AGLI Recortes de Prensa   Sábado 18  Diciembre  2021

Calviño y el fantasma de Solbes de las Navidades pasadas
José María Rotellar. okdiario 18 Diciembre 2021

Nadia Calviño se empeña en mantener unas previsiones económicas irreales, que han quedado desfasadas, y que han enmendado la práctica totalidad de las instituciones que realizan previsiones económicas. Sólo en la mente de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, se mantiene la idea de que España va a crecer un 6,5% este año y un 7% en 2022, cuando el crecimiento económico ha ido perdiendo fuerza, con una rebaja muy importante del propio INE en sus datos de avance del primer y segundo trimestre, especialmente de este último. Ahora, el Banco de España se ha unido a la Comisión Europea y a la OCDE, entre otras instituciones que han rebajado de manera muy importante las previsiones de la economía española.

Para que España creciese este año un 6,5%, el crecimiento del PIB en el último trimestre tendría que ser de alrededor del 11%-12% interanual, con un intertrimestral del 12%-13%, salvo que toquen mucho hacia atrás la serie, pero eso no dejaría de ser una componenda estética que no haría mejorar el nivel del PIB real hacia lo estimado por el Gobierno. Puede que el PIB nominal mantenga cierto impulso, derivado del efecto de los precios, vía deflactor del PIB, pero nada más que eso.

Por tanto, lo sensato sería que Calviño hubiese modificado el cuadro macro -que hace, por desfasado, que no sirva de soporte a los presupuestos-, para que las estimaciones fuesen lo más realistas posibles.

Como sensato sería que Calviño mantuviese el mismo discurso en Bruselas que en España cuando se presenta, por ejemplo, el plan de recuperación, acerca de las medidas que se tomarán en el mismo, como la anulación de la tributación conjunta.

Y como también sería sensato que Calviño dijese lo mismo en Bruselas que en España acerca de algo tan importante como es la reforma laboral, cuya derogación tanto daño puede hacer a nuestra economía.

Eso sería lo sensato, lo que se esperaría de la imagen de Calviño que han ido fabricando, como garante de la ortodoxia económica, desde su bagaje como Técnico Comercial y Economista del Estado y alta funcionaria de la UE. Es, de hecho, lo que se esperaría de una persona como ella, que cuenta con una gran formación, y que, por tanto, sabe perfectamente qué está pasando en la economía española.

Sin embargo, Calviño ha optado por abandonar su perfil técnico y servir de coartada a las políticas económicas contraproducentes de Sánchez. No es cierto que ella impida las equivocadas medidas económicas: la derogación de la reforma laboral sigue estando en marcha, y puede que prospere; el salario mínimo se ha seguido subiendo, cuando limita la creación de empleo; la política energética no se ha modificado, cuando no apostar por la nuclear y carecer de una estrategia eficiente de transición encarece los costes, principalmente de la industria; se alinea con la limitación de las bajadas de impuestos, cuando lo que menos necesita ahora la economía es una política fiscal contractiva por el lado tributario; y mantiene, como he dicho antes, negativa a reconocer que la economía está creciendo -y crecerá- mucho más despacio de lo previsto en su cuadro macro. Y, como colofón, llega a proponer cosas en Bruselas que luego matiza en España.

Calviño, así, hace aparecer ante nosotros al fantasma de Solbes como el fantasma de las Navidades pasadas. A Solbes también se le construyó una imagen de técnico, de amante del rigor, y llegado un momento, optó por el perfil político, abandonó el técnico y le dijo a Pizarro que exageraba al decir este último que había crisis. Poco después, se llego a más de seis millones de parados.

Solbes fue la coartada de Zapatero y Calviño ahora es la de Sánchez. De nada sirve que, años después, Solbes se arrepintiese en su libro, como de nada servirá que Calviño se autoenmiende dentro de unos años, cuando ya no sea vicepresidenta. Este desistimiento de su función como técnicos les hace ser más responsables de lo que suceda -antes a Solbes y ahora a Calviño-, porque ellos sí saben qué pasa y, sin embargo, mantienen una postura diametralmente opuesta a la que muestra la realidad de los datos. Es una pena, porque tenía la oportunidad de no repetir los errores de Solbes, de no darle marchamo de rigurosa a una política económica -la de Sánchez- que es equivocada, y de sobresalir como gran profesional. Sin embargo, Calviño ha decidido ya ser Solbes, de manera que su responsabilidad en las decisiones equivocadas será la mayor de todas.

Suspenso en economía
Mikel Buesa. larazon 18 Diciembre 2021

El gobierno prometió que a estas alturas la crisis económica provocada por la epidemia estaría superada y resulta que nuestra renta por habitante es ahora un siete por ciento más baja que antes del Covid. Y si alguien quisiera albergar el consuelo del mal de muchos, habría que decirle que España es el país europeo con peores resultados en esta materia, el último de una cola en la que también están Portugal, Malta y Eslovaquia. Claro que, se nos dice, el empleo se ha recuperado, pero resulta que las horas trabajadas son ahora menos que hace dos años y los salarios reales por persona han caído por debajo del nivel de entonces. También lo ha hecho la productividad y de una manera escandalosa, pues, salvo en Estonia, esto no ha ocurrido en ningún país europeo. Que la productividad vaya mal nos hace vislumbrar un futuro decadente y, tras de él, un nivel de vida en retroceso.

No me extraña que, por ese mismo motivo, la mayor parte de los españoles ha acabado no fiándose del porvenir y guarda en su calcetín todo lo que le dan de sí sus cada vez más menguados ingresos. Ahí están las estadísticas del ahorro para corroborarlo, pues resulta que su cuantía duplica la proporción de la renta que se anotaba tradicionalmente en ellas. Estamos así en una situación en la que la preferencia por la liquidez afecta severamente a la inversión, pues aunque hay suficientes fondos prestables, sus propietarios optan por mantenerlos en forma de dinero. Keynes se refirió hace muchos años a este problema, destacando que podía dar lugar a la inoperancia de la política monetaria. Y para salir de él sería necesario, como apuntó Krugman, aumentar poderosamente la inversión pública.

Sin embargo, para nuestros gobernantes lo único que cuenta en materia de política económica es estimular el consumo. Y van así soltando dinero en forma de subsidios y subvenciones que, debido a las restricciones de la oferta de bienes y servicios, alimentan la inflación. Entretanto, presupuestan un volumen de inversión que, contemplado en perspectiva, es notoriamente inferior al que, en promedio, se venía manteniendo en España desde hace cuatro décadas. Todo esto se convierte así en un disparate, en un suspenso en economía.

Manifestación contra la libertad
Cristina L. Schlichting. larazon 18 Diciembre 2021

Hay que tener temple para manifestarse «contra» otros. En Cataluña hay hoy manifestación contra el derecho de los nativos del castellano a estudiar en su lengua. Ni siquiera sólo en su lengua: a estudiar en catalán con un 25% en español. ¡Una de cada cuatro asignaturas! En la zona de Vic, muy independentista, recuerdo una conversación airada con un tendero que se manifestaba enfadado por no poder «vivir enteramente en catalán». Le horrorizaba tener que recurrir a veces al castellano para entenderse o hacerse entender. Es decir, le angustiaba la realidad de Cataluña, que es bilingüe históricamente. El nacionalismo equivale psicoanalíticamente al narcisismo. Es quererlo todo para uno, al modo ancestralmente infantil del bebé. Hay hechos que hacen saltar las alarmas de una persona normalmente constituida.

La persecución de la niña de Canet es uno de ellos. Ni el más bello ideal social merece el llanto de los niños. ¿De qué sirve un paraíso construido con tales mimbres? Pero en España ya es posible construir paraísos desde la exclusión de los demás. Ya no importa que vivir en catalán haga llorar a los inocentes. A la manifestación de hoy acuden extraños agentes. Ha sorprendido la presencia de los sindicatos, UGT, ComisionesObreras y hasta USO. Acuden todos en defensa del nacionalismo catalanista. ¿Cómo –se preguntan algunos– si buena parte del tejido hispano parlante de Cataluña es el de los trabajadores venidos de otros lugares del país? Pues porque, al calor del dinero, no importa traicionar al obrero (qué bonito pareado). Los señoritos burgueses de Cataluña tocan a rebato y los siervos paniaguados van a la romería.

En esta manifestación se pide que no se enseñe en la lengua de la gran mayoría trabajadora, que los hijos del futuro sólo aprendan en catalán. Así, los niños de los burgueses, enseñados en colegios privados, tendrán catalán, español, inglés y más lenguas para dar la vuelta al mundo. El obrero, en cambio, tendrá el horizonte que le corresponde, el terruño doméstico. Compartirá la lengua de siete millones de personas y tendrá vetado desde el oeste americano hasta sudamérica. Qué práctico esto para los de Pedralbes. Esquiamos en los Alpes suizos, veraneamos en la Costa Brava o en Menorca y, vivamos donde vivamos, sabemos que, en la masía, tendremos garantizados administradores y aparceros encantados de vivir siempre en catalán. Dóciles custodios de la hermosa tradición de la que después presumimos en Hong Kong y Nueva York.

El PP se quita la careta: imita el lenguaje de la izquierda y califica a VOX como ‘extrema derecha fascista’
https://gaceta.es/ 18 Diciembre 2021

En una nueva muestra del acercamiento entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), los de Casado han empezado a utilizar el mismo vocabulario que utilizan los de Sánchez, e incluso han empezado a referirse a VOX con los mismos términos.

En la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados que se ha celebrado este jueves 16 de diciembre, la diputada del PP por Palencia Milagros Marcos Ortega calificó como «extrema derecha fascista» al partido que lidera Santiago Abascal, como tantas veces han hecho con anterioridad integrantes del PSOE o de Podemos.

La diputada popular respondió así a una Proposición no de Ley (PNL) de VOX en la que pide al Gobierno que denuncie la farsa electoral que se celebró en Venezuela el pasado 21 de noviembre. En referencia a la postura de Ciudadanos sobre la PNL, Marcos Ortega consideró «sorprendente» que fuese VOX quien presentase la iniciativa «cuando sabemos que allí donde está la extrema derecha fascista pues hay más desastres que soluciones».

El grupo parlamentario de VOX en el Congreso ha reaccionado a las descalificaciones del Partido Popular con una publicación en Twitter en la que remiten al momento de las declaraciones de la diputada popular para asegurar que el PP «se quita la careta». «No solo pactan con PSOE y Podemos repartirse las instituciones, ahora también utilizan su lenguaje», han criticado.

La publicación de VOX en esta red social apunta así a la multitud de ocasiones en las que el PP ha mostrado sintonía con la formación de Pedro Sánchez. A principios del mes de diciembre, Casado abrió la puerta a una «gran coalición» con el PSOE en una entrevista con el diario ‘La Nación’. Unas declaraciones que no sorprenden si se recuerdan los anteriores y recientes acuerdos a los que han llegado ambas formaciones: el reparto del Tribunal Constitucional, del consejo de RTVE, del Tribunal de Cuentas y de la oficina del Defensor del Pueblo.

Estado de Histeria
Rafael Bardají. https://gaceta.es 18 Diciembre 2021

Si hay algo que ha dejado claro esta pandemia es la utilización de una crisis sanitaria para la expansión de las políticas totalitarias, contrarias a la libertad y enemigas de la persona. En todas partes, el Estado ha sido el principal beneficiario. De China a Estados Unidos. En los regímenes que ya eran totalitarios, con una vuelta más de tuerca en la subyugación de sus súbditos; en las democracias, poniendo en jaque el discurso liberal, aumentando la injerencia en todos los sectores, de la economía a la educación y la prensa, saltándose todas las reglas del juego democrático e imponiendo por la fuerza medidas restrictivas y, como en la caso de España, ilegales. Y quien habla del Estado, habla de esas instituciones supranacionales, como la UE, que de no hacer nada, pasó a centralizar las compras de vacunas y, finalmente, a erigirse en el juez de quién debe tener derechos civiles o no a través de su pasaporte covid.

Pero además del Estado, los gobiernos también han hecho todo lo posible para expandir sus poderes. Su primer recurso, gobernar a golpe de decretos y órdenes ejecutivas, de espalda al legislativo. En nuestro particular caso, agravado por las sentencias del Tribunal Constitucional que han condenado al actual Gobierno por violar reiteradamente el marco constitucional.

Aún más, la perversión política ha alcanzado cotas que hasta hace nada eran contempladas como algo totalmente inaceptable. Mientras que parecería que no hay presupuesto para mejorar nuestro sistema de salud, claramente deficiente en momentos de tensión aguda, el Gobierno se gasta el dinero de Europa en cosas como “la perspectiva de género de la producción del café”, para cuyo estudio de amiguetes, se asume, se ha ido 1.000.000 de euros según el propio BOE.

Pero hay más. La utilización partidista también ha quedado claramente expuesta. No sólo el Gobierno de Sánchez ha jugado con las vacunas, primando a sus socios y castigando a las regiones que, como Madrid, le resultan díscolas, sino también con las normas relativas a los confinamientos. Y no sólo. Ahora el PP de esa Génova arrestada por Casado, pero en la que finalmente se encuentra a gustito, decide cancelar las cenas de Navidad de sus afiliados escudándose en los potenciales riesgos de la nueva ola de coronavirus y el miedo a la nueva variante Ómicron. Pero todos saben os que sus decisiones tienen poco que ver con la protección y la salud de los suyos, sino con el deseo de castigar a Isabel Díaz Ayuso, la verdadera líder de la oposición.

Aquí, todos y todas juegan con nuestra salud y quieren sacar partido de la situación. Normalmente a través del miedo, bien esparcido por unos medios de comunicación absolutamente irresponsables y al servicio mediático del poder. Pero el miedo ha pasado a ser pura histeria con la supuesta amenaza de la Ómicron. Antes de que se produjera la, de momento, única víctima de esta variante, ya se habían vuelto a cerrar fronteras, exigir más tests, imponer nuevos confinamientos y amenazar con mayores restricciones si la población no se comportaba según las nuevas reglas de los gobiernos.

Y, sin embargo, si algo ha hecho la población en general en estos dos últimos años ha sido seguir a rajatabla las recomendaciones sanitarias y las normas restrictivas, incluso siendo ilegales, como en España. Por miedo, obediencia a los poderes públicos o simple apatía, los españoles hemos sido unos santos.

Pero nuestro deseo de pasar página cuanto antes -demostrado por el altísimo índice de vacunados- no se va a ver satisfecho. Pero no a causa del virus, sino por la manipulación de la situación sanitaria desde los poderes políticos. Y es que además de muchos de nuestros abuelos, lo que ha muerto en España es la decencia. ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional que condena a un Gobierno pero cuya sentencia no tiene consecuencia alguna? ¿Para qué sirve una Monarquía que está presa del chantaje permanente por las acciones, cuando menos reprobables, del Rey Emérito? ¿Para qué sirve una justicia que es desoída, como en el caso de Juana Rivas, porque lo único que busca el Gobierno es un rápido y ejemplar indulto, incluso sacrificando la seguridad de un niño? ¿Para qué sirven las leyes si nadie las hace cumplir allí donde sólo interesa la impunidad, como en C

Dice el Gobierno que hay que desjudicializar la política, en clara referencia a las acciones jurídicas de Vox, la única formación que mantiene viva la esperanza de que un cambio será algún día posible. Pero el Gobierno, con la complicidad del PP de casado, no ceja en politizar la justicia. Precisamente para anularla y salvarse de los varapalos que le esperan. Aunque visto su comportamiento, da igual. Se saltan lo que haga falta. Y no pasa nada.

Dicho todo lo cual, pónganse la tercera dosis y hagan vida todo lo normal que puedan. Y que tengan unas muy felices Navidades. Que a lo mejor, el año que viene a estas alturas, estamos con que El Niño Jesús nunca nació, los belenes son una tradición patriarcal y los turrones unas bombas calóricas a suprimir.

Juicio desapasionado sobre la Transición
Amando de Miguel. Libertad Digital 18 Diciembre 2021

Caben pocas dudas sobre el estadio final en que se encuentra la Transición, el sistema que siguió al régimen franquista, y que ha durado más de cuarenta años. Ha llegado, pues, el momento para apuntar algunas reflexiones sobre ese largo ciclo político. Se puede considerar una suerte el hecho de ser contemporáneo del experimento democrático más exitoso de la historia de España. Ha sido un milagro la sucesión pacífica a un régimen autoritario a través del consenso entre fuerzas no ya dispares sino antipódicas.

El secreto de tantas virtudes iniciales reside en que la operación se diseñó y se empezó desde dentro del último franquismo. Coincidió, además, con el portentoso desarrollo económico de los tres últimos lustros de la era de Franco. Se materializó en una suerte de réplica del turnismo de la Restauración de Cánovas (otro régimen que, también, resistió incólume cuatro décadas). La ventaja de este segundo episodio de la Transición es que ha permanecido con escasa violencia, si descontamos el terrorismo vasco y algunos episodios del islámico.

Lo malo de la inevitable comparación histórica es que, en este caso de la Transición, se han reproducido los efectos no deseados, los pertinaces demonios familiares de otros tiempos. Así, la corrupción, el autoritarismo, el amiguismo, el particularismo, el caciquismo de los partidos en el poder. En síntesis, se ha reiterado el tradicional tirón oligárquico. En donde se demuestra que la cultura política heredada tiene más peso que la Constitución y todas las demás reformas legales.

Por encima de tales constreñimientos históricos, los fautores de la Transición han reiterado un error de principio: el reconocimiento de los partidos separatistas, vascos y catalanes. Tales fuerzas políticas han obtenido una desproporcionada presencia en las Cortes Españolas. La ventaja se ha debido a una prima de la ley electoral, a pesar de que no intentan representar al conjunto del electorado. Ese privilegio les ha servido, paradójicamente, para tratar de excluir la lengua castellana común de sus respectivos territorios. Ya es desmesura. Tanto Cataluña como el País Vasco (que ya eran las regiones más industrializadas) han seguido obteniendo continuos favores de los Gobiernos de España. Para ocultar tal desigualdad, los constituyentes de 1978 diseñaron un esquema de comunidades autónomas (valga el oxímoron). Ha sido una fuente de ulterior corrupción y de un crecimiento parasitario de la burocracia pública. El peso de las autonomías es tal que el término nacional ha sido sustituido por el de interterritorial o, de forma, todavía, más confusa, por estatal.

Junto a esos errores de base, el discurrir de los Gobiernos de la Transición ha llevado al extraordinario refuerzo de una herencia franquista: el intervencionismo estatal. Naturalmente, los Gobiernos de la Transición no han reconocido ese enlace. Es más, los socialistas en el poder han revitalizado un antifranquismo extemporáneo, quizá como compensación subconsciente de que el PSOE desarrolló una escasa presencia en la oposición a Franco.

El argumento anterior degeneró un punto más al entronizar la estrafalaria doctrina de la memoria histórica (o democrática; no se sabe qué calificación es más absurda). La cual intenta nada menos que reescribir la Historia reciente, borrar de ella las cuatro décadas del franquismo. Es más, se propone hacer, implícitamente, como si la guerra civil la hubiera ganado la trilogía de los socialistas-comunistas-separatistas, justamente los que la perdieron. Tal estrambótica alianza es la que compone el último Gobierno de la Transición.

En síntesis, lo mejor de la Transición es que ha logrado establecer una mentalidad democrática general (incluidos los militares) que nunca se dio en nuestra historia contemporánea. Lo problemático es la incapacidad del Gobierno actual para resolver con elegancia la hecatombe económica y sanitaria. Es algo difícil de cumplir, dada la ineficiencia radical del Estado de las Autonomías y de los otros errores descritos. Por si fuera poco, habría que destacar el marasmo cultural en que se ve sumida la España de hoy. Pero esa es otra historia.

La guerra de Stalin
Luis Feliu Bernárdez. larazon 18 Diciembre 2021

Gracias a una propaganda bien orquestada por Walter Duranty, periodista del New York Times acreditado en Moscú, corrompido por Stalin al que se dedicó a enaltecer, muchos en occidente, particularmente en las más famosas universidades británicas y estadounidenses, creían firmemente que el comunismo de Stalin era la solución esperada a todos los males de la sociedad.

Tío Joe, como le llamaban coloquialmente, no permitía ver lo que realmente sucedía con el socialismo real en la URSS. Sin embargo, Gareth Jones, periodista británico, se propuso desentrañar aquel monumental engaño y lo consiguió viajando por Rusia y Ucrania eludiendo la vigilancia soviética. Sus manuscritos, que logró sacar de la URSS, no eran para él fácilmente publicables, por lo que se los entregó al novelista británico, de tendencia socialista, George Orwell, ya famoso, que como ficción describió la realidad del régimen totalitario de Stalin en el libro «Rebelión en la Granja». Como es habitual en la historia, la mentira prevalece y Duranty, pervertido periodista, recibió el Premio Pulitzer 1932 en los EEUU y vivió una cómoda jubilación, mientras que Jones, que descubrió la verdad del comunismo soviético, fue asesinado por agentes de Stalin cuando viajaba por China. Ucrania ha solicitado formalmente la retirada del premio Pulitzer a Duranty.

En España la llegada de la República liberal y burguesa apoyada por eminentes liberales como Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Juan Ramón Jiménez, Madariaga, Zulueta, Torres Quevedo entre otros, dio paso al interés de Tío Joe y su Internacional Comunista de aprovechar la oportunidad para exportar su revolución y establecer una República Popular de base comunista al otro extremo de Europa, con salida a tres mares y presionando a las potencias centrales justo en su retaguardia.

La revolución de Stalin se iniciaba, como todas las comunistas, con la destrucción de la Iglesia, de la burguesía y el Ejército y su sustitución por el ateísmo comunista, el proletariado y el ejército del pueblo. Acciones que pronto aparecieron en España en 1931, al celebrar la izquierda radical la llegada de la República quemando iglesias. Rápidamente Stalin se percató que la mejor forma de iniciar el control de la situación era desacreditar a Julián Besteiro, socialista moderado, y apoyar a Indalecio Prieto y Largo Caballero, radicales de izquierda socialista para derrocar la República burguesa, cosa que intentaron en 1934, mediante un golpe de estado contra la República y en las acciones de desestabilización posteriores que provocaron el levantamiento fracasado de una pequeña parte del Ejército y la Armada y que derivó en guerra civil.

Las unidades que se levantaron contra el Frente Popular lo hicieron en defensa de la República liberal defendida por los intelectuales citados. Ante la tremenda inferioridad de los rebeldes, Hitler, que veía la jugada de Stalin, rápidamente se aprestó a ayudarlos y posibilitó el paso a la Península del Ejército de África, que había derrotado junto a los franceses, en 1927 al Ejército de la República del Rif Libre de Abd-el-Krim, después de seis años de guerra.

A pesar de la operatividad de las unidades, las posibilidades de éxito del levantamiento eran mínimas, y tanto Stalin como el Frente Popular creían firmemente que en unas semanas estaría controlado el levantamiento y los sublevados entre rejas o ante el paredón. Ese erróneo juicio de valor lo pagaron caro.

Sin embargo, si ponemos la visión del conflicto en «macro», quienes estaban combatiendo en España eran realmente Hitler y Stalin ante la neutralidad de las naciones occidentales, que veían en el Frente Popular y en la posible República Socialista Española un peligro. Stalin a través de sus filiales en occidente organizó Brigadas Internacionales para apoyar al Frente Popular con poco éxito, el mismo poco éxito que demostró en las décadas posteriores el Socialismo real derrumbándose en 1989.

La pérdida de la guerra de Stalin supuso tal frustración para el dictador comunista que los prisioneros de la División Española de Voluntarios, llamada «azul» por usar la camisa de falange en el uniforme, no pudieron regresar a España hasta la muerte de Stalin. Sin embargo, lo prisioneros alemanes y otros fueron puestos en libertad varias décadas antes. Stalin perdió su guerra y la opción de crear una República Popular en España. A pesar de aquello, hoy en día, hay reconocidos en España siete Partidos Comunistas diferentes, y uno de ellos incluso está en el gobierno, caso único en Europa y en el Mundo.

Luis Feliu Bernárdez. General de brigada (r). Academia de las Ciencias y las Artes Militares.

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Una coalición de chupópteros
Jimmy Giménez-Arnau. okdiario 18 Diciembre 2021

De continuar el saqueo que, con una puntualidad aterradora, practica este Gobierno de sablistas, no estaría de más que sus viles maniobras se dieran a conocer a cuantos cotizan a la Seguridad Social, a ver si así, al menos, le toca al vulgo el reintegro en el sorteo de la igualdad de oportunidades. Sánchez, noble improvisado, plebeyo endiosado, de frágil inteligencia, a la que suple con el vicio de mentirnos a toda hora, gobierna despótica y arbitrariamente desde que se hizo con el poder por carambola y se enrocó en Moncloa. A partir de entonces, no hemos tenido otro remedio que soportar sus abusos y tragarnos cada una de sus esquizofrénicas imposiciones para desestabilizar el Estado. Cuanto hace y deshace este patán, merece figurar en párrafo aparte y en los anales de la infamia.

Indultó a golpistas que ahora intentan cargarse la lengua de la nación española, atenta contra la división de poderes, se chotea de nuestra Constitución, ningunea al Rey siempre que puede, desprestigia a las bravas fuerzas del orden y rifa promesas entre los damnificados de La Palma. Que, por supuesto, no cumple. Juró que el precio de la luz volvería a ser el de 2018 y lo ha disparado un 516%. No atiende las necesidades del sanitario, del agricultor, del camionero, ni las de los pensionistas. Anda atareado inventando nuevos impuestos para freír al autónomo y oculta la ruina en la que nos ha metido una coalición de chupópteros. A Sánchez, un gafe de Guinnees Wolrd Records, por si fuera poco, le ha mirado un tuerto.

Y qué decir de esos parias -hoy nuevos ricos- que ha alquilado, como compró a los proetarras de Bildu y a los separatistas catalanes, para asegurarse el poder. Menudo pelotón de inútiles, menuda sarta de chorizos. Y la cuchipandi autoproclamándose la izquierda caviar, sin distinguir gulas de angulas. El plebeyismo millonario de Irene, Ione y Yolanda, la esperanza de la raza, una atea que halló el éxtasis frente a un Papa peronista. A los hijos de Podemos que se resisten a usar la palabra dictadura para definir a Cuba y Venezuela, les aporto una reflexión del sabio Escohotado, que tenía las ideas bien claras: «Es muy fácil ser comunista en un país libre: lo difícil es ser libre en un país comunista».

De perpetuarse la corrupción que preside Sánchez, ya consolidada y gozando de excelente salud, tendremos tirano para rato, es decir, menos libertad, mucha más ruina y totalitarismo a raudales. Sólo unas nuevas elecciones nos sacarán de pobres y nos devolverán los derechos perdidos. Felices tristes fiestas.

Leyes de Núremberg en Cataluña
Eduardo Goligorsky. Libertad Digital 18 Diciembre 2021

La oligarquía hispanófoba que usurpa el poder en la región catalana del Reino de España ha asimilado las perversiones de la ideología nazi y aplica la versión autóctona de las cláusulas racistas de las Leyes de Núremberg. Estas leyes, aprobadas en el VII Congreso del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el 15 de septiembre de 1935, despojaban de la nacionalidad alemana a las personas descendientes de abuelos judíos, estableciendo distintas categorías de mestizaje que dependían del número de abuelos en esas condiciones. La discriminación descansaba exclusivamente sobre factores raciales y no religiosos. Los perseguidos podían ser agnósticos o conversos al cristianismo plenamente integrados en la sociedad germana, pero para los nazis eran de raza inferior. La pureza de sangre aria era la condición sine qua non para ostentar la nacionalidad alemana.

Contrarrestar el veneno
Si el Congreso de Núremberg promulgó las leyes que institucionalizaron el genocidio, al finalizar la guerra el Tribunal de Núremberg sancionó, en muchos casos con la pena de muerte, a los culpables de aquellos crímenes. Volvamos al enclave catalán. Aquí también existe una clase privilegiada de rancio abolengo étnico, que según algunos observadores críticos encarna en cuatrocientas familias, pero el elemento que emplean para reivindicar su hegemonía sobre la mayoría plebeya no es la raza –que también– sino la lengua. Los supremacistas son los dueños de la lengua y hacen con ella lo que se les antoja.

Lo curioso y degradante es que mientras los nazis aceptaban conceder la nacionalidad alemana, con estrictas verificaciones, a quienes tenían un único abuelo judío, o sea un 25 por ciento de lo que ellos juzgaban sangre impura, sus discípulos catalanes ni siquiera toleran ese porcentaje de lengua española en las escuelas. Para nuestros crápulas, ese mínimo del 25 por ciento puede contrarrestar con una dosis de civilización el veneno de sus mitologías medievales. Tanto montan, montan tanto, las cuatro barras de sangre del legendario Vilfredo el Velloso con la estrella cubano-castrista como la esvástica del esoterismo pagano.

Proliferan las aberraciones
A partir de este despropósito proliferan las aberraciones típicas de los regímenes cavernícolas. El niño de cinco años víctima del bullying organizado colectivamente por los matones desalmados nos hace evocar el maltrato padecido por las criaturas que fueron expulsadas de las escuelas alemanas cuando entraron en vigor las leyes infames y terminaron enviadas, junto con sus padres, a los campos de exterminio. También existe una semejanza truculenta entre la exhortación de los bárbaros a apedrear la vivienda de la familia estigmatizada y a boicotear su tienda, por un lado, y el pogromo gestapista de la Noche de los Cristales Rotos, por otro. Todo ello contando con la complicidad e incluso con la instigación de los capos de la Generalitat.

No, no son "analogías delirantes" y "peligrosas", como pontifica Francesc-Marc Álvaro ("Canet y sus profecías", LV, 13/12) en un sermón exculpatorio donde desahoga sus propios delirios cuando escribe: "Los tribunales revientan un modelo exitoso". ¿Exitoso? "La interacción en catalán en la escuela baja del 68% al 21% en 15 años" (LV, 5//11).

"Un 57% de chicos de 15 años no hablan nunca o casi nunca en catalán con sus compañeros" (LV, 3/12). Los muros levantados en torno del gueto no están insonorizados y los chavales se emancipan del yugo de los adoctrinadores aldeanos a medida que toman contacto con la cultura universal.

Pactos espurios
¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se repitan impunemente en un enclave de nuestro país estas atrocidades que creíamos definitivamente erradicadas de Europa después de la derrota del Tercer Reich? Esto es lo que se preguntan los ciudadanos españoles que aprendieron desde el vamos a respetar y obedecer una Constitución que los hace libres e iguales. La respuesta a este intríngulis la encontramos, lamentablemente, en la estulticia del Gobierno guerracivilista, que ha renegado de su deber de velar por el cumplimiento de la ley. Peor aun, se ha comprometido a violarla, concertando pactos espurios con la casquería del espectro político: secesionistas recalcitrantes, comunistas mal reciclados y albaceas de terroristas asesinos.

Si nos remontamos nuevamente al escenario de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con que es el feudo de los golpistas catalanes el que, no obstante su insignificancia, desempeña el papel de Berlín, capital de la potencia ocupante de los países vencidos, en tanto que la Moncloa es el equivalente de Vichy, donde una camarilla de traidores a la patria se enrocó en el poder, entregando al enemigo la vida y los bienes de sus compatriotas.

Consuela recordar cómo terminaron los vencedores transitorios y los traidores a la patria enrocados. Eso sí, no esperemos que el monstruo se desplome espontáneamente. Es hora de darle un empujón y expulsarlo con una avalancha de votos como acaba de ocurrir en Madrid.

PS: Los sindicatos UGT y CCOO se alzan contra las sentencias de la Justicia española, asumen la herencia racista del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, y apoyan la repesca de las Leyes de Núremberg, ahora contra la enseñanza de un 25% de asignaturas en español en las escuelas de Cataluña. Esta traición a los trabajadores –la inmensa mayoría de ellos españoles castellanohablantes– no debe quedar impune.

Valentía y coraje cívico para denunciar nuevos ‘Canet’
El estigma sobre quien quiere aprender en español en España debe acabar de una vez por todas
Editorial ABC 18 Diciembre 2021

Días atrás, la familia perseguida por la Generalitat de Cataluña por haber exigido que su hijo recibiese, como establecen los tribunales, el 25 por ciento de sus clases en español reclamó en una carta abierta valentía a muchas otras familias acosadas por el independentismo y su excluyente política de inmersión lingüística. ABC da cuenta hoy del coraje cívico de otra familia más que hace público el acoso al que está siendo sometida. Y lo hace a cara descubierta, no como el consejero catalán de Educación, de ERC, que predica una cosa y hace otra distinta, llevando a sus hijos a un colegio concertado que sí respeta esa cuota porcentual. Es inédito que la reclamación de derechos esenciales, y la exigencia de cumplimiento de las sentencias, se tengan que convertir en una odisea.

Porque son los separatistas quienes se rebelan, quienes incumplen y quienes desobedecen. El estigma sobre quien quiere aprender en español en España debe acabar de una vez por todas. Ya tiene faena por delante la ministra Pilar Alegría, que debería dejar de actuar como cómplice del independentismo en sus reuniones con otras autonomías.

Dejad a los niños en paz
Lorenzo Silva. ESP 18 Diciembre 2021

Una de las razones por las que el terrorismo de ETA resulta más ominoso, y puede y debe exigírseles a quienes desde sus postulados ideológicos se presentan como hoy como demócratas una retractación y una repulsa inequívocas y explícitas, estriba en el hecho de que a lo largo de sus cinco décadas de actividad causaron deliberadamente la muerte de más de una docena de niños. Tan consciente es la izquierda abertzale de lo inviable de justificar tal derroche de violencia contra los más indefensos que prefiere que esos hechos no se recuerden, que los aniversarios pasen de puntillas y no se los confronte así con el oprobio.

Por motivos análogos, el nacionalismo catalán ve temblar en estos días los cimientos de su tótem identitario de la inmersión lingüística, y por eso cae en el frenesí de la sobrerreacción. Lo que el incidente de la escuela de Canet de Mar ha desvelado es que la ideología que gobierna hoy a los catalanes no tiene reparo en sacrificar las necesidades y la protección de un niño a los postulados dogmáticos por los que ha convertido una lengua en herramienta de un proyecto de reingeniería social, para menguar la presencia de lo español y asentar el nacionalismo separatista como rasgo esencial e innegociable de la identidad catalana.

Y es que es muy difícil defender, ante cualquiera provisto de sentido común y de un mínimo de sensibilidad, que intereses abstractos vinculados a algo tan intangible como una ideología o una aspiración nacional pasen por encima, apisonándolos, de los derechos, la seguridad y el amparo debidos a un menor.

Pese a todo, los más airados postulantes del holocausto de la familia díscola de Canet de Mar han encontrado su argumento exculpatorio. En su virtud, logran transferir toda la carga de responsabilidad a los padres que pensaron que podían acudir a la justicia a pedir, de buenas maneras, algo tan modesto como que su hijo recibiera la cuarta parte de las horas lectivas en un idioma que consideran el suyo y que es además oficial en el país donde viven. Han venido a afearles, en fin, que en lugar de callar y otorgar ante lo que había, hayan expuesto a su criatura.

El argumento nos suena. También lo utilizó la propia ETA, y lo recogió con mayor o menor claridad alguno de sus apologetas de Batasuna y sucesoras, para sacudirse en el momento el peso moral de la muerte deliberada y cruel de niños inocentes. Todo era culpa de sus padres, objetivos primarios de los atentados, que los utilizaban como escudos humanos, llegaron a decir. No está de más recordar que la mayoría de esos niños murieron donde tenían el hogar familiar, de lo que cabe deducir que ETA y sus palmeros consideraban que cualquiera a quien pusieran en su punto de mira perdía el derecho a convivir con los suyos.

Es justo y seguramente necesario denunciar la actitud y la falta de escrúpulos de quienes llegan con esta soltura a la bajeza de sacrificar, por lo que sea, la vida o el bienestar de un niño. Lo que ya resulta más cuestionable es que en ese ejercicio se caiga en lo mismo que se está censurando, esto es, en anteponer, a los intereses, la intimidad y la protección de esas personas que aún no han alcanzado la madurez ni la capacidad de valerse por sí mismas, la ganancia que se calcula que puede rebañarse a cuenta de los abusos o atropellos de que han sido objeto.

Ahí es donde se ha equivocado, y gravemente, el líder de la oposición, Pablo Casado, con su ya consabida retahíla semanal en la sesión de control al Gobierno. Mezclar en esta ocasión, sin orden ni concierto, todos los desafueros que ha podido acopiar y que tienen como víctimas a menores sonó más a utilización de esos menores que a defensa cabal y eficiente de sus derechos. Los niños tampoco están para servir de munición a quien aspira a desplazar al Gobierno, cuando no se le ocurre algo mejor.

«La inmersión lingüística que han impuesto en Cataluña ha fracasado», asegura el catedrático de Psiquiatría Adolf Tobeña
Enrique Clemente Navarro. La Voz 18 Diciembre 2021

El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona presentó ayer en el Congreso su obra «Cataluña fragmentada»

Catedrático de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, Adolfo Tobeña (Graus, Huesca, 1950) es autor de numerosos libros de su especialidad, pero también sobre Cataluña, como La pasión secesionista o Catañoles. El último lo ha publicado en inglés, Fragmented Catalonia (Cataluña fragmentada), que se presentó ayer en el Congreso, y se refiere a una situación en la que «la mitad de la población catalana quiere irse de España y la otra mitad permanecer en ella». Para el autor, «existe un repudio mutuo; los secesionistas repudian a los unionistas y, al revés, los unionistas repudian a los secesionistas, esto se mantiene activo, pero soterrado».

—¿Ha mejorado la convivencia entre ambas partes tras el fracaso del procés?
—Ha mejorado porque entre el 2016 y el 2019 se estuvo muy cerca del enfrentamiento civil y ahora la efervescencia secesionista se ha adormecido, hay una sensación de hibernación. En realidad, sigue habiendo un empate crónico y el enquistamiento continúa.

—En sus libros destaca que el independentismo está mucho mas extendido entre las clases acomodadas que en las populares.
—Las clases populares catalanas no quieren irse de España. Las que quiere hacerlo son las clases medias, medias-altas y una parte de las élites. Las clases populares, que son de izquierdas en su mayoría, se pasaron en masa a Ciudadanos en el 2017, porque veían peligrar su futuro, pero han vuelto al PSC gracias al efecto Illa. Ahora ha ocurrido algo radicalmente nuevo. Aunque hagan el paripé de que se pelean, la situación es la siguiente: en Madrid gobierna el PSOE con el apoyo tácito, pero crucial, de ERC, y en Cataluña, ERC con el apoyo tácito del PSC. Si esto se mantiene durante tiempo, y ese es el objetivo de Pedro Sánchez, se instalarían en Cataluña otro tipo de élites de clases medias que sustituirían a las antiguas de Convergència por las nuevas de ERC y se produciría un adormecimiento crónico de las expectativas de secesión.

—De hecho, ERC ha hablado de postergar la independencia.
—Exacto, porque aspiran a eso, a ser los amos de la región durante veinte años y crear las mismas redes clientelares que creó Convergència en su gobierno de treinta años. Esto podría tener congelado el asunto de la secesión durante mucho tiempo.

—¿Cómo valora lo que está pasando con la niña de Canet?
—Es un tema de confrontación política transitorio y pasajero, un episodio horrible, pero no es el primero que ocurre. Siempre que se produce un hostigamiento contra alguien que quiere ejercer sus derechos se está practicando la tiranía, porque se señala para generar un apestado y provocar su ostracismo. Que después se utilice para, en lugar de discutir a fondo sobre la educación en Cataluña, ver quién saca más rédito también es horrible.

—Usted es coautor de un estudio sobre la inmersión lingüística. ¿Qué destacaría?
—El sistema actual de inmersión lingüística solo tiene la aprobación de aproximadamente la mitad de la población. El otro 50 % querría un sistema equitativo o de elección por los padres de la lengua preferente o que predomine esta de forma automática. Pero este asunto se ha convertido para los independentistas, y con cierta connivencia de la izquierda, en un asunto tabú, indiscutible, sagrado. La mitad de la población catalana está sometida a un sistema que no quiere, pero se le impone. De ahí que de vez en cuando aparezcan conflictos.

—¿Ha fracasado el sistema de inmersión lingüística?
—Claro, ha fracasado porque no ha conseguido sus objetivos, lograr la cohesión social a partir de una lengua preferente, el catalán, y crear una especie de ciudadanos bilingües perfectos que dominaran el catalán y el castellano. Sin embargo, la lengua se ha convertido en otro elemento de la fractura social y la mayor parte de los ciudadanos no dominan ni el catalán ni el castellano. El resultado es que todos los lingüistas están de acuerdo en que el catalán se está dialectizando y convirtiéndose en algo que se llama catañol.

—¿Quiénes son los catañoles?
—La gente que se reconoce por su identidad nacional dual, catalana y española, son el 60 % de la población. Están en contra de la secesión, los que la quieren son los llamémoslos catalanes con pedigrí, que aborrecen, odian, a España, a los que se suman algunos inmigrantes, en una proporción muy pequeña, que han visto una oportunidad de prosperar en una Cataluña que fuera independiente. Rufián es catañol, pero se ha apuntado al secesionismo.

Lo que se sabe del caso del niño de Canet y el acoso a la familia por el castellano
Preguntas y respuestas sobre el conflicto lingüístico, sus vericuetos judiciales y la división en la calle
Cristina Rubio. Barcelona. larazon 18 Diciembre 2021

El acoso a la familia de Canet por solicitar más presencia del castellano en la escuela de su hijo de 5 años ha estallado en medio de la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tumba la inmersión e impone dos asignaturas en español en todo el sistema educativo. Un fallo marco, que crea doctrina y que se ha entrecruzado con una petición particular, en nombre de un menor de 5 años de la localidad costera y que cursa P5 en la escuela pública infantil Turó del Drac.

Y es que el caso ha saltado a la calle tras una fuerte campaña de acoso y hostigamiento de independentistas radicales al menor, que ha llevado a la familia afectada a solicitar amparo judicial y a la Asamblea por una Escuela Bilingüe a presentar una denuncia ante la Fiscalía. Un conflicto, lingüístico y social, con dudas, interrogantes y preguntas por resolver.

Periplo judicial: ¿Cuál es el origen?
La familia de Canet siguió el procedimiento habitual que siguen los ciudadanos que quieren más castellano para sus hijos en Cataluña: solicitarlo formalmente a la Generalitat -que deniega las peticiones- e iniciar después un periplo judicial para lograrlo vía TSJC. Reclamó el 50% en español y el fallo del tribunal, con fecha de 14 de octubre, lo dejó en un 25%. En total, la AEB cuantifica en más de 2.300 los alumnos catalanes que han recibido al menos una asignatura troncal más en castellano que únicamente la de Lengua, a partir de sentencias individualizadas en los últimos años.

La inmersión, ¿tumbada?
Sí, pero por otra resolución del Supremo, que s e conoció entre medias, en concreto el pasado 23 de noviembre al desestimar el recurso de la Generalitat y avalar así el fallo del TSJC que ordena aplicar un 25% de castellano en todo el sistema educativo. Un marco que el independentismo está usando para agitar de nuevo el debate y espolear la calle a favor de una causa común: el catalán.

¿Cuándo estalló la polémica?
La polémica estalló coincidiendo con el largo puente de la Puríssima. Una de las chispas fue en las redes sociales: algunos padres de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar crearon un perfil de Twitter desde el que llamaron a tomar medidas para impedir la aplicación de la sentencia y no descartaron no llevar a sus hijos a las clases que se impartan en castellano. Otros usuarios pidieron aislar al menor, dejarle solo en clase y hacerle el vacío. Luego está el mensaje del tuitero independentista, Jaume Fàbrega, que llamó a apedrear la casa del menor. “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”, aseguró en el tuit Fàbrega, un exprofesor de la UAB que impartía a asignatura de Gastronomía y Enología del grado de Turismo y que ya tuvo que dimitir del puesto en 2018 por mensajes xenófobos contra Ciudadanos.

El plan de una escuela infantil de 20 clases
Desde el jueves 9, los alumnos del Turó del Drac del grupo del menor -no todo el centro- reciben seis horas y media a la semana de educación en castellano dedicado a artes visuales, plástica y psicomotricidad. El resto, un 75% del tiempo lectivo, sigue siendo en catalán. El jueves, en el colegio, varios padres y madres opinaron sobre el caso y evidenciaron el conflicto y la división.

¿Y la Generalitat?
La resolución iba dirigida, como ocurre en todos los casos, a la dirección del centro, que ha aplicado el 25% decretado por el TSJC. La Generalitat, eso sí, ha abandonado a la familia acosada e incluso se ha llegado a reunir con el centro, ha clamado contra el fallo judicial y ha alentado las protestas. Los partidos que conforman el Govern -más la CUP- participaron en la manifestación contra el castellano en los aledaños del colegio.

¿Qué medidas legales se han tomado?
Vox, Hablamos Español y la AEB han presentado denuncias ante la Fiscalía contra la campaña de acoso al niño de la escuela de Canet de Mar. También la AEB contra el consejero y otros cargos del departamento de Educación por un delito de obstrucción a la justicia para que no se cumplan las resoluciones de los tribunales. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de la localidad barcelonesa “adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad” de la familia ante la campaña de acoso por haber pedido un mayor porcentaje de castellano en clase, en concreto un 25%.

La protección de la identidad de la familia
El señalamiento sigue y no cesa. El mismo día, el viernes, un medio digital catalán de la izquierda independentista publicaba en una escueta nota de tres líneas con la hipotética identidad del padre del niño. En el texto aparecía el nombre y apellidos, el partido político y la profesión según “se informa por grupos de whatsapp”, aportaba únicamente el medio. En redes también han aparecido otras informaciones sobre otros supuestos negocios familiares. La asociación Hablamos Español lo ha denunciado ante la Fiscalía y la AEB ha informado a las “autoridades competentes”.

Agustín Fernández no tuvo más remedio que cambiar de colegio a sus dos hijos en 2015
La precuela del «caso Canet»: «Me dijeron en el colegio que no existían los libros en castellano»
Agustín Fernández tuvo que sacar a sus hijos de la escuela ante el acoso, amenazas y coacciones que sufrió su familia por exigir la enseñanza bilingüe. Su lucha judicial sigue abierta
Ángel Nieto Lorasque. larazon 18 Diciembre 2021

El «caso Canet» ha puesto de nuevo en primera línea del debate público el infierno por el que pasan muchas familias en Cataluña cuando piden que, como marca la ley, sus hijos puedan estudiar en castellano en los colegios. El famoso 25% de horas lectivas que se exige en todos los centros públicos es en realidad un anhelo de muchos que casi nunca se cumple.

El drama que ha vivido la familia de Canet de Mar es uno más en la lista de afectados que desde hace años se han visto señalados por pedir una enseñanza bilingüe. La mayoría de estas familias que decide dar el paso no pide en ningún momento que se elimine el catalán de la escuela, sino que ambas lenguas convivan en el sistema educativo, algo que a los independentistas no parece agradarles.

Hablamos con Agustín Fernández, quien vivió una situación exacta a la que ahora atraviesan los de Canet. Podría decirse que es una de las «precuelas» de este sinsentido en el que los peor parados siempre son los menores. Agustín nos atiende en Mataró, donde reside. Su caso se remonta a 2015 cuando entonces sus dos hijos tenían 9 y 10 años y estaban matriculados en la Escuela Pía Santa Anna de esta ciudad costera de la provincia de Barcelona.

«No se cumplían las horas de castellano que marca la ley, así que decidí ponerme en contacto con la dirección del centro para que me explicaran los motivos. No me hacían ni caso, me daban largas. En 2010, el Tribunal Constitucional había dictado que el castellano debía ser vehicular en las zonas bilingües españolas, así que, basándome en esa sentencia, solicité al colegio a través de un escrito que así fuera», relata hoy con la serenidad que aporta el paso del tiempo.

¿Quién filtro las identidades?
Recuerda que sus dos pequeños tan solo recibían la asignatura de castellano en dicho idioma, «el resto era todo en catalán». «Así que, después de varios escritos y ninguna respuesta por parte del colegio, decidí iniciar un proceso contencioso administrativo. Pedí que fuera un 50% de enseñanza bilingüe y el Tribunal Superior de Cataluña me concedió el 25%. Recuerdo que fue el 11 de mayo porque en esa ocasión me llamó el director para decirme que había salido la resolución y que tenían que aplicarlo. Me comentó si yo estaba seguro realmente de querer seguir adelante», relata.

Fue en ese momento cuando comenzó la «persecución» de los independentistas que sacaron toda la artillería pesada. «No fue fácil dar el paso, porque los que realmente lo sufren son los niños que no entienden por qué se les señala, se les hace el vacío o se les deja de invitar a los cumpleaños. A mi mujer la sacaron del grupo de WhatsApp de padres. Utilizan a los niños como rehenes de su ideología y eso no es justo ni legal».

El día siguiente a aquella comunicación con el director se filtró la resolución del Tribunal Superior, así como la identidad de los dos menores cuyos padres habían solicitado el castellano en la escuela: «Vinieron a casa llorando por las cosas que les habían dicho en clase. Fue muy duro. Es más, al día siguiente, como ha ocurrido en el caso de Canet, organizaron una concentración de más de 2.000 personas a las puertas del colegio al que asistieron partidos independentistas, así como profesores, otros padres, activistas... montaron mucho jaleo. Decían que no podían permitir que se aplicase lo que había dicho el tribunal porque era una humillación. Imagínate cómo me sentía yo al tener que dejar a mis hijos en un colegio con unos profesores que tenían una posición tan marcada. Se pasa muy mal».

De hecho, a la familia de Agustín les ofrecieron escolta de los mossos para ir a la escuela y evitar el linchamiento. «Acudí a varias reuniones con el centro para velar por la seguridad de mis hijos, tenía miedo de que les pudiera pasar algo. En una de las ocasiones, desde el colegio me dijeron que estuviera tranquilo, que dentro del centro no les iba a ocurrir nada, pero que fuera no podía asegurarme nada. Imagínate cómo se te queda el cuerpo con esa afirmación».

La situación no fue a mejor. Recuerda que uno de sus hijos le comentó que en el colegio le indicaban que hablase en catalán con otros niños, no en castellano. «Me reuní con la profesora para pedirle explicaciones y me dijo que había sido un mal entendido. Los niños necesitan sentirse parte del grupo y cuando son excluidos o señalados lo pasan mal. Por este motivo hay muchos padres que, aunque desean que en la escuela se estudie tanto castellano como catalán, evitan entrar en polémicas y recurrir a la Justicia por el bien de sus hijos, para que no queden marcados y se les aísle. Si no hubiera estas consecuencias, habría muchas más familias que levantarían la voz. Estoy seguro».
Invitación para irse del colegio

Semanas después de la resolución del tribunal, pero con la polémica todavía candente, Agustín fue de nuevo convocado a una reunión en el centro: «En esta ocasión se nos invitó directamente a largarnos. Literalmente nos dijeron que si queríamos castellano que pagáramos un centro privado. Y lo que ya colmó nuestra paciencia fue cuando nos aseguraron que si no tenían más remedio darían esas horas que exige la ley en castellano, pero que los libros seguirían estando en catalán, porque no hay libros en castellano. En ese momento me di por vencido», relata con pesar.

Así que aguantó dos meses a que el curso terminara y decidió sacar a sus hijos del centro. «Los llevé a uno privado, de hecho, trilingüe, con castellano, catalán e inglés. El colegio es muy bueno, pero también requiere una inversión muy alta, unos 15.000 euros por niño al año. No es justo que, teniendo una escuela pública, tengamos que llevarnos a nuestros hijos a la privada por este asunto», critica.

El cambio de colegio fue positivo para sus hijos, «pero al principio lo pasaron mal, perdieron a sus amigos, aunque creo que a la larga todos nos dimos cuenta de que el cambio había sido por su propio bien. Las conversaciones que yo escuchaba de los padres cuando iba a buscarlos, los comentarios hirientes que recibían en el colegio... era muy duro. A mí me rayaron el coche en varias ocasiones. A la cara no me decían nada, solo cuando iban en manada. Quieren erradicar todo lo que huela a español y, eso, pedagógicamente, no tiene ningún sentido, están podridos. Lo que me da rabia es que como siempre, ellos salieron ganando».

Ahora sus hijos, ya adolescentes, estudian en el extranjero y tienen una carrera prometedora. Mientras, Agustín continúa con su lucha desde Mataró. De hecho, esta misma semana ha interpuesto un recurso en la audiencia provincial por coacciones: «Llevo más de 10.000 euros invertidos en abogados. Denuncié al director y a la pedagoga del centro por las coacciones que sufrí durante el proceso. Además, no fue sencillo encontrar abogado en Mataró porque la gente tiene miedo de que se les señale y les afecte a su trabajo. Está todo muy viciado. Tuve que contratar uno en Barcelona para llevar a cabo el proceso».

Con todo esto, lo que Agustín, de 58 años, pretende, es que ningún otro niño tenga que vivir lo que padecieron sus hijos: «Confío en que lo conseguiremos, aunque sé que el camino no es sencillo. Yo seguiré hasta donde haga falta, no podrán conmigo».

Que les pongan el himno más veces, a ver si se les pega algo
OKDIARIO 18 Diciembre 2021

Podemos, uno de los partidos que asistió al homenaje a los pateapolicías en el Congreso -interrumpido después de que diputados de Vox colaran en una sala del Parlamento un altavoz por el que sonaron los himnos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en señal de desagravio-, pretende suspender de actividad a los miembros de la formación de Santiago Abascal que lograron aguar el acto de exaltación de la violencia convocado por populistas, golpistas y proetarras. Es el mundo al revés: se pretende sancionar a quienes salieron en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se permite que la ultraizquierda, separatistas y herederos políticos de ETA se reúnan tranquilamente en el Congreso para denunciar la violencia policial y apoyar a quienes fueron condenados por agredir a los agentes.

Según Podemos, «durante la celebración de una jornada organizada por este grupo parlamentario el día 15 de diciembre, miembros del grupo parlamentario Vox han intentado boicotear el mencionado evento». El relato podemita es esclarecedor: «Mientras se encontraba en el uso de la palabra una de las ponentes de la jornada Los seis de Zaragoza, la diputada Mertxe Aizpurua [Bildu], varios miembros de Vox han accedido a la sala Clara Campoamor y, con evidente intención de obstaculizar el normal desarrollo de la jornada y promover un desorden grave, han dejado un mecanismo de altavoz junto a la megafonía de la sala para impedir que la ponente pudiera continuar su conferencia, y en definitiva, sabotear dicho acto toda vez que el mismo ha tenido que ser interrumpido durante unos minutos».

O sea, para Podemos poner el himno de la Guardia Civil y de la Policía es un acto de sabotaje, pero rendir homenaje a los condenados por ejercer la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un acto de justicia poética. Pues bendito sabotaje el de Vox que logró arruinar el acto de exaltación de la violencia organizado por Podemos, Bildu, ERC, Compromís y Más País. A los diputados de Vox que colaron el altavoz en el interior de la sala habría que imponerles la medalla al mérito parlamentario en lugar de sancionarles. Y a los de Podemos y demás patulea habría que ponerles el himno de la Policía y la Guardia Civil más veces, a ver si se les pega algo.

PAÍS VASCO
Los vascos reclaman educar en la lengua materna a sus hijos cuando PNV y EH Bildu quieren aumentar el euskera
JOSEAN IZARRA. Vitoria. El Mundo 18 Diciembre 2021

El Deustobarómetro desvela que la libertad de elección triplica entre la población a la imposición de un modelo educativo sólo en euskera en Euskadi

"Sorpresa". Los vascos se decantan por una educación en la que se respete la "lengua materna" y su respaldo por la libertad lingüística en la elección casi triplica a aquellos que pretenden extender la formación exclusivamente en euskera a todos los colegios. El barómetro social de la Universidad de Deusto desvela que el 43,4% de los vascos reclaman la lengua propia mientras que el 16,4% de los encuestados se han posicionado por una inmersión lingüística que ya negocian el PNV y EH Bildu para ser aplicada en la próxima ley de Educación en Euskadi.

Los máximos responsables del Deustobarómetro María Silvestre y Braulio Gómez han reconocido que no esperaban esta respuesta mayoritaria a favor de la lengua materna dentro de un apartado específico sobre la futura Ley de Educación vasca. Un cambio normativo acelerado por el consejero Jokin Bildarratz y que se inició el pasado verano con las primeras conversaciones con EH Bildu, nuevo socio presupuestario de Urkullu y el partido con el que comenzaron formalmente los contacos.

El Deustobarómetro constata que, al margen del criterio de los partidos nacionalistas y de los colectivos vinculados a la promoción del euskera, la libertad real de elección lingüística para educar a los alumnos vascos es el criterio mayoritario. María Silvestre, además, se ha mostrado dispuesta a abordar un estudio sociológico específico sobre esta cuestión ante las dudas internas sobre la interpretación de un resultado que respondía a respuestas abiertas de los encuestados sobre la educación en Euskadi.

El Gobierno vasco mantiene que la elección del modelo D (sólo en euskera) por más del 80% de los nuevos alumnos responde al ejercicio de la libertad de los padres para elegir uno de los tres modelos que se establecieron en la década de los 80. Modelos que, como ha constatado el propio Departamento de Educación en informes propios, ni garantiza el conocimiento y uso del euskera ni tampoco del castellano entre los escolares vascos.

Un pésimo balance tras décadas de apuesta educativa por el euskera impulsado por los nacionalistas vascos y que vivió un breve paréntesis con el Gobierno de Patxi López cuando se promocionó un modelo trilingúe en el que se equiparaba teóricamente la formación en euskera, castellano e inglés.

Los vascos, según el Deustobarómetro, reclaman un acuerdo político de "consenso" y de largo recorrido sobre la Ley de Educación en el que debe incluirse una apuesta por la educación concertada aunque en Euskadi la mitad de los alumnos está matriculado en centros de la red concertada.

Educación
Pere Aragonès bordea el delito de desobediencia al rechazar la sentencia sobre el bilingüismo y perseverar en la inmersión
GERMÁN GONZÁLEZ. Barcelona. El Mundo 18 Diciembre 2021

Fiscalía tiene sobre la mesa varias denuncias contra el Govern por no aplicar el 25%

Después de un mes de la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de aplicar el 25% de castellano en todas las escuelas, que daba luz verde para cambiar de modelo lingüístico y aparcar la inmersión, la Generalitat sigue sin cumplir con la resolución judicial. Además, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dejó claro este jueves que se quiere "blindar" el modelo de inmersión tanto con nuevas normas como con un sistema de inspecciones educativas que garanticen que la lengua vehicular en las aulas es el catalán.

Con su defensa cerrada de la escuela en catalán, Aragonès se posiciona en la diana de una posible denuncia por desobediencia, ya que es el que está instando a no acatar la resolución del TSJC. Algunas entidades, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), están estudiando si las declaraciones del presidente catalán pueden suponer algún tipo de delito teniendo en cuenta que la Generalitat no ha tomado ninguna decisión material al respecto. En este sentido, se está a la espera de las resoluciones el Diario Oficial de la Generalitat para acudir a los tribunales.

Pere Aragonès se reunió el jueves con entidades sociales, culturales y asociaciones con el objetivo de dar respuesta a la sentencia sobre el uso del 25% castellano en la escuela y anunció que tiene intención de blindar la inmersión lingüística ya que es un modelo "de éxito" y "convivencia" de inmersión lingüística. Por eso anunció que aumentarían las inspecciones en los centros para verificar que se hacen clases en catalán, se encargará un análisis de la situación del catalán en la escuela que llevará a cabo la Universidad de Barcelona (UB) y aumentará el número de docentes en las aulas afectadas por decisiones de los tribunales.

El Govern quiere aprobar una nueva legislación para hacer frente a la "ofensiva judicial, mediática y política" y garantizar que el catalán sea lengua "vehicular", en contra de lo dicho por el Constitucional que incorporaba también el castellano. Los representantes de la Generalitat tienen previsto participar este sábado en la manifestación de la plataforma Som Escola, que aglutina a entidades y sindicatos catalanistas, a favor del modelo lingüístico actual y de rechazo a las resoluciones judiciales. Al acto acudirán miembros de los principales partidos independentistas.

Por el momento, la Fiscalía de Catalunya tiene encima de la mesa para examinar dos denuncias contra el consejero de Educación Josep Gonzàlez-Cambray, aunque ninguna es por desobediencia. La entidad Hablamos Español presentó una por prevaricación a raíz de una carta del consejero a los directores de los centros, tras la resolución del Supremo, en la que da "instrucciones abusivas" para no aplicar el 25%. La semana pasada la AEB lo denunció por un delito de obstrucción a la justicia al impedir, con su actitud respecto a la familia del menor de Canet de Mar que pidió el 25%, que se cumpliera la decisión del TSJC.

Precisamente la AEB presentó ayer un escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preside la diputada del PP Dolors Montserrat, en la que denuncia que tanto el consejero de Educación como el presidente de la Generalitat, tras reunirse con entidades a favor de la inmersión lingüística, han asegurado que no cumplirán con la sentencia que les ordena aplicar el 25% en castellano en las escuelas. Además afea la voluntad de la Generalitat de usar al cuerpo de inspectores educativos para que velen por el modelo de inmersión en los colegios y no se cumpla la sentencia.

"Resulta extraordinariamente grave que una autoridad pública conmine a los funcionarios que están a sus órdenes a que ordenen a otros funcionarios (los equipos directivos y profesores de los centros educativos) que desobedezcan decisiones judiciales", señala la AEB que lamenta la actitud de Aragonès por calificar "como una anormalidad el cumplimiento de lo establecido por la Constitución y la ley". Lo consideran "un ataque grave al Estado de Derecho" y lamentó la intención de la Generalitat de "coaccionar" a las familias que soliciten enseñanza bilingüe ya que en las aulas en las que se imparta habrán dos profesores y no uno como el resto.

La AEB advirtió del riesgo de que los alumnos que pidan el 25% en castellano pueden acabar recibiendo "un tratamiento individualizado que, por estigmatorio, ha sido declarado contrario a derecho por los tribunales de justicia". La entidad pide amparo a la Comisión por las "consecuencias para la convivencia" de esta "pertinaz y obstinada voluntad de desobediencia" de la Generalitat.

Sin embargo, Gonzàlez-Cambray aseguró ayer que tras las vacaciones se incorporarán los 35 docentes de refuerzo que permitirán mejorar la docencia a los alumnos a la vez que se "minimiza el impacto" de la sentencia. Cree que esta medida "no estigmatizará al alumno que haya pedido el 25% en lengua castellana" porque "nunca separaremos a los alumnos en el sistema educativo catalán" y aseguró que, de esta forma, la Generalitat pasa "a la acción y dar respuesta a la judicialización de la inmersión lingüística".

Además, también se quiere fijar por normativa los criterios de la escuela catalana, con el catalán como lengua vehicular, y que garantizará su cumplimiento en todos los centros educativos, blindándola ante resoluciones judiciales. "La escuela no es la misma que la que teníamos hace 20 o 30 años" dijo el conseller quien aseguró que "necesitamos un nuevo marco normativo que dé respuesta a las necesidades lingüísticas" que debe tejerse "desde el consenso político y pedagógico".
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