AGLI Recortes de Prensa   Domingo 19  Diciembre  2021

Política para adultos
Luis Asúa. https://gaceta.es 19 Diciembre 2021

Se ha puesto de moda denostar el actual mapa electoral español, tildándolo de infantil. Y aunque es cierto que hay excesos lamentables, como los ha habido siempre (recordemos las tonterías del mosén Xirinacs, la mirada torva del carnicero Idígoras o los pijamas de Beirás) ninguna legislatura se libra de las payasadas del Rufián de turno. Pero así son las democracias, aquí y en Tumbuctú, el día que la haya.

Política para adultos no es, desde luego, someter a los españoles a un endeudamiento desorbitado. Recordemos que cuando el PP llega al poder en 2011, España tenía una deuda en relación al PIB del 60 po ciento. Siete años después el gGobierno dejó la deuda por encima del cien por cien del PIB. Es decir, en siete años el Gobierno se gastó más de 400.000 millones de euros, más del doble de lo que le han prometido los europeos a Sánchez para el mismo periodo de tiempo. Este gasto desorbitado no se aprovechó para mejorar nuestra capacidad productiva o nuestra educación, ni para mejorar nuestras empresas o ayudarlas en el sector exterior. Y esto último es especialmente grave, pues nuestros gobernantes de entonces pronosticaron que de la crisis saldríamos por un incremento de la demanda interna, cuando lo que nos sacó fue la demanda externa; es decir, la eterna capacidad del empresario español para adaptarse y salir con todo su talento y energía a vender fuera de España.

Política para adultos tampoco es el infierno fiscal que desata un ministro de Hacienda del PP cuyo nombre preferimos olvidar y que, ante una cifra nominal de presión fiscal por debajo de la media europea, sube los impuestos además de endeudarse de la forma que hemos descrito en el párrafo anterior. Cifra nominal de presión fiscal que hay que ajustar mucho, pues tenemos la mayor tasa de economía sumergida de la UE con un 22%. Y si además le añadimos que hay una enorme parte de la población activa con sueldos precarios, de apenas subsistencia, nos encontramos con una presión fiscal altísima para los pocos que pagan la fiesta.

Además, el mencionado y siniestro ministro lanza a la Agencia Tributaria a recaudar sin ningún tipo de responsabilidad -cobran sus bonus independiente de si las inspecciones se corresponden o no a derecho- por lo que, además de un infierno, Hacienda practica un auténtico sadismo fiscal —en expresión acertada de un joven diputado de Vox por Asturias— entre los pecheros españoles.

Tampoco es política de adultos quedarse en un conservadurismo rancio y acomplejado para alegar que el Gobierno estaba muy ocupado con la economía como para plantear la más mínima reforma en cuestiones que atañen a la guerra ideológica con la izquierda.

Hay que recordar que el PP lanzó la gente a la calle en una manifestación contra el matrimonio gay, y también hay que subrayar que con la holgada mayoría absoluta no se derogó la Ley de Memoria Histórica, ni se retocó ninguna de las leyes de género. Los chiringuitos identitarios de la izquierda siguieron recibiendo subvenciones como si no hubiera crisis. También con respecto a la reforma de la Ley del Aborto la cosa quedó en agua de borrajas. Algo podrían haber hecho un par de docenas de funcionarios del más de medio millón que tiene el Estado. Perosuponque esto no es política para adultos.

Podríamos seguir con la “no política para adultos” en los temas más importantes de nuestra sociedad como son el empleo, con una timorata reforma que aún nos mantiene en las peores cifras de paro de la OCDE y peor aún, con la escandalosa cifra de paro juvenil; o la vivienda, cuestión donde absolutamente nada se hizo.

Tampoco se abordó la elefantiasis burocrática y legislativa. Pese al endeudamiento brutal y la subida fiscal, el estado siguió siendo un pésimo pagador. En política cultural y educativa poca política, o más bien nada. Y la Justicia sigue igual de lenta e ineficiente pese al intento de bajar la enfermiza adicción al litigio de los españoles estableciendo unas tasas.

Pero es en los temas más políticos donde la política de adultos se convierte en grotesca. Como utilizar un… ¡falso cura! para secuestrar a la familia de Bárcenas; o usar todo tipo de dosieres para acabar con cualquier posible sucesor o sucesora, o los escándalos de corrupción, por los que aún muchos esperamos alguna disculpa.

Lo peor de la política para adultos sucede en Cataluña, donde los niños independentistas le montan dos referéndums independentistas al mismo Gobierno. Sí, al mismo Gobierno. Sólo tras el segundo referéndum, el Gobierno aplica un 155 que nada resuelve y antes manda a la Policía a hacer el ridículo desde el barco donde los alojan, decorado con un monigote de Piolín, y aún tiene la cachaza de mantener hasta el último momento que no habría referéndum porque no había ni urnas, ni papeletas… ¡Como si no supieran que la gente las iba a imprimir como si fueran entradas de cine!

Ante este balance de gobierno, es un milagro que el PP no haya desaparecido, cosa que no dudo que hubiera ocurrido de haber ganado las primarias del partido cualquiera de las dos herederas propuestas. Que Casado sacara sesenta y seis diputados en sus primeras elecciones puede considerarse hasta un milagro, y es que cuando se trata a los ciudadanos como niños pasan estas cosas, por mucha grave socarronería que se les inflija. La seriedad es otra cosa.

La herencia de Playbol Sánchez y el silencio de los corderos
EDUARDO INDA. okdiario  19 Diciembre 2021

Dicen que el anticristo, es decir, el diablo, esto es, Belcebú, es el “príncipe de la mentira”. Aunque bien podría adjudicarse ese sobrenombre, y no sé si los dos anteriores, a un Pedro Sánchez que es el sujeto más trolero que ha parido madre, el político más patrañero del universo, un sujeto de cuya boca salen los más variopintos bulos o bolas. Da igual de qué se hable, el caso es mentir patológicamente. Éste no le dice la verdad ni al médico.

Este hobby por mentir, que se va a sustanciar en 12 días y 12 noches con una trola superlativa, la de que acabaremos con los precios de la electricidad en los niveles de 2018, es de momento el más cantoso. Pero no el único. Nuestros jabatos Alfonso Egea y Alejandro Entrambasaguas han destapado esta semana el tarro de las esencias del periodismo de investigación con el descubrimiento de un episodio de corrupción presidencial que en cualquier democracia seria le habría costado un disgusto, si no la dimisión.

Hablo del hediondo caso Playbol, la entrega de 701.741 euros públicos por parte del Gobierno Sánchez a la empresa del mismo nombre que explota el negocio de sus padres, Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón, esta última célebre porque figuró en la cabecera de ese 8-M que constituyó una auténtica bomba vírica que multiplicó exponencialmente el número de contagiados y muertos el año pasado. La irresponsabilidad del hijo casi se convierte en un disgusto trágico para la progenitora, que acabó en la UCI de Puerta de Hierro y que, afortunadamente, salvó la vida.

Casualidades de la vida, el negocio o negociete de los Sánchez/Pérez-Castejón está situado en Paracuellos del Jarama, a escasos metros del descampado en el que los antepasados políticos del presidente asesinaron a 6.000 españoles en uno de los mayores crímenes de lesa humanidad perpetrados en esa contienda de malos contra malos que fue la Guerra Civil. Playbol fue creada en 1977 y se dedica a esa industria de los plásticos que nuestro ecolojeta presidente dice combatir. Las cosas de un faker profesional.

Del inmoral trapicheo de ayudas públicas, 701.741 euros, da cuenta el modus operandi de esta panda de desahogados. Los 88.000 euros que sumaban las dos primeras ayudas salieron de un extraño organismo que hasta ahora ni dios conocía llamado Oficina Española de Reafianzamiento. Quizá habría que rebautizarlo como Oficina Española de Reafianzamiento del patrimonio de los Sánchez/Pérez-Castejón. El resto hasta completar los 701.741 euros las otorgó el Ministerio de Nadia Calviño a través de ese Instituto de Crédito Oficial que petará más pronto que tarde por los préstamos otorgados sin ton ni son en pandemia.

La transferencia de los 611.000 euros se acometió con la excusa de “paliar los efectos del coronavirus”. Hay que ser muy golfo para vender estas autosubvenciones con este argumento. Ahora nos explicamos por qué se clausuró el Portal de Transparencia durante los meses de confinamiento. No hace falta ser Einstein para colegir que se hizo para tapar corruptelas como la que afecta al presidente y a sus papás.

Pedro Sánchez ha dado 701.741 euros a Pedro Sánchez. Todo queda en casa. De hijo a padre. Porque por mucho que hayan montado una tapadera para camuflar las brutales subvenciones que salen del bolsillo de nuestros impuestos lo cierto es que al final toda la pasta o parte de la pasta ha ido a la butxaca del padre homónimo del presidente del Gobierno. Vamos, que el inquilino de Moncloa está engordando la herencia con nuestro dinero, con parné público, en un conflicto de intereses y una malversación de caudales de manual.

El círculo se cierra cuando contemplamos que la sociedad de las dos personas que trajeron al mundo a Pedro Sánchez y la que teóricamente explota ahora el negocio se llaman igual: Playbol la de la familia presidencial, Playbol la del tal Francisco Albert, hermano de Ángeles, alto cargo del Ejecutivo socialcomunista en su calidad de jefa de la Real Academia de España en Roma. La única diferencia entre un Playbol y otro es que el primero es una Sociedad Anónima y el segundo una Limitada. Y encima tienen los redaños de tomarnos el pelo asegurando que “no son lo mismo”.

El cante jondo que es Playbol lo demuestra el hecho de que los padres de Sánchez alquilaron la empresa a los Albert, hermanísima incluida, al llegar el hijísimo a La Moncloa tras una apestosa moción de censura. En resumidas cuentas, que prepararon el terreno para hinchar de dinero público a la compañía sin que cantase demasiado. Pero les hemos pillado con las manos en la masa.

Tanto el Partido Popular como Vox salieron en tiempo récord al quite pidiendo explicaciones en la sesión de control del miércoles por boca de la eficaz e incisiva Cuca Gamarra y con una batería de peticiones de comparecencia que van a hacer física y metafísicamente imposible la censura ordenada por Moncloa y la autocensura de algunos que se dicen periodistas, van por la vida meando colonia y dando lecciones deontológicas a los demás. El presidente ha tenido las santas narices de exigir explicaciones a Juan Carlos I por sus corruptelas cuando él se niega a darlas por la suya.

Por mucho que el sectario a la par que chuleta secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, haya llamado compulsivamente a los medios para silenciar el escándalo, y por mucho que de momento esta exigencia de omertà haya calado en buena parte de ellos, hay cosas en política que son imparables. Una de ellas es la corrupción. Lo dice alguien que ha publicado en rigurosa primicia la mayor parte de las mangancias de España en los últimos 10 años: el caso Marbella, el caso Atlético, Munar, Urdangarin, Pujol, los sobresueldos y la caja B de Génova 13, los sms de Rajoy a Bárcenas —“Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos”—, Ignacio González, Granados, el contrato secreto de Neymar que provocó la dimisión de Sandro Rosell, Cifuentes, el casoplón de Iglesias e Irena y Juan Carlos I, entre otros. Casi todos ellos echaron a andar entre la ocultación cómplice de los medios afectos al Gobierno.

El silencio de los corderos de buena parte de la clase mediática demuestra en qué país vivimos, el estado de esa libertad de expresión que es el gran termómetro de la calidad democrática y, sobre todo y por encima de todo, que España es un régimen de partido único. Como les repito de tanto en cuando, este pájaro manda con 120 diputados más que el Felipe González de los 202. Hubo medios que publicaron la noticia rebotándola del teletipo que tan profesional como ejemplarmente elaboró la agencia Europa Press y que, cuando el Vallés malo les telefoneó, la retiraron de inmediato. No apunto a nadie, pero con la Iglesia hemos topado.

¿Se imaginan el pollo que se hubiera montado si en lugar de poner en el titular la palabra Sánchez hubiera aparecido Casado y no digamos ya si la protagonista fuera la gran bestia negra del socialcomunismo, Isabel Díaz Ayuso? ¿O si el caradura por padre interpuesto fuera Santiago Abascal? No habría google, papel, ni espacio radioeléctrico suficientes para dar abasto con la cobertura de la noticia. Cosas de un mundo mediático que en un 80% largo está entregado con armas y bagaje al sanchismo. Podrán silenciar a casi todos un poco de tiempo, a pocos casi todo el tiempo, pero les vaticino que tienen imposible hacerlo con todos todo el tiempo. Nosotros ahí vamos a seguir. Se lo debemos a los españoles en general, a los contribuyentes en particular y, sobre todo y por encima de todo, a la verdad. Esa verdad que nos hace libres.

Basta ya
Fernando del Pino Calvo-Sotelo. https://rebelionenlagranja.com 19 Diciembre 2021

El pasado día 17 diciembre Fernando del Pino Calvo-Sotelo publicaba en su Blog www.fdpcs.es un interesantísimo análisis sobre la gestión del Covid19 y el proceso de vacunación. El autor denuncia en su blog haber sido víctima de la cancelación de su artículo en uno de los principales periódicos del país, el diario Expansión, razón por la que hemos decidido publicar en su integridad el texto de dicho artículo.

«Escribo desde hace diez años en Expansión con entera libertad. Sin embargo, ayer, en el último minuto y de modo injustificable, Expansión censuró y retiró este artículo que iba a publicarse hoy. Lamento que un periódico como Expansión censure un artículo cuyas fuentes son, entre otros, The Lancet (una de las tres publicaciones médicas más prestigiosas del mundo), artículos de reconocidos epidemiólogos en el Wall Street Journal (el periódico económico más importante del mundo), comunicados del JCVI británico y del Ministerio de Sanidad de Japón y datos oficiales del Ministerio de Sanidad español.

Basta ya
Esta locura debe acabar. El programa de vacunación masiva con vacunas y terapias genéticas en gran medida experimentales para combatir una enfermedad que cursa leve para la inmensa mayoría de la población se está convirtiendo en un escándalo de salud pública, y su extensión a niños y adolescentes sanos es simplemente inmoral. Contrariamente a lo que repite la histeria colectiva creada por el contubernio político-mediático-farmacéutico, la vacunación a estas edades no protege a los niños de nada, pues para ellos el covid es levísimo, ni protege a sus padres o abuelos, pues los contagios de niño a adulto son inhabituales[1] y, sobre todo, caramba, porque estas vacunas no impiden ni el contagio ni la transmisión[2], como estamos viendo. En cambio, exponen innecesariamente a los niños a potenciales efectos adversos a corto plazo que aun poco probables pueden ser serios, como la miocarditis (“con cuadro clínico atípico y de pronóstico incierto a medio plazo”, según el JCVI británico[3]), y a la incertidumbre de efectos secundarios desconocidos a largo plazo. ¿Cómo calificarían ustedes a una sociedad que pone en riesgo la salud de los niños para que algunos adultos duerman más tranquilos? Por tanto, recomiendo a los padres que, antes de tomar una decisión que será irrevocable, se lo piensen mucho y no se dejen arrastrar por razones equivocadas como la presión social, sino valorando exclusivamente los riesgos y beneficios para sus hijos, que no pueden defenderse ni opinar por sí mismos. Asimismo, si sus pediatras recomiendan vacunarse exíjanles la firma de la correspondiente receta para que asuman su responsabilidad.

Una miríada de estudios y datos epidemiológicos recientes confirman que las vacunas y terapias genéticas no impiden ni el contagio ni la transmisión del covid y que su eficacia para reducir la gravedad se ha reducido mucho. De ahí la sorpresiva tercera dosis, inoculada en estado de pánico por Israel ante la evidencia del fiasco vacunal y promovida de tapadillo en España para intentar disimular dicho fiasco. Hace poco nos decían que dos dosis y un 70% de inmunidad de rebaño acabarían con la epidemia. Ahora son tres o cuatro dosis (¡en pocos meses!) y un 95%. Vaya tomadura de pelo.

El desmedido afán de lucro de las empresas farmacéuticas, la incalificable campaña de terror mediática y oscuros intereses políticos propiciaron desde un principio que el foco se pusiera en reducir el número de contagios y no el de muertes, algo absurdo en una enfermedad que cursa leve para la mayoría. Acto seguido se torpedeó sistemáticamente la aparición de tratamientos baratos y prometedores dirigidos sólo a los enfermos de riesgo y se hizo creer a la opinión pública que la única esperanza eran unas lucrativas vacunas poco testadas y dirigidas a toda la población.

Una vez vacunada la población de riesgo era imprudente y estéril continuar vacunando indiscriminadamente, pero nos dijeron que las vacunas pararían la epidemia y nos devolverían a la normalidad. “Primero les encerramos, luego les asustamos y finalmente les vacunamos a todos”, fue la consigna. Pues bien, la falacia se ha topado con la realidad. Las altas tasas de vacunación no están frenando los contagios. En septiembre, un estudio realizado en 68 países observó que, al contrario de lo esperado, “las zonas con mayor porcentaje de población totalmente vacunada tenían más casos de COVID-19 por cada millón de habitantes[4]”. En este sentido, según otro estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases, los vacunados que enferman de covid parecen ser ligeramente más contagiosos que los no vacunados, con una carga viral similar[5].

Para más inri, otro artículo científico ponía de manifiesto que “la aparición y frecuencia de nuevas variantes resistentes a las vacunas está fuertemente correlacionada con las tasas de vacunación[6]”, es decir, que a mayor porcentaje de vacunados, más variantes. Y según un estudio sueco publicado como pre-print en The Lancet, Pfizer y Astrazeneca (85% de las vacunas administradas en España) no tienen “ninguna eficacia” para prevenir la infección de covid pocos meses después de su inoculación, y su eficacia para reducir la gravedad y muerte ha caído hasta un “indetectable” 42% seis meses después de vacunarse[7]. No olviden que todos estos datos son anteriores a la llegada de la famosa variante Omicron, convertida en chivo expiatorio del fiasco vacunal.

Quizá por ello, según el Ministerio de Sanidad actualmente en España el 71% de los hospitalizados y el 80% de los muertos por covid mayores de 60 años son personas perfectamente vacunadas[8]. La evidencia comienza a ser abrumadora. Así, un recientísimo artículo en The Lancet con datos de varios países ha denunciado “la gran negligencia” de las autoridades sanitarias al negar tal evidencia[9] en una cínica huida hacia adelante. En Alemania “seis de cada diez casos sintomáticos de COVID-19 de mayores de 60 son personas totalmente vacunadas [ya son siete de cada diez], proporcionando una clara evidencia de la creciente relevancia de los vacunados como posible fuente de transmisión”. En el Reino Unido, nueve de cada diez nuevos casos de COVID-19 entre mayores de 60 años “se produjeron entre los totalmente vacunados”, y una semana antes “la tasa de casos de COVID-19 por 100.000 había sido mayor entre el subgrupo de vacunados que en el de no vacunados” de 30 años o más. Y en Israel un brote hospitalario cuya fuente había sido un paciente vacunado tuvo como resultado que “catorce pacientes totalmente vacunados enfermaron gravemente o murieron, mientras que los dos pacientes no vacunados desarrollaron una enfermedad leve”. The Lancet concluye: “Es una gran negligencia ignorar a la población vacunada como una fuente de transmisión posible y relevante”. Estos datos desmontan por completo el paripé del pasaporte covid, la persecución de los no vacunados y los programas de vacunación infantil.

El carácter voluntario-obligatorio de estas vacunas en Europa ha vulnerado principios médicos y éticos. No así en Japón, donde el Ministerio de Sanidad deja claro que la vacuna COVID-19 “no es obligatoria ni forzosa, sino que sólo se realizará con el consentimiento de la persona a vacunar tras la información facilitada”. Y añade: “Le rogamos que se vacune por decisión propia, comprendiendo tanto la eficacia como el riesgo de efectos secundarios; no se administrará ninguna vacuna sin dicho consentimiento, y por favor, no obligue a nadie en su lugar de trabajo o a los que le rodean a vacunarse, y no discrimine a los que no se han vacunado[10]”. Y aquí, ¿dónde están los consentimientos informados? ¿Qué médico ha firmado nada? ¿Dónde queda el respeto a los no vacunados en este ambiente de histeria y fascismo sanitario? En España algunos sátrapas regionales, repanchingados en sus palacetes feudales, imponen a sus siervos la presentación de un salvoconducto para entrar en un hospital o tomarse una cerveza, y da igual que semejante atropello se base en una superstición, pues el vacunado transmite el virus exactamente igual (o más) que el no vacunado. ¿Y qué decir de la Sala del Tribunal Supremo (con la numantina excepción de un voto particular) que se ha prestado a esto autorizando el pasaporte covid con contradicciones que causan rubor?

Repito: esta locura debe acabar. Ha llegado el momento de exigir a los responsables políticos que digan la verdad a la población sobre las limitaciones de eficacia y seguridad de estas vacunas y que detengan la campaña infantil. Para los niños sanos esta vacuna tiene muchos más riesgos que beneficios y, como dice el inmunólogo norteamericano Robert Malone, coinventor de la tecnología de las vacunas ARN mensajero, “la razón que le están dando para vacunar a su hijo es mentira: sus hijos no presentan peligro alguno para sus padres o abuelos[11]”. Yo aún diría más. No es deber de los niños proteger a los adultos, pero sí es deber de los padres proteger a sus hijos.

Fernando del Pino Calvo-Sotelo
www.fpcs.es»

El consenso como parálisis
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli.es 19 Diciembre 2021

Estos días pasados han visto dos debates parlamentarios, uno en la Asamblea de Madrid, y otro en el Parlamento de Andalucía, que arrojan luz sobre las distintas perspectivas desde las que los partidos políticos españoles entienden la tan traída y llevada "batalla cultural", ese apelativo suave para denominar lo que no es sino la confrontación ideológica. Los dos bloques clásicos de la derecha y la izquierda que se configuraron en el siglo XIX y que han subsistido mediante sucesivas adaptaciones y transformaciones hasta hoy, son cada uno de ellos de composición heterogénea. De un lado están los liberales, conservadores y socialcristianos y del otro los socialdemócratas, neocomunistas, verdes y populistas agrupados en el llamado socialismo del siglo XXI. En cuanto al nacionalismo identitario en versiones más agudas o más temperadas, puede emerger en solitario o impregnar las distintas opciones electorales para excitar emociones y dar una nota, más ligera o más intensa, de color local.

Los dos asuntos que se han discutido en las Cámaras Autonómicas mencionadas tienen una elevada carga conceptual y moral y entran de lleno en el terreno de la pugna ideológica pura y dura. En Madrid, Vox ha presentado una Proposición de Ley de Igualdad y No Discriminación y en Andalucía otra de Concordia. El problema ha sido que ambas iniciativas iban acompañadas de la derogación de normas vigentes: en Madrid, la Ley de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual; y en Andalucía, la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Hay que destacar que las primeras fueron impulsadas por un Gobierno del PP presidido por Cristina Cifuentes y la segunda por un Gobierno socialista encabezado por Susana Díaz.

El choque dialéctico entre los proponentes de las nuevas leyes y los defensores de las ya existentes ha sido tanto en Madrid como en Sevilla de alto voltaje, mientras los respectivos Grupos Parlamentarios del PP se mantenían en una tibia posición intermedia que ha cristalizado a la hora de la votación en una ponciopilatesca abstención. Dada la naturaleza de los temas a debate, cuesta entender esta decisión del PP, cuyo argumento principal ha consistido en señalar que no había el suficiente grado de consenso. Teniendo en cuenta que el bloque autodenominado progresista jamás ha perseguido acuerdo ni equilibrio alguno en relación a banderas que considera de su exclusiva propiedad y que ondea con fiera agresividad, el pretexto de los populares para ponerse de perfil resulta como mínimo sorprendente. El hecho de que en estos dos espinosos ámbitos, el de la ideología de género y el de la visión del período de nuestra historia que arranca en 1931 con la proclamación de la Segunda República, sigue con su fracaso y la subsiguiente Guerra Civil, se prolonga con cuatro décadas de dictadura y termina en la exitosa Transición de 1978, la izquierda, desde la llegada a La Moncloa de Zapatero, no ha dado cuartel y ha impuesto a las bravas sus planteamientos, demuestra que el consenso ha brillado por su ausencia. En realidad, el verdadero consenso fue el forjado en la Constitución de 1978 y lo que el PSOE en alegre coyunda con separatistas, comunistas bolivarianos y filoterroristas está perpetrando sin piedad es la liquidación de aquel ejemplar pacto cívico.

Una evidencia que el PP parece ignorar al persistir en su débil oposición a la implacable ofensiva de una izquierda desatada, capitaneada por un insensato que pretende destruir las bases de nuestro orden social, económico y político, es que Vox nació precisamente para lanzar un firme contraataque en defensa de valores, ideas y principios que millones de votantes del PP consideran los correctos y que la etapa de Rajoy había abandonado. La insistencia en una indefinición pusilánime sólo contribuirá a engrosar las filas de Vox y a aumentar su dependencia del partido conservador en una hipotética futura mayoría alternativa al siniestro y abigarrado conglomerado que actualmente nos 'malgobierna'. No es casualidad que la dirigente popular más decidida y valiente a la hora de perder los complejos frente al deletéreo progresismo haya alcanzado una victoria electoral espectacular. El error de la dirección nacional del PP al hacerle la vida difícil aparece desde esta óptica como un incomprensible disparate que revela la profunda desorientación estratégica en la que están sumidos los mandarines de la planta séptima de Génova 13.

Les sería quizá útil echar una mirada a nuestra vecina Francia, donde las candidaturas presidenciales que se perfilan no parecen indicar precisamente que el electorado galo de derecha se incline por las ofertas ambiguas de contornos difusos, sino por mensajes contundentes y diáfanos. La esperanza de ganar por el lado de babor lo que Vox se lleve por el de estribor situándose en un territorio "centrista" y "moderado" puede ser vana en un contexto como el español presente en el que las cañas se han vuelto lanzas.

Cuando las amenazas que se ciernen sobre la Nación son de tipo existencial, la invocación del consenso corre el peligro de ser percibida como una forma pusilánime de parálisis.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Otra falsa bandera del separatismo catalán
Editorial La Razón 19 Diciembre 2021

El nacionalismo catalán tiene larga experiencia a la hora de desviar el fondo de los debates que perturban su sentido de la superioridad identitaria, como está ocurriendo con la sentencia del Tribunal Supremo, que establece que un mínimo del 25 por ciento de las asignaturas se impartan en castellano, si así lo demandan los alumnos. En efecto, lo que no es más que una cuestión de derechos básicos, en este caso de las familias con hijos en edad escolar, la Generalitat de Cataluña y el rosario de entidades y partidos soberanistas pretenden convertirla en un supuesto ataque contra el modelo de la escuela catalana y el propio idioma catalán por parte de un fantasmal nacionalismo español, que actuaría, nada más y nada menos, bajo la cobertura de un poder judicial cooptado por obscuros intereses.

Por supuesto, nos encontramos ante una más de las falsas banderas del nacionalismo, más agitadas cuanto menor es la tensión del proceso independentista en la sociedad, que en absoluto responde a la realidad, puesto que nadie, que sepamos, ha puesto en peligro la enseñanza en catalán en los colegios del Principado ni ha pretendido eliminarlo como lengua vehicular de la enseñanza. Mienten, pues, y a conciencia los líderes nacionalistas cuando denuncian que el modelo de la escuela catalana está en peligro por el hecho de que la Justicia ampare las demandas de algunas familias de que sus hijos estudien también, aunque sea sólo una cuarta parte de las asignaturas, en su lengua materna, que es, además, la oficial del Estado.

Ni siquiera es cierto que la caída del uso social del catalán se deba a una supuesta conspiración de ignotos poderes, puesto que hay que buscar las causas en las nuevas dinámicas migratorias. De ahí, que, ayer, en Barcelona, la supuesta manifestación en defensa de la escuela catalana, –con la insólita participación de unos sindicatos de clase que, según afirman, defienden el plurilingüismo de la sociedad– se convirtiera en una reclamación independentista más, aunque, eso sí, con la grata novedad de la escasa participación popular.

En realidad, si lo que se busca es una reactivación del proceso independentista, no parece que sea una vía llamada al éxito la manipulación de la realidad que viven todos los ciudadanos de Cataluña, la mayoría de los cuales ha recibido con desagrado los ataques y amenazas sufridos por una de las familias amparadas por los tribunales. En este sentido, vuelve a ser preocupante que desde las propias instituciones se apele al incumplimiento de las resoluciones judiciales, desde la peregrina afirmación de que los poderes Legislativo y Ejecutivo no pueden caer bajo la tutela del Judicial, cuando la voluntad del pueblo soberano se expresa a través de las leyes, que aplican los jueces. No. No estamos ante un debate sobre las lenguas. Es una simple cuestión de derechos.

Del Herriko Kongreso al recambio de ministro del Golpe Catalán
Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital 19 Diciembre 2021

El partido del genocida Maduro, o sea, Podemos y el de las FARC, antes PCE, han pedido a la presidenta del Parlamento que expulse a Vox, tercera fuerza política, de la sede de la soberanía nacional. La razón es que alguien, no sabemos quién, pero del que los de Vox se sienten orgullosos, coló los himnos de la Policía Nacional y la Guardia Civil por un altavoz de la sala en la que se atacaba la acción de los cuerpos de seguridad, brazo armado de los jueces del ilegítimo Estado Español, contra los terroristas, pistoleros o callejeros, del partido o entorno etarra y del golpismo catalán.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es una nacionalista a la que el partido ha multado tres veces por romper la disciplina de voto en apoyo de los golpistas, con cuyo fin, que es la destrucción de España, comulga ardorosamente, aunque haga algún mohín ante algún medio. Ya le gustaría a esa pubilla dels Països Catalans poder castigar a los más fieros defensores de la unidad nacional. Pero la condición de herriko taberna ya no hay quien se la quite al Congreso tras el acto de repudio al orden público y al régimen constitucional en la mismísima sede de la soberanía nacional.

La táctica idéntica de comunistas y separatistas
El acto de humor le ha quitado, sin querer, toda la gravedad que tiene el alarde antisistema de unos representantes del sistema que no reconocen, pero del que viven. Son como esos judíos ultraortodoxos que no reconocen al Estado de Israel ni van a filas, pero viven gracias a sus soldados y cobran por cada criatura acrisoladamente judía, aunque vestida de polaca del siglo XIX, que echan a este mundo de pecado e impostura. La suya, sobre todo. La del abogado y representante de las FARC, el siniestro Enrique Santiago, que sustituye a Pablo Iglesias en el papel de matasiete rojo, es la clásica del comunismo: aprovechar las contradicciones de la democracia burguesa y parasitarla, siempre en nombre de los derechos humanos, hasta destruirla.

Es la misma táctica de los separatistas en las instituciones españolas. De ahí la solidez de una alianza que nace el día en que Pablo Iglesias, tras su primer mitin en Barcelona, donde pide que todos los niños de Cataluña puedan estudiar en la lengua que elijan, ha renunciado a llegar al Poder con un proyecto español y pacta en Can Roures un tripartito social-comunista-separatista para Madrid, Barcelona y Vitoria. Les falta Vitoria. Y según las encuestas, el pacto PSOE-ETA-Podemos ya puede mandar al paro al PNV.

El punto débil de Sánchez es, paradójicamente, la fortaleza de sus aliados. Esa gavilla de soviets comunistas y separatistas, unidos por el odio a España y al idioma español, que es la gran argamasa del edificio nacional, actúan siempre contra lo que se supone que debe defender el Gobierno, que son los intereses del conjunto de los españoles. De hecho, es lo único que legitima la existencia del PSOE: su condición de posible freno al proceso desconstituyente, que el novio de Meritxell, Juan Carlos Campo, siendo ministro de Justicia, declaró "constituyente, de hecho", para sorpresa de los ciudadanos, a los que nadie nos ha comunicado esa cualidad de las Cortes.

El golpe de 2017, actualizado
Y, sin embargo, en la práctica, es verdad. Entre los proyectos ilegales que alumbra y la legalidad que se niega a cumplir, Sánchez está llevando a cabo una liquidación a plazos del régimen constitucional. El caso más claro es el de la nueva insurrección golpista de la Generalidad de Cataluña contra la legalidad del Estado que representa institucionalmente en su territorio. El procés, derrotado policialmente en 2017 e indultado por Sánchez en 2021, ha salido de nuevo a la calle en un alarde de rechazo al Tribunal Supremo, semejante al que contra el Tribunal Constitucional encabezó la Generalidad de Montilla tras la sentencia que anulaba 14 artículos del nuevo Estatuto, justo los que anulaban la existencia de una justicia catalana y nacionalista.

Entonces, el paleto de Iznájar, que lleva a sus hijas a un colegio privado que sí enseña en español, dijo que no se podía legislar "contra sentimientos". Ahora, el Ku Kux Klan Katalá, con el consejero de Educación al frente, que también lleva a su hija a un colegio donde se enseña en español, se niega públicamente a cumplir la sentencia que limita la discriminación de los niños castellanohablantes, más de la mitad de la población escolar. Ayer se echaron a la calle todos los golpistas que cobran de lo que roban a los españoles, los sindicatos vendidos al separatismo y el clero que preside el renegado turolense Omella, pastor de una tribu capaz de combinar el descarado odio xenófobo, la protección de la pedofilia en Montserrat, la pornografía satánica en Solsona y, además, reunirse con los representantes de Vox. Una velita a Dios y mil cirios al diablo. Mientras, el PSC de Illa finge abstenerse, cuando, en realidad, patrocina en la sombra esa nueva rebelión, con los protagonistas y las hechuras del Golpe de 2017.

El incomprensible "coño" de Casado
Y ante ese panorama que ya es con el que amenazaba a Vox Yolanda Díaz, la Oposición aparece desunida y desvaída, entre el tremendismo (tras las "chorradas" y "coño" de Casado, sólo le faltó santiguarse) y la falta de convicción del equipo que ataca en la prórroga con dos goles de desventaja. Fatalmente hay que volver la vista a la deriva suicida del PP y de Casado, que no deberían ser la misma cosa. Fue de vergüenza ajena el aullido de Teodoro y la ovación de su banda tras el "coño" del jefe, señal inequívoca de que estaba preparado una zafiedad impropia de quien ha demostrado que puede ser un buen orador. Siempre que tenga algo que decir, claro, y ahora no lo tiene. Si dices en Buenos Aires que para llegar al Gobierno puedes pactar con el PSOE o aceptar que Vox te apoye a cambio de nada, y tras cruzar el río, dices en Montevideo que no se puede pactar con un PSOE unido a la ETA y al separatismo, que es el que hay y con el que acabas de decir que pactarías, es que has perdido el discurso político propio de una alternativa de Gobierno. Y cuando, al volver a España, tu gran iniciativa es prohibir las cenas navideñas del PP de Madrid para que no se conviertan en actos de apoyo espontáneos a Ayuso, es que has perdido del todo la cabeza.

Con la deriva suicida de Sepukku Casado, el folklorismo brasileiro de Abascal y la mala imagen de Ciudadanos tras las primarias andaluzas, con Arrimadas bajo la maldición de que habla en el Congreso y ya nadie la oye, el panorama en la oposición a Sánchez es de luto. Cada cosa suelta no tendría mayor problema. Salvo lo de Sepukku, que es de difícil arreglo, lo demás se puede rectificar o, por lo menos, limitar algo su estrago. Lo que no tiene remedio es que Sánchez cambie al ministro de cuota del golpismo rojo catalán, al siniestro Castells por el sórdido Subirats y le salga gratis. Es como cuando Franco cambiaba al ministro de cuota catalán: "Gual Villalbí o Villalbí Gual, da igual", se decía entonces, y era verdad. Pero el Gual de turno venía de Barcelona a Madrid a aprovechar las ventajas del régimen, no a jurar el cargo de Golpista de Estado ante el Notario Mayor del Reino.

Y por desgracia, en el Herriko Kongreso y en las televisiones, copias de la golpista TV3, a Sánchez le sale todo gratis. Hasta la ruina económica que nos van a dejar los Reyes Magos este año. Con la luz por las nubes, y ni carbón.

Valentía y coraje cívico para denunciar nuevos ‘Canet’
Editorial ABC 19 Diciembre 2021

Días atrás, la familia perseguida por la Generalitat de Cataluña por haber exigido que su hijo recibiese, como establecen los tribunales, el 25 por ciento de sus clases en español reclamó en una carta abierta valentía a muchas otras familias acosadas por el independentismo y su excluyente política de inmersión lingüística. ABC da cuenta hoy del coraje cívico de otra familia más que hace público el acoso al que está siendo sometida. Y lo hace a cara descubierta, no como el consejero catalán de Educación, de ERC, que predica una cosa y hace otra distinta, llevando a sus hijos a un colegio concertado que sí respeta esa cuota porcentual. Es inédito que la reclamación de derechos esenciales, y la exigencia de cumplimiento de las sentencias, se tengan que convertir en una odisea.

Porque son los separatistas quienes se rebelan, quienes incumplen y quienes desobedecen. El estigma sobre quien quiere aprender en español en España debe acabar de una vez por todas. Ya tiene faena por delante la ministra Pilar Alegría, que debería dejar de actuar como cómplice del independentismo en sus reuniones con otras autonomía

La carta
Gregorio Morán. vozpopuli.es 19 Diciembre 2021

La epístola del matrimonio de Canet de Mar ha sacado a flote lo más oculto de la retórica nacionalista en Cataluña. El secreto mejor guardado desde los tiempos de Jordi Pujol. La inmersión lingüística, el falso objetivo de lograr una coexistencia entre dos idiomas pertrechados y empujar a uno para que pudiera equilibrarse con el otro. Todas las paparruchas respecto a las bondades del bilingüismo asimétrico se han venido abajo, cuestionando el mito autocomplaciente del supuesto pilar de la convivencia en Cataluña. La inmersión lingüística, consensuada y benevolente, escondía un objetivo que se convirtió en descaro: la inmersión política. La obligatoriedad de una lengua única era la añagaza para lograr la identificación con el catalanismo desde la infancia.

Una carta redactada de manera política y semánticamente tan aguda que hace sospechar si el supuesto frutero de Canet de Mar no dirige una de esas escuelas de escritura creativa, en las que dan a apuntarse los plumillas domésticos con ambición de posteridad. Cabe sugerir que la visiten algunos renuentes a la prosa periodística, distinguidos muralistas de la palabra por metros, que siguen dándole a la brocha con el embeleso de siempre, por más que hayan cambiado las figuras a enaltecer. Todos de consuno a la escuela de Canet.

El desgarro en el cuerpo muy fragilizado del nacionalismo catalán, que no se dio por aludido tras descubrir las artes mafiosas de Pujol y el pujolismo, se siente afectado sin embargo por la carta del frutero de Canet. Es lamentable que los medios de comunicación, salvo El Heraldo de Aragón, manda cojones, hayan vacilado con versiones y comentarios, pero sin publicar íntegro el texto genuino. Léanlo entero, sin afeites. Es un torpedo en la línea de flotación de las convenciones políticas de una sociedad experta en silencios. Quizá por eso haya más comentarios que lectura del original. Hasta en su despedida, con una referencia a Bob Marley, rompe la rutina de lo entendido como intelectualmente adecuado.

El desgarro en el cuerpo muy fragilizado del nacionalismo catalán, que no se dio por aludido tras descubrir las artes mafiosas de Pujol y el pujolismo, se siente afectado sin embargo por la carta del frutero de Canet

Hay que ser un cínico desvergonzado para sacar del armario de los argumentos pedestres el que no se deba politizar la lengua. Los idiomas son formas de poder y quien hilaba fino, como fue el caso de Paul Valery, dejó para quien quisiera valorarlo el elemento incuestionable de que incluso colocar una coma admite la opción política. Llevamos siglos con la lengua como herramienta del poder. Acaso esos benditos majaderos no quieren darse cuenta de que el Imperio romano no lo formalizan las termas de Caracalla, los dioses pétreos o las ambiciones de Julio César, si no la lengua.

Resulta cansino explicar lo obvio, pero también es una desdicha tener que repetirlo cuando la violencia verbal se enseñorea de la vida ciudadana. La lengua en Cataluña es un instrumento político que, además, constituye una forma de relacionarse entre la ciudadanía. También hay espacio para la literatura, con sus batallones de escritores que se alimentan de la lengua, y no porque la preparen estofada con salsa de zanahoria, que es mi forma favorita, sino porque cobran por hacerlo e incluso unos cuantos reciben honorarios institucionales, que les otorgan porque escriben en una lengua precisa; si escribieran en otra deberían buscarse un medio de vida más incómodo.

¿Qué sería de Esquerra Republicana si ahora que el independentismo está en caída libre no pudieran apelar a la lengua? Es la última fortaleza que consiente las dosis de mando y xenofobia imprescindibles para construir una ideología patriótica. El valor de la carta del frutero de Canet está en que cuestiona la hegemonía omnímoda de la inmersión política, ese sujeto imprescindible para conformar una mayoría parlamentaria. Sin Esquerra y su trampantojo de los 14 grupos políticos que permiten gobernar a Pedro Sánchez se acercarían al desguace. Porque son 14, al decir de quienes los han contado porque yo no acierto a sumar cantidades tan exiguas.

Se apela a no politizar la lengua cuando se quiere expresar que lo de verdad se rechaza, es que el adversario golpee el bajo vientre del poder, sus partes blandas. El matrimonio de Canet y esa niña de cinco añitos, convertida la pobre en muñeco votivo, se han transformado en emblemas de una rebelión frente a la inmersión política, y al tiempo una aspiración, la igualdad ante la ley. Pedían el 50% y los tribunales les concedieron el 25%, pero lo consideran demasiado quienes viven y medran gracias al 100%. Admitir agujeros amenazaría al sistema clientelar construido durante décadas.

“Lo que nos decís en privado hacedlo en público también”. Ahí está la plasmación de una sociedad que no osa afrontar la verdad más obvia y es que la lengua oficial que ocupa todo el espacio público no es la que habla la sociedad, que se manifiesta indistintamente en cualquiera de las dos lenguas pero que no está dispuesta a prorrogar el ninguneo. La estadística de la Generalidad refleja un resultado inquietante para los adalides de la inmersión política. En 2006 la lengua oficial alcanzaba el 68 %; en 2021 se ha reducido al 21,4. La imposición ha provocado el desdén. Solución típica del funcionariado hegemónico: aumentar las dosis. Policías lingüísticos. ¿No recuerdan la inquisitorial exigencia de nacionalizar los nombres de los comercios?

Y en esto llegó la carta del matrimonio de Canet de Mar manifestando su hartazgo de tragar y los Tribunales dictaminaron que al menos se rebajara la presión en un 25%. Una pelea políticamente inasumible para ellos que genera la exhibición del desparpajo y el cinismo. Tocan a rebato: todo el que cobre la subvención deberá manifestar su rechazo. Los sindicatos UGT y CCOO se apuntaron los primeros, luego los empleados y los empleadores, los tiradores de piedras y los arrebatados del único pueblo que merece sobrevivir a la pandemia. Por eso no conviene decir que las Fuerzas de Seguridad del Estado fueron vacunadas un mes más tarde que los Mozos de Escuadra. Hablando en plata: si desaparecieran del paisaje no habría problemas para dedicarles un bello responso.

Hacer política es una tropelía derechista, aseguran los que viven de ella. Viejos esquemas de viejos regímenes que ahora reverdecen en plantas agostadas. Caminamos hacia un conflicto civil y hay que ser muy lelo para no entender que los institucionales confían tanto en las instituciones como aquellos que preparan la pólvora para volarlas. Sólo una sugerencia en el fragor de la batalla de palabras: no crean que somos tan idiotas como para no ver la evidencia, pero por favor eviten la grandilocuencia. Son ustedes unos ambiciosos desalmados. No nos hagan comulgar con ruedas de molino, porque sabemos que el molino es suyo.

De la sentencia del Estatut a la del 25% de castellano en las escuelas: ¿nueva oportunidad para el separatismo?
El independentismo trata de agarrarse al catalán para intentar revitalizar su proyecto rupturista en un momento de máximo declive
Javier Gallego. Barcelona. larazon 19 Diciembre 2021

El 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una sentencia histórica que ordenaba a la Generalitat impartir un mínimo de 25% de las horas lectivas en la educación catalana en castellano. Esa resolución judicial, avalada a finales de noviembre por el Tribunal Supremo, está removiendo ahora todos los cimientos de la política catalana porque supone un golpe al modelo de inmersión lingüística que ha imperado desde los años 80 y que sitúa al catalán como lengua vehicular de la enseñanza. ¿Qué impacto puede tener en la política? ¿Tiene la misma envergadura que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que recortó el Estatut? ¿Puede espolear al independentismo en un momento de declive?

Estas son algunas de las preguntas que surgen a primera vista en un contexto en que la política se mueve entre equilibrios muy delicados. PSOE y Esquerra son los actores más interpelados en toda esta polémica porque están en manos de las áreas del Gobierno (Abogacía del Estado) y de la Generalitat (consellería de Educación, en manos republicanas) de las que dependen la aplicación de la sentencia y porque, a la vez, se necesitan unos y otros para poder resistir en el poder (sobre todo, los socialistas) y evitar que el PP regrese a gobernar España ya que entienden que es una amenaza que puede dinamitar cualquier capacidad de entendimiento entre administraciones y revitalizar el «procés».

Para Oriol Bartomeus, politólogo y profesor de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona, no se puede comparar esta sentencia ni con la del Estatut ni con la del «procés» de 2019. «Estamos en otro plano», señala y precisa que, a su juicio, la sentencia del Estatut tampoco fue el desencadenante del proyecto rupturista (lo fue, a su parecer, el cambio estratégico de Convergència y la multitudinaria manifestación de 2012), aunque fue relevante. En este sentido, asegura que una parte del independentismo busca en esta resolución judicial un recurso para tratar de «revivir el procés» ya que han perdido toda capacidad de movilización y las encuestas reafirman una y otra vez la pérdida de apoyo a la ruptura con España.

Además, también realiza un análisis de las consecuencias que puede tener esta sentencia en la política. Por un lado, señala que la derecha española (PP, Vox y Ciudadanos) aprovechará para «arremeter» y desgastar al Gobierno mientras que, por otro lado, advierte que desde algunos sectores del independentismo más radical se intentará presionar a Esquerra para que rompa su alianza con Pedro Sánchez y se fuercen unas elecciones a nivel nacional «con la esperanza de que gane el PP» porque esa sería «la única manera de que reviva el procés».

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF-BSM, cree que las consecuencias políticas de la sentencia «serán limitadas» porque no ve tan factible que Esquerra se desvincule del Gobierno ya que considera que los republicanos han ligado «su apuesta estratégica a ser el grupo parlamentario que condicione en Madrid el Gobierno de PSOE y Podemos». «Hace tiempo que identificaron que uno de sus puntos débiles a la hora de ser creíbles como partido de gobierno era que no eran un partido de fiar, que no mantenía los compromisos firmes y duraderos, y el hecho de haber identificado esto y quererlo contrarrestar le hacen estar bastante atrapado al PSOE», subraya. Y, en este punto, da por hecho que ERC ya tiene asumido que en esta alianza con el PSOE «habrá momentos difíciles», pero solo un «terremoto» de mayores dimensiones podría triturar el entendimiento entre formaciones. Y, en este caso, señala que no se dan las circunstancias porque el PSOE tampoco ha tenido «nada que ver»: la sentencia del TSJC tiene origen en un recurso de 2015 del PP cuando estaba en el Gobierno.

Lo cierto es que una cuestión tan delicada como el catalán (Bartomeus señala que la lengua es «un elemento constitutivo de las personas» y por ello es tan importante) puede sacudir todo el panorama político: tanto dejar al Gobierno en el abismo como catapultar un «procés» que está moribundo. Y, en este sentido, Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, entidad que se convirtió en 2012 en el motor del «procés» con su gran capacidad movilizadora, ya advierte de que puede ser un «revulsivo político» que genere una reacción de las bases del independentismo, cada vez más alicaídas y desmovilizadas.

No obstante, Paluzie también reconoce que la reacción es muy difícil que se produzca de inmediato porque la principal preocupación de la gente ahora es la pandemia, en un momento en que los contagios se vuelven a multiplicar. Si bien, sí cree que se pueden comparar los momentos de la sentencia del Estatut con la del 25%. La sentencia del Estatuto desató una multitudinaria manifestación en julio de 2010 y dio inicio a una «articulación progresiva de la sociedad civil» que «cristalizó» en la ANC, que asomó la cabeza en 2012 con la primera gran movilización del 11-S. «Compararía ambos momentos en el sentido de que con el catalán vuelve a empezar una activación de la sociedad civil como con el Estatut», apunta.

«Ahora habría que volver a unos puntos de movilización más políticos, como en su día ocurrió con las infraestructuras, también», señala Paluzie, en alusión a las reivindicaciones en materia de mejoras en Rodalies o supresión de los peajes en Cataluña, y considera que el independentismo tiene que «volver a las movilizaciones con temas de fondo que hace que haya conciencia de que el Estado no garantiza la supervivencia económica, lingüística, económica o social» de Cataluña. En todo caso, para la presidenta de la ANC, la reactivación en términos de movilización masiva puede «necesitar más tiempo», pero sí detecta un «cambio de tono» en el Govern (en la respuesta que ha dado a la sentencia del 25%) y cierta reactivación en algunos entornos sociales, como las familias de Canet de Mar. «Pero las cosas no pasan del 0 al 100. No cambiará de un día para otro», zanja.

En cualquier caso, la sentencia del 25%, que debe empezar a aplicarse a finales de enero (como muy tarde), va a servir como un nuevo examen para medir el grado de fuerza del independentismo. Y todo apunta a que, de momento, está volviendo a dar claras evidencias de que es incapaz de movilizarse de nuevo y eso es oxígeno tanto para el PSOE en Madrid, que puede ganar mayor estabilidad para las reformas que tiene que acometer en lo que resta de legislatura, como para Esquerra en Barcelona, que puede gobernar con más tranquilidad.

La paradoja del 25%: la cláusula que garantiza la enseñanza del valenciano en Orihuela
La reserva fijada por el Supremo es vista como una agresión a la inmersión en Cataluña, pero permite garantizar la enseñanza vernácula en zonas castellanohablantes valencianas
Víctor Romero. Valencia. elconfidencial 19 Diciembre 2021

Fue hace casi dos años. Miles de personas se manifestaron por las calles de Orihuela contra la ley del plurilingüismo impulsada por la Generalitat valenciana, concretamente por la Conselleria de Educación, que encabeza Vicent Marzà, uno de los referentes de Compromís. La marcha, una de las más multitudinarias en esta localidad, fue convocada por una federación de padres y madres de alumnos de la provincia de Alicante, la FAPA Gabriel Miró, y sirvió para constatar el fuerte rechazo que en una parte de la sociedad generan los programas de enseñanza en valenciano en una autonomía con dos lenguas oficiales, alimentado además por las proclamas de los partidos conservadores, que han hecho de la norma educativa aprobada en 2018 uno de los ejes de oposición al Consell del Botànic de PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos.

La ley del plurilingüismo se aprobó en 2018 e introdujo un cambio sustancial en el enfoque de los itinerarios lingüísticos en la Comunidad Valenciana. Si hasta entonces los alumnos tenían la opción elegir línea en valenciano o en castellano, la nueva norma fusionó los dos itinerarios y dejó en manos de los centros (consejos escolares) la programación del peso de cada uno de los dos idiomas en la planificación académica. Eso sí, el tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales, en el conjunto de la escolaridad obligatoria, se fijó en el 25 % de las horas efectivamente lectivas. Se introdujo, además, una horquilla mínima de entre el 15% y el 25% para el inglés como tercer idioma.

El objetivo de la ley, según declara, es garantizar que al término de la enseñanza obligatoria todos los alumnos presentan competencias suficientes en las dos lenguas oficiales. "Hay que aplicar medidas para favorecer el equilibrio efectivo entre las dos lenguas oficiales y favorecer la normalización lingüística del valenciano; por lo tanto, hay que dotar, de cara a formar nuevas generaciones del futuro, un programa de enseñanza plurilingüe que garantice un conocimiento óptimo de las dos lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera, sin renunciar a la incorporación de otras lenguas".

El texto no deja en principio resquicio al desborde del marco legal fijado por el Tribunal Supremo. Y paradójicamente tiene un reflejo inverso con el caso de Cataluña. La obligación de aplicar un 25% de horas en castellano en colegios catalanes, tal como establece la jurisprudencia, ha sido recibida como una agresión del universo independentista contra el modelo de inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña, en un conflicto político-lingüístico con el Estado que ha cristalizado paradigmáticamente en el caso de Canet de Mar (Barcelona), donde una familia ha pedido que se aplique esa reserva de la cuarta parte de las horas lectivas en castellano. Por contra, formaciones como el PP, Ciudadanos o Vox exigen al Ejecutivo de Pere Aragonès que cumpla la ley. Este sábado, miles de personas se manifestaron en Barcelona contra la reserva lingüística.

En Orihuela está ocurriendo lo mismo pero al revés. La aplicación de la ley valenciana ha generado contestación en zonas con baja presencia del valenciano, especialmente cuando ha llegado a la fase de la educación secundaria. Orihuela es la zona cero de las comarcas castellanohablantes. Capital de la Vega Baja, es también uno de los bastiones de la derecha en una autonomía gobernada por la izquierda. En las últimas generales, PP (30,8%) y Vox (24,6%) cosecharon más de la mitad de los votos. Toda la comarca es un quebradero de cabeza para los socialistas de Ximo Puig, que no saben cómo ganar espacio pese a haber destinado hasta millonarios programas específicos contra las riadas como el Vega Renhace.

Los programas lingüísticos aprobados en los colegios e institutos valencianos son públicos. Pueden verse en la guía de centros docentes de la Conselleria de Educación. El repaso por los centros de Orihuela y de otras localidades castellanohablantes de Alicante y Valencia, como Requena y Utiel, refleja que la gran mayoría ha apurado al máximo el límite legal en su planificación, con porcentajes que no superan el 25 o el 26% de enseñanza en valenciano. La supuesta invasión del valenciano en las aulas de zonas castellanohablantes no se corresponde con la realidad de los programas, que lo llevan al mínimo legal.

Sonia Terrero, de la FAPA de Alicante Gabriel Miró y de la autonómica Covapa, una de las entidades convocantes de la manifestación de enero de 2020, admite que hasta ahora se ubicaban las horas de valenciano en asignaturas de menor carga académica (música, gimnasia…). Pero ley obliga a que al menos una asignatura troncal sea en lengua cooficial. "Ahí ha venido el conflicto, que muchas familias discutimos, porque es un problema poder estudiar matemáticas en una lengua no materna", dice. Terrero habla de "adoctrinamiento" e "imposición ideológica" y "nacionalista de Compromís" y se queja de que "no se enseña valenciano, sino catalán", una diferencia idiomática que no reconoce la comunidad científica más allá de las variedades dialectales. La gramática y ortografía que figura en los currículos es la que marca la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Preguntada sobre si ha habido problemas en el rendimiento académico, Terrero admite que todavía es pronto para saberlo. Que la pandemia y la proliferación de clases 'online' durante los confinamientos ha rebajado mucho la docencia en valenciano en estos centros, pero que sufren también problemas de interinidad del profesorado, con bajas y traslados que no se reponen. El temor de los padres en estas localidades es que sus hijos vean rebajado su expediente al final del bachillerato y la nota de acceso a la universidad por tener que estudiar asignaturas en valenciano. "Además, incumplen su propia ley porque no se ha contado con la opinión de las familias para elaborar los proyectos educativos", añade la responsable de la Gabriel Miró. Otro de los factores a los que apunta como elemento que dificulta la implantación del valenciano es la elevada presencia en las aulas de alumnos inmigrantes con lenguas maternas distintas a las cooficiales. "En zonas castellanohablantes tenemos además la idiosincrasia de tantas lenguas. Si ya es complejo aprender castellano ahora tenemos el problema del valenciano", dice.

Fuentes de la Conselleria de Educación atribuyen la polémica a un conflicto artificial que no tiene reflejo real dentro de las aulas. "Los niños estudian con normalidad también las asignaturas en valenciano, y además pueden hacer los exámenes en castellano porque lo permite la ley. Su entorno cuando salen del aula sigue siendo en castellano. Lo que se busca es que puedan ser competentes en las dos lenguas", señalan desde el equipo de Vicent Marzà, que recuerda, además, el valor que aporta el conocimiento de la lengua cooficial en el desarrollo profesional posterior, por ejemplo como mérito en oposiciones públicas y requisito en determinados segmentos profesionales, como el de docente y otros funcionarios públicos. Además, recuerdan las mismas fuentes, se mantienen la exención en algunas poblaciones castellanohablantes, que permiten no tener que examinarse de valenciano, aunque lo desaconsejan precisamente porque aleja a los alumnos de los objetivos del plurilingüismo.

Escola Valenciana es la otra cara de la moneda de la FAPA Gabriel Miró. Se trata de una federación que reúne a asociaciones de defensa de la enseñanza en valenciano que agrupan a profesores y padres de alumnos. Es partidaria incluso de elevar más los porcentajes de enseñanza en valenciano en las zonas de la Comunidad Valenciana en las que está más minorizado, con el fin de reducir el desequilibrio y cumplir con el objetivo de alcanzar el bilingüismo real.

Conflicto politizado
Jaume Fullana, profesor ahora jubilado, forma parte de la ejecutiva de Escola Valenciana y colabora con la Unidad Multilingüe de la Universidad de Alicante. A su juicio, la politización del conflicto lingüístico impide establecer un diálogo sincero y útil en la comunidad educativa, entre docentes y familias, para poner en valor las ventajas del plurilingüismo. "Conforme sabes más valenciano, estás dominando dos lenguas y esto facilita el aprendizaje de una tercera, el inglés. Si este mensaje se pudiera difundir con tranquilidad a los padres y madres, que quieren lo mejor para sus hijos, entenderían que lo mejor es esta opción", explica.

Señala que el consenso académico es que para alcanzar el bilingüismo real y garantizar la competencia en las dos lenguas en territorios en situación de diglosia (donde el castellano predomina sobre el valenciano, caso de la Comunidad Valenciana) el 25% es un porcentaje insuficiente. "Esta ley permite que el alumnado tenga una buena competencia, pero será de verdad efectiva cuando se pueda vehicular más del 50% en lengua minorizada", afirma.

Fullana advierte que a través de la excepción de los programas experimentales que permite la ley hay institutos que ni siquiera alcanzan los porcentajes mínimos. Nueve de cada diez de los que aplican este tipo de programas en la comarca de la Vega Baja tienen cursos por debajo del 25%, asegura. Pone el ejemplo del IES de Albatera, que ha pedido un aplazamiento en la aplicación de la ley.

Sobre las acusaciones de que la norma del plurilingüismo esconde objetivos políticos, Fullana recoge el guante. "Detrás de cualquier actuación siempre hay un proyecto político. Cuando se fomenta que todo el alumnado pueda dominar dos lenguas y una o dos extranjeras hay un proyecto político que nos pone en una situación de igualdad a todos". Y apunta: "También hay otro proyecto político, que es el de mantener el monolingüismo que no beneficia a nadie y que pone en situación de desventaja".

Fernando García de Cortázar: «El secesionismo se afirma sobre la negación de la realidad histórica y presente de España»
El historiador, que publica «Paisajes de la historia de España», un repaso de los principales sucesos del pasado y los lugares donde transcurrieron, critica lo que se está haciendo con el castellano en Cataluña y alerta de la crisis cultural que está viviendo nuestro país
Javier Ors. larazon 19 Diciembre 2021

La geografía como tapiz de los sucesos que han marcado nuestro pasado común. Fernando García de Cortázar recorre ciudades, villas y monumentos, desde el norte al sur y del este al oeste, en «Paisajes de la historia de España (Espasa) para enseñarnos un acervo cultural que va desde Clunia hasta Ermua, desde Roma y el Al-Ándalus hasta el franquismo y ETA.

Unamuno, Azorín, Ortega y Gasset, entre otros intelectuales, reivindicaron el paisaje como una manera de entender nuestro pasado. ¿Qué parte de esta mirada es aún moderna?
Esa mirada sigue siendo muy moderna. Es la mirada que inauguran Sterne, Stendhal, Chateaubriand, la mirada con que Claudio Magris, por ejemplo, da forma a esa maravillosa odisea en el tiempo y el espacio que es «El Danubio», un libro a caballo ente la novela y el ensayo, el diario y la autobiografía, la historia cultural y el libro de viajes… El paisaje es historia, evoca las sombras del pasado, las pasiones, los encuentros, las culturas. Con esta idea he escrito «Paisajes de la historia de España», un libro que llevaba tiempo queriendo escribir y con el que sigo fiel a mi empeño de llevar al presente la realidad histórica de nuestro país como algo que nos apela e implica, superando el discurso de la decadencia y el pesimismo, un libro en el que cuento nuestra historia a través de casi medio centenar de lugares y donde he cuidado al máximo la prosa, el estilo.

-Los pueblos reflejan nuestra historia. ¿Cree que el turismo masivo, de alguna manera, convierte el conocimiento en entretenimiento y el monumento en mercancía?
¿Qué no es mercancía hoy? Sin pecar de pesimista, tengo que reconocer que vivimos una crisis radical, difícilmente reversible, de lo que en otra época se entendía por cultura. Los sistemas educativos que antes buscaban la excelencia han sustituido el conocimiento humanístico y científico por la mera adquisición de habilidades lingüísticas y técnicas. Y las voces de quienes habían dedicado años de esfuerzo a construir una idea del mundo han sido reemplazadas por la primacía de las opiniones mientras que las convicciones firmemente asentadas abdican en favor de las pasiones momentáneas. Donde habitaban las ideas y las creencias, se han instalado el escepticismo, la frivolidad y el beneficio económico a corto plazo. Sí, es verdad, existe el peligro de que el turismo masivo convierta pueblos y monumentos en parques temáticos donde el conocimiento se convierta en entretenimiento. Pero prefiero un parque temático al silencio y al abandono. Creo que el conocimiento no debería estar reñido con el entretenimiento. Hay que recordar a Voltaire, para quien aburrir al lector era casi un crimen.

-Usted mismo menciona el Valle de los Caídos. ¿Cree que los lugares que son símbolos o reflejan episodios negros del pasado deben conservarse?
Pienso que los monumentos son paisaje e historia a un tiempo. Y en cierto modo, son también como aquellos hombres de «Fahrenheit 451» que, en tiempos de oscuridad, iban por caminos y vías férreas abandonadas memorizando un libro, frase por frase, para recordarlo y salvarlo de la hoguera. Hay lugares que son la crónica, el recuerdo de una época: a veces es un tiempo de luces, como el aula de Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, y otras de sombras, como el franquismo. Creo que estos últimos también hay que conservarlos. No vamos a tirar el Coliseo porque allí los romanos celebraban matanzas espeluznantes ni las pirámides debido a que fueron construidas con el derramamiento de tanta sangre.

¿En qué considera que debería convertirse este monumento?
El Valle de los Caídos es el símbolo de una época. Derribarlo sería una labor destructiva iconoclasta. A mí me parece bien que se mantenga la abadía, como centro religioso cultural, lo mismo que ocurre en célebres lugares de Europa, pero ya sin esa dependencia de los presupuestos del Estado. Y por supuesto, aunque no sabría muy bien cómo, quitaría al monumento cualquier elemento de exaltación del régimen franquista, régimen que ahora está suscitando una división artificial entre los españoles.

¿Es un error querer limpiar la historia y quitar de ella los pasajes que no nos gustan?
No es un error, es una locura. La historia está hecha de luces y sombras, y la de España no es una excepción. Si ha engendrado tiranos y dictadores también ha dado personajes que no han sucumbido a las tinieblas y han sido leales a los fértiles valores del humanismo: reyes y poetas, músicos y artistas, ministros, pensadores, aventureros… de los que sentirnos plenamente orgullosos. Hoy impera la moda de juzgar el pasado según las coordenadas morales del presente. Y claro, eso no desemboca, únicamente, en la manía de derribar estatuas, sino que también nos aleja del conocimiento verdadero del pasado. Ningún gran personaje de la historia resiste la aplicación de las normas morales de nuestro tiempo. Ninguno, y la explicación es muy sencilla: la historia la hacen personas de carne y hueso, sujetas a los valores y contradicciones de su época. Piense en Alejandro Magno, en Julio César. Mire la conquista de América. Fue cruel y violenta, como todas las conquistas, pero contó con una autocrítica que no se había producido nunca antes en la historia. Ni la Grecia de Alejandro Magno ni la Roma de Julio César se plantearon nunca si sus procedimientos eran o no justos. La España de los Reyes Católicos y de los Austrias, sí. Los informes, las juntas especiales y las leyes de indias revelan el empeño de la Corona por administrar los nuevos territorios con unos escrúpulos de conciencia que todavía hoy, tras siglos de lucha por los derechos humanos, no dejan de sorprender. Había, por supuesto, conquistadores y colonos que actuaban como bestias, pero la política de la monarquía dio a luz el más completo y avanzado cuerpo legislativo de su tiempo, animado por un espíritu de justicia que no se halla en ninguna otra legislación colonial.

Cuando se lee su libro, desde Santiago de Compostela a Estella, desde Ampurias al Escorial o desde Liébana a Cádiz, lo que refleja es el tapiz histórico y geográfico de un país. ¿Cree que esta unidad está poniéndose en peligro por los nacionalismos o las políticas de ciertas Comunidades Autónomas?
Sí, lo creo. Paradojas de la historia, justo cuando disfrutamos de una democracia moderna, de una España de ciudadanos libres e iguales, es cuando nuestros líderes políticos más se empeñan en levantar un discurso de separación. Se ha convertido en tópico decir que el paso de la dictadura a la democracia se hizo a costa de la memoria, echando una losa de silencio y olvido sobre la guerra civil. No es cierto. El recuerdo de la guerra civil a partir de una interpretación no maniquea de la misma fue clave en la conquista de la democracia. Lo que sí se produjo en la Transición, y se ha agravado con el tiempo, gracias al empuje voraz de los nacionalismos y a la frivolidad de los partidos de ámbito nacional, fue el abandono de la idea de nación, como si esta perteneciera exclusivamente al patrimonio franquista, quedando relegada al olvido la España de Galdós, de Machado, de Ortega, la España de Cervantes y de Velázquez, de Goya y Jovellanos… Nos podemos sentir españoles no solo porque haya una Constitución que respeta nuestros derechos y libertades individuales, que nos garantiza una serie de valores y de principios; sino porque también España tiene un patrimonio cultural como tienen pocos países. Tiene una literatura bellísima, un idioma común extraordinario... Y porque, lo recuerdo a través de este libro, ha influido muchísimo en el mundo, de tal forma que el mundo sería distinto sin la aportación de España.

¿Qué le parece la idea de federalismo cultural?
Una tremenda barbaridad. Las piezas de las que se dice que podrían ser trasladadas son verdaderos iconos de España y deben estar en un gran museo nacional como el Arqueológico o el Prado. La Dama de Elche es el recuerdo más hermoso que nos ha llegado a todos los españoles de los años en que griegos, fenicios, iberos y celtíberos poblaban España. Y por supuesto, la muestra más inolvidable del cruce de caminos que constituyó la civilización ibera. Es «la Antigüedad de España». No estaría mal recordar a algunos listillos que el Guernica de Picasso recibió este nombre porque el poeta bilbaíno Juan Larrea sugirió al pintor que la obra encargada para el pabellón español de la Exposición Internacional de París escogiera como tema aquel terrible episodio. Picasso, que no conocía la villa vasca ni la visitaría jamás, entendió en seguida lo que suponía Guernica. No sólo el horror de la guerra civil española sino el horror de todas las guerras. El horror universal. Confío en que los holandeses no nos pidan el magnífico cuadro de Velázquez «Las Lanzas» porque recuerda la rendición de Breda. ¡Ojo con el Museo del Prado! A mí me gusta recordar lo que decía Azaña: que ese Museo es más importante para España que la monarquía y la república juntas.

Hay una frase en su libro: «Hay lugares que contienen la memoria de toda una época». ¿Esta memoria está en peligro?
Sí, por supuesto. Hoy la irrelevancia del discurso separatista ha llegado a cobrar una fuerza innegable. Y como cualquier secesionismo, lo hace afirmándose sobre la negación de la realidad histórica y presente de España. No es la primera vez que ese nacionalismo separatista, flanqueado por un rancio populismo, proclama que España es una falsedad, pero sí que consigue cierta audiencia, además de la parálisis inquietante, cuando no la complicidad, del Gobierno. Con «Paisajes de la Historia de España» he querido recordar que España no es una abstracción ni un mero trámite legal cumplimentado en 1978, es el fruto de una larga tradición, de un prolongado hermanamiento, de un deseo claramente expresado de continuar la vida en común… el producto de un enriquecedor proceso de mestizaje y de un ímpetu cultural desarrollado a lo largo de los siglos.

Un capítulo lo dedica a Ermua. ¿Es allí donde la sociedad se sacudió el miedo al terrorismo? También cuenta aquí cómo los terroristas profanaban la tumba de Miguel Ángel Blanco y cómo se tuvo que trasladar.
Por mucho que pasen los años, en Ermua yo sigo oyendo los gritos de la gente y viendo las pancartas y carteles que inundaron aquel terrible mes de julio de 1997 en que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo olvidar la crueldad de los terroristas? ¿Cómo olvidar que, por unas horas, por unos pocos días, el miedo cambió de bando, en tanto la ciudadanía vasca se vio empujada a desterrar ambigüedades y equidistancias y a proclamar si estaba del lado de los verdugos o de las víctimas? Sí, Ermua es un punto de inflexión. Para mí, como bilbaíno, como vasco, la respuesta al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco significó mucho. Supuso la esperanza de que se cambiara una sociedad en buena parte humillada por el nacionalismo terrorista. Se produjo una especie de motín de los resistentes, un motín en el que yo también participé. Y por eso hablo muy en primera persona en este capítulo. A lo largo de mis años de escritor he visto que es bueno en un momento que aparezca el «yo». En este caso herido, un «yo» desconcertado, que grita ante el horror y se duele al ver cómo los padres de Miguel Angel Blanco, hartos de la profanación continua de su tumba por el nacionalismo terrorista, se vieron obligados a trasladar su cuerpo desde el nicho del camposanto de Ermua al de un pueblo de Orense, donde la España anhelada revivir todos los días en las flores que depositan allí los pacíficos.

El Ministerio de Educación aspira a reducir los conocimientos de Al-Ándalus, Reyes Católicos, los Austrias, el siglo XVIII...
Es una barbaridad, porque priva a los españoles de lo que vengo en llamar el patriotismo cultural, una conciencia nacional, fundamentada en el esplendor de un patrimonio secular del que nos podemos sentir orgullosos. Ni la historia del mundo ni la historia de España son imaginables sin la época de los Reyes Católicos y de los Austrias. Recuerde que es la época del Renacimiento, del descubrimiento de América, nuestro Siglo de Oro…Quien sale aquí perdiendo, una vez más, es la idea de España. Resulta muy preocupante, porque para saber lo que es una nación hay, ante todo, que saber cómo ha llegado a ser lo que es. La historia tiene una dimensión trascendente. Desconocerla es como carecer de derechos civiles. Si se pusiera en práctica esa barbaridad contra la historia de España que la hiciera comenzar en el siglo XIX para satisfacer a los independentistas y populistas, yo exigiría que los nacionalismos vasco y catalán, movimientos tan típicos de esa centuria, aparezcan retratados como lo que fueron, uno de los absurdos más inquietantes de nuestro tiempo, una religión secular, envuelta en mitos de guardarropía, una doctrina irracional, a la que el siglo XX debe su carga de exclusión y violencia. Nuestros alumnos van a tener que conocer al atrabiliario Sabino Arana, inventor del nacionalismo vasco y al supremacista Dr. Robert, alcalde de Barcelona y olvidar a Francisco de Vitoria y Quevedo.

¿Por qué la historia genera tanto malestar entre los españoles?
La historia debe cumplir una misión esencial: iluminar el pasado, sustituir los mitos, leyendas y falsedades por conocimiento verdadero. El problema que tiene España es que hay demasiados intereses creados en torno a potenciar una versión determinada de nuestro pasado. Tenemos la rémora del nacionalismo separatista y a la vez un Gobierno que habita en las coordenadas morales de los líderes totalitarios que sirvieron de inspiración a Orwell para escribir su novela «1984», una izquierda empeñada en reescribir el pasado y manipular el presente a su conveniencia.

¿Los nacionalismos están logrando que el resto de los españoles sientan desafección hacia su pasado?
No es culpa exclusiva de los nacionalismos. Nos hemos tragado la leyenda negra sin ningún espíritu crítico, y lo hemos hecho hasta el punto de que somos la única nación europea que parece avergonzarse de sí misma, la única nación incapaz de aceptar con naturalidad su pasado o de tener una visión positiva de su historia. Según diversos estudios, los españoles estamos entre los pueblos que se ven a sí mismos peor de cómo les ven los demás y también entre los que menos se enorgullecen de su propia cultura. Hay que recordar que hay muchas cosas que recordar. Un país que ha dado a Cervantes y a Lope de Vega, a Velázquez y a Goya, a Francisco de Vitoria y a Miguel de Unamuno, a Tomás Luis de Victoria y Manuel de Falla es un país que puede y debe sentirse orgulloso de su pasado. No se trata de sacar pecho ni de vivir de glorias pasadas, pero sí de dejar de ver nuestro pasado con los anteojos de la leyenda negra, sí de habitar con el corazón nuestra herencia. Europa, el mundo, serían peores, más incompletos o injustos, sin las grandes aportaciones hispanas, sin los traductores de Toledo, el pensar recio de la Escuela de Salamanca, el empuje explorador de los siglos XV Y XVI, las grandes expediciones científicas de los botánicos y médicos del XVIII…

¿Cómo ve lo que está sucediendo con el castellano en Cataluña?
Si fuera solamente en Cataluña…En el País Vasco, Baleares, Valencia y hasta Asturias, con los intentos de cooficializar el bable, el panorama lingüístico es desolador, da miedo. De Galicia también nos llegan algunas noticias incorporándose al aquelarre de la embestida contra la lengua común de los españoles. Pero hablemos de Cataluña, donde la agresión a los derechos individuales de los ciudadanos y el desprecio de la legalidad se ceban en el territorio de la lengua, confirmando la imagen que tienen muchos españoles de que el Estado allí es pura entelequia y sus habitantes viven bajo la bota del independentismo. Desprotegidos en una región sin ley, donde todo vale si está orientado a la consecución de la independencia y donde los gobernantes autonómicos que cualquier desmán en los medios de fomento del catalán está legitimado: De espaldas por completo a la realidad histórica el separatismo catalán considera el español como un idioma impuesto. Su mensaje aparece diáfano: hay una lengua inocente, el catalán y otra culpable, el español, una que fue oprimida, otra que fue opresora. Con esta filosofía, ¡échense a temblar los castellanohablantes! Máxime cuando un presidente de la Generalitat los calificó de «bestias con forma humana: carroñeros, víboras, hienas». El independentista catalán en este exabrupto aparecía como discípulo aventajado del neurasténico Sabino Arana cuando refiriéndose al español les decía a sus seguidores: «Abandonad ese léxico que viene de Castilla, con sabor de moro, olor de sucio judío, de negro y de villano de esas tierras».

Arrimadas cree que el caso de Canet será «un punto de inflexión» contra la inmersión lingüística
OKDIARIO. 19 Diciembre 2021

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado este sábado que el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) es «un punto de inflexión que está haciendo que muchas familias se estén animando a romper la espiral del silencio y a alzar la voz» contra la inmersión lingüística.

En rueda de prensa tras una reunión del partido con entidades contrarias a la inmersión lingüística, ha afirmado que «aún tiene muchas consecuencias alzar la voz y no silenciarse», pero considera que se ha dado un revulsivo con un aumento de las familias que piden más castellano en las aulas.

«Nosotros lo hemos notado, y quiero decirles a esas familias que no están solas, que tienen muchas entidades constitucionalistas y un apoyo político evidente para que se atrevan a no renunciar a sus derechos», y a luchar contra lo que ha tachado de régimen separatista.

«Inquisidores lingüísticos»
En cuanto a la propuesta de la Generalitat de reforzar con un segundo profesor determinadas aulas para garantizar que se cumpla con la inmersión lingüística, ha tildado a estas figuras de «inquisidores lingüísticos».

«No solo es absolutamente ilegal, sino que es inmoral poner a inquisidores lingüísticos en las aulas y segregar a los niños que tienen derecho reconocido por la justicia y por el sentido común» a recibir un porcentaje de clases en castellano.

Y ha criticado que estas medidas las tome ERC, que es el socio preferente del Gobierno, según Arrimadas: «Eso es lo que es absolutamente inaudito y por lo que vamos a seguir trabajando, para que no le salga a Pedro Sánchez gratis el tener a estos socios».

Manifestación por el catalán
Sobre la manifestación convocada por Somescola que ha tenido lugar este sábado en Barcelona a favor del catalán en las aulas, ha indicado que busca silenciar a más de media Catalunya, textualmente, así como «amedrentar» a las familias contrarias a la inmersión lingüística.

Y ha criticado la presencia de miembros del Govern, del Gobierno y sindicatos como CCOO y UGT de Catalunya: «El PSOE ha abandonado en Catalunya desde hace muchísimo tiempo a esa mayoría social que quiere convivencia, igualdad y derechos».

Carlos Carrizosa
El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, también se ha referido a la manifestación de Somescola, «cuya pretensión es seguir sosteniendo una posición que cercena derechos de buena parte de los catalanes, y que además son derechos reconocidos en los tribunales».

«Esa manifestación pues, en cierta forma, apoya una ilegalidad», ha dicho, por lo que la formación ha acudido a la reunión con las entidades contrarias a la inmersión lingüística con presencia de representantes de diferentes niveles, como la presidenta de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, y el eurodiputado Jordi Cañas.


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