductas infinitamente menos éticas que las de don Juan Carlos.

Felipe González montó desde la Moncloa una banda terrorista financiada con fondos públicos que asesinó y secuestró; además inventó la España del pelotazo e indultó a Jesús Gil para que no contara cómo financió ilegalmente al PSOE. Joaquín Almunia alcanzó la secretaría general sacando a la luz los trapos sucios de Borrell, otra alhaja que goza de muy buena prensa, cuando fue secretario de Estado de Hacienda con Felipe González. Zapatero cobró a través de su embajador en Venezuela el servicio de amparar a la dictadura comunista venezolana y aún hoy sigue cobrando de todos los regímenes comunistas hispanoamericanos por los servicios que les presta malbaratando su título de expresidente del Gobierno del reino de España. Rubalcaba, al que hacen bustos y suben a los altares, violó las normas electorales para ganar unas elecciones aprovechando un atentado que mató a casi doscientos españoles y protegió a una banda de asesinos siendo ministro del Interior para evitar que algunos de sus jefes fueran detenidos. Sánchez compadrea con la ETA, con los partidos golpistas catalanes, indulta a sus cabecillas y despilfarra el dinero público utilizando los medios de que dispone como presidente del Gobierno en actividades privadas. Eso sin contar la protección que también él, conchabado con Borrell, brinda a las dictaduras hispanoamericanas ante la Unión Europea, algo que es de suponer que espera cobrar si no lo está cobrando ya.

Éstos son quienes han dirigido al partido cuyo Gobierno echó a quien trajo la democracia para que ellos pudieran llegar al Gobierno y cometer todos los desmanes descritos y algunos más. Y encima, siendo como son responsables de eso y de tantas y tantas fechorías, ahora se hacen los inocentes y le echan la culpa de la expulsión a Felipe VI. Sánchez no lleva una viga en el ojo. Comparado con la paja que soporta el de don Juan Carlos, lo que tiene dentro el de Sánchez es el edificio de Ferraz entero.

Por qué no hay un millón de Rufianes
José García Domínguez. Libertad Digital 15 Diciembre 2021

¿Sería algún día factible la independencia de un pequeño territorio tan rico como Escocia si todos los líderes secesionistas escoceses considerasen que el idioma materno propio de la mitad de sus conciudadanos, los habitantes de la futura república soberana, debería ser expulsado, y sin andarse con contemplaciones ni con los niños de 5 años, de todos y cada uno de los rincones de la vida pública e institucional de la nueva nación? ¿Alguién lo puede llegar a imaginar siquiera? Bien, pues justo eso es lo que, como todo el mundo sabe, ocurre aquí, en el País Petit. Y es que si el hilo argumental de la doctrina sobre la población castellanoparlante local que comparte el independentismo se ajustara en algo a la realidad, solo en algo, ahora mismo tendría que haber, como mínimo, un millón de Rufianes repartidos entre las cuatro provincias de la demarcación.

Pero resulta que no los hay. Y la prueba de que no los hay la aportan las propias pesquisas demoscópicas de la Generalitat, que certifican por norma la altísima correlación estadística, muy próxima de hecho al 100% de los sujetos, entre el apoyo activo a la independencia de los hijos y la lengua materna catalana de ambos padres. Ellos creen que los que llaman castellanos son como Rufián, que también renunciarían de grado a sus señas de identidad cultural a cambio de poder vivir mejor. Pero no es así. Rufián, en tanto que triste arquetipo sociológico más digno de pena que de otra cosa, no posee genuina existencia real en Cataluña fuera de los platós de las televisiones. Y sin un millón de Rufianes, desengáñense los más entusiastas, la independencia no va a llegar nunca.

La suprema paradoja es que quienes vienen adoptando, y desde hace cuarenta años, la política más inteligente para evitar que Cataluña se llegue a separar algún día del resto de España resultan ser ellos mismos, los propios procesistas. Una aparente contradicción de la que no procede inferir, sin embargo, que sean estúpidos. Porque no son estúpidos. Bien al contrario, se muestran plenamente conscientes de la existencia de esa barrera contra la ruptura a la que ellos se empeñan en añadir todos los días una fila más de ladrillos. ¿Por qué se empecinan en hacerlo? Pues por una razón simple, a saber: porque su muy atávico indigenismo xenófobo resulta más fuerte aún que el afán por la independencia política. Solo por eso.

Un asesino de moda
Dan Crenshaw: Llevar una camiseta del Che Guevara es promover a un asesino en masa
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 15 Diciembre 2021

El congresista norteamericano del partido republicano, Dan Crenshaw, denuncia el verdadero rostro del Che Guevara

«Nuestros niños deben aprender que llevar una camiseta del Che Guevara no es ser ‘chic’. En realidad están idolatrando y promoviendo a un asesino en masa que también resultó ser un racista y homofóbico”, dijo el representante Dan Crenshaw en medio de una rueda de prensa en la que se presentaba la ley CCT (Crucial Communism Teaching Act).

Crenshaw denunció la escasa información y el déficit de formación de los niños americanos sobre el comunismo y sus atrocidades. Aseguró que no saben los horrores de esa ideología porque no se les ha enseñado lo que ocurría en los Gulags soviéticos, lo que sucedió en el Holodomor –donde Stalin dejó morir de hambre a 10 millones de ucranianos–. Para el congresista los niños deben aprender de el gran salto adelante de Mao y la revolución cultural que mató a decenas de miles de chinos, así como de la “esclavitud moderna” que está teniendo lugar ahora mismo en China y en algunos países de América (Cuba, Nicaragua, Venezuela). Cien millones de muertes son el gran legado que el comunismo ha dejado para la historia de la humanidad.

“No es extraño que una encuesta reciente encuentra que el 36% de los millennials tienen una visión favorable del comunismo, 70% dice que votaría por un socialista, y no es de extrañar que regímenes como el de Venezuela y Cuba encuentren simpatía entre la población americana, porque a nuestros ciudadanos se les ha mentido por generaciones sobre los peligros del comunismoy se les ha dicho que el sistema americano está construido sobre mentiras y racismo, entonces se convierten en socialistas”.

En su exposición recordó que los socialistas “omiten la parte de que la igualdad del socialismo es igualdad en la miseria y la privación, omiten que su utopía debe pagarse con sangre y con la muerte de decenas de millones de personas”.

Finalmente, señaló que la Crucial Communism Teaching Act brinda lo necesario para que los niños «en vez de odiar a America, odien al comunismo, que aprendan las lecciones de ese sistema y que no se repitan las desgracias que ha causado». “Esta ley garantizará que el comunismo siga en el tarro de basura de la historia, que es el lugar al que pertenece”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Sánchez es un peligro para la infancia
Liberal Enfurruñada. okdiario  15 Diciembre 2021

Ya lo avisó la socialista Isabel Celaá cuando era ministra de Educación, «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres». Los socialistas y la izquierda en general están convencidos de que los niños son del Estado, de que tus hijos son suyos y, por tanto, pueden hacer con ellos lo que les dé la gana. Y cuando los socios del Gobierno socialista que ostenta el poder ejecutivo del Estado son comunistas, proetarras y golpistas, los niños de ese Estado son un instrumento más al servicio de sus bastardos intereses. Para Sánchez y sus socios los niños pueden usarse lo mismo para caminar hacia la independencia de Cataluña, para homenajear a los asesinos etarras, para implantar la ideología comunista de género o, sencillamente, para conseguir que Sánchez no tenga que bajarse del Falcon.

Los hijos de Juana Rivas no son de su padre, el italiano Francesco Arcuri, a pesar de que su madre haya sido condenada por secuestradora, sus informes psicológicos la presenten como una persona con un «grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento», su hijo haya sido presuntamente abusado sexualmente estando bajo la custodia de su madre negándose ella a que se investiguen estos hechos, pese a que sus múltiples denuncias por maltrato hayan sido todas archivadas porque «es absolutamente inverosímil la narración» excepto una de 2009 que se produce en un enfrentamiento entre ambos, tras llegar ella a las 6 de la madrugada al hogar, pelea en la que las lesiones de él son de mayor gravedad que las de ella, pero en la que, en contra del consejo de su abogado, Arcuri aceptó una condena en conformidad porque se estaba reconciliando con Juana Rivas de forma que su segundo hijo en común fue concebido después de aquella trifulca. Esos niños no pertenecen a su padre y ni siquiera son de su madre, son un instrumento utilizado por la ministra Irene Montero para desarrollar la puesta en marcha de sus chiringuitos de ideología de género

Los niños que estudian en colegios catalanes no son de sus padres y si estos desean que su educación sea bilingüe en catalán y en español y que se cumplan las leyes y las sentencias judiciales que dictaminan que, como mínimo, el 25% de las asignaturas se les deben enseñar en español, no merecen ni siquiera la protección de un Estado cuyo poder ostentan socialistas y comunistas gracias al respaldo de los mismos independentistas que los acosan y hostigan en un clima de odio xenófobo y supremacista similar al que se sufrió bajo el nazismo. Los niños catalanes pertenecen a los golpistas indultados por Sánchez y pueden usarlos para caminar hacia su soñada independencia.

Tampoco son de sus padres las pobres niñas prostituidas por redes de explotación sexual en Baleares estando bajo la custodia del Consejo Insular de Mallorca, en manos del PSOE, Podemos y los independentistas de Més per Mallorca, y que viven rodeadas de delincuentes y drogadictos, practicando el sexo con desconocidos “a cambio de unos zapatos nuevos, un bolso o un vestido”, ante la pasividad de las autoridades que tienen su custodia y la obligación de protegerlas. Lo mismo que la joven de la que abusó el marido de la vicepresidenta primera de la Comunidad de Valencia, Mónica Oltra, de Compromís, mientras que ésta era la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable del centro donde la niña estaba internada y su entonces marido trabajaba como educador. Todas estas niñas abusadas pertenecen a los socios de Sánchez en Valencia y Baleares que pueden hacer con ellas lo que quieran.

Si Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera con los hijos de Juana Rivas, con las niñas prostituidas en Baleares, con la abusada sexualmente por el marido de Mónica Oltra y con los que sufren el odio de los nazis catalanes, imagínate de lo que será capaz de hacer con los tuyos, si le conviene. Sánchez es un peligro para la infancia a la que debería proteger.

Actuar por inacción
Rebeca Argudo. larazon 15 Diciembre 2021

La pasividad de este PSOE en el gobierno de coalición ante el hostigamiento sufrido por los españoles que en Cataluña reclaman su legítimo derecho a utilizar allí nuestro idioma común, sin inconvenientes, trabas ni represalias, ha alcanzado asombrosas cotas de mezquindad. Si hasta ahora podíamos entender, levemente y con la mejor de las voluntades (lo que no significa justificarlo de ningún modo), su habitual ponerse de perfil para la foto, ese dar pataditas a los guijarros con las manos en los bolsillos mientras se silba evitando el contacto visual directo (entiéndanlo: pesa mucho que den los números cuando mantenerte en el poder depende de un precario equilibrio), roza ya lo abyecto cuando la inacción perjudica directamente a una criatura de cinco años, acoso y discriminación mediante. En nombre siempre, no lo olviden, de una opresión insoportable y una necesidad de salvaguarda de la identidad amenaza.

Reconozcamos, disculpen el inciso, que tiene mérito ser capaz de, sin rubor, ser victimario al tiempo que se clama ser la víctima. A lo que iba. La inusitada atención mediática, y, consecuencia de ello, el interés público, ante un caso de resistencia civil que no dista mucho en realidad de los que ya numerosos españoles vienen llevando a cabo desde hace demasiado tiempo en Cataluña, de manera resignada y sin vocación heroica, más bien pura supervivencia y dignidad, ha convertido a este pequeño, sin mediar voluntad alguna por su parte, en símbolo de la resistencia del constitucionalismo en territorio comanche (en particular) y de los derechos civiles (en general). Y está logrando, de paso y por contraste, que sea más que evidente la anomalía de que un crío y sus padres, ciudadanitos de a pie, están haciendo ahora mismo más por el enquistado problema de un nacionalismo con aspiraciones totalitarias que el propio Gobierno de este país. Que se dice pronto.

La última: tras la negativa del Govern a acatar la sentencia del Tribunal Supremo que determina que el 25% al menos de las clases en Cataluña se impartan en español, el Partido Socialista anuncia que no se sumará a la moción de Vox con la que se pretende obligar a la Generalitat a hacerlo. Tiene más peso para la formación del aficionado a los viajes en Falcon quién propone tomar medidas, podría parecer, que la idoneidad y pertinencia de las mismas. Quizá no conviene enfadar a nadie. Eso sí, asegura su portavoz Héctor Gómez que «el Ejecutivo trabaja para que el Govern autonómico ejecute las sentencias de los tribunales».

Lo que estaría bien, dejando a un lado la obviedad de que un gobierno autonómico debería ejecutar las sentencias sin necesidad de indicación precisa al respecto, es que especificara cómo pretenden hacerlo exactamente, no solo el anuncio de la reciente, recientísima, voluntad de ello. Y cuándo, también. Pues conviene no olvidar que este niño no es el primero ni es el único. No deberíamos caer en el mismo atajo sentimental en el que tan fácil resulta siempre, aquel en el que ya caímos con el niño Aylan: era un drama su muerte ahogado en una playa de Turquía, cierto. Pero ya lo eran antes muchas muertes por la misma razón y en las mismas circunstancias, en el mismo lugar.

Y en Cataluña no acaba de iniciarse, de manera insólita y espontánea, un proceso de hostigamiento a los españoles que reivindican vivir –estudiar, comunicarse, ser atendidos e informados– en su lengua, oficial y legítima, tanto como en aquella que les es impuesta de manera insidiosa, que no son otros que los constitucionalistas que se oponen al xenófobo nacionalismo imperante. Así mismo, el gobierno no acaba, ahora mismito, de desentenderse del tema. No es ahora cuando inaugura una campaña de inmovilidad, de desamparo por dejación. Y quizá por eso seguir llamando «inacción» a su actitud podría resultar inexacto, casi condescendiente. Cuando se alarga tanto en el tiempo, obstinada y concienzudamente, la inacción se convierte en una acción en sí misma.

El Gobierno da la espalda al español en Cataluña
Descarta presentar un incidente de ejecución de la sentencia ante el incumplimiento de la Generalitat
Ainhoa Martínez. larazon 15 Diciembre 2021

El Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a dar la batalla por la defensa del castellano en la escuela catalana. En plena negociación de los Presupuestos y de la ley audiovisual con sus socios de ERC, Moncloa ha adoptado un perfil bajo, que roza la pasividad, ante el incumplimiento de la Generalitat de la sentencia del TSJC, avalada por el Tribunal Supremo, que obliga a impartir el 25% de las clases en español. El clima de crispación saltó de la esfera político-judicial a las aulas, cuando un menor de cinco años y su familia fueron acosados en Canet de Mar por ejercer su derecho a cursar las correspondientes horas lectivas en castellano.

En este contexto, la iniciativa del Gobierno central se ha limitado a pasar de puntillas para evitar contrariar a sus aliados independentistas. La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto al menos en dos ocasiones en contacto con el consejero catalán de su ramo. La primera para dar «garantías» de que el Gobierno no ejecutará la decisión del Supremo, en palabras del propio Josep Gonzàlez-Cambray, y la segunda para ofrecerle los medios del Estado para proteger al menor de Canet. Ninguna intención de forzar la ejecución de la sentencia a través de la Abogacía del Estado (el TSJC no actúa de oficio) abriendo un incidente de ejecución. Fuentes gubernamentales descartan que se esté explorando esta vía y aseguran que «esperan que la Generalitat cumpla la sentencia».

Las críticas de la oposición por la pasividad del Ejecutivo cristalizaron ayer en una moción de Vox que se votará hoy «sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional» que únicamente buscaba retratar a Sánchez. Los de Abascal consiguieron la foto que buscaban y el PSOE anticipó su voto en contra de proteger el castellano en la escuela catalana, al igual que sus socios. Desde el Ejecutivo explican su posición por el rechazo al 155 educativo que pide Vox y porque no quieren contaminar con partidismo una cuestión que se ha dirimido ya en los tribunales. «La lengua es un elemento de riqueza y no puede ser utilizado como confrontación», señalan desde Moncloa.

Una posición que sirvió ayer no solo a Vox, sino también a PP y Ciudadanos para cercar al Gobierno y para situarles del lado de los partidos independentistas. La moción presentada por Vox buscaba no solo «asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos» sino que también preveía un régimen sancionador para quienes «obstaculicen o impidan» el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución, el guardián del castellano. Desde Vox, su portavoz Iván Espinosa de los Monteros mostró su «enorme preocupación y tristeza» porque el PSOE se alinee con «lo más ultra», en referencia a los independentistas. La moción quería recabar el compromiso para «revertir la instrumentalización que distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas como elemento de división y confrontación entre territorios y entre ciudadanos».

PP y Cs presentarán enmiendas a la propuesta de Vox, pero sí secundarán la moción. Los populares son defensores también de un 155 en Cataluña en la cuestión educativa, además del partido que más presionó, ante la inicial inacción del Gobierno, para que investigara a través de la Fiscalía el acoso a las familias que exigían clases en castellano en el colegio de Canet de Mar. Esta presión se trasladará hoy también al a sesión de control en el Congreso, donde Inés Arrimadas interpelará a Pedro Sánchez sobre si su actuación es suficiente para garantizar los derechos y libertades de los españoles.

España
El abogado del 'caso Canet': "Es lamentable la alineación entre sindicatos y supremacismo"
Marina Alías. vozpopuli.es 15 Diciembre 2021

José Domingo, el 'cerebro jurídico' de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), habla con 'Vozpópuli' sobre el aumento de las peticiones de las familias para que se imparta al menos un 25% de castellano en las aulas catalanas: "Estamos desbordados"

José Domingo (Barcelona, 1959) lleva décadas luchando contra el nacionalismo en Cataluña. De 2006 a 2009 lo hizo desde el Parlamento catalán. Nacido en el barrio del Verdún, es hijo de granadinos. De joven simpatizó en el Partido del Trabajo de España, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1981 y es letrado de la Seguridad Social desde 1989. Ha formado y forma parte de diversas asociaciones desde las que ha promovido múltiples manifestaciones e iniciativas.

Actualmente, preside la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, entidad que fundó en 2009 y que se destaca por la defensa de la neutralidad institucional. Acaba de publicar un informe denunciando el incumplimiento de la Ley de Banderas en los ayuntamientos catalanes. En 2018, el Foro para la Concordia Civil le concedió el Premio por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales. También participó en la creación de Societat Civil Catalana de la que llegó a ser vicepresidente. Aunque ahora no tiene ningún cargo orgánico.

En los últimos tiempos ha cobrado relevancia por ser uno de los fundadores de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) que preside Ana Losada y que lleva años batallando por los derechos lingüísticos de los alumnos, padres y profesores en las aulas catalanas.

Aunque su frenética actividad ya es conocida en Cataluña, pocos saben que Domingo -como vocal asesor de la AEB- es el 'cerebro jurídico' que está detrás de los recursos de las familias que, como la de Canet de Mar, están luchando por conseguir que los colegios catalanes cumplan con la sentencia del TSJC que los obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano y en catalán.

P: ¿Cuánto tiempo lleva defendiendo a las familias que piden el 25% de castellano en los tribunales?
R: Empecé a asesorar en temas de derechos lingüísticos a finales de la década de los 90. Hay que indicar que las familias lo que piden es la aplicación del modelo de conjunción lingüística, esto es enseñanza en castellano y en catalán de una manera equilibrada. La proporción de una u otra lengua se ha de fijar en los proyectos lingüísticos de los centros educativos en función de la realidad social con un porcentaje mínimo del 25% en castellano y en catalán.

P: ¿Cuántos casos similares al de Canet de Mar ha llevado hasta la fecha?
R: Calculo que la Asamblea por una Escuela Bilingüe habrá asesorado en la interposición de recursos contencioso-administrativo a unas cuarenta familias desde su fundación en 2014. En estos últimos años otros muchos padres y madres han presentado peticiones en sede administrativa que, finalmente, no han llegado a materializarse en una demanda.

P: ¿Qué ha supuesto la sentencia del TSJC y el posterior aval del Supremo para los defensores del bilingüismo?
R: Las consecuencias de la nueva doctrina son enormes. Desde el año 2010, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, el cambio estaba anunciado: el modelo constitucional en Cataluña era el de conjunción lingüística y no el de inmersión obligatoria. Eso conllevaba que catalán y castellano debían ser lenguas vehiculares en la enseñanza. Los tribunales han ido avanzando poco a poco en la introducción del castellano como lengua vehicular. Primero, se hizo a nivel de atención individualizada, después en el grupo clase del alumno y, a principios de este año, se han anulado los primeros proyectos lingüísticos de los centros educativos.

En la sentencia de diciembre de 2020, confirmada por el Tribunal Supremo recientemente, ya se obliga a cambiar en su integridad todo el sistema educativo catalán en la enseñanza no universitaria. Ahora le toca a la Generalitat aplicar el nuevo modelo de mínimos. Si no lo hace voluntariamente, lo tendrá que hacer mediante ejecución forzosa. Confiamos en que en el próximo curso académico ya podamos disponer de un modelo algo más respetuoso con los derechos lingüísticos de todos los alumnos catalanes.

Canet, una "prueba piloto"
P: ¿Por qué cree que el caso de Canet de Mar ha levantado más ampollas que otros anteriores?
R: Porque el Departamento de Educación ha decidido hacer un 'coup de force' en ese colegio. Era el primero en el que se tenía que aplicar la educación bilingüe después de que la sentencia del TSJC de modificación del régimen lingüístico del sistema educativo catalán alcanzará firmeza.

La movilización en contra de las medidas no ha sido espontánea, ha sido diseñada por el Departamento para amedrentar a la familia solicitante de la educación bilingüe a fin de lograr que desista de sus derechos. Lo han utilizado como prueba piloto. Si conseguían neutralizar la escuela de Canet de Mar transmitían a la sociedad española que las resoluciones judiciales contrarias a la inmersión no se cumplen en Cataluña. Llevan tiempo reclamando un estatus especial para la lengua catalana que impida el control judicial de los excesos nacionalistas. Consideran que el derecho a la escolarización exclusiva en la lengua catalana es derecho natural y éste no puede ser sometido al control de los tribunales terrenales, en este caso españoles.

P: ¿Cree que el acoso padecido por la familia de Canet de Mar va a suponer un punto de inflexión? ¿Va a cambiar el sistema educativo en Cataluña?
R: El actual modelo lingüístico del sistema educativo catalán con la inmersión lingüística obligatoria en catalán para todos los alumnos catalanes es ilegal, según han afirmado los tribunales. Por lo tanto, no hay más remedio que aplicar la sentencia. Los argumentos que se están dando para eludir el cumplimiento de la sentencia son ridículos desde un punto de vista intelectual.

En Cataluña las lenguas oficiales deben ser enseñadas con normalidad en los centros educativos y cuanto antes asuman ese hecho nuestros dirigentes, la sociedad española, y en especial la catalana, se ahorrarán conflictos innecesarios y estériles. El modelo de conjunción lingüística va a inundar todos los campos porque las espuertas se han abierto y poco a poco llegará el agua bilingüe a todos los centros educativos.

P: ¿Qué opina sobre las manifestaciones convocadas por el independentismo en la puerta del colegio de Canet?
R: La Asamblea por una Escuela Bilingüe pidió al Departamento de Interior que alejará la cabecera de la manifestación de las puertas de la escuela. La voluntad era clara: amedrentar a la familia que ha pedido la educación bilingüe y hacerla desistir. Los convocantes eran una parte del engranaje que se ha puesto en marcha por la maquinaria nacionalista. Finalmente, fueron muy pocos y no han conseguido su objetivo. La familia está más firme que nunca en la defensa de sus derechos lingüísticos.

P: ¿Qué le parece que CCOO y UGT se sumen a la protesta contra el 25% de clases en español?
R: No siempre los sindicatos han estado a favor de la inmersión lingüística. En los años 80, UGT mantuvo una rotunda oposición al modelo educativo exclusivamente en lengua catalana. Teóricamente, las actividades de los sindicatos en el mundo de la enseñanza deberían tener como fin la defensa de una escuela que trate de compensar las desigualdades y que trabaje para evitar cualquier tipo de discriminación, también la lingüística.

Sin embargo, los sindicatos en una sociedad bilingüe como la catalana apoyan a Som Escola, un movimiento que promueve la enseñanza sólo en lengua catalana. No sabría decir si la adhesión de los sindicatos a este tipo de plataformas que favorecen la exclusión social de una parte muy importante de la sociedad catalana tiene que ver con las convicciones o con la dependencia económica de las Administraciones públicas. Sea una u otra la razón, es lamentable que los sindicatos se alineen con movimientos supremacistas y excluyentes.

P: La familia de Canet ha publicado una carta abierta en la que pide a otros padres valentía y que reclamen democráticamente sus derechos. ¿Cree que va a ocurrir lo mismo en otras tantas escuelas de Cataluña?
R: El objetivo no es continuar con el rosario de peticiones individuales. Lo ideal sería que el Departamento de Educación dictará unas instrucciones con carácter general, dirigidas a todos los centros educativos, fijando los criterios que deben aplicarse en los proyectos lingüísticos. Es el momento de fijar los criterios pedagógicos en función de la realidad sociolingüística de cada zona y eso le corresponde hacerlo a las Administraciones educativas; debe ser la inspección educativa la encargada de velar que las escuelas, colegios e institutos apliquen el modelo bilingüe, conforme han establecido los tribunales.

No obstante, si la Consejería de Educación materializa su amenaza y no cumple con la sentencia; y el Gobierno de España opta por mirar hacia otro lado, deberán ser las asociaciones y las familias las que nuevamente tendrán que liderar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desearíamos que las autoridades educativas no vuelvan a someter a la sociedad catalana a una nueva situación de estrés constitucional. Nos merecemos una época de tranquilidad institucional.

P: ¿Cuántas familias se han puesto en contacto con la AEB para iniciar el mismo procedimiento que la de Canet de Mar?
R: La trascendencia que han tenido los últimos acontecimientos y el desafío que han llevado a efecto los políticos nacionalistas de corte identitario, ha llevado a cientos de personas en estos días a ponerse en contacto con la Asamblea por una Escuela Bilingüe para que gestionemos las peticiones por los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y por el bilingüismo. Estamos desbordados y no hemos podido contestar a todas las personas que han mostrado interés en conseguir una escuela en castellano y en catalán.

Carga contra Borràs
P: Borràs ha planteado que el consejero de Educación asuma la dirección de los centros para blindar el catalán. ¿Qué medidas van a tomar desde la AEB?
R: Borràs está haciendo electoralismo barato en su lucha de poder con ERC. Sabe perfectamente que eso es inviable porque la Ley Orgánica de Educación garantiza la autonomía a los centros educativos. Lo que pretende es que el conseller desobedezca y no cumpla las sentencias. El conseller es un nacionalista radical, pero sabe que desobedecer las resoluciones judiciales conlleva graves consecuencias de orden personal. Los consejos de Borràs están cargados de veneno.

P: Las autoridades catalanas y diversos organismos repiten estos días que el 82% de los catalanes está a favor de la inmersión en catalán. ¿Cómo responde usted a ese dato? ¿Cree en ese amplio respaldo?
R: El nacionalismo siempre saca a colación el mantra del 80. Según su argumentario, son sólo 80 las familias que quieren la enseñanza también en castellano, y también eran el 80% los que supuestamente estaban a favor del referéndum independentista. Es una cifra icónica para ellos que nunca se soporta en datos fidedignos. Curiosamente, ni el CIS español ni el CEO catalán han preguntado nunca a los catalanes ni al conjunto de los españoles sobre el modelo lingüístico en las escuelas. No les interesa conocer la realidad, quieren seguir inventando mitos y cifras porque en ese terreno se encuentran muy cómodos.

Recortes de Prensa   Página Inicial